nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, uno de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don JAIME VENEGAS ALARCÓN, abogado, cédula de identidad número RUT reservado en representación de doña nombre reservado, Médico Cirujano, cédula de identidad N° RUT reservado., ambos con domicilio en domicilio reservado y, dice:

Que mediante esta presentación, encontrándome dentro de plazo y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de la República en su artículo 19 números 2; 3 inciso sexto y 24, en relación con la acción de protección consagrada en el artículo 20; lo dispuesto por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y; Disposiciones de la ley 19.880; de la ley 18.575; Estatuto Administrativo, y; demás disposiciones pertinentes, viene en accionar de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, RUT RUT reservado, representada por su rector el Dr. nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Temuco por el actuar arbitrario e ilegal en que han incurrido, amenazando y perturbando el derecho de propiedad de su representada y su garantía constitucional de igualdad ante la ley, según se dará cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que expondrá a continuación:

ANTECEDENTES PREVIOS.

Su representada, es médico EDF, en Etapa de Destinación y Formación, encontrándose actualmente estudiando la especialidad de Medicina Interna, a la que ingresó a través de concurso público en junio de 2022 en la Universidad de La frontera.

Desde un comienzo, le ocurrieron situaciones poco comunes en la beca, irregularidades en el trato y comentarios de pasillo que ennegrecían el ambiente, por lo mismo, tomo la decisión de enviar un correo electrónico a autoridades de la especialidad, solicitando una guía y orientación para evitar futuros malos entendidos, todo fue para peor. El correo electrónico llegó a manos del Comité Académico y desde ese entonces, comenzó a vivir un calvario, que culminaría con la obtención de notas insuficientes en un examen oral, aun cuando el promedio obtenido durante el curso de la beca, fuera de excelencia.

El Comité Académico citó entonces a su representada para el día 28 de octubre de 2022 a una reunión, en dicha oportunidad, le solicitaron un certificado de su psiquiatra tratante que certificase que estaba apta y no tenía patologías psiquiátricas graves que no le permitieran cursar la beca, cuestión muy extraña y que su representada cuestionó.

Se le indicó entonces que querían someterla a un análisis psiquiátrico, necesitando su visto bueno para ello, solicitud que causa una gran sorpresa a mi representada; accedió si, pues no quería tener problemas y solo quería poder seguir cursando la beca.

Fue tratada por el Dr. nombre reservado, quién le recetó un medicamento para no estar tan lábil emocionalmente, nada más. Se determinó por parte del médico que no sufría de patología alguna que la hiciera no apta para cursar la beca, no obstante ello, el Dr. Sepúlveda le indicó a su representada que debía mantenerse fuera de la beca mientras no estuviese lista su evaluación psiquiátrica.

La derivaron luego con el Dr. nombre reservado, psiquiatra de la Universidad de La Frontera, quien indicó que no evidenció trastorno alguno que impidiera a su representada seguir cursando la beca. No obstante ello, la derivaron con doña nombre reservado, psicóloga, quien le realizó una serie de exámenes y concluyó que podía volver su representada a la beca pues no se observaba psicopatología alguna que pudiera afectar su desempeño profesional y/o académico.

Luego de tres distintas evaluaciones, todas con las mismas conclusiones: que su representada era apta y no tenía patología alguna que la inhabilitara para cursar la beca, recién se optó por parte de las autoridades, autorizarle volver a cursar la beca.

Así ocurrió que el 22 de diciembre de 2022, cuando fue citada a una reunión con el Comité Académico, constituido por la Dra. nombre reservado, el Dr. nombre reservado y la Dra. nombre reservado, quienes le indicaron que podría retornar a sus actividades de la beca el 23 de diciembre de 2022. En dicha oportunidad, le exhibieron a su representada un informe impreso que indicaba que según la entrevista psicológica que le realizaron previo al ingreso de la beca ella no estaba habilitada psicológicamente para ingresar a la beca, esto llamó mucho la atención a su representada ya que el tener un informe favorable en dicha entrevista es requisito excluyente para poder ingresar a la beca de medicina interna de la Universidad de la Frontera.

