nombre reservado con PAYBACK LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos nombre reservado, Abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado, para estos efectos, en domicilio reservado, región de la Araucanía, por sí mismo, a V.S. Iltma. respetuosamente digo:

Que, estando dentro de plazo, vengo ante este Ilustrísimo Tribunal en ejercicio del derecho que me confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, a interponer Recurso de Protección en contra de: Uno) RIPLEY CHILE S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº99.530.250-0, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, factor de comercio, ambos con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, pasaje interior, piso 4, de la comuna y ciudad de Santiago región Metropolitana; Dos) SOCIEDAD CAR S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº83.187.800-2, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, factor de comercio, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, región Metropolitana; Tres) BANCO RIPLEY S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº97.947.000-2, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, factor de comercio, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, región Metropolitana; Cuatro) RIPLEY CORP S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº99.579.730-5, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, factor de comercio, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, región Metropolitana; y, Cinco) SOCIEDAD DE COBRANZAS PAYBACK LIMITADA, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, rol único tributario Nº77.360.390-1, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, factor de comercio, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, región Metropolitana; por las graves vulneraciones de garantías constitucionales que me amparan, actos ilegales y arbitrarios que vulneran los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce al recurrente, en especial los señalados en el artículo 19 en sus números: 1 “Derecho a la integridad psíquica”; 4 “Derecho a la Vida Privada”; y 7 “Derecho a la Libertad de Autodeterminación como forma de la Libertad Personal”, solicitando que se acoja el presente Recurso de Protección, tomando aquellas medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, en mérito de las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho, que a continuación expongo:

I. Aspectos procesales.

1. Procedimiento El artículo 20 de nuestra carta magna señala en lo pertinente: “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3°, inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquier persona a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado…”.

Por lo que la Acción de protección y su procedimiento establecido en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema N°94-2015, son el procedimiento a seguir.

2. Competencia Conforme lo dispone el numeral 1°, del Acta N°94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema:

“1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal”.

La comuna y ciudad de Temuco, por ser el lugar donde se contrató con las demandadas, sin perjuicio de que, además, es ahí donde resido y en donde se reciben las permanentes llamadas y amedrantamientos.

3. Plazo El presente recurso se encuentra interpuesto dentro del plazo señalado por el Auto Acordado N°94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema:

“…dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos,desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Los hechos ocurridos a partir del mes de mayo de 2023, aproximadamente, privaron, perturbaron y amenazaron mis garantías constitucionales, ya que en esa fecha se inicia la interminable persecución telefónica.

Sin perjuicio de ello, se mantiene de forma permanente la perturbación, amenaza y violación a mis garantías constitucionales, porque desde la fecha señalada, continua vigente el acto o perturbación de los derechos que se dicen amenazados, ya que a la fecha aún no cesa.

4. Legitimidad Activa El artículo 2°, del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone:

“El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico.”

Así las cosas, cuento con legitimación activa para la interposición del presente recurso.

II. Antecedentes.

1. La participación de las empresas demandadas dentro de las Empresas Ripley La empresa Car S.A. es una empresa subsidiaria del Banco Ripley y de apoyo al giro bancario, encargada asimismo de gestionar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cliente del Banco Ripley y las Tiendas Ripley, o dicho de otro modo, se encarga del cobro de las deudas del Banco Ripley y Tiendas Ripley, siendo todas las empresas parte del conglomerado de “Empresas Ripley”, y donde participa en la dirección del mismo, la denunciada Ripley Corp S.A., igualmente, y sin perjuicio de pertenecer a diversas personas jurídicas de dicha realidad empresarial, todos se identifican con el logo de la marca RIPLEY, de manera que de imponerse la primacía de la realidad, todas las empresas denunciadas constituyen una misma empresa. Dentro de las empresas Ripley, el rol de la Sociedad CAR S.A., es exclusivamente la cobranza.

Ahora bien, y tal como se señalará más adelante, esta parte desconoce cuál de todas las empresas pertenecientes a este conglomerado son las ejercen las funciones de cobranza, debido a que se registran cientos de números distintos para llevar a cabo tal fin, sin perjuicio de que la tarjeta contratada se denomina “Tarjeta Ripley MasterCard”, la que al parecer pertenece a Banco Ripley.

2. Síntesis de los hechos En primer lugar, debo señalar que durante el año 2022 adquirí una tarjeta de crédito en la tienda Ripley, ubicada en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Temuco, región de la Araucanía, denominada “Tarjeta Ripley MasterCard”, N° de Cuenta: XXXXXXXXXXXX4439. Para la adquisición del mencionado plástico, no hubo mayores formalidades por parte de las recurridas, bastando el hecho de que, al haber efectuado una compra en la tienda, ya calificaba para ser acreedor de la mencionad Tarjeta. En cuanto contrato en si mismo, no recibí copia de este, y sólo tuve que confirmar un par de datos y luego proporcionar mi huella dactilar.

