Protección contra Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 con fecha 27 de diciembre del año 2023 comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, y en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, o contra quien lo subrogue o ejerza el cargo en calidad de titular; por y con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios emanados de parte de dichas alta Repartición y Reparticiones de Carabineros de Chile, específicamente el acto administrativo contenido en la Orden N° 165 de fecha 13 de diciembre de 2023, del Departamento de Nombramiento Institucional P.2, por orden del Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, por medio del cual se publicaron los últimos traslados de los funcionarios acogidos a dicho proceso anual, sin considerar a esta recurrente, lo que constituiría un acto ilegal y/o arbitrario recurrido por medio de la presente acción constitucional, vulnerándose con ellos los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en específico, del inciso 1° del número 1°, que garantiza “El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona”; y el inciso 1° del numeral 2°, que garantiza "La igualdad ante la ley”. Lo anterior, por los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone:

Que, ingreso a la institución en el año 2020, contando a la fecha con 03 años de servicios efectivos, desempeñando sus labores en la 3ra. Comisaría de Cañete, lugares en los que realizó servicios policiales de guardia y población, además de servicios extraordinarios dispuestos por el mando directo.

Actualmente está clasificada en lista 2 de satisfactorios y no se encuentra sometida a procesos disciplinarios o judiciales, formalizada y/o acusada por el Ministerio Público en proceso penal alguno.

Por lo anterior, no se comprende las motivaciones que fundan la decisión de no considerar sus antecedentes para acogerle al plan anual de traslado, por cuanto la ejecución de dicho Proceso administrativo contempla criterios objetivos y equitativos, que posibilita a todos sus integrantes conocer los fundamentos detrás de las decisiones adoptadas; actuándose en concordancia con los principio de Probidad y Publicidad que la Constitución Política de la República impone a la administración, los cuales son desarrollados en determinados cuerpos legales, y en los mismos términos expuestos en el Manual de Traslados de Carabineros de Chile, circunstancias que en este caso concreto no se dan.

Además, es importante indicar que son varios los factores a considerar para el traslado del personal de Carabineros, inmerso en el plan anual de traslados, para lo cual la Institución cuenta en la actualidad con un Sistema Automatizado de Gestión de Traslados, que opera sobre variables y subfactores asociados, denominadas Desempeño, Conducta, Salud.

Es menester señalar, que la propia Institución de Carabineros es la que ha dado, en el manual de traslados, la posibilidad que los funcionarios que sean sujetos de traslados, en su oportunidad, puedan recurrir a la superioridad respectiva para intentar revertir lo decidido, caso en el cual, se tendrá que atender a determinados factores que se contemplan en la reglamentación vigente, tal como se desprende en la Orden general Nº2707 de 13 de noviembre de 2019, Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, en cuyo numeral 2.4 se dispone expresamente que: “Con la finalidad de ampliar el espectro de antecedentes a ser analizados y considerados al momento de evaluar, proponer y disponer los movimientos de personal, con motivo del Proceso Anual de Traslados, se tendrán en consideración los aspectos profesionales y personales del recurso humano, que se detallan….”, entre los cuales están los aspectos personales, entendiendo por tales “….aquellos que, sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones, tales como considerar adecuadamente las situaciones familiares como elementos para las decisiones de traslados…”, situación que en la especie no se materializó, ya que el Director Nacional de Personal, no ponderó los antecedentes personales y familiares dados a conocer, rechazando el recurso de reconsideración.

Es dable señalar lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño que prescribe : “Artículo 5°- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.” Esto obliga a la administración del condominio a tomar en cuenta el interés del niño en sus decisiones. Esta interpretación además es preferente en caso de duda: “Artículo 9°- Aplicación preferente. En caso de duda, de hecho, o de derecho, en la aplicación de este Código, se optará por la norma que resulte más favorable para la persona menor de edad según los criterios que caracterizan su interés superior.”

Que, tiene una hija de 06 años de nombre nombre reservado y por encontrarse trabajando en Cañete me ha visto en la obligación de dejarla al cuidado de su madre en la comuna de Laja, quien mantiene problemas de salud, específicamente cataratas.

Lo anterior, ha provocado una desestructuración y un retroceso SIGNIFICATIVO en la hija, quien debe tomar estimulantes del apetito porque ha dejado de comer, generando un intenso impacto emocional.

