nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A Folio 1, comparece MARCELO EDUARDO NECULMAN MUÑOZ, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, taxista, domicilio en domicilio reservado, quien a su vez es vocero del paradero N° 1 de taxis de Pucón, recurso de protección en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, persona jurídica del giro de su denominación, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su Alcalde don CARLOS BARRA MATAMALA, ambos domiciliados en domicilio reservado, RUT N° RUT reservado, entidades que están incurriendo en un actuar arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los siguientes derechos fundamentales, garantizados por la presente acción:

DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA, consagrado en el Art. 19, Nº 1 de la Constitución Política de la República; DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIERA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE NO SEA CONTRARIA A LA MORAL, AL ORDEN PÚBLICO O A LA SEGURIDAD NACIONAL, RESPECTANDO LAS NORMAS LEGALES QUE LA REGULEN, consagrado en el Art. 19, Nº 21 de la Constitución Política de la República; y, el DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES, CORPORALES O INCORPORALES, consagrados en el Art. 19, Nº 24 de la Constitución Política de la República, los que actualmente son, perturbados y amenazados en su ejercicio, por la conducta arbitraria de los recurridos, ya individualizados o en contra de quienes resulten responsables, con el objeto que SS. Iltma., disponga y adopte de inmediato las providencias necesarias para asegurarles la debida protección todo ello, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

ANTECEDENTES DE HECHO.

El recurrente es taxista y vocero de los taxistas del Paradero N° 1 de taxis de Pucón, el que está compuesto por seis taxis que trabajan de manera independiente y que tienen su paradero en calle Ansorena esquina O’Higgins, - que son calles céntricas de la ciudad de Pucón-, concentrando en Avenida O”Higgins la mayor parte del comercio local que le otorga alta demanda y plusvalía a la comuna. De hecho, el Municipio recurrido ha establecido altas de patentes comerciales a los propietarios y arrendatarios que detentan un local en dicho sector.

Refiere que a mediados de año aproximadamente, se tomó conocimiento por los locatarios del sector de manera informal acerca de una reunión del Rotary Club que tenía como propósito examinar un proyecto de la municipalidad en relación con la expansión de las ciclovías en la comuna de Pucón. El objetivo principal de esta iniciativa era promover un estilo de vida más saludable en la comunidad. Es importante señalar que hace algunos años se llevó a cabo en Pucón una prueba utilizando la calle O'Higgins como ciclovía, experimento que acarreó consecuencias negativas tanto para la seguridad vial como para el tránsito, el comercio y la inclusión de personas con discapacidad, quienes utilizaban la misma ciclovía como estacionamiento.

Esta situación generó múltiples problemas de tráfico, incluyendo accidentes entre ciclistas y colectiveros que transitaban por la ciclovía, tales como: 1) Problemas en accesibilidad al comercio, debido a que se dificulta el estacionamiento cercano al comercio ; 2) Percepción de abandono, calle desolada; 3) La circulación de vehículos que se ve dificultada debido a que la calle se ha estrechado, lo que genera mayor atochamiento vehicular, más aún en temporada alta de turismo (que es la temporada que se avecina); 4) Peligro de tráfico e intersecciones de peatones en calles perpendiculares, se trata de calles centrales de mucho flujo peatonal y vehicular por lo que existe inminente peligro de atropello a los peatones y ciclistas; 5) Sensación de presión de multas por parte de carabineros, en atención a que se ha visto modificado el sector de estacionamientos y zonas para tomar y dejar pasajeros, por lo que genera una presión constante principalmente a que se multe a los conductores; 6) Colapso de estacionamientos, ya que se han visto éstos disminuidos por la ocupación de la calzada por parte de la ciclovía, etc.

A pesar de estos antecedentes, durante la reunión antes mencionada, se presentaron diversas alternativas, destacándose especialmente dos que implicaban el centro de Pucón:

1.- Extender la ciclovía en continuación a la actual por O'Higgins, llegando hasta el sector "La Poza" (este proyecto ya fue probado anteriormente).

2.- Extender la ciclovía y doblar en Colo-Colo hacia la playa, continuar por la costanera, salir por Caupolicán hacia la rotonda y conectar con la ciclovía de vuelta por la Variante Internacional.

Frente a este escenario y tomando en cuenta las opiniones de los presentes, -que incluyeron comerciantes, taxistas, empresarios, juntas de vecinos, ciclistas, entre otros-, casi de manera unánime expresaron su oposición a la idea de extender la ciclovía por O'Higgins. La mayoría consideró más lógico optar por la alternativa por Colo-Colo que era más segura y aumentaba los kilómetros de recorrido para la práctica saludable de la bicicleta, ello en atención a que es una calle que presenta menos flujo de peatones y más continuidad para los ciclistas.

Tanto concejales como responsables del proyecto de ciclovías tomaron nota de la insatisfacción con la opción de Avenida O'Higgins. Meses después, se llevó a cabo otra reunión a la cual asistieron solo dos personas y en ella se dio a conocer la decisión de la Municipalidad de realizar una consulta ciudadana sobre el proyecto de la ciclovía en marzo de 2024. Sorprendentemente, se anunció que la ciclovía por O'Higgins se ejecutaría de igual forma, a pesar de las quejas y oposición expresadas por los participantes en la reunión anterior.

Finalmente agregar que en ambas reuniones se dijo que se habían dejado la invitación a participar en estas reuniones convocadas en pro al “Plan de Mejoramiento Vial y Construcción de Ciclovías”, pero ninguno de los presentes confirmó haber recibido ninguna invitación sino más bien haberse enterado por el "boca a boca" nada formal. Sobre esto mismo los vecinos de la Unión Comunal de junta de vecinos urbanas de Pucón emitieron con fecha 10 de octubre de 2023 una misiva al señor alcalde don Carlos Barra Matamala y al honorable Consejo Municipal de Pucón con el fin de expresar el descontento de los vecinos, -presentación que se acompaña en un otrosí del presente recurso-, y además señalando diversas alternativas para la implementación de la ciclovía en un lugar más óptimo y viable para los diversos usuarios involucrados en una obra de esta naturaleza.

Así las cosas y a pesar de lo informado por la Municipalidad, con fecha 6 de noviembre de 2023 mediante Resolución Exenta N° 1015/2023, se aprobó por la Subsecretaria de Transportes el “Anteproyecto de ciclovía O’Higgins entre Colo-Colo y Caupolicán, comuna de Pucón”, -firmado por nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones SEREMITT de La Araucanía-, lo que dio lugar a la puesta en marcha por parte de la constructora encargada a ejecutar las obras de demarcación de la ciclovía. Es en este momento que tanto taxistas, como comerciantes, locatarios y transeúntes del lugar se enteran de que el proyecto de ciclovía ya comenzó a ejecutarse.

Del relato de los hechos se puede apreciar que el anteproyecto desarrollado por la Municipalidad de Pucón para el mejoramiento y ampliación de las ciclovías no tomó en consideración las opiniones de vecinos; ni el impacto en el comercio, el turismo y las actividades comerciales propias del centro de la ciudad turística; el peligro para peatones, usuarios de la ciclovía y automovilistas; no se evaluaron pormenorizadamente otras alternativas que pudieran ser mucho más útiles a las necesidades de los vecinos de la comuna.

En lo que a mi representado respecta y al gremio al que representa, este proyecto afecta su negocio de transporte de pasajeros, ya que el sector donde se está implementando la ciclovía era el lugar que utilizaban como estacionamiento para tomar y dejar pasajeros, y que como se ha mencionado se trata de un sector con gran flujo peatonal, y al mismo tiempo el lugar en que se emplaza la ciclovía produce confusión a los pasajeros que ya no saben dónde tomar la locomoción colectiva por lo que podría verse afectada la integridad física de los transeúntes al cruzarse intempestivamente en la ciclovía con la antigua costumbre de paradero de taxis.

Es evidente, entonces, que basado en todos los hechos señalados, la construcción de esta ciclovía afecta el derecho de mi representado en cuanto a desarrollar normalmente la actividad comercial que es su trabajo y sustento, porque ve mermado el flujo de sus pasajeros y con ello sus ganancias diarias, no puede otorgar un servicio de calidad a su clientela ya que al cruzarse por la ciclovía para recibir pasajeros y para cargar el vehículo se ve amenazado por un inminente impacto o choque con los ciclistas –no se debe olvidar que existen locales por el mismo lado de la calzada en todo del tramo en que se emplaza la ciclovía, lo que anteriormente era lugar de subida y bajada de pasajeros- este circunstancia implicará un daño invaluable que aleja a su clientela habitual.

Es necesario hacer presente que tanto mi representado como la comunidad no están en contra de la construcción de la ciclovía, de hecho como se ha expresado, a la comunidad en general les parece una buena iniciativa que podría tener un fin práctico, pero lo que les parece alejado de la razón y la lógica es que esta se ubique justamente en el sector de la ciudad que más afluencia de público y comercio tiene, generándose graves trastornos a la seguridad vial y al desarrollo de las distintas actividades comerciales del sector, no se debe olvidar que Pucón es una ciudad turística que gran parte de su actividad económica es el comercio y turismo.

