nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece Diego Gallegos Vallejos, abogado, en representación del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G., en beneficio de su asociado doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director don nombre reservado, y doña Carolina Alejandra Ojeda Galaz, Directora Regional del Trabajo de la Araucanía, pidiendo adoptar de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes, todo en mérito de los siguientes argumentos de hecho y derecho.

Con fecha 17.11.2023 se dictó el Oficio Ordinario N° 900-42781/2023 por la Dirección Regional del Trabajo de la Araucanía, suscrito por su Directora Regional doña Carolina Alejandra Ojeda Galaz. El referido oficio rechaza investigar una denuncia promovida por la afectada vía plataforma “Mi DT”, por considerar que lo denunciado por ésta no sería constitutivo de investigación de vulneración de derechos fundamentales.

El Oficio afirma lo siguiente: “Lo primero es señalar que el procedimiento administrativo para la investigación de denuncias por Vulneración de Derechos fundamentales, requiere entre otros, que el empleador esté en conocimiento de los hechos que afectan al denunciante, para lo cual él o la trabajadora debe manifestar a éste, en términos formales (carta, correo electrónico), la situación que lo vulnera, solicitando se tomen las medidas de resguardo pertinentes. Otro requisito que debe existir para analizar el ingreso de una denuncia por Vulneración de Derechos Fundamentales, es que lo denunciado se refiera a hechos ocurridos en un periodo de tiempo no superior a 60 días anteriores al día en que denuncia. También resulta necesario que exista relación laboral vigente entre el o la trabajadora denunciante y la empresa, requisito indispensable para dar inicio a un procedimiento de esta naturaleza. Lo anterior, se encuentra respaldado por las instrucciones administrativas vigentes de este Servicio”.

Explica luego que: “De la denuncia ingresada por usted, refiere hechos que a razonamiento de este servicio, no son constitutivos de vulneración de derechos fundamentales, no menciona quien está realizando las conductas descritas, tampoco señala de qué manera le están afectando y no menciona la reiteración de aquellos en el tiempo”.

Concluye que por lo anterior, no puede realizar investigación alguna en relación a lo denunciado.

Explica que la plataforma “Mi DT” sólo consulta si existe relación laboral vigente y si ingresó o no una denuncia en Tribunales por los mismos hechos. Si se contesta correctamente, pasa a un segundo formulario. En este sólo exigen una descripción general de los hechos a investigar y en 500 caracteres. No es posible adjuntar documentación. No es posible cumplir por esa vía con los supuestos requisitos que se consignan en el Oficio.

En síntesis, se denunció lo siguiente:

La afectada realizó varias consultas durante el mes de octubre pasado, sobre los siguientes temas: (i) maternidad; (ii) detalle de remuneraciones variables; (iii) cálculo de sobresueldo; (iv) autorización de jornada excepcional.

El día 31.10.2023 la citaron a una reunión y le expusieron que ella debía determinar cómo terminar el vínculo laboral.

Le ofrecieron “dos escenarios”. Uno de “común acuerdo” y otro por “necesidades de la empresa. Le dieron como plazo ese mismo día en la tarde para escoger. Se comunicaron vía “whatsapp” a su número particular. La afectada contestó que la decisión le correspondía al empleador y no a ella.

Se le contestó: “Okey. Mando a hacer la notificación con el pre aviso. No hay problema (emoticón). Un abrazo (emoticón).” Se le aclaró que seguiría durante 30 días en calidad de preaviso y que no sería necesario firmar carta alguna.

La trabajadora contestó que le parecía extraño que le comunicaran el despido vía whatsapp, que le envíen emoticones y abrazos y que no le parecía bien que le hicieran tomar a ella decisiones sobre el término del contrato. Luego señaló que existe un reclamo administrativo laboral por la situación irregular, ya que ella jamás podría decidir su despido.

Se le contestó con un “abrazo” y con un “feliz tarde”. Luego le contestaron que la “jornada excepcional no aplica porque no tienen jornada especial de trabajo”. Después se le señaló que no se le pidió tomar decisiones, pero que “lo primero que, luego se le afirma que “contigo no se puede” junto a otros mensajes innecesarios.

La afectada le contestó que en ningún caso elegir entre dos escenarios podría ser un mutuo acuerdo.

Horas más tarde, recibió un mensaje remitido por “Jobskilled SpA”, tercero que no es parte del contrato de trabajo. Dicho correo electrónico hizo referencia a lo conversado y adjunto una carta de pre-aviso de término de contrato que señaló como causal mutuo acuerdo.