Estuvo entonces su representada, dos meses fuera de sus actividades académicas, por haber solicitado ayuda por asuntos de género que por lo demás no se le comunicaron a la Dirección de Equidad de Género de la UFRO.

El 23 de diciembre entonces volvió a clases la recurrente, Dra. nombre reservado, siendo postergadas sus evaluaciones, que en principio debía rendir con sus compañeros de curso. De hecho, el examen de los 6 meses fue rendido por todos, menos por ella, la primera semana de enero de 2023.

Su representada, por haber estado fuera 2 meses debido a estas evaluaciones psiquiátricas y psicológicas a las que debió someterse por indicación de directivos de la beca, no pudo rendir el examen, pues no se lo permitieron; luego, por reglamento interno de la beca, se le otorgaron vacaciones desde el 16 de enero hasta el 03 de febrero.

Luego del 03 de febrero, se retomaron las actividades académicas, consultó entonces la Dra. nombre reservado el día 01 de marzo de 2023, cuándo daría el examen de los 6 meses. Le respondieron que ya le habían enviado un correo electrónico indicando la fecha, correo electrónico que nunca fue enviado, es más, un par de días después la secretaria de postgrado de la especialidad le envió la fecha del examen, fijando este para el 08 de marzo de 2023 a las 23.30 horas. Ese día, su representada estaría saliendo de turno de 24 horas, por lo que no estaría ni físicamente apta para dar el examen, por ello solicito reagendamiento y se le otorgó, quedando el examen para el viernes 10 de marzo de 2023.

El examen se llevó a cabo de forma escrita, no se le dio a doña nombre reservado, la posibilidad de revisar su examen, sólo se le dijo que había obtenido un 4.4, nota insuficiente, pues la nota mínima para aprobar era un 5.0.-.

Días después, el 20 de marzo, solicitó su representada a través de un correo electrónico enviado al Dr. Pérez, hacer uso de su derecho a revisar el examen, correo que nunca tuvo respuesta, pero presencialmente se le indicó que podría revisarlo, así lo hizo el mismo día que se le informó, el 22 de marzo a las 11:30 am, cuando recién pudo revisar su examen escrito, hizo varios reparos, pues había respuestas calificadas como incorrectas que según los libros y apuntes con los que estudió eran correctas, pero nada de ello fue tomado en cuenta.

Luego de la revisión sin efectos, consultó su representada por la posibilidad de rendir prueba de repetición, el Dr. Pérez le indicó que luego reunirse con el comité académico le daría una respuesta, se la dieron el día 28 de marzo a través de un correo electrónico, indicando que el examen de repetición frente a comisión sería dos días después, el 30 de marzo a las 08:00 horas, ahora bien, su representada consultó mucho si la evaluación teórica sería oral o escrita, respuesta que nunca le dieron.

Doña nombre reservado fue evaluada oralmente por una comisión integrada por 4 docentes, le expusieron 3 casos clínicos y le hicieron preguntas asociadas a cada uno, cada docente la evaluó por su cuenta obteniendo las siguientes notas: 6,0-5,0-3,4-4,0 todo lo que da un promedio de 4,6.

Verbalmente la Dra. nombre reservado le dijo: “Estás fuera de la beca”.

Es contrario a lo dispuesto en el programa de formación, la decisión de haber reprobado a su representada en el acto de evaluación del examen oral, pues debieron considerarse también las notas obtenidas hasta esa fecha.

No pudo su representada, optar por la renuncia al programa pues como estuvo 2 meses fuera producto de las evaluaciones psiquiátricas arbitrarias a las que fue sometida, ya había transcurrido el plazo de 6 meses donde podría haber renunciado.

A la fecha de rendición del examen oral, su representada contaba con un promedio general de 6.0.

Interesante es que el sistema de la Universidad, hasta el 03 de abril, arrojaba una nota 6.0 en la asignatura Medicina Hospitalaria I., pero luego, el 12 de mayo, esta asignatura figura como reprobada, con una nota 4.6 ¿A qué se debe este cambio en la asignatura? Al parecer SSI., hubo una alteración en las notas, todo ello para justificar el acto arbitrario e ilegal de eliminación de beca de mi representada.