Asimismo, es dable indicar la disconformidad no solo de mi representado con la construcción y el trazado de la ciclovía en Avenida O´Higgins, sino que también la de un grupo de vecinos, locatarios, y comerciantes de dicho sector, ya que verán mermada su fuente de ingreso respectiva, al no contar con estacionamientos que le permitan a los diferentes usuarios acceder a los diferentes comercios asociados en dicho sector, lo que da cuenta en documento que se acompaña en otrosí de esta presentación, en el que firman más de 30 vecinos su disconformidad con dicha construcción por verse sus derechos afectados directamente, ya que la mayoría son comerciantes y por lo mismo verán mermada su actividad económica, siendo esta su principal fuente de ingreso, por la ubicación comercial que poseen en dicha Avenida. Las personas que manifiestan su oposición a la ciclovía en la calle O’Higgins no desconocen los efectos positivos de esta medida en la sustentabilidad del transporte y promoción de estilo de vida saludable, sino que pretenden que esta se implemente en otro sector, acorde a la infraestructura de la ciudad, los espacios públicos, el tráfico y el transporte.

Es importante señalar respecto a ello que, el recurrente y los locatarios recurren de protección debido a que ya intentaron de forma directa mediante presentaciones formales expresar su disconformidad de un grupo considerable de vecinos que se oponen a la implementación de esta política pública en este sector del centro de Pucón, sin recibir respuesta ni consideración.

I. LOS ACTOS Y/U OMISIONES ARBITRARIAS Y/O ILEGALES.

Así las cosas, por una parte, la amenaza de llevar a cabo un proyecto cuya dimensión fue inconsulta y sin respeto a las garantías constitucionales del recurrente, y la inminente ocupación de las calles donde se encuentra, amenaza su derecho a la vida, y su integridad psíquica y física, asimismo conculca su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y su derecho de propiedad sobre su actividad comercial consistente en el transporte de pasajeros; y es un acto arbitrario e ilegal. El encabezado del inciso primero del Art. 20 de la Constitución Política de la República, antes de enumerar las garantías cuya privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio hacen procedente la acción constitucional de protección, regula los elementos que deben concurrir en la conducta de la persona o autoridad que está privando, perturbando o amenazando el ejercicio de tales derechos, disponiendo al efecto, que debe tratarse de actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

En cuanto a la ilegalidad, en nuestra opinión la misma debe entenderse de manera amplia como sinónimo de antijuridicidad. Lo anterior comprende inconstitucionalidades -tales como la afección de un derecho o libertad, incluso de aquellos que no son resguardados por el recurso en estudio, sin justo título para ello-, ilegalidades en el sentido estricto e incluso para el caso de procederse contra normas reglamentarias o sentencias vinculantes para quien incurre en los hechos. En otras palabras, ilegalidad podemos entenderla como contrario o vulneratorio de la norma jurídica; ilegal es lo contrario a la Ley y al Ordenamiento Jurídico.

Por otro lado, la Nula respuesta de las autoridades de gobierno (SEREMITT Región de La Araucanía) y municipales para justificar el trazado, el espacio público en que se va a emplazar la viabilidad ambiental, etc. del proyecto implica una omisión arbitraria e ilegal, que adolece de evidente ilegitimidad, en la medida que contraviene las terminantes exigencias que impone la ley, para ejecutar un proyecto de tal envergadura que afecta directa e indirectamente las garantías constitucionales invocadas Tal es el caso de autos, tanto en la ejecución y la amenaza real e inminente de destrucción de la Avenida O´Higgins, por parte de la constructora que ejecutó los trabajos de la ciclovía, como asimismo la falta de toda razón, en la omisión de respuesta razonable sobre el proyecto, de las autoridades recurridas, lo que menoscaba, por consiguiente, entre otras, los locales, entorno y patrimonio de los recurrentes.

II. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS POR LOS ACTOS Y/U OMISIONES ILEGALES Y/O ARBITRARIOS.

Los actos denunciados vulneran:

El artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona En efecto, como se ha expresado, sin duda la actual ejecución de la obra cuestionada, perturba y amenaza el derecho a la vida y a la integridad del recurrente y de todas las personas que transitan por el sector, con el riesgo latente de accidentes para los ciclistas y de atropello para los transeúntes, que si bien son un peligro propio del tránsito vehicular, en este caso no se implementan las medidas necesarias en atención a la gran congestión vehicular y peatonal del sector. Así también la calle O’Higgins esta interceptada por avenidas que no cuentan con semáforos, cruces que tendrán que atravesar los ciclistas generándose un riesgo latente de accidente.

El articulo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. La implementación de la ciclovía en el tramo de calles en que se emplaza amenaza el normal desarrollo de la actividad comercial del recurrente ya que baja el flujo de pasajeros, y dificulta la prestación del servicio. Así mismo se verán afectados los comerciantes del sector, que tienen locales comerciales como su principal fuente de ingreso.

El artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho de propiedad.

La destrucción de los estacionamientos, obstrucción de la carga y descarga de mercadería de los diferentes locales comerciales emplazados en dicha Avenida, y del entorno turístico general, que necesariamente implica esta obra, conculca el derecho de propiedad sobre sus actuales locales comerciales y departamentos con destinos habitacional, en donde habitan hace años, garantía constitucional que hasta a la fecha les era respetada de no mediar los actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, y por cierto afecta gravemente su patrimonio, desde que hay un evidente desmedro en su actividad económica y a la devaluación de la plusvalía de un sector comercial, etc.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Estando dentro del plazo de 30 días corridos considerando que por la Resolución Exenta N° 1015/2023, de fecha 6 de noviembre de 2023, se aprobó por la Subsecretaria de Transportes el “Anteproyecto de ciclovía O’Higgins entre Colo-Colo y Caupolicán, comuna de Pucón”, firmado por nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones SEREMITT de La Araucanía-, expresándose en dicha resolución la información del futuro trazado de la ciclovía en especial en la intersección de las calles donde se ubica el lugar de trabajo del recurrente, como se puede leer y revisar en las fotos, publicaciones etc., lo que conlleva a que la presentación de esta acción Constitucional se encuentra dentro de plazo, así las cosas se interpone recurso de protección solicitando a VS Ilustrísima:

a) Que se declare vulneratorio los derechos garantizados en los numerales 1°, 21º, y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, siendo el actuar arbitrario e ilegal, por parte los recurridos, en el caso de las autoridad de gobierno (SEREMITT Región de La Araucanía) y Municipalidad de Pucón, pues al parecer han autorizado, licitado y avalado un proyecto de esta envergadura, sin informar el fundamento legal y fáctico del mismo, y sobre todo sin miramiento alguno a las garantías constitucionales de los más de 40 comerciantes que se verán afectados y que hoy se sienten amenazados inexorablemente en sus garantías, entre los que se encuentran el recurrente de esta causa.

b) Que a consecuencia de lo descrito SSI., ordene la paralización inmediata de las obras de construcción del proyecto de ciclo vías que en la actualidad se encuentra autorizada por la Municipalidad recurrida, con la aquiescencia de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones también recurrida, a fin de reestablecer con urgencia el imperio del derecho, y que cese de inmediato la conculcación de las garantías constitucionales ya señaladas.

c) Todo lo expuesto con expresa condenación en costas.

Solicita se sirva tener por interpuesta la Acción Constitucional de Protección de los derechos constitucionales de los recurrentes ya individualizados, e invocados, admitirla a tramitación y acogerla, ordenando que tanto la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES (SEREMITT), Región de La Araucanía, representada por doña nombre reservado y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, representada por su alcalde don CARLOS BARRA MATAMALA, ya singularizados, o quien(es) lo reemplace(n) y/o subrogue(n), respectivamente, informen el presente recurso de protección, en el plazo perentorio que SSa., ILTMA., se sirva disponer; y en definitiva, ordene que se paralice de inmediato el estudio, trazados y ejecución de las obras señaladas, restableciendo el imperio del derecho, brindando protección efectiva y eficaz a las garantías constitucionales del recurrente y de los más de 40 comerciantes afectados por la construcción de la ciclovía, invocadas en el cuerpo de este recurso, y que están siendo y han sido violentadas por el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, bajo el apercibimiento que US. Iltma., estime adecuado, y tomar además, todas las restantes medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, poniendo término a los efectos del actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos, con citación:

1. Set de fotos que dan cuenta de la Avenida O”Higgins, con el proyecto de ejecución en marcha de la ciclovía.

2. Presentación de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbanas de la comuna de Pucón, de fecha 10 de Octubre de 2023, dirigida al señor Alcalde de la Comuna de Pucón, y al Honorable Concejo Municipal.

3. Resolución Exenta N° 1015/2023 de fecha 06 de Noviembre de 2023, emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones SEREMITT de La Araucanía.

