nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, siete de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que don nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada para estos efectos por su Director General don Héctor Espinosa Valenzuela, ambos con domicilio en domicilio reservado, y también por el Jefe de la Región Policial de La Araucanía, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a quien atribuye la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2 y 3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el debido proceso, en razón de habérsele alejado de la institución a partir del 02 de abril de 2021, lo que le fue comunicado mediante Radiograma 206 de 24 de marzo de 2021.

Señala el recurrente que con fecha 01 de febrero de 1994, ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile, habiéndo dedicado 27 años de su vida a servir a la patria como oficial policial, ocupando diversos cargos y desempeñando múltiples funciones en el quehacer policial, siempre con la mayor dedicación y entrega hacia la institución y la comunidad, de lo cual dan cuenta sus excelentes calificaciones. Sin embargo, con fecha 26 de marzo del 2021, en dependencias de la Prefectura Provincial Cautín, fue notificado del Radiograma 206 del 24 del mismo mes y año, mediante el cual la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI le comunica el retiro de la institución a contar del 2 de abril del año en curso, conforme al proceso calificatorio (sic) 2020 y el alta del reposo de medicina preventiva a contar del 1 de octubre del 2020, según lo consignado en la resolución 926 de 23 de septiembre del 2020 pronunciada por la Junta Médica de la Dirección Previsional de Carabineros de Chile. Refiere que esta comunicación de alejamiento de la institución a la que sirvió por 27 años, es absolutamente arbitraria e ilegal, sin conocer, ni mucho menos comprender los verdaderos motivos que la recurrida tuvo en vista para proceder de esta forma, dejándolo prácticamente en la calle, pese a su precaria condición de salud, privándole del cargo y de los consecuentes beneficios previsionales y económicos derivados de su grado dentro de la institución. Añade que la recurrida se aprovechó de ciertos factores y circunstancias para alejarlo de las filas institucionales.