Por otro lado, se intentó en varias oportunidades y por distintas vías por parte de su representada, obtener el acto administrativo que dispusiera la eliminación de la beca, lo que no ocurrió sino hasta fines de noviembre del presente año, cuando se le notificaron vía carta certificada dos resoluciones administrativas que dan cuenta de la eliminación.

Desde abril a noviembre de este año, ocurrieron una serie de acontecimientos importantes.

El martes 02 de mayo, concurrió su representada a prestar declaración al Departamento de Coordinación de Acogida y seguimiento de casos de la Universidad de la Frontera, donde la acompañé formalmente y se nos informó por parte de las funcionarias que se iniciaría un sumario administrativo, esto luego de que la Dra. nombre reservado expusiera latamente los distintos tratos discriminatorios que sufrió durante el transcurso de la beca.

El lunes 29 de mayo concurrió doña nombre reservado a prestar declaración en el sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°13633 de 26 de abril de 2023. El mismo día, realizó una presentación a la Contraloría Regional de la Araucanía con la finalidad de obtener el acto administrativo de eliminación de beca, sin respuesta.

El 03 de junio, se solicitó vía transparencia, el acto administrativo de eliminación de beca, sin respuesta.

El 18 de julio de 2023, se obtuvo, a través de correo electrónico de don nombre reservado, funcionario de la Universidad de la Frontera, comunicación interna de la Universidad de la Frontera, resolución interna DAP N°157/2023 de 13 de junio de 2023 que reconoce eliminación de doña nombre reservado, emitida por el Vicerrector de Investigación y Postgrado Dr. nombre reservado, documento que nunca se notificó formalmente, pues solo se envió vía correo electrónico y únicamente gracias a las insistencias de su representada, no obstante aquello, se interpuso de reposición y jerárquico recurso administrativo, recién se resolvió el 24 de noviembre del presente año enviándose carta certificada a doña nombre reservado ese mismo día.

El 07 de agosto de 2023 doña nombre reservado fue presencialmente a la Universidad de la Frontera a preguntar por la tramitación del recurso de reposición con jerárquico en subsidio, le indicaron que enviara un correo electrónico, lo que hizo el 14 de ese mismo mes.

Recién el 26 de septiembre el Vicerrector de la Universidad de la Frontera, don nombre reservado, respondió correos electrónicos acusando recibo de la información e indicando que pronto daría una respuesta.

El 26 de octubre de 2023 se solicitó vía oficina de partes de la Universidad de la Frontera, se rindiera cuenta de la tramitación de los recursos administrativos.

21 de noviembre de 2023, nuevamente se solicitó respuesta a los recursos de reposición y jerárquico.

Viernes 24 de noviembre, se envían vía correo electrónico a su representada y se remiten por carta certificada las siguientes resoluciones:

Resolución Interna N°39VRIP de 20 de noviembre de 2023 que rechaza recurso de reposición confirmando eliminación de estudiante que indica.

Resolución Exenta 3759/2023 de 24 de noviembre de 2023 que rechaza recurso jerárquico y confirma eliminación de estudiante que indica.

Los actos administrativos que rechazan el recurso de reposición y el jerárquico. Ambas resoluciones, rechazan los recursos interpuestos por su representada, fundándose en que la reprobación de ella, se habría realizado de forma legal, pero no podemos estar más en desacuerdo con aquello, por las siguientes razones:

No cumplen con los estándares mínimos de todo acto administrativo, condiciones establecidas en la ley 19.880 puesto que no se consigna con precisión los hechos y las razones que habrían dado lugar a su reprobación, es tan así, que no se acompañan los informes de las asignaturas, creemos que es justamente porque hubo una alteración en la nota obtenida en la asignatura Medicina Hospitalaria I.

Además, no se tiene en cuenta, que por situaciones ocurridas durante el curso de la Beca y en la eliminación, es que su representada interpuso un reclamo por discriminación de género, sumario que actualmente se encuentra en tramitación.

Se menciona, nuevamente, un informe académico elaborado por le Dr. nombre reservado, pero no se agrega ningún extracto de dicho informe y tampoco se acompaña, no bastándose entonces las resoluciones en si mismas para motivar la decisión de eliminación de beca y de rechazo de los recursos interpuestos.