Que, el hecho de no considerarla en el proceso de plan anual de traslado, supone un grave menoscabo al desarrollo social emocional y pedagógico de la hija, ya que desde que esta´ alejada de ella ha presentado un retroceso en las relaciones tanto con sus profesores como de sus compañeros.

Es relevante hacer presente que arrienda una vivienda en la comuna de Cañete por un monto de $200.000 y que mantiene otras deudas, las que le impiden vivir con su hija y pagarle una cuidadora mientras desempeña sus labores en la comisaría, ya la que a lo menos le cobran un sueldo mínimo, es decir, $460.000.- En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 1, queda de manifiesto su transgresión conforme lo explicitado en los párrafos precedentes donde se detalla el fuerte vínculo que mantengo con mi hija quien se encuentra en la comuna de Laja, derivando en un trastorno emocional grave.

Los hechos relatados en el presente libelo conculcan además el derecho a la igualdad ante la Ley el recurrido, garantizado por el Art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República desprendiéndose de aquella además una desigualdad de trato en relación a otros funcionarios de la institución recurrida que mantienen familiares directos con este tipo de enfermedad, respecto de quienes se insta a mantenerlos unidos en virtud de la familia que conforman, evitando que la salud mental se vea afectada.

Por todo lo antes señalado pide que se declare la arbitrariedad del acto administrativo contenido en la Orden N° 165 de fecha 13 de diciembre de 2023, del Departamento de Nombramiento Institucional P.2, por orden del Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, por medio del cual se publicaron los últimos traslados de los funcionarios acogidos a dicho proceso anual, sin considerar a esta recurrente y que se ordene a la Dirección Nacional de Personal que se consideren los argumentos tenidos a la vista, para ser trasladada a la Subcomisaría Laja, de la Prefectura del Biobío, o a una unidad dependiente de esa Repartición, lo que permitirá mantener cercanía con mi hija, como nos instruye nuestro Manual de Doctrina de Carabineros de Chile, en lo que respecta a “Procurar el logro de una autentica integración y desarrollo personal de los componentes de su grupo familiar”.

A folio 15 con fecha 7 de febrero de 2024 evacúa informe el General Inspector nombre reservado Andrés nombre reservado, Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes argumentos.

El artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que "Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros, destinar al personal en los diversos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial" El articulo 10, inciso primero, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, N° 9, aprobado mediante el Decreto N° 625, de fecha 02.04.1964, del entonces Ministerio del Interior, establece que "Los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director". Agrega, su inciso segundo que, los concernientes al Personal de Nombramiento Institucional, calidad que detenta el servidor, serán dispuestos por la Dirección Nacional de Personal, por los Jefes de Zona y por los Prefectos, según corresponda Asimismo, el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, aprobado por la Orden General Ne 2.707, de 13.11.2019, definió, ordenó, reguló, coordinó, y resolvió la ejecución e implementación del proceso anual de traslado para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, disponiendo los procedimientos de rigor.

De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses corporativos y a las demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

En este sentido, el punto 2.4.1., del citado manual, reconoce que las destinaciones del personal, deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas.

A mayor abundamiento, el capítulo 11, numeral 2.1, del mismo cuerpo instructivo, precisa, entre otras políticas institucionales, que todo miembro de Carabineros, cualquiera sea su grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a sus filas, se compromete a prestar servicios en la guarnición que se estime necesaria, configurándose el deber de desempeñar sus obligaciones profesionales en forma eficiente en todo el territorio nacional, respondiendo con ello, a la misión constitucional asignada a la Institución, la que no puede quedar supeditada ni sometida a la conveniencia de los funcionarios policiales.

La afirmación antes reseñada, no es más que una consecuencia de la naturaleza militar, disciplinada y jerarquizada de Carabineros, construida sobre la base de la obediencia o el acatamiento, al tenor de lo establecido en el artículo 2°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

En ese orden de consideraciones, es menester indicar que los artículos 6" y 7a, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la Ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado, dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile, no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas.

A su vez, la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 63.534, de 2014, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte de este Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación de poder.