La denuncia recibió el Código AZQGPWMLGRZX Ningún fiscalizador se contactó con la afectada. De lo contrario, se consignaría en el Oficio. No se hace mención a lo anterior, ya que no se hizo. La afectada promovió un reclamo por OIRS con fecha 16.11.2023, un día antes del Oficio del siguiente tenor: Ingresé reclamo el 31.10 pasado por vulneración DDFF. Me están "despidiendo" de común acuerdo y plazo 30 días. Me están acosando. Se suponía que fiscalizador se contactaría conmigo. Nunca lo hizo. Hoy crisis, licencia salud mental. Ruego me ayuden.

El Código de Verificación es el siguiente: 8277e27e-be0b-4ba3-a90d-7d3256df7397.

1 El Oficio exige requisitos absurdos para la etapa de denuncia, muy razonables si se activa una fiscalización o al accionar judicialmente. Estos requisitos no constan en la Ley para efectos de rechazar a trámite una denuncia.

2 Exige que el “empleador esté en conocimiento de los hechos que afectan al denunciante”; sin perjuicio de lo anterior, como demostraremos, esto se cumple en estos autos, con los matices que se indicarán.

3 Exige que el trabajador deba “manifestar a éste, en términos formales (carta, correo electrónico), la situación que lo vulnera, solicitando se tomen las medidas de resguardo pertinentes” sin perjuicio de lo anterior, como demostraremos, esto se cumple en estos autos, con los matices que se indicarán.

4 Exige que el trabajador explique al empleador “la situación que lo vulnera, solicitando se tomen las medidas de resguardo pertinentes.” sin perjuicio de lo anterior, como demostraremos, esto se cumple en estos autos, con los matices que se indicarán.

5 Exige además que los hechos no sean más antiguos de 60 días y que exista relación laboral vigente, lo que al momento de presentar la denuncia y esta acción constitucional, se cumple.

Estos requisitos parecen propios de un juicio laboral por tutela de derechos fundamentales y no de una denuncia. Al elevar el estándar de la tutela administrativa a uno jurisdiccional, se afecta gravemente el derecho a la acción (debido proceso), libertad de trabajo y la integridad física y psíquica.

Estos requisitos constarían en “instrucciones administrativas vigentes de este Servicio”, los que desconocemos. No se citan, no se desarrollan, no se aclara cómo consultarlos.

Existen indicios importantes de vulneración de derechos fundamentales, como se explicará en detalle.

-Petición concreta Atendido lo anterior, se solicitará que se ordene fiscalizar prontamente si los hechos denunciados constituyen o no una vulneración de derechos fundamentales, junto con la condena en costas correspondiente.

Expone cómo es que, de haber desplegado la recurrida la conducta correspondiente, esto es recabar antecedentes, habría de todas maneras recabado indicios relevantes que habrían concluido con la decisión de fiscalizar y, no como rechazando iniciar una investigación.

Primero: la afectada fue despedida por y durante su embarazo.

En primer lugar, la afectada no había divulgado su embarazo, pero era rumor importante de que presentaba síntomas de gravidez. Se acompaña certificado de embarazo emitido por matrona.

Segundo: la afectada fue despedida vía whatsapp, con ofensas luego de comunicar reclamo formal ante la inspección, reclamo que finalmente no movilizó a la inspección del trabajo como consta en el acto impugnado.

En segundo lugar, la afectada fue contactada para decidir entre “dos escenarios” de término de relación laboral, disfrazando un acto unilateral en otro bilateral, un acto de última ratio en una negociación y, lo más importante, un acto que buscaba sancionar y evitar cumplir con obligaciones laborales en otro propio del derecho laboral como es el despido.

La reacción del empleador deja en claro que existen irregularidades, toda vez que asocia la autorización de jornada excepcional a “jornadas especiales”, lo que es contrario al tenor literal de los art. 38° y siguientes del Código del Trabajo. Es decir, existe un reclamo fundado, durante la relación laboral y que motiva realmente el intento del empleador por lograr una salida convenida y mantenerse evadiendo derechos laborales.

En ningún momento puede el trabajador con ocasión del despido tratar al trabajador como “incivilizado” por no querer participar del término del contrato de trabajo.

Expresiones “Como gente civilizada lo primero que se agota es la instancia de conversación” buscan aprovecharse de la ingenuidad de los trabajadores.

Expresiones “Considerando que contigo no se puede” son ofensivos, excluidos por el derecho laboral y, atentan contra la dignidad de una trabajadora embarazada, que reclama sus derechos y le responden con una “conversación” donde ella debe elegir cómo terminar la relación laboral.