Carecen entonces las resoluciones de la debida fundamentación suficiente vulnerándose el artículo 8 de la Constitución Política de la República que establece como elemento de legitimidad de toda actuación estatal, la expresión de los fundamento o motivaciones del acto; el artículo 11 inciso segundo, como también el artículo 41 inciso cuarto y sexto, ambos de la Ley de Bases de los Procedimientos administrativos, ley número 19.880.

En definitiva, ocurrieron actos irregulares durante la beca: las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forzosas que la tuvieron dos meses fuera del curso de especialidad en medicina interna; alteración de la nota obtenida en Medicina Hospitalaria I; no dictación del acto administrativo de eliminación de beca sino luego de insistir su representada en la entrega de ese acto, el que se dictó recién el 18 de julio de 2023; evaluación sin ajustarse a la normativa interna; comunicación sin justificación de eliminación de la beca al Servicio de Salud Osorno, y; dictación de resoluciones que rechazan la reposición en contra del acto administrativo de eliminación sin la debida fundamentación legal, Actuaciones y actos administrativos todos arbitrarios e ilegales que afectan gravemente las garantías de igualdad, debido proceso y propiedad de mi representada.

En cuanto a la fundamentación y motivación: “El deber de fundamentación o motivación del acto administrativo consiste en la exposición clara y precisa de los motivos que indujeron al órgano de la Administración del Estado a la emisión del acto administrativo” así lo indican los profesores Osorio y Vilches.

Don nombre reservado señaló en un antiguo trabajo “la motivación- consignación de los motivos en el mismo acto administrativo- aparece como fundamental para asegurar el adecuado control jurídico de la decisión por parte del juez quien tampoco conocería los fundamentos del acto impugnado ante él, posibilitando, por ende, que el proceso por medio del cual se encauce la acción que un particular ejerce en su contra, se armonice adecuadamente con aquella garantía constitucional del debido proceso”

Por otro lado, la Contraloría General de la República ha dicho lo siguiente: “es menester señalar, que la dictación de actos administrativos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales –como sería aquel que establece la jornada de trabajo del personal de Carabineros de Chile-, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración de motivar sus actos, lo que tiene por objeto asegurar que tales actos no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, esto es, que dichos actos cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente.”

Es decir, la mera enunciación genérica de hechos y de informes sin desarrollo alguno del razonamiento que lleva a la reprobación, no puede considerarse como motivación suficiente, viéndose afectado el principio de juridicidad que “en un concepto amplio y moderno, conlleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan al mero capricho de la autoridad pues, en tal caso, resultarían arbitrarios y, por ende, ilegítimos”.

1.- Dictamen 42.268 de 2004 de la CGR.

Los hechos en los que se funda el acto administrativo, deben ser ciertos, reales, haber ocurrido. Así lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema: “Control de los hechos determinantes, esto es de la existencia y realidad del supuesto de hecho que habilita para el empleo de la potestad, pues estos son supuestos reglados de la potestad que habilitan su ejercicio y por lo tanto siempre sujetos a control judicial.(…) (c) Control del fin, esto es el ejercicio de la potestad discrecional, por amplia que esta hubiese sido concebida, sólo puede ser ejercida para los fines públicos para los cuales fue conferida la potestad, de lo contrario incurre en la denominada desviación de fin o de poder (…). (d) Control de razonabilidad de la decisión, esto es que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitar (más allá de una mera cita de normas y hechos) mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión, de manera que se acredite la racionalidad intrínseca, es decir, coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse” Las resoluciones que rechazan la reposición y el jerárquico en subsidio, carecen por completo de razonabilidad, por todas las razones ya expuestas.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. - Derecho de propiedad.

La eliminación de la beca, ha perturbado la garantía constitucional del número 24 artículo 19 de nuestra carta fundamental, porque su representada ha dejado de percibir sus remuneraciones luego de que fue eliminada de la beca y destituida del Servicio de Salud Osorno.

Igualdad ante la ley.