4. Listado de firmas de vecinos del sector centro Avenida Libertador Bernardo O”Higgins de la comuna de Pucón, (quienes manifiestan su disconformidad con la construcción de la ciclovía por verse sus derechos afectados directamente, ya que la mayoría son comerciantes y por lo mismo verán mermada su actividad económica, siendo esta su principal fuente de ingreso, por la ubicación comercial que poseen en dicha Avenida).

5. Publicación de fecha 24 de noviembre de 2023 en diario digital “El Trancura” donde consta la disconformidad de los vecinos.

6. Copia autorizada de Mandato judicial donde consta mi personería.

A folio 14 informa nombre reservado VILLEGAS VALLE, abogado en representación de la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de la Araucanía, quien dice:

Falta de Legitimación activa del recurrente para representar intereses de terceros.

Por otra parte, es necesario hacer presente a SSI., que el recurrente carece de la legitimación activa necesaria para representar los intereses de terceros, toda vez que en su acción el recurrente solo se limita a señalar que es vocero de un grupo de taxistas (Paradero N°1). Irrogándose la representación de estos y de indeterminados comerciantes del sector colindante al Paradero N° 1, careciendo de cualquier elemento que lo acredite o que al menos permita individualizar a quienes se les estaría vulnerando sus garantías constitucionales.

En este sentido, si bien es cierto que la legitimación activa en el caso de la acción de tutela constitucional es amplia, en cuanto “El recurso puede interponerse por el afectado o por cualquier persona a su nombre capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial…”1 . Así, los profesores Mosquera y Maturana en su manual sobre “Los Recursos Procesales” señalan “…toda vez que es indispensable para que prospere la acción determinar quiénes son objeto del acto son objeto del acto arbitrario o ilegal del recurrido que atenta o amenaza una garantía constitucional de aquel. Si quien recurre de protección no individualiza a ninguno de los posibles afectados por el acto u omisión de un tercero, ha de entenderse que deduce la acción a título personal, de manera que mal puede entenderse que realice la gestión en nombre y representación de otros.”.

Cabe precisar que la acción de tutela constitucional no persigue el fin de una tutela popular, como lo podría ser una acción popular, en la que existe una legitimación popular mirando el intereses colectivo o difuso de un grupo de personas, para el recurso de protección de garantías constitucionales se pretende tutelar que sufre un o unos sujetos individualizados en el ejercicio de los derechos que la Constitución les confiere. En este sentido la Excma. Corte Suprema Ha señalado “[…]la circunstancia que se invoque la tutela de intereses colectivos, difusos o indeterminados, no altera las reglas de legitimación activa, pues siempre será necesario que se acredite la existencia de un interés para el ejercicio de la acción.[…] […]En segundo lugar, cuando el ordenamiento jurídico ha querido proteger esa clase de intereses lo ha señalado expresamente, como acontece, por ejemplo, en la Ley N° 19.496 que Establece Normas sobre Protección a los Consumidores (arts. 2 bis letra b), 7, 8 letra e), 11 bis, 24, 50 incisos tercero, quinto y sexto, y 51) y en la Ley N° 19.300 Orgánica Constitucional de Bases Generales del Medio Ambiente (arts. 53 y 54).[…] En tercer lugar, incluso si se aceptara que la protección general del medio ambiente (que los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 circunscriben a la existencia de daño ambiental) admite una especie sui generis de legitimación activa, igualmente sería necesario precisar sus contornos, por cuanto condiciones mínimas de certeza jurídica exigen un cierto grado de vinculación entre la persona natural o jurídica y el interés difuso o colectivo que se busca proteger. Dicho de otro modo, ni siquiera en el caso de la acción de reparación por daño ambiental, puede decirse que ésta tenga el carácter de acción “popular” con legitimados activos amplios, porque el que sufre un daño ambiental es quien padece una pérdida o deterioro del medio ambiente que le es adyacente, interés que es independiente de las acciones indemnizatorias o resarcitorias respectivas […]”

Ahora bien, en estos autos el recurrente viene en deducir la acción de protección aludiendo a la supuesta calidad de vocero que tendría sobre un grupo del taxista, sin individualizar de forma alguna a quienes serían los sujetos de protección de autos. Por ello, la ausencia de información concreta sobre la identidad de los potenciales afectados imposibilita protección constitucional por la simple circunstancia que no se sabe quiénes son. Lo mismo ocurre cuando en varios párrafos del escrito de formalización del presente recurso, alude a 40 comerciantes del sector que se verían afectados, como se dijo, la no individualización de las personas cuya representación invoca, impide que esta acción prosperé en los términos que ha sido interpuesta.

DE LA IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN: POR NO SER ÉSTA LA VÍA IDÓNEA PARA LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ACTORA.

Antes de entrar al fondo de la presente acción de protección, es necesario recordar que esta se trata de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía, por ello, como se señalará en el presente informe, no existen presupuesto necesarios para el ejercicio de la tutela constitucional.

En efecto, cabe recordar que la actora solicita mediante esta acción de protección, que se adopten un conjunto de medidas necesarias, en su opinión, para dar efectivo resguardo a las garantías constitucionales eventualmente conculcadas a la actora; sin indicar de manera clara cuál es el acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y que requieren de protección y que se deba dejar sin efecto; ya que, en opinión de la recurrente, se encontrarían conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio, aun cuando el actuar de las recurridas se realizó en conformidad a la normativa vigente.

Por ello, lo que se presenta en el recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por el Recurso de Protección, atendida su naturaleza cautelar y/o preventiva, debiendo ser desestimado.

Además, dada la naturaleza cautelar autónoma de la acción de protección y el tenor de las peticiones que se formula por la actora, no cabe duda que la acción intentada, tal como se ha expresado en autos precedentemente, tiene por objeto plantear su disconformidad con un proyecto de ciclovía, que en su opinión es un proyecto deseado por la comunidad, pero a su juicio el trazado escogido no es el más apropiado, resulta evidente que esa discusión, como se ha venido diciendo, no es propia de un recurso de protección, por cuanto no existe un derecho indubitado que merezca tutela jurisdiccional, si no que estamos en presencia de una opinión del recurrente, quién por lo demás no acompaña ningún antecedente, salvo sus dichos, para sostener que el trazado propuesto no es el mejor. Parece más propio de este tipo de discusión la impugnación del acto recurrido en sede administrativa.

MARCO NORMATIVO QUE HABILITA EL ACTUAR DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

El transporte público se caracteriza por ser una actividad intensamente dinámica (sus condiciones y requerimientos fluctúan constantemente), el cual no se desarrolla esencialmente sobre bienes propios, sino que sobre bienes nacionales de uso público. Esto hace necesario dotar a la autoridad administrativa de un marco normativo especialmente flexible, que le permita afrontar eficazmente las distintas problemáticas vinculadas a esta actividad.

En este contexto, el ordenamiento jurídico ha dotado al Ministerio de amplias potestades para regular los servicios de transporte público, en efecto, existe un marco constitucional, legal y reglamentario, que entrega al Ministerio de expresas y exclusivas competencias y atribuciones, como Órgano Normativo Rector Nacional encargado de proponer las políticas en materia de tránsito y transporte. En esa condición, le ha correspondido regular, entre otras, las condiciones técnicas, de seguridad y operacionales de los distintos medios de transporte remunerado de pasajeros.

Tradicionalmente la regulación se ha centrado en modos de transportes que han correspondido a aquellos que circulan por las calles y caminos del país, tales como buses, taxis y minibuses, cuyas regulaciones se encuentran establecidas, principalmente, en los decretos supremos Nº 212, de 1992 y Nº80, de 2004, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin perjuicio de estos medios de transporte tradicionales, en los últimos años han surgido distintas iniciativas que han buscado promover la operación de medios de transporte que respondan a las diversas necesidades y condiciones geográficas, como lo son ciclos4.

Así, mediante la ley N°21.088, se introdujo una a la modificación de la Ley N° 18.290, de Tránsito, con el propósito de regular la convivencia de diversos medios de transporte, centrándose en la inclusión de un nuevo Título XX titulado "De las bicicletas y otros ciclos". En este título se abordan aspectos clave sobre las ciclovías, usuarios de bicicletas y la circulación de estos medios. El Título XX establece la necesidad de reglamentar las condiciones de gestión y seguridad de las ciclovías para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, busca definir las especificaciones técnicas de elementos de seguridad para los ocupantes de ciclos, como cascos, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios. Teniendo como objetivo principal establecer condiciones de gestión y seguridad para el uso de ciclovías, unificando estándares de construcción para evitar riesgos a los usuarios en términos de seguridad.

En este contexto normativo, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le correspondió el deber legal de dictar el correspondiente cuerpo reglamentario para la certificación de las ciclovías para mejorar su nivel de servicio y regular el uso de elementos de seguridad tanto de los ciclos como de sus usuarios. Dictando al efecto el Decreto N°102, de 2019, que “Reglamenta las condiciones de gestión y seguridad de tránsito de las ciclovías y las especificaciones técnicas de los elementos de seguridad para los ocupantes de los ciclos y deroga Decreto Supremo Nº 116, de 1988, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, el cual entró en vigor el 10 de julio de 2021. En este sentido, el referido cuerpo reglamentario establece las condiciones que deben observarse para la autorización de operación de nuevas ciclovías, por medio de un procedimiento establecido en los artículos 4 y siguientes.

