Protección contra COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, dos de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece FUNDACIÓN VALÍDAME. representada por nombre reservado, en beneficio de doña nombre reservado todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, representada legalmente por su presidenta, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS FACM, representada por su jefe administrativo para la ciudad de Temuco don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y COMISIÓN MÉDICA CENTRAL, representada por doña nombre reservado, ambas domiciliada en domicilio reservado.

En conformidad a lo dispuesto en el auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección, el tribunal examinará en cuenta dos cuestiones: a) si el recurso ha sido interpuesto en tiempo; b) si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; c) está parte agrega idoneidad de la acción cautelar, y; d) por ser un motivo constante de alegación de los recurridos, la revisión de su legitimación pasiva.

Siendo el plazo para su interposición el de 30 días corridos contando desde el momento previsto en el artículo 1 del Auto Acordado.

Al respecto resulta necesario reseñar que la norma legal en comento establece dos momentos desde el cual comienza a correr el plazo para la interposición del recurso de protección. El primero desde el momento de ejecución de la acto u omisión reclamado, o bien, según la naturaleza de éstos, desde el conocimiento cierto, en este caso, de la omisión inconstitucional, lo que se hará constar en autos.

Que, en la especie, solo el día 02 de noviembre de 2023, la parte recurrente tuvo acceso a la copia integra de los expedientes de invalidez de doña nombre reservado, y los registros de acceso de los funcionarios de la Comisión Médica Regional de Temuco, que tenían la obligación legal de resolver el requerimiento de la trabajadora respecto a su Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez que desde el año 2014 se llevan en un sistema informático llamado SAGCOM cuyas carpetas o expedientes son electrónicos, a los cuales se ingresa con USUARIO y CONTRASEÑA PERSONAL e INTRANSFERIBLE, a estos expedientes según normativa, deben ingresar dos grupos de trabajado, los Médicos Integrantes de la Comisión Médica (tres médicos cirujanos) y los funcionarios y funcionarias administrativos, pertenecientes a la Fundación FACM de propiedad de las AFP.

La toma de conocimiento se produce mediante la entrega material de dichos expedientes con los registros electrónicos del sistema informático SAGCOM el día 02 de noviembre del presente año, en respuesta a la solicitud previa de esta Fundación para intentar comprender el razonamiento y la aplicación normativa de los dos grupos funcionarios responsables de las tareas, cuerpo médico contratados a honorarios por la Superintendencia de Pensiones, sin ser funcionarios de ella, y el personal administrativo contratado por la fundación de derecho privado de las AFP FACM, por el Código Laboral.

Que, dado lo anterior, solo entonces se pudo constatar -dada la posibilidad cierta de conocer los reales interventores en los expedientes de invalidez, mediante los registros de accesos reglados al Sistema SAGCOM-, si efectivamente fueron ambos grupos quienes en su interior, realizaron las tareas específicas de cada grupo, para que exclusivamente, cumpliendo el mandato legal del legislador la Comisión Médica Regional de Temuco y la Comisión Médica Central, cada una en su sala respectiva, integrada por los tres médicos cirujanos, sin la presencia del personal administrativo de la FACM que no debe tener injerencia más allá de las funciones administrativas, con cuyos fundamentos pudieran arribar a las conclusiones razonadas respecto del grado de menoscabo laboral de la trabajadora producto de su invalidez común que le afecta, es decir, si era posible advertir la presencia de la Comisión Médica ingresando con clave personal e intransferible con sus médicos integrantes, tal y como lo ordena el artículo 11 del D.L. N°3500, tres médicos cirujanos remunerados a honorarios con recursos públicos sin ser funcionarios de la entidad contratante, pero con observancia irrestricta del principio de probidad administrativa a la que se encuentran obligados según Dictamen N°E415713 de fecha 14 de noviembre de 2023 de la Contraloría General de la República, Comisión Médica, es decir tres médicos cirujanos, más un cuarto cómo Médico Asesor, quienes premunidos de su mandato legal del DL 3500 de 1980 y la Ley 20.255 del año 2008, resolvieron la solicitud de invalidez de doña nombre reservado con apego irrestricto a la legislación vigente.

Que, revisado los antecedentes de los registros solicitados, especialmente las carátulas de los accesos al expediente en el sistema electrónico SAGCOM de tramitación electrónica, se constata como ingreso único y exclusivo, la intervención del personal administrativo de la fundación de derecho privado de las AFP FACM, constituida bajo la Ley 20.500 de Organizaciones Sociales, nada más alejado del verdadero mandato legal, del DL 3500 de 1980 que no ha sido modificado en los cánones requeridos, por ende, procedimiento antojadizo desarrollado en la Comisión Médica Regional de Temuco, sólo por una parte del personal establecido en la ley, por ende procedimiento incompleto y distinto al normado, con ausencia absoluta del personal remunerado con recursos públicos.

No existe un sólo registro de acceso que dé cuenta que el caso fue estudiado por un médico cirujano, que haya ingresado al expediente utilizando su usuario y contraseña personal e intransferible, tal y cómo en una entelequia jurídica montada, que permite remunerar personal médico fantasma con recursos públicos, con el único fin de defraudar a la recurrente y al Fisco de Chile, incumpliendo las recurridas el mandato legal, cuerpo médico ausente del procedimiento más importante para resolver razonadamente la cuestión sometida a su consideración. Comisión llamada por ley a resolver fundadamente, durante cualquier etapa los distintos procedimientos de Evaluación y Calificación de Invalidez de doña nombre reservado, sumado a que dichos profesionales médicos podrían tener otros contratos a honorarios con recursos del Fisco de Chile, sin considerar las múltiples actividades en el mundo privado y ejercicio libre de la profesión médica, que a la fecha nadie había considerado analizar para mejor entendimiento de la crisis sanitaria y previsional que se arrastra por décadas.

Descartar un eventual fraude al Fisco de Chile de forma masiva se hace un imperativo para descartar la colisión horaria para el desarrollo de las actividades de este tipo de profesionales médicos, cuestión que además permitiría acreditar o no, que todos procedimientos de invalidez incoados ante la referida Comisión Médica Regional fueron resueltos con la presencia o ausencia del único personal que tiene el mandato legal para hacerlo, el personal médico y no otro.

Dicha omisión inconstitucional acreditada en autos hace que el juzgamiento de las solicitudes de invalidez haya sido resuelto por una comisión diferente a la impuesta por la ley, o sea, una Comisión Especial que, precisamente la Constitución de la República repudia, garantizando a todo ciudadano su derecho constitucional a no ser objeto de juzgamiento por comisión especial alguna.

Motivación de la acción constitucional. Generalidades Que, según lo señalado anteriormente, es necesario que el recurso de protección señale hechos que puedan constituir una vulneración de garantías fundamentales. Para ello anticiparemos los elementos centrales del presente recurso de protección.

Respecto del hecho que constituye una infracción, sucintamente se puede adelantar que este consiste en el actuar ilegal o arbitrario cometido por los recurridos consistente en fallar todas y cada uno de las Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de doña nombre reservado, en completa ausencia y partición del Órgano llamado por ley a resolver dichas solicitudes (art. 11 D.L. N°3500).

En los términos del N°1 del Auto Acordado que regula el presente recurso de protección: la omisión inconstitucional reprochada, consta mediante el conocimiento de los registros documentales electrónicos de los detalles de los propios procedimientos administrativos, llevados adelante para determinar el grado de menoscabo laboral, por la Comisión Médica Regional de Temuco, en pleno conocimiento de que las exigencias legales impuestas al respecto estaban siendo sometidas a simulación engañosa para la afiliada.

En los registros electrónicos del expediente no consta, como debería, una sola intervención de uno de los tres Médicos Integrantes de la Comisión Médica, del presidente para revisar la cobertura de la póliza del SIS y asignar el caso al Médico Asignado, del Médico Asignado para el estudio del caso y exposición a los dos Médicos Integrantes el día de la Sesión, del Médico Asesor al ser afiliada cubierta y beneficiaria de este derecho proporcionado por la Ley 20.255 con recursos públicos, que según lo señalado en el artículo 11° del D.L. N°3500 son los mandatados a resolver, toda vez que dicha ausencia se constata, según los propios registros entregados por la Comisión Médica Regional de Temuco y abarca la totalidad del proceso.

Lo anterior no ocurre- extrañamente- respecto del personal administrativo de la Comisión Médica Regional, respecto de quienes, al contrario de los médicos deliberantes del caso, el Sistema Electrónico SAGCOM si registra cada una de las tareas, durante todos los procedimientos, cada una de sus respectivas intervenciones y accesos a estos con sus usuarios y contraseña personal e intransferible como se encuentra reglado.

