nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece VALENTIN ALEX VERGARA SCHNEIDER, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, representada legalmente por su alcalde don Raúl Schifferli Díaz o, quien lo subrogue o reemplace, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que, con fecha 6 de abril del año en curso su representado fue notificado de la decisión final adoptada en un sumario administrativo, por el cual se le impuso la medida disciplinaria de destitución de su cargo de profesor o profesional de la educación del Depto. Municipal de Lautaro.

Expone que dicha decisión es ilegal y arbitraria por las siguientes razones:

1.- No acogió la prescripción de la sanción administrativa alegada.

Los 4 cargos que se le formularon dicen relación con no haber dado cuenta a su empleador de la inhabilidad sobreviniente de haber sido condenado por crimen o simple delito, por condenas de simples delitos que fueron dictadas por un Juez de Garantía, la del primer cargo data del año 2012, prescrita para todos los efectos legales incluso penales, en causa RIT 332-2012 del Juzgado de Garantía de Lautaro.

Respecto de las otras 3 condenas, respecto del cargo 2, en causa RIT 1475-2016 por el delito de manejo en estado de ebriedad del art. 209 de la ley de tránsito, cuya data es de 7 de diciembre de 2016, el tercer cargo es por una condena por lesiones menos graves en VIF en causa RIT 914-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, y el tercer cargo por condena en causa RIT 12.086-2018 dictada con fecha 11 de marzo de 2019, por delito de manejo en estado de ebriedad, que corresponde al juzgado de Garantía de Temuco. Todas las condenas prescritas y con penas sustitutivas de la ley 18.216. Respecto de esta última la más reciente, prescribía en septiembre de 2019, y este sumario se inició con fecha 18 octubre de 2019 por lo cual se encuentra prescrita la responsabilidad administrativa, por tanto, su responsabilidad y la acción que tenía la autoridad administrativa para perseguir sanciones se encuentran prescritas.

Indica que la Contraloría General de la República, en su jurisprudencia administrativa, ha dictaminado de forma persistente que la prescripción de la sanción administrativa se rige por las normas de prescripción del derecho penal.

De esta manera, a su juicio, todo procedimiento administrativo que exceda en su tramitación el plazo de prescripción de la acción administrativa, habrá decaído por la excesiva demora en su tramitación.

2.- Infracción al principio de probidad administrativa.

Manifiesta que la resolución que aprobó el sumario administrativo, en su punto N°44 señala: “que en virtud del artículo 137 de la ley 18.883 del estatuto administrativo para funcionarios municipales y demás normas aplicables al procedimiento disciplinario de sumario administrativo el fiscal instructor ha propuesto la medida disciplinaria de terminación de la relación laboral, al inculpado don nombre reservado, por cuanto su conducta contraviene el principio de la probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta funcionaria intachable y que, de acuerdo a los antecedentes que se han tenido a la vista, el actuar del inculpado no se condice con el cargo y función que desempeña.”

Refiere que no comparte lo señalado ya que la probidad administrativa debe ser evaluada en la esfera de su trabajo, de sus competencias profesionales, faltas graves a la misma, a la falta de lealtad para con su empleador y con sus funciones, pero no es proporcional a decretar tan grave medida o sanción por hechos que se cometieron en horarios fuera del ámbito laboral y que no enlodan en nada su actividad profesional, hechos que si bien tienen el carácter de delito se trata de un delito formal de peligro abstracto que no tienen una víctima o sujeto pasivo definido, que por lo tanto es mucho menor el reproche que moral y legalmente se puede dar a estos hechos.

Se trata en síntesis de una sanción por no autodenunciarse ante la autoridad administrativa y, el correlato de no autodenunciarse en materia penal no es delito ya que así lo establece el principio de inocencia del artículo 4 del CPP y el 340 del mismo cuerpo legal que establece que nadie puede ser condenado con su sola confesión.

Todas las otras causales de destitución dicen relación con una grave afectación al principio de la probidad administrativa, en el ejercicio de sus cargos y esta causal viene siendo destemplada y desproporcionada a la falta cometida por el funcionario público fuera de sus horarios en que ejerce la actividad pública, por lo que con mayor razón debe ser considerada una falta que no afecta el correcto funcionamiento del servicio público.