Tercero: los escenarios ofrecidos son “necesidades de la empresa” o “mutuo acuerdo” pero con “preaviso”. No se puede hablar de “mutuo acuerdo y si no te despido igual”.

En estricto rigor, no es vulnerador de derechos fundamentales que se negocien términos de relación laboral.

Si es vulnerador de derechos fundamentales que te presionen para renunciar.

No es un acto unilateral.

Si nunca existió voluntad alguna por parte de la parte débil de salir, entonces el empleador no está habilitado a levantar una negociación para llegar a un mutuo acuerdo, como es el caso.

La afectada jamás manifestó deseo de terminar la relación laboral.

Mucho menos con un embarazo en desarrollo.

Es normal que los embarazos recientes no se comuniquen en forma inmediata por el temor a las pérdidas.

Si existen rumores de embarazo y además ninguna voluntad de terminar el contrato de trabajo, no es lícito para el empleador proponer una “negociación” para arribar a un “mutuo acuerdo o te despedimos igual por necesidades de la empresa”.

Si además, existen reclamos como el que se expuso precedentemente, asociados a temas tan sensibles como trabajo en días feriados sin autorización de jornada excepcional, estamos frente a una faena cuya operación sistemáticamente transgrede derechos laborales.

Esa es la real motivación.

Seguramente, ante los costos del embarazo de la afectada y, los costos de obtener y pagar una jornada excepcional debidamente autorizada, motivaron la “conversación” que la propia empresa describe como “mutuo acuerdo o te despido igual”.

Esta desconsideración por cumplir normas laborales se observa leyendo las cartas o “escenarios” enviados.

Tienen errores formales gravísimos.

Cuarto: minutos luego de avisar que se promoverá un reclamo en la inspección, se comunica el despido vía correo electrónico. El remitente “JobSkilled SpA” no es parte de la relación laboral. Carta de despido enviada dice “mutuo acuerdo” y “pre-aviso”.

Siguiendo el relato sobre indicios suficientes para que la recurrida inicie una fiscalización por los hechos expuestos, debemos ahora llamar la atención sobre lo siguiente:

Minutos después de avisar durante el despido vía whatsapp que se promovería un reclamo en la Inspección del Trabajo, se remitió un correo electrónico despidiéndola.

Ese correo electrónico tiene un remitente extraño a la relación laboral. Nadie sabe quién es JobSkilled SpA. Se autodenominan “Agencia de Consultorías”.

La carta de despido se denomina “pre-aviso”, categoría inexistente. Se refiere al parecer al aviso del inciso tercer del art. 162° del Código del Trabajo. No cumple con el estándar de una carta de despido.

A mayor abundamiento, la causal que se consigna es “mutuo acuerdo”.

Para rematar, se intenta pasar como “indemnización por años de servicio” montos que no se condicen con la causal de “mutuo acuerdo”.

Lo suscribe “nombre reservado” por “Kullin Limitada”. El correo lo envía “JobSkilled SpA”.

Quinto: una carrera absurda. La denuncia por vulneración de derechos fundamentales se promovió el 31.10.2023 a las 19:23:20. El correo electrónico con el despido el 31.10.2023 a las 18:53.

Como se expuso, la afectada comunicó al empleador que promovería un reclamo formal ante la inspección del trabajo, por la misma vía que se le comunicó la separación y despido, esto es vía “whatsapp”.

La propia afectada le indica que mientras no le llegue una comunicación formal no puede entenderse que se haya ejecutado despido alguno.

Se trata de una carrera absurda, en la que el empleador despliega todos sus esfuerzos por desvincular antes de la denuncia en la inspección.

Primera escena ocurre a las 16:44 horas del 31.10.2023:

Segunda escena ocurre a las 18:53 del 31.10.2023:

Tercera escena ocurre a 19:23 del 31.10.2023:

Eniende que todos estos hechos dan cuenta de una carrera absurda del empleador para evitar la denuncia y que debían motivar la fiscalización. Sin embargo, no se contactó fiscalizador alguno para recabar más antecedentes, sólo se envió el Oficio ilícito, arbitrario e ilegal.

Llama mucho la atención. Si se hubiera seguido el proceso establecido y, se hubieran contactado con la afectada, se habrían recabado todos y cada uno de estos antecedentes.

Sexto: al día siguiente, la afectada formaliza por segunda vez el contenido de su reclamo administrativo.

En línea con lo anterior, importa comunicar que al día hábil siguiente se comunicó a la empresa el contenido del reclamo que se anunció antes del envío del correo electrónico, según se explicó en la sección precedente.