El artículo 20 de nuestra Constitución, comprende dentro de su ámbito de garantías el número 2° del artículo 19, por consiguiente, se resguarda mediante la acción de protección, la igualdad ante la ley.

La igualdad ante la ley, es un valor y un principio constitucional de la más alta relevancia. Las constituciones les suelen dedicar disposiciones claras, completas y específicas, rasgo que no se advierte a propósito de otro valor y principio de mayor relevancia como es la libertad.

La igualdad y la libertad de las personas, son valores y principios básicos del constitucionalismo. Se concretan con el carácter de derechos públicos subjetivos esenciales y universales, muy próximos a la fuente de todos los atributos inalienables del ser humano, esto es, la dignidad. Por ese carácter primordial y amplio, el cual se irradia o proyecta en todos los derechos fundamentales, algunos autores sostienen que la igualdad y a la libertad son el fundamento de todos los atributos inherentes a la naturaleza humana, individualmente y asociada. Consecuente con el rasgo expuesto, constituciones vigentes como la de Alemania y España no se refieren a la igualdad en cuanto derecho pues la realzan aún más, al situarla en el nivel de los valores determinantes del sentido del ordenamiento jurídico completo, incluyendo el código político.

La Igualdad, para que sea bien entendida y concretada, presupone una hermenéutica convencida de la necesidad de que llegue a ser justa. No basta lo que digan los artículos de la Constitución y las leyes, puesto que, es necesario, que la interpretación y aplicación de esas normas sean hechas con sujeción a la justicia. Es esta disposición del intérprete la que lleva, en definitiva, a la equidad.

Don nombre reservado señaló en la comisión de estudios de la Constitución de 1980 que, al hablar de isonomía justa, es decir, de no discriminación, “se trata lisa y llanamente, de que, desde el punto de vista de la psicología social, no haya ninguna distinción entre las diferentes personas y grupos(…)” y agrega que: “no se podrá autorizar ninguna discriminación arbitraria, se está prohibiendo tratar en forma diferente situaciones idénticas o tratar en la misma forma situaciones diferentes, porque se trata, precisamente, de la discriminación arbitraria”.

En el presente caso se perturba la igualdad ante la ley ya que se discriminó a su representada durante el curso de la beca, en su evaluación y al no dictarse actos administrativos fundados al establecerse su eliminación y los posteriores que fallaron los recursos administrativos presentados.

El debido proceso.

Ya dijo que sui representada tuvo conocimiento formal de su eliminación de beca por una comunicación interna de la Universidad de la Frontera que se le notificó, pero dicho Acto Administrativo, no podría poner término a su beca pues no fue dictado por quién contaba con la facultad legal para ello, por otro lado, se tarda la Universidad de la Frontera 2 meses y medio luego de la última evaluación, en dictar el acto administrativo de eliminación, infringiéndose entonces el principio de legalidad del derecho administrativo y configurándose una falta de fundamentación en el origen de todo el procedimiento administrativo, afectándose el debido proceso.

Principio de legalidad.

Consagrado en los artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Como bien dice el actual ministro de justicia, profesor nombre reservado: “la actuación administrativa es una actividad típica en el sentido que ha de realizarse dentro de los límites que las normas establecen”

Principio claramente vulnerado a lo largo de todo el procedimiento.

Pide concretamente tener por interpuesta acción de protección en contra de la Universidad de la Frontera ya incivilizada, tramitarlo como en derecho corresponde y se declare arbitrario e ilegal el actuar de la Universidad de la Frontera respecto de su representada, así como los actos administrativos que rechazan la reposición y el jerárquico en subsidio, ya individualizados, dejándolos sin efecto, y ordenando que se le reintegre a la beca, con expresa condena en costas.

INFORME RECURRIDA:

A folio 11 don Juan Eduardo Erices Reyes, abogado, en representación de UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA en los autos caratulados “nombre reservado/UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA”, informa recurso de protección y expone:

I.- ANTECEDENTES DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Refiere el recurrente mediante la presentación de la presente Acción de Protección en contra de Universidad de la Frontera, los siguientes antecedentes:

1.- Que Resolución Interna N° 39 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que rechaza Recurso de Reposición, confirmando la eliminación de la Dra. nombre reservado, en razón que, al haber reprobado en dos oportunidades el Examen de Continuidad, sería un acto ilegal y arbitrario, el cual solicita se deje sin efecto.

