nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
- Fecha
- 7 de octubre de 2025
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1399-2025, sentencia de 7 de octubre de 2025
Resumen
Se rechaza la protección contra el Gobierno Regional de La Araucanía por el término anticipado de la contrata: la resolución fue dictada por autoridad facultada, con la debida fundamentación, y no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veinticinco.
VISTOS:
A folio 1 comparece CLAUDIO ARTURO BRAVO LÓPEZ, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, chileno, casado, contador público y auditor, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, interponiendo acción de protección en contra del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por el Sr. Gobernador Regional don RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dispuesto la no renovación anticipada de la contrata de la recurrente mediante la Resolución Exenta RA N° 811/37/2025 de 28 de enero de 2025, la que considera arbitraria e ilegal fundado en los siguientes argumentos de hecho y derecho.
Comienza indicando que nombre reservado, en su condición de contador público y auditor, se desempeñó desde el 01 de agosto de 2019 a honorarios y desde el 1 de enero de 2022 hasta el 29 de enero de 2025, de forma continua, como funcionario en la Gobernación Regional de la Araucanía en diversos cargos y funciones. Ello, hasta el 29 de enero de 2025 en que el Gobernador de la Región Araucanía don nombre reservado, a través de la funcionaria nombre reservado le comunica a través de un correo electrónico el término anticipado a la designación de la contrata.
Asume que el real motivo para la no renovación responde seguramente que su representado no era del agrado del actual Gobernador, a pesar de su excelente trabajo y logros, más aún que las funciones para las cuales estaba contratado se siguen requiriendo.
Alega que la resolución recurrida carece de fundamento al no entregar argumentos que funden la no renovación de su contrata, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley 19.880 y lo razonado en el dictamen 6.400 – 2018 de Contraloría General de La República, en cuanto a que el término anticipado o no renovación, no puede basarse sólo en la simple justificación de ser la autoridad administrativa el detentor de la facultad, sin que, de por medio, haya un razonamiento de tal envergadura que implique la no existencia siquiera de un atisbo de arbitrariedad en el acto que pone término al vínculo laboral entre el servidor y el Estado.
Considera que el actuar de la recurrida vulnera los derechos contemplados en los números 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. Al respecto, en cuanto al N°2 y el N°16 del artículo 19, esgrime que se discrimina a este funcionario por considerarlo adversario o un obstáculo para un fin de una autoridad política, por el solo hecho de venir de la administración anterior, y no por su calidad o preparación. Agrega que además se ha vulnerado el derecho de propiedad contemplado en el N°24 del artículo 19, ya que el contrato y su retribución económica han ingresado a su patrimonio, vulnerándose el derecho de propiedad con las resoluciones dictadas por la autoridad recurrida, añadiendo que se lesiona su estabilidad en el empleo público, en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la ley contempla lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal. Considera se vulnera la legitima confianza de que se va a renovar su contrata por un periodo determinado, cumpliendo los requisitos para ello, pues de conformidad al dictamen N°22.766 de 2016 de la Contraloría General de la República, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años, en este caso, el recurrente llevaba más de cinco años a contrata en virtud de las sucesivas renovaciones en el mismo cargo sumado a los períodos iniciales a honorarios.
Pide tener por presentado recurso de protección en contra del Gobierno Regional de la Araucanía, representada por el Sr. Gobernador Regional don René Saffirio Espinoza, ya individualizados, ordenarle que informe a V.S.I., en el plazo que se fije, y, en definitiva, ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin efecto Resolución Exenta RA N° 811/37/2025, fechado el 28 de enero de 2025, mediante la cual se resuelve el “término anticipado a la designación a contrata” de la recurrida. Ordenando, que se la reincorpore, manteniendo vigente su contrata por periodo año 2025, a fin de que continúe en su cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal, restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que Us. Ilma. determine, sean las solicitadas o las que la Ilma. Corte determine, con expresa condenación en costas.
Acompaña los siguientes documentos:
1) Resolución Exenta RA N° 811/37/2025, fechado el 28 de enero de 2025.
2) Captura de pantalla de correo electrónico enviado por doña nombre reservado a su representado, a la casilla correo reservado, de fecha 29 de enero de 2025, titulado “Remite antecedentes relativos a término de relación laboral”.
3) Resolución Exenta RA N° 811/4/2025, fechado el 02 de enero de 2025.
4) Resolución Exenta RA N° 811/428/2023, fechado el 28 de diciembre de 2023.
5) Resolución Exenta RA N° 811/40/2022, fechado el 19 de enero de 2022.
6) Resolución Exenta RA N° 811/37/2025, fechado el 28 de enero de 2025.
7) Ord. N°2269, fechado el 31 de agosto de 2021.