Ahora, aclárese desde ya que desde el año 2014, la ley y la norma sectorial imponen, que unos y otros, sean registrados en sus intervenciones en los expedientes de invalidez ingresando con su usuario y contraseña, personal e intransferible. De manera que, según las normas imperantes nadie puede afirmar siquiera que dicha falta obedece a un descuido del sistema, ya que derechamente la falta absoluta de siquiera una constancia de acceso a los expedientes de los llamados por ley a resolver acredita su ausencia que constituyen la omisión que vulnera las garantías reclamadas.

Idoneidad de la acción y derecho indubitado El artículo 20 de la Constitución Política de la República señala que la presente acción corresponde a un medio idóneo, incluso de existir otra vía para la solución del conflicto promovido.

En efecto, el artículo dispone que la presente acción será “sin perjuicio de” los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por lo anterior, existiendo una privación ilegal y arbitraria, actual y consolidada de las garantías constitucionales señaladas, a saber, el derecho de igualdad ante la ley, derechos fundamentales garantizado en el artículo 19 n°2 y n°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, entonces resulta que se cumplen con los presupuestos fácticos y técnicos para la procedencia la presente acción. Por último, y aunque la norma constitucional no lo señala, se ha entendido, en consideración a la naturaleza cautelar del proceso, que se requiere que exista un derecho indubitado desde el cual arranque la protección constitucional.

En la especie, derivando la infracción del deber de imparcialidad que rige a los recurridos, corresponde precisar que tal derecho de obtener un acto fundado le asiste el recurrente al ser ella la solicitante de la pensión de invalidez resuelto por los recurridos.

legitimación pasiva de los demandados El compendio de normas del sistema de pensiones, que rige el actuar de los recurridos, señala en su capítulo XIII, punto n°7, literal ii, letra e), dispone que las comisiones médicas pueden ser legitimados pasivos de los recursos de protección toda vez que es su supuesto descriptivo, agregando que, cuando sean objeto de un recurso de protección deben comunicárselo a la Superintendencia de Pensiones.

EN LOS HECHOS Que, con fecha 02 de noviembre del presente año, la Comisión Médica de Temuco haciendo entrega de las copias de los registros electrónicos del sistema informático SAGCOM, de los expedientes electrónicos del proceso de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de doña nombre reservado, se constató que únicamente el personal administrativo de la Comisión Médica realizó ingresos y actividades en los mentados expedientes, incumpliendo dicha Comisión Médica su mandato legal.

No existe ni un solo registro de acceso electrónico, ni físico, a los expedientes por parte del cuerpo médico integrante de la Comisión Médica de Temuco, los cuales desde el año 2014 son obligatorios, al ser llevados los casos de los requirentes, exclusivamente en el formato electrónico.

Es el personal médico el llamado por ley a resolver las Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez y Reevaluación del Grado de Invalidez, que deben ser resueltos por personal médico, remunerado con recursos públicos, (no el personal administrativo remunerado con recursos privados, a menos que ilegalmente se estuvieran usando los recursos públicos aportados a esta entidad de derecho privado por el IPS).

Siendo los Médicos Integrantes de la Comisión Médica, quienes deben ingresar a los expedientes y realizar las tareas propias de cargo para lo cual las normas sectoriales fijan el uso de una clave de acceso personal e intransferible, la omisión de los registros de acceso a dichos expedientes, la ausencia de los registros de sus actividades y tareas mediante dichos accesos, acredita la falta real de juzgamiento de quienes estaban obligados por ley a hacerlo, abandonando su función/deber, provocando un eventual fraude al fisco.

Es más, al efecto, la ley indica expresamente que ellos deben acceder al expediente electrónico y dejar registro en el expediente sus actividades claves para el correcto desarrollo del caso. No obstante, ello, resulta que tales registros, tratándose de las Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de doña nombre reservado, únicamente se mantienen respecto del personal administrativo de la fundación de las AFP quienes por ley no tienen la facultad, ni de efectuar ninguna de las actividades que la ley ha impuesto a los médicos de las comisiones, en una eventual suplantación de funciones y ejercicio ilegal de la profesión presuntamente.

Que dado lo anterior, no se acredita que aquellos que por ley son los que cumplen el rol deliberante, hayan cumplido efectivamente sus funciones, no obstante el hecho de que la ley prevé que el sistema y expediente será electrónico, que cada actividad será registrada en dicho expediente, asignando para ello al personal médico, quienes deben realizar actividades intransferibles de juzgamiento, entregando usuario y contraseña, personal e intransferible para el acceso regulado al sistema electrónico, con el fin de precaver eventuales fraudes, debiendo añadirse además, que en contra partida y bajo normas sectorial análoga, si se encuentran registradas cada una de las actividades desempañadas por el personal administrativo de la fundación de las AFP la FACM.

De esta manera, al no existir constancia de estudio de los expedientes, ni de acta firmada por el personal médico respecto de la resolución de los casos, expedientes que la ley impone como electrónicos, queda acreditada la omisión reclamada, a saber, que los requerimientos realizados por la trabajadora, no fueron resueltos por el personal médico, tal y como se encuentra establecido, único personal profesional facultado por ley para hacerlo, toda vez que no hay registro alguno que vincule a estos Médicos Integrantes, como si ocurre con el personal administrativo, con los actos administrativos dictados, a saber, dictamen o resolución de invalidez respectivamente.

Lo anterior infringe la garantía constitucional de igualdad de trato ante ley, previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, la que para exigir la intimación de los sentenciadores con los actos emitidos impone una serie de obligaciones de registros y firmas lo cuales en la especie simplemente no aparecen. Por otro lado, y dada la misma omisión, no consta registro alguno que vincule al personal médico con los actos de autoridad que dicen emitir, de manera que se ignora, según los propios registro entregados por la Comisión Médica Regional de Temuco, como es que relacionan con ellos, habida cuenta de ser el expediente íntegramente electrónico desde el año 2014; todo lo cual vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, todo vez que no aparece resueltas las solicitudes de invalidez por quien en conformidad a la ley debían, todos ello, teniendo presente las claras ausencias de todas y cada una de las imposiciones legales que permiten vincular la emisión de los actos de decisión adoptada con los médicos de la Comisión Médica.

EN EL DERECHO 1.- El Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, indica respecto del sistema electrónico de para la calificación de invalidez lo siguiente:

“f) Comunicaciones: Las Comisiones Médicas deberán contar con sistemas de comunicación expeditos que permitan operar en forma ágil con conexión independiente de teléfonos, con correo electrónico y acceso vía Internet a la página del sistema de apoyo a la gestión de las Comisiones Médicas (SAGCOM) o sistema de información. Además, deberán disponer de un sistema de distribución de correspondencia o correo postal.

g) Sistema de Información: Las Comisiones Médicas Regionales deberán disponer de un Sistema de Información interconectado entre todas ellas y la Comisión Médica Central, que apoye la gestión del Sistema de Calificación de Invalidez, permitiendo registrar cada solicitud de calificación de invalidez, administrar expedientes electrónicos de invalidez, conocer en todo momento el estado de trámite de una solicitud de pensión de invalidez y facilitar el cumplimiento de las obligaciones normativas y de procedimientos que establece el presente Capítulo. Además, de todo el equipamiento computacional y tecnológico que se requiera para otorgar el soporte a dicho sistema informático. (Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, punto n°1)

2.- Este sistema electrónico SAGCOM con el soporte de los expedientes de invalidez, vigente desde el año 2014, permite que cada una de las etapas de tramitación de las Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez o Reevaluación del Grado de Invalidez, sean registradas en detalle en el sistema, con detalle tanto de sus fechas y horas, como de las diligencias realizadas y lo principal, la identificación de sus responsables, que en la versión impresa identifica además el número de páginas. O sea, permite registrar íntegramente, tanto al usuario que responsablemente realiza las gestiones, como la fecha de su realización:

“Cada una de las etapas de tramitación de las solicitudes de calificación de invalidez, ya sea con procedimiento regular o con procedimiento prioritario como enfermo terminal, deberán quedar registradas en el expediente electrónico de calificación contenido en el sistema de información de las Comisiones Médicas, con el detalle de las fechas correspondientes y sus responsables, así como los antecedentes relevantes de cada una de las respectivas etapas, los que formarán parte del expediente electrónico.

