nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, oficina de Protección Ciudadana, de la ciudad y comuna de Temuco, deduciendo Acción de Protección a favor de doña nombre reservado, Rut N° RUT reservado, soltera, chilena, domiciliada en domicilio reservado, remodelación Caupolicán, de la ciudad y comuna de Temuco, en contra de la Empresa de Correos de Chile, Rut N° RUT reservado, representado por don nombre reservado, Jefe Superior del Servicio, o quien lo reemplace o subrogue, y/o la Agente Regional, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; y en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, cuyo nombre de fantasía es A.F.P PROVIDA, RUT N° RUT reservado, donde su factor de comercio es don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien lo subrogue o reemplace ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los siguientes hechos: con fecha 13 de noviembre de 2023, se recibe de parte del proveedor experto la sociedad estatal Empresa de correos de Chile, una respuesta formal de una carta extraviada de parte de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, dirigida al domicilio ubicado en domicilio reservado donde el verdadero y real domicilio está ubicado y, debidamente informado este cambio en AFP PROVIDA desde el 30 de Noviembre 2022, en domicilio reservado, ambos en REMODELACION CAUPOLICAN, de la recurrente y afectada directa del acto arbitrario e ilegal donde se señala expresamente que no notificó de manera formal una resolución administrativa que vulnera los derechos de una ciudadana que se encuentra pensionada de manera oficial, como se acredita en un otrosí de esta presentación y hay un mes específicamente el mes de junio del año 2023, no se le ha pagado su pensión, puesto que, según la funcionaria de la AFP PROVIDA, se enviaron cartas certificadas al domicilio de mi representada, pero estas notificaciones nunca se efectuaron de manera formal.

Por último, esta actitud viciada e irregular, le ha causado grandes problemas económicos, se les ha hecho muy difícil solventar los gastos mensuales ha tenido que, sobre endeudarse, postergar créditos, vender su ropa personal, para poder llegar a fin de mes, ha recibido, pero, sin embargo, aun así no le alcanza. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Conforme a esta Ley del contrato, el derecho de propiedad, y la dignidad natural de las personas analizado el marco legal regulatorio a partir del cual la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, pretende justificar el acto que esta parte reprocha de ilegal y arbitrario, a continuación, pasaremos a exponer los motivos y fundamentos por los cuales se recurre de protección en contra de la negativa del pago de la pensión de invalidez. De esta manera la arbitrariedad queda patente en la resolución administrativa recurrida al no tener sustento lógico ni correspondencia con la realidad, por lo que no es comprensible para su persona, en cuanto administrado, la decisión que tomó la administración. De esta forma, es latente la concurrencia de tanto la ilegalidad como la arbitrariedad en este caso. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO POR FALTA DE INFORMACION SUFICIENTE Y OPORTUNA. Este derecho a la información del afiliado y trabajador ha sido vulnerado por el acto recurrido, ya que, la información proporcionada por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, en su comunicación es INSUFICIENTE E INOPORTUNA como pasaré a explicar. La información entregada es INSUFICIENTE, pues la razón de hecho invocada no aparece justificada o respaldada en ningún antecedente fidedigno acompañado en la comunicación escrita lo que vulnera el derecho de ser informado por escrito de la razones del rechazo, las que deberán fundarse en condiciones objetivas. La ley del ramo ampara el derecho a la información del afiliado y trabajador, motivo por el cual la recurrida está obligado a darle una información suficiente y oportuna al afiliado y trabajador en la comunicación que le dirija, la que debe bastarse por sí misma. En la comunicación escrita sólo se limita a informar de manera generalizada y vaga su justificación de negativa, pero no entrega ningún antecedente o documento que justifique razonablemente. Todo lo expuesto obliga a concluir que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, actuó arbitrariamente al negar el pago de la pensión PROVISORIA de invalidez del mes de JUNIO 2023 en forma ilegal, por cuanto procedió a ello sin justificación razonable, en cuya única virtud pudo válidamente actuar, y por consiguiente, dicho acto importa sendas actuaciones ilegales y arbitrarias, que privan, perturban y amenazan al afiliado trabajador, recurrente en el legítimo ejercicio de diversos derechos y garantías constitucionales, a saber: DE LOS DERECHOS VULNERADOS, AMENAZADOS Y/O PERTURBADOS. Derecho a la integridad física y psíquica. Articulo 19 N°1 de la Constitución Política de la Republica. En efecto, la resolución recurrida al rechazar el pago de la pensión PROVISORIA del mes de Junio 2023, objeto del presente recurso, genera una lesión concreta al derecho fundamental a la integridad física y psíquica, toda vez que estas negativas injustificadas indujeron a que tenga distintas dificultades económicas, razón por la cual empeoró su condición médica. ARTÍCULO 19 N° 24. EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES. La recurrente desde el momento de la suscripción del primer contrato de trabajo doña nombre reservado determina la incorporación al patrimonio del afiliado o trabajador del bien incorporal constituido por el conjunto de derechos personales emanados de dicho contrato, y la afiliación de este con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, por consiguiente, la negativa del pago de la pensión provisoria de invalidez de ese mes de Junio 2023 a mi representado afecta incuestionablemente un bien de carácter incorporal de índole patrimonial, con contenido económico. En efecto, se reprocha, que al afiliado sufrió una privación y disminución real de su patrimonio siendo que el contrato de trabajo con su empleador lo cual constituye un atentado claro y preciso a la expresada garantía constitucional. La conducta reprochada se traduce en un gravamen económico para el afiliado que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad que le asiste sobre los derechos que emanan del contrato, y la seguridad social. En concreto, el acto de revisión, de parte de los ejecutivos denominado acto administrativo interno, de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario, perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste al recurrente respecto del contrato de trabajo, toda vez que dicha actitud determinada en forma unilateral e injustificada por la recurrida, afecta en forma directa su patrimonio, al obligársele a efectuar sin la debida justificación, una disminución del patrimonio de su familia.

