nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece PAULA CATALAN PÉREZ, abogada en representación de nombre reservado, médico, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT, representada, para estos efectos, por su alcalde, don BALDOMERO SANTOS VIDAL, contador público y auditor, o por quien lo subrogue o reemplace, todos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso de protección en que el recurrente es de profesión médico general, con contrato tipo plazo fijo desde en el 03 de Julio del año 2017, en el Departamento de Salud Municipal de Teodoro Schmidt, supervisado por el servicio de salud Araucanía Sur.

Desde el inicio de la relación laboral cuenta con excelentes calificaciones, sin problemas disciplinarios y con un desempeño muy bien evaluado tanto por los demás trabajadores como por los usuarios del sistema de salud.

El recurrente presenta un cuadro depresivo de larga data, caracterizado por labilidad emocional anhedonia, irritabilidad, episodios compatibles con crisis de ansiedad paroxística, marcada dificultad para concentrarse, síntomas somáticos múltiples, cefalea, cervicalgia, bruxismo, marcada fatiga cognitiva y física, y, desorden severo del sueño.

Los hechos descritos son de carácter grave, y, además, se ha intensificado producto de complejas situaciones familiares y los rechazos de las licencias médicas, unido a la constante presión que mantiene de su empleador y una compleja situación socioeconómica por la retención de la totalidad de sus remuneraciones, producto de lo ya expuesto.

Lo anterior se hace presente, ya que, todas estas circunstancias hacen que la situación de don nombre reservado se encuentre en una evolución de apertura a nuevas situaciones estresantes, lo que lo hacen requerir de tiempo de reposo y elaboración de estos procesos sin presiones laborales. Por ende, podemos afirmar que el proceso médico para estar completamente sano y, por ende, poder retomar su actividad laboral está lejos de poder concluir, ya que la sintomatología diagnosticada en el recurrente se mantiene, quien, con bastante fundamento, ha materializado el 01 de Diciembre de 2023 reclamos ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN.

Así las cosas, a causa de la afectación psiquiátrica y psicológica sufridas por el señor nombre reservado, y, viéndose afectado su desempeño laboral, por la sintomatología que la enfermedad tiene, es que se vio obligado a hacer uso de licencias médicas, lo que lo ha mantenido en reposo médico, hasta la fecha de esta presentación.

Con fecha 28 de Noviembre de 2023, la Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidth remitió un correo electrónico a la recurrente por el cual se le notificaba el DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1713, de fecha 27 de Noviembre de 2023, cuya referencia es la siguiente: “AUTORIZA DESCUENTO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS SR. nombre reservado”

Luego de citar las disposiciones legales y reglamentarias que en concepto de la municipalidad recurrida autorizarían la restitución, el documento concluye que el recurrido debe reembolsar la suma de $13.826.765 por concepto de licencias médicas no reembolsadas, autorizando además el descuento del 100% de las remuneraciones mensuales desde el mes de noviembre año 2023.

Por ende, a todas luces, el acto administrativo que dispone el descuento es ilegal y arbitrario.

Es ilegal, puesto que de conformidad a la forma en que deben tramitarse las licencias médicas de los funcionarios municipales, servicios incorporados, programas especiales y trabajadores sujetos al Código del Trabajo, en los casos en que la ISAPRE o la COMPIN rechace o reduzca la licencia médica, el trabajador debe interponer el reclamo correspondiente. Y, en caso que el recurso interpuesto sea rechazado por la COMPIN, o transcurran los plazos que la ley contempla para la interposición de los mismos, sin que se hayan ingresado al organismo, se dirigirá consulta al funcionario en orden al ejercicio que contempla el artículo 67 de la Ley 10.336, ante el Contralor General, esto es la solicitud de condonación o facilidades de pago de las sumas recibidas indebidamente y para el evento que esto no se haga efectivo, lo que deberá acreditarse, se procederá al descuento de forma inmediata de la remuneración correspondiente del funcionario. Lo anterior sin perjuicio de las restantes instancias en que el funcionario pueda reclamar contra la resolución de rechazo”.

A su vez, el referido Artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece que:

“El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.

Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas.

Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento.

Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.

Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran”.

El alcalde subrogante recurrido optó por hacer efectivo dicho cobro por sí y ante sí- efectuando un descuento remuneracional- sin respetar su propio procedimiento y sin oír al recurrente.

Así las cosas al no haber dado cumplimiento a la normativa legal descrita y a la forma de tramitación de las licencias médicas para los funcionarios municipales, es claramente ilegal.