Para poder ingresar información al expediente electrónico o efectuar alguna tarea preestablecida, cada funcionario sea administrativo o médico debe estar previamente acreditado en el sistema informático con una clave de acceso personal e intransferible.” (Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, punto n°2)

3.- ¿Dónde están entonces los registros del personal médico que de conformidad a la ley debe revisar, estudiar y resolver las solicitudes de invalidez? En ninguna parte. Los registros con indicación precisa del usuario y fecha únicamente registran movimientos del personal administrativo de la Comisión Médica. Ningún médico contratado a honorarios con recursos públicos, ningún médico a quien la Superintendencia de Pensiones le controle bajo algún mecanismo asistencia obligatoria a las sesiones, o los accesos obligatorios a los expedientes electrónicos, menos aún que el mismo contratante verifique que estos profesionales no tienen colisión horaria con otras actividades remuneradas, la mayoría de las ocasiones con el mismo Fisco de Chile, en otras reparticiones del aparato público, menos aún con las múltiples actividades que desarrollan en el mundo privado, o el ejercicio libre de la profesión, entonces, aquellos que debían resolver el caso de doña nombre reservado, aparecen en total ausencia, presumiblemente esquilmando a la trabajadora despojada de su pensión de invalidez y al Fisco de Chile que los remunera, sin que se pueda visualizar un sólo ingreso, en ninguna etapa del proceso.

¿Entonces cómo se llevaron a efecto las diligencias que exclusivamente ellos podían ejecutar?

4.- La ley señala de manera precisa como es que los tres Médicos Integrantes de las Comisiones Médicas deben acceder con su clave personal e intransferible, como deben realizar las actuaciones que le son propias a la inherencia de sus cargos al interior de los expedientes electrónicos de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, y Reevaluación del Grado de Invalidez:

“Artículo 33. El Presidente de la Comisión Médica tendrá las siguientes funciones: e. Revisar previamente todos los expedientes de los casos a tratar en la reunión de la Comisión, solicitando mayores antecedentes o devolviéndolos cuando lleguen incompletos o imperfectos;”

“Artículo 34°. Serán funciones del Secretario Médico firmar todos los dictámenes y acuerdos de la Comisión, levantar el Acta de cada sesión y dejar constancia en los expedientes de los casos tratados y de los dictámenes y acuerdos adoptados por ella.”

“Artículo 38 bis°60. El Presidente de la Comisión Médica Central tendrá las siguientes funciones:

c) Asignar el expediente a un médico integrante o asumir personalmente el estudio;”

5.- Ninguna de esas tareas establecidas, con fecha y registro de médicos existe, en los antecedentes proporcionados por la propia recurrida, que además debe dar garantías de no alteración de los registros como resultado de la contingencia.

6.- De manera adicional, pero abundando en el mismo sentido, las actas INDIVIDUALES de la requirente, que contiene los fundamentos de los resuelto, y que por su función mantiene un importante interés, se encuentra con la firma de los médicos integrantes de la sala, remitiéndose a firmar una supuesta planilla masiva con todos los casos, que bien se podría firmar desde la comodidad de una oficina o domicilio privado una vez por mes, sin que nadie a la fecha haya detectado tamaña defraudación en contra del Fisco de Chile y cientos de miles de afiliados en el transcurso de los años, coronando la defraudación y vulneración a la pretensiones de nuestra representada, médicos integrantes que debieron estudiar el caso con las exigencias que la ley les impone, resolver la pretensión tal y como se encuentra reglada, en una sesión con la presencia de tres médicos cirujanos en calidad de Médicos Integrantes de la Comisión Médica y acto seguido firmar el acta individual del caso de la trabajadora con firma electrónica avanzada, dejando la traza de fecha y hora, además de la posibilidad de rastrear la dirección IP para impedir que se sigan repitiendo defraudaciones masivas de recursos públicos y la conculcación permanente de los derechos a Seguridad Social en la figura de uno de los instrumentos del Libro III del Compendio de Normas del DL 3.500 de 1980:

“De cada sesión se levantará un acta fiel y exacta de todo lo tratado en la reunión, consignándose las opiniones de los miembros, la que será anexada al expediente electrónico. Particular importancia reviste la existencia de esta acta, por ser un documento que puede ser requerido por los Tribunales de Justicia u otros organismos. En el acta se dejará constancia de cada caso tratado, del acuerdo respectivo y si éste fue adoptado por unanimidad de sus miembros o con voto de minoría. El acta de la sesión deberá ajustarse al contenido establecido en el Sistema de Apoyo a la Gestión de las Comisiones Médicas. El acta deberá ser aprobada y firmada electrónicamente por cada uno de los miembros de la Comisión.” (Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, punto N°2, letra M, literal V)

7.- De esta manera, y dada la naturaleza de la omisión que se denuncia, esta parte recurrente ha logrado acreditar con los propios antecedentes proporcionados por el recurrido que no existe registro alguno de los accesos de los médicos llamados a resolver la pretensión de doña nombre reservado, de manera que no resulta posible afirmar que los recurridos hayan cumplido con la ley que resguarda tal necesario carácter del acto administrativo reglado, entendiéndose entonces no realizado, con los agravantes de la simulación, suplantación y defraudación fiscal.

8.- Que, por lo anterior, y como ya se ha dicho, infringe la garantía constitucional de igualdad de trato ante ley, previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al constatarse respecto de la recurrente, un trato diferente del previsto para similares situaciones que ha sido previsto por el legislador. Por otro lado, y dada la misma omisión, donde no consta registro alguno que vincule al personal médico con los actos de autoridad que dicen emitir, de manera que se ignora, según los propios registro entregados por la Comisión Médica Regional de Temuco, como es que se relacionan con ellos, habida cuenta de ser el expediente íntegramente electrónico desde el año 2014 para realizar tareas y que la existencia de uno físico obedece exclusivamente a la necesidad de resguardar elementos no digitalizables como radiografías o resonancias magnéticas, produciéndose la vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, todo vez que no aparecen resueltas las solicitudes de invalidez por quienes en conformidad a la ley debían, todos ello, teniendo presente las claras ausencias de todas y cada una de las imposiciones legales que permiten vincular la emisión de los actos de decisión con los médicos de la Comisión Médica, llamados por la ley a emitirlos.

Pide acoger la acción de protección y en definitiva declarar:

Ilegal y arbitrario del actuar cometido por los recurridos en la dictación de los actos administrativos que resuelven la Solicitud de Reevaluación del Grado de Invalidez, evacuando el Dictamen N°011.2997/2020 de la Comisión Médica Regional de Temuco y la posterior Resolución N° C.M.C. 10263/2021 de la Comisión Médica Central de la Región Metropolitana, conculcando el derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso consagrados en el artículo 19 N°1 y N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, respectivamente, ordenando dejarlos sin efecto, retrotrayendo el procedimiento de Reevaluación del Grado de Invalidez al estado de ser nuevamente resuelto por personal habilitado de la Comisión Médica Regional de Temuco, respetando la fecha inicial de la Solicitud de Reevaluación para no afectar el derecho a devengo y la cobertura del Seguros de Invalidez y Sobrevivencia SIS, o cualquier otra medida que estime pertinente.

Se condene a las recurridas en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de la Solicitud de Reevaluación del Grado de Invalidez.

2.- Copia de escritura pública de fecha 16 de agosto de 2018; otorgada ante el Notario Público de la Ciudad de La Serena Repertorio 5811 – 2018.

A folio 20 comparece la Comisión de Medicina Preventiva, informa en los siguientes términos:

SOBRE LA LEGITIMACIÓN PASIVA Al respecto, en primer término, es útil hacer presente que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones conforme con lo dispuesto en el número 17 del artículo 94 del D.L. N. ° 3.500, de 1980 y los artículos 18, 19 y 37 del D.S. N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento de dicho decreto ley. Consecuente con ello, estas Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, debe tenerse presente que la Superintendencia de Pensiones no las representa y estos órganos evaluadores no son parte, ni tienen dependencia de ella, como tampoco forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del D.L. N. ° 3.500 de 1980, contenido en el D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estas Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento, calificación y resolución de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Del mismo modo, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento prescribe que la Superintendencia tendrá sólo la supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez.

Seguidamente, si bien por expresa disposición del inciso tercero del artículo 11 del D.L. N°3.500, la Superintendencia de Pensiones debe designar, por intermedio de concurso público, la contratación de los médicos integrantes de las referidas Comisiones Médicas, la norma que reglamenta esa disposición es el artículo 20 del D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que debe hacerlo sobre la base de honorarios y no serán funcionarios dependientes de aquélla.