Se indicó lo siguiente:

“Buenos dias. Estimados, En primer lugar, como les indiqué en la conversación vía whatsapp, promoví un reclamo en la inspección por art. 54° Bis del Código del Trabajo, art. 38° bis del mismo cuerpo legal, garantía de indemnidad y además, presión para renunciar. Es importante recalcar que el corrreo que me envían aparece un remitente que no es parte de la relación contractual, esto es "Jobskilled SpA". No tengo ninguna noción de quién es JobSkilled pero, las comunicaciones laborales deben realizarse por alguien que esté en la hipótesis del art. 4° del Código del Trabajo. Lo anterior podría tener efecto o no en la validez de la comunicación. Reitero mi compromiso a cumplir mi contrato de trabajo hasta su término, no estando de más pedir que exista un mutuo respeto, ya que el día 31.10.2023 se me trató de incivilizada, lo que no corresponde en el contexto de presión por renunciar que se generó ese día". (sic)

Séptimo: inactividad de la recurrida, reclamo OIRS y el Oficio como sanción al reclamo.

En el correo recibido luego de promover la denuncia se señala lo siguiente:

“La Dirección del Trabajo realizará la revisión de los antecedentes y un funcionario del Servicio tomará contacto con usted a efectos de obtener mayores antecedentes que permitan evaluar la admisibilidad o no de la denuncia, contacto que se realizará a través de la casilla de correo electrónico y/o teléfono aportado por usted en formulario especial de denuncia, datos que serán utilizados sólo para las comunicaciones de este procedimiento”

Como se expuso, la Dirección del Trabajo no realizó la actividad comprometida y esencial de recabar antecedentes.

Con causa a esta inactividad, se promovió un reclamo vía OIRS, N°240716, Código 8277e27e-be0b-4ba3-a90d-7d3256df7397.

Al día siguiente se recibió el Oficio que motiva la presente acción constitucional.

Como expusimos al inicio, la recurrida exige cumplir en la denuncia con acreditar situaciones y hechos que resulta imposible sin adjuntar documentos y en 500 caracteres.

Resulta esencial que exista la actividad comprometida y se contacte a la denunciante para recabar antecedentes.

Por esa sencilla razón, resulta infundado, ilícito, arbitraria e ilegal la decisión de no realizar investigación alguna en relación a lo denunciado.

Si se hubieran recabado antecedentes, entonces se habrían cumplido cada uno de los requisitos consignados en el Oficio, al nivel de denuncia y no con un estándar judicial como pretende la recurrida, ya que esa es la función de la Dirección del Trabajo como servicio del Estado garante de derechos laborales.

Se formalizó el reclamo al empleador, como consta en la conversación sobre los “escenarios” que promovió el empleador vía whatsapp;

Se pidieron medidas de resguardo. En la conversación se consigna de forma clara que se exige un trato respetuoso, formal y que no existe mutuo acuerdo alguno. Se piden antecedentes laborales como por ejemplo la autorización de jornada excepcional y se contesta que no procedería esa autorización por no existir régimen de “jornada especial”. Pero se piden cosas asociadas a los derechos laborales de la afectada.

Como veremos, al haber errado groseramente en la carta de despido, la afectada volvió al trabajo donde fue mal tratada en su concepto, debiendo acudir al médico y obteniendo licencias.

Lo denunciado se encuentra dentro del plazo de 60 días, dentro de una relación laboral vigente.

Como veremos, la afectada fue a la inspección y le señalaron que firmara el finiquito con reserva de derechos.

Octavo: una revisión somera de los contratos de marzo y agosto 2023 denota cambios en las condiciones de trabajo, turnos sin jornada excepcional autorizada, entre otros incumplimientos graves que deben ser fiscalizados por la recurrida. Otra revisión somera de las liquidaciones acompañadas, ratifican la necesidad de fiscalizar, no existe cumplimiento del art. 54° Bis del Código del Trabajo.

Explica que no es el foco del recurso demostrar en esta sede los incumplimientos laborales.

El objetivo es convencer al Tribunal de que la recurrida debía investigar y, que el Oficio refleja una conducta antijurídica, ilícita, arbitraria e ilegal que se debe enmendar por esta vía de urgencia.

Una revisión somera de antecedentes que sí o sí se habrían aportado u obtenido con causa a la fiscalización que arbitraria y caprichosamente denegó la recurrida, permiten ratificar nuestra postura.

Existe un contrato de fecha 01 de marzo de 2023 en la que existe una cláusula cuarta titulada “finiquito”. En un contrato.

Se pactan tramos de venta por bono, es decir, indicio grave para efectos del art. 54° Bis del Código del Trabajo y procedencia de emolumentos como semana corrida u otros.