Agrega que, si bien la Contraloría General de la República establece que prima el principio de la independencia de responsabilidad, la autoridad administrativa puede aplicar medidas disciplinarias al margen de proceso penal, esta no puede repetir las sanciones ya ejecutoriadas en un proceso penal.

3.- Precisa que el artículo 90 del estatuto administrativo señala que “los servidores públicos tendrán derecho a ser defendidos…” y exigir a la institución a que representen a que los defiendan, lo cual la I. Municipalidad de Lautaro no realizó y es más, fue condenado en todos los procesos en procedimiento abreviado o simplificado admitiendo responsabilidad, no tuvo una defensa por cuanto nunca fue condenado en un juicio efectivo, mal asesorado simplemente admitió responsabilidad sin medir las consecuencias administrativas que esto le pudiera ocasionar, y en definitiva no tuvo un debido proceso que permitiera la tutela judicial efectiva de su derecho a un juicio oral y público.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, por cuanto se le ha impedido continuar con su trabajo remunerado, sin haber incurrido en ninguna causal como para ser removido del mismo vía un sumario administrativo forzado, amañado solo para destituirlo y evitar buscar causales en el Código del trabajo puesto que en este no existía ninguna causal como para despedirlo.

En segundo lugar, sostiene que se ha vulnerado el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, la que se ha visto afectada por la imposibilidad de ejercer sus labores docentes al impedirlo con su destitución.

En tercer término, refiere que se ha vulnerado el artículo 19 N°3, ya que en un procedimiento sancionatorio de esta gravedad es evidente que no contar con un abogado conculca el derecho a defensa jurídica, lo cual la recurrida nunca dio espacio o exigió que el recurrente y sumariado en su momento pudiese contar con defensa letrada.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene que se deje sin efecto el acto administrativo que ordenó la destitución de su representado, ordenando reintegrar a nombre reservado a sus funciones.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia digitalizada de Acta de notificación de 6 de abril de la destitución de nombre reservado, emitida por el Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Lautaro; 2.- Copia digitalizada de Decreto personal N° 917 de fecha 6 de abril de 2022 que rechaza reposición de sumario administrativo.

A folio 13, comparece don nombre reservado, Alcalde (s) de la I. Municipalidad de Lautaro.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso de protección.

Expresa que el recurrente fue notificado con fecha 6 de abril de 2022 personalmente del Decreto Alcaldicio N°917 que rechazó el recurso de reposición y ratificó la medida disciplinaria de destitución y término del contrato de trabajo docente. Luego, con fecha 5 de mayo de 2022 compareció en estos autos el abogado Valentín Vergara Schneider, ingresando un escrito que nada dice, que corresponde a una fotografía de una parte de un decreto, lo que no constituye la interposición de un recurso de protección. Así, por resolución de 12 de mayo se apercibió a la recurrente para que aclarara lo solicitado, y recién con fecha 16 de mayo el abogado recurrente acompañó el texto del recurso de protección. De esa manera, el recurso de protección fue recién interpuesto con fecha 16 de mayo de 2022 y no el 5 del mismo mes, por lo que el recurso ha sido interpuesto de forma extemporánea.

En segundo lugar, respecto del fondo, señala que mediante Decreto Alcaldicio N°5.469 de 18 de octubre de 2019 se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en contra del recurrente. Ello por cuanto el día 11 de julio de 2019, el recurrente puso en conocimiento de la autoridad municipal la última condena penal de que fue objeto, por delito de manejo en estado de ebriedad, por sentencia del Juzgado de Garantía de Temuco, en autos RIT 12.086-2018, en que se le condenó a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de inhabilidad por ese plazo para el ejercicio de cargos públicos.

Indica que, conforme al artículo 64 de la Ley N° 18.575, en el caso de las inhabilidades sobrevinientes, deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 54 y que, en el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función. A su turno, el artículo 54 señala que, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Manifiesta que, dentro de los antecedentes penales que fueron incorporados al proceso disciplinario, el recurrente consta de las siguientes anotaciones:

1. Condena como autor de delito de manejo en estado de ebriedad, por sentencia de 26 de marzo de 2012, RIT 332/2012 del Juzgado de Garantía de Temuco, a la pena de 61 días más accesorias legales.

2. Condena como autor de delito del artículo 209 inciso primero de la Ley N° 18.290, por sentencia de 7 de diciembre de 2016, causa RIT 1.475-2016, del Juzgado de Garantía de Lautaro, a la pena de 61 días más accesorias legales.

