nombre reservado con DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO

C.A. de Temuco Temuco, ocho de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO, abogado, y don EMANUEL ISAÍAS CUADRA SUÁREZ, abogado, ambos en representación de don nombre reservado, experto en asuntos indígenas, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO, representada legalmente por su delegado don nombre reservado , o quien la subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que su representado ingresó a prestar servicios para la Gobernación Provincial de Malleco el día 7 de mayo de 2019, en virtud de un convenio suscrito con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, denominado Apoyo a los Objetivos del Artículo 20 letras a) y b) de la Ley 19.253. Posteriormente en el año 2022, dicho convenio fue traspasado a la recurrida Delegación Presidencial Provincial de Malleco, con solución de continuidad para sus funcionarios. El puesto que desarrollaba su representado era de encargado asesor y atención al público, cumpliendo con directrices por parte de sus superiores y jornada de trabajo de 44 horas. Sin perjuicio de lo anterior, en el día a día desarrollaba funciones asimilables a los demás funcionarios de planta o contrata, con el fin de colaborar con el correcto funcionamiento del servicio, es decir en otras palabras, su representado no solo realizaba las funciones “encomendadas en el contrato”, sino que su labor se extendía prácticamente a cubrir cualquier necesidad que tuviera el servicio. Cabe hacer presente que el último contrato de su mandante se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

En cuanto a los hechos, expone que desde que asumió el nuevo gobierno, su mandante fue víctima de una serie de actos vulneratorios en lo que concierne a su calidad de trabajador, existiendo un verdadero bloqueo de labores. Sin embargo, con fecha 26 de abril de 2022 es notificada de una carta de comunicación de despido, fechada al 30 de marzo de 222, que dispone el término anticipado a su contrato a honorarios.

Destaca que dicha decisión es ilegal por cuanto dada la naturaleza de sus funciones, su vínculo es asimilable a contrata, rigiendo por ellos la jurisprudencia y legislación aplicable a la misma. Prueba de ello es el dictamen N°173171 del año 2022, de modo tal que constituye una obligación de la administración el de motivar el acto administrativo y respetar el principio de confianza legítima. En efecto, el acto administrativo es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos hecho y derecho en que se funda, más allá́ de una mera retórica sin prueba. Añade que El principio de confianza legítima busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes. En este contexto, cabe destacar, la confianza legítima que ampara a su representado, quien ha sido objeto de 4 renovaciones anuales, sucesivas, continuas ininterrumpidas, que inician en el año 2018 y que se extienden hasta el 31 de diciembre del año 2022, sin perjuicio de las renovaciones de menor plazo.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por cuanto las situaciones antes descritas han causado afectación en el plano económico, psicológico y profesional, vetándolo de ejercer el puesto para el que se ha preparado durante su excelente carrera funcionaria.

En segundo lugar, refiere que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, toda vez que la decisión de la autoridad se ha tomado en vista de caracteres subjetivos y no objetivos, puesto que su representado es un funcionario de excelente rendimiento.

Finalmente, sostiene que se ha conculcado el derecho de propiedad, ya que en la especie y pese a que existe un plazo restante de ejercicio del cargo de su representado – diciembre del año 2022, el recurrido vulnera su propiedad sobre éste poniendo fin anticipado al contrato de honorarios.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la carta de comunicación de despido de fecha 30 de marzo de 2022 y toda aquella destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios del recurrente. Todo ello con costas en caso de oposición.

Acompaña a su recurso: 1.- Mandato judicial; 2.- Carta de Comunicación de Despido de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco de fecha 30 de marzo de 2022; 3.- Firmas y notificación de Carta de Comunicación de Despido de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco de fecha 30 de marzo de 2022; 4.- Contrato a Honorarios a Suma Alzada, Resolución Exenta RA 245/1578/2022; 5.- Convenio a Honorarios a Suma Alzada 2022, de fecha 21 de febrero de 2022; 6.- Convenio a Honorarios a Suma Alzada, de fecha 25 de junio de 2021; 7.- Convenio a Honorarios a Suma Alzada, de fecha 17 de marzo de 2020; 8.- Convenio a Honorarios a Suma Alzada, de fecha 5 de abril de 2019; 9.- Convenio a Honorarios a Suma Alzada, de fecha 14 de mayo de 2018; 10.- Informe Mensual de Boletas Emitidas abril 2022, Servicio de Impuestos Internos; 11.- Informe anual de Boletas Emitidas 2021, Servicio de Impuestos Internos; 12.- Informe anual de Boletas Emitidas 2020, Servicio de Impuestos Internos; 13.- Informe anual de Boletas Emitidas 2019, Servicio de Impuestos Internos; 14.- Informe anual de Boletas Emitidas 2018, Servicio de Impuestos Internos.