Sobre el particular, cabe tener presente, que la facultad del Mando de Carabineros de Chile de efectuar los traslados de los funcionarios de la Institución, se ejerce teniendo en consideración la idea de evitar la disgregación familiar y la preminencia del principio protector de la familia, consagrado en nuestro Código Político y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Con todo, resulta de importancia manifestar que las circunstancias que aduce el recurrente no resultan determinantes para su traslado, con miras a cubrir las necesidades de personal en las diferentes Unidades del país, de conformidad a las prevenciones contenidas en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros de Chile, el cual discurre en torno a la figura del cónyuge y/o conviviente civil.

Con todo, sin perjuicio que las situaciones expuestas en el Sistema Automatizado de Gestión de Traslados (S.A.T), son tomadas en consideración para resolver las peticiones de traslados, en razón de lo establecido en el referido Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile, cabe señalar que no resultar posible establecer una regla absoluta que determine el actuar de la administración en favor de las consideraciones personales que expone cada solicitante, por lo que la razón que le fue señalada como impedimento para acceder a su petición otorgada en el referido sistema, refiere estrictamente a elementos objetivos, a saber, ausencia de vacantes encontrándose completa la dotación de las destinaciones que solicitó.

Es importante mencionar que, para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. Pues bien, en el caso de autos el recurrente no posee un derecho indubitado, toda vez que las circunstancias en contra de las cuales recurre, no se condice con los actos administrativos tenidos a la vista, y los fundamentos legales, reglamentarios y jurisprudencia administrativa de la Contraloria General de la República, que inequívocamente advierten que el actuar de la Institución, en lo referente a la tramitación de su petición de traslado por motivos particulares, ha sido realizado con estricto apego a la legislación y jurisprudencia administrativa vigente.

Finalmente, conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente recurso de protección, por lo que se considera pertinente solicitar al Iltmo. Tribunal de Alzada, tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, RECHAZARLO con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

A folio 23 con fecha 22 de febrero de 2024 evacúa informe el General nombre reservado, Jefe de Zona Araucanía de Carabineros de Chile quien solicita el rechazo con costas del recurso por los siguientes motivos.

Comienza su recurso exponiendo la misma normativa vinculada a los traslados de personal en Carabineros de Chile que fue citada por el Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile en su informe de folio 15.

A continuación, señala que en cuanto a la alegación relativa al interés superior del niño que invoca la recurrente en su presentación ante S.S. Iltma. para efectos establecer la ilegalidad y/o arbitrariedad en la determinación de no considerarla en la Orden N° 165, de 13.12.2023, de la Dirección Nacional de Personal, cabe señalar que el artículo 3o, de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 44/45, de 20 de noviembre de 1989, y ratificada por Chile el 14 de agosto de 1990, establece efectivamente que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas deberán considerar en forma primordial el interés superior del niño.

En tal sentido, el referido Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile, en el Capítulo II "Consideraciones especiales para la toma de decisiones", acápite 2.4.2. "Aspectos personales", efectivamente previene en la letra a), "(...) otras debidamente calificadas", y en la letra b), como se señaló, la "(...) salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundadamente en caso de que alguno de ellos requiera de atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de éste", como un aspecto que sin constituir elementos que inciden directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones.

En vista de lo anterior, no obstante, la facultad para disponer los traslados, se acoge el referido principio de resguardo del interés superior del niño, con todo, como un elemento a considerar para el cumplimiento del interés público asociado a la misión constitucional de Carabineros de Chile, de asegurar el orden y seguridad pública del país. Así, mal podría la decisión de esta Autoridad institucional atentar contra el interés superior del niño, constituyendo la adaptación social, emocional y pedagógica, un proceso de desarrollo personal asociado a las circunstancias familiares, en razón del cumplimiento del interés público, según el estatuto al que voluntariamente se adscribió la Carabinero nombre reservado.

En lo que dice relación a la falta de motivación de la Orden de Traslado recurrida, cabe señalar que efectivamente los artículos 11 y 41, de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, exigen que las decisiones de la Administración contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho que las sustenten. En ese sentido, tal como se advierte de la resolución adoptada en ella se expresan claramente los motivos por los cuales de dispusieron los traslados indicados. En ese sentido, no corresponde aquel acto administrativo el que tiene por finalidad resolver las peticiones de traslados por motivos particulares, sino que, es precisamente la respuesta otorgada por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2), la que resuelve su petición, y que fue notificada oportunamente. Con todo, los argumentos planteados no tuvieron el sustento suficiente para motivar una decisión favorable de esta autoridad institucional, habida consideración de la nutrida jurisprudencia judicial y administrativa que, confirma la superposición de la necesidad de satisfacer el deber constitucional que le asiste a la Institución, por sobre las situaciones personales que afecten al personal, como se expresó.