Por lo tanto, la representación judicial de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central corresponde al Consejo de Defensa del Estado, de modo que, en lo formal, la acción de autos debería ser dirigida contra el referido Consejo.

No obstante, esta Comisión Médica Regional entiende que el requerimiento obedece a la naturaleza desformalizada como de urgencia de la acción de protección, que necesita de un informe rápido de quien se sindica como recurrido, pues lo que importa es oír los descargos de quien emana la actuación, supuestamente, atentatoria de derechos fundamentales, de modo que las alegaciones propias de un juicio ceden frente a la urgencia de la acción, razón por la cual tales descargos se relatan a continuación.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA EN AUTOS POR CUANTO LA SITUACIÓN RECLAMADA EXCEDE EL ÁMBITO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

Sobre el particular, debe tenerse presente que del propio tenor del recurso de autos resulta claro que éste debe ser rechazado, atendido que excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue la recurrente.

En efecto, conforme prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números Io, 2o, 3o inciso cuarto, 4o, 5o, 6o, 9o inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por lo tanto, cabe concluir que la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato.

La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto, de esta acción cautelar no es otro que, poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República, señala expresamente.

Por esta vía, entonces, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es el dictamen emitido por este órgano técnico médico, pues la acción deducida, no es el medio idóneo, ya que, no se trata de una acción de nulidad de derecho público, ni un recurso de casación.

Consecuente con ello, no resulta procedente que, mediante esta acción cautelar, se resuelvan discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

Lo anterior ha sido corroborado en diversos fallos de las Corte de Apelaciones del país. Sólo a modo de acreditar lo señalado, la Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer sobre un recurso de protección interpuesto en contra de la Comisión Médica Central, Rol ingreso N° 10045-2023, rechazó dicha acción cautelar.

De igual modo lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol N° 1085-2023; la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique Rol N°2540- 2023, entre muchas otras.

De la jurisprudencia de las Iltmas. Cortes de Apelaciones del país, antes citadas, como del propio tenor del recurso de protección interpuesto en el cual, se evidencia que, más que reclamar de supuestas actuaciones arbitrarias, la fundación recurrente hace una serie de imputaciones infundadas, por cierto, sin acreditar lo que afirma. Por lo tanto, carece de seriedad el recurso de autos, al tiempo que desnaturaliza la acción de protección.

Además, cabe hacer presente que la fundación recurrente, señala que se le habría entregado un expediente en el que solo consta lo realizado por los administrativos de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas (FACM), sin embargo, no acompaña ninguna pieza de dicho expediente al proceso, acompañando únicamente, la solicitud de reevaluación efectuado por su representada ante la AFP, institución que sólo recibe las solicitudes, no teniendo ningún tipo de injerencias en el procedimiento especial de evaluación y calificación del grado de invalidez. Por lo tanto, no existe ningún antecedente que dé cuenta de algún derecho preexistente que le haya sido vulnerado.

Por tales razones, la acción deducida resulta improcedente, pues los hechos sobre los cuales se reclama exceden el ámbito del recurso de protección; debiendo discutirse lo reclamado por la recurrente, mediante un procedimiento de lato conocimiento y no por medio de la acción constitucional de protección, que debe ser utilizado en casos en que se vulnere alguna de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y siempre que esta vulneración ocurra, debido a una acción u omisión arbitraria e ilegal.

HECHOS El 21 de julio de 2020, la afiliada Sra. nombre reservado presentó una solicitud de reevaluación del grado de su invalidez.

Se le designa el caso al médico integrante asignado, (MIA) Dr. nombre reservado, quien realiza, el 3 de agosto de 2020, una entrevista telemática, en atención a que, en aquel momento, estaba la parte más fuerte de la pandemia por Covid-19, incluyendo cuarentenas. Con esta evaluación el MIA, estimó que debía mantenerse el menoscabo, otorgado a la afiliada anteriormente, esto es, un 51% global.

En seguida, se presenta el caso a la Sesión N°97, el 5 de agosto de 2020, oportunidad en que la Comisión Médica estimó que debía solicitar exámenes médicos y peritaje por especialista oftalmólogo, a la Sra. nombre reservado.

Los exámenes ordenados fueron los siguientes:

Orina completa. Creatinina en sangre. Microalbuminuria cuantitativa. Creatinina cuantitativa en sangre. Glucosa en sangre. Hemoglobina glicosilada. Venosa en adultos. Retinografía en ambos ojos.

El peritaje oftalmológico lo practicó el Dr. nombre reservado, quien la evaluó el 17 de agosto de 2020.

Todo lo ordenado por la Comisión Médica debió ser coordinado, por los administrativos de la FACM., quienes dejaron constancia de sus actuaciones en el acápite de observaciones en el expediente médico.

Una vez obtenidos los resultados de los exámenes y peritaje efectuados, el estudio del expediente fue concluido por el Médico Integrante Asignado, por lo que se incluyó en la Sesión N°109, la cual se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2020, en ella expuso el caso el MIA., Dr. Eskuche, quien hizo referencia a que, de la evaluación inicial realizada, de manera telemática, a la afiliada, él era del parecer que debía mantenerse la pensión de invalidez parcial. Sin embargo, esta Comisión Médica decidió solicitar los exámenes y pericia oftalmológica y, de ello, pudo concluir, objetivamente, que tiene una diabetes bien controlada, hemoglobina glicosilada alrededor de 5, sin proteinuria, sin retinopatía, por lo que no corresponde, asignarle Clase III respecto de esta patología, sino que clase I. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, mediante Dictamen de Reevaluación de Invalidez de Trabajador Afiliado N°011.2997-2020, de 2 de septiembre de 2020, esta Comisión Médica Regional acordó rechazar la solicitud de reevaluación del grado de invalidez de la señora nombre reservado, por cuanto concluyó que a la data de la reevaluación las enfermedades invocadas como invalidantes le provocan una pérdida de la capacidad de trabajo de un 25%, es decir inferior al mínimo legal que es un 50%. De ese modo, dejó sin efecto el derecho a pensión por invalidez parcial que percibía la actora.

Dicha decisión quedó consignada en el Dictamen de Invalidez.

Dicho dictamen fue suscrito por el médico integrante asignado (MIA), quien, además, desempeñaba la función de médico secretario de la Comisión Médica Regional y también por el médico presidente de la Comisión Médica Regional, Dr. nombre reservado.

Contra dicho dictamen la afiliada interpuso recurso de apelación y por este motivo se elevaron los antecedentes a la Comisión Médica Central, segunda instancia revisora de lo actuado. Así, mediante Resolución CMC N° 10263/2021, de 14 de octubre de 2021, la Comisión Médica Central reunida en Sesión, acordó rechazar el reclamo; confirmar el Dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez; y resolver que no procede otorgar invalidez, con un menoscabo laboral de un 25%.

Un año después, la fundación recurrente presentó un recurso extraordinario de revisión, el 25 de agosto de 2022, sobre el cual la Comisión Médica Central se pronunció mediante Resolución CMC N° 10312/2022, de 21 de septiembre de 2022, en el sentido de rechazar el recurso de revisión; confirmar lo resolución impugnada; y resolver que no procede otorgar invalidez.

ANTECEDENTES DE DERECHO En primer término, cabe señalar que conforme con lo prescrito en el artículo 4o del D.L. N°3.500 de 1980, tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados y que no hayan cumplido los requisitos de edad legal, para pensionarse por vejez. Desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de, a lo menos, un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero — antes citado — y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

Continua en su inciso tercero prescribiendo que: Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo.

A su turno, el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones Sobre lo mencionado previamente, hay que hacer presente que, si bien el Decreto Ley 3500 establece que las Comisiones Médicas estarán integradas por 3 médicos cirujanos, el DS N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual contiene el reglamento de dicho decreto ley, establece en su artículo 26, que el quorum para sesionar en las comisiones médicas regionales es la mayoría de sus integrantes, es decir, dos de sus miembros.

Los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales, según lo prescrito en el inciso quinto del artículo 11, del DL 3500, serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central.

De lo expresado, cabe concluir que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11, ya comentado, para lo cual gozan de autonomía, no obstante, que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe.

Dicho lo anterior, estas normas son las que determinan que la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina "Impedimento" en el programa de pensiones de la Seguridad Social. La pérdida de la capacidad de trabajo se denomina "Menoscabo Laboral" y se expresa en términos porcentuales como parcial de un segmento y global de la persona. Refleja el impacto que los Impedimentos y Factores Complementarios ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y exigencias del trabajo. Su determinación es propia de las Comisiones Médicas.