Expone, que en el periodo que va entre el 1 de agosto del 2017 al 31 de julio del 2018, fue calificado con nota 6,41 y clasificado en lista 3, producto de una sanción disciplinaria por hechos acaecidos en enero del 2017, procedimiento administrativo que culminó con la imposición de 3 días de permanencia en el cuartel, antecedente que en concepto de la Junta Calificatoria de Oficiales Superiores y Jefes, ameritaba para mantener la calificación de su jefe directo. Con fecha 26 de noviembre del año 2018, sufrió un infarto agudo al miocardio, ante lo cual la Honorable Comisión de Medicina Preventiva le indicó reposo preventivo hasta el 30 junio del 2019, por ser ésta una patología contemplada en la Ley 6.174. No obstante lo anterior, indica que mientras se encontraba en reposo, fue notificado que sería ingresado al escalafón de complemento, de lo cual solicitó reconsideración que fue rechazada el 26 de marzo del 2019, aun cuando la ley 6.174, de medicina preventiva lo protegía, apelando luego la decisión a la Junta de Apelaciones, la que rechazó el recurso, siendo notificado del ingreso al referido escalafón el 28 de mayo del 2019. Hace presente que de acuerdo a las normas que contempla la Ley 6.174, el Reposo Preventivo, es equivalente a una licencia médica, en que el paciente no trabaja producto de una enfermedad, pero que a diferencia de la licencia médica común, se considera como tiempo efectivamente trabajado, por lo que no afecta las calificaciones ni los eventuales ascensos y mantiene la propiedad del cargo. Siguiendo con el relato, señala que el 1 de julio del 2019, la Honorable Comisión de Medicina Preventiva le otorga el alta médica, con la indicación de que debiera cumplir labores administrativas por tres meses, y media jornada laboral, por encontrarse aun en recuperación, presentándose a trabajar ese mismo día. Luego, con fecha 01 de agosto del mismo año fue calificado por su jefe directo con “artículo 5”(sic) por el periodo que va entre el 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019, sin considerar el tiempo que estuvo en reposo preventivo, lo que como se señaló anteriormente, se considera tiempo trabajado, siendo procedente que fuera sometido al proceso de calificación manual y no automático, pues dicho sistema informático, al ingresar los días no trabajados, inmediatamente califica con “artículo 5” al haber permanecido más de 180 días fuera del servicio, sin considerar la recurrida que durante todo ese tiempo permaneció en reposo preventivo, el que como señaló, se considera tiempo trabajado. Esta calificación, trajo como consecuencia, que el 27 de septiembre del mismo año, la Junta de Oficiales Superiores y Jefes resolviera clasificarlo en lista 3, manteniendo la calificación de artículo 5, resolución de la cual apeló ante la Junta de Apelaciones de la institución, la que con fecha 6 de diciembre del 2019 rechazó el recurso dejando firme la decisión de la Junta de Oficiales antes referida, sin entregar mayores fundamentos, en una resolución que impresiona a un formato estándar, sin razonamiento ni explicación alguna que permita comprender dicho pronunciamiento. El 22 de enero del 2020, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica, producto de un nuevo infarto agudo al miocardio, por lo cual la Dirección Previsional de Carabineros de Chile, a mediados del mes de Marzo del año 2020, en el marco de la Ley 6.174, determinó nuevamente reposo preventivo entre el 22 de Enero y el 30 de Septiembre de 2020. Así, en el siguiente proceso de calificación y clasificación, que comprende el periodo que va entre el 1 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020, nuevamente fue calificado con “artículo 5”(sic), resolviendo la Junta de Oficiales Superiores y Jefes incluirlo nuevamente en lista 3, con “artículo 5”(sic), por lo que oportunamente apeló de dicha resolución, recurso que fue rechazado nuevamente por la Junta de