3. Condena como autor de delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, por sentencia de 15 de marzo de 2018 en causa RIT 914-2017 del Juzgado de Garantía de Lautaro, a multa de un tercio de UTM y accesoria del artículo 9 letra c) de la Ley 20.066.

4. Condena como autor de delito de conducción en estado de ebriedad, por sentencia de 11 de marzo de 2019, en causa RIT 12.086-2018 del Juzgado de Garantía de Temuco, a la pena de 61 días más accesorias legales.

Refiere que de ello se desprende que al recurrente le afectaron diversas condenas penales, de las cuales sólo la última fue informada conforme a su obligación funcionaria.

Así, se le formularon 4 cargos por no haber informado a su empleador de la inhabilidad sobreviniente que le afectaba, respecto de cada una de las condenas anteriormente señaladas, estimando que dicha conducta constituye una transgresión y omisión a la obligación contenida en el artículo 66, en relación al artículo 56 ambos de la Ley N° 18.575.

Sostiene que el recurrente, en la tramitación de dicho sumario, evacuó sus descargos, alegando la prescripción de la responsabilidad administrativa, como asimismo la afectación al principio de proporcionalidad. Además, solicitó diligencias y la apertura de un término probatorio, a lo que se accedió.

Expresa que conforme al art. 72 del Estatuto Docente, los profesionales de la educación dejarán de pertenecer a ella, entre otras, por falta a la probidad. Luego, el artículo 24 señala que, para incorporarse a la dotación, se requiere no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la Ley N° 19.325 sobre violencia intrafamiliar.

Subraya que se acreditó en el sumario que el inculpado y recurrente no informó a su empleador de las inhabilidades sobrevinientes y, en el caso de la última sentencia, ésta se dictó el 11 de marzo de 2019 y fue informada recién con fecha 11 de julio de 2019.

Indica que si bien la Ley N° 19.070 no contempla normas que regulen la prescripción de la acción disciplinaria de los docentes, ni tampoco el Código del Trabajo, se deben aplicar las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico, a saber, las contenidas en el artículo 2.515 del Código Civil. En igual sentido, el artículo 155 de la Ley N° 18.883 señala que la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva.

Añade que, por dichos antecedentes, el Fiscal propuso la medida disciplinaria de terminación de la relación laboral, por cuanto su conducta contraviene el principio de probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta funcionaria intachable, medida que fue aplicada por la autoridad municipal mediante Decreto Alcaldicio N°493 de 18 de febrero de 2022.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Decreto Alcaldicio N° 917 que rechaza el recurso de reposición y ratifica la medida disciplinaria; 2. Acta de notificación al recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión adoptada en un sumario administrativo instruido contra el recurrente, que dispuso su destitución del cargo de docente del departamento de educación de la I. Municipalidad de Lautaro, especialmente por cuanto no se acogieron sus defensas de prescripción de la acción disciplinaria, la de afectación al principio de probidad administrativa ni, la vulneración a normas del debido proceso.

Por su parte, la recurrida estima ajustado a derecho su conducta, por cuanto la decisión de desvinculación del actor se fundó en una grave infracción a la probidad administrativa por no haber informado de las inhabilidades sobrevinientes para ejercer un empleo público, tales como la existencia de 4 condenas penales, no siendo procedente, a su juicio la prescripción de las faltas penales en el ámbito de la responsabilidad administrativa, la que a falta de norma expresa debe aplicarse las reglas generales del ordenamiento jurídico.

TERCERO: Que, en atención a aquello reconocido por las partes y que consta en el acto administrativo acompañado, a saber, el Decreto Alcaldicio N° 917 de 6 de abril de 2022, se pueden tener por establecidos los siguientes hechos:

1. El actor es funcionario de la I. Municipalidad de Lautaro, desempeñando labores de docente.

2. El actor fue condenado en 4 oportunidades, entre los años 2012 a 2019, imponiéndose en tres de dichas condenas la pena accesoria de inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos. La última condena es de fecha 11 de marzo de 2019, por delito de conducción en estado de ebriedad, dictada en autos RIT 12.086-2018 del Juzgado de Garantía de Temuco.

