Protección contra HOSPITAL DE PITRUFQUÉN

C.A. de Temuco Temuco, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece el letrado señor nombre reservado, Abogado, compareciendo con capacidad suficiente y bajo los respectos del artículo 2 inciso 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, en favor de nombre reservado, chilena, soltera, TENS, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada domicilio reservado, al Tribunal Colegiado que sirven Vuestras Señorías, expreso:

Que, conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en relación con las garantías constitucionales consignadas en los artículos 19 N°2, Nº3 inciso 4º y 5° y N°24 de la Constitución Política del Estado, amén de las disposiciones contenidas en el artículo 2 inciso 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 28 de Agosto de 2015, comparezco en favor de la funcionaria nombre reservado, deduciendo Acción de Protección, en contra del HOSPITAL DE PITRUFQUÉN, Servicio de Salud Pública, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por su Director nombre reservado, chileno, Enfermero, ignoro demás datos individualizatorios y por los actos de sus dependientes los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, sustentado en los fundamentos de hecho y de derecho que relato:

I.- DEL CONTEXTO FÁCTICO.

1.- Que, con fecha 30 de Noviembre de 2023 se notifica sin mayor formalidad, sin la existencia de un Sumario Administrativo ni proceso disciplinario a Doña nombre reservado del término de su reemplazo contratada con nombramiento estatutario como TENS en la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén.

2.- Que, dicha epístola desvinculatoria no contiene mención formal ni cargo alguno verosímil, sino que rayana en la arbitrariedad se menciona. “…todo ello, por los hechos acontecidos el día 29/11/2023”.

3.- Que, los hechos a que se hace referencia es a la agresión sufrida por Doña nombre reservado de parte de una persona que no es paciente, nombre reservado, quien por hechos celotípicos junto a su madre nombre reservado, no obstante mantener una relación afectiva normal con su padre ya separado y ex cónyuge durante el año 2020, comienzan a hostigarla e insultarla mediante mensajes de texto y whattsaps, subiendo fotos desnudas de ésta a redes sociales. Dicha relación afectiva se encuentra concluida desde el año 2021.

4.- Que, de ese trauma continúa recibiendo psicoterapia. Trabaja en la en la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén bajo la supervisión del Enfermera Jefa nombre reservado con expectativas de continuar trabajando de manera estable.

5.- Que, el día 29 de Noviembre de 2023, aproximadamente, a las 11.30 A.M., más menos me envían a Farmacia abierta a buscar medicamentos, insulina y alimentos Ensure para los pacientes. Estando en la ventanilla esperando los medicamentos se percata que había llegado la hostigadora nombre reservado, grabándola con su celular, preguntándole por qué la estaba grabando, respondiéndole ésta de manera socarrona: “ UUU QUE HAY VIEJAS LOCAS TRABAJANDO ACA”.

Que, intentando evitarla decidió subir por la escalera del lado derecho de la Farmacia y ella venia subiendo por esa misma escalera. Mi representada llevaba las manos ocupadas. Doña nombre reservado grita: “…acá va la loca que le envía fotos desnudas a los hombres”. Le señaló que se desahogara, que conversara, sin embargo ésta la empuja, diciéndole: “…loca, no tengo nada que hablar con vos, coja.”. A mi representada se le caen los medicamentos y al recogerlos recibe una patada y unos tirones de pelo, defendiéndose como pudo. El día de la acreditación del Hospital no quise denunciar nada, su jefe suplente en ese momento era el Enfermero nombre reservado, su jefa de servicio se encontraba de vacaciones. El día 30 de Noviembre de 2023, a las 13:00 P.M. horas llega al servicio don nombre reservado - jefe de personal acompañado de una señorita y la llevaron a una Oficina, junto a la Dra. Peralta y nombre reservado donde se le notifica que se termina anticipadamente su reemplazo y que es desvinculada del servicio por lo sucedido el día 29 de Noviembre de 2023. La Notificación es firmada por el Jefe de Personal del Hospital de Pitrufquén nombre reservado y la jefatura directa en ese momento, nombre reservado

II.- EN CUANTO A LOS DERECHOS CONCULCADOS:

Artículos 19 N°2, Nº3 incisos 4º y 5°, Nº24 y artículo N°20 de la Constitución Política del Estado de Chile.

1.- Artículo 19 Nº2.- La igualdad ante la Ley. “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

a) Que, la igualdad ante la Ley se relaciona con el derecho a defensa, pues el mismo artículo 19 N°3 del código político reconoce la igualdad en el derecho a defensa de todas las personas ante los órganos que imparten justicia, quienes deben respetar sin distinción todas y cada una de las garantías fundamentales. Una vez validada la garantía de la defensa en un proceso determinado, se obtiene no sólo su propia concreción, sino que también se cumple con el postulado de la igualdad en y ante la ley. Es así como el sistema de las Igualdades se autosustenta.

b) Que, no existe Sumario Administrativo en contra de la recurrente, circunstancia que motiva la presentación de la acción cautelar, simplemente se le despide teniendo Nombramiento Vigente como TENS en la Unidad de Diálisis, en calidad de reemplazo, omitieron actuaciones o diligencias esenciales del proceso administrativo, específicamente, no haber sido citada como imputada ni como testigo, sino simplemente se le despide sin Decreto Alcaldicio que ordene un Sumario, de manera que esos actos arbitrarios vulneran las garantías constitucionales, pues se le ha privado del derecho a defenderse en un proceso legalmente tramitado.