Respecto de lo reclamado por la fundación recurrente en autos, relativo a la falta de firma en el expediente médico y en el acta que se incorpora en el mismo, por parte del médico integrante asignado, por el médico secretario y por el médico presidente de las comisiones médicas, cabe precisar que ésta no es una obligación legal, ya que la normativa establecida en conformidad al artículo 11 del decreto ley N°3500, señala "La invalidez a que se refiere el artículo 4o y la de las personas señaladas en el artículo 7o y en la letra c) del artículo 8° será calificada, en conformidad con las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones según lo señale el reglamento respectivo (...)".

Dicho reglamento se encuentra contenido en el D.S. N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual establece en su artículo 25 que "Las Comisiones celebraran sesiones ordinarias a lo menos una vez por semana”

Por su parte el artículo 29, de dicha norma, establece que, "De cada sesión se levantará un acta fiel y exacta de todo lo tratado en la reunión, consignándose las opiniones de los miembros.

En el acta se dejará constancia de cada caso particular tratado y del acuerdo respectivo. Su contenido podrá ser consultado por el interesado, su médico asesor o su médico tratante, por los médicos observadores de las Compañías de Seguros y por un médico representante de la Administradora.

El acta deberá ser aprobada y firmada por cada uno de los miembros que participaron de la sesión." Por lo tanto, la obligación de los integrantes de la Comisión Médica es firmar el acta de las sesiones en las que participan, las cuales se firma una vez al día, al finalizar la sesión, y en las cuales, exponen cada médico integrante asignado su caso particular, y además debe tenerse en consideración que las sesiones ordinarias son al menos una vez a la semana, por lo tanto, en ellas, exponen todos los médicos integrantes asignados.

En atención a lo referido, el médico integrante asignado solo debe firmar dicha acta, donde debe constar cada caso particular revisado y el acuerdo respectivo, una vez que finalice la sesión, mas no, cada hoja del expediente médico, el cual lleva la tramitación completa del caso del afiliado.

Ahora bien, respecto a la obligación del presidente y del secretario, ambos integrantes de la Comisión Médica, estos, además de la obligación, señalada precedentemente, deben cumplir otra, la cual está establecida en el artículo 33 del DS N°57, y señala que:

"El presidente de la Comisión Médica, tendrá las siguientes funciones: (...), i) Firmar el acta de cada sesión de la Comisión Médica juntamente con los demás miembros; j) Firmar todo dictamen o acuerdo que emane de la Comisión;".

Por su parte, el médico secretario, integrante de la Comisión Médica, en conformidad al artículo 34, establece que, esté tiene la obligación de:

"(...) firmar todos los dictámenes y acuerdos de la comisión, levantar el acta de cada sesión y dejar constancia escrita en los expedientes de los casos tratados y de los dictámenes y acuerdos adoptados por ellos." Por lo tanto, en atención a lo expuesto, el médico integrante asignado, tiene la obligación de firmar el acta de la sesión en la que participó, la que debe firmar una vez, que finaliza la sesión.

Por su parte el presidente y secretario, deben firmar el acta de la sesión, y además el dictamen.

Por último, cabe hacer presente que los actos de la administración del Estado, en conformidad al artículo 3, inciso final, de la ley 19.880, gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad.

LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO Y CARENCIA DE ARBITRARIEDAD En base a lo anterior, la recurrida no entiende de qué manera, pudo haber vulnerado el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el N°2, y el debido proceso, consagrado en el N°3, inciso quinto, ambos del artículo 19, de la Constitución Política de República, ya que, el propio mandato legal establece cual es el procedimiento que deben seguir las comisiones médicas, a la hora de realizar la tramitación de un procedimiento especial de evaluación y calificación del grado de invalidez y, en ninguna parte establece la obligación de firmar cada hoja del expediente médico y, es de toda lógica, porque existe cada día una gran cantidad de documentos que son ingresados al expediente médico de cada afiliado, lo cual tomando en consideración la gran cantidad de afiliados que se evalúan, sería un trabajo inagotable y atentaría contra el principio de celeridad y de economía procedimental. Por lo tanto, el trato que se le dio a la Sra. nombre reservado es el mismo, que se les da a todos los afiliados al sistema de pensiones, hacerlo de una manera distinta, sería una afectación a todas las demás personas que son parte del sistema previsional, quien han debido regirse por lo señalado precedentemente, y finalmente cabe hacer presente que en el caso de autos, el procedimiento se ha llevado a cabo por esta Comisión Médica Regional, en primera instancia, el caso fue resuelto por los médicos cirujanos establecidos en la ley, por lo tanto no ha existido la vulneración alegada.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Médica Central estima cumplido lo solicitado y remite copia del expediente de evaluación y calificación del grado de invalidez de la recurrente, solicitando que se ordene aplicar el hito de reserva al referido expediente, como al presente informe, puesto que contienen datos personales y sensibles de la actora, en cumplimiento de la Ley N° 19.628.

A folio 26 La Comisión Médica Central evacua informe en los siguientes términos:

I. RESPECTO A LA LEGITIMACIÓN PASIVA Al respecto, en primer término, es útil hacer presente que las Comisiones Médicas Regionales y esta Comisión Médica Central no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones conforme con lo dispuesto en el número 17 del artículo 94 del D.L. N 03.500, de 1980 y los artículos 18, 19 y 37 del D.S. N 057, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento de dicho decreto ley. Consecuente con ello, estas Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, debe tenerse presente que la Superintendencia de Pensiones no las representa y estos órganos evaluadores no son parte, ni tienen dependencia de ella, como tampoco forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del D.L. N 0 3.500 de 1980, contenido en el D.S. N 0 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estas Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento, calificación y resolución de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Del mismo modo, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento prescribe que la Superintendencia tendrá sólo la supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez.

Seguidamente, si bien por expresa disposición del inciso tercero del artículo 11 del D.L. N 03.500, la Superintendencia de Pensiones debe designar, por intermedio de concurso público, la contratación de los médicos integrantes de las referidas Comisiones Médicas, la norma que reglamenta esa disposición es el artículo 20 del D.S. N 0 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que debe hacerlo sobre la base de honorarios y no serán funcionarios dependientes de aquélla.

Por lo tanto, la representación judicial de las Comisiones Médicas Regionales y de esta Comisión Médica Central corresponde al Consejo de Defensa del Estado, debiendo haberse intentado el recurso únicamente en contra del Fisco y no en contra de la entidad recurrida, ya que esta Comisión Medica Central carece de personalidad jurídica y patrimonio propio.

II. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA EN AUTOS POR CUANTO LA SITUACIÓN RECLAMADA EXCEDE EL ÁMBITO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN Sobre el particular, debe tenerse presente que del propio tenor del recurso de autos resulta claro que éste debe ser rechazado, atendido que excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente.

En efecto, conforme prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por lo tanto, cabe concluir que la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato.

La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente.

Por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente, pues la acción deducida no es el medio idóneo, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público, ni de un recurso de casación.

Consecuente con ello, no resulta procedente por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo cuyo conocimiento es materia exclusiva de las Comisiones Médicas.

Lo anterior ha sido corroborado en diversos fallos de las lltmas. Corte de Apelaciones del país. Sólo a modo de acreditar lo señalado, en fallo de esta Itma. Corte de Apelaciones, dictada en autos sobre Recurso de Protección interpuesto en contra de la Superintendencia de Pensiones por el actuar de la Comisión Médica Central, Rol Ingreso N°14.628-2023, que rechazó dicha acción cautelar, en su Considerando quinto señala:

“Que, resulta necesario reiterar lo que ya tantas veces se ha dicho por los tribunales superiores de justicia en orden a que la acción de protección no es un sustituto procesal de las acciones que la ley prevé, sino que, tal como se señaló en el motivo segundo, un recurso de emergencia que la Constitución contempla para los atentados a aquellos derechos indubitados mencionados en su artículo 20.

En esta línea de razonamiento resulta evidente que el asunto planteado dice relación con un asunto técnico, relacionado con la calificación de invalidez y el porcentaje de incapacidad laboral, asunto que no puede ser dilucidado por esta vía, lo que basta para el rechazo del recurso. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA (…) (lo destacado es nuestro).

Asimismo, lo ha resuelto esta misma Iltma. Corte de Apelaciones en causa rol 1.085-2023 y la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 10.045-2023, entre muchas otras.