La normativa en comento dispone que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del lugar donde se pretenda emplazar la ciclovía, es la autoridad competente para autorizarla. El procedimiento distingue dos fases: i) Anteproyecto, y ii) Proyecto. La etapa de Anteproyecto implica tomar decisiones sobre el perfil, ubicación y conflictos potenciales de la ciclovía. La etapa de Proyecto se enfoca en el diseño definitivo y resolución de conflictos identificados en la etapa de Anteproyecto.

Podrá solicitar la autorización para la operación de una ciclovía toda persona natural o jurídica, con la documentación requerida en cada etapa. En concreto, para la etapa de Anteproyecto, el interesado deberá presentar los siguientes antecedentes: a) Ficha de presentación con datos generales del proyecto; b) Oficio de conformidad de municipios (en caso que la ciclovía abarque más de un municipio); c) Memoria explicativa que relacione el proyecto con planes estratégicos comunales, caracterización de tramos, identificación de conflictos, etc.; y d) Esquema de emplazamiento.

Si se cumple con la entrega conforme de los antecedentes requeridos, la Secretaría Regional Ministerial, deberá revisar el anteproyecto, analizando especialmente el cumplimento de los requisitos del artículo 3 del Reglamento y pronunciarse respecto a la evaluación de aspectos como cambios de vía, singularidades, superficie de desplazamiento, segregación, vinculación a planes estratégicos, etc. Asimismo, la autoridad de transporte deberá basar su decisión en los criterios establecidos en el reglamento. La aprobación del anteproyecto se hará mediante por resolución y tendrá vigencia de 1 año desde la notificación del acto (o 5 años si es parte de otro proyecto). Luego, en la etapa de proyecto el interesado deberá presentar ante la Seremi correspondiente la resolución que aprueba el anteproyecto, dentro del plazo de vigencia, el plano de diseño operativo con señalización y demarcación, incluyendo semaforización si es necesaria, y otras medidas de gestión, la memoria explicativa detallada del diseño operativo, resolviendo aspectos clave como puntos de inicio y fin, intersecciones con ciclovías y vías relevantes, paraderos, y conexiones con estaciones o hitos urbanos. Adicionalmente, y de manera opcional pueden presentar figuras esquemáticas, fotografías y otros planos adicionales.

Una vez que presente los antecedentes ante la Secretaría Regional revisa el proyecto, asegurando el cumplimiento de aspectos indicados en el numeral 3 del artículo 10. Debiendo además verificar las soluciones para conflictos en intersecciones, semaforización, y demarcación adecuada en caso de singularidades. Si se cumple con los requisitos, la Seremitt dictará una resolución aprobatoria del proyecto, que deberá incluir información detallada sobre la ciclovía, medidas de gestión, y obras habilitantes. Además, deberá establecer expresamente el deber de mantenimiento para gobiernos regionales, municipios o Dirección de Vialidad, según corresponda de acuerdo al lugar de emplazamiento de la ciclovía. La vigencia de la resolución aprobatoria será de tres (3) años desde la fecha de notificación. Y contra ella se podrán interponer los recursos contemplados en la Ley Nº 19.880 contra la resolución.

Ahora bien, como se acreditará en el siguiente acápite la Seremitt ha dado cabal e íntegro cumplimiento a todas las exigencias normativas para la dictación del acto administrativo que aprueba el anteproyecto de la ciclovía recurrido, etapa en la cual se encuentra el proyecto que nos ocupa.

INEXISTENCIA DE UN ACTUAR ILEGAL Y/O ARBITRARIO POR PARTE DE LA SEREMITT AL DICTAR EL ACTO QUE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE LA CICLOVÍA.

Como se señaló el actuar de la autoridad de transporte regional se ajustó estrictamente al marco normativo correspondiente para emitir el acto que está siendo recurrido. La Seremitt, como se expondrá, siguió rigurosamente los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente para autorizar la operación de ciclovías, garantizando así la legalidad y transparencia en el proceso. La resolución de autorización del anteproyecto se basó en criterios y requisitos previamente establecidos en el reglamento aplicable, asegurando que la decisión, que fue debidamente fundada, estuviera respaldada por la normativa pertinente.

Con fecha 31 de octubre de 2023, la Municipalidad de Pucón, en calidad de interesado como entidad formuladora del proyecto, hizo ingreso mediante presentación virtual en plataforma del proyecto de ciclovías, de la Seremitt de la Región de la Araucanía, solicitando la autorización del anteproyecto de ciclovías denominado: “O’Higgins entre Colo-Colo y Caupolicán”, comuna de Pucón, ello en conformidad a lo establecido en el Decreto 102 del año 2021, del MTT. En este sentido, la entidad Municipal, en cabal cumplimiento de la normativa, remitiendo todos los antecedentes que exige la normativa en el artículo 7 del marco reglamentario antes señalado. Luego, habiéndose remitido los antecedentes, la autoridad regional de transportes, en conformidad al procedimiento establecido en el reglamento, analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3° del DS 102/2019 ya citado, pronunciándose sobre los mismos de conformidad con el artículo 9 del mismo cuerpo reglamentario, dictando al efecto la Resolución Exenta N° 1015/2023 SRM-ARAUC, de 6 de noviembre de 2023, que en el aspecto considerativo señaló lo siguiente respecto a los requisitos que debe cumplir el anteproyecto: Requisitos del anteproyecto de ciclovía, Argumentos de la Secretaría Regional. Si presenta cambios de vía, o cambios de emplazamiento dentro de la vía.No presenta cambios de emplazamiento. Si presenta las singularidades indicadas en el número 2 del artículo 3° y en qué porcentaje respecto del total de la ciclovía.Es un tramo y no presenta singularidades, cumpliendo con los anchos mínimos. Si cumple con los requerimientos de la superficie de desplazamiento establecidas en el número 3 del artículo 3° y en qué porcentaje respecto del total de la ciclovía. La ciclovía en análisis se proyecta sobre calzada.Si la segregación de la ciclovía cumple con lo establecido en el número 4 del artículo 3° en cuanto a la velocidad operacional. La ciclovía proyecta zona de segregación de 0.35m, cumpliendo con la normativa vigente. Si se encuentra vinculada a algún plan estratégico de la(s) comuna(s). En caso afirmativo cuáles. La ciclovía se proyecta como una extensión con la ciclovía desde la intersección de Colo Colo con O’Higgins al oriente y con un enlace al paseo peatonal de Roberto Geiss al poniente. Si el emplazamiento y la composición del perfil elegido por el interesado es aquel que minimiza el número de potenciales conflictos a los que se verá enfrentado el usuario entre diversas alternativas posibles. El emplazamiento y características de la ciclovía se ajusta a la normativa y a manuales de vialidad ciclo-inclusiva del Minvu, logrando minimizar los potenciales conflictos.

Así las cosas, La SEREMITT, en ejercicio de las competencias conferidas por la normativa vigente, ha otorgado la autorización al anteproyecto de la ciclovía "O'Higgins entre Colo Colo y Caupolicán". Este anteproyecto, formulado por la Municipalidad de Pucón, ha sido evaluado y aprobado por la SEREMITT, ya que cumple de manera integral con la normativa aplicable. A su vez, cabe destacar que el acto administrativo que otorga la autorización al anteproyecto ha sido debidamente fundado, evidenciando un pronunciamiento exhaustivo por parte de la autoridad de transportes regional. En este sentido, la mencionada autoridad ha abordado y evaluado cada aspecto que la normativa le exige, asegurando así la concordancia del anteproyecto con los lineamientos legales y técnicos correspondientes.

INEXISTENCIA DE VULNERACIONES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ALEGADAS POR LA PARTE RECURRENTE.

Como se ha acreditado a lo largo de este informe, es preciso dejar establecido que el oficio respuesta recurrido, fue dictado en el marco de la legalidad vigente, emitiendo un pronunciamiento totalmente armónico con la regulación que establece el procedimiento de aprobación de ciclovías. A su vez, indica que la resolución que autoriza el anteproyecto de ciclovías fue debidamente fundada y motivada, emitiendo la Autoridad correspondiente justificación legal y reglamentaria para dar su conformidad para la aprobación de esa esta del procedimiento.

Sobre este particular, cabe entender que “lo arbitrario es ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente”. En la especie, la Subsecretaría de Transportes actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, justificando la decisión que se le informó al recurrente. De esta forma, queda de manifiesto que el actuar de la autoridad al disponer la autorización del anteproyecto, lo hizo por medio de una resolución debidamente motivada y fundada, con estricto apego a normativa vigente, como se ha dicho reiteradamente a lo largo del presente informe.