c) Que, el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República asegura la igualdad ante la ley, de manera tal que ninguna persona pública ni privada, ni autoridad alguna, puede establecer diferencias discriminatorias ni arbitrarias que lesionen el principio constitucional y legal de la no discriminación.

d) Que, en esta línea de razonamiento, un acto administrativo goza de discrecionalidad, consistente en una libertad de apreciación en relación con ciertos elementos del acto frente al objeto del mismo. En efecto, la discrecionalidad, importa cierto campo, mayor o menor, de ponderación en cuanto a qué decidir. Además, dice relación con la oportunidad, la conveniencia. Dentro de esta lógica, el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, o cómo debe obrar, o en fin, qué contenido va a dar a su actuación.

e) Que, en el caso de marras y dicho lo anterior, no se pueden confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad, pues ésta arbitrariedad es una conducta antijurídica e ilegítima de los órganos del Estado; así en los hechos constitutivos del actuar de la Administración Hospitalaria, la discrecionalidad está vedada, pues se trata de un procedimiento de derecho estricto, carente de cualidades facultativas de las que incurridas las sitúa en la hipótesis de infracción a la Igualdad ante la Ley. En cambio, la discrecionalidad se desenvuelve en un contexto de juridicidad y es por principio legítima.

2.- Artículo 19 Nº 3.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

A.- Artículo 19 N°3 inciso 5°: “…Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

a) Que, es posible afirmar que cuando el artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Constitución prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, apunta a dos elementos que se señalan claramente. Con ellos es posible determinar cuándo estamos frente a una comisión especial, utilizando un test que se pregunte, en primer lugar, cuál es la fuente por la cual se estableció el tribunal y, en segundo lugar, en qué momento se ha establecido dicho tribunal en relación a los hechos que juzgará. En virtud del artículo 20 de la Constitución, todo aquel que sea juzgado por un tribunal establecido por una fuente distinta a una ley o bien por un tribunal establecido con posterioridad a la comisión del hecho que se ha de juzgar, se entenderá juzgado por una comisión especial, y podrá entablar una acción de protección ante Tribunales. Bajo este concepto, es posible identificar ex ante a una comisión especial, tanto por la fuente normativa que la regula, como por el momento en que fue constituida para juzgar determinados hechos.

b) ¿Qué es una Comisión Especial para la Constitución? La voz comisiones especiales, desde luego, no se refiere a tribunales que en virtud de la materia de que conocen pueden ser clasificados como tribunales especiales, tales como por ejemplo, los tribunales de familia o del trabajo. Tampoco se refiere a tribunales establecidos fuera del Poder Judicial. La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser considerados. Que, con similar razonamiento la doctrina mayoritaria estima que el debido proceso, como garantía, se aplica a todo acto de aplicación de derecho, sin distinguir si en rigor se trata de un acto jurisdiccional o no. Que, el sustrato de la norma que señala que “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas” en nada difiere del sustrato del inciso 1° del artículo 7 de la Constitución, que señala que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la ley. Las sanciones aplicadas por la Administración deben ajustarse a la ley y dicha ley debe respetar principios de un Estado de Derecho y evitar un trato desigual y arbitrario. Pero es en virtud de tales normas –y no del artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución– que puede afirmarse que respecto de la actividad administrativa se exige un proceso legal.

B.- Artículo 19 N°3 inciso 4° DE LA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. “…Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”

1.- Que, no existe formulación de cargos en contra de la recurrente, por lo que esa desvinculación desde la óptica del Derecho Administrativo padece o exhibe un vicio de nulidad que afecta su validez. El vicio tiene el carácter de insubsanable, pues se relaciona con que no se han observado las normas mínimas que garantizan el derecho constitucional al debido proceso. Que, ello infracciona el artículo 18 de la Resolución Nº510 de 2013 de la Contraloría General de la República.

2.- Que, dicho vicio resplandece de la sola lectura de la Notificación, la que pobremente se refiere a “hechos acontecidos el 29/11/2023”.