2.- Que a través de lo anterior se habrían conculcado las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2, 19 Nº3 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

3.- Señala que la renovación de una contrata administrativa, vulneraría el principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

4.- Por intermedio del presente informe, se demostrará que los argumentos vertidos por la recurrente no son ajustados a derecho y que la decisión de no renovación de la contrata administrativa se encuentra debidamente motivada y fundamentada.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Que, con fecha 28 de febrero de 2022, por ORD. C108/N°739, del Subsecretario de Redes Asistenciales, se informa que ha terminado el proceso de selección para acceder a Cupos de Especialización año 2022, para Médicos Cirujanos contratados por el Art. 8° de la Ley N° 19.664, en la etapa de destinación y formación de los servicios de salud, convocado por las Resoluciones Exentas N°811 y 812 de 03 de noviembre de 2021; figurando como una de las médicos cirujanas selecciones doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en el programa de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios, iniciando sus actividades académicas con fecha 01 de junio de 2022.

2.- Que, la Sra. nombre reservado, cursó actividades académicas durante el periodo comprendido desde el 01 de junio de 2022 al 31 de marzo de 2023, cumpliendo con una asistencia a sus actividades formativas de carácter clínicos asistenciales con un 92.7% de asistencia, considerando una licencia médica desde el 11 de octubre de 2022 por un periodo de 15 días.

3.- Que, con fecha 22 de diciembre de 2022, el Comité Académico del Programa de Especialización en Medicina Interna, evaluó la situación académica de la Dra. nombre reservado, en donde la Dra. nombre reservado manifiesta que está en condiciones de reintegrarse a sus actividades, por lo tanto, se acuerda el reinicio de sus actividades para el día viernes 23 de diciembre de 2023, existiendo el compromiso de apoyo por parte del Comité Académico.

4.- Que, según lo regulado en el Art. 32 del Reglamento de Programa de Especialidad en Medicina Interna, aprobado por Resolución Exenta N° 1567 de fecha 20 de octubre de 2020, que señala: El Comité Académico durante el primer año, evaluará la continuidad de cada estudiante mediante un “Examen de Continuidad” a tomarse al final del primer semestre. La calificación de aprobación deberá ser mayor o igual a 5,0. En caso de ser menor esta calificación, tendrá derecho a repetir este examen por única vez en un plazo máximo de 30 días, sin necesidad de elevar solicitud para aquello.

Así las cosas, con fecha 08 de marzo de 2023, la Dra. nombre reservado rindió Examen de Continuidad, obteniendo una calificación de 4.3 (siendo la nota mínima para aprobar un 5.0), por tanto, con fecha 31 de marzo de 2023, la Dra. nombre reservado se presenta y rinde Examen de Repetición, en el cual obtuvo una calificación de 4.6, reprobando el examen en segunda oportunidad, y, en consecuencia, procediéndose a su eliminación del Programa de Especialización en Medicina Interna, la que se formalizó, reconociéndose su eliminación del Programa, por Resolución Interna DAP N° 157 de fecha 13 de junio de 2023.

5.- Que, con fecha 25 de julio de 2023, la Dra. nombre reservado interpuso Recurso de Reposición con Recurso Jerárquico en Subsidio, en contra de la Resolución Interna DAP N° 157.

6.- La letra b del mismo artículo 2 establece el principio de la calidad, conforme al cual “Las instituciones de educación superior y el Sistema de que forman parte deben orientarse a la búsqueda de la excelencia; a lograr los propósitos declarados por las instituciones en materia educativa, de generación del conocimiento, investigación e innovación; y a asegurar la calidad de los procesos y resultados en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad …”

7.- Por lo tanto, no cabe duda de que la Universidad es autónoma para evaluar a sus alumnos y, dado los términos de la ley, es la Universidad la responsable de que el profesional que haya egresado de la misma y que haya sido aprobado por la institución, cuente con las aptitudes, conocimientos y capacidades para ejercer conforme al título que se le ha otorgado. En un área tan relevante como lo es la salud de las personas ello cobra una relevancia suma desde que se vincula con el derecho más importante de que estamos investidos los sujetos, el de la vida.