Ahora, en cuanto a la alegación planteada en la acción constitucional, puede apreciarse que el recurrente de manera artificiosa pretende señalar una supuesta afectación constitucional, para vez recurrir contra un anteproyecto público que no es de su preferencia ni agrado, desconociendo la normativa vigente, toda vez que como se ha señalado, la autoridad se ajustó estrictamente a la normativa vigente, motivos suficientes para desestimar esta infundada acción cautelar. Es más, la recurrente propia en su libelo da a entender sobre la posibilidad de procedencia de la tutela constitucional, aun en caso de que no existiera el acto arbitrario y/o ilegal, lo que constituye un razonamiento evidentemente errado para comprender el alcance de la protección constitucional, que expresamente exige que la acción u omisión sea ilegal y/o arbitraria, de otro modo se carece del presupuesto esencial de procedencia de esta acción cautelar.

En cuanto a los derechos constitucionales, la parte recurrente aduce que el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numeral 1°, 21° y 24° de la Constitución Política de la República. En cuanto a la afectación a la garantía del numeral 1°, los recurrentes señalan que la ejecución de la ciclovía amenazaría el derecho a la vida e integridad del recurrente y de quienes transitan por el área, ya que a su juicio ello, incrementaría el riesgo de accidentes para ciclistas y atropellos a peatones. Complementando, que no existirían la implementación de medidas para mitigar la alta congestión vehicular y peatonal del lugar. Sobre el particular, es importante destacar que no existe evidencia de que la implementación de una ciclovía incida en una mayor tasa de accidentalidad. Por el contrario, a la percepción que plantea el recurrente, la implementación de ciclovías no ha demostrado generar una mayor incidencia de accidentalidad ni mayores tasas de congestión. Sino más bien, el propósito de establecer ciclovías es precisamente reducir la congestión vehicular y fomentar el uso de bicicletas como medio de transporte sostenible. De esta manera, se busca mejorar la movilidad urbana sin comprometer la seguridad ni perjudicar el desarrollo de las actividades comerciales en la zona.

Por su parte cabe precisar, que Decreto N°102, del MTT, que regula los procedimientos para la autorización de esta vía, establece como requisito la seguridad de tránsito, la cual fue considerada para conceder la autorización del anteproyecto. De forma, que las inquietudes en materia de seguridad vial que puede tener el recurrente ya fueron abordadas y estudiadas por la autoridad al dictar la autorización recurrida. Dado los antes señalado, no se configura la vulneración a la garantía alegada, por ello debe necesariamente ser desestimada, teniendo especialmente presente que la alegación del recurrente se fundamenta únicamente en sus dichos.

En cuanto a la afectación de la garantía del numeral 21°, la parte recurrente señala que, con la instalación de la ciclovía en la zona, a su juicio, ello afectaría negativamente el desarrollo de la actividad comercial, ya que cree que disminuirá el flujo de clientes y dificultaría la prestación del servicio. Además, alega que otros comerciantes del área, también podrían verse perjudicados. El desarrollo de ciclovías en las vías públicas persigue intereses de satisfacción colectivos que en nada logran afectar el legítimo desarrollo de las actividades económicas que desarrollan los recurrentes u otros terceros, es más, el hecho que exista una ciclovía de modo alguno priva al recurrente de ejercer su actividad económica. Motivo por el cual la presente alegación carece de todo fundamento y debe ser desestimada.

Finalmente, en cuanto a la afectación del numeral 24°, señalan el desarrollo de la ciclovía implicaría la destrucción de estacionamientos y obstrucción de la carga y descarga de mercadería, afectaría negativamente el derecho de propiedad de los comerciantes y residentes en la Avenida. En relación a la supuesta vulneración a la garantía constitucional consagrada en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cabe advertir que en la especie no se configura la pretendida infracción, en anterior a que la recurrente no se ha visto privada en razón del acto administrativo impugnado, de su derecho de propiedad sobre bien alguno –corporal o incorporal-, por cuanto, no existe derecho de propiedad sobre las meras expectativas comerciales. Sobre el particular, se reitera el argumento señalado en el acápite II del presente informe, en cuanto el recurrente está compareciendo personalmente, sin ejercer la representación de otros, toda vez que la falta de individualización de terceros, sean taxistas o comerciantes, imposibilita la legitimación activa de esa representación por carecer de la determinación de quienes serían los sujetos objeto de la protección constitucional.

Por otra parte, el desarrollo de la ciclovía no implica la destrucción de estacionamientos y la obstrucción de la carga y descarga de mercadería que pudiera afectar a comerciantes y residentes en la Avenida. La planificación y ejecución adecuada de las obras de la ciclovía se llevará a cabo de manera que se minimicen los impactos negativos pudieran generar. En este contexto, la implementación de la ciclovía deberá ser desarrollada respetando el equilibrio entre el fomento de formas sostenibles de movilidad y evitando la afectación a terceros.

Solicita tener por evacuado el Informe requerido, acogiendo las argumentaciones contenidas en el cuerpo de esta presentación, rechazando el recurso de protección interpuesto por los recurrentes, en todas sus partes, con costas.

A folio 15 BHAMA ZUÑIGA OLIVARES, en representación de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, quien viene en cumplir con dar respuesta a lo solicitado por esa ILTMA. CORTE, mediante oficio N° 5465-2023, en relación a la petición en concreto, que la recurrente refiere en su libelo, relacionado con que la Iltma Corte, restablezca el imperio del derecho, en razón a los hechos que describe, y expresando que solicitamos el rechazo en todas y cada una de sus partes de la acción de protección, con expresa condenación en costas por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer según lo siguiente:

CAPITULO I: ANTECEDENTES DEL RECURSO DE PROTECCION:

1.El recurrente es taxista y vocero de los taxistas del Paradero N° 1 de taxis de Pucón el que está compuesto por seis taxis que trabajan de manera independiente y que tienen su paradero en calle Ansorena esquina O’Higgins, que son calles céntricas de la ciudad de Pucón, concentrando en avenida Bernardo O”Higgins, la mayor parte del comercio local que le otorga alta demanda y plusvalía a la comuna. De hecho, el Municipio recurrido ha establecido alzas de patentes comerciales a los propietarios y arrendatarios que detentan un local en dicho sector.

Refiere que a mediados de año aproximadamente, se tomó conocimiento por los locatarios del sector de manera informal acerca de una reunión del Rotary Club que tenía como propósito examinar un proyecto de la municipalidad en relación con la expansión de las ciclovías en la comuna de Pucón.

2.El objetivo principal de esta iniciativa era promover un estilo de vida más saludable en la comunidad.

3.Del relato de los hechos en cuanto al anteproyecto desarrollado por la Municipalidad de Pucón para el mejoramiento y ampliación de las ciclovías, sí se tomó en consideración la opinión de los ciudadanos de Pucón, y si tomó en consideración las opiniones de vecinos; y el impacto en el comercio, sumado al turismo y las actividades comerciales propias del centro como de los usuarios de la ciclovía y automovilistas.

4. En todos los países del mundo, la bicicleta es un medio de transporte amigable con el medio ambiente, y por lo mismo, en la Ciudad de México, con fecha 3 de junio de 2021, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud OMS, declaró el 3 de junio de cada año, como Día Mundial de la Bicicleta, reconociendo a este vehículo, como un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. El uso de la bicicleta promueve además la salud física y mental, previene el sedentarismo que constituye uno de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras). Además, ayuda a mejorar la buena calidad de aire en las ciudades y recupera el espacio público para las personas.

5. Por todos estos beneficios, la OPS/OMS exhorta a las personas tomadoras de decisión en todos los ámbitos a incluir el uso de la bicicleta en sus proyectos legislativos, de inversión y desarrollo, y en sus decisiones de política pública o institucional, a fin de que más personas puedan pedalear de forma segura y cómoda. En efecto, y así como lo ha señalado la OMS y Naciones Unidas que más beneficioso para la comunidad, que una ciclovía Segura que cumple con toda la normativa vigente, para que pueda acceder al centro de la ciudad donde se encuentra la mayor cantidad de servicios para la publicación.

Consecuentemente rescatando realidades de otros países nos encontramos con:

• Que La política nacional de Noruega de reducir en un 50% las emisiones de CO2 a 2030, propone alejar a las personas de los automóviles y acercarlas a las bicicletas.

• En el caso de Argentina, medidas tales como, habilitar espacios de detención para reparar la bicicleta disponiendo para ello kits de herramientas gratuitos en los trayectos y reasignar espacios para estacionarlas en lugares destinados sólo a automóviles son medidas que impulsan su uso.

• La instalación en Canadá de parklets, viejos contenedores reciclados para espacios públicos instalados en lo que fueron espacios de estacionamientos, recuperó la calle para las personas, habilitando asientos, paisajes y estacionamientos para bicicletas.

• Viajar en bicicleta y conectar trayectos a través del transporte público; así como, integrar el comercio local en los trayectos de los ciclistas (restaurants con espacios exclusivos para estacionamientos de bicicletas antes destinados a autos) resultan ser incentivos que en Europa incluso llevan a las personas a continuar utilizando la bicicleta durante todo el año, aun cuando la temperatura promedio en invierno alcance los -8,7ºC.