A folio 12, evacúa informe la recurrida.

Expone, en primer término, la improcedencia de la presente acción, por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por la recurrente. En efecto, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, no siendo posible que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante este remedio judicial, y menos aún son fundamentos suficientes para una tutela anticipada de derechos fundamentales.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, señala que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en concordancia con lo señalado en los dictámenes Nº 80.868, de 2014 y 3.140, de 2015, de la Contraloría General de la República, las personas contratadas a honorarios con la Administración, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, de modo que aquellos sólo gozan de los beneficios contemplados expresamente en dicho instrumento. Dicho lo anterior, cabe destacar que en la cláusula tercera del convenio a honorarios a suma alzada correspondiente al año 2022, aprobado mediante Resolución Exenta RA N° 245/1578/2022, de 4 de marzo de 2022, del Servicio de Gobierno Interior se dispuso expresamente que, “El presente convenio durará desde el 1 de Enero de 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N° 46 de la ley N° 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”. En consecuencia, habiéndose pactado expresamente una cláusula de reserva en favor de la Administración, no existe irregularidad alguna en la decisión consistente en poner término anticipado a los servicios prestados a honorarios en estudio, acto el que fue suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y dictado en el ámbito de su competencia, debidamente comunicado, por lo que indefectiblemente se debe proceder al rechazo de la presente acción constitucional, citando jurisprudencia al efecto, causas roles Nº 23.035-2018 y 24.615-2018.

Agrega que sobre las citas realizadas al Dictamen E173.171, de 10 de enero de 2022, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado; cabe destacar que hay una interpretación antojadiza del mismo toda vez que, en dicho pronunciamiento la Entidad Fiscalizadora hizo un cambio en la jurisprudencia en materia de las contrataciones a honorarios en la Administración del Estado, permitiendo en lo sucesivo la contratación de honorarios para honorarios de servidores que se desempeñarán en los gabinetes, de asesores externos, para situaciones puntuales debidamente justificadas o no reiteradas en el tiempo y para ciertos casos particulares como aquellos precisados en la letra d) del apartado II.2.

En lo pertinente, el principal efecto del pronunciamiento en comento, consiste en que recién para el 1 de enero de 2023, la autoridad administrativa deberá proceder a la designación a contrata de todos los servidores a honorarios que cuenten con confianza legítima en los términos allí anotados, confianza legítima de la cual el recurrente no goza en la actualidad ni gozará al 31 de diciembre de 2022, dado que no cumple el tiempo exigido para esos efectos, desde que durante su vinculación contractual no ha desempeñado, sin solución de continuidad, labores distintas de aquellas contempladas en el apartado II.2, con renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022. A mayor abundamiento, e inclusive de haberla tenido, el pronunciamiento es claro que para el caso de los honorarios solo se reconoce la confianza legítima “para los efectos del traspaso a la contrata y no como una protección frente a los términos anticipados o no renovaciones de los contratos a honorarios”

En tercer lugar, señala tampoco se verifica en el caso de autos, una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a los derechos invocados por el recurrente en su escrito de protección. Al respecto, sobre el derecho previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; cabe derechamente descartarlo toda vez que, la protección de éste dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida del recurrente, que configuren un detrimento o imposibilidad de su continuación, cuestión que no se verifica en la especie. En efecto, debiendo destacarse que no se acompaña al proceso ningún elemento probatorio, por mínimo que sea, que acredite lo sostenido por el recurrente en este punto, malamente el actuar ajustado a la normativa aplicable por parte de este servicio, puede tener una entidad lesiva como la indicada.

Por su parte, sobre el derecho previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de igualdad ante la ley; cabe destacar que, la doctrina clásica, ha señalado al respecto que este consiste en dar en un caso determinado un mismo tratamiento respecto de aquel que coincide en la totalidad de sus propiedades relevantes, es decir, de sus aspectos fácticos jurídicamente más significativos. Así, no se divisa sinceramente en qué forma se podría verificar en el caso de marras, un atentado al derecho de igualdad invocado por el recurrente, desde que, por ejemplo, no se comparan en concreto distintas formas de proceder por parte del Servicio de Gobierno Interior, en desmedro de él, tal como lo han constatado en esta precisa materia la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol Nº 4.154-2018, y la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, en la causa rol N° 1.758-2019.

En último término, sobre el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; es menester tener presente que, no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tienen derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas.

