nombre reservado con CAM - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos Comparece don nombre reservado, chileno, soltero, independiente, Cedula nacional de Identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, a V.S.I, interpone acción de protección en contra de los siguientes recurridos:

1. BANCO ESTADO DE CHILE, de su giro, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, C.I. RUT reservado, chileno, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

2. DICOM EQUIFAX S.A., empresa del giro de procesamiento de datos personales, representada por don nombre reservado, C.I. RUT reservado, chileno, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado;

3. CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., de su giro, Rut:RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, Rut:RUT reservado ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal, coartando mis derechos los que constituyen un atentado en contra de la legislación vigente y en especial con las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 artículo 19, números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final,11,12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24°, y 25 de la constitución política, según los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer:

I FUNDAMENTOS DE HECHO:

Con fecha 16 de noviembre de 2023, solicite un certificado del Boletín Comercial emitido por la Cámara de Comercio de Santiago, en conformidad al artículo 12 de la Ley 19.628, el cual me es entregado con fecha 16 de Noviembre del 2023, según se acreditará con el documento acompañado en un otrosí de esta presentación. Fue tal mi sorpresa al ver que según dicho informe de deuda contenía 2 morosidades, provenientes del BANCO ESTADO DE CHILE en cuanto a la institución informante, BANCO ESTADO DE CHILE, ingresó las siguientes demandas en mi contra.

1.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-294-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en la cual con fecha 10/01/2023 opuse excepción de prescripción a la ejecución, a lo cual el ejecutante Banco Estado de Chile se desistió de la demanda, dictándose sentencia, la cual declara: Conforme el mérito de autos y atento lo dispuesto en el art culo 467 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de una facultad del ejecutante ejercida dentro del término legal, se resuelve: Como se pide, téngase a la parte ejecutante por desistida de la demanda ejecutiva, con reserva de su derecho a entablar la acción ordinaria, sobre los mismos puntos que han sido materia de aquella. En consecuencia, déjese ipso facto sin valor el mandamiento de ejecución y embargo y el embargo mismo ordenado con fecha 13 de octubre de 2017 y las demás resoluciones dictadas en la causa. Hágase devolución de los documentos custodiados en autos a solicitud de la parte interesada.

2.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-1209-2018 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, en la cual con fecha 30/01/2023 opuse excepción de prescripción a la ejecución, a lo cual el ejecutante Banco Estado de Chile se desistió de la demanda, dictándose sentencia, la cual declara: VISTOS: Atendido el mérito de lo expuesto por el ejecutante, habiendo ejercido el derecho dentro del plazo legal, conforme lo dispone el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, téngasele por DESISTIDO, de la demanda ejecutiva, con reserva de su derecho para entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos que han sido materia de ésta, y perdiendo el derecho de deducir nueva acción ejecutiva, en atención a lo dispuesto en la misma norma legal citada. Devuélvase los documentos previa firma y constancia en los registros respectivos.

Que dichas sentencias se encuentran ejecutoriadas, según se acreditará con la documentación acompañado en un otrosí de esta presentación. Por lo tanto, la comunicación de dichas deudas por parte de DICOM EQUIFAX S.A utilizando datos obtenidos de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. (a través de su plataforma ICOM) sin duda configuran una situación contra legem, que infringió lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.628, sobre tratamiento de datos personales, disposición que establece lo siguiente: “Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda. “Además de contravenir lo dispuesto en el capítulo 18-5 Información sobre deudores de las instituciones financieras de la ex SBIF, actual CMF, que señala lo que sigue: “Atendido lo anterior, se dispone que las deudas que presenten una morosidad igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes. En el caso de ejercerse el cobro judicial, si por cualquier motivo el juicio ejecutivo se da por terminado, debe dejarse de informar la deuda y sólo se la podrá incluir nuevamente si se ha obtenido un nuevo título ejecutivo contra el deudor como, por ejemplo, si éste ha reconocido un documento o confesado la deuda”. Conforme a la disposición legal citada, la información que se brinda para publicar datos personales debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Pero en la especie nada de ello es así, pues la información no se encuentra actualizada y no responde a la situación real actual Equifax publicó deuda, y ha mantenido las publicaciones hasta el día de hoy, pese a no ser estas unas deudas líquidas, determinadas y actualmente exigibles.

I FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El artículo 20 de nuestra Constitución Política del Estado, concede la acción de protección a toda persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final,11,12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24°, y 25 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Como se anticipó, dichas publicaciones son ilegales y arbitrarias, y vulneran las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 inciso quinto, 4 y 21 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, conforme se expondrá. El inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, establece el derecho de toda persona, a NO “ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” El numeral 21 del artículo 19, por su parte garantiza a toda persona “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.” El derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de nuestra Constitución Política, que asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” Por parte de las recurridas existe una grave infracción a lo establecido en la ley numero 19628 sobre tratamiento de datos personales, Artículo 9, establece lo siguiente: Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda. Además de contravenir lo dispuesto en el capítulo 18-5 Información sobre deudores de las instituciones financieras de la ex SBIF, actual CMF, que señala lo que sigue: “Atendido lo anterior, se dispone que las deudas que presenten una morosidad igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes. En el caso de ejercerse el cobro judicial, si por cualquier motivo el juicio ejecutivo se da por terminado, debe dejarse de informar la deuda y sólo se la podrá incluir nuevamente si se ha obtenido un nuevo título ejecutivo contra el deudor como, por ejemplo, si éste ha reconocido un documento o confesado la deuda”.