De la jurisprudencia, de las Iltmas. Cortes de Apelaciones del país, que anteceden y del propio tenor del recurso de protección interpuesto, y además de lo señalado por el propio recurrente, es posible concluir que lo que persigue el recurrente es que S.S. Iltma., legisle, al solicitarle a está que declare ilegal y arbitrario una actuación realizada por este organismo técnico médico, en virtud de lo mandatado por la ley, solicitando trámites o actuaciones no contemplados en la ley, disfrazándolos de actuaciones u omisiones, como el caso de autos, en el cual funda su acción, sin que existan los presupuestos necesarios, a saber:

· Derecho preexistente.

· Derecho indubitado.

· Situación de emergencia.

· Acción u omisión arbitraria e ilegal.

Por tales razones, la acción deducida resulta improcedente, pues los hechos sobre los cuales se reclama exceden el ámbito del recurso de protección; debiendo discutirse lo reclamado por la recurrente, a través de un procedimiento penal, donde los hechos imputados puedan ser investigados por el Ministerio Público, lo cual no puede ocurrir en esta sede a raíz del carácter desformalizado de la acción constitucional de protección, que debe ser utilizado en casos, , que requieran de una resolución de emergencia, y siempre que en el acto recurrido se vulnere alguna de las garantías constitucionales, establecidas en el artículo 20 de la carta magna; y que esta vulneración ocurra debido a una acción u omisión arbitraria e ilegal y siempre que existan derechos preexistentes e indubitados, lo cual no ocurre en autos.

III. EXTEMPORANEIDAD Que, además de ser improcedente, en atención a que no se trata de un caso que requiera de la intervención de emergencia de S.S. Iltma., y debido a que no existen derechos indubitados ni preexistentes, debemos también dar cuenta que el recurso de autos es extemporáneo, en atención a los siguientes fundamentos:

1. El recurrente acciona, debido a que el acta de la sesión N° 109, de fecha 02/09/2020, caso N° 355269, no tendría la firma del Médico Asignado, del Presidente y del Secretario de la Comisión Médica.

2. Señala lo mismo respecto al dictamen N. ° C.M.C. 10263/2021, el cual fue discutido en Sesión N° 783, de fecha 14 de octubre del año 2021.

3. Computa el plazo a contar del 02 de noviembre del año 2023, fecha en que, según señala, tomó conocimiento que dichas actas se encontrarían sin firma de los médicos integrantes de las Comisiones Médicas.

4. Sobre este punto, podemos afirmar S.S. Iltma., que no es efectivo lo señalado por el recurrente, toda vez que su representada, con fecha 02 de octubre de 2020, interpone recurso de apelación, ante la Comisión Médica Regional de Temuco, respecto a la resolución N. ° 011.2997/2020.

5. Dicho recurso se funda en que en el Acta N. ° 109, de fecha 02 de septiembre de 2020.

6. Del antecedente que se describe en el párrafo que antecede, inserto, se puede percatar que, el 02 de octubre de 2020, la afiliada ya tenía conocimiento del documento que es el fundante de su acción de protección, por lo tanto, no es efectivo que solo a contar del 02 de noviembre del año 2023, se percató que no tenía firma de los integrantes de la Comisión Médica.

7. Respecto al dictamen N. ° C.M.C. 10263/2021, de esta Comisión Médica Central, es del caso mencionar que sus fundamentos constan en Acta de Sesión, N° 783, de fecha 14 de octubre del año 2021, donde se analiza el caso N° 77884, al cual la afiliada tuvo acceso en el mes de julio de 2022, interponiendo el recurso extraordinario de revisión el 25 de agosto del año 2022, el cual fue resuelto por esta Comisión Médica Central, en la sesión N° 642, de fecha 21 de septiembre del año 2022, mediante dictamen N. ° C.M.C. 10312/2022.

8. Por lo tanto, de la impugnación de ambas resoluciones, la primera emitida por la Comisión Médica Regional de Concepción, queda en evidencia que la afiliada, Sra. nombre reservado, tuvo conocimiento del expediente con fecha 02 de octubre del año 2020, y de la segunda, emitida por la Comisión Médica Central, tuvo conocimiento del expediente en el mes de julio del año 2022, interponiendo el recurso extraordinario el 25 de agosto del mismo año.

9. Debido a lo anterior, el recurso de autos es extemporáneo, toda vez que se ha presentado con fecha 30 de noviembre del año 2023, es decir, habiendo transcurrido con creces, el plazo establecido para dicho fin, de 30 días.

IV. INFORME Que con fecha 21 de julio de 2020, la Sra. nombre reservado presentó una solicitud de reevaluación y calificación del grado de su invalidez, la cual fue realizada por la Comisión Médica Regional de Concepción, que en Sesión N. ° 109, de fecha 02 de septiembre de 2020, procedió a analizar el caso y mediante Dictamen N. ° 011.2997/2020, decidió rechazar su solicitud, en atención a que las afectaciones no producían un menoscabo laboral mayor al 50%.

Contra dicho dictamen, la afiliada recurre de apelación con fecha 02 de octubre de 2020, en atención a que en el Acta de la Sesión N. ° 109, de fecha 02 de septiembre de 2020, no se habrían considerado todas sus afectaciones.

Dicho caso fue entregado al Médico Integrante Asignado, el Dr. nombre reservado, quien ordena que la Sra. nombre reservado, sea evaluada por los siguientes Médicos Interconsultores:

1. Reumatólogo.

2. Neurólogo.

3. Psiquiatra.

4. Diabetólogo.

Ademas, se le solicitaron los siguientes exámenes complementarios:

1. Radiografía columna cervical o atlas-axis.

La consulta reumatológica fue efectuada por el Dr. nombre reservado, con fecha 22 de febrero de 2021, de modo presencial, en su consulta médica.

La consulta psiquiátrica fue realizada por el Dr. nombre reservado, con fecha 01 de febrero de 2021, en su consulta médica.

La consulta neurológica, fue realizada por neurólogo, Dra. nombre reservado, con fecha 03 de febrero del año 2021, en su consulta médica.

Una vez que se remitieron todos los informes de los médicos interconsultores, con fecha 14 de octubre de 2021, se lleva a cabo la Sesión N° 783, donde se discute el caso de la Sra. nombre reservado. En aquella oportunidad, el MIA, Dr. Lobos, expuso el caso. Además, integraban la comisión el Presidente, Dr. nombre reservado, y el Médico Secretario, Dr. nombre reservado, los cuales en atención a los antecedentes que se pudieron recopilar, determinaron que la afiliada había sido bien calificada, motivo por el cual confirmaron lo resuelto por la Comisión Médica Regional de Concepción. Esta decisión quedo expresada en Resolución N. ° C.M.C. 10263/2021, la cual fue suscrita por el Presidente y Secretario.

Contra esta resolución, con fecha 25 de agosto de 2022, la afiliada interpone recurso extraordinario de revisión, solicitando que se deje sin efecto la resolución N. ° C.M.C. 10263/2021.

Se le asigna el caso al Medico Integrante Asignado, Dra. nombre reservado, la cual en Sesión N. ° 642, de fecha 21 de septiembre de 2022, expone el caso ante esta Comisión Médica Central, integrada además por la Dra. nombre reservado, Presidenta, y por el Dr. nombre reservado, Secretario.

De la exposición del caso, esta Comisión Médica determinó rechazar la solicitud de invalidez, mediante Resolución N. ° 10312/2022, la cual fue suscrita por la Presidenta y el Secretario de esta Comisión Médica Central.

ANTECEDENTES DE DERECHO En primer término, es útil precisar que tanto el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez, se encuentran regulados por el D.L. N. ° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N. ° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 del D.L. N. ° 3.500 de 1980, tendrán derecho los afiliado no pensionado, que no hayan cumplido los requisitos de edad legal, para obtener una pensión por vejez; desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero — antes citado — y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, el artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones.

Del mismo modo, el inciso quinto de este artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio.

Respecto a lo reclamado por Fundación Valídame, recurrente en autos, relativo a la falta de firma, en el expediente médico y en el acta que se incorpora en el mismo, por parte del médico integrante asignado, por el médico secretario y por el médico presidente de las comisiones médicas, debemos señalar que esta no es una obligación legal, ya que la normativa establecida en conformidad al artículo 11 del decreto ley N° 3500, señala “La invalidez a que se refiere el artículo 4° y la de las personas señaladas en el artículo 7° y en la letra c) del artículo 8° será calificada, en conformidad a las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento respectivo (…)”.