Apelaciones, agregando esta vez en su decisión que no se aplicaría lo dispuesto en el artículo 66 del decreto 1 de 1981 debido a que había permanecido 223 días con reposo preventivo, es decir, a pesar de reconocer su condición de salud, igualmente mantuvo la decisión de la Junta Calificadora, dictamen que según indica, no contiene razonamiento alguno que permita comprender y entender de qué manera se arribó a dicho pronunciamiento, haciendo además presente que en el periodo 2018-2019, la Junta Calificadora expresamente señaló en su resolución que en el caso no era posible aplicar el artículo 55 del DFL 1, parecer que fue ratificado por la Junta de Apelaciones, pronunciamiento que a su juicio resulta incomprensible al no contener los motivos que permitan en un ejercicio lógico reproducir el razonamiento de la referida Junta de Apelaciones, tornando dicha decisión en arbitraria. De esta forma, se llega al Radiograma 206 del 24 de marzo del año en curso, en cuya virtud se le informa que debe alejarse de la institución a partir del 2 de abril en curso.

Manifiesta, que este pronunciamiento arbitrario e ilegal por parte de la recurrida ha vulnerado de manera flagrante la garantía del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, ya que nunca existió un proceso previo legalmente tramitado, puesto que a partir del periodo 2018-2019, no correspondía ser calificado con artículo 5, y mucho menos clasificarlo en lista 3, tal como lo dispuso finalmente la Junta de Apelaciones, dado que se mantuvo siempre en reposo preventivo, en los estrictos términos que contempla la ley 6.174. Así además de arbitraria, dicha calificación era ilegal, al tenor de lo que dispone el artículo 56 del DFL 1 de 1980, que contiene el Estatuto del Personal de la PDI en relación con el artículo 5 del Reglamento de Calificaciones del Personal de la PDI estatuido por el Decreto Supremo 28 de 1981, ya que no es efectivo que no hubiera trabajado por más de 6 meses, sino que por el contrario, se encontraba en reposo preventivo por resolución de la Honorable Comisión Médica, lo que implica que a pesar de no estar en funciones activas, igualmente se entiende que está trabajando, por lo que lo que debió ser sometido al proceso de calificación, al igual que al resto del personal, y no considerar el periodo que estuvo bajo reposo preventivo como no trabajado. Esta situación se reiteró en el periodo 2019-2020, volviendolo a excluir del proceso de calificación al estar más de 6 meses alejado de sus funciones, decisión arbitraria que según señala, lo perjudicó enormemente, pues existían anotaciones positivas que ameritaban aplicar lo dispuesto en el artículo 55 del DFL 1 antes mencionado, lo que de manera arbitraria desconocieron también la Junta Calificadora y luego la Junta de Apelaciones, sosteniendo ésta última al conocer del recurso, que si bien existían tales anotaciones, ellas igualmente no tenían el mérito suficiente para cambiarlo de lista, sin explicar las razones de su conclusión, lo que torna en arbitraria la decisión al no explicitar los motivos en que se funda y dejando a su parte imposibilitada de reproducir el razonamiento empleado por la Junta para decidir en tal sentido. Por otra parte, sostiene que la actuación de la recurrida vulnera y desconoce la igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado, ya que se le excluyó sin razón y de manera arbitraria del proceso calificatorio 2019-2020, y además, se le discriminó a consecuencia de sus problemas de salud, los que le impidieron por causas ajenas a su voluntad seguir en servicio activo, siendo acogido por la ley 6.174, pues su patología que era y sigue siendo grave, no es un motivo para no poder seguir desempeñando sus funciones, desconociendo, además, la recurrida los 27 años de servicio y la hoja de vida intachable, recurriendo a un subterfugio legal para alejarlo sin derecho a percibir otro beneficio, que no sea su jubilación.