En este sentido, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, la recurrida atenta arbitrariamente en contra del patrimonio del afiliado recurrente, por la vía de la negativa del pago de la pensión de invalidez provisoria del mes de Junio 2023, que representaría el acto arbitrario e ilegal para poder mantener las actuales condiciones contractuales.

Por ello pide, tener por interpuesta Acción Constitucional de Protección en contra de la Empresa de Correos de Chile y la Sociedad AF.P. PROVIDA, donde acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a su parte la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal del “NO PAGO DE UN MES DE PENSIÓN DE INVALIDEZ”, con expresa condenación en costas. 1. Declaración simple de cartero. 2. Liquidación de pensión de invalidez. 3. Correo electrónico de la empresa correos de Chile.

Comparece don LUIS VENEGAS VALENZUELA, abogado, en representación de la recurrida EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, informando: La ADMINISTRADORA DE FONFOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. o A.F.P. PROVIDA, impuso, con fecha 06 de junio de 2023, en la SUCURSAL ADMISIÓN GRANDES USUARIOS de la EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, el envío signado con el Código 7790178064814 y que correspondía a una carta certificada dirigida a doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Su representada desconoce el contenido de la carta certificada en cuestión, por cuanto se impuso estando cerrada y existe prohibición constitucional y sanción penal en caso de ser aperturada por otra persona que no sea la destinataria.

Es del caso que, ante un reclamo de la destinataria doña nombre reservado, en el mes de noviembre de 2023, la EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, le informó mediante correo electrónico, de fecha 13 de noviembre de 2023, que la carta certificada Código 7790178064814, estaba extraviada.