8) Resolución Exenta N° 341, fechado el 10 de mayo de 2021.
9) Oficio Circular N°14, de fecha 06 de mayo de 2021 del Ministerio de Hacienda.
10) Resolución Exenta RA N°811/1544/2019, de fecha 28 de agosto de 2019 11) Resolución Exenta RA N°811/1589/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019 12) Resolución Exenta RA N°811/66/2020, de fecha 28 de enero de 2020 13) Resolución Exenta RA N°811/634/2020, de fecha 26 de mayo de 2020 14) Resolución Exenta RA N°811/49/2021, de fecha 22 de enero de 2021 A folio 12 evacúa informe el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, indicando lo siguiente:
Comienza haciendo una exposición de la historia de la relación contractual entre ambas partes, del siguiente tenor:
1. “Que, el recurrente en prestó servicios al Gobierno Regional de La Araucanía en calidad de honorarios, esto es, desde el 01.08.2019 hasta el 31.12.2019; renovándose en dicha calidad desde el día 01.01.2020 hasta el 31.12.2020; nuevamente renovándose en la calidad señalada desde el 01.01.2021 hasta el 31.12.2021.
2. Que, mediante Resolución Exenta TRA N°811/40/2022 de fecha 19.01.2022, el recurrente don nombre reservado, fue designado en calidad de contrata, grado 7° EUS, desde el día 01.01.2022 hasta el día 31.12.2022, mientras sean necesarios sus servicios.
3. Mediante Resolución Exenta RA N°811/3/2024, de fecha 12.01.2023, se prorroga la contrata del recurrente, a contar del día 01.01.2023 al día 31.12.2023, mientras sean necesarios sus servicios.
4. Por su parte, según da cuenta Resolución Exenta TRA N°811/428/2024, se prorroga la contrata del recurrente, a contar del día 01.01.2024 hasta el 31.12.2024.
5. No obstante lo anterior, con fecha 04 de junio de 2024, el recurrente presentó su renuncia voluntaria al cargo de Contrata, Grado 7°, a contar del día 05 de junio de 2024. La referida renuncia voluntaria, fue debidamente aprobada mediante Resolución Exenta RA N° 811/224/2024.
6. Asimismo, bajo esa premisa, da cuenta su renuncia voluntaria, debido a que asumiría como Jefe de división de Administración y Finanzas, del Gobierno Regional de La Araucanía, cargo de planta de exclusiva confianza.
7. En ese tenor, mediante Resolución TRA N°811/5/2024, se nombra titular al Sr. nombre reservado, como Jefe de División de Administración y Finanzas, Grado 4° E.U.S, de la planta de directivos - cargo de exclusiva confianza, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 letra i) en relación con el artículo 68 inciso final de la ley N° 19.175.
8. Siguiendo esta línea, el recurrente, con fecha 30 de diciembre de 2024, mediante carta dirigida al Gobernador Regional de La Araucanía, con ingreso en la Oficina de Partes, bajo el N° E-12773, señala que presenta su renuncia voluntaria al cargo de Jefe de División de Administración y Finanzas, ello para asumir desde el 01 de enero de 2025, nuevas funciones encomendadas por los Sres. nombre reservado, del Consejo Regional de La Araucanía. El acto de renuncia voluntaria del recurrente fue aprobado por Resolución Exenta RA N°811/1/2025, del Gobierno Regional de La Araucanía de fecha 02.01.2025.
9. Posterior a ello, es que a través de Resolución Exenta RA N°811/4/2025, de fecha 02 de enero de 2025, se designa contrata al Sr. nombre reservado, para realizar funciones administrativas y de coordinación en el Consejo Regional de La Araucanía y realizar resoluciones y trámites administrativos a partir del día 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional.
10. Mediante Resolución Exenta RA N°811/37/2025, de fecha 28 de enero de 2025, se pone término anticipado a la designación a contrata del Sr. nombre reservado, a partir del día 31 de enero de 2025, cuya notificación del acto administrativo, se realiza mediante carta certificada de fecha 29 de enero de 2025.- 11. Se hace presente que mediante Memo N°169, de fecha 28 de enero de 2025, se Informa Término Anticipado de Designación a Contrata al Sr. nombre reservado sin embargo, el recurrente se niega a firmar la aludida notificación personal.”
Explica que el Gobernador Regional ejerció la facultad de terminar anticipadamente la contrata del recurrente conforme lo permiten el artículo 31 inciso segundo de la Ley 18.575 y el artículo 24 de la Ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.
Considera que el acto administrativo recurrido, esto es, Resolución Exenta RA N°811/37/2025, de fecha 28.01.2025, se ha ajustado los preceptos constitucionales y legales, al expresar los fundamentos de hecho y derechos que dieron lugar a la dictación del acto administrativo en cuestión.