I ACTO ARBITRARIO E ILEGAL:

La actuación arbitraria e ilegal de la recurrida agravia, en grado de privación, mi derecho a ser juzgado por un Tribunal de la República, y no por comisiones especiales y, además, perturba mi derecho al libre ejercicio de una actividad económica lícita, que no sea contraria a la moral, buenas costumbres o la ley. En efecto, las recurridas han emitido un pronunciamiento sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de la misma, y en base a ello ha resuelto mantenerme en sus registros como moroso. Por otro lado, hoy en día no cabe duda que las empresas que procesan y comunican datos personales, tienen una responsabilidad por los datos que publican y que aparece refrendado por lo establecido en el inciso segundo del artículo 9 de la ley 19.628, que exige veracidad y certeza, lo que se ve corroborado, principalmente, pues ellos tienen un rol esencial en el acceso al crédito de las empresas y personas, pero además, en la circulación de bienes y servicios, pues previo a cursar cualquier orden de compra de bienes o servicios, contratación de servicios telefónicos, otorgamiento de crédito de caja de compensaciones a trabajadores de la empresa, empresas de factoring de contratistas y en fin, el desarrollo normal de una actividad económica lícita, se consultan las bases de datos de las empresas de almacenamiento de datos personales, como lo es la empresa recurrida y en base a ello se toman decisiones. En efecto, en el caso que yo me enteró el día 16 de Noviembre del año 2023 de esta publicación, obteniendo un informe comercial, es evidente que una publicación que no se ajusta a la normativa, afecta y perturba de manera ilegítima y arbitraria, el desarrollo de una actividad económica lícita, pues impide o restringe el acceso al crédito, impide o restringe el acceso a bienes o servicios por mi parte. En consecuencia, ciertamente que una publicación como la efectuada por la recurrida, afecta el desarrollo de una actividad económica lícita, razón por la cual debe ser realizada de una manera prolija, exenta de toda duda razonable y sólo para los efectos previstos en la ley, lo que no ocurre en la especie, como se dirá. - En este punto, es relevante destacar que, si bien tradicionalmente se ha entendido que el contexto de la ley 19.628, protege los datos de las personas naturales y no las jurídicas, el artículo 9 de la señalada ley, precisamente y de forma explícita se refiere a las personas naturales o jurídicas, protegiendo a ambas por igual. En este sentido, el inciso segundo del artículo 9 de la ley 19.628, señala que la información publicada debe ser “exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.” En consecuencia, se produce vulneración de mis garantías constitucionales, contenidas en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, pues las empresas recurridas, en su calidad de administradoras de datos personales de terceros, se erige como Tribunal de la República, y emite un pronunciamiento, sobre la existencia o no de la deuda y la exigibilidad de la misma, conminándola a comunicarse con el proveedor y privándome del derecho a que dicha decisión sea establecida por una resolución de un tribunal de justicia, por cuanto procedió a ello sin justificación razonable, en cuya única virtud pudo válidamente actuar y, por consiguiente, dicho acto importa sendas actuaciones ilegales y arbitrarias, que me privan, perturban y amenazan en el legítimo ejercicio de diversos derechos y garantías constitucionales. La conducta de las recurridas es ilegal, toda vez que el artículo 9 de la ley 19.628, establece que sólo pueden publicarse datos para los fines en que hubieran sido recolectados, en dichas circunstancias, como señala la citada disposición legal, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos. Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. Y entenderá V.S.I que una deuda cuyo cobro se encuentra prescrito y por las que el mismo acreedor decidió hacer retiro de las demandas no constituyen los requisitos necesarios para que se mantengan informadas. Por último, la publicación de la supuesta deuda en Equifax infringió también el derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de nuestra Constitución Política, que asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”

IV. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.

1. El artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que se puede interponer recurso de protección por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos y garantías establecidas en el artículo 19.

2. En la especie se efectuaron y han mantenido publicaciones de deudas cuyas acciones se encuentran prescritas, en consecuencia, publicaciones arbitrarias e ilegales. Y que además infringió derechos y garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N°3, inciso5, 19 N°21 y 19 N°4, según se explicó latamente en esta presentación.

3. Por ende, esta acción constitucional de protección permite resguardar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales aludidos, que se encuentran conculcados en la especie.

V. PRESENTACIÓN DENTRO DE PLAZO.

1. Esta acción constitucional de protección se presenta dentro del plazo de 30 días contados desde que tuve conocimiento de la publicación arbitraria e ilegal. 2. En efecto, el día 16 de Noviembre de 2023 tomé conocimiento de la publicación, según relaté previamente en esta presentación.

Solicita se deje sin efecto las publicaciones referentes a las morosidades informadas por Banco Estado de Chile, con expresa condena en costas a las recurridas.

Acompaña los siguientes documentos:

i Certificado de antecedentes comerciales emitido por Cámara de comercio de Santiago de fecha 16 de Noviembre del 2023.

ii Copia de sentencia en causa rol C-294-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial, que declara el desistimiento de la acción ejecutiva.

iii Copia de sentencia en causa rol C-1209-2018 del 3° Juzgado Civil de Temuco, que declara desistimiento de la acción ejecutiva.

A folio 17 informa nombre reservado, en representación de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

I SUMARIO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN 1.-) El recurso de protección deducido por el señor nombre reservado, se funda en dos publicaciones realizadas en el Boletín de Informaciones Comerciales que administra la Cámara de Comercio de Santiago A.G., de morosidades provenientes del Banco Estado, las cuales, en efecto, se encuentran publicadas siendo las siguientes:

Sobre ambas publicaciones indica la parte recurrente que han existido dos juicios:

1.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-294-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial, cuyo título ejecutivo corresponde al pagaré N° de operación 13372495; y 2.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-1209-2018 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, cuyo título ejecutivo corresponde al pagaré N° operación 14223289.

Señala que en ambos juicios el Banco Estado se desistió de su acción dándose por concluido ambos procedimientos y, no obstante, a ello, se continúa informando al Boletín Comercial de dichas obligaciones, el cual a su vez procede a comunicar las morosidades.

2.-) En cuanto a la normativa, el recurso de protección se sustenta en que la publicación de las referidas morosidades constituiría un acto ilegal y arbitrario, por cuanto contraviene el artículo en el artículo 19, números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final,11,12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24, y 25 de la Constitución de la República, el artículo 9 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal y el Capitulo 18-5 relativo a la Información sobre deudores de las instituciones financieras de la Comisión de Mercado Financiero (“CMF”)

II FALTA DE FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN El presente recurso de protección debe ser desestimado por faltar los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para que él pueda prosperar.