Existe otro emolumento por “diplomados/especialidades” de $120.000 que en realidad corresponden a sueldo por aplicación del art. 42° del estatuto laboral.

Se establece que se trabajará los días domingos y festivos con recargo horario “tal como lo establece el Código del Trabajo”. Recordemos que NO EXISTE autorización de jornada excepcional.

Se regula EN EL CONTRATO LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, cuando debe ir en el Reglamento.

En el contrato de agosto de 2023 se eliminan los detalles de las comisiones, señalando simplemente “bono por tramo de ventas”. Se hace urgente la fiscalización ante el incumplimiento flagrante del art. 54° bis del Código del Trabajo.

Se ratifican las cláusulas expuestas precedentemente expuestas, pero no resulta claro al contrastar ambos contratos.

Por último, las liquidaciones permiten ratificar que existen dudas sobre cómo se calcula el sobresueldo, ausencia de anexo del art. 54° bis, ausencia de semana corrida etc… Noveno: durante el periodo de “pre-aviso” antes del “término por mutuo acuerdo”, el trato hacia la afectada empeoró, afectando su salud.

Como resulta evidente, luego del conflicto evidenciado durante el día 31.10.2023, la situación relacional de la afectada se fue deteriorando.

Lo anterior, motivó visita médica y se le ordenó reposo médico.

Es importante retomar lo declarado en reclamo OIRS:

Ingresé reclamo el 31.10 pasado por vulneración DDFF. Me están "despidiendo" de común acuerdo y plazo 30 días. Me están acosando. Se suponía que fiscalizador se contactaría conmigo. Nunca lo hizo. Hoy crisis, licencia salud mental. Ruego me ayuden. (énfasis es propio).

La inactividad ilícita, arbitraria y caprichosa de la recurrida, se generaron consecuencias para la afectada que no debía soportar.

Resulta de un injusto tremendo que el acto objeto de la presente acción constitucional se haya dictado SIN RECABAR ANTECEDENTES y se haya motivado en “órdenes de servicio” inexistentes y, en requisitos propios de una acción judicial de tutela de derechos fundamentales.

Décimo: la Sra. nombre reservado requiere en su calidad de COLEGIADA PROTECCIÓN Y AYUDA frente a los hechos que describe.

Para efectos de cualquier duda sobre la razón por la cual se promueve la acción constitucional, la afectada pidió protección al COLMEVET con fecha 22 de noviembre de 2023, autorizando expresamente una acción de protección.

ACTO U OMISION ILEGAL DE LA RECURRIDA Como se expresó precedentemente, la recurrida: (i) omitió contactar a la afectada para pedirle antecedentes; (ii) sin esos antecedentes, resolvió no investigar; (iii) en ese oficio, afirma la existencia de “órdenes de servicio” que impondrían requisitos no contemplados en la Ley, propios de una sede jurisdiccional y no de una fiscalización administrativa; (iv) de todas maneras, de haber recabado esos antecedentes, se habrían cumplido a nivel de denuncia administrativa esos requisitos; (v) luego de reclamar por OIRS el hecho de no haber contactado a la afectada para efectos de proveer de antecedentes a la recurrida, ésta decidió emitir el Oficio objeto de la acción de protección.

En otras palabras, la recurrida no cumple su función y, si uno reclama, castiga cerrando el caso.

GARANTÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES TRANSGREDIDOS La conducta antijurídica expuesta implica la transgresión de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

El artículo 19, número 3° inciso quinto, de la Constitución establece el derecho a las garantías de un racional y justo procedimiento, que se traducen juntamente con el derecho a la acción y la legalidad del juzgamiento, en una tutela judicial y/administrativa efectiva.

Este derecho a la tutela judicial tiene una doble dimensión: adjetiva y sustantiva. La primera se entiende en función de otros derechos o intereses (civiles, comerciales, laborales, etc.), mientas que la segunda es considerada por la justicia constitucional, como un "derecho fundamental autónomo, que tiene por finalidad que las personas accedan al proceso como medio ordinario de resolución de los conflictos jurídicos, lo que resulta un presupuesto mínimo de todo Estado de Derecho", lo que precisamente transgreden los Recurridos.

La conducta antijurídica desplegada por la recurrida transgrede el debido proceso, tanto en su faz de acceso a tutela administrativa como en su vertiente asociada que la fiscalización permite entrar en juicio, si fuere necesario. En otras palabras, la recurrida ha obliterado el derecho a la acción. Además, la recurrida en su propio proceso administrativo no concedió la audiencia u oportunidad de aportar antecedentes que afirma entregar a los denunciantes, procediendo a dictar un acto denegatorio de fiscalización.