• Los criterios de selección de países a estudiar -Argentina, Canadá y Noruega- son: que no hayan sido materia de estudio anterior y que aparezcan en el ranking Copenhagenize Index, índice que posiciona a las 20 ciudades más amigables para bicicletas del mundo.

• La Pirámide de Jerarquía de Movilidad Urbana grafica la prioridad que se otorga a los modos más sustentables de tránsito priorizando a quienes, a su vez, son los más vulnerables frente a accidentes viales: peatones y ciclistas.

De acuerdo con el Banco Mundial, este enfoque piramidal debe reconocerse e institucionalizarse como un modo independiente e importante de movilidad urbana.

6. En Chile, con la Ley N°21.088, también llamada Ley de convivencia de modos, el país incorporó a la bicicleta como un modo de movilidad urbana, definiendo una serie de criterios que dan mayor seguridad a la circulación de ciclos y que permiten equiparar sus derechos y deberes con otros usuarios del espacio público.

Por tanto SS. ILTMA, podríamos continuar, latamente, incorporando beneficios, leyes y políticas que instruyen a los gobiernos y municipios a priorizar el medio de transporte de la bicicleta y su infraestructura, pero creemos que no es la finalidad de este informe, sino dejar claramente establecido que, el Municipio de Pucón, nunca ha alterado el derecho a la Vida o su integridad Física y Psíquica, como intenta hacerlo parecer, el recurrente.

7. Lo que el Municipio ha hecho es utilizar sus facultades legales para mejorar la utilización de un Bien Nacional de Uso Público.

En efecto, el Código Civil establece que son Bienes Nacionales aquellos que pertenecen a toda la nación y se clasifican en bienes de uso público y bienes fiscales o del Estado. A mayor argumento, y de conformidad con el artículo N° 589 del Código Civil, son bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, y dentro de estos bienes nacionales de uso público, recaen aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

8. Por otra parte, según normativas de cada caso, otros órganos del Estado tienen competencias en la administración de ellos según su naturaleza y fines.

Así, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que a cada municipio le corresponde administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo en el territorio de su comuna, y concordante con ello, al Municipio de Pucón, ha hecho uso de sus facultades legales, para un mejor uso de un bien nacional de uso público, el cual es utilizado por cientos de personas diariamente para llegar a sus trabajos, poder disfrutar de una red de ciclovías que impulsan el turismo y entregan una vida más sana para sus habitantes.

9. El recurrente señala ser vocero de los taxistas, sin que se acreditará legalmente dicha investidura, que lo valide como representante legal de alguna organización debidamente conformada; por ende, sólo podemos entender, que el recurso incoado, solo representa al recurrente como persona individual.

10. Con respecto a todo lo señalado por el recurrente, en términos de afectar la seguridad vial, podemos señalar que no han presentado absolutamente ningún informe técnico, especializado, que acredite lo señalado, solamente se expresa una opinión personal al respecto. Más aún, el recurrente habla de la gran cantidad de accidentes que se producen, sin presentar una estadística de Carabineros de Chile; debiendo indicar que, la estadística numérica, son públicos y de acceso fácil a cualquier ciudadano del país. Dicho lo anterior, podemos afirmar que, en la página de Carabineros de Chile, cuyo link nos permitimos ofrecer, https://www.carabineros.cl/ transparencia/tproactiva/rpro_os2.html no se evidencia lo afirmado por la Recurrente, muy por el contrario, las estadísticas señalan que, en la ciudad de Pucón, han ido disminuyendo los accidentes con consecuencias graves. En la figura adjunta se puede apreciar que, durante el mes de enero del presente año, solo se registró 1 accidente grave y fue en el sector Rural.

11. De lo anterior se desprende que, sólo en el mes de marzo del año 2023, se registró un accidente de carácter grave, el cual ocurrió en calle O´Higgins, cuya causa fue un error humano, y no problemas de infraestructura u otro atribuible al Municipio.

Reiteramos que, no es el fundamento del presente informe, entregar latamente estadísticas de accidentes, no obstante, con las tablas tenidas a la vista y con el mes que lleva funcionando la ciclovía, podemos señalar que descartamos completamente que exista un aumento en los accidentes o un aumento en el riesgo de ellos, que pueda afectar a peatones o ciclistas; más aún, con fecha 10 de Julio de 2021 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha publicado el Decreto 102 de fecha 7 de noviembre de 2019, donde se reglamenta las condiciones de Gestión y Seguridad de tránsito de las ciclovías y las especificaciones técnicas de los elementos de seguridad, para los ocupantes de los ciclos y deroga Decreto Supremo Nº116, de 1988, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En efecto, dicha disposición legal, lo que busca es unificar criterios a nivel nacional y adecuarse a todos los manuales y disposiciones internacionales sobre este tipo de Infraestructura, tendiendo a generar ciclovías más seguras para los distintos usuarios de la vía.

12. El recurrente, en varios pasajes de su recurso, señala que ellos estarían de acuerdo en la instalación de la ciclovía en otras calles, como por ejemplo Av. Colo Colo, lo que resulta paradójico, ya que argumenta la existencia de personas que se oponen a la ciclovía en las cercanías de su Paradero o local comercial; sin embargo y por otro lado, no hay oposición a que se establezcan en otras arterías, sin considerar la opinión de las personas que viven o trabajan en dichas arterías.

13. El recurrente señala que la Unión Comunal de JJ.VV Urbanas de Pucón presento una misiva al Alcalde, con el fin de presentar su descontento, producto de la ciclovía, no obstante, no señala que el Presidente de la Unión Comunal fue citado a reunión del H. Concejo Municipal con fecha 7 de noviembre del año 2023, sesión en la cual el Presidente manifestó en todo momento su apoyo a la ciclovía, más aún, señalando que ellos no se oponían a la ciclovía, sino que deseaban que hubieran más ciclovías en otra calles.

Efectivamente, la misiva ingresada por la Unión Comunal de JJ.VV. señala claramente que “Es por ello que respetuosamente los dirigentes de las JJ.VV. Urbanas de Pucón, solicitan a esta autoridad y a sus concejales se pueda reconsiderar dicho tramo y este se pueda utilizar en la reparación de la actual ciclovía de camino internacional…o se puedan utilizar en el acceso al polideportivo”; es decir, la Unión Comunal lo que busca es crear más ciclovías y mejorar las existentes, lo cual va en concordancia con la política que está aplicando este municipio. En efecto, en lo que va del presente año, se han instalado más de 400 delineadores verticales azules con la finalidad de segregar la ciclovía existente en la ruta Camino Internacional, demarcación de cruces de acuerdo a la normativa vigente, además, se ha instruido constantemente la limpieza de la actual ciclovía, En este mismo orden de ideas, el recurrente nuevamente vuelve a plantear la necesidad de contar con una ciclovía por calle Colo Colo, situación que está considerada por el Municipio de Pucón en el documento RED de Ciclovías.

El recurrente en reiteradas ocasiones manifiesta la falta de estudios y fundamentos serios para la materialización de la Ciclovía, pero es el quien no considera el Decreto Exento Nº 3.673 de fecha 02.11.2023 del Municipio de Pucón, donde Considera el “Informe Final I y II de Sectra “Análisis y nombre reservado Pucón, año 2013”, estudio que considera y propone desde el año 2013 (10 años atrás) una ciclovía por Avenida O´Higgins en el tramo desde Av. Colo Colo hasta calle Caupolicán (SECTRA, Programa de Vialidad y Transporte Urbano, de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), es un organismo técnico especializado en planificación de transporte).

Sus principales funciones son proponer planes de desarrollo de los sistemas de transporte urbano, evaluar socialmente iniciativas de inversión en infraestructura y gestión de los sistemas de transporte y desarrollar las metodologías y modelos necesarios para el análisis en transporte).

14.- En cuanto a los actos y/o omisiones supuestamente arbitrarias e ilegales, se recurre en concreto contra la Resolución Exenta N° 1015/2023, de fecha 6 de noviembre de 2023, de la Seremit que aprobó el “Anteproyecto de ciclovía O’Higgins entre Colo-Colo y Caupolicán, Comuna de Pucón”, ya que en dicho acto fija el futuro trazado de la ciclovía en especial en la intersección de las calles donde se ubica el lugar de trabajo del recurrente.

Estima que la acción es arbitraria e ilegal, ya que la Constitución exige que los actos u omisiones que afectan estos derechos sean razonables y respetuosos de la ley.

15. En lo referente a que la ciclovía, el recurrente señala que ese era el lugar destinado a tomar y dejar pasajeros, lo cual es absolutamente falso, ya que ese espacio fue destinado el estacionamiento de vehículos particulares, pertenecientes a los mismos locatarios y sus clientes, es decir un espacio público perteneciente a todos los vecinos de la comuna, utilizado por un grupo reducido de dueños de locales comerciales y de servicios. A mayor argumento, diremos que las “Paradas” autorizadas por el Municipio, para el transporte público por Av. O´Higgins, son 3 espacios, los cuales se han mantenido intactos; es más, han sido mejorados en su diseño y demarcación por este municipio, el cual consideró 13 metros de largo por “Paradas”, para una correcta operación del transporte público, considerando que tiene las facultades legales para ello, por lo que los “Paraderos”, de transporte público se han mantenido en el mismo lugar de siempre, y el diseño de la ciclovía, ha considerado la buena operación de ellos. En este mismo orden de ideas, el Paradero N° 1 de Taxis de Pucón, tampoco ha sufrido cambios de ninguna especie, descartando de plano, haber afectado, por el diseño de la ciclovía.