1.-) Supuestos que deben concurrir para la procedencia del recurso de protección. Tal como se señaló precedentemente, el presente recurso de protección se funda en el hecho de haberse publicado en el Boletín de Informaciones Comerciales, dos morosidades en el pago de créditos contraídos por la parte recurrente con el Banco Estado.

Sin embargo, la Constitución Política de la República ha contemplado el recurso de protección en su artículo 20 en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicho precepto se enumeran, disponiendo que bajo estos supuestos el afectado podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

De la norma constitucional mencionada, se desprende que para que proceda al recurso de protección, es preciso que concurran copulativamente los siguientes requisitos:

A) En primer término, es necesario la existencia de un acto o una omisión arbitraria o ilegal;

B) En segundo lugar es menester que, a consecuencia de ese acto arbitrario o ilegal, el recurrente sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales;

C) Finalmente, es preciso que las garantías constitucionales respecto de las cuales se alegue privación, perturbación o amenaza, sean de aquellas que el artículo 20 enumera en forma taxativa.

2.-) Inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria A.-) Publicación de las morosidades con una institución financiera en el Boletín de Informaciones Comerciales (cumplimiento de una obligación legal)

Como cuestión previa, cabe señalar que la publicación de las morosidades de la parte recurrente y que da origen al presente recurso de protección, no constituye un acto ilegal y, menos aún, puede ser entendido como un acto arbitrario.

En efecto, el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, dispone en su artículo 1° N° 4 que “los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir la nómina de los deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos”.

Es decir, para un banco es facultativo enviar la nómina de sus deudores morosos, pero en caso de hacerlo, la administración del Boletín de Informaciones Comerciales no puede sustraerse a cumplir con la obligación que a ella se le impone de efectuar la correspondiente publicación.

A este respecto, cabe señalar que artículo 2° del Decreto Supremo N° 950 ya mencionado, señala que la Cámara de Comercio de Chile, en posesión de estos datos procederá a agruparlos por materias y por orden alfabético, separándolos por departamentos o localidades a que corresponda cada uno de ellos y finalmente el artículo 3° prescribe que la Cámara de Comercio de Chile publicará bajo su vigilancia y responsabilidad un boletín semanal que contenga estos datos.

Asimismo, es necesario tener presente que la Ley N° 19.628 dispuso en su artículo 3° transitorio que las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el Decreto Supremo de Hacienda N° 950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.

Por consiguiente, la obligación impuesta a la Cámara de Comercio de Santiago de publicar el Boletín de Informaciones Comerciales, primero por la vía reglamentaria, luego fue refrendada por mandato de la ley.

Ahora bien, es precisamente en cumplimiento de esta obligación legal que una vez que el Banco del Estado ejerció la facultad que el Decreto Supremo N° 950 ya citado le confiere, en orden a comunicar la morosidad que con ella registraba el recurrente, la Cámara de Comercio de Santiago A.G., dando cumplimiento a la obligación que a ella le impone en forma imperativa la ley, procedió a efectuar las publicaciones que ahora se impugnan por esta vía de protección.

De tal manera, el rol de la Cámara de Comercio de Santiago a este respecto se ha circunscrito a dar estricto cumplimiento a una obligación legal.

En consecuencia, y como resulta obvio, el cumplimiento de una obligación establecida por la ley, en ninguna circunstancia podría ser considerada como un acto ilegal y tampoco puede atribuírsele el carácter de arbitrario.

B.-) Estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.628 A mayor abundamiento, es necesario hacer presente a SS. Iltma. que mi representada al publicar en el Boletín de Informaciones Comerciales las morosidades que han dado origen a estos autos de protección, se ha sometido estrictamente a las disposiciones de la Ley N° 19.628.

Sobre el particular, cabe hacer presente a SS. Iltma. que la Ley N° 19.628 establece en su artículo 4° el principio general que regula el tratamiento de los datos personales, disponiendo que sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, es decir, tiene que existir una autorización de la ley o del titular de los datos. Sin embargo, el mismo precepto legal señala que no requiere autorización del titular, el tratamiento de aquellos datos personales que sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial. En definitiva, tratándose de este tipo de datos de carácter personal, es la ley la que autoriza en forma expresa el tratamiento de estos.

Por otra parte, resulta necesario tener en consideración que el artículo 17° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, preceptúa que los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.

En definitiva, el artículo 17 de la Ley N° 19.628, establece que está permitido publicar en registros o bancos de datos personales las siguientes obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial:

i) Cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados;

ii) Cuando éstas consten en cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa;

iii) Cuando se trate del incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.

Por consiguiente, correspondiendo la publicación que motiva el presente recurso de protección a una obligación de carácter económico, financiero, bancario o comercial, la cual da cuenta del incumplimiento de una obligación con la institución bancaria, la ley permite publicar sin la autorización del titular del dato.

C.-) Falta de acreditación de la extinción de la obligación Para dejar de comunicar la morosidad que registra el recurrente con el Banco Estado y que aparece publicada en el Boletín de Informaciones Comerciales, es necesario que se acredite la extinción de la misma conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, precepto legal que dispone que no pueden comunicarse datos referidos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, después que ésta haya sido pagada o se haya extinguido por algún otro modo legal.

En el caso de autos, las operaciones informadas al Boletín Comercial, a la fecha que se evacua este informe, corresponden a otras obligaciones (diferente fecha, montos e individualización del documento informado y no las indicadas en los antecedentes señalados por el recurrente: i.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-294-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial, cuyo título ejecutivo corresponde al pagare N° de operación 00013372495, por el monto de $9.339.986, del cual se demanda la suma de $ $3.486.327-; y ii.- Demanda Ejecutiva en causa ROL: C-1209-2018 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, cuyo título ejecutivo corresponde al pagare N° operación 00014223289, por el monto de $21.673927, del cual se demanda la suma de $15.799.568-; ambos pagares acompañados en los juicios individualizados por el recurrente.