Es, además, arbitrario, porque no entendemos que exista una razón suficiente para que el órgano público no de cumplimiento a la normativa y el procedimiento aplicable para este tipo de casos y al infringirlo abiertamente sin razón suficiente hace que su actuar a través del DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1713, de fecha 27 de Noviembre de 2023, sea antojadizo.

Por otro lado, y alternativamente sostenemos que la recurrida ha actuado también en forma arbitraria ya que el recurrente, como señalamos, el 01 de Diciembre de 2023 formuló reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social respecto de las 10 licencias rechazadas por la Compin.

De acuerdo al cuadro antes indicado, y de la documentación acompañada a esta presentación, está claro que la totalidad de los rechazos de las licencias médicas de mi representado aún están pendientes de resolución en primera instancia, no teniendo, la recurrida, un derecho indubitado sobre la acreencia incoada para exigir unilateralmente dicho cobro en este estadio. En este sentido visualizamos más un ánimo punitivo y de coerción que la razonabilidad de la decisión de cobro.

GARANTÍAS CONSTITUCIONAL AFECTADA Y FORMA DE AFECTACIÓN.

Los hechos descritos, se traducen en que el recurrente ha sido víctima de un acto arbitrario e ilegal que le causa privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos fundamentales, específicamente amenaza su Derecho de Propiedad, garantizado por el Artículo 19, numeral 24 y la priva de un “procedimiento Racional y Justo”, de un debido proceso, contemplado en el Artículo 19 numeral 3, ambos de nuestra Carta Magna.

En efecto, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, el Municipio recurrido ha contravenido las disposiciones legales que regulan la restitución de montos pagados mientras el trabajador hace uso de licencias médicas que a la postre resultan rechazadas.

En efecto, el mecanismo de descuento de las sumas indebidamente percibidas, contempla los trámites siguientes:

1. La consulta dirigida al funcionario sobre si solicitará el ejercicio del derecho que contempla el Artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; y, 2. La acreditación de que tal derecho no se haya hecho efectivo, acreditación que corresponde a la municipalidad, en los términos que dispone su propio reglamento.

En este caso no se ha constatado ninguna de estas circunstancias y, a mayor abundamiento, sostenemos que la facultad para disponer los descuentos de remuneraciones corresponde exclusivamente al Contralor General de la República, de conformidad a lo dispuesto en la ley.

Efectivamente, conforme a nuestro ordenamiento, los órganos del Estado actúan válidamente prevista investidura regular de sus integrantes y dentro de su competencia. Por tal razón, se dispone en el Artículo 7° de la Constitución Política de la República que: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. La ley no le ha conferido a ningún alcalde la facultad de descontar de las remuneraciones de un funcionario municipal las sumas que se le hayan pagado indebidamente, porque tal facultad reside solamente en el Contralor General de la República, según lo expresa el inciso 1° del Artículo 67 de la Ley 10.336, ya citado. Siendo así, el alcalde subrogante de la comuna de Teodoro Schmidt ha excedido el marco de sus atribuciones, arrogándose una competencia que la ley no le ha otorgado.

Es decir, a pesar de que no se reúnen en este caso ninguno de los presupuestos para proceder al reintegro de las remuneraciones, el municipio recurrido, por sí y ante sí ha ordenado dicha restitución, disponiendo, sin previa consulta del recurrente la retención del 100% de sus remuneraciones, a contar del mes de Noviembre del año 2023.

Por otro lado, como señalamos, se sustenta el presente Recurso de Protección en el hecho que el recurrente se encuentra actualmente en proceso de reclamo contra la decisión de rechazo de las licencias médicas cuyo reintegro se ordenó practicar por la Municipalidad recurrida, proceso que a esta fecha no se encuentra afinado en primera instancia, por lo que no tiene el recurrido un derecho indubitado, sumado a que el actuar a través del Decreto Alcaldicio señalado es ilegal por las razones ya expuestas.

Por todo lo antes expuesto en esta presentación, somos enfáticos en concluir que el actuar de la entidad edilicia recurrida ha vulnerado los siguientes derechos de don nombre reservado:

a. El “Debido Proceso”, manifestado en el Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República de Chile, que se traduce en que toda resolución de un órgano administrativo debe materializarse dentro de un procedimiento racional y justo, con garantías de un contradictorio donde el afectado pueda ser oído; y, b. El Derecho de Propiedad, consagrado en el Artículo 19 N° 24 del Código Político, que garantiza “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Por su parte, el Artículo 565 del Código Civil establece que: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales”. Luego dispone expresamente que las cosas incorporales son: “[…] las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas”.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.