3.- Que, en apoyo jurisprudencial el fallo de la Excma. Corte Suprema en autos Rol N°2.581-2019, datado el 21 de Marzo de 2019, expresando: Tercero: Que, de las piezas sumariales aportadas se desprende que el recurrente fue citado a declarar “bajo apercibimiento legal” y que, al tiempo de tomarse su declaración, lo hizo “bajo promesa de decir verdad”, y se le preguntó enseguida si tenía alguna causal de recusación hacia el fiscal o actuario del sumario, sin que en la respectiva citación ni durante el transcurso de la declaración se le diera a entender que era inculpado en el sumario. Cuarto: Que, el artículo 132 del Estatuto Administrativo dispone: “Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario”. Por su parte, el artículo 15 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, prescribe que: “El personal de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarles. En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”. Quinto: Que, de las normas transcritas se sigue que la legislación administrativa contempla una forma especial en que los funcionarios a los que pueda caber responsabilidad en los hechos que se investigan en un sumario administrativo han de ser citados a declarar y sobre el modo en que debe recibirse la respectiva declaración. En efecto, desde que tales personas adquieren la calidad de inculpados, han de ser citados a declarar precisamente en esa calidad, ya sea que hayan prestado declaración previamente o lo hagan por primera y única vez. En términos generales, tras esas disposiciones, está involucrado del debido ejercicio del derecho de defensa, pues resulta consustancial a éste el conocimiento por el afectado de la posición que se toma en el sumario… Así, la distinción en cuanto a la forma en que es llamado a intervenir el inculpado durante la investigación de un sumario administrativo, forma parte de lo que el citado artículo 15 de la Ley N°18.575 denomina el DERECHO A UN RACIONAL Y JUSTO PROCEDIMIENTO, haciendo suyos términos que el inciso sexto del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República emplea, entre otras disposiciones, para conformar el concepto de debido proceso en el ámbito jurisdiccional. Sexto: Que, de esta forma, no existiendo antecedentes de que el actor haya sido citado a declarar en calidad de inculpado al sumario administrativo en virtud del cual resultó sancionado, se concluye que el recurrido se apartó de las normas conforme a las cuales debía sustanciarlo.

Que, en el caso sub lite, nada de ello se verificó, simplemente, se le desvinculó.

4.- Que, en ese escenario nulificable, el sentido y alcance de la norma del artículo 18 del Reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría General de la República es de idéntica naturaleza que la del artículo 132 del Estatuto Administrativo, en cuanto se vinculan necesariamente con el debido resguardo y protección al derecho al debido proceso y a un racional y justo procedimiento para el inculpado, situación que en el caso de marras no ha ocurrido. De esta manera, este vicio en este estadio procesal es insubsanable, de suerte que todo el procedimiento sufre de un vicio de nulidad absoluta.

5.- Que, a mayor abundamiento, se le afectó su derecho a defensa instrumentalizando la denuncia de nombre reservado para desvincularla, sin ningún derecho a réplica ni citada para comentar su versión de los hechos.

Que, ello vulnera normas constitucionales y de la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, puesto que nunca fue puesto a su disposición ningún Decreto que haya ordenado la instrucción de un Sumario para su conocimiento. Que, así se configuran graves vicios que afectan su Derecho a Defensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Sumarios de la Contraloría, por lo que esa desvinculación es insalvablemente nula, debiendo procederse a su reincorporación.

6.- Que, en la praxis estas garantías mínimas están contempladas tanto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, y también en otros instrumentos internacionales. En general la doctrina nacional ha dicho que la garantía del debido proceso se encuentra ampliada en la Constitución Política chilena, a toda controversia que se promueva en el orden temporal, ante los tribunales ordinarios, los órganos administrativos, la Contraloría General de la República, y cualquier órgano que ejerza poderes de sanción. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 8 al hablar de las Garantías Judiciales expresa: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,” o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El debido proceso es un concepto esencial de los estándares internacionales que legitiman también la justicia administrativa, según dispone el artículo 8º de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” suscrita en San nombre reservado Rica el día 22 de noviembre de 1969, y cuyos preceptos son obligatorios para el Estado de Chile de conformidad con el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política de la República, de esta manera, todo órgano público, tiene la obligación de promover y respetar tales derechos procesales.

7.- Que, en la especie, aparece una contaminación de toda regularidad administrativa desde su inicio, pues se vulnera sin duda la garantía de imparcialidad, ya que esta desvinculación se trata de una verdadera Vista Fiscal y no precisamente una resolución dirigida al descubrimiento de la verdad, lo que hace que los funcionarios firmantes de la desvinculación se formen antes de afinar el respectivo proceso investigativo sumarial una opinión anticipada que sin duda coarta el derecho pleno a la defensa que tiene la recurrente.

3.- 19 Nº 24 de la C.P.E.: El derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Que, existe una especie de propiedad sobre la función pública docente obtenida por la TENS nombre reservado, resultante de un proceso regular de nombramiento, el que ha sido violentado a través de un procedimiento espurio, instrumentalizándose un hecho externo generado por una persona que no es paciente, para desvincularlas contractualmente sin ninguna mención, sino sólo referencias a hechos genéricos acontecidos el 29/11/2023.

Pide restableciendo el Imperio del Derecho deje sin efecto el acto arbitrario materializado en la Notificación de Desvinculación Laboral predicha, tutelando así las prerrogativas constitucionales invocadas, ordenando las siguientes actuaciones positivas:

1.- Dejar sin efecto la Notificación desvinculatoria de 30 de Noviembre de 2023.

2.- Se ordene la reincorporación de la recurrente a su lugar de trabajo y funciones en la Unidad de Diálisis.

3.- Se paguen las remuneraciones correspondientes desde el día de su desvinculación hasta la época de conclusión del Sumario o Investigación Sumaria.

4.- Condenación manifiesta en costas Acompaña los siguientes documentos:

1.- Notificación desvinculatoria sin expresión de causa, expedida por el Hospital de Pitrufquén y firmado por funcionarios no habilitados, datada el 30 de Noviembre de 2023.