A continuación indica que la recurrente en su libelo que el acto supuestamente arbitrario e ilegal que la contraria estima se ha incurrido, es el “NO PAGO DE UN MES DE PENSIÓN DE INVALIDEZ”, solicitando que reestablezca el imperio del Derecho y le asegure a la actora la debida protección en el ejercicio de sus derechos a la integridad física y síquica y a su derecho de propiedad. Explica que su mandante nunca ha tenido la obligación de pagarle a la actora pensión alguna, porque, entre otras cosas, se encuentra fuera de su giro legal. No se puede apreciar, de forma alguna, como la EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, ha afectado los derechos a la integridad física y síquica y el derecho de propiedad de la recurrente.

Por ello, pide que el recurso de autos sea rechazado en todas y cada una de sus partes, respecto de la EMPRESA DE CORREOS E CHILE, con expresa condenación en costas.

Finalmente informa don DANIEL SANTONI, abogado, en representación de ProVida, al siguiente tenor: con fecha 31/12/2019, la recurrente de autos, en su calidad de afiliada, suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez en esta Administradora. El 26/02/2020 la Comisión Médica emitió dictamen Nº011.907/2020, el cual otorgó la pensión de invalidez parcial transitoria con un menoscabo del 52%. Con fecha 23/03/2020 las Compañías de Seguros presentaron una apelación al dictamen Nº011.907/2020. Con fecha 02/12/2020 la Comisión Médica emitió resolución N°C.M.C.11707/2020, el cual acordó someter el reclamo y confirmar el dictamen Nº011.907/2020, que declaró que procede otorgar la invalidez parcial transitoria, con un menoscabo del 51% quedando ejecutoriado el 16/12/2020. En el mes de junio de 2023, esta Administradora procedió a cesar el pago de pensión de la recurrente de autos, en su calidad de pensionada, debido a que no había suscrito su reevaluación de invalidez. Periodo en el cual cumplía el mes 40 desde que se emitió el primer dictamen 26/02/2020. Con fecha 16/06/2023, la recurrente suscribió una solicitud de reevaluación de invalidez en esta Administradora de Fondos de Pensiones. En el mes de julio de 2023, se reactivó el pago de pensión de la recurrente de autos, en su calidad de afiliada. Cabe señalar que el siniestro de nuestra afiliada se encuentra cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), calculándose un ingreso base de UF56, 37 con una pensión de referencia de UF 28,19.

Refiere que la Sra. nombre reservado fue notificada para suscribir su solicitud de revaluación mediante cartas de Correos de Chile a la dirección registrada e indicada en la solicitud de pensión invalidez, a saber, Ramon Freire Nro. 30, Piso 1, Depto. 14 BLOCK 8. Confirma que dos de las cartas enviadas, registran información de “Entregado” para los cuales se adjunta la información de seguimiento disponible en la página de Correos de Chile. Cabe hacer presente que la recurrente reclamó esta situación ante la Superintendencia de Pensiones a quien se le informó la situación ocurrida lo que terminó sin sanciones para ProVida por cuanto en todo momento cumplió la normativa vigente. Finalmente, hacer presente que en los hechos jamás ha existido por parte de ProVida vulneración a las garantías Constitucionales de la recurrente de autos, sino que un estricto cumplimiento del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Explica que en el “Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo VI. Reevaluación, a) Caso 1: Por término período transitorio iv. Suspensión del pago de pensiones otorgadas conforme al primer dictamen de invalidez parcial. En el evento de que un afiliado para el cual hubiese transcurrido su período transitorio de tres años, no se presentare a suscribir su solicitud de reevaluación, dentro del plazo de los tres meses siguientes al mes en que finaliza dicho período, la Administradora deberá suspender el pago de pensión y enviarle una comunicación mediante carta, correo electrónico cuando la persona lo haya solicitado o cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación, en la que se señale que si no concurre a suscribir el formulario "Solicitud de Reevaluación'' antes del cumplimiento de seis meses transcurridos desde el mes en que se cumplió el plazo de 3 años ya señalado, perderá la calidad de pensionado, para todos los efectos legales.” Adicionalmente en la misma sección se señala lo siguiente: Si el afiliado se presentare antes del vencimiento de seis meses, pero después de la suspensión del pago de pensión, la Administradora deberá tramitar a solicitud de reevaluación de acuerdo a los procedimientos ya descritos y reiniciar el pago de las pensiones, en el mismo mes en que el afiliado se presente, si esto ocurre antes del día 15 de ese mes, o al mes siguiente, si el afiliado se presentare con posterioridad.”.