8.- Por lo expuesto, es irrebatible que la Universidad al calificar, conforme a sus parámetros, el desempeño académico de la recurrente, lo ha hecho en ejercicio no solo de una facultad sino, además, de un deber que le es propio y que no puede ser dirigido, como se pretende en el recurso, por el alumno interesado en obtener que se le otorgue un título o grado profesional.

9.- No cabe duda, entonces, que la recurrente incurrió en causales de eliminación y que, por lo tanto, la universidad ha procedido conforme a la reglamentación pertinente al así declararlo.

10.- Finalmente, en virtud de lo anteriormente expuesto, respecto de la eventual vulneración de derechos fundamentales invocada, particularmente de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, principio de legalidad y el derecho de propiedad. Es menester señalar que la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, tienen como necesaria consecuencia la ausencia de conculcación de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental y garantizados por Acción de Garantías Constitucionales consagrada en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Pide concretamente declarar que se rechaza el Recurso de Protección, por carecer éste de fundamento por no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de mi representada que lesione alguna garantía fundamental del recurrido, todo ello con expresa condenación en costas.

Adjunto a su informe los siguientes documentos:

1.- Resolución Interna DAP N° 157 de fecha 13 de junio de 2023, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, de la Universidad de la Frontera.

2.- Resolución Interna N° 39 de fecha 20 de noviembre de 2023, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, de la Universidad de la Frontera.

3.-Resolución Exenta 3759/2023 de la Universidad de la Frontera.

4.- Ficha de avance curricular de la Estudiante.

5.- Resolución Exenta 2155/2010 de la Universidad de la Frontera, fija Reglamento de Especialidades.

6.- Resolución Exenta 1567/2020 de la Universidad de la Frontera, fija Reglamento del Programa de Especialidad de Medicina Interna.

Se escuchó los alegatos de los abogados tanto de la parte recurrente como recurrida en la audiencia del día veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, finali9zada la cual quedó en acuerdo. Logrado éste, se redacta la presente sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección ha sido consagrado con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen explícitamente a través de este mecanismo de tutela preferente, a fin de restablecer el imperio del Derecho y otorgar la debida protección al ofendido y, como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que en concordancia con este propósito de la acción constitucional, y los antecedentes tenidos a la vista, cabe dilucidar si efectivamente el hecho de no haber obtenido la recurrente la nota mínima de aprobación - 5.0 -, en el examen de continuidad en el programa de especialización, y en el de repetición del mismo, contemplado como requisito para avanzar en ella, y que implicaba su eliminación conforme al reglamento del mismo, y haberse rechazado el recurso de reposición y jerárquico deducido, importa una actuación ilegal, contraria al ordenamiento jurídico, o arbitraria, por mero capricho, de la universidad recurrida.

Tercero: Que para la acertada resolución de lo planteado, esta Corte tiene presente que son hechos indubitados, al no ser controvertidos y refrendados, además con la documentación adjunta al informe de la recurrida, y útiles de consignar, los siguientes:

1.- Que el artículo 10 del Reglamento del Programa de Especialidad de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera dispone: “Una vez aceptados en el programa, los estudiantes, independientemente del origen de su financiamiento (Ministerio de Salud u otra entidad de Salud o autofinanciamiento) adquirirán la condición de “Estudiantes de la Universidad de La Frontera”. Aquellos con financiamiento MINSAL o de los Servicios de Salud, se regirán por el Reglamento de Becarios de la Ley 15.076 y 19.664 del Sistema Nacional de Servicios de Salud (decretado en 1988 y en 2003), en lo relativo a sus responsabilidades contractuales, administrativas y financieras y por el Reglamento General de Especialidades (Resolución Exenta N°2155 de 23 junio de 2010) y por el presente reglamento para todos los fines académico”.