2.- Denuncia Individual de Accidente del Trabajo, ante el ISL, de 05 de Diciembre de 2023.

3.- Información General Asociada a una Causa, expedida por Fiscalía Local del Ministerio Público de Pitrufquén, datada el 04/12/2023, Causa RUC 2100029766-3, en la que consta la calidad de víctima de la recurrente por afectaciones efectuadas por nombre reservado.

4.- Certificado de Psicóloga tratante, Arancibia Benimelis, fecha el 05 de Diciembre de 2023.

A folio 8 evacua informe la recurrida, mediante la abogada doña Patricia Bustamante Borquez, quien sostiene:

A.- DEL RECURSO:

El mencionado recurso de protección, deducido por la señora nombre reservado, tiene por objeto –según se desprende de lo señalado por la misma recurrente-, obtener que se ordene dejar sin efecto la notificación desvinculatoria efectuada con fecha 30 de noviembre de 2023; se ordene la reincorporación de la recurrente a su lugar de trabajo y funciones en la Unidad de Diálisis; se paguen las remuneraciones correspondientes desde el día de su desvinculación hasta la conclusión del sumario o investigación sumaria respectiva; y se condene al pago de las costas del recurso.

El recurso incoado tiene su origen en los siguientes hechos -de manera resumida-, según lo expuesto por la recurrente:

1. Que, con fecha 30 de noviembre de 2023, se notifica a Doña nombre reservado, del término de su reemplazo como TENS en la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén.

2. Que, dicha notificación no contendría mención formal ni cargo alguno, rayando en la arbitrariedad.

3. Que, los hechos a que se hace referencia consisten en la supuesta agresión sufrida por la recurrente de parte de una persona que no sería paciente del Hospital, motivada en una supuesta celotipia que esta última padecería, relacionada con antecedentes maritales y familiares previos.

4. Que, producto de la situación relatada en el punto anterior, la recurrente estaría recibiendo tratamiento psicológico.

5. Que, la recurrente se encontraba trabajando en la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén bajo la supervisión de la funcionaria nombre reservado, con expectativas de continuar laburando en dicho lugar.

6. Que, con fecha 29 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 11:30 horas, la recurrente sería enviada a buscar insumos para pacientes a la farmacia del Hospital, donde se percataría que la supuesta agresora la estaría grabando con un teléfono celular, y que, frente al cuestionamiento de la recurrente a dicha grabación, la supuesta agresora le habría contestado burlescamente. Frente a esta situación, la recurrente habría intentado evitar a la supuesta agresora subiendo por la escalera del recinto, pero esta habría subido con ella por los insumos que se le habían ordenado buscar. Durante el transcurso de la subida por la escalera, la agresora habría gritado e insultado a la recurrente, provocando que a esta última se le cayeran los insumos que llevaba en sus manos. Al intentar recogerlos, la recurrida habría recibido una patada y tirones de cabello por parte de su agresora, procediendo a defenderse. La recurrente sostiene que durante dicha jornada decidió no denunciar lo ocurrido a su jefatura suplente, coincidiendo aquella jornada con el día de la acreditación del centro de salud.

Que, con fecha 30 de noviembre de 2023, a las 13:00 horas aproximadamente, llega al servicio don nombre reservado (jefe de personal), acompañado de otra funcionaria, quienes habrían acompañado a la recurrente hasta una oficina del recinto, donde le habrían notificado que se terminaría anticipadamente su reemplazo, fundado en los hechos sucedidos el día anterior. Dicha notificación fue firmada por el Jefe de Personal del Hospital y la jefatura directa de la recurrente.

Pues bien, de acuerdo a lo expuesto, la recurrente estima que la notificación que informa el término de su reemplazo de fecha 30 de noviembre de 2023, configura un acto ilegal y arbitrario que transgrede las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, debido proceso y presunción de inocencia, y su derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 Nºs 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sobre el particular, se solicita el rechazo fundado del recurso de protección interpuesto, por cuanto conforme a los fundamentos de hechos y derecho que continuación paso a exponer, el Servicio de Salud Araucanía Sur, -en adelante el SSAS-, en la desvinculación de la recurrente, solo ha hecho uso de las potestades que la ley le confiere, sin que pueda sostenerse que en dicho obrar haya actuado de manera arbitraria e ilegal como afirma la recurrente.

B.- RELACIÓN DE LOS HECHOS:

Respecto de la materia planteada, y para mejor comprensión de V.S. Ilustrísima, es necesario realizar una precisión de los hechos tal como han ocurrido y de modo sucinto, para luego expresar las consideraciones de fondo, que, a juicio de esta parte, hacen inadmisible la acción de protección impetrada, o que, en definitiva, determinan el rechazo de la misma, en todas sus partes.

1. Que, la relación de servicio de la recurrente con el Hospital de Pitrufquén se inicia el 05/10/2020, desempeñándose de manera no continua, en calidad jurídica contrato de reemplazo, en la planta técnicos, grado 22° de la Escala Única de Sueldos, desempeñándose en el Hospital como técnico paramédico de enfermería nivel superior.

Hacer presente que los reemplazos que efectuaba la recurrente se respaldaban en permisos administrativos, licencias médicas, feriado legales, y permisos de fuero maternal y/o parental, de funcionarios (as) del referido establecimiento de salud, entre otros, o mientras sean necesarios sus servicios.