Asimismo, en las acciones civiles interpuestas se indica que la obligación, en el primer caso, se ha dejado de cumplir desde el 5 de mayo de 2017 y en el segundo caso el 6 de noviembre de 2017, fechas que no coinciden con la información comunicada al Boletín Comercial.

Por lo tanto, según los antecedentes que se envían al Boletín Comercial, de los cuales dispone actualmente y no siendo informado por la institución bancaria de algún cambio a la fecha en que se evacua este informe, las publicaciones actuales que da origen a este recurso corresponderían a otras morosidades y no a las que el recurrente vincula con los antecedentes acompañados.

D.-) Aplicación de las disposiciones del Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras hoy de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

La parte recurrente plantea que las publicaciones constituirían una arbitrariedad, al contravenir las disposiciones contenidas en el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

A este respecto, cabe hacer presente a SS. Iltma. que la citada normativa regula la información que los bancos y las sociedades financieras le deben proporcionar a dicho organismo fiscalizador sobre sus deudores, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización.

En efecto, el artículo 14 de la Ley General de Bancos dispone que con el objeto exclusivo de permitir una evaluación habitual de las instituciones financieras por firmas especializadas que demuestren un interés legítimo, la Superintendencia (hoy CMF) deberá darles a conocer la nómina de los deudores de los bancos, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido, agregando que mantendrá también una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización.

Como se puede apreciar, el Registro de Deudores Morosos de la CMF y el Boletín de Informaciones Comerciales que administra la Cámara de Comercio de Santiago, SON REGISTROS CON CARACTERÍSTICAS Y FINES COMPLETAMENTE DISTINTOS.

Mientras el primero está destinado al uso de las instituciones financieras sometidas a la fiscalización de dicho organismo, al cual sólo acceden las instituciones financieras conforme a lo que establece el artículo 14º de la Ley General de Bancos, el segundo es un registro de libre acceso al público, regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y por la Ley Nº 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

En consecuencia, regulando el referido Capítulo 18-5 la forma en que las instituciones fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero deben proporcionar la información requerida para la elaboración del Registro de Deudores de ese organismo fiscalizador, no se advierte de qué manera la publicación de las morosidades en cuestión en el Boletín de Informaciones Comerciales habría constituido una infracción a esta normativa tal como lo señala el recurrente.

E.-) Vigencia del plazo de cinco años previsto en la Ley N° 19.628 y en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928 Finalmente, el artículo 18 de la Ley N° 19.628 también preceptúa que no pueden comunicarse aquellos datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

Por su parte el artículo 10 del Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, dispone que las publicaciones aparecidas en el Boletín de Informaciones Comerciales dejarán de tener vigencia, si han transcurrido más de cinco años de la respectiva publicación en el referido Boletín.

En el caso en cuestión, no ha transcurrido el plazo máximo previsto en la ley toda vez que se trata de obligaciones cuyos vencimientos se produjeron: i.- el 28 de marzo de 2019 y ii.- 11 de abril de 2019, por lo tanto, los cinco años se cumplirán el 28 de marzo de 2024 y el 11 de abril de 2024, fechas en la cuales se procederá a aclarar las publicaciones referidas.

III CONCLUSIÓN De lo señalado anteriormente, queda de manifiesto que el recurso de protección deducido por el recurrente no cumple con todas las exigencias previstas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, correspondiendo las publicaciones efectuadas en el Boletín de Informaciones Comerciales al cumplimiento de una obligación legal impuesta a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. según se ha señalado precedentemente, y habiéndose sometido mi representada en todo a las disposiciones que regulan el tratamiento de datos de carácter personal contenidas en la Ley N° 19.628, hace que desaparezca uno de los supuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, cual es, la conducta ilegal o arbitraria exigida por el texto constitucional, por lo que éste necesariamente deberá ser desestimado en todas sus partes.

Solicita rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 18 informa MARCO CHESTA QUIERO, abogado, en representación del Banco del Estado de Chile. Que, habiendo tomado conocimiento de la interposición de esta acción de protección, vengo en informar el presente recurso, en base a los argumentos de hecho y de derecho que se pasan a referir a continuación, con el objeto de que sirvan de antecedentes para rechazar la presente acción cautelar de autos.

HECHOS EN QUE SE FUNDA EL RECURSO Y PETICIONES.

Presenta acción de protección en contra del Banco del Estado de Chile y en contra de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. y DICOM EQUIFAX S.A. don nombre reservado, el cual sustenta en los siguientes hechos.

Señala haber solicitado con fecha 16 de Noviembre de 2023, un certificado del boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, el cual es entregado en la misma fecha y en el contenido de este documento se contienen dos morosidades respecto de créditos em donde figura como emisor el Banco del Estado de Chile. En este punto resaltaremos que el certificado acompañado en autos contiene como datos relevantes las siguientes columnas. Fecha de publicación: Fecha vencimiento; Tipo crédito; N° documento; monto; Tipo de emisor; emisor; ciudad; y boletín Publicación.

Indica que los créditos informados son dos y distingue que la Institución informante es el BANCO DEL ESTADO DE CHILE Del certificado la primera operación contiene los siguientes datos en donde resaltaré en cada caso con distinción cuales son los datos e ítems importantes para los efectos de este Recurso.

Fecha Publicación 21-05-2019; Fecha vencimiento 28-03-2019. Tipo crédito Créditos comerciales; N° documento 8012; monto $2.089.911. Tipo de emisor Bancos: Emisor “Del Estado”; Ciudad Temuco, boletín publicación: 4709.

Respecto del segundo crédito publicado, se señala que se trata como emisor al mismo banco y que es un crédito comercial, por tanto, siguiendo el mismo ejercicio solo publicaremos lo relevante Fecha de publicación 04-06-2019; Fecha de vencimiento 11-04-2019; N° de documento 583; Monto $12.612.880; boletín publicación 4771.