El artículo 19° número 24° consagra un derecho de propiedad.

Ese derecho de propiedad, específicamente, se comprende además en la “libre contratación” y “justa retribución”, explicitados en el artículo 19, número 16°.

Si se denuncian circunstancias tan relevantes como las infracciones al artículo 38° y siguientes, artículo 54° bis, artículos 29°,32° y 42° del Código del Trabajo, con fundamentos serios, graves y concordantes como es el caso de autos, además de exponer un escenario claro y evidente de presión a la renuncia, la recurrida transgrede el derecho de propiedad y de libre contratación y justa retribución.

Solicita admitir a trámite una acción constitucional de protección en beneficio de la colegiada nombre reservado, rol único tributario N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía y en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, persona jurídica de derecho público, rol único tributario número 61.502.000-1, representada ((i) su Director don nombre reservado, abogado, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y representada para estos efectos además por (ii) doña Carolina Alejandra Ojeda Galaz, trabajadora social, Directora Regional del Trabajo de la Araucanía, ambos domiciliadas en domicilio reservado, pidiendo a SS. Ilustrísima lo siguiente;

1, Que la recurrida incurrido en conductas antijurídicas, arbitrarias e ilegales asociadas a la denuncia promovida por la afectada “Código AZQGPWMLGRZX” consistentes en:

i omitir arbitraria e ilegalmente contactar a la denunciante para recabar antecedentes;

ii sin esos antecedentes, resolver no investigar como consta en Oficio Ordinario N° 900-42781/2023 por la Dirección Regional del Trabajo de la Araucanía, suscrito por su Directora Regional doña Carolina Alejandra Ojeda Galaz.

iii afirmar en ese Oficio la existencia de “órdenes de servicio” que impondrían requisitos no contemplados en la Ley para rechazar de plano investigar una denuncia, requisitos propios de una sede jurisdiccional y no de una fiscalización administrativa;

iv de haber recabado esos antecedentes, se habrían cumplido a nivel de denuncia administrativa esos requisitos supuestamente contemplados en “órdenes de servicio”;

v luego de reclamar la afectada por OIRS (Código 8277e27e-be0b-4ba3-a90d-7d3256df7397) el hecho de no haberle contactado funcionario alguno para efectos de “recabar antecedentes”, emitir al día siguiente el Oficio, consagrando la sanción a los que reclaman. Correspondía contactar a la denunciante y no emitir el Oficio ya citado.

2. Declarar que estas conductas antjurídicas, arbitrarias e ilegales, provocaron en la afectada la privación, perturbación y amenaza del legítimo derecho y garantía al debido proceso, a la libre elección y contratación, como también a la propiedad, o como S.S. Ilustrísima estime procedente al mérito del proceso y Derecho.

3. Adoptar de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes, proponiendo desde ya se ordene la mas pronta fiscalización, especialmente respecto de los siguientes puntos:

(a). Si se han transgredido los derechos fundamentales de la actora en su ámbito laboral, especialmente al tenor de los hechos ocurridos el día 31.10.2023 hasta la fecha;

(b). Si se han transgredido los derechos que dan cuenta los artículos 38° y siguientes – especialmente en lo que respecta a la autorización de jornada excepcional- artículo 54° bis, artículos 29°,32° y 42° del Código del Trabajo, denunciados por la afectada.

(c). Si se respetan los derechos de la afectada, atendida su condición de gravidez.

(d). Todo lo anterior, permitiendo a la afectada aportar antecedentes, sin perjuicio de los que se acompañan en esta acción de protección.

4. Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1.- Capturas de pantalla de la conversación vía “whatsapp” de fecha 31.10.2023 en la que obligan a la afectada a participar en la decisión de despido;

2.- Cartas de despido (2) “ofrecidas como escenarios” para su desvinculación, compartidas vía “whatsapp” en la conversación precedente;

3.- Correo electrónico emitido por “JobSkilled SpA” en la que se adjunta carta de pre-aviso de despido por mutuo acuerdo de la empleadora de la afectada junto a boleta de Correos de Chile, constancia en la Inspección del Trabajo, certificados Previred;

4.- Constancia de ingreso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales en plataforma MiDT.

5.- Correo de fecha 02.11.2023 dirigido al empleador, remitido por la afectada.

6.- Ingreso OIRS de fecha 16.11.2023;

7.- Oficio de fecha 17.11.2023;

8.- Contratos de trabajo de la afectada con su empleador;

9.- Liquidaciones de fechas julio y septiembre de 2023.