Precisa que el Dictamen E-156769/2021 de la Contraloría General de La República, de obligatoria observancia para este servicio, ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado, situación que se ha verificado en relación a la Resolución Exenta RA N°811/37/2025, de fecha 28.01.2025.- Explica que el que el Gobierno Regional está conformado por el Gobernador Regional y el Consejo Regional, siendo el Gobernador Regional el ejecutivo del Consejo Regional. El Consejo Regional dispondrá de una secretaría, destinada a prestarle asesoría para el desempeño de sus funciones y por su parte el Gobierno Regional deberá dotar de los recursos necesarios, para desarrollar sus funciones y atribuciones. En ese contexto, actualmente la Secretaria Ejecutiva, según descripción de cargos y funciones, cuenta con 9 funcionarios, del estamento profesional y técnicos, entre ellos periodistas, abogados, contador auditor y secretarias. Respecto a los cargos que prestan apoyo administrativo al Secretario Ejecutivo como a los/as señores/as consejeras/as, actualmente son 5 funcionarios en su mayoría pertenecientes al estamento técnicos y administrativos, con excepción de un funcionario de Planta Profesional, grado 4, quien subroga al Secretario Ejecutivo y don nombre reservado quien realizaba funciones de apoyo administrativo al Secretario Ejecutivo y al consejero/a que lo solicite, sin perjuicio de que su designación contrata se encontraba asimilada al estamos profesional, lo que actúa en contravención a lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 10 de la Ley N°18.834, esto es: “En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.”
En el mismo orden de ideas, expone que teniendo en consideración el principio de eficiencia y eficacia establecido en el artículo 3° inciso 2° de la ley N° 18.575, de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Regional, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 letra k) de la ley N° 19.175, en virtud de la cual al Gobernador Regional le corresponde, ejercer la administración de los bienes y recursos propios del Gobierno Regional, se prescinde de la contratación del recurrente pues en el Consejo Regional no existía ninguna necesidad de cubrir las labores que dieron origen a su designación a contrata. En consecuencia, se determina que las funciones administrativas que prestaba el señor nombre reservado en el Consejo Regional, son innecesarias ya que todas ellas son cubiertas por las actuales funcionarias de apoyo administrativo y de coordinación que tiene la Secretaria Ejecutiva del Consejero Regional. Además, su designación a contrata en este servicio era para cumplir labores de tipo profesional, situación que no se verificó.
Estima que, para que un funcionario sea titular de la llamada confianza legítima, es dable que se cumpla con los requisitos dispuestos por la Contraloría en sus dictámenes N° 85.700/2016, N° 11.318, de 2017 Nº 6.400, de 2018 y el más reciente N°E156769 del año 2021. Lo cual del análisis que se realizará a continuación quedará de manifiesto que el recurrente, no solo no los cumple en cuanto al plazo de sus designaciones funcionariales y sus calidades jurídicas, si no como, torciendo los hechos quiere encuadrar ciertos supuestos fácticos en la norma. Luego, y en lo que se refiere a la continuidad de la relación previa, es dable señalar que la confianza legítima, sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente, ya que la existencia de algún lapso de alejamiento genera por esencia una duda razonable en torno a la mantención de esa relación funcionarial y, por lo mismo, se opone a la confianza legítima. (Dictámenes 85.700/2016, N° 11.318, de 2017 y Nº 6.400, de 2018). Por lo anterior, la aludida interrupción en la contrata del recurrente, impide - a todas luces - que se genere una legítima confianza, puesto que la interrupción en su cómputo no permitiría cumplir el plazo de cinco años que ha asentado la Contraloría General de La República en el reciente dictamen E561358N24, de fecha 06.11.2024, fijando este plazo, bajo el razonamiento de la Excma. Corte Suprema.
Alega que no se afecta el derecho de propiedad pues el recurrente no tiene derecho de propiedad sobre su cargo debido a que, la no renovación de contrata está facultada y regulada en el Dictamen E156769 del 2021 que entre otros reconsidera parcialmente el Dictamen°6.400 del 2018 ambos de la Contraloría que protege la continuidad del cargo, bajo ciertas circunstancias, las cuales no se dan en el caso analizado. Además, no podría existir una mera expectativa respecto al hecho de ser nombrado en propiedad, lo anterior, solo si hubiese sido nombrado en la calidad jurídica de planta, ya que la naturaleza de la calidad de contrata es que es un cargo transitorio, según el artículo 10 de la Ley N°18.834.- Pide tener por evacuado informe y rechazar la acción de protección de en todas sus partes, con expresa condenación en costas.
Acompaña los siguientes documentos:
1) Resolución Exenta RA N°811/40/2022, de fecha 19.01.2022, del Gobierno Regional de La Araucanía.