Otro hecho relevante es el expreso relato del ACTOR de VINCULAR, la información contenida en el certificado del boletín con dos Juicios ejecutivos seguidos en su oportunidad por el Banco del Estado de Chile en contra del recurrente los cuales son A) El juicio ejecutivo rol C- 294- 2017 del Ingreso del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y B) El Juicio ejecutivo rol C-1209-2018 del ingreso del Tercer Juzgado Civil de Temuco. Se indica que en ambos casos motivo de defensa judicial el Banco del Estado, se desistió de ambos ejecutivos, constando las presentaciones en dichos Juicios.

Enseguida hace una larga exposición de hechos y de argumentos en donde vincula la publicación en el citado boletín comercial con ambos juicios y el resultado y conclusión procesal de estos asegurando que los créditos en cobranza corresponden a los publicados en el boletín comercial.

Respecto al FUNDAMENTO JURÍDICO DEL RECURSO Sintetizo la fundamentación jurídica del Recurso, en la singularización de las supuestas garantías constitucionales afectadas que sindica a) La del art- 19 N° 3 Inciso quinto, esto es “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho” b) La del art. 19 N°4, esto es “El respeto y protección a la vida ´privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuarán la forma y condiciones que determine la ley” y c) La del art. 19 N° 21, que es “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

HECHOS QUE RELEVANTES PARA RECHAZAR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Lo primero es referir que ninguna de las operaciones comerciales y crediticias en que se sustentaron los JUICIOS EJECTUVOS, roles C- 294-2017 y C- 1209-2018, el primero del Ingreso del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y el nombre reservado del Tercer Juzgado Civil de Temuco, corresponden a las operaciones comerciales y crediticias objeto de la publicación. Al respecto doy por reproducidos los datos señalados en la publicación objeto del Recurso. Ello no es así en dichos juicios se pretendió cobrar otras operaciones comerciales a las publicadas en el boletín y de ello se da cuenta en los propios datos del título en cada caso.

En el Juicio rol C-294-2017 se cobra el crédito N° de operación 00013372495, suscrito por la cantidad original de $9.339.986 y en la demanda se señala como fecha de mora el día 5 de mayo de 2017 y se demanda y capital la suma de $3.486.327. Desde ya la singularización de la operación es absolutamente diversa, no son coincidentes las fechas de mora y los montos del crédito. La verdadera “identidad” de un crédito es su número de operación y dicho dato no es coincidente con ninguna de las operaciones informadas.

En el Segundo crédito que corresponde al juicio rol C- 1209-2018 del ingreso del Tercer Juzgado Civil de Temuco, se cobra el crédito N° de operación 00014223289, suscrito por la cantidad original de $21.637.927 y en la demanda se señala como fecha de mora el día 6 de Noviembre de 2017 y se demanda en capital la suma de $15.799.568. Desde ya la singularización de la operación es absolutamente diversa, no son coincidentes las fechas de mora y los montos del crédito y ocurre la misma situación referida con anterioridad, es decir esta operación no es ninguna de las dos informadas en el boletín.

Se trata entonces, de otras operaciones crediticias las que se encuentran informadas en el boletín y no CORRESPONDEN a los créditos que se cobraron en los Juicios arriba referidos.

Con este solo dato previamente descrito la ACCIÓN DE PROTECCIÓN intentada debiese ser rechazada, pues sus antecedentes fácticos NO corresponden y no son las operaciones que constan en el certificado comercial. Hay que señalar que estamos frente a una acción EXCEPCIONAL, de naturaleza absolutamente cautelar, que trata sobre situaciones INDUBITADAS, ajena a toda actuación o resolución judicial que pueda CONSTITUIR derechos. Se trata de una acción precisa y limitada, tanto en el relato de los hechos como en el derecho a resguardar.

FALTA DE FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN CDE PROTECCIÓN.

Independientemente del relato de facto procesalmente insuperable según mi criterio, el Recurso de Protección tiene requisitos formales y sustantivos y el primer requisito formal es presentarlo dentro de plazo legal.

El art. 1° del auto acordado que regula la tramitación del RP, señala respecto del plazo de interposición Se interpondrá “Dentro de plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Argumenta el recurrente que solo tuvo conocimiento del hecho de la publicación de las morosidades, cuando solicitó y recibió el respectivo certificado en el mes de Noviembre de 2023. ¿Se puede acudir a ese argumento?

En mi entender la contabilización de plazo del Recurso de Protección en este evento debe seguir la construcción legal de la redacción del artículo, que señala en primer lugar que principia el cómputo del plazo, desde la comisión del acto u omisión arbitraria e ilegal y que, en este caso, correspondería al hecho de haber publicado las morosidades que recordemos ocurrió el año 2019. Sin embargo, hay una situación de excepción a la regla general respecto del principio rector de cómputo del plazo que la ley señala así; “o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. Al respecto dos posibilidades caben en este escenario A) Referente a la ocurrencia de actos u omisiones de las cuales el recurrente se entera por una notificación formal de la existencia del hecho. Y B) El otro escenario es tomar conocimiento del hecho por una actividad propia sin constancia de algún hecho notificador, que en este caso es lo que invoca la recurrente. Si bien esta última situación las Cortes, la suelen aceptar en cuanto computan el plazo en este último escenario a contar de la fecha que refiere la recurrente, no todos los casos pueden ser VALORADOS con tanta indulgencia y ciertamente ello depende de eventos que ya no resultan creíbles y tampoco atingentes como es el caso de autos, , pues el recurrente fue demandado en Juicios de Ejecutivos respecto de la cobranza judicial de créditos y también incurrió en otras morosidades, como es el evento del cual trata este recurso.