Conforme al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el plazo de interposición, según el Artículo 1°, es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión, o bien, desde que se haya tomado conocimiento cierto de los mismos. En este caso, el último acto del que se ha tenido noticia consiste en el correo electrónico remitido a mi representado por su empleadora, con fecha 28 de Noviembre de 2023, donde se le pone en conocimiento del ” DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1713, de fecha 27 de Noviembre de 2023, cuya referencia es la siguiente: “AUTORIZA DESCUENTO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS SR. nombre reservado.

En definitiva, solicita acoger el recurso de protección y en definitiva:

1. Reestablecer el imperio del derecho ordenando a la Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt, que deje sin efecto la decisión de proceder al descuento del 100% de las remuneraciones de don nombre reservado, o en su defecto, cualquier medida que SSa.Iltma., estime pertinente para restablecer el imperio del derecho.

2. Condenar en costas a la recurrida por resultar totalmente vencido en el recurso y por existir un actuar doloso de su parte.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Correo electrónico de fecha 28 de Noviembre de 2023 remitido al recurrente desde la cuenta correo reservado, asunto DAE N°1713 (27/11/2023);

2. Decreto Alcaldicio Exento N° 1713, de 27 De Noviembre De 2023, Ref: “Autoriza Descuento Por Concepto De Licencias Médicas Rechazadas Sr. nombre reservado”;

3. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855340, respecto de la Licencia Médica Folio 3-15111895K;

4. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855474, respecto de la Licencia Médica Folio 3-155386185;

5. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855513, respecto de la Licencia Médica Folio 3-15824456K;

6. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855301, respecto de la Licencia Médica Folio 3-147569815;

7. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855321, respecto de la Licencia Médica Folio 3-149413189;

8. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855360, respecto de la Licencia Médica Folio 3-152322224;

9. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855456, respecto de la Licencia Médica Folio 3-153626804;

10. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855493, respecto de la Licencia Medica Folio 3-156690279;

11. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855533, respecto de la Licencia Médica Folio 3-159700968;

12. Resumen Formulario De Reclamo ante Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 01 de Diciembre de 2023, CÓDIGO FUI: 855545, respecto de la Licencia Médica Folio 3-160908750;

13. Informe Medico del recurrente, emitido por la profesional, Medico Cirujana, doña nombre reservado, con fecha 28 de Noviembre de 2023;

14. Informe Psicológico del recurrente, emitido por la profesional, Psicóloga, doña nombre reservado, con fecha 28 de noviembre de 2023.

A folio 5, la recurrida evacua informe en los siguientes términos:

Hay que precisar que la recurrente, presta servicios para mi representada en el Departamento de Salud Municipal dependiente de este municipio, sus funciones son las de médico del programa de resolutividad, contralor de interconsultas y también se desempeña en el programa de atención domiciliaria, habiendo ingresado a prestar funciones desde mediados de 2017, y desde 2023 en enero, ha presentado numerosas licencias médicas por enfermedad común, extendiéndose hasta el día de hoy, sumando mas de 300 días de licencias médicas continuas en total.

Durante todo este periodo mi representada, esto es el Municipio recurrido y hasta noviembre de 2023, pagó las remuneraciones puntualmente y de manera íntegra a la recurrente.

Ahora bien cuando la recurrente presentó licencia médica, el municipio pagó la remuneración como ya se dijo regularmente, procediendo que los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar respectivamente, una vez aprobada la licencia médica, reembolse dichos montos al municipio, lo que no ha ocurrido, pero en el caso de la recurrente este reembolso no se produjo debido a que la gran mayoría de las licencias médicas por ella presentadas fueron rechazadas.

Ante el rechazo de las licencias, la recurrente ni siquiera ejerció los derechos que le confiere la ley y recién con motivo del decreto impugnado presentó recursos vistosamente extemporáneos.

Es de esta forma que al mes de noviembre de 2023 la cantidad de licencias pagadas a la recurrente sin haberse obtenido reembolso asciende en dinero a $ 13.826.765, lo que motivó la dictación de la correspondiente resolución que ordena el integro de los fondos indebidamente percibidos por la recurrente.

Como se puede apreciar la recurrente no ha prestado servicios por un año hasta el día de hoy para este municipio amparado en licencias médicas que luego de ser presentadas en el Municipio, es rechazada, y que por ende no es reembolsada, pero él recibe de parte del municipio la totalidad de su remuneración promedio de los últimos 3 meses efectivamente trabajados completos. Todo lo anterior en virtud de a plena aplicación del artículo 12 de la ley 18.196 y de la ley 19.117.