16.- Por último referir a SS.ILTMA, que la política de ciclovías ha sido implementada en Chile en varias ciudades importantes, dentro de ellas se encuentra la capital regional de la Araucanía “Temuco”, donde existe una ciclovía que cruza calle PRAT, principal arteria comercial de la ciudad, donde se encuentran: Falabella, Almacenes París, Ripley, el propio Municipio de Temuco, Galerías, Bancos, Centros de Salud, Plazas, etc y hasta el día de hoy la ciudad sigue funcionando en perfectas condiciones, sin que se haya producido un menoscabo hacia los distintos usuarios y destinatarios de la vía, por lo que mal podría disponerse que la ciudad de Pucón las vías de ciclovías son dañinas para la Comuna y el comercio.

CAPITULO II: DE LA IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN: POR NO SER ÉSTA LA VÍA IDÓNEA PARA LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ACTORA.

1. Antes de entrar al fondo de la presente acción de protección, es necesario recordar que esta se trata de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía, por ello, como se señalará en el presente informe, no existen presupuesto necesarios para el ejercicio de la tutela constitucional.

2. En efecto, cabe recordar que la actora solicita mediante esta acción de protección, que se adopten un conjunto de medidas necesarias, en su opinión, para dar efectivo resguardo a las garantías constitucionales eventualmente conculcadas a la actora; sin indicar de manera clara cuál es el acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y que requieren de protección y que se deba dejar sin efecto; ya que, en opinión de la recurrente, se encontrarían conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio, aun cuando el actuar de las recurridas se realizó en conformidad a la normativa vigente.

3. Por ello, lo que se presenta en el recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por el Recurso de Protección, atendida su naturaleza cautelar y/o preventiva, debiendo ser desestimado. Además, dada la naturaleza cautelar autónoma de la acción de protección y el tenor de las peticiones que se formula por la actora, no cabe duda que la acción intentada, tal como se ha expresado en autos precedentemente, tiene por objeto plantear su disconformidad con un proyecto de ciclovía, que en su opinión es un proyecto deseado por la comunidad, pero a su juicio el trazado escogido no es el más apropiado, resulta evidente que esa discusión, como se ha venido diciendo, no es propia de un recurso de protección, por cuanto no existe un derecho indubitado que merezca tutela jurisdiccional, si no que estamos en presencia de una opinión del recurrente, quién por lo demás no acompaña ningún antecedente, salvo sus dichos, para sostener que el trazado propuesto no es el mejor. Parece más propio de este tipo de discusión la impugnación del acto recurrido en sede administrativa.

CAPITULO III: ANTECEDENTES DE DERECHO PARA EL RECHAZO DEL RECURSO:

1. Mediante la ley N°21.088, se introdujo una a la modificación de la Ley N°18.290, de Tránsito, con el propósito de regular la convivencia de diversos medios de transporte, centrándose en la inclusión de un nuevo Título XX titulado "De las bicicletas y otros ciclos". En este título se abordan aspectos clave sobre las ciclovías, usuarios de bicicletas y la circulación de estos medios. El Título XX establece la necesidad de reglamentar las condiciones de gestión y seguridad de las ciclovías para garantizar su correcto funcionamiento.

2. Asimismo, busca definir las especificaciones técnicas de elementos de seguridad para los ocupantes de ciclos, como cascos, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios. Teniendo como objetivo principal establecer condiciones de gestión y seguridad para el uso de ciclovías, unificando estándares de construcción para evitar riesgos a los usuarios en términos de seguridad.

3. En este contexto normativo, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le correspondió el deber legal de dictar el correspondiente cuerpo reglamentario para la certificación de las ciclovías para mejorar su nivel de servicio y regular el uso de elementos de seguridad tanto de los ciclos como de sus usuarios. Dictando al efecto el Decreto N°102, de 2019, que “Reglamenta las condiciones de gestión y seguridad de tránsito de las ciclovías y las especificaciones técnicas de los elementos de seguridad para los ocupantes de los ciclos y deroga Decreto Supremo Nº 116, de 1988, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, el cual entró en vigencia el 10 de julio de 2021.

4. En este sentido, el referido cuerpo reglamentario establece las condiciones que deben observarse para la autorización de operación de nuevas ciclovías, por medio de un procedimiento establecido en los artículos 4 y siguientes. La normativa en comento dispone que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del lugar donde se pretenda emplazar la ciclovía, es la autoridad competente para autorizarla como sucedió en el caso de marras.

El procedimiento distingue dos fases: i) Anteproyecto, y ii) ii) Proyecto.

La etapa de Anteproyecto implica tomar decisiones sobre el perfil, ubicación y conflictos potenciales de la ciclovía. La etapa de Proyecto se enfoca en el diseño definitivo y resolución de conflictos identificados en la etapa de Anteproyecto. Podrá solicitar la autorización para la operación de una ciclovía toda persona natural o jurídica, con la documentación requerida en cada etapa. En concreto, para la etapa de Anteproyecto, el interesado deberá presentar los siguientes antecedentes:

a) Ficha de 4 Ciclo: Vehículo no motorizado de una o más ruedas, propulsado exclusivamente por una o más personas situadas en él, tales como bicicletas y triciclos. También se considerarán ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que cuenten con un motor auxiliar eléctrico, de una potencia nominal continua máxima de 0,25 kilowatts, en los que la alimentación es reducida o interrumpida cuando el vehículo alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora o antes si el ciclista termina de pedalear o propulsarlo, los que se considerarán para los efectos de esta ley como vehículos no motorizados (Art. 2° N°9 Ley de Tránsito) presentación con datos generales del proyecto; b) Oficio de conformidad de municipios (en caso que la ciclovía abarque más de un municipio);

b) Memoria explicativa que relacione el proyecto con planes estratégicos comunales, caracterización de tramos, identificación de conflictos, etc.; y c) Esquema de emplazamiento.

5. Si se cumple con la entrega conforme de los antecedentes requeridos, la Secretaría Regional Ministerial, deberá revisar el anteproyecto, analizando especialmente el cumplimento de los requisitos del artículo 3 del Reglamento y pronunciarse respecto a la evaluación de aspectos como cambios de vía, singularidades, superficie de desplazamiento, segregación, vinculación a planes estratégicos, etc.

6. Asimismo, la autoridad de transporte deberá basar su decisión en los criterios establecidos en el reglamento. La aprobación del anteproyecto se hará mediante por resolución y tendrá vigencia de 1 año desde la notificación del acto (o 5 años si es parte de otro proyecto). Luego, en la etapa de proyecto el interesado deberá presentar ante la Seremi correspondiente la resolución que aprueba el anteproyecto, dentro del plazo de vigencia, el plano de diseño operativo con señalización y demarcación, incluyendo semaforización si es necesaria, y otras medidas de gestión, la memoria explicativa detallada del diseño operativo, resolviendo aspectos clave como puntos de inicio y fin, intersecciones con ciclovías y vías relevantes, paraderos, y conexiones con estaciones o hitos urbanos.

7. Adicionalmente, y de manera opcional pueden presentar figuras esquemáticas, fotografías y otros planos adicionales. Una vez que presente los antecedentes ante la Secretaría Regional revisa el proyecto, asegurando el cumplimiento de aspectos indicados en el numeral 3 del artículo.

Debiendo además verificar las soluciones para conflictos en intersecciones, semaforización, y demarcación adecuada en caso de singularidades. Si se cumple con los requisitos, la Seremitt dictará una resolución aprobatoria del proyecto, que deberá incluir información detallada sobre la ciclovía, medidas de gestión, y obras habilitantes.

8. Además, deberá establecer expresamente el deber de mantenimiento para gobiernos regionales, municipios o Dirección de Vialidad, según corresponda de acuerdo al lugar de emplazamiento de la ciclovía. La vigencia de la resolución aprobatoria será de tres (3) años desde la fecha de notificación. Y contra ella se podrán interponer los recursos contemplados en la Ley Nº 19.880 contra la resolución. Ahora bien, la Seremitt y el Municipio de Pucón, ha dado cabal e íntegro cumplimiento a todas las exigencias normativas para la dictación del acto administrativo que aprueba el anteproyecto de la ciclovía recurrido, etapa en la cual se encuentra el proyecto que nos ocupa.

9. Con fecha 31 de octubre de 2023, la Municipalidad de Pucón, en calidad de interesado como entidad formuladora del proyecto, hizo ingreso mediante presentación virtual en plataforma del proyecto de ciclovías, de la Seremitt de la Región de la Araucanía, solicitando la autorización del anteproyecto de ciclovías denominado: “O’Higgins entre Colo-Colo y Caupolicán”, comuna de Pucón, ello en conformidad a lo establecido en el Decreto 102 del año 2021, del MTT.

