nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA Y OTRA

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, mecánico, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en al descontar parte de la remuneración, sin causa legal justificada, lo que vulneraría las garantías del artículo en el artículo 19 N°3, N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que actualmente es trabajador de la empresa Juan Dionilio Adrián Pizarro Yevenes, siendo contratado como conductor de dicha empresa en la ciudad de Temuco a través de un contrato de trabajo de fecha 04 de Septiembre de 2018.

Refiere que en su liquidación del Mes de Febrero de 2019, cuyo pago se realiza el día 01 de Marzo de 2019, aparece un descuento bajo la siguiente nomenclatura: "PRES.C.C (00/00)" por una suma total de $ 128.800, lo que sería constante, pues provienen desde el Mes de Enero 2019, por lo que a la fecha las recurridas habrían realizado descuentos de la remuneración por la suma total de $ 267.600.

Señala que el personal de recursos humanos de su empleador, le indicó que tales descuentos correspondían por instrucciones de Caja de Compensación La Araucana, la que se generaba por una nómina que envía dicha caja a todos los deudores de préstamos de créditos para que realicen tal descuento. Agrega que le informaron que el descuento efectuado por Caja de Compensación La Araucana, lo realizaba, a su vez, por instrucciones de Caja de Compensación Los Andes, institución a la cual eran remesados en definitiva los dineros.

Contextualiza lo anterior en que en el año 2016, trabajaba en la Empresa Forestal bajo el cargo de Jefe de Mantención, época en que solicitó un crédito por la suma de $ 4.000.000 a Caja de Compensación Los Andes, la cual le descontaban por planilla.

Asevera que las recurridas presuntamente amparadas en la ley de Cajas de Compensación, efectúan descuentos que no encontrarían informados y que actualmente se encontrarían prescritos.

Alega que las recurridas pretenden utilizar la vía del descuento legal, para corregir la desidia y negligencia que han tenido en el cobro de su obligación. Agrega que nunca le han notificado de una acción judicial tendiente al cobro de dicha deuda, cita al efecto lo resuelto por la Corte Suprema en sentencia ROL 37.889-2017: " ... es posible concluir que la conducta de las recurridas aparecen como arbitrariass, toda vez que ha sido asentado fehacientemente que la obligación de tracto sucesivo se encuentra impaga desde la cuota N° 19, vencida en Septiembre de 2009, esto es, 82 meses antes del inicio de los descuentos controvertidos. sin que en el tiempo intermedio, la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso, carente de razón, privando al recurrido de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica objetiva con motivo de su actividad laboral que desempeña." Adiciona que la Caja de Compensación La Araucana, es quien realiza actualmente una retención por la suma de $ 128.800. entidad que en ningún momento firmé un contrato de afiliación, ya que solamente fue con Caja de Compensación Los Andes, por lo que dicha entidad ha instruido a Caja de Compensación La Araucana para la práctica de descuentos por plantilla y así dar cuenta de su pago.

Argumenta que existirían un ejercicio abusivo de la facultad establecida en la ley de cajas de compensación, cuyo actuar no estaría revestido de racionalidad y fundamento, por cuanto dicha actitud no habría sido informada en forma previa ni mucho menos acreditado los antecedentes judiciales que puedan sostener un descuento de una deuda. Agrega que las recurridas no fundamentan ni siquiera contractualmente el descuento que estima abusivo, lo que adolece a su juicio de falta de razonabilidad y verosimilitud, siendo arbitraria, y por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de Cajas de Compensación.

Estima como vulnerado en primer término el derecho a la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado dicha garantía establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que su fundamento legal, lo ha puesto en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, puesto que aquellos a quien se les debe el pago de un crédito, se les debe demandar en tribunales de justicia, cuestión que las recurridas han obviado, amparadas en una norma jurídica de la ley de Cajas de Compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una deuda que actualmente se encontraría prescrita.

En segundo término, alega como conculcado el derecho de propiedad, la libertad contractual establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le habría vinculado, a su juicio ilegalmente, con una caja de compensación a la que nunca ha pertenecido.

Indica que el único contrato que existe en la actualidad es de orden laboral con su empleador, por lo que el actuar de las recurridas, iría en contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral y además, le priva del legítimo derecho a percibir su remuneración completa. Alega que tiene derecho de dominio sobre las remuneraciones, por lo que el descuento que estima ilegal importaría una vulneración de su derecho de propiedad.

Finalmente, alega conculcado la garantía del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, que ampara el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con justa retribución, por cuanto estaría desafiliado hace muchos años con Caja de Compensación Los Andes, por lo cual no procede el descuento por planilla.

Pide que se acoja su acción constitucional y en definitiva se ordene a las recurridas:

a)

El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de sus remuneraciones por la suma total de $ 267.600 y aquellas que sucesivamente sigan descontándose durante la tramitación del presente recurso, con los intereses que legamente correspondan y debidamente reajustados hasta su completa devolución.

b)

Abstener de realizar descuentos en sus remuneraciones por parte de las recurridas, por su empleador, por terceros o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, y por cualquier otro organismo público o privado.

c)

Todo ello con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso los siguientes antecedentes: Copia de liquidaciones de remuneraciones de los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019, información de Créditos Personales de Caja de Compensación Los Andes, Nómina y Comprobante de Pago de Crédito y copia de Contrato de Trabajo.