Recién en las causas ejecutivas ya referidas, el Banco del Estado desistió de las acciones, lo que implica que su situación de desempeño financiero ha estado en observación. Cualquiera renegociación o consulta crediticia, por estricta normativa de la COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, debía haber sido consultada y estos antecedentes de morosidades debían reflejarse y eran de su conocimiento o al menos debieron haber sido conocidas por quien acciona. No resulta creíble o posible, que una persona que ejerza la actividad comercial no supiere que se encuentra publicados sus morosidades, más aún si figuraba con acciones judiciales entre el 2019 al año 2023. Esto implica una sola cosa. Que la acción cautelar deducida fue presentada fuera de plazo, circunstancia que reclamo.

El otro requisito formal es la EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA ILEGAL O ARBITRARIA.

Acá hay que tener en consideración las siguientes disposiciones legales respecto de la publicación de MOROSIDADES con una entidad financiera, cuestión que en un principio fue reglada por el DECRETO SUPREMO DE HACIENDA de 28 de Marzo de 1928 que refiere en lo ´pertinente en su Art 1 número 4° que hace referencia a los deudores morosos y señala “Asimismo, los Bancos Sociedades financieras y las administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorro y créditos podrán remitir la nómina de deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos. En esa época la cámara de comercio de Chile publicaba bajo su vigilancia y responsabilidad publicaba dichas nóminas, pero lo importante es que la Ley 19.628 en su articulado transitorio, señala “Las normas que regulan el boletín de informaciones comerciales, creado por el Decreto supremo de Hacienda N° 950 de 1928, se seguirán aplicando en todo lo que no sea contrario a las disposiciones de esta ley”

Además, la ley 19 628, expresamente faculta a los entre otros a mi representados a usar los datos sin autorización del titular cuando sean de carácter económico, bancario, financiero o comercial y por último el art 17 que el banco podrá comunicar los datos cuando haya incumplimiento de las obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios, préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras etc. Es decir, las MOROSIDADES, pueden ser publicadas.

En definitiva, no existe un acto arbitrario o ilegal al publicar las morosidades comerciales.

No hay lesión a un derecho INDUBITADO Este requisito Doctrinario principia en el carácter Cautelar del Recurso de Protección que recoge esta calificación las medidas cautelares que se fundamenten en la apariencia de un buen derecho que se fundamente en la VEROSIMILITUD de los hechos afirmados a efectos de ser concedidas y no en determinar VERDAD de estos hechos, que es la finalidad propia del juicio de lato conocimiento y dicho fundamento es el “Fumus Boni Iuris”. El símil de esta situación se recoge para el Recurso del Protección en el carácter INDUBITADO del Derecho reclamado, que según el Profesor nombre reservado, se caracteriza en que “Los Tribunales deben decidir sobre el conflicto de derechos subjetivos públicos de las personas sin que el procedimiento contemple un espacio para que se establezca la VERDAD de los hechos discutidos”, como veremos más adelante.

Las Cortes de Apelaciones y Suprema, ha reconocido esta realidad doctrinal, tal como lo hace la I.C. de Concepción en causa rol 3311-2014 que, en su considerando Séptimo, señala “Que de lo expuesto parece que la recurrente no ha demostrado ser titular de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por mandato constitucional.

El Recurso no es la vía para declarar, constituir o extinguir derechos y solo opera cuando los derechos amagados son indiscutidos”. Cito este fallo por la claridad conceptual que hace entendible y comprensible a los legos del espacio propio de la exigencia del derecho INDUBITADO. Así también la IC de Temuco, en fallo rol 2355-2014 en su considerando 4° Refiere que es indispensable que quién lo intente (Recurso de protección), acredite la existencia de un derecho actual que lo favorezca, que esté claramente establecido y determinado.

Lo anterior quiere decir que no se pueden resolver vía protección, cuestiones donde el derecho no tenga su base en la constitución y necesite justificación. Tampoco cuestiones en donde la agresión o lesión al derecho no conste fehacientemente y menos se encuentren sustentados en HECHOS EQUIVOCADOS, como en el caso de autos, pues no es efectivo que la publicación de las morosidades del recurrente diga relación con los créditos en que el sustenta su acción, resaltando con ello el carácter EXCEPCIONAL de esta acción cautelar.

La acción de protección no es fuente de CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Otro aspecto que se debe recoger que de la propia petición de la recurrente pareciera desprenderse que se solicita la DECLARACIÓN DE UNOS O nombre reservado, lo que claramente contraviene decisiones jurisprudenciales tal como la de la Excma C.S. rol 14.312-2015 que en extracto en el boletín jurisprudencial del TC de Enero de 2016, refiere “El grueso del conflicto expuesto no es una materia que debiera resolverse por medio de un Recurso de Protección , ya que este no constituye una instancia de declaración de derechos , sino de protección de aquellos que, siendo prexistentes e indubitados se encuentran afectados ´por una acción u omisión ilegal o arbitraria”. El propio Tribunal Constitucional en causa rol 2538-2014 señala respecto del Recurso de Protección “se trata de una acción cautelar para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que amerita una solución urgente”.

Al existir una relación de los hechos EQUIVOCADA y que la situación de facto descrita es inexistente, no puede el recurrente, fundar esta acción en otras situaciones CREDITICIAS Y DE MORA, no incorporadas a la relación del Recurso. Si así se hiciera se estaría “declarando derechos”, respecto de una cuestión no sometida al conocimiento del Tribunal Tampoco hay infracción a la garantía constitucional invocada. Fundamentalmente este recurso debe ser rechazado por el ERROR en la relación de la situación fáctica. Sin embargo, en forma breve también veremos que no existe garantía constitucional afectada en ninguna de las invocaciones. AL respecto:

No se configura infracción alguna a la garantía del inciso 4° del Art 19 N°3, toda vez que no hay o no se ha configurado “Juzgamiento” o acto condenatorio de comisión especial alguna, respecto de la publicación de datos autorizados expresamente por la ley.

No hay infracción al art. 19 N°4 con relación a la afectación de la Honra o de protección a la vida privada o de datos personales, toda vez que la publicación de datos comerciales está expresamente autorizada por la ley.

