nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, treinta de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO:

1°. A folio 1 con fecha 16 de enero del año 2024 comparece FIDEL ALEJANDRO RIVAS NAVARRETE, abogado defensor de indígenas de CONADI, domiciliado en domicilio reservado, representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos agricultores y domiciliados en domicilio reservado, reducción Quilquihuenco, sector la Esperanza, comuna de Collipulli, interpone recurso de protección, en contra de don nombre reservado, Rut RUT reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, reducción Quilquihuenco, sector la Esperanza, comuna de Collipulli, según los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se indican.

Explica que los recurrentes y el recurrido son copropietarios y ocupantes de la HIJUELA N° 5, de una superficie de 6,45 hectáreas, ubicada en La Esperanza, comuna de Collipulli, la que adquirieron por herencia de don nombre reservado, según consta de inscripción de fojas 779 vuelta N° 741 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Collipulli y por herencia quedada al fallecimiento de doña nombre reservado inscrita a fojas 776 N° 739 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Collipulli.

Agrega que, en causa rol C-153-2017 seguida ante el Juzgado de Letras de Collipulli con fecha 05 de marzo del año 2018 se arribó a un avenimiento entre los copropietarios y que versó sobre la adjudicación de los goces y las superficies que deberían ocupar cada heredero de la sucesión de don nombre reservado y de doña nombre reservado y que, en su conclusión indicaba que CONADI y su Unidad Técnica procedería a dar cumplimiento al avenimiento en terreno.

Añade que con fecha 27 de enero de 2020 y mediante oficio N° 091 evacuado por el Subdirector Nacional Temuco de CONADI se informa que se procedió a determinar y medir en terreno cada uno de los lotes resultantes para los herederos, adjudicándosele a nombre reservado el Lote 5-A, a nombre reservado el Lote 5-B, a nombre reservado el Lote 5-C, a nombre reservado el Lote 5-D y al recurrido nombre reservado el Lote 5-I.

Precisa que, en dicho contexto, la hijuela N°5 y que se procedió a adjudicar a los herederos quedo gravada en su parte central con una servidumbre de tránsito que permite a cada uno de los copropietarios acceder a sus lotes.

Indica que el recurrido y adjudicatario del lote 5-I sin existir motivación alguna que sea razonable, con fecha 17 de noviembre de 2023 procedió a bloquear el acceso por la servidumbre y/o camino que permite el acceso al inmueble de los recurrentes, así, hoy en día ha cerrado con malla y construyó un invernadero en dicho camino.

Por lo anterior informa que se ha intentado conversar por parte de los recurrentes con el recurrido a objeto de lograr un entendimiento y subsanar la situación. Sin embargo, este último ha reaccionado mal y se ha negado rotundamente al despeje del camino de acceso a las propiedades. Ante la urgencia de la situación sostiene que a los recurrentes no les queda más alternativa que la presentación de la esta acción con el fin de realizar un restablecimiento del derecho.

Señala que la perturbación es permanente y de ahí que la presente acción cautelar se debe considerar deducida dentro del plazo establecido por el auto acordado de la Corte Suprema que regula el recurso de protección.

Indica que el actuar ilegal y arbitrario del recurrido constituye una amenaza permanente, afección directa y perturbación, y así una vulneración al libre ejercicio del derecho de propiedad estatuido en el artículo 19, número 24, de la Constitución, y los derechos a la integridad física y psíquica, conferidos en el artículo 19, número 1, inciso primero de la Constitución.

En virtud de los antecedentes de hecho expuestos, documentos acompañados, artículo 582 y siguientes del Código Civil; artículo 12 y 57 de la Ley N° 19.253; Convenio 169 de la OIT; artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile; y demás normas legales que fueren pertinentes, pide tener por deducido Recurso de Protección en contra de don nombre reservado, ya individualizado, acogerlo a tramitación y en definitiva dar lugar al presente Recurso, declarando que el actuar del recurrido es arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías constitucionales invocadas, disponiendo el imperio del derecho y en consecuencia ordenar al recurrido:

1) Retirar los obstáculos, cercos, construcciones y ordenar todo otro trabajo que fuere necesario para reabrir la servidumbre de tránsito existente, en el plazo que US Ilustrísima determine o fije al efecto;

2) Abstenerse en lo futuro de volver a realizar actos que importen e impidan el libre tránsito desde el inmueble de los recurrentes y hacia el camino público, esto es, de realizar actos que importen una afección directa a los Derechos conculcados;

3) Todo con expresa condenación en costas de la recurrida.

Acompaña a su recurso los documentos que detalla.

2°. A folio 26, con fecha 4 de abril del año 2024, atendido que la recurrida no evacuó informe, se resolvió prescindir del mismo.

3°. A folio 27 con fecha 19 de abril del año 2024 se trajeron los autos en relación.

4°. El 25 de abril de 2024 se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que solo alegó la representante de los recurrentes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo expuesto por el recurrente, el recurrido instaló un cerco y un invernadero que impide el libre desplazamiento por la servidumbre de tránsito que comunica los predios de los recurrentes con el camino público. Dicha servidumbre fue establecida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el contexto del avenimiento suscrito entre todas las partes de la presente causa, con la finalidad de determinar las propiedades que les corresponderían a cada una de ellos en la sucesión.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de los derechos fundamentales conferidos en el artículo 19, números 1 y 24 de la Constitución. En particular, y respectivamente, los derechos a la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad.

A partir de tales alegaciones solicitan de esta Ilustrísima Corte que se ordene al recurrido retirar el cerco y el invernadero instalados sobre la servidumbre y que se prohíba en el futuro poner nuevos obstáculos al libre tránsito por el mismo.