Por lo anterior, solicita se acoja en todas sus partes el presente recurso de protección, adoptando todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, esto es, que se deje sin efecto el alejamiento que le fuera notificado mediante radiograma 206 de 24 de marzo del año en curso; se dejen sin efecto la calificación y clasificación del periodo 2018-2019 y 2019-2020 y todas las resoluciones que son su consecuencia; y que se retrotraigan los hechos al estado de efectuarse a su respecto una calificación manual y efectiva, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 28 de Defensa de 1981, en el DFL 1 de Defensa de 1980, en el Decreto Ley 2.460 y en la Ley 19.880, con expresa condena en costas.

Segundo: Que a folio 16, informa don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación convencional del recurrido don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien alega en primer lugar improcedencia de la acción de protección, ya que lo que el recurrente pretende es que se ordene a la recurrida celebrar una nueva sesión calificatoria, en la que se ponderen ciertos antecedentes conforme a sus propios intereses, cuestión que como puede advertirse, es absolutamente ajena a la finalidad propia del recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar. En cuanto al fondo, señala que el citado Estatuto del Personal estructura el régimen interno en base a derechos y obligaciones, establecidos en el Título I “De la Carrera Profesional” (artículos 6° al 96), detallando la clasificación y grados del personal de la Planta de la Policía de Investigaciones de Chile, el ingreso a la Institución, el sistema de ascensos, las calificaciones y clasificaciones del personal, entre otras materias de relevancia para el personal institucional. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del mismo cuerpo normativo, el personal de la Planta de la Policía de Investigaciones de Chile se divide, de acuerdo a su origen, en: a) Personal de Nombramiento Supremo, que es aquél cuya designación debe hacerse por decreto supremo, y b) Personal de Nombramiento Institucional, que es aquél cuya designación se hace por resolución de la Dirección General. Por su parte, el artículo 7° del mismo Estatuto dispone que el personal de nombramiento supremo, de acuerdo a su procedencia y funciones, integra los siguientes escalafones: I. Planta de Oficiales: A.- Escalafón de Oficiales Policiales, B.- Escalafón de Oficiales de los Servicios y C.- Escalafón de Oficiales de Complemento. En este sentido, señala que el señor nombre reservado, fue calificado y clasificado, durante toda su carrera funcionaria con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 53 a 67 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y en el Reglamento de Calificaciones de la misma Institución, aprobado por Decreto Supremo N° 28, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional. Dicho procedimiento se encuentra reglado y permite al afectado hacer valer sus planteamientos en las diversas instancias contempladas al efecto, las cuales tienen por finalidad garantizar una adecuada defensa, con miras a configurar un debido proceso, de manera que respecto de ellos no caben otros trámites que los previstos en la referida normativa. Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones y en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 28 de 1981, la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprende tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario, evidenciadas en el transcurso del período a calificar. Por su parte, la clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile son las siguientes: Lista 1, de Mérito; Lista 2, Buena; Lista 3, Regular; y Lista 4, Mala. A su vez, el citado Decreto Supremo previene, en su artículo 81, que la calificación se realizará basada en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual del funcionario y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto, agregando en su artículo 35 que en el conocimiento, estudio y valoración de las calificaciones, que corresponde a las Juntas Calificadoras, se deben analizar: a) las calificaciones; b) los recursos de reclamación que se hayan presentado; y c) los antecedentes que lleguen a su conocimiento o que hayan solicitado especialmente. Por su parte, el artículo 62 del DFL Nº 1, de 1980, Estatuto del Personal de la PDI, establece que la Junta de Apelaciones estará integrada por el Director General, que la presidirá, y dos representantes del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema de entre las cuatro primeras categorías del Escalafón Primario. Para conocer de los recursos de apelación que interpongan los Oficiales Subalternos, se integrarán a dicha Junta los Prefectos Inspectores Policiales. Sobre el particular y, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, consta que en el último proceso calificatorio que abarca el período comprendido entre el 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, luego de conocer, estudiar y evaluar su Informe de Calificación y H.V.A., concuerda con la calificación propuesta por su Jefe Directo, ya que registra 334 días no trabajados, aplicándosele al artículo 5° del Reglamento de Calificaciones, de fecha 28.MAY.981, el cual señala: “Los funcionarios que por cualquier causa no desempeñaren efectivamente sus empleos por un lapso superior a 6 meses en el período de calificación, no serán calificados y conservarán la clasificación del año anterior salvo, que en su Hoja de Vida Anual existan anotaciones relevantes en el período trabajado que conduzcan a la Junta Calificadora respectiva a modificar su calificación, lo que deberá hacerse mediante resolución fundada”, conservando así LISTA 3, Regular. No obstante lo anterior, se dejó constancia que no es factible aplicar lo dispuesto en el artículo 55 del citado Reglamento de Calificaciones, toda vez que el señor nombre reservado, registra 223 días de licencias médicas acogido a la ley de Medicina Preventiva y su Reglamento, debiendo conservar su ocupación y teniendo derecho a gozar de subsidio-reposo durante el reposo preventivo y hasta seis meses después de que la Comisión de Medicina Preventiva lo dé de alta, declarándolo capacitado para el trabajo, según lo dispone el artículo 57 del Decreto 1082, de 1955, Reglamento Orgánico de la Ley de Medicina Preventiva. De lo anterior, fue notificado el recurrente, el día 06 de noviembre de 2020, en dependencias del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Temuco, mediante acta de la Calificación y Clasificación de fecha 02.OCT.020 de la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, interponiendo con fecha 14 de octubre de 2020, el respectivo recurso de apelación en mérito de la calificación correspondiente al periodo Calificatorio 2020, de conformidad al artículo 51 del Reglamento de Calificaciones. Por su parte, con fecha 09 de noviembre de 2020, la Junta de Apelaciones teniendo a la vista la cédula de notificación del presente proceso calificatorio, donde constan los antecedentes y fundamentos que la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, tuvo en consideración para aplicar lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y por consiguiente resolver clasificarlo en Lista 3, Regular. Que, la Junta de Apelaciones luego de conocer, estudiar y evaluar su Informe de Calificación, Cédula de Notificación, Hoja de Vida Anual y Recurso de Apelación interpuesto en contra de su calificación y clasificación, por unanimidad de sus integrantes resolvió lo siguiente:

“Considerando los argumentos esgrimidos por el recurrente, relacionados con la posibilidad de calificarlo y clasificarlo aunque no haya desempeñado sus funciones por más de seis meses, se hace presente que, la facultad de determinar si los registros de una Hoja de Vida Anual, corresponden a anotaciones relevantes, es atribución exclusiva a los órganos calificadores. De la revisión de los antecedentes, a juicio de la Junta de Apelaciones, no existen anotaciones de especial relevancia que permitan efectuar una calificación y clasificación del apelante, considerando que los antecedentes positivos que registre un funcionario son meramente informativos, y no limitan las facultades de las Juntas para apreciar el comportamiento laboral de un servidor, de modo que se le pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones, aun cuando registre antecedentes positivos en el periodo a evaluar. Por lo señalado anteriormente, la Junta de Apelaciones coincide con el criterio utilizado por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, en lo que respecta a la evaluación de su desempeño y resolvió por unanimidad de sus integrantes RECHAZAR el recurso interpuesto, quedando definitivamente clasificado en Lista 3, Regular. Se informa además que, no se hará efectivo su alejamiento de la Institución, conforme a las condiciones y los plazos establecidos en el artículo 66, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, de acuerdo a los dispuesto en la Ley N° 6.174, toda vez que el Sr. nombre reservado, registra 223 días de licencias médicas acogido a la ley de medicina preventiva y su reglamento, debiendo conservar su ocupación y teniendo derecho a gozar de subsidio-reposo durante el reposo preventivo y hasta seis meses después que la Comisión Medicina Preventiva, lo dé de alta, declarándolo capacitado para el trabajo, según lo dispone el artículo 57 del Decreto 1082, de 1955, Reglamento Orgánico de la Ley de Medicina Preventiva.”

Cita el recurrido, entre otras normas, el artículo 56 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el cual indica que el funcionario que por cualquier causa no hubiere desempeñado efectivamente su cargo por un lapso superior a seis meses, no será calificado; ergo, ello equivale a decir que la norma exige para calificar a un funcionario, que éste haya ejercido efectivamente su cargo durante un lapso de tiempo que no pueda ser inferior a los seis meses. Se estima que la expresión “trabajo efectivo” que emplea la norma reglamentaria antes citada, es equivalente a la de “ejercicio efectivo del cargo” que emplea la norma legal del Estatuto del Personal. En cuanto a los requisitos que deben cumplirse para que un funcionario que no ejerció efectivamente su cargo durante un lapso superior a los seis meses, pueda ser calificado, conforme a las exigencias normativas que en tal sentido señala la norma contenida en el artículo 56, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, reiterada en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones, debe tenerse presente que, conforme a lo razonado por la Contraloría General de la República, entre otros, en el dictamen N° 40, de 2019, ello será posible cuando, se verifique lo siguiente: “conforme con lo prescrito en el mencionado artículo 5°, para poder modificar la calificación de un empleado que puede conservar la anterior, se requiere que en la hoja de vida anual existan anotaciones relevantes, esto es, antecedentes de importancia y significativos que den a entender o conocer con precisión actuaciones destacadas o reprochables de aquellos, requisito que no se satisface al aludir por el pertinente órgano evaluador, a los sucesos que permitirían imponerle al interesado una sanción disciplinaria, toda vez que tal acontecimiento, en armonía con lo manifestado en el dictamen N° 42.265, de 2016, de este origen, no se trata de un dato que dé a conocer con precisión una conducta reprochable del afectado, pues la propuesta de castigo, en la instancia de apelación deducida por aquel, pudo eventualmente quedar sin efecto”. Sobre el caso particular, y según consta en antecedentes, durante el periodo calificatorio 2019-2020, el Sr. nombre reservado, se encontraba acogido a reposo preventivo, sin existir antecedentes de importancia o anotaciones relevantes que hicieran modificar sus calificaciones, razón por lo cual fue calificado conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, esto es manteniendo el periodo de calificación anterior.