3. Que el actor informó únicamente de ésta última condena, tardíamente, con fecha 11 de julio de 2019.

4. Que, se formularon cuatro cargos al actor, por no haber dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 64 de la Ley N° 18.575 que obliga al funcionario a informar al superior jerárquico dentro del término de 10 días siguientes a la configuración de alguna de las inhabilidades del artículo 54 de la misma ley.

5. Que por Decreto Alcaldicio N° 493 de 18 de febrero de 2022 se aplicó al actor la medida disciplinaria de destitución, conforme al artículo 123 de la Ley N°18.883 y artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070.

6. Que, contra dicho acto administrativo, el recurrente dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado por Decreto Alcaldicio N°917 de 6 de abril de 2022, el que fue notificado personalmente con igual fecha.

CUARTO: Que, previo a pronunciarse sobre el fondo, el recurrente ha sostenido la extemporaneidad del presente recurso, toda vez que la decisión final sobre el sumario administrativo fue comunicado con fecha 6 de abril del año en curso y, con fecha 5 de mayo el actor dedujo la presente acción, pero no aparejó el escrito sino que sólo unas fotografías del acto administrativo, corrigiendo dicho error recién con fecha 16 del mismo mes, razón por la cual ésta última fecha debe considerarse como la de interposición del recurso.

Sin embargo, será desechada dicha alegación por cuanto, si bien efectivamente con fecha 6 de mayo el actor no adjuntó el escrito que corresponde al recurso, con fecha 12 de mayo de 2022, habiendo advertido esta Corte dicha circunstancia, dispuso que, “Previo a proveer, aclárese lo solicitado dentro de tercero día, bajo apercibimiento de archivar los antecedentes que se ingresaron a folio N°1” De tal manera que, habiendo el recurrido cumplido con lo ordenado dentro del plazo concedido, la excepción de extemporaneidad deberá ser desestimada.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, cabe tener presente para resolver el presente recurso las siguientes disposiciones. En efecto, el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070 prescribe: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.” Por su parte, el artículo 154 inciso primero de la Ley N° 18.883 señala: “La acción disciplinaria de la municipalidad contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen.” A su turno, el artículo 155 del mismo cuerpo legal señala: “La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva.” En el mismo sentido, el artículo 64 de la Ley N° 18.575 reza: “Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el Artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica.

En el caso de la inhabilidad a que se refiere el artículo 55 bis, junto con admitirla ante el superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento. Si concluye ese programa satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude el artículo 61, inciso cuarto.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con la medida disciplinaria de destitución del infractor. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren, tratándose de la situación a que alude el inciso segundo.”

SEXTO: Que, de las disposiciones normativas antes descritas se desprende que, en el caso de los funcionarios regidos por la Ley N°19.070, en el ámbito de la responsabilidad se rigen por las reglas contenidas en la Ley N°18.883, de modo tal que el término de prescripción de la acción para determinar la responsabilidad administrativa es el contenido en el artículo 154 ya citado, esto es, de 4 años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen, de modo tal que no se vislumbra una ilegalidad por parte de la recurrida al haber rechazado dicha excepción.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, habida consideración que es un hecho no discutido que el actor no informó de 3 condenas, dos de las cuales implicaban una inhabilidad sobreviniente, esto es, la inhabilidad para ejercer empleos públicos y, en el caso de la última condena, informó con posterioridad al término fijado en el artículo 64 de la Ley N° 18.575, se configuran la hipótesis por la cual ha sido sancionado, la que, como señala ésta última norma, sólo trae aparejada una única pena, a saber, la destitución, de modo tal que tampoco existe una ilegalidad en la sanción dispuesta por la administración comunal.

OCTAVO: Que, en cuanto a las alegaciones relativas a las vulneraciones al debido proceso tanto en los juicios en sede penal por no haber ponderado las consecuencias de haber admitido su responsabilidad, como no contar con abogado en la sustanciación del proceso sumarial, no cabe sino desestimar las mismas, por cuanto, tratándose de las sentencias penales, éstas se encuentran ejecutoriadas y no se observa que la recurrida haya impedido la participación de algún letrado en la defensa del recurrente, no exigiendo el legislador la asistencia obligatoria de un abogado en la sustanciación de dichos procedimientos, de modo tal que no cabe sino el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I.- SE RECHAZA, sin costas, la excepción de extemporaneidad opuesta por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por VALENTIN ALEX VERGARA SCHNEIDER, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, todos ya individualizados.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Fuentes Fernández Protección Rol N°13.936-2022. (sac)