SEGUNDO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una conducta ilegal o arbitraria, esto es, contraria a normas legisladas o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

2) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de alguno de los derechos fundamentales mencionados en el artículo 20 de la Constitución, esto es, alguno de los derechos fundamentales tutelados por la acción de protección.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos.

A lo mencionado deben agregarse ciertas exigencias procesales. Entre ellas, y en lo que interesa a la presente causa, la acción debe deducirse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos” (Auto Acordado N° 94-2015, de la Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, de fecha .17 de julio de 2015, párrafo 1°).

TERCERO: Plazo para interponer la acción de protección. No existe controversia en el sentido que transcurrieron más de 30 días corridos entre la fecha en que el recurrido instaló el cerco y el invernadero ya mencionados, y la fecha en que los recurrentes dedujeron la acción de protección. Tampoco existen dudas que la conducta que se estima ilegal o arbitraria continuaba produciendo sus efectos a la fecha en que se dedujo la acción constitucional. La cuestión, por tanto, se reconduce a determinar si el plazo para deducir la acción de protección se renueva si la conducta supuestamente ilegal y arbitraria produce efectos permanentes.

La Corte reconoce que la jurisprudencia se encuentra dividida sobre la cuestión debatida. Algunas sentencias rechazan la renovación permanente del plazo cuando la conducta produce efectos permanentes. En este sentido, y a modo de ejemplo, I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en recurso de protección rol 1063-2022, de fecha 16 de febrero de 2022, considerando 2°. Otras sentencias, en cambio, entienden que el plazo reinicia su cómputo si sus efectos son permanentes. En este sentido, y siempre por vía ilustrativa, I. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia recaída en acción de protección rol 162.114-2022, de fecha 21 de julio de 2023, considerando séptimo.

Los Ministros que suscriben estiman que los actos u omisiones que producen efectos permanentes generan la renovación del plazo. Por tanto, se desestima alguna posible alegación de extemporaneidad en contra de la acción deducida. Corresponde, por lo mismo, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a la decisión de esta Corte.

CUARTO: Problema jurídico de fondo. De acuerdo con lo expuesto, corresponde a esta Corte determinar si la instalación del cerco y del invernadero en la servidumbre de tránsito es ilegal o arbitraria y si vulnera alguno de los derechos fundamentales alegados por los accionantes de protección.

QUINTO: Ilegalidad y arbitrariedad. El recurrente no evacuó el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte, en relación con los hechos denunciados en la presente acción constitucional.

De la lectura de los antecedentes aportados por el recurso y durante la vista de la causa por la abogada de CONADI, parece inconcuso que el recurrente ha incurrido en la conducta denunciada. Por otra parte, no existen razones normativas o fácticas, ni es posible deducirlos de los antecedentes del caso, que justifiquen dicha conducta.

Precisamente al contrario, la servidumbre de tránsito fue establecida por un organismo técnico del Estado, en el contexto del avenimiento suscrito por los recurrentes y el recurrido en el proceso de división predial ya mencionado. Y todo ello en el contexto de un procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Letras de Collipulli.

En este escenario, la actuación del recurrido aparece claramente ilegal y arbitraria.

En el mismo sentido, y por vía ejemplar, la Corte Suprema en sentencia recaída encausa rol 7833-2023, de fecha 3 de mayo de 2023, sostuvo que la instalación del cerco reconocida por el recurrido se erige como una actuación que resulta arbitraria e ilegal, toda vez que ha ejercido un acto propio de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal que priva y perturba el ejercicio de la garantía constitucional.

SEXTO: Vulneración de derechos fundamentales. A juicio de esta Corte, no existen dudas en el sentido que la instalación de un cerco y de un invernadero sobre la servidumbre de tránsito que favorece a los recurrentes vulnera el derecho de propiedad de estos últimos sobre dicha servidumbre.

Para comprender esta afirmación conviene precisar el objeto protegido y parte del contenido del derecho fundamental de propiedad. El objeto protegido es el valor, el interés o el bien que se desea resguardar mediante el respectivo derecho fundamental. El contenido de un derecho fundamental es el conjunto de normas o derechos incluidos en el mismo.

Pues bien, el objeto protegido por el artículo 19, número 24, incisos primero a tercero, de la Constitución, es la conservación de la propiedad. En otras palabras, que el bien, corporal o incorporal, mueble o inmueble, que es objeto de dominio se conserve en el patrimonio del propietario. En este caso el objeto de dominio es la servidumbre tantas veces mencionada.

Uno de los contenidos del derecho de propiedad es el derecho de usar la cosa que es objeto de dominio (artículo 19, número 24, inciso segundo, de la Constitución). Esto es, utilizarla libre de perturbaciones que afecten su uso. Este contenido ha sido afectado por la conducta de la recurrida, mediante la instalación del cerco e invernadero tantas veces mencionados.

En consecuencia, la presente acción será acogida precisamente para restablecer a los afectados en su derecho de propiedad, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE la acción de protección deducida en esta causa por doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado y, en consecuencia, SE ORDENA al recurrido:

I. Retirar, en el plazo de tres días contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, los obstáculos, cercos, invernadero y cualquier otra construcción que impida el libre desplazamiento por la servidumbre de tránsito que favorece a los predios de los recurrentes.

II. Realizar, en el mismo plazo señalado en el numeral anterior, todo otro trabajo que fuere necesario para reabrir la servidumbre de tránsito mencionada.

III. Abstenerse en el futuro de realizar actos que impidan el libre desplazamiento de los recurrentes a través de la servidumbre mencionada, desde el inmueble de aquellos y hacia el camino público.

Sentencia redactada por el abogado integrante Sr. Luis Iván Díaz García.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13950-2023. (cwm)