En lo referente a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, señala que en relación a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 C.P.R.), es menester tener en consideración lo señalado en una oportunidad previa por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia dictada a propósito del Recurso de Protección Nº 28.865-2016, razonamiento plenamente aplicable al caso de autos, la cual indica: “Undécimo: Que, como corolario, procede descartar la ilegalidad invoca en los términos expresados con antelación, como, asimismo, una supuesta arbitrariedad, pues, no se ha constatado en la situación sub lite la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder del recurrido, al no advertirse una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen. No puede dejar de apuntarse en relación con este tópico que para que pudiese alegarse la existencia de una discriminación arbitraria en el trato que se le ha dado a la actora debió la recurrente acreditar que, pese a encontrarse en idéntica situación que otro, recibió un trato diferenciado que la perjudica, cuestión que no se reclamó y mucho menos se justificó”. En virtud de lo anterior, dado que se ha invocado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, debió acreditar el recurrente cómo pese a encontrarse en una situación idéntica a otra persona, recibió por parte de la autoridad un trato diferenciado que lo perjudicó, cuestión que no sucedió, ya que no se advierte algún caso igual mencionado en recurso de protección, en que se haya tratado a otra persona de manera diferente. Sobre el mismo, es preciso indicar que es requisito esencial para impetrar la vulneración del artículo 19 N° 2 que exista un trato desigual en circunstancias iguales. Por su parte, en relación a la supuesta vulneración al debido proceso (artículo 19 N° 3 C.P.R.), expone la recurrida que en el caso, se han cumplido con cada uno de estos elementos del debido proceso administrativo, por cuanto no se vislumbra que se haya vulnerado dicha garantía constitucional, ya que, durante el proceso calificatorio referido se cumplieron con las etapas que la reglamentación contempla, permitiéndole hacer efectiva toda su defensa, al presentar los recursos que flanquea la reglamentación respectiva.

Concluye entonces que a la luz de los antecedentes expuestos, en ningún caso se ha verificado vulneración alguna a las garantías tuteladas por el recurso de protección, sino que por el contrario, la Policía de Investigaciones de Chile sólo ha dado fiel cumplimiento al proceso de calificatorio y clasificatorio establecido por la ley, el cual se encuentra reglado en el Estatuto del Personal y Reglamento de Calificaciones de la institución. En el mismo orden de ideas, estima que la norma del artículo 61, del Decreto N° 1.082, de 1955, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Ley N° 6.174, no presenta contradicción alguna con aquella que se contiene en artículo 56, del D.F.L. N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Ello, por cuanto a diferencia de lo que argumenta el recurrente, la primera de las normas citadas, reconoce como excepción a la ficción de considerar como tiempo trabajado aquel en que la persona esté sometida a reposo preventivo, aquellas situaciones en que la ley exija trabajo efectivo, que es, precisamente lo que exige, a contrario sensu de su redacción, la norma que contiene el precitado artículo 56 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, reiterado en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones.

Tercero: Que a folio 18, informa el abogado Marco Antonio San Juan Torres, abogado, en representación convencional del recurrido don nombre reservado, Jefe de la Región Policial de la Araucanía, en idénticos términos al informe precedentemente expuesto, añadiendo únicamente la alegación sobre extemporaneidad de la acción de protección, fundada en que en el cuerpo de su recurso, se impugna una serie concadenada de actos administrativos que califica de “ilegales y arbitrarios” que tienen su origen en los pertinente procesos de calificación de que fue objeto correspondientes a los periodos 2018-2019 y 2019-2020, es decir, se recurre en contra de los periodos calificatorios de que fue objeto el recurrente a partir del mes de agosto del año 2018, con lo cual, el plazo para recurrir se encuentra absolutamente trascurrido, razón por la cual la presente acción debe ser desechada.

Se acompaña al recurso: 1. Informe de Calificación número 1851. Periodo 01/08/2016-31/07/2017; 2) Informe de calificación número 1971. Periodo 01/08/ 2017-31/07/2018; 3) Hoja de vida y calificación número 500. Periodo 01/08/2019- 31/07/2020; 4) Constancia de notificación de 26 de marzo del 2021; 5) Radiograma 206 de fecha 24 de marzo del 2021; 6) Carta de Servicio de fecha 5 de abril de 2021; 7) Acta de nombre reservado de 31 de marzo del 2021; 8) Copia de la cédula de identidad de su abogada para acreditar su calidad de tal.