2. Que, por Resolución Exenta N° 15909, del 28 de septiembre de 2023 de la Dirección del Hospital de Pitrufquén, se le contrata en calidad jurídica de reemplazo, de la Planta Técnicos, Grado 22° EUS, función atención clínica, en la unidad de diálisis, desde el 25/09/2023 hasta el 17/12/2023 o mientras sean necesarios sus servicios siempre que no exceda del 17/12/2023; respaldándose con permiso Postnatal Parental de doña nombre reservado.

3. Que, con fecha 29/11/2023, la recurrente se ve involucrada en un incidente de agresión hacia una paciente, lo que consta en reclamo ingresado por doña nombre reservado, a través de OIRS del Hospital; en denuncia efectuada a la Fiscalía Local de Pitrufquén; y en grabaciones de cámara de vigilancia.

En este contexto, ante la gravedad de los hechos, se le notifica con fecha 30/11/2023, el término del reemplazo que actualmente realizaba según Resolución Exenta N° 15909, de 2023, por los hechos acontecidos el día 29/11/2023.

4. Que, conforme al Memorándum N° 1, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Enfermero Supervisor (S) de la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén, don nombre reservado, dirigido al Director de dicho recinto asistencial, don nombre reservado, el día 29 de noviembre de 2023, mientras la recurrente doña nombre reservado, se encontraba en cumplimiento de sus funciones como encargada de clínica, fue protagonista junto a una usuaria de dos altercados.

Que, el primer altercado se dio aproximadamente a las 11:30 horas afuera de la farmacia del recinto, donde las protagonistas tuvieron una discusión. El segundo altercado se dio minutos después en las escaleras del recinto hospitalario, donde hubo nuevamente una discusión, pero esta vez acompañada de agresiones físicas entre ambas personas.

Que, conforme a la grabación de la cámara de vigilancia de las escaleras donde se dio el segundo altercado, link que se acompaña al presente informe, en el minuto 20:07 consta que ambas involucradas se cruzan a mitad de escalera, la recurrente bajando por el lado derecho y la usuaria subiendo por el lado izquierdo. No obstante, la recurrente se coloca frente a la usuaria, impidiendo el paso y arrinconando contra la baranda de la escalera a la usuaria y su hijo de 4 años de edad. Mientras se da un intercambio verbal entre ambas, la usuaria intenta subir por las escaleras junto a su hijo, pero la recurrente se lo intenta impedir, lo que termina, producto de la obstaculización de la subida por parte de la recurrente, con que a esta se le caigan los insumos que traía en sus manos. Inmediatamente, la recurrente procede a agarrar del cabello a la usuaria y a golpearla con su puño derecho en la cara, ante lo cual la usuaria procede a defenderse de similar forma. Terminado el altercado físico, continúa una discusión entre ambas por unos segundos, hasta que la recurrente continúa su trayecto bajando por las respectivas escaleras.

Que, con fecha 30 de noviembre de 2023, en cumplimiento del artículo 61 letra K) y artículo 139 del DFL N° 29/05 que fija texto refundido de la ley 18.834, estatuto administrativo, y lo señalado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, se interpone una denuncia ante la Fiscalía Local de Pitrufquén por parte del director del hospital, fundada en los hechos informados por medio del reclamo ingresado por OIRS bajo folio N° 003912 de fecha 29 de noviembre del mismo año, los cuales considera podrían ser constitutivos de delito, adjuntando copia grabación de cámaras de vigilancia.

Que, por Resolución Exenta N° 19027 de fecha 30 de noviembre de 2023 de la Dirección del Hospital de Pitrufquén, se instruye sumario administrativo con el fin de esclarecer los hechos denunciados, designado fiscal y ordenando su notificación y distribución.

Que, conforme al Memorándum señalado en el punto N° 4, el Enfermero Supervisor (S) de la Unidad de Diálisis del Hospital de Pitrufquén informo que tomo conocimiento de los hechos denunciados recién el día 30 de noviembre de 2023, por medio del reclamo ingresado por OIRS el día anterior, sin que la recurrente le haya informado o notificado de forma alguna. Señala que frente a este reclamo, el Director del Hospital, don nombre reservado convoca a una reunión para abordar lo ocurrido, en la cual se revisan el video de una de las cámaras de vigilancia del sector de la escalera del hospital. Frente a la gravedad de los hechos captados por el video, el director del hospital instruye que se ponga término anticipado al reemplazo de la recurrente, lo que debía ser notificado a esta por parte del Jefe de Personal del Hospital. Durante la jornada del 30 de noviembre de 2023, la recurrida se mantiene sin informar lo ocurrido el día anterior, y durante la tarde del mismo día el Jefe de Personal, acompañado de un ministro de fe y otros funcionarios del servicio, le notifican a la recurrente el término de su reemplazo. Notificación es suscrita solo por el Jefe de Personal y el Ministro de Fe.