Finalmente, cabe manifestar que el referido Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, ya individualizado, en el "Capítulo VI: Sistema Automatizado de Gestión de Traslados (S.A.T.)", numeral "6.2.- Operacionalización de la Asignación de traslados", en su párrafo final, precisa que "No obstante, los resultados de su postulación quedarán sujetos a la consideración de la Dirección Nacional de Personal, la que deberá resolver respetando los principios de la administración pública y las necesidades institucionales recogidas en el presente Manual, para finalmente, notificar respecto a su decisión final, a los interesado", lo cual se materializó oportunamente, dándose término a la petición formulada por la recurrente.

Por otra parte, indica circunstancias económicas que, a su parecer, constituyen elementos que no fueron considerados, a saber, que mantiene gastos en arriendo por $200.000 pesos y otras deudas que cubre, las que le impiden vivir junto a su hija, puesto que además debería pagar una cuidadora, que estima, a lo menos, requiere el pago de un sueldo mínimo de $460.000 pesos. Además, es el sustento económico de su núcleo familiar, incluyendo su madre, debiendo adquirir deudas a fin de solventar gastos de su hija y familia, dañándola no haberla considerado en el Proceso Anual de Traslado. Luego, señala que no mantiene red de apoyo en la ciudad de Cañete, por lo que el perjuicio económico y psicológico de Carabineros, a ella como su hija, es grave.

Sobre los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, tal como se precisó con la jurisprudencia judicial citada en su oportunidad, el criterio estandarizado en torno a las situaciones económicas perjudiciales para la estabilidad familiar, ceden en relación con el interés general que mantiene el proceso de traslado del personal a nivel nacional, para cumplir las finalidades contempladas en la Constitución Política que le fueron otorgadas a la Institución. Ello, sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse como núcleo familiar para unificar la familia, y así mantener la estabilidad económica que refiere, conforme a la situación personal que manifiesta. Con todo, teniendo en consideración los aspectos declarados por la recurrente, se encuentra fuera del alcance las facultades asignadas a este mando de Alta Repartición, asegurar las condiciones económicas del núcleo familiar del personal institucional que solicita su traslado por motivos particulares, o bien que resulta trasladado, como ha sido reafirmado por la jurisprudencia de los Tribunales de Alzada.

Por otro lado, resulta útil señalar que la Institución cuenta con un Servicio Social desplegado a nivel nacional, dependiente de la Dirección de Bienestar, contando con los medios y una red de apoyo para asistir a sus integrantes en los problemas económicos, sociales, morales, jurídicos y educacionales que les afecten, labor que es desarrollada primordialmente por la Dirección de Bienestar de Carabineros, red institucional cuya actividad está destinada a procurar ayuda material, y orientación social al personal y su grupo familiar.

c.2.- Vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, a saber, "la igualdad ante la ley". Ello, porque funcionarios de la Institución mantienen familiares directos con este tipo de enfermedad, respecto de quienes insta a mantenerlos unidos en virtud de la familia que conforman, evitando que la salud mental se vea afectada.

Luego, cita el documento electrónico N.C.U 196301080, de 06.12.2023, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2), en donde se habría rechazado su reconsideración, lo que demostraría, a su parecer, el actuar atentatorio contra la garantía constitucional invocada.

En primer término, es dable manifestar a S.S. íltma. que, conforme a la jurisprudencia administrativa del Ente de Control en sus dictámenes N°. 34.159 de 2017 y 89.676 de 2015, entre otros, , manifestó que el principio de igualdad ante la ley, importa una igualdad de trato para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, vulnerándose tal derecho cuando se realiza una discriminación arbitraria, no advirtiéndose en el caso del recurrente, por cuanto, la regulación normativa aplicada para efectos de disponer los traslados del personal institucional, es aquella que se encontraba vigente a la época de la postulación correspondiendo a la normativa legal, reglamentaria e institucional, que afectó a todos los funcionarios de Carabineros de Chile que se encontraron en la misma condición jurídica.