Por su parte, las recurridas acompañan 1) Informe Trimestral, de fecha 15.JUL.020, del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco; 2) Resolución N° 538, de fecha 24.JUN.020, de la Comisión Médica de Medicina Preventiva de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.; 3) Informe Trimestral, de fecha 15.ABR.020, del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco; 4) Resolución N° 227, de fecha 18.MAR.020, de la Comisión Médica de Medicina Preventiva de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; 5) Resolución N° 226, de fecha 18.MAR.020, de la Comisión Médica de Medicina Preventiva de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; 6) Informe Trimestral, de fecha 15.ENE.020, del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco; 7) Recurso de Apelación, de fecha 14.OCT.020, dirigido a la Honorable Junta de Apelaciones de Oficiales Superiores y Jefes; 8) Acta de Notificación de Calificación y Clasificación, de fecha 06.OCT.020, del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco; 9) Notificación de Calificación y Clasificación Lista 3, de fecha 02.OCT.020, de la Junta Calificadora de Oficiales Jefes y Superiores; 10) Notificación de Calificación y Clasificación Lista 3, de fecha 09.NOV.020, de la Junta de Apelaciones; 11) Rectifica acta de notificación respeto a recurso de apelación interpuesto en contra de su calificación y clasificación, de fecha 20.NOV.020.

Cuarto: Que la vista del recurso tuvo lugar el día 30 de junio del año en curso, a la cual comparecieron los abogados de las partes quienes expusieron lo concerniente a sus derechos.

Quinto: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que estimándose que la resolución recurrida es de aquellas que producen efectos permanentes respecto del recurrente, se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por el abogado Marcos San Juan Torres.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes precedentemente expuestos es posible determinar que el acto que el recurrente estima arbitrario e ilegal a su respecto, es la resolución adoptada por la Junta de Apelaciones de la Institución en cuanto rechazó su recurso y mantuvo su calificación en Lista 3, Regular; y que como consecuencia de ello, se le incluyó en la Lista Anual de Retiro, decisión que había sido adoptada en forma previa por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

Octavo: Que para resolver el presente recurso cabe tener en consideración los siguientes antecedentes:

1.-Que el recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile que con fecha 01 de febrero de 1994, ocupando durante su desempeño en la Institución diversos cargos y múltiples funciones en el quehacer policial.

2.- Que con fecha 26 de marzo del 2021, fue notificado del Radiograma 206 del 24 del mismo mes y año, mediante el cual la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI le comunica el retiro de la institución a contar del 2 de abril del año en curso, conforme al proceso calificatorio 2020.

3.- Que por el periodo que va entre el 1 de agosto del 2017 al 31 de julio del 2018, fue calificado con nota 6,41 y clasificado en lista 3, producto de una sanción disciplinaria por hechos acaecidos en enero del 2017.

4.- Con fecha 26 de noviembre del año 2018, sufrió un infarto agudo al miocardio, ante lo cual la Honorable Comisión de Medicina Preventiva le indicó reposo preventivo hasta el 30 junio del 2019, por tratarse de una patología contemplada en la Ley 6.174.

5.- Que encontrándose en reposo médico, fue notificado que sería ingresado al escalafón de complemento, de lo cual solicitó reconsideración, la que fue rechazada el 26 de marzo del 2019, apelando de dicha decisión a la Junta de Apelaciones, la que rechazó el recurso, siendo notificado del ingreso al referido escalafón el 28 de mayo del 2019.

6.- Que con fecha 01 de agosto del mismo año fue calificado por su jefe directo con “artículo 5” por el periodo que va entre el 1 de agosto del 2018 al 31 de julio del 2019.

7.- Que con fecha 27 de septiembre del mismo año, la Junta de Oficiales Superiores y Jefes resolvió clasificarlo en lista 3, manteniendo la calificación de “artículo 5”, resolución de la cual apeló ante la Junta de Apelaciones de la institución, la que con fecha 6 de diciembre del 2019 rechazó el recurso dejando firme la decisión de la Junta de Oficiales antes referida.

8.- Que el 22 de enero del 2020, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica, producto de un nuevo infarto agudo al miocardio, y se dispuso a su respecto reposo preventivo entre el 22 de Enero y el 30 de Septiembre de 2020.