Todo pago supone una deuda u obligación destinada a extinguirse de manera que, no existiendo obligación civil ni natural, el pago carece de causa, no tiene sentido ni lógica jurídica.

Por ello en nuestra legislación, quien paga lo no debido tiene acción para recuperar lo pagado al amparo de las normas expresadas inspiradas en el principio del enriquecimiento sin causa, que sin duda constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico civil.

La obligación de restituir lo que ha recibido indebidamente encuentra su fuente directa en un cuasicontrato, este es el regulado en el artículo 2295 y ss del Código Civil, normas destinadas precisamente a impedir el lucro injustificado de quien recibe un pago a expensas de aquel que lo ha efectuado.

En la especie resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 2300 del mismo Código Civil, que dispone: “ El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad”.

Conforme lo expuesto en la ley 18.196 y 19.117, al haberse pagado por mi representada las remuneraciones de manera íntegra, y no haber esta suma sido reembolsada por la institución correspondiente, mi representada se encuentra legitimada activamente para retener los pagos futuros a fin de compensar las sumas adeudadas y además accionar el reembolso de las sumas pagadas a la recurrente, ya que por su propia negligencia al no apelar los rechazos de las licencias médicas o haberse desechado su recurso, el Municipio que represento ha sufrido el daño patrimonial cuantioso que esta obligado a cautelar. Confirma lo expuesto, el artículo 63 del DS 3 de 1984 que Aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, al disponer:

“Artículo 63°. - La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.” Y así también lo confirma la Dirección del trabajo en dictamen 3595 de 18 de Julio de 2019 que señala en síntesis la procedencia del descuento, sin tope, y sin que proceda el pacto de cuotas, así como también el total de lo adeudado, aunque afecte el total de las remuneraciones”. De todo lo expresado, resulta claramente que mi representada no ha incurrido en ilegalidad alguna y no ha vulnerado garantía constitucional de la recurrente, en la dictación del Decreto Alcaldicio Exento N° 1713 de 27 de noviembre de 2023, pues ha ejercido una facultad deber legal que le impone el ya tantas veces mencionado DS 3 de 1984.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso de protección con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 3595 de 2019.

2. Mandato judicial en que consta mi personería para representar a la demandante.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se ha deducido recurso de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt por haber ésta retenido las remuneraciones de aquella, durante los meses que indica, aduciendo una deuda por no haber reembolsado las sumas pagadas por dicho concepto en razón de haberse rechazado licencias médicas del recurrente.

TERCERO: Que, para lo que se resolverá, conviene señalar que son hechos establecidos por haber sido expuestos por las partes o no contradichos y constar de la documentación acompañada, los siguientes: Que, don nombre reservado presta servicios en el Departamento de Salud Municipal dependiente de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, siendo sus funciones las de médico del programa de resolutividad, contralor de interconsultas y también se desempeña en el programa de atención domiciliaria, habiendo ingresado a prestar funciones desde mediados de 2017, y desde enero de 2023, ha presentado numerosas licencias médicas por enfermedad común, extendiéndose hasta el día de hoy.

Que, la municipalidad recurrida pagó las remuneraciones de la recurrente de manera regular y, que a partir del 27 de noviembre de 2023, se autorizó retener por concepto de licencias médicas rechazadas del Sr. nombre reservado, el equivalente al 100% de su remuneración, hasta completar la suma de $ 13.826.765 CUARTO: Que, siendo efectivo que la recurrida retuvo y no pagó las remuneraciones de la recurrente, cabe analizar la justificación dada al efecto y si ésta se encuentra ajustada a la ley. El fundamento para tal retención – que ha importado el no pago de las remuneraciones mensuales como se ha dicho– es que varias de las licencias médicas presentadas por la actora fueron rechazadas, incluso ni siquiera reclamadas por ella, y habiendo enterado el municipio los estipendios al funcionario lo que correspondía era el reembolso de las sumas percibidas, por ser pagos carentes de causa.