10.- Licencia 16 al 30 de noviembre de 2023;

11.- Certificado de embarazo extendido por matrona.

12. Correo dirigido al COLEGIO MÉDICO VETERINARIO solicitando protección judicial frente a los hechos recién descritos.

13. Correo que resuelve el reclamo OIRS de fecha 30 de Noviembre pasado;

14. Correo de fecha 30 de noviembre pasado, adjuntando el Oficio objeto de la presente acción de protección.

A folio 12 informa Camila Andrea Gajardo Alegría, en representación de la Dirección Regional del Trabajo, quien dice que no existe ni acto ilegal ni arbitrario imputable a esta parte, de modo que la presente acción deberá ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR EL RECURRENTE RESPECTO DEL ORDINARIO N°900-42781, EMANADA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO.

El ordinario 900-42781, es aquel emanada de la Directora Regional del Trabajo, Región de la Araucanía, que resuelve la denuncia ingresada por plataforma web MIDT. Dicha petición la sustenta en que producto de la no investigación de la denuncia presentada se resolvió rechazando su denuncia por “Vulneración de derechos fundamentales”.

La Directora Regional del Trabajo, resuelve de la denuncia que ingresa y del contacto que realiza la encargada de derechos fundamentales con la usuaria, señalando que el medio de contacto en este caso fue mediante llamadas de teléfono, en reiteradas oportunidades sin tener éxito, no pudiendo tomar contacto con la reclamante.

Lo que consta en el expediente es la denuncia de la reclamante ingresada vía web y que de su lectura se puede observar que la respuesta al ordinario sin lograr tener contacto con ella, se puede determinar facialmente, debido a que los hechos que denuncia no son constitutivos de vulneración de derechos fundamentales, se adjuntara a este informe la correspondiente denuncia web.

Con la denuncia web ingresada por la reclamante, más la imposibilidad de contacto con ella, y según la circular N°28 de fecha 03 de abril de 2017, la que señala que los “hechos denunciados no revisten el carácter de vulneración de derechos fundamentales , que la acción de tutela se encuentra caducada o que el derecho vulnerado no se encuentra protegido por esta acción” se registra en el sistema interno, sin perjuicio del derecho del trabajador de DENUNCIAR DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL COMPETENTE.

No obstante, lo que se realizó en el caso concreto fue ingresar, una fiscalización ordinaria por las materias denunciadas, pero no se configuraban según lo relatado una vulneración a los derechos fundamentales, la que tiene por número de comisión 905/2023/746, de la Inspección comunal de Villarrica. Así las cosas, no es efectivo lo indicado por la recurrente en cuanto a que el Servicio no hubiera cumplido su función, se realizó lo posible por contactarla al igual que a todos los demás usuarios que ingresan su reclamo vía plataforma web, pero no existió retroalimentación, por lo que, de la lectura de su denuncia web , no se considera vulnerado un derecho fundamental, que posteriormente sean factibles de fiscalizar, entendiendo que estas materias son especiales y específicas y posteriormente siga su curso en reclamo administrativo.

Esta parte no se puede hacer cargo de la serie de hechos denunciados por medio de este recurso de protección, hechos que claramente no entraremos a analizar debido a que no teníamos conocimiento de aquellos (no teníamos como tener) y de su relato se señala que son posteriores a su denuncia ingresada a la plataforma de la Dirección del Trabajo , se entiende que la situación de la reclamante en estos autos recientemente denunciada, se podría considerar como una vulneración de derechos fundamentales, pero por los hechos que menciona vía está presente acción de protección, NO POR LOS HECHOS DENUNCIADOS MEDIANTE PLATAFORMA WEB que es por lo que señala y se recurriría de protección.

DE LA NO VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS POR EL RECURRENTE:

La recurrente señala que se habrían conculcado el derecho al debido proceso garantizado en el Artículo 19 N° 3, el derecho de propiedad Articulo 19 N°24 y de la libre contratación y justa retribución Articulo 19 N°16.

señalando someramente respecto del primero que lo deja sin derecho a reclamar del acto sancionatorio, de haber sido contactado efectivamente y posteriormente fiscalizado por vulneración de derechos fundamentales, del derecho de propiedad NO señala, no desarrolla ni explica cómo, de qué manera esta autoridad administrativa recurrida habría vulnerado esos derechos.