2.- Que el artículo 32 de dicho Reglamento señala que: “El Comité Académico durante el primer año, evaluará la continuidad (destacado nuestro) de cada estudiante mediante un “Examen de Continuidad” a tomarse al final del primer semestre. La calificación de aprobación debe ser mayor o igual a 5,0. En caso de ser menor a esta calificación, tendrá derecho a repetir este examen por única vez en un plazo máximo de 30 días, sin necesidad de elevar solicitud para ello.”

3.- Que el artículo 46 de dicho Reglamento establece que serán causales de eliminación del programa las siguientes:

a) Reprobación del Examen de Continuidad de la Especialidad por segunda vez. (destacado del redactor).

b) Reprobación del examen final de primer año rendido por segunda vez.

c) Reprobación de una segunda actividad curricular durante el periodo total de formación.

d) Reprobación de una misma actividad curricular por segunda vez durante el periodo total de formación.

e) Reprobación del examen de repetición del Examen Final de Especialidad fase teórica o práctica.

4.- La Ley General de Educación (N° 20.370 o LGE) es la ley chilena que establece la normativa marco en materia de educación. Fue publicada en el Diario Oficial del 12 de septiembre de 2009. Este cuerpo legal reemplazó a la Ley Nº18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990, dejando vigente el párrafo 2º, y su Título IV, referidos a la educación superior. El actual texto de la LGE se encuentra refundido, coordinado y sistematizado, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2005 (que fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza), en el Decreto con Fuerza de Ley Nº2 del Ministerio de Educación del año 2010.

5.- A su turno, la educación superior (universitaria) se haya regulada hoy en la Ley N° 21.091 publicada en el Diario Oficial del 29 de mayo de 2018, la cual establece en 9 su artículo 2 letra a, el principio de la autonomía Universitaria, que consiste en lo que interesa a este recurso que “… las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”

6.- La letra b del mismo artículo 2 establece el principio de la calidad, conforme al cual “Las instituciones de educación superior y el Sistema de que forman parte deben orientarse a la búsqueda de la excelencia; a lograrlos propósitos declarados por las instituciones en materia educativa, de generación del conocimiento, investigación e innovación; y a asegurar la calidad de los procesos y resultados en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad …”

Cuarto: Que al parecer de estos sentenciadores, la ilegalidad y arbitrariedad denunciada por la recurrente no concurre, por cuanto el actuar del cuerpo docente de la Universidad de la Frontera a cargo de la beca de especialización de medicina interna, y la decisión final tomada por su órgano directivo al rechazar recurso de reposición y jerárquico, se ha ajustado al Reglamento vigente de la misma y que era conocido de los becarios con la debida antelación, y ello, más allá de la narrativa del recurso sobre eventuales acciones de acoso y de discriminaciones de género que señala haber sufrido la recurrente en forma previa a su evaluación de continuidad y que se investigan en sumario administrativo instruido al efecto, en el cual se deberán acreditar, y que por lo mismo escapa al ámbito de esta acción cautelar de urgencia que requiere la existencia de derechos indubitados afectados por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, lo que no se observa en ese caso.

Quinto: Que como corolario de lo reflexionado, para esta Corte, no cabe duda de que las Universidades son autónomas para evaluar a sus alumnos y, dado los términos de la ley, son ellas las responsables de que el profesional que haya egresado de la misma y que haya sido aprobado por la institución, cuente con las aptitudes, conocimientos y capacidades para ejercer conforme al título que se le ha otorgado, con mayor razón en un área tan relevante como lo es la salud de las personas.

En este orden de ideas, es incuestionable que la Universidad recurrida al calificar, conforme a sus parámetros, el desempeño académico de la recurrente, lo ha hecho en ejercicio no solo de una facultad sino, además, de un deber que le es propio y que no puede ser dirigido, como se pretende en el recurso, por el alumno interesado en obtener que se le otorgue un título o grado profesional. No obtuvo la nota requerida para continuar, su eliminación no fue arbitraria ni ilegal.

Ergo, la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, tiene como necesaria consecuencia la ausencia de conculcación de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental y garantizados por Acción de Garantías Constitucionales consagrada en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por JAIME VENEGAS ALARCÓN, en representación de doña nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese.

Protección Rol 13.985-2023.(ela)

Redacción a cargo del ministro titular, sr. Carlos Iván Gutiérrez Zavala.