9.- Que en el proceso de calificación y clasificación, que va del 1 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020, nuevamente fue calificado con “artículo 5”, resolviendo la Junta de Oficiales Superiores y Jefes incluirlo nuevamente en lista 3, con “artículo 5”, apelando de dicha resolución, recurso que fue rechazado nuevamente por la Junta de Apelaciones, agregando en su decisión que no se aplicaría lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 1 de 1981 debido a que había permanecido 223 días con reposo preventivo.

10.- Que con fecha 24 de marzo del año en curso, fue informado de su alejamiento de la Institución a partir del día 2 de abril de 2021, comunicación efectuada a través del Radiograma 206, del 24 de marzo del año en curso.

Noveno: Que de lo anteriormente señalado es posible apreciar que en el proceso calificatorio del actor, la recurrida ha aplicado a cabalidad la normativa establecida por el Reglamento de Calificaciones de la Institución, aprobado por Decreto Supremo N° 28, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional y que el recurrente ejerció oportunamente los recursos legales respecto de las decisiones adoptadas a su respecto ante la Junta de Apelaciones respectiva, siendo éstos rechazados por aquella.

Décimo: Que el artículo 5° del Reglamento aludido por el recurrente, establece: “Los funcionarios que por cualquier causa no desempeñaren efectivamente sus empleos por un lapso superior a 6 meses en el período de calificación, no serán calificados y conservarán la clasificación del año anterior salvo, que en su Hoja de Vida Anual existan anotaciones relevantes en el período trabajado que conduzcan a la Junta Calificadora respectiva a modificar su calificación, lo que deberá hacerse mediante resolución fundada”.

Undécimo: Que la Junta de Apelaciones de la Institución, para rechazar el recurso del actor, refirió: “Considerando los argumentos esgrimidos por el recurrente, relacionados con la posibilidad de calificarlo y clasificarlo aunque no haya desempeñado sus funciones por más de seis meses, se hace presente que, la facultad de determinar si los registros de una Hoja de Vida Anual, corresponden a anotaciones relevantes, es atribución exclusiva a los órganos calificadores. De la revisión de los antecedentes, a juicio de la Junta de Apelaciones, no existen anotaciones de especial relevancia que permitan efectuar una calificación y clasificación del apelante, considerando que los antecedentes positivos que registre un funcionario son meramente informativos, y no limitan las facultades de las Juntas para apreciar el comportamiento laboral de un servidor, de modo que se le pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de Calificaciones, aun cuando registre antecedentes positivos en el periodo a evaluar. Por lo señalado anteriormente, la Junta de Apelaciones coincide con el criterio utilizado por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, en lo que respecta a la evaluación de su desempeño y resolvió por unanimidad de sus integrantes RECHAZAR el recurso interpuesto, quedando definitivamente clasificado en Lista 3, Regular. Se informa además que, no se hará efectivo su alejamiento de la Institución, conforme a las condiciones y los plazos establecidos en el artículo 66, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, de acuerdo a los dispuesto en la Ley N° 6.174, toda vez que el Sr. nombre reservado, registra 223 días de licencias médicas acogido a la ley de medicina preventiva y su reglamento, debiendo conservar su ocupación y teniendo derecho a gozar de subsidio-reposo durante el reposo preventivo y hasta seis meses después que la Comisión Medicina Preventiva, lo dé de alta, declarándolo capacitado para el trabajo, según lo dispone el artículo 57 del Decreto 1082, de 1955, Reglamento Orgánico de la Ley de Medicina Preventiva.”

Duodécimo: Que de lo anterior emana que en el caso sub-lite, se realizó un proceso calificatorio fundado en la normativa que rige para la Institución; que el actor ejerció respecto de las decisiones adoptadas, todos los recursos administrativos disponibles para impugnarla; y, que la decisión adoptada por la Junta de Apelaciones se encuentra debidamente fundada.

Décimo Tercero: Que este Tribunal de Alzada, en el contexto de un recurso de protección, no se encuentra facultado para ordenar a la Institución recurrida que proceda a realizar una nueva sesión calificatoria, como lo pretende el recurrente.

Décimo Cuarto: Que, no observándose que el actuar de la recurrida haya afectado las garantías constitucionales que el actor estima vulneradas, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese.

Redactó la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-1383-2021 (pvb).