El reglamento, antes referido, se encuentra contenido en el D.S. N. °57, el cual establece en su artículo 25 que, “Las Comisiones celebraran sesiones ordinarias a lo menos una vez por semana (…)”, por su parte el artículo 29, de dicha norma establece que “De cada sesión se levantará un acta fiel y exacta de todo lo tratado en la reunión, consignándose las opiniones de los miembros.

En el acta se dejará constancia de cada caso particular tratado y del acuerdo respectivo. Su contenido podrá ser consultado por el interesado, su médico asesor o su médico tratante, por los médicos observadores de las Compañías de Seguros y por un médico representante de la Administradora.

El acta deberá ser aprobada y firmada por cada uno de los miembros que participaron de la sesión.”

Por lo tanto, la obligación de los integrantes de la Comisión Médica es firmar el acta de las sesiones, lo que se conoce como la tabla de las sesiones, en las que participan, las cuales se firma una vez al día, al finalizar la sesión, y en ella se debe señalar que casos se trataron, y lo que se acordó, es decir sí se aprueba o rechaza una solicitud o si existe algún otro acuerdo.

En estas sesiones exponen cada médico integrante asignado, su caso particular.

Otro punto para tener en consideración es que las sesiones ordinarias son al menos una vez a la semana, por lo tanto, en ellas, exponen todos los médicos integrantes asignados, lo cual, en caso de firmar cada acta particular, significaría una falta al principio de economía procesal y también al de eficiencia y eficacia.

En atención a lo referido, S.S. Iltma., el médico integrante asignado, solo debe firmar dicha acta de constitución, o la tabla de la sesión, al finalizar esta y no cada hoja del expediente médico, el cual lleva la tramitación completa del caso del afiliado.

Ahora, respecto a la obligación del Presidente y del Secretario, ambos integrantes de la Comisión Médica, estos, además de la obligación, señalada precedentemente, deben cumplir otra, la cual está establecida en el artículo 33 del DS N. °57, y señala que “El presidente de la Comisión Médica, tendrá las siguientes funciones: (…), i) Firmar el acta de cada sesión de la Comisión Médica juntamente con los demás miembros; j) Firmar todo dictamen o acuerdo que emane de la Comisión;”.

Por su parte, el médico secretario, integrante de la Comisión Médica, en conformidad al artículo 34, establece que, esté tiene la obligación de “(…) firmar todos los dictámenes y acuerdos de la comisión, levantar el acta de cada sesión y dejar constancia escrita en los expedientes de los casos tratados y de los dictámenes y acuerdos adoptados por ellos.”

Por lo tanto, en atención a lo expuesto, el médico integrante asignado, tiene la obligación de firmar el acta de la sesión en la que participó, y firma una vez, sólo al finalizar la sesión. Por su parte, también hay que tener en consideración que cada médico asignado tiene más de un caso a su cargo, por lo tanto, los expone todos, en orden sucesivo, y una vez que la Comisión Médica cierra la sesión, se procede a la firma del acta. A su vez, el presidente y secretarios deben firmar el acta, y además el dictamen. Por lo tanto, no existe la obligación señalada por parte del recurrente.

Finalmente, cabe hacer presente que los actos de la administración del Estado, en conformidad al artículo 3, inciso final, de la ley 19.880, gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad.

VI. LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO Y CARENCIA DE ARBITRARIEDAD.

En base a lo anterior, esta parte no entiende de qué manera pudo haber vulnerado el derecho de igualdad ante la ley o el debido proceso, ambos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de Republica, ya que el propio mandato legal establece cual es el procedimiento que deben seguir las comisiones médicas a la hora de realizar la tramitación de un procedimiento especial de evaluación y calificación del grado de invalidez, y en ninguna parte establece la obligación de firmar cada hoja del expediente médico, y es por un tema lógico, existe cada día una gran cantidad de documentos que son ingresados al expediente médico de cada afiliado, lo cual tomando en consideración la gran cantidad de afiliados que se evalúan, sería un trabajo inagotable y atentaría contra el principio de celeridad, de economía procedimental, el de eficiencia y eficacia de la administración pública.

Finalmente, cabe agregar que esta parte, ha acreditado que la Sra. nombre reservado ha sido atendida por los médicos interconsultores, de manera presencial. Además, se le ordenaron los exámenes médicos, todo lo cual fue llevado a cabo por especialistas de la medicina y también se ha dado cuenta que cada decisión realizada por este organismo público lleva la correspondiente firma del Presidente y del Secretario de las Comisiones Médicas respectiva.

En base a lo anterior, el trato que se le dio a la Sra. nombre reservado es el mismo que se les da a todos los afiliados al sistema de pensiones, hacerlo de una manera distinta, sería una afectación a todas las demás personas que son parte del sistema previsional, quienes han debido regirse por lo señalado precedentemente.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Médica Central estima cumplido lo solicitado por S.S. Iltma., y remite copia del expediente de evaluación y calificación del grado de invalidez de la recurrente, solicitando que se ordene aplicar el hito de reserva al referido expediente, como al presente informe, puesto que contienen datos personales y sensibles de la actora, en cumplimiento de la Ley N° 19.628. Finalmente, esta parte solicita, que se condene en costas a la parte recurrente, en atención a lo temeraria de la acción, teniendo en consideración los argumentos latamente expuestos en el presente informe.

A folio 28 Evacua informe la FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS en los siguientes términos:

Fundación Valídame presentó un recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, C.N.I. RUT reservado, en contra de la Comisión Médica Regional de Temuco, la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central.

Funda su acción en que con fecha 02 de noviembre del 2023, se le habrían entregado copias de los expedientes electrónicos del proceso de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de la Sra. nombre reservado y que, de dichos antecedentes se desprendería un supuesto fraude al Fisco por parte de las Comisiones Medicas, debido a que los médicos de dichas Comisiones no habrían realizado sus funciones, y por tanto solicita retrotraer el procedimiento de Revaluación del Grado de Invalidez al estado de ser resuelto por la Comisión Medica Regional de Temuco.

Al efecto, es necesario resaltar que, como el propio recurrente indica, el proceso de evaluación de invalidez de cualquier solicitante es un proceso regulado por la legislación y normativa aplicable (incluyendo, pero no limitado al D.L. 3.500, de 1980 y al Reglamento de la citada ley, actualizado a esta fecha; la propia Superintendencia de Pensiones y la normativa que ésta dicta en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Por todo, y como el propio recurrente reconoce, hay un sinnúmero de normas que regulan en detalle el proceso de evaluación en comento. Por todo lo anterior, la presente acción constitucional debiese ser rechazada en todas sus partes toda vez que existen mecanismos legales y normativos para poder impugnar un Dictamen respecto a la Solicitud de Reevaluación del Grado de Invalidez, distintos del presente recurso de protección. Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante lo señalado en este acápite, se procederá a dar cuenta de los motivos por los cuales el recurso de protección de autos debe ser rechazado en especial respecto de mi representada.

EL RECURSO DE PROTECCIÓN DE AUTOS DEBE SER RECHAZADO EN TODAS SUS PARTES RESPECTO DE MI PERSONA PORQUE NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA QUE PUEDA SER CONSIDERADO LEGITIMADO PASIVO EN LA ESPECIE.

Tal como consta de la presentación realizada por la recurrente en autos, la acción constitucional a que se viene haciendo referencia se ha dirigido, entre otros, en nuestra contra.

Es necesario resaltar que a mi representada no le corresponde la representación de la Comisión Médica Regional de Temuco. Por otro lado, a la Fundación de Administración Comisiones Médicas (FACM) tampoco le cabe la representación de las Comisiones Médicas Regionales y/o Central.

De acuerdo con la legislación la FACM sólo presta apoyo administrativo a la Comisión Médica Regional de Temuco y por tanto no es el responsable de analizar la procedencia de una pensión de invalidez. El representante legal de la Comisión, de acuerdo con la normativa aplicable es precisamente el Médico Presidente de la Comisión (artículo 33 letra c del actual Reglamento del Decreto Ley N° 3500 de 1980). No representamos ni administramos las Comisiones. Sólo prestamos apoyo administrativo y son los Médicos Presidentes de las respectivas Comisiones sus representantes legales.

Que en este mismo sentido falló la Corte de Apelaciones de La Serena en su sentencia recaída sobre la causa Rol 933-2020, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema con fecha 3 de marzo del año 2021 (Rol 14.514-2021). En dicha causa, la recurrente recurrió entre otras, contra algunas de las recurridas en este libelo.

Es por lo que se ha expuesto que corresponde concluir que el recurso de protección que se ha deducido en autos debe ser, en todas sus partes respecto de mi representada porque no se cumplen los requisitos para que pueda ser considerada legitimada pasiva en la especie.