Que, por Reservado N° 08, de fecha 28 de diciembre de 2023, emitido por el Jefe de la Unidad de Personal del Hospital de Pitrufquén, don nombre reservado, dirigido al Director del Hospital don nombre reservado, se relatan los acontecimientos del día 29 de noviembre del mismo año y protagonizados por la recurrente, y que producto de estos se habría concretado una reunión del equipo directivo del Hospital y la jefatura de la unidad de diálisis, que habría concluido con la instrucción al Jefe de Personal por parte de su jefatura directa que efectuase la notificación del término de reemplazo a la recurrida, en esa época funcionaria, lo cual se haría efectivo el día 30 de noviembre del mismo año a las 13:00 horas aproximadamente. El mismo día a las 13:54 el Jefe de Personal remite la respectiva notificación vía correo electrónico a su jefatura directa.

C.- EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO:

Esta parte sostiene que no se configuran los supuestos de procedencia de la acción de protección.

Es así, que se sostiene la improcedencia del recurso por no darse el supuesto primario del mismo, dado que el actuar de mi representada no ha existido una actuación arbitraria o ilegal.

Por acto ilegal se entiende el objetivamente contrario a la ley y arbitrario el que de adolece de ilegalidad subjetiva, esto es que se conforma en la forma a la ley, pero que sin embargo se desvía del fin que justifica la institución del precepto legal, es decir, que adolece de irracionalidad, de falta de proporción frente a los motivos que determinaron la determinación adoptada.

Sobre el particular, cabe señalar que la acción constitucional de protección no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos preestablecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales y, consecuencialmente, bajo el imperio del derecho, como lo ha reconocido la jurisprudencia reciente.

A su turno, es necesario tener presente que, en la situación en examen, el SSAS, no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y cumplir con las funciones que le corresponden de acuerdo con la citada ley.

Por lo tanto, atendida la naturaleza del recurso de protección, es de toda evidencia que esta acción cautelar no puede ser entablada para obtener un pronunciamiento que recaiga en las pretensiones de la recurrente.

No obstante que, a juicio del SSAS, lo expuesto precedentemente es ya suficiente para que esa lltma. Corte rechace en todas sus partes el recurso en análisis, es conveniente formular algunas precisiones en cuanto a la supuesta infracción de garantías constitucionales.

En relación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 2°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, que asegura la “Igualdad ante la Ley” y que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", es preciso recordar que se ha entendido que, lo que proscribe dicha garantía, son las distinciones arbitrarias y serán tales, las que no se funden en la razón, en la justicia y no propendan al bien común, en síntesis, las que sólo representen un mero capricho y carezcan de una motivación o fundamento racional.

Agrega, además, que por discriminación arbitraria debe entenderse "Toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable", (RDJ, tomo 88, N° 2, sección 5a-, p.178).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se advierte cómo la garantía de que se trata habría sido vulnerada por el SSAS, a través de la notificación del término de contrato en calidad jurídica de reemplazo de la recurrida, cuyo plazo de extensión era hasta el día 17/12/2023, puesto que, como se ha analizado, ello obedeció ante la gravedad de los hechos en los cuales se vio envuelta la recurrente -agresión a una paciente y/o usuaria-, de modo tal que no es dable suponer que lo expresado en ella habría significado un tratamiento discriminatorio a la recurrente.

Conforme a lo expuesto anteriormente, resulta forzoso concluir que el Hospital de Pitrufquén, al poner término al reemplazo de la recurrida, sólo ha hecho uso de las potestades que la ley le confiere, sin que pueda sostenerse que en dicho obrar haya actuado de manera ilegal o arbitraria.

Con respecto, a la supuesta vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 24, el derecho de propiedad sobre la carrera funcionaria, es dable reiterar que la recurrente siempre estuvo en calidad jurídica de reemplazo, por periodos que no son continuos, según da cuenta relación de servicio que se acompaña a esta presentación o mientras sean necesarios sus servicios.

A mayor abundamiento, y conforme a lo expresado en el dictamen N° 48.621, de 2010, de este Órgano Contralor, es dable advertir que los empleos a contrata poseen una condición esencialmente temporal, y quienes los ejercen gozan de una estabilidad en el empleo que se encuentra limitada por el carácter transitorio del vínculo, de manera que la seguridad que les garantiza la ley N° 18.834, dice relación con la circunstancia de que su expiración de funciones proceda por una de las causales que la ley establezca, a menos que el contrato haya sido dispuesto bajo la fórmula en comento, motivo por el cual resulta forzoso colegir que los empleados designados en tal calidad carecen de la propiedad del cargo que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares, a quienes el inciso segundo del artículo 4° del referido Estatuto Administrativo, les ha concedido expresamente tal prerrogativa.

Finalmente, indicar que la acción constitucional de protección, en tanto excepcional y de urgencia, no le corresponde reemplazar a una acción de nulidad de derecho público, que es la que corresponde ejercer para impugnar un acto que goza de presunción de legalidad como es el caso.

Solicita rechazar el recurso interpuesto por la señora nombre reservado, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Relación de servicio de doña nombre reservado, de fecha 08/01/2024, emitida por Jefa (S) de Personal del Hospital de Pitrufquén.

2.- Resolución Exenta N° 15909, de fecha 28/09/2023, del Director del Hospital de Pitrufquén contrato de reemplazo desde 25/09/2023 hasta el 17/12/2023.