10. En este sentido, la entidad Municipal, dio cabal cumplimiento a la normativa, remitiendo todos los antecedentes que exige la ley, en el artículo 7 del marco reglamentario antes señalado.

Luego, habiéndose remitido los antecedentes, la autoridad regional de transportes, en conformidad al procedimiento establecido en el reglamento, se analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3° del DS 12 102/2019 ya citado, pronunciándose sobre los mismos de conformidad con el artículo 9 del mismo cuerpo reglamentario, dictando al efecto la Resolución Exenta N° 1015/2023 SRM-ARAUC, de 6 de noviembre de 2023, que en el aspecto considerativo señaló lo siguiente respecto a los requisitos que debe cumplir el anteproyecto.

La ciclovía en análisis se proyecta sobre calzada. Si la segregación de la ciclovía cumple con lo establecido en el número 4 del artículo 3° en cuanto a la velocidad operacional.

11. La ciclovía proyecta zona de segregación de 0.35m, cumpliendo con la normativa vigente. La ciclovía se proyecta como una extensión con la ciclovía desde la intersección de Colo Colo con O’Higgins al oriente y con un enlace al paseo peatonal de Roberto Geiss al poniente. Si el emplazamiento y la composición del perfil elegido por el interesado es aquel que minimiza el número de potenciales conflictos a los que se verá enfrentado el usuario entre diversas alternativas posibles. El emplazamiento y características de la ciclovía se ajusta a la normativa y a manuales de vialidad ciclo-inclusiva del Minvu, logrando minimizar los potenciales conflictos.

12. Así las cosas, La SEREMITT, en ejercicio de las competencias conferidas por la normativa vigente, otorgó la autorización al anteproyecto de la ciclovía "O'Higgins entre Colo Colo y Caupolicán". Este anteproyecto, formulado por la Municipalidad de Pucón, ha sido evaluado y aprobado por la SEREMITT, ya que cumple de manera integral con la normativa aplicable.

A su vez, cabe destacar que el acto administrativo que otorga la autorización al anteproyecto ha sido debidamente fundado, evidenciando un pronunciamiento exhaustivo por parte de la autoridad de transportes regional. En este sentido, la mencionada autoridad ha abordado y evaluado cada aspecto que la normativa le exige, asegurando así la concordancia del anteproyecto con los lineamientos legales y técnicos correspondientes.

CAPITULO IV: IMPROCEDENCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS:

l) El recurrente consagra que están siendo vulneradas las garantías del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, esto es, derecho según él, a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. En efecto, como se ha expresado, sin duda la actual ejecución de la obra cuestionada, perturba y amenaza el derecho a la vida y a la integridad del recurrente y de todas las personas que transitan por el sector, con el riesgo latente de accidentes para los ciclistas y de atropello para los transeúntes, que, si bien son un peligro propio del tránsito vehicular, en este caso no se implementan las medidas necesarias en atención a la gran congestión vehicular y peatonal del sector, lo cual no es efectivo conforme todas las explicaciones técnicas dadas al respecto, y cercano a ello, no se divisa de qué manera podría la existencia de ciclovías que “hacen más amigable la vida”, con el entorno y la ciudad, podría vulnerar el derecho a la vida como mal lo plantean los recurrentes, donde es preciso señalar que si adoptamos la distinción que consagra que el derecho a la vida es el derecho a que no nos maten arbitrariamente, este modo de entender el derecho a la vida evita confundirlo, como lo ocurre a la mayoría de la doctrina nacional, con el derecho a la salud o con el derecho a la integridad física. Así, cuando usan la palabra vida se refieren a la calidad de vida de la persona, es evidente que cuando se tortura o mutila a alguien, se atenta contra su calidad de vida, pero eso es trivial. Pero si se refieren al derecho a la vida -como creo que es el caso esa frase es errada pues es físicamente posible torturar o mutilar a alguien sin matarlo. El objeto del derecho a la integridad física y psíquica es la obligación de no conculcar la integridad física o psíquica de alguien. Por ejemplo, se vulnera la integridad física cuando se mutila a alguien, y se vulnera su integridad psíquica cuando se la somete a tormentos, a amenazas, etc. Es posible mutilar a alguien sin matarlo, con lo cual se trasgrede el derecho a la integridad física pero no el derecho a la vida, y si se atormenta a alguien, se infringe su derecho a la integridad psíquica sin, con ello, violar su derecho a la vida, t lo anterior esta lejano a existir como una garantía vulneratoria reclamada, más aún con la existencia de una ciclovía.

2. Además, también señala que los ingresos a los comerciantes estarían afectados, deducimos por el emplazamiento, como esbozando un derecho a la libertad económica consagrando que la existencia de las ciclovía baja el flujo de pasajeros y dificulta la prestación de su servicio, sin embargo el recurrente no repara en que si bien existe la ciclovía, actualmente en el tramo de O´Higgins, este no ha sido presentado hasta la fecha en ninguna otra de sus paradas, y el efectivamente puede tomar y dejar pasajeros en otros puntos autorizados no siendo un argumento válido la existencia de ciclovías.

3. Finalmente respecto a la garantía del artículo 19 numeral 24, señalan que, dada la destrucción de estacionamientos, obstrucción de la carga y descarga de mercadería, y la alteración del entorno turístico general, que causa la obra, afectaría el derecho de propiedad sobre los locales comerciales y departamentos destinados a vivienda, generando un impacto negativo en la actividad económica y devaluación de la plusvalía del sector comercial, sin embargo, quien recurre por sí mismo, y no por dueños de locales comerciales, ni de establecimientos de hotel, por lo que debemos presumir si existen cartas de respaldo ello es muy lejano. Ejercer acciones constitucionales por actos arbitrario o ilegales cometidos por la autoridad, y la razón es sólo una, no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad, y no existe un recurrente que se siente vulnerado, si no que por el contrario, existen reclamos de varios empresarios tras la presente acción de protección que no están satisfechos que ya no pueden lisa y llanamente estacionar vehículos frente a sus establecimientos comerciales, y estiman que por ello, se ha disminuido el ingreso de comerciantes a dichas áreas, pero sin embrago, solo una persona recurre de protección contra las ciclovías existentes, y nadie más.

Solicita tener por contestado el informe, y rechazar la acción de protección en todas y cada una de sus partes, por no existir ni actuar ni ilegal ni arbitrario del Municipio de Pucón, en la concreción de las ciclovías en la Cuidada de Pucón, ni en las calles reclamadas, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1.Decreto 102/2021 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2.Resolución Exenta N° 1015/2023 SRM-ARAUC, de fecha 06 de noviembre del año 2023.

3.Informe PAC de la Municipalidad de Pucón.

4.RED de Ciclovías de Pucón.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por el recurrente se fundamenta en la vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, ocasionada por el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°1015/2023, que APRUEBA ANTEPROYECTO DE CICLOVIA O¨HIGGINS ENTRE COLO COLO Y CAUPOLICÁN, COMUNA DE PUCÓN.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimidad activa del recurrente, toda vez que comparece además como “vocero” del Paradero de Taxis N° 1, de Pucón, esta será rechazada, toda vez que el recurrente, además comparece por si, como persona natural, haciendo sus alegaciones. Lo que demuestra un interés personal, y no colectivo, que es incompatible con la naturaleza del recurso de protección.

CUARTO: Que, por otra parte, y analizando el fondo del asunto, debiéndose establecer en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de las acciones ilegales y arbitrarias materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si aquéllas han consistido en la aprobación y ejecución del proyecto de construcción de la ciclovía en la calle O’Higgins, en la ciudad de Pucón.

Conforme a los hechos expuestos por los intervinientes, tanto el proyecto como la aprobación de la Ciclovía, han sido previamente informadas y consensuadas con la comunidad y distintos usuarios de aquéllas. Todo lo anterior, se ha desarrollado en un ámbito completamente reglado y fiscalizado por diversas autoridades públicas, tales como Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Municipalidad de Pucón, todas las cuales ostentan competencias fiscalizadoras para la recta ejecución del contrato de obras públicas que subyace a los hechos de este recurso de protección.

Consecuentemente con lo concluido y lo establecido anteriormente, no ha precedido la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición insoslayable para procedencia de este recurso; más allá de ser o no el proyecto del agrado del recurrente.

QUINTO: Que, no resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar, frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales. Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario, sumario o administrativo correspondiente.

SEXTO: Que, en consecuencia al no mediar acción ilegal o arbitraria alguna y, en consecuencia, al no aparecer evidentemente que se ha ocasionado en el recurrente la conculcación de ninguna de las garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso de protección interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 19 N°1, N°21 y N°24 y, 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

1.- Que se rechaza la alegación de falta de legitimidad activa.

2.- Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado MARCELO EDUARDO NECULMAN MUÑOZ, en favor de don nombre reservado, taxista, domicilio en domicilio reservado, quien a su vez es vocero del paradero N° 1 de taxis de Pucón, en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-13894-2023.(jog)