Tampoco existe infracción alguna al art. 19 N° 21, pues el Banco no ha desarrollado acción o acto alguno que tenga como finalidad impedir que el recurrente desarrolle cualquiera actividad económica autorizada por la ley.

Solicita el rechazo en todas sus partes del Recurso de Protección informado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

a) Copia de la demanda presentada en causa rol C-294-2017 del Ingreso Civil del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y copia del pagaré acompañado en dicho juicio.

b) Copia de la demanda presentada en causa rol C-1209-2018 del Ingreso Civil del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco y copia del pagaré acompañado en dicho juicio.

A folio 19 nombre reservado y PAMELA SALINAS RODRÍGUEZ, abogados, ambos en representación de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA informan lo siguiente:

INFORMACIÓN PREVIA A LOS HECHOS Equifax, conforme a su giro, presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado, y a un número importante de personas. Los sistemas de información o bases de datos de Equifax están compuestos no sólo por información entregada por aportantes directos al Boletín Electrónico Dicom, sino que también integran otros sistemas de información de otros responsables, como por ejemplo la base de datos denominada “BOLCOM”, que corresponde al Boletín Comercial, cuyo responsable es la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

Es del caso, que las morosidades comunicadas por entidades bancarias, en este caso BANCO DEL ESTADO DE CHILE, provienen de la base de datos BOLCOM.

Es del caso, que las morosidades informadas y que objeta la demandante fueron ingresadas al sistema por el Banco del Estado de Chile, siendo el único responsable de la entrega y difusión de la misma. A mayor abundamiento, los datos no son publicados directamente por nuestra representada, sino que son retransmitidos por ella, y en este caso, la información proviene de la base de datos BOLCOM referida anteriormente.

Tal como se informa en el sitio web de la Cámara de Comercio de Santiago https://www.boletincomercial.cl/boletincomercial/nosotros La información objeto del presente recurso no es sólo retransmitida a Equifax, sino que también a todos los distribuidores de información comercial del mercado.

La causa de que los datos de las bases de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., sean incluidos en los informes de Equifax es el contrato suscrito entre mi representada y la Cámara de Comercio de Santiago A.G., de fecha 11 de abril de 2000.

En virtud de lo señalado, esta parte no posee ningún antecedente adicional sobre las publicaciones que pueda ser aportado a S.S., dado que el responsable de las bases de datos materia de la presente demanda es la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

DERECHO Para que sea pertinente recurrir de protección deberían concurrir los siguientes requisitos copulativos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental. La presente acción no debiera prosperar porque no existe acción u omisión ilegal o arbitrario que la recurrente indica y no existe privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales.

Por su parte, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de tutela destinada a evitar las posibles consecuencias perniciosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias y/o ilegales, que priven, perturben o amenacen alguna, algunas o todas las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del Derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. (Considerando 1° fallo Corte de Apelaciones de Concepción causa Rol 81569 – 2022). Es por ello, que, en el caso de autos, se puede dilucidar que no existe ningún acto arbitrario e ilegal en el actuar de mi representada, quien en todo momento ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por el recurrente.

A mayor abundamiento y como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia preponderante de nuestros tribunales de justicia, la parte recurrente deberá acreditar, la existencia de un derecho indiscutido y preexistente, de aquellos cuyo imperio ha de ser protegido por esta vía cautelar de urgencia, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que la presente acción ha de ser rechazada, con expresa condenación en costas.

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA RESPECTO A LA PUBLICACIÓN RECLAMADA, POR PARTE DE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA.

De la sola lectura de los hechos y argumentos esgrimidos en el recurso, se desprende que los mismos no le son imputables a Equifax, por cuanto la mayoría de las alegaciones señaladas en el libelo se refieren a un tercero, la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., consistentes en haber publicado cuotas morosas, información proporcionada a su vez por el BANCO DEL ESTADO DE CHILE, que según sus dichos no correspondía publicar.

Es más, con la finalidad de poder resolver las reclamaciones de los titulares de datos, informa a la Cámara de Comercio de Santiago cada vez que existe una discrepancia respecto a publicaciones que se originan en la base de datos BOLCOM, pues bien, para este caso en particular, también se realizó dicha información, es más, se consultó respecto a la vigencia de la publicación entregando la información proporcionada por el recurrente, no obteniendo, aun así, una respuesta satisfactoria de parte de la Cámara de Comercio, tal como se acredita en imagen adjunta.

Con lo anterior. queda acreditado que Equifax sólo accede a la información que entrega la Cámara de Comercio de Santiago en virtud del Contrato celebrado entre las partes. Incluso, como se acredita en el correo adjunto a esta presentación, ante una solicitud de ratificación de información, ni siquiera se nos responden los correos electrónicos. En consecuencia, para poder realizar alguna clase de gestión y/o corrección respecto a morosidades, cuya procedencia sea la Cámara de Comercio de Santiago, debe ser realizada por el Titular de Datos ante dicha institución.

Además debemos señalar que la publicación por parte de la Cámara de Comercio de Santiago de las cuotas morosas materia de autos, corresponde a una obligación legal que se le impone a través del Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, el que dispone en su artículo 1° N° 4 que LOS BANCOS, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos PODRÁN REMITIR LA NÓMINA DE LOS DEUDORES MOROSOS EN EL SERVICIO DE SUS PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, agregando que estas nóminas se remitirán dentro de los quince primeros días de cada mes calendario y contendrán el nombre completo del deudor, rol único tributario, su domicilio y el monto del servicio que estuviere debiendo.

Adicionalmente, cuando alguna de las instituciones a que se refiere el N° 4 del artículo 1° del Decreto Supremo N° 950 ya mencionado (banco, sociedad financiera, administradora de mutuos hipotecarios o cooperativa de ahorro y crédito), decide ejercer la facultad que dicha disposición le concede de enviar al Boletín de Informaciones Comerciales la nómina de los deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos, la Cámara de Comercio de Santiago, como administradora de dicho banco de datos, se encuentra forzada a cumplir lo que le ordena en forma imperativa el referido cuerpo normativo El artículo 2° de dicho Decreto Supremo agrega que, en posesión de los datos, la Cámara de Comercio de Chile procederá a agruparlos por materias y por orden alfabético, separándolos por departamentos o localidades a que corresponda cada uno de ellos y finalmente el artículo 3° ordena a esta entidad a publicar bajo su vigilancia y responsabilidad un boletín semanal que contenga estos datos.