3.- Notificación de fecha 30/11/2023 a doña nombre reservado.

4.- Reclamo Folio N° 003912, de fecha 29/11/2023, efectuado por doña nombre reservado, recepcionado por la asistente social de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias del Hospital de Pitrufquén.

5.- Resolución Exenta N° 19027, de fecha 30/11/2023, de la Directora (S) del Hospital de Pitrufquén, que instruye sumario administrativo, con el fin de esclarecer los hechos por denuncia de OIRS N° 003912.

6.- Reservado N° 133, de fecha 30/11/2023, del Director del Hospital de Pitrufquén a la Fiscalía Local de Pitrufquén. Mat.: Denuncia hecho eventualmente constitutivo de delito.

7.- Formulario de denuncia a la Fiscalía Local de Pitrufquén de fecha 30/11/2023.

8.- Memorándum N° 1, de fecha 21/12/2023, de enfermero supervisor (S) unidad de diálisis señor nombre reservado al Director del Hospital Villarrica. Mat.: Informe relacionado con recurso de protección Rol N° 13920-2023.

9.- Reservado N° 08, de fecha 28/12/2023, de Jefe de la Unidad de Personal del Hospital de Pitrufquén al Director del Hospital de Pitrufquén. Mat.: Informa hechos acontecidos el día 30.11.2023. Temuco, a veintiocho de noviembre del Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Lo antecedente importa que, a fin de prosperar la acción, se requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, resulta indubitado el núcleo central de lo denunciado, mismo que ha dicho relación, tal como consta extensamente en lo expositivo de esta resolución judicial en que, la persona que reclama protección constitucional doña nombre reservado:

a) Fue objeto de una terminación anticipada de su contrata que la vinculada con el Hospital de Pitrufquen, centro asistencial de salud en la que prestaba servicios desde el 22 de septiembre hasta el 17 de diciembre, ambas fechas inclusive del año 2023, ello en calidad jurídica de reemplazo, planta técnicos, grado 22° de la EUS, referido a la cobertura de permiso post natal de la funcionaria nombre reservado, como consta de la Resolución Exenta N°15909 de 28 de septiembre de la anualidad ya precisada, emanada del centro de salud antes apuntado.

b) Lo precedente aconteció el día 30 de noviembre del citado año, es decir, pendientes, a esa fecha, aún 18 días de vigencia de su contrata.

c) Se invocó, por parte de la recurrida que, al reclamante se vio involucrada en un incidente de agresión hacia una paciente, lo que constaría de reclamo formulado, el 29 de noviembre por doña nombre reservado, a través de OIRS del Hospital de Pitrufquen, como en denuncia materializada a la Fiscalía Local del Ministerio Público de la ciudad señalada y en grabaciones de una cámara de seguridad.

d) A fin de desvincularla, en términos de hacer cesar su prestación de servicios en la atención clínica en la unidad de análisis del nosocomio ya señalado, se le practicó una notificación el día 30 de noviembre ya mencionado.

TERCERO: Que, quienes intervienen en el presente recurso, allegaron a efectos de acreditar lo previo, diversos antecedentes, muy fundamentalmente de carácter documental, de los cuales se desprende lo ya asentado. Sumó la recurrida un video, que examinado, en lo pertinente por este Tribunal de Alzada, sólo permitió visualizar una interacción entre quien sería la recurrente y la supuesta reclamante, a la que se observa subiendo una escalera acompañada de un niño de corta edad, al llegar a la culminación de la misma, se acerca quien portaba un uniforme, le cierra el paso, la otra persona retrocede y vuelve a reiniciar su marcha, para nuevamente, quien sería doña nombre reservado, cerrarle el paso y se produce una interacción física entre ambas, de forma breve, apreciándose que existe una accionar de los brazos de aquellas, comenzando por mostrarse que quien lo lleva adelante en primer lugar habría sido la señora nombre reservado.

CUARTO: En la traza de lo que se viene asentado cabe añadir que, como se observa, no existe discusión-en general-respecto de los hechos en que se funda el recurso lo que son admitidos por la entidad estatal recurrido, disputándose lo referido a la supuesta agresión que motivó el termino anticipado de contrato de doña nombre reservado, ya que por un lado, aquella dijo ser víctima, en tanto la recurrida, le endilgó la calidad de victimaria para fundamentar su desvinculación cuestión que, no puede ser objeto de dilucidación por parte de este Tribunal de Alzada, en tanto ello requiere ser acreditado en las sedes que sean pertinentes y bajo los procedimientos de rigor, por lo que es manifiesto que ello, en consecuencia se erige como hecho dubitado.

QUINTO: Así las cosas, conviene recordar que, el ejercicio de la actividad de los órganos del Estado, se encuentra regulado en diversos cuerpos normativos que buscan, precisamente, establecer los supuestos en que la administración puede realizar determinadas actividades, lo que guarda armonía con la lógica pública de esas relación reguladas, en tanto, evidentemente sólo puede, en ese contexto, ejecutarse aquello que está expresamente permitido.

SEXTO: Con lo preliminar, es necesario analizar si la actividad llevada adelante por el Hospital de Pitrufquén al disponer el término de la contrata de la reclamante se encuentra apegada a una regla que la justifique y ampare.