2) Resolución Exenta RA N°811/3/2023, de fecha 12.01.2023, del Gobierno Regional de La Araucanía.
3) Resolución Exenta RA N°811/428/2023, de fecha 28.12.2023, del Gobierno Regional de La Araucanía.
4) La carta de renuncia voluntaria del Sr. nombre reservado, de fecha 04.06.2024, dirigida al Gobernador Regional de La Araucanía.
5) Resolución Exenta RA N°811/224/2024, de fecha 05.06.2024.
6) Resolución Exenta TRA N°811/5/2024, de fecha 19.06.2024.
7) La carta de renuncia voluntaria del Sr. nombre reservado, de fecha 30.12.2024, dirigida al Sr. Gobernador Regional de La Araucanía.
8) Resolución Exenta RA N°811/1/2024, del Gobierno Regional de La Araucanía.
9) Resolución Exenta RA N°811/4/2025, de fecha 02.01.2025, del Gobierno Regional de La Araucanía.
10) Memo N°169, de fecha 28.01.2025, del Gobierno Regional de La Araucanía, del Gobernador Regional de La Araucanía Sr. René Saffirio Espinoza, dirigido al Sr. nombre reservado.
11) Resolución Exenta RA N°811/37/2025, de fecha 28.01.2025, del Gobierno Regional de La Araucanía.
12) Descripción de cargos y funciones de la funcionaria del Consejo Regional de La Araucanía Sra. nombre reservado.
13) Descripción de cargos y funciones de la funcionaria del Consejo Regional de La Araucanía Sra. nombre reservado.
14) Descripción de cargos y funciones de la funcionaria del Consejo Regional de La Araucanía Sra. nombre reservado.
15) Comprobante de envío carta certificada y Formulario admisión de Correos de Chile, de fecha 29.01.2025.- 16) Comprobante de trazabilidad doc digital de Memo N°169 de fecha 28.01.2025.- Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.
Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;
SEGUNDO: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la Resolución Exenta RA N°811/37/2025, dictada el 28 de enero de 2025 por el Gobernador Regional de la Región de la Araucanía, que puso término anticipado a la designación a contrata del Sr. nombre reservado, a partir del día 31 de enero de 2025;
TERCERO: Que esta Corte advierte que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, pues la resolución que pone término anticipado a la contrata dice relación con el principio de eficiencia en el gasto público, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio;
CUARTO: Que, por otra parte, de los decretos de nombramiento acompañados por la recurrida se desprende que el actor, desde 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2021, se desempeñó como prestador de servicios a honorarios; luego desde 1 de enero de 2022 tuvo un vínculo contractual como funcionario a contrata, hasta el término anticipado de esta, mediante resolución de 28 de enero de 2025.
Al respecto, cabe señalar que no procede computar el tiempo anterior en que el recurrente estuvo ligado mediante un contrato de prestación de servicios remunerado a través de honorarios, pues lo cierto es que los criterios de la Contraloría General de la República y de la Excma. Corte Suprema, en su caso, se refieren al tiempo que ha estado el trabajador ligado a una institución pública bajo la modalidad de “contrata”, y no por una prestación de servicios a honorarios.
QUINTO: Que, toda designación de funcionarios a contrata en la administración pública, de acuerdo con la Ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado a contrata para desempeñar funciones en la Gobernación Regional de la Araucanía “mientras sean necesarios sus servicios”, y que la resolución impugnada decidió terminar de forma anticipada dicha vinculación, contratas que, en conjunto, sumaron tres años por lo que no supera el lapso de cinco años, necesario para que opere la confianza legítima.
SEXTO: Que no se han vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente o bien discriminado al recurrente, lo que no ha sucedido.
Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil. Además, no se advierte arbitrariedad o ilegalidad en la decisión de la recurrida por lo que la privación de la remuneración al recurrente no constituye una limitación de su derecho de propiedad fuera del marco constitucional.
Finalmente, respecto libertad de trabajo del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, cabe señalar que, como se indicó anteriormente, no opera en el presente caso la confianza legítima alegada, porque no existe vulneración del derecho invocado por el argumento sostenido por el recurrente.
SÉPTIMO: Que, necesariamente, corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración, plasmada en la resolución impugnada, de terminar anticipadamente la contrata del actor para el año 2025, no es ni ilegal ni arbitraria y se efectuó en una resolución dictada por una autoridad facultada de conformidad al artículo 31 inciso segundo de la Ley 18.575 y el artículo 24 de la Ley 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, cumpliéndose además con el deber de fundamentación exigido por lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo de la Ley 19.880.- Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Claudio Arturo Bravo López, en representación de nombre reservado, en contra de la Gobernación Regional de la Región de La Araucanía.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepulveda.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
N°Protección-1399-2025 (pvb).