De la lectura de la citada norma queda claro que ProVida estaba en la obligación de cesar el pago de la pensión a la recurrente por no haberse sujetado a una reevaluación en plazo normativo. Finalmente, y respecto del domicilio de la recurrente, como ya señalamos, registra 2 cartas certificadas recibidas en el domicilio del que alega no le pertenecía.

No existe un acto u omisión ilegal o arbitraria, como ya quedó demostrado, es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. por lo que debe ser desechado el recurso que motiva esta presentación, y debido a que su parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile.

Finalmente informa la Superintendencia de Pensiones, señalando lo siguiente: este Organismo Fiscalizador se encontraba abocado al análisis y resolución de los reclamos que formuló la recurrente en esta sede administrativa. La materia reclamada versa sobre el tiempo y forma en que corresponde solicitar la reevaluación del grado de invalidez de un pensionado por invalidez parcial transitoria y los pagos de esta pensión durante dicho lapso, regulada en los incisos primero a tercero del artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980. “Artículo 4º.- Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios, y b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único. Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad. La citación deberá realizarse por escrito conjuntamente con el pago de las tres pensiones anteriores al vencimiento del período a que se refiere el inciso anterior. Si el afiliado no se presentare dentro del plazo de 3 meses contados desde la fecha en que fue citado, se suspenderá el pago de su pensión desde el cuarto mes. Si no se presentare dentro del plazo de 6 meses contados en igual forma, se entenderá que ha cesado la invalidez.”. En el caso de la afiliada recurrente, la fecha de emisión del primer Dictamen de Invalidez que declaró el derecho a pensión por invalidez parcial transitoria correspondió al 26 de febrero de 2020, de modo que el plazo de tres años para reevaluar el grado de invalidez de la actora se cumplió el 26 de febrero de 2023. Atendido que la citación por parte de la Administradora debe realizarse por escrito, conjuntamente, con el pago de las tres pensiones anteriores al vencimiento del período transitorio, esto es, el 26 de febrero de 2023, resulta que la Administradora debió citar antes del vencimiento del período transitorio, conjuntamente, con las pensiones correspondientes a los meses de noviembre de 2022, diciembre de 2022 y enero de 2023. Luego la afiliada podía hacerlo durante esos meses, pero también durante los tres meses siguientes, es decir marzo, abril y mayo de 2023. Precisamente en el mes de mayo de 2023, la Administradora debía informarle que, si no suscribía la solicitud al término de esos tres meses, el pago de su pensión sería suspendido a partir del cuarto mes, esto es desde junio de 2023, no obstante, igualmente podía suscribir la reevaluación durante ese mes y los siguientes meses de julio y agosto de 2023, pero con el pago suspendido. Al término del cual, si no había suscrito la solicitud de reevaluación, se entiende que cesó la invalidez. Requerida al respecto la Administradora, manifestó que, finalmente, la afiliada suscribió su solicitud de reevaluación el 16 de junio de 2023, habiendo operado la suspensión del pago de pensión por ese mes, porque la afiliada la suscribió durante la segunda quincena, caso en el cual no corresponde pago retroactivo de pensión, de modo que la reactivación de su pago se produjo desde el mes de julio de 2023.