Teniendo es especial consideración que los asesores a honorarios no son funcionarios públicos, no tiene cabida en la especie la concepción patrimonial que involucra el dominio, por lo que se puede desempeñar una función pública en tanto no exista una causal legal de alejamiento, tal y como lo ha ratificado la Excma. Corte Suprema, con fecha 30 de noviembre de 2021, para la causa rol N° 45.522-2021, donde, la máxima magistratura del país fue prístina en indicar que, “esta Corte no considera que exista un derecho de propiedad sobre una función o puesto de trabajo, siendo la relación entre el recurrente y recurrido de índole profesional y laboral, en la que dada ciertas condiciones, legítimas y no arbitraria, es posible darle fin”.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Carta Término Contrato de fecha 30 de Marzo de 2022; 2.- Contrato a Honorarios a suma alzada convenio transferencia de Recursos Conadi años 2018; 3.- Contrato a Honorarios a suma alzada convenio transferencia de Recursos Conadi años 2019; 4.- Contrato a Honorarios a suma alzada convenio transferencia de Recursos Conadi años 2020; 5.- Contrato a Honorarios a suma alzada convenio transferencia de Recursos Conadi años 2021; 6- Contrato a Honorarios a suma alzada convenio transferencia de Recursos Conadi años 2022; 7.- Pagos Honorarios 2021 nombre reservado; 8.- Pagos Honorarios 2022 nombre reservado; 9.- Resolución Exenta Nº 1.081, de 17 de septiembre de 2019, del Servicio de Gobierno Interior, que aprueba Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato Laboral, Acoso Laboral Acoso Sexual.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida de poner término anticipado de la contratación a honorarios del actor, la que a su juicio adolece de falta de motivación y no ha respetado el principio de confianza legítima en atención a la duración de su vinculación con la recurrida y por cuanto atendida las labores que desarrollaba debe asimilarse su vinculación a una contrata. Por su parte la recurrida sostiene que atendida la forma de contratación del actor, él no es un funcionario y la principal norma reguladora de sus relaciones es el propio convenio a honorarios, el que faculta expresamente a cualquiera de las partes a poner término anticipado al mismo, sin necesidad de expresar de causa.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que la cláusula tercera de la contratación a honorarios suscrito por las partes señala: “El presente convenio durará desde el 1 de Enero de 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N° 46 de la ley N° 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”.

En ese mismo sentido, el artículo 11 inciso 3° del Estatuto Administrativo dispone: “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, debemos descartar la existencia de una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida al disponer la terminación anticipada de la contratación a honorarios de la actora, por cuanto, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 23.035-2018 “la carta de aviso de término del contrato a honorarios en la citada causal, ha actuado con estricto apego a las disposiciones del contrato suscrito por las partes, que es justamente el instrumento que rige las relaciones entre ellas, por así disponerlo expresamente el Estatuto Administrativo.” De ese modo, en el caso de marras, se pactó expresamente la facultad de cualquiera de las partes de poner término anticipado a dicho contrato, sin necesidad de expresar causa alguna, y sin otra solemnidad que comunicar dicha decisión por carta certificada, formalidades que se cumplieron.

QUINTO: Que, refuerza lo anterior lo que ha sido sostenido por esta Iltma. Corte, en autos Rol ° 12.436-2022, que señaló: “no estando en cuestión la naturaleza del contrato, y existiendo en el mismo una cláusula que habilita a ambas partes a ponerle término anticipado cuando se estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa, corresponde aplicar estrictamente la norma del artículo 1545 del Código Civil conforme al cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, norma que reconoce en nuestro derecho el llamado pacto sunt servanda de acuerdo al cual los pactos deben ser siempre cumplidos y cumplidos en sus propios términos”.

SEXTO: Que, de ese modo, la eventual discusión sobre la validez de la cláusula tercera del contrato a honorarios, en particular de la liberación por mutuo acuerdo de la obligación de fundar la terminación anticipada del contrato cuando la efectúa la administración, o la determinación de la naturaleza jurídica de la contratación del actor, es una cuestión que no corresponde analizarla desde la perspectiva de conducta ilegales o arbitrarias propias del recurso de protección pues no se puede calificar per se, como contrario a derecho o caprichoso, actos ajustados a las cláusulas de la relación contractual como la de la especie, unido a que la disputa existente entre las partes acerca del alcance y validez de la referida cláusula, o la naturaleza jurídica del contrato, son materias que deben ser dilucidadas por los interesados en juicio de lato conocimiento en que las partes involucradas puedan hacer sus alegaciones y rendir las pruebas que estimen del caso para obtener el resultado que pretenden.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO, todos ya individualizados.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-13887-2022.(fcv)