Resulta conveniente recordar que, considerando lo plasmado en los artículos 6o, 7o y 98 de la Constitución Política de la República, artículo 2o de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de los Administración del Estado, y Io, 5o, 6o, 9o, 16 y 19 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, las decisiones y dictámenes del citado ente dé control, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, de tal forma que, el incumplimiento de un dictamen significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes deben adoptar las medidas tendientes a darle aplicación, comprometiendo su responsabilidad administrativa. (Aplica dictámenes Nros. E129742 de 2021, 1.298 de 2021 y 30.003 de 2019, entre otros).

Finalmente, cabe señalar que no tiene atingencia el documento electrónico N.C.U. 196301080, de 06.12.2023, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2), con la situación de la recurrente, por cuanto, aquel acto administrativo resolvió los recursos de reconsideración de determinado personal institucional que egresó de la Escuela de Suboficiales "Grupo Concepción", presentados en contra de los traslados que fueron dispuesto mediante la Orden N° 114, de 02.11.2023, de la Dirección Nacional de Personal, publicada en el Boletín Oficial N° 5088, de tal forma que no puede advertirse ilegalidad alguna sobre su situación particular.

Es importante mencionar que para que la recurrente promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio de la recurrente- sería su necesario derecho a ser trasladada como consecuencia de su petición planteada-, por lo que aquello que pretende la recurrente, es obtener por parte de esa Iltma. Corte de Apelaciones, es la declaración de un derecho del que no es poseedora, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Enfatiza que no se dispuso arbitrariamente traslado, sino que aquello obedeció a la observancia de la normativa que rige la materia en Carabineros de Chile, amparado en los criterios sostenidos por Contraloría General de la República, por lo que no estamos en presencia de un actuar arbitrario de esta Autoridad Institucional, no existiendo vulneración alguna a los derechos previamente citados, en los términos esgrimidos por el recurrente.

Así, al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas por el recurrente, resulta improcedente la acción constitucional impetrada, toda vez que no se verifican los presupuestos básicos de esta acción, principalmente la supuesta ilegalidad y/ o arbitrariedad en el actuar del Mando de Repartición de la época, por lo que podemos colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo, no puede prosperar.

En definitiva, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/ o arbitrariedad de un acto - supuesto fáctico que, tal como fuera precisado, tampoco se verifica- estimándose que el presente recurso, no resulta procedente.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente recurso de protección, por lo que se considera pertinente solicitar al Iltmo. Tribunal de Alzada, tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, RECHAZARLO con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

A folio 24 con fecha 27 de febrero de 2024, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 9 de abril de 2024 se realizó la vista de la causa.

CONSIDERANDO Y CON LO RELACIONADO:

PRIMERO: Que como cuestión preliminar, conviene tener presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en aras de resolver la controversia, es necesario traer a colación lo dispuesto el artículo 31 de la Ley N° 18.961 dispone que: “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial”. A su turno, el Reglamento de feriados, permisos, licencias y otros beneficios, N°9 referente a la institución recurrida, aprobado por Decreto N°625 de 1964, del Ministerio del Interior, dispone en su artículo 10 ubicado en el Título III sobre “Traslados y Permutas” que: “Los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director. Los que conciernan a Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo se efectuarán a través de la Dirección del Personal, y los del Personal a Contrata, lo serán por la Dirección del Personal, por los Jefes de Zonas de Inspección y por los Prefectos, según corresponda. En todo caso, los movimientos correspondientes se harán con sujeción a las normas que en la materia contengan las leyes y reglamentos”. Luego, el Manual de Traslados para el personal de Carabineros, contenido en la Orden General N° 2.707 de 2019 refiere en su Capítulo I como interés principal del referido instrumento, el instituir el Proceso Anual de Traslados, ejecutado con dicha periodicidad por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, proceso que se sustenta en “(...) criterios técnicos de optimización del recurso humano, conciliando los intereses institucionales con aquellas variables personales, familiares, sociales, económicas, o de cualquier otra índole, que pudieran afectar al personal al momento de ser trasladado, velando por el cumplimiento del Principio de Continuidad de la Función Pública”. El mismo instrumento aborda en su Capítulo II, las consideraciones especiales para la toma de decisiones, estableciendo en su numeral 2.1. sobre las “Obligaciones del Personal de Carabineros de Chile que: “Todo miembro de la institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del Servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente Manual. Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, entre las cuales destaca la facultad que tienen los órganos institucionales competentes para disponer los traslados que sean necesarios a los fines e intereses institucionales. ”El numeral 1.2 del referido Manual, puntualiza cuáles son los aspectos básicos de la ejecución del Plan de Traslados, refiriendo entre ellos, la identificación de la demanda de recursos humanos, evidenciada por las metodologías institucionales vigentes, como también los tiempos máximos cumplidos en guarniciones como en zonas de tratamiento especial. Este último criterio la letra f) del numeral 2.4.1, que instituye entre los criterios para la toma de decisiones la evaluación de las “Condiciones actuales” señalando que: “Evaluación de permanencia de un Carabinero en un determinado cargo y/o lugar de trabajo, considerando aquellos tiempos de permanencia desarrollados en el presente Manual, entre otros.” El numeral 2.4.2 incorpora el criterio de “Evaluación de aspectos personales” debidamente calificados y relacionados con el trabajo o estudio de cónyuge e hijos del funcionario afecto al traslado, y la salud personal o de los miembros del grupo familiar” (...) fundamentalmente en el caso que alguno de aquellos requiera atención profesional especializada, o por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado o fuera de éste (...) ”Finalmente el Capítulo IV sobre “Tiempos de Permanencia”, prescribe la norma general de tiempos máximos de permanencia, indicando 5 años para los oficiales superiores y oficiales jefes; 6 años para los oficiales subalternos; y 10 años respecto del personal de nombramiento institucional.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados, no se visualiza incumplimiento o vulneración de derechos para con la recurrente, en el contexto del Proceso Anual de Traslados de Carabineros de Chile, pues los nuevos traslados o destinaciones corresponden al ejercicio de la facultad de la autoridad respectiva de Carabineros, ello según los requerimientos de la función policial, de conformidad al artículo 31 de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, en relación con lo regulado por la Orden General N° 2.707 de fecha 13 de noviembre de 2019, aprobó el nuevo Manual de Traslado para el Personal de Carabineros, cuya finalidades definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados, para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor, delegando la máxima autoridad institucional dicha potestad en el Director Nacional de Personal.

QUINTO: Que, es la misma actora la cual reconoce mantener sólo tres años de destinación en la Tercera Comisaria de Cañete, y que su motivación para pedir traslado corresponde a no poder vivir con hija Antonia de 06 años la cual mantendría trastornos alimenticos, con afectación psicológica, encontrándose actualmente al cuidado de su madre en la comuna de Laja, la cual también mantendría problemas de salud, específicamente cataratas. Con todo, en autos no constan antecedentes suficientes para acreditar las afecciones de salud de la hija y la madre.

SEXTO: Que de los antecedentes jurídicos y fácticos relacionados, es posible concluir que los traslados del personal de Carabineros se corresponden con el ejercicio de las facultades de la autoridad respectiva de la institución, cuyos miembros por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución.

SEPTIMO: Que dicho principio general, admite, por cierto, excepciones, las que deben encontrarse fundadas en razones altamente calificadas, sin embargo en el caso no se reúnen los elementos que permitan configurar las razones de gravedad requeridas para que opere la excepción, en razón de requerir un traslado por encontrase distanciada temporalmente alejada de su hija, la cual se encuentra en todo caso bajo los cuidados de su abuela, de tal suerte que, la negativa a solicitud de traslado de la recurrente aparece debidamente sustentada por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, puesto que a lo atingente al Plan Anual de Traslado se debe colacionar el análisis de los aspectos profesionales y personales de cada involucrado, lo cual, por lo demás, ha sido realizado sobre la base de criterios técnicos y objetivos que alejan toda duda acerca de la arbitrariedad de la decisión, que además se encuentra debidamente fundada y no puede ser considerada ilegal, toda vez que se sustenta no solo en las facultades de la autoridad, sino que también en las circunstancias de buen servicio y disposición de vacantes laborales en otras plazas para que opere un traslado.

Que, por consiguiente, se desprende que no existe Ilegalidad y/o Arbitrariedad en la actuación de la recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 N° 1, artículo 20 y demás pertinentes de la Constitución Política de la República, lo dispuesto en los N°2 y siguientes del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección sobre garantías constitucionales, se declara: que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Dirección General de Carabineros, y en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile.

Redacción a cargo del abogado integrante Cristian Carvajal De Vicenzi.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13997-2023. (cwm)