A folio 11 comparece Yasna Vukic Zalaquett, abogado por la parte recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso, fundado en las siguientes consideraciones:

Indica que nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado al empleador del Sr. nombre reservado la existencia de una deuda, solicitando el descuento en la remuneración del recurrente en el mes de enero y febrero de 2019, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales que en el siguiente acápite se pasa a desarrollar, para posteriormente y una vez recibido el descuento remesarlo a la Caja acreedora.

Explica que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, para lo cual conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados. Es así que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social.

Agrega que para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Agrega que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Argumenta que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, artículo 58 del Código del Trabajo y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados.

Es del caso además señalar que, el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirven para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011.

Aduce asimismo que la prescripción debe ser alegada, y declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el actor, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible.

A mayor abundamiento conforme documento acompañado por el recurrente denominado “información de créditos personales”, se observa que el préstamo de consumo o crédito social otorgado por Los Andes C.C.A.F., es de fecha 23 de septiembre de 2016, por lo que tanto la acción ejecutiva emanada del pagaré que garantiza la operación de crédito N°01702943376, así como la obligación emanada del mutuo a que accede dicho pagaré, se encontrarían plenamente vigentes por no haberse cumplido con los supuestos de la prescripción extintiva a su respecto. En consecuencia, estamos en presencia de una obligación plenamente vigente y exigible, la cual incluso mantiene cuotas por vencer.

Concluye que su representada no ha vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia y teniendo en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación al descuento reclamado por la recurrente, solicita se rechace respecto de su representada el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado.

A folio 13, comparece don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, solicitando que sea rechazado, por los siguientes argumentos:

Indica que tal como lo reconoce la recurrente, su representada, con fecha 23 de septiembre de 2016, otorgó al Sr. nombre reservado el crédito código 01702943376, con un capital inicial de $4.034.274.-, pagadero en 36 meses, con cuotas de $169.197.- y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de octubre de 2016.

El señor nombre reservado, a través de descuentos efectuados en sus remuneraciones de los meses de octubre de 2016 a marzo de 2017, pagó las cuotas de los mismos meses, Nº1 a Nº6.

Posteriormente, a través del proceso integrado de recaudación denominado “Proyecto Intercajas de Compensación”, al cual nos referiremos más adelante, mi representada recibió la suma de $138.800.- cuyo monto se contabilizó como abono en la cuota del mes de abril de 2017, Nº 7.

Argumenta que en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 N° 3 y 21 de la Ley N° 18.833,la faculta para otorgar créditos sociales, que constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Al respecto hace presente que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

, sostiene que dada la naturaleza de previsión social de las Cajas de Compensación, el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, tal como lo dispone el artículo 22, de la Ley N°18.833, de manera que la entidad mediante el procedimiento de descuentos que efectúa no hace más que ejercer los derechos que la ley y los acuerdos establecen a fin de salvaguardar el fondo social de la Caja Acreedora.

Refiriéndose a los proyectos intercajas, arguye que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., a partir del año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, como lo son, por ejemplo, las Circulares Nº 2627 del año 2010, Nº 2714 y Nº 2743 del año 2011, Nº 2839 del año 2012, Nº 2925 del año 2013.

Argumenta que para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y conforme a lo prevenido en el artículo 19, N°7, de la Ley 18.883, las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar” y que conforme a la cláusula cuarta de ese convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad “intercaja”, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, prestador al cual cada Caja de Compensación debe proveer la información que sea necesaria.

En el contexto normativo antes descrito, La Araucana C.C.A.F., a requerimiento de Caja Los Andes, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al Sr. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato.

El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2 de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no existe un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, y en relación a la supuesta vulneración al numeral 3 del art. 19 de la CPR, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, se dedujo nombre reservado por nombre reservado en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar “ Los Andes” y “ La Araucana” atribuyendo a las recurridas, como acto ilegal y arbitrario, el haber, la primera, ejecutado el descuento de parte de su remuneración mensual, del cual se percata en el mes de febrero de 2019, en pago de cuotas de un préstamo contratado por él con la Caja de Compensación Los Andes , y no con la institución que ha ejecutado el descuento, obligación que, por lo demás, se encontraba impaga desde el año de 2016.

SEGUNDO: Que, en sus respectivos informes, las recurridas reconocieron haber efectuado los descuentos cuestionados por el actor, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada en el marco de un “proceso integrado de recaudación” denominado “descuento intercajas”, a instancia y bajo supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social, utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833. Agrega que la prescripción no ha sido declarada judicialmente y que insiste no estaría prescrita por haber sido pactada en septiembre de 2016 pagadera en 48 cuotas mensuales, TERCERO: Que, reiteradamente esta Corte ha expresado que el nombre reservado de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagradas en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el acto recurrido en el fondo lo que esboza es la declaración de prescripción de la acción de cobro de la recurrida respecto del crédito cuyas cuotas se le han descontado de sus remuneraciones, pronunciamiento que resulta evidente no corresponde a una materia que deba ser resuelta a través de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por algún acto u omisión ilegal o arbitraria, y por ello, en situación de ser amparados, por lo que, la presente acción cautelar no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la parte recurrente.

En efecto, no puede sostenerse aquí que la deuda, cuya constitución no se niega, se encuentra prescrita, lo que basta para desechar la acción protección, puesto que, subsistiendo el mutuo y la acción de cobro, no consta la ilegalidad ni arbitrariedad del mecanismo activado para cobrar la misma en los términos del artículo 22 de la Ley 18.883 y del proceso integrado de recaudación de créditos sociales, que se sustenta en un Convenio entre Cajas y suscripción del respectivo mandato.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, SE RECHAZA, el nombre reservado interpuesto por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, y de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-1401-2019. (fcv)