En ese sentido, si bien es admisible que los cargos a contrata, en general, gozan de una estabilidad limitada, pues si bien suele determinarse lapsos de duración determinada, es posible cesar dicho plazo con antelación por no se ser necesarios los servicios de la persona contratada.

En el caso, no existen antecedentes que hagan ver que los servicios para los cuales fue contratada la reclamante no hayan sido necesarios a la fecha del 30 de noviembre del año 2023, ya que la misma lo fue expresamente para dar cobertura a un permiso post natal, y no se ha allegó ningún elemento de convicción que permitan vislumbrar lo antecedente.

SEPTIMO: No obstante lo previo, se ha indicado por la entidad pública recurrida que, se procedió al inmediato cese de sus servicios por cuanto se recibió en la OIRS un reclamo de una supuesta paciente doña nombre reservado, quien dijo haber sido agredida, el día 29 de noviembre por la señora nombre reservado en dependencias del Hospital ya señalado, lo que se consideró de gravedad(y entendemos luego de visualizar cámaras de seguridad), al día siguiente, el 30 de noviembre del año 2023 se le notificó que por los hechos acontecidos el día previo el término de su reemplazo.

OCTAVO: Como es natural, entre el día de la supuesta agresión llevada adelante por la recurrente y la fecha de su notificación, no medió la adopción de ningún procedimiento disciplinario, a fin de constatar la falta a los deberes de parte de la recurrente y adoptar, consecuencialmente, una sanción de dicho carácter, ello sólo se materializó una vez, o al menos el mismo día, en que a aquella se le había desvinculado, es decir, se inicia un sumario ya adoptada, en los hechos, una sanción disciplinaria, pues no otra cosa se explica por la recurrida al señalar que los hechos que dieron por sentados habrían sido ejecutados por la señora nombre reservado, eran de tal gravedad que correspondía el cese de su reemplazo, lo que ciertamente se erige como un castigo por un conducta transgresora de sus deberes, que no se relaciona con la necesidad o no de que siga prestando el servicio para el que fue contratada.

NOVENO: Que, no obstante lo evidente de ello, la recurrida ha insistido en que, en su actuar no ha mediado ni arbitrariedad ni ilegalidad, pues ha ejercido las facultades que le concede la ley, sin indicar la fuente legal de donde emana aquella en el escenario que ha estimado concurrente, pues como se dijo, si bien dotado de la posibilidad de poner cese anticipado a una contrata, aquello es posible ejercerlo fundadamente y bajo el motivo de no ser necesarios los servicios, empero se comprueba con el acta de notificación arrimada por la recurrente que, ella no se expresa ningún motivo, salvo la indicación de se debe a los hechos acontecidos el día 29 de noviembre del año 2023 (que no dicen relación con la necesidad de los servicios), ni menos indicar fuente legal alguna.

DECIMO: Que, así las cosas y si bien, como se ha apuntado, dotado de facultades para el término de la relación, el jefe del servicio debe ejercerlas fundadamente y con estricto apego a la legalidad lo no que, en el caso, no se vislumbra de manera ella que, cabe constatar un actuación ilegal, más si se considera que, sólo después de aquello se inicia un procedimiento sumarial por el mismo hecho que terminó con la funcionaria fuera del servicio.

UNDECIMO: La citada ilegalidad, en parecer de esta Corte, afecta la garantía de igualdad ante la ley del numeral 2° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental desde que, hace merecedora a la recurrente de un tratamiento diferenciado, respecto de otros funcionarios que bajo las mismas condiciones( imputación de una inobservancia de sus deberes funcionarios), son o deben ser sometidos a un proceso disciplinario, ya sea a una investigación o sumario, para determinar sus responsabilidades en ello y conforme el mérito de aquel adoptar una sanción, sin embargo, en el presente caso, aparece que dicho se ha invertido, se sanciona, y luego se adopta la decisión de iniciar un sumario administrativo, de manera ella que, aquella ilegalidad, afecta el núcleo de la garantía constitucional al otorgar un trato desigual e infundado en los términos antes referidos.

Consecuencialmente, a lo ya razonado, es que el presente recurso habrá de ser acogido, por lo argumentos previamente vertidos DUODECIMO: Que, el acto que se ha estimado ilegal y concultorio, por haber producidos sus efectos, y atendido el plazo de la contrata servida por la recurrente limita las posibilidad de ordenar medidas para el restablecimiento del derecho, sin embargo ello, se considera que, la de ordenar el pago de los días de remuneración que mediaban entre la fecha el 30 de noviembre y el 17 de diciembre del 2023, supone una idónea a dicha finalidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de recurso de protección, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por don Shintaro Kuramochi Duhalde, Abogado, en favor de nombre reservado, en contra de Hospital de Pitrufquén, solo en cuanto se ordena que el Director de dicho establecimiento de salud deberá disponer el pago de la remuneración de la recurrente para el periodo que mediaba entre el día 30 de noviembre del año 2023 y el 17 de diciembre del mismo año, lo que deberá comunicar a la brevedad a esta Corte de Apelaciones.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Rol Protección N°13920-2023. (sac)