Por su parte, la afiliada recurrente reclamó el pago de pensión correspondiente al mes de junio de 2023, fundado en cuanto no había recibido las citaciones que le cursó la Administradora. Ésta, a su turno, sostuvo que la actora modificó su domicilio en dos oportunidades, no obstante que en alguno de sus reclamos señalaba como domicilio aquél que había modificado.

El análisis de los antecedentes proporcionados por la Administradora ha permitido concluir que ésta cursó citaciones a la afiliada en los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023. Después mediante carta del 31 de mayo de 2023 comunicó a la afiliada la suspensión del pago de su pensión transitoria, puesto que, transcurridos los tres meses posteriores al vencimiento del plazo de tres años, no había suscrito la solicitud de reevaluación de su invalidez.

Sin embargo, revisado el listado de seguimiento de envío de correspondencia, aparece lo siguiente: la carta despachada el 10 de noviembre de 2022, fue entregada el 1 de diciembre de 2022; la carta despachada el 23 de diciembre de 2022, no figura entregada; la carta despachada el 13 de enero de 2023, figura entregada el 16 de enero de 2023; y la carta de 31 de mayo de 2023, que informa la suspensión del pago, no figura entregada. La Administradora no ha allegado evidencia de su entrega.

Por lo tanto, esta Superintendencia ha concluido que el procedimiento de notificación para reevaluar el grado de invalidez a la afiliada recurrente ha sido defectuoso o cuando menos incompleto, lo cual es del todo relevante, porque de acuerdo con el tenor del inciso tercero del artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980, debe entenderse que la citación para suscribir la solicitud de reevaluación de invalidez se ha practicado debidamente cuando se ha realizado por escrito, conjuntamente, con el pago de las tres pensiones anteriores al vencimiento del período de tres años, circunstancia que en la especie no se cumple, toda que fallo la notificación del mes de diciembre de 2022 y el aviso de suspensión del pago de pensión tampoco figura entregado.

En consecuencia, este Organismo Fiscalizador instruirá a la A.F.P. Provida S.A. que deberá pagar a la recurrente el monto correspondiente a su pensión de invalidez del mes de junio de 2023, requiriendo su financiamiento a la o las compañías de seguros de vida que financiaron las pensiones transitorias de invalidez parcial y el Aporte Adicional de haber correspondido.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese derecho.

SEGUNDO: Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, del mérito del proceso y lo informado por la Superintendencia de Pensiones, es posible advertir que este organismo fiscalizador concluyó, -en el marco de la investigación iniciada por el reclamo presentado por la propia recurrente-, que el procedimiento de notificación para reevaluar el grado de invalidez de la afiliada recurrente efectuado por ProVida S.A. fue defectuoso o incompleto, lo cual impidió que la actora suscribiera dentro del plazo señalado en el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980 la solicitud de reevaluación de invalidez, todo lo cual la perjudicó al suspenderse el pago de su pensión, no percibiendo la correspondiente al mes de junio de 2023.

CUARTO: Que así también puede establecerse de lo informado por la misma Superintendencia, que debido a que se ha evidenciado que la AFP recurrida es la responsable del no pago de la pensión de junio de 2023, hecho que afecta a la actora y que motivó la interposición de este recurso, el organismo fiscalizador ordenó a esta última efectuar el pago de lo adeudado a la recurrente, razón por la cual esta Corte advierte que no existe medida de urgencia que adoptar en favor de los derechos de la misma, despareciendo la causa que originó este procedimiento.

QUINTO: Que de esta forma, resulta forzoso concluir la pérdida de oportunidad del recurso.

SEXTO: Que en cuanto a la recurrida Correos de Chile, cabe señalar que de los antecedentes acompañados a estos autos, fluye que la misma no tiene participación alguna en los hechos denunciados, razón por la cual se rechazará el recurso en su contra, por falta de legitimación pasiva.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA, cuyo nombre de fantasía es A.F.P PROVIDA, por haber perdido oportunidad, y en contra de Correos de Chile, por falta de legitimación pasiva.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-13912-2023.(jog)