EL RECURSO DE PROTECCIÓN DE AUTOS DEBE SER RECHAZADO, EN TODAS SUS PARTES RESPECTO MI REPRESENTADA POR CUANTO NO SE ALUDE EN CONDUCTA ARBITRARIA O ILEGAL ALGUNA.

Sin perjuicio de lo que se ha señalado en los números anteriores, es necesario tener presente asimismo que el recurso de protección que ha sido deducido en autos debe ser rechazado, porque en él no se contienen consideraciones que apunten a identificar conductas (acciones u omisiones), ilegales o arbitrarias, sino que más bien se busca impugnar el Dictamen de la Solicitud de Reevaluación del Grado de Invalidez por no estar de acuerdo con este.

Más aun el recurrente invoca erróneamente una vulneración al artículo 19 N°3 inciso quinto, el cual establece la garantía jurisdiccional de no ser juzgado por tribunales especiales, la cual no tiene relación alguna con el caso de marras.

Por lo expuesto y porque la parte recurrente no señala hecho alguno que pueda imputar que pueda ser tenido como base suficiente para la interposición de un recurso de protección, corresponde concluir que el recurso de protección que se ha deducido en autos debe ser, en todas sus partes respecto de mi representada en particular.

EL RECURSO DE PROTECCIÓN QUE SE HA DEDUCIDO EN AUTOS DEBE SER RECHAZADO EN TODAS SUS PARTES RESPECTO MI REPRESENTADA POR CUANTO LA REVISIÓN DE LOS HECHOS A QUE ÉL SE REFIERE NO ES PROPIA DE ESTA SEDE JURISDICCIONAL, NI DE ESTE PROCEDIMIENTO.

El recurso de protección es una acción cautelar que contempla nuestra carta fundamental para garantizar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales que pueden verse privados, perturbados o amenazados y, mediante su interposición, permite al afectado que se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

Por otro lado, la reciente jurisprudencia de nuestras cortes ha sido conteste en el sentido de declarar que la FACM no puede ni debe ser considerado como parte legitimada pasiva de acciones constitucionales como la de marras. Al efecto podemos citar un reciente fallo de la ILTMA. Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Protección 7186-2023.

En línea con lo anterior, en su carácter de acción cautelar lo que se pretende es otorgar una medida rápida y efectiva que permita salvaguardar la garantía constitucional vulnerada. Por lo anterior, no podemos entender que a través de la interposición de un recurso de protección se lleve a cabo o intente iniciarse o ventilarse un procedimiento declarativo.

El recurrente en el escrito erróneamente ha establecido como hechos indubitados que fueron el personal administrativo de la fundación quienes resolvieron el acto administrativo, acusándolos del ejercicio ilegal de la profesión y suplantación de cargo de médico.

En este sentido los supuestos hechos alegados por la recurrente, no corresponde que sean conocidos en un procedimiento cautelar el cual no tiene un periodo probatorio, sino que debiesen ser alegados en un procedimiento de lato conocimiento que cuente con etapas probatorias.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia es conteste en señalar que el recurso de protección es una acción cautelar, según se expresa en los siguientes fallos:

1.- Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena en su sentencia sobre recurso de protección, Rol 933-2020, ratificada por la Corte Suprema con fecha 3 de marzo recién pasado, Rol 14.514-2021, recurso que fue rechazado.

2.- Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, autos sobre recurso de protección, Rol Nº 65.431 - 2017, sentencia de 22 de noviembre de 2017.

3.- Excma. Corte Suprema, Rol Nº 42.434-2017, sentencia de 2 de abril de 2018.

4.- Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 49.244-2019, autos sobre recurso de protección.

5.- Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán, Rol Nº 1226-2019, sentencia de 22 de enero de 2020.

Por consiguiente, no cabe más que concluir que el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes, respecto de mi representada por las razones antes expuestas.

Solicita y ahondó en el requerimiento de condenar en costas al recurrente puesto que el presente recurso de protección carece de presupuestos ni resiste un análisis legal de las razones esgrimidas por ellos para interponer el recurso en contra de mi representada. Fundación Valídame es contumaz en recurrir en contra de la respectiva Jefe de Oficina de la Fundación y/o de la Fundación y se ha desechado sistemáticamente como legitimado de la acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la FUNDACIÓN VALÍDAME recurre en favor de doña nombre reservado en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, en contra de la FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS FACM, y de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL, por fallar todas y cada uno de las Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de doña nombre reservado, en completa ausencia y partición del Órgano llamado por ley a resolver dichas solicitudes (art. 11 D.L. N°3500), solicitando se deje sin efecto lo actuado , retrotrayendo el procedimiento de Reevaluación del Grado de Invalidez al estado de ser nuevamente resuelto por personal habilitado de la Comisión Médica Regional de Temuco, respetando la fecha inicial de la Solicitud de Reevaluación para no afectar el derecho a devengo y la cobertura del Seguros de Invalidez y Sobrevivencia SIS, o cualquier otra medida que estime pertinente.

TERCERO: Que, A folio 26 la Comisión Médica Central evacua ha solicitado se rechace, en primer lugar, por extemporáneo el recurso de autos, debido a que sostiene que el 02 de noviembre del año 2023 habría tomado conocimiento que el acta de la sesión N° 109, de fecha 02/09/2020, caso N° 355269, no tendría la firma del Médico Asignado, del Presidente y del Secretario de la Comisión Médica. Señala lo mismo respecto al dictamen N. ° C.M.C. 10263/2021, el cual fue discutido en Sesión N° 783, de fecha 14 de octubre del año 2021, lo que no sería efectivo CUARTO : Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos;

QUINTO: Que, en el presente caso, con fecha 02 de octubre de 2020, doña nombre reservado interpone recurso de apelación, ante la Comisión Médica Regional de Temuco, respecto a la resolución N. ° 011.2997/2020, el que se funda en que en el Acta N. ° 109, de fecha 02 de septiembre de 2020.Asi, al 02 de octubre de 2020, la afiliada ya tenía conocimiento del documento que es el fundante de su acción de protección, por lo tanto, no es efectivo que solo a contar del 02 de noviembre del año 2023, se percató que no tenía firma de los integrantes de la Comisión Médica. Respecto al dictamen N. ° C.M.C. 10263/2021, de esta Comisión Médica Central, es del caso mencionar que sus fundamentos constan en Acta de Sesión, N° 783, de fecha 14 de octubre del año 2021, donde se analiza el caso N° 77884, al cual la afiliada tuvo acceso en el mes de julio de 2022, interponiendo el recurso extraordinario de revisión el 25 de agosto del año 2022, el cual fue resuelto por esta Comisión Médica Central, en la sesión N° 642, de fecha 21 de septiembre del año 2022, mediante dictamen N. ° C.M.C. 10312/2022.

SEXTO: Que, de la impugnación de ambas resoluciones, la primera emitida por la Comisión Médica Regional de Concepción, queda en evidencia que la afiliada, Sra. nombre reservado, tuvo conocimiento del expediente con fecha 02 de octubre del año 2020, y de la segunda, emitida por la Comisión Médica Central, tuvo conocimiento del expediente en el mes de julio del año 2022, interponiendo el recurso extraordinario el 25 de agosto del mismo año.

SEPTIMO: Debido a lo anterior, el recurso de autos es extemporáneo, toda vez que se ha presentado con fecha 30 de noviembre del año 2023, es decir, habiendo transcurrido con creces, el plazo establecido para dicho fin, de 30 días.

OCTAVO: Que, resulta pertinente consignar, que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Temuco, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal de alzada, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes que los intervinientes hubieren aportado, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

NOVENO:

Que, al fundarse el recurso de autos sobre los mismos hechos respecto de todos los recurrido la extemporaneidad que se declara alcanza todos los recurridos.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento de los antecedentes acompañados en autos se advierte que el procedimiento ha sido debidamente tramitado y las decisiones formalmente adoptadas, no apreciándose vicios que afecten la validez del mismo, maxime cuando conforme al articulo 13 de la Ley 19.880 el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.

UNDECIMO: Que, de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es necesario concluir que en el presente caso no se dan los requisitos para que la acción de protección prospere, por lo cual será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, el presente recurso de protección interpuesto por la FUNDACIÓN VALÍDAME. en favor de doña nombre reservado en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE TEMUCO, de la FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS FACM, y de COMISIÓN MÉDICA CENTRAL.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Protección Rol N° 13.862-2023(Ela)