Respecto a la garantía del debido proceso el que consiste en el conjunto de principios e instituciones que tiene por objetivo garantizar la igualdad ante la ley y la protección en el ejercicio de los derechos de las personas, descartar absolutamente que esta garantía haya sido conculcada por esta administración de manera alguna, como ya se dijo no es efectivo que no se haya recepcionado, analizado y tratado de tener contacto con la reclamante , lo que pasa es que la recurrente cometió un error en el planteamiento de su denuncia web al no señalar de forma concreta su vulneración de derechos fundamentales , por ende lo que se pretende es eludir responsabilidad y además trasladarla a esta Dirección del Trabajo, lo que no es procedente bajo ningún punto de vista, ya que como se dijo , en base a los hechos de su denuncia web se ingresó una fiscalización ordinaria, no puede responsabilizarse de ello a esta autoridad, ya que no se tiene ninguna injerencia en lo que efectivamente le ocurrió a la reclamante y no fue denunciado en su oportunidad o estos nuevos hechos fueron posteriores a la denuncia primitivamente efectuada.

Además, mencionar que en base a estos nuevos antecedentes se iniciara prontamente una fiscalización nueva de oficio por parte de este Servicio en materia de protección a la maternidad, no obstante, recordando y reiterando que la trabajadora puede denunciar directamente en el Tribunal, en consideración a que ella actualmente se encuentra embrazada y con protección de fuero maternal por todo el plazo que señala la ley.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado respecto al recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de mi representada, y en mérito de lo informado, considerando que se realizó una fiscalización por los hechos de la denuncia web, sin alegatos, se sirva rechazar la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas de la recurrente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de denuncia web.

2.- Copia de oficio ordinario N°900-42781/2023 3.- Copia de informe de fiscalización N° 905/2023/746.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que el ejercicio de esta acción presupone la existencia de derechos indubitados de manera que su finalidad consista en dar pronta solución a situaciones de hecho, entendiendo que un derecho tiene tal calidad cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

TERCERO: Que de la información proporcionada por los intervinientes en esta acción constitucional, surge que se ha recurrido por la respuesta otorgada por la recurrida en el Oficio Ordinario N°900-42781/2023, respecto de denuncia efectuada con fecha 31 de octubre de 2023, lo que se entiende como atentatorio de garantías constitucionales, no obstante ello, del tenor del recurso y particularmente del informe de la recurrida se observa que no se aprecia ilegalidad o arbitrariedad en la respuesta dada a la denunciante, puesto que se resolvió con los antecedentes aportados por la recurrente, al momento efectuar la denuncia en la plataforma “MIDT”, y siendo el grueso de las alegaciones sostenidas por la recurrente o bien, desconocidas por la Dirección cuestionada ,eventualmente posteriores a aquella, mismas que por otro lado dicen relación con aspectos de mérito, susceptibles de una tutela judicial efectiva, a través de los órganos de la administración de justicia pertinentes.

Así las cosas, la afectada realizó varias consultas durante el mes de octubre pasado, sobre los siguientes temas: (i) maternidad; (ii) detalle de remuneraciones variables; (iii) cálculo de sobresueldo; (iv) autorización de jornada excepcional, exponiedo en el propio recurso, que fue con posterioridad a ello, esto es el día 31.10.2023, que se suscitó lo referente a los actos que buscarían poner término al contrato de trabajo de la recurrente. La recurrida en tanto explica que ingresó una fiscalización ordinaria por las materias inicialmente denunciadas, pero no se configuraban, según lo relatado, una vulneración a los derechos fundamentales, la que tiene por número de comisión 905/2023/746, de la Inspección comunal de Villarrica, por lo que el Servicio cumplió su función, realizando lo posible por contactar a la denunciante y protegida, de igual manera como lo hacen con los usuarios que ingresan su reclamo vía plataforma web. Exponen que por lo que de la lectura de la denuncia web se despende, no se consideró vulnerado un derecho fundamental, que posteriormente fuere factible de fiscalizar, haciendo presente que el recurso contiene hechos que no fueron objeto de la presentación vía plataforma, los que a su entender aportan gravedad al denuncio, pero respecto de los cuales nada se les señaló oportunamente.

En concreto la respuesta otorgada por la recurrida, a la denuncia formulada, dice relación con los antecedentes que aquella tenía al momento de resolver la petición, misma que se encuentra formalmente fundada y dictada dentro del ámbito de su competencia administrativa.

CUARTO: Que, por lo expuesto por el recurrente e informado por el recurrido, no se vislumbra vulneración a garantías constitucionales de aquellas alegadas por la presente vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción de protección deducida por Diego Gallegos Vallejos, abogado, en representación del COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE A.G., en beneficio de su asociada doña nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. José Marinello Federici.

Rol N° Protección-13863-2023.(jog)