Asimismo, es necesario tener presente que la Ley N° 19.628 dispuso en su artículo 3° transitorio que las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el Decreto Supremo de Hacienda N° 950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.

Por lo anteriormente señalado y las normas indicadas, se puede entender el hecho de que el Banco del Estado de Chile, por mandato legal, envió la información referente a las cuotas morosas, las que fueron publicadas por la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su Boletín Comercial y posteriormente, esa misma información fue retransmitida por mi representada, sin poder Equifax efectuar modificación alguna de dichos datos, ya que no es la fuente de los mismos.

EQUIFAX NO ES EL RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS BOLCOM La información del Boletín Comercial señalada por el recurrente sólo es adquirida y transmitida por mi representada, al igual que cualquier tercero, estando imposibilitado contractualmente, de alterar esa información o base de datos y sólo cuando la Cámara de Comercio modifica o elimina estos datos, mi representada debe en el mismo sentido modificarlos o eliminarlos. En consecuencia, el responsable de los datos materia del presente recurso, es la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. a través de su base BOLCOM, y no Equifax.

Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales, contractuales y conforme a la legislación vigente.

Solicita su RECHAZO, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos.

1.- Sentencia dictada por el 2° Juzgado de Letras de Iquique Rol C- 238- 2022 y su confirmación de la Iltma Corte de Apelaciones de Iquique, Rol 130-2022 respecto a la falta de legitimidad pasiva de Equifax por las publicaciones informadas por la Cámara de Comercio de Santiago.

2.- Boletín de Protestos e Impagos del recurrente, con información proveniente de la Cámara de Comercio de Santiago.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, tratándose el presente recurso de una acción cautelar de carácter excepcional que pretende dar una respuesta rápida y en un procedimiento breve a situaciones que afectan algunos derechos fundamentales establecidos a favor de las personas, es necesario determinar si existe un derecho indubitado en relación al recurrente que se encuentre afectado que permita pronunciarse respecto de alguna medida que a su respecto se pueda adoptar para efecto de garantizar su ejercicio.

SEGUNDO: Que, la recurrente, cuestiona que en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, y en el Boletín Electrónico Dicom de Equifax Chile Limitada se hayan publicados dos morosidades respecto de créditos en donde figura como emisor el Banco del Estado de Chile, dado que a su entender, esas morosidades dicen relación con deudas que fueron cobradas en el juicio ejecutivo rol C- 294-2017 del Ingreso del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y en el Juicio ejecutivo rol C-1209-2018 del ingreso del Tercer Juzgado Civil de Temuco, causas en las cuales el Banco del Estado, se desistió de ambos cobranzas.

TERCERO: Que, en su informe, el Banco del Estado de Chile ha precisado y demostrado que las deudas que han sido publicadas no dicen relación los documentos cobrados en los juicios antes mencionados. En efecto, en el juicio Rol C-294-2017 del Juzgado de Letras de Nueva Imperial se cobra el crédito número de operación 00013372495, suscrito por la cantidad original de $9.339.986 , con fecha de mora el día 5 de mayo de 2017 y en el que se demanda la suma de $3.486.327 y en el juicio rol C- 1209-2018 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, se cobra el crédito número de operación 00014223289, suscrito por la cantidad original de $21.637.927, con fecha de mora el día 6 de Noviembre de 2017 y en el que se demanda la suma de $15.799.568. En cambio, las deudas publicadas dicen relación con el documento N° 8012, por un monto $2.089.911 y con el documento N° 583 por un monto $12.612.880, por lo que su actuación no puede ser considerada ilegal o arbitraria CUARTO: Que, el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, del Ministerio de Hacienda, vigente conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley N° 19.628, dispone en su artículo 1° N° 4 que “Asimismo, los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir - a la "Cámara de Comercio de Chile" - la nómina de los deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos.”

QUINTO: Que, por ende, no hay una conducta en el Banco del Estado de Chile que pueda sea calificada de ilegal o arbitraria , dado que este se ajustó a las facultades legales y reglamentarias que le han sido reconocidas, no siendo además afectivo lo señalado por la recurrente en su recurso al vincular lo debatido en los juicios ejecutivos Rol C- 294-2017 del Ingreso del Juzgado de Letras de Nueva Imperial y Rol C-1209-2018 del ingreso del Tercer Juzgado Civil de Temuco, con la publicación impugnada.

SEXTO: Que, adicionalmente, en cuanto al rol que cabe a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cabe consignar que él se ajustó a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda y al artículo tercero transitorio de la Ley N° 19.628, que le mandata publicar en el boletín comercial a requerimiento del acreedor respectivo, en este caso del Banco del Estado, por lo que su conducta no puede ser considerada como un acto ilegal y/o arbitrario. Similar situación afecta a Equifax Chile Limitada ya que las publicaciones que se efectuaron en el Boletín Electrónico Dicom, fueron a requerimiento del Banco del Estado de Chile, siendo este último único responsable de la entrega y difusión de esta. A mayor abundamiento, los datos no son publicados directamente por ella, sino que son retransmitidos, y en este caso, la información proviene de la base de datos BOLCOM referida anteriormente.

SEPTIMO: Que, por lo anterior, es posible concluir que la actuación de las recurridas no ha sido arbitraria ni ilegal, ya que por un parte han requerido publicar y por la otra se ha procedido a publicar, información fidedigna y que además le fueron aportados por entidades habilitadas, no incurriendo en ninguna ilegalidad o arbitrariedad.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la empresa DICOM EQUIFAX S.A., del BANCO ESTADO DE CHILE, y de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

Comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger N°Protección-13945-2023. (cwm)