Que, por ello, existe de parte del recurrente la obligación de restituir, de origen cuasicontractual, conforme las disposiciones del Código Civil sobre la materia, por lo que la Municipalidad, sostiene, “ … se encuentra legitimada activamente para retener los pagos futuros a fin de compensar las sumas adeudadas y además accionar el reembolso de las sumas pagadas a la demandada,”. Agrega que tal facultad tiene, además, concordancia con lo previsto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las comisiones de medicina preventiva e instituciones de salud previsional en cuanto la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio, debiendo el empleador adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos, lo que se confirma por la Dirección del Trabajo en dictamen 3595, de 2019.- QUINTO: Que, sobre el particular, la retención de remuneraciones ha sido dispuesta de manera unilateral amparado en las facultades que tendría la Municipalidad recurrida a partir de la normativa que se ha reseñado en el motivo anterior, pero sin que haya mediado acto administrativo alguno que lo disponga, emitido fundadamente, y para hacerse pago de una deuda no determinada por vía legal o judicial SEXTO: Sobre el particular, hay que recordar la normativa que rige a funcionarios públicos y municipales, Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la misma forma como lo hace el artículo 110 de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, disponen que durante la vigencia de la licencia médica el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. Este mismo derecho lo reconoce el artículo 19 de la Ley Nº 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Esto significa que tales servidores públicos, que hacen uso de licencia médica, mantienen íntegras sus remuneraciones y no reciben el subsidio por incapacidad laboral contemplado en el D.F.L. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que a la entidad pública se le permite recuperar los desembolsos incurridos por este concepto de parte de los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

En cuanto a las licencias rechazadas, cualquiera sea el supuesto y cuya decisión haya quedado firme, en sede administrativa o judicial si fuere el caso, hace nacer para quién percibió la totalidad de sus remuneraciones la obligación de restituir, que es de carácter legal, pues los estipendios percibidos no tienen causa que la sustente, es decir, el reposo médico justificativo no fue tal. Si este fuera el caso, la modalidad de descuento directo de las remuneraciones que tiene derecho a percibir el funcionario deudor, no puede ser tal que lo prive de la totalidad de las remuneraciones, existiendo en la legislación límites precisamente para salvaguardar lo necesario para la manutención personal y/o familiar, lo que obviamente no podría en el evento de no recibir ninguna remuneración de las pactadas o establecidas. Útil resulta colacionar en este línea de argumentos, lo que disponen los artículos 58 del Código del Trabajo, que faculta descuentos voluntarios autorizados por el trabajador hasta un determinado por ciento, o el artículo 67 de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, citado en el recurso y atingente, que permite al órgano contralor cuando se trata de dineros percibidos de forma indebida – como sería el caso de estos autos – para disponer descuentos pero que no excedan del 50% de los estipendios, estando incluso facultado para condonar o dar facilidades para el pago de lo adeudado, según las circunstancias se entiende; o la preceptiva sobre inembargabilidad prevista en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, también impidiendo cautelar estipendios, sueldos o pensiones más allá de un determinado porcentaje.

SEPTIMO: Que, reconocida la prerrogativa del municipio para obtener el reintegro de dineros que se analiza, estiman estos sentenciadores que no podría ejercerse de manera tal que abarcara el total de la remuneración, ya que esta última está destinada a cubrir y solventar necesidades humanas, lo que se ve reafirmado por lo consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 14 donde se señala “Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”. Esta normativa que tiene rango constitucional, protectora de derechos humanos esenciales, permite inferir que, dado el carácter de la remuneración, a entender de esta Corte, el proceder de la recurrida aparece como arbitrario, esto es, un actuar que, si bien se enmarca en principio en la preceptiva, se concreta de manera caprichosa y antojadiza, desatendiendo al especial carácter de esta. Faltando a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en el ejercicio de mandatos legales.

OCTAVO: Que, al actuar de la forma como lo ha hecho la recurrida, se afecta el derecho de propiedad del actor, desde que se le ha privado de parte de su remuneración; y, además, dado que ella tiene el carácter alimenticio ya acotado, se afecta de igual modo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, garantías protegidas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, lo que traerá como consecuencia el acogimiento del presente arbitrio y adopción de las medidas de restablecimiento del imperio del derecho, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el interpuesto por la Paula Catalán Pérez, abogada en representación de nombre reservado, y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT; sólo en cuanto se dispone que en lo futuro, de estimarse procedente por dicha entidad realizar descuentos de las remuneraciones de la actora, consecuencia del reintegro de remuneraciones mal enteradas durante el periodo en que la recurrente estuvo con las licencias médicas rechazadas a que se refiere este recurso, deberán realizarse teniendo como límite un 50% de las remuneraciones mensuales de la recurrente, debiendo la Municipalidad recurrida restituir, además, aquellas sumas descontadas en los meses de noviembre y diciembre de 2023 y de enero a marzo si se hubieren retenido, en aquella parte que excedió el porcentaje antes señalado, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes desde que esta sentencia queda ejecutoriada.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-13951-2023.(jog)