La principal razón de la adquisición de la mencionada tarjeta, era para obtener “los beneficios” asociada a esta, beneficios que nunca pude hacer efectivos ya que al adquirirla me empiezan a comentar la serie de inconvenientes que traía aparejado el uso de la Tarjeta, como intereses usureros, mantención, un cupo sumamente limitado, entre otras cosas.

Por lo mencionado dicha tarjeta no tuvo movimiento, hasta que tuve que un amigo con complicaciones económicas tuvo que hacer uso de la misma.

Al principio se utilizaba el cupo, para pagarlo en una cuota al mes siguiente, situación que con los meses fue imposible de mantener, dado que los intereses aparejados hicieron que la deuda fuese incluso mayor que el cupo otorgado. Se hace presente que la tarjeta tenia un cupo de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos), sin perjuicio de que a la fecha la deuda duplica el cupo inicial. Ahora bien, aproximadamente en el mes de mayo del presente año, no se pudo seguir cumpliendo con las obligaciones de pago, lo cual trajo aparejado, inmediatamente, el hostigamiento para el cobro de la tarjeta Así las cosas, he sido objeto de un constante acoso vía llamadas telefónicas, ya que mi número ha sido utilizado desde hace algún tiempo para efectuar cobros por deudas impagas. El número al cual han realizado hostigamiento es el +56992971821.

Como se mencionó anteriormente, me he visto perturbado producto de un persistente y abusivo acoso telefónico que data desde hace algunos meses y que en el último tiempo se ha acrecentado de forma arbitraria, a través de llamados telefónicos y mensajes de texto a todas horas del día, tanto en horas de trabajo como en horas de descanso. A mayor abundamiento, las llamadas no respetan horario ni días hábiles.

Los llamados antes referidos, tienen como propósito compelerme a realizar pagos de una deuda con el conglomerado, cobranza que partió de manera esporádica y gentil por parte de Ripley, pero que se ha tornado en una forma de invasión a mi vida y privacidad. Este acoso telefónico que he sufrido lleva un prolongado tiempo hasta la actualidad, intensificando la habitualidad de los llamados telefónicos, llegando a recibir 12 llamadas diarias y en todo horario desde las 8 horas hasta pasadas las 19 horas, lo cual atenta gravemente contra mi integridad psíquica, ya que mi teléfono celular es mi herramienta principal de trabajo, por lo que el permanente acoso ha impedido poder atender debidamente aquellas llamadas que resultan fundamentales para mi desempeño laboral. Por otra parte, necesito como todo ser humano descansar y vivir en paz.

Aparentemente lo que pretende la empresa es acabar mi tranquilidad, manteniéndome en un estado de alera y preocupación permanente, o derechamente, a que deba terminar con el servicio telefónico contratado, especialmente, con el numero asociado, el cual es mi herramienta de trabajo.

En plena concordancia con lo anterior, he debido bloquear en innumerables ocasiones todos los números que utilizan estas empresas, quienes han adoptado una actitud matonesca para realizar los cobros de deudas impagas, pero de igual forma los llamados siguen realizándose a toda hora del día e incluso en reiteradas oportunidades he contestado para responder y que por favor no sigan insistiendo, que esta situación me tiene colapsado y estresado, teniendo como respuesta de parte de los operadores del Call Center que ellos no pueden hacer nada, lo cual escapa a la racionalidad. Asimismo, existen casos en que contesto el teléfono, aludiendo que es número equivocado y transcurridos cinco minutos vuelen a llamarme y así sucesivamente extendiéndose en el tiempo, lo cual constituye un grave perjuicio y atenta directamente contra mi integridad psicológica, ya que los llamados se producen en mis jornadas de trabajo, días libres, horas de descanso, mientras almuerzo, me encuentro en el baño, durmiendo o realizando cualquier actividad, incluso en audiencias, lo que ha llevado a que la situación se haga realmente insostenible e intolerable, traspasando cualquier racionalidad material o jurídica. A mayor abundamiento, tuve que descargar una aplicación para poder identificar los cientos de números nuevos que me llamaban, identificador que arrojo que se trataba de Ripley o de sus afiliados. Los avisos eran mas o menos así:

Sin ir más lejos, en un otrosí de esta presentación se acompañan las fotocapturas de los números que he tenido que bloquear, pertenecientes al conglomerado, los que a la fecha superan los 350 números telefónicos.

Tan tormentosa e insostenible ha sido esta situación, que incluso en un solo día, y como se acreditará posteriormente, han llegado a llamar 12 veces, existiendo una diferencia entre cada llamada de 5 a 10 minutos aproximadamente para continuar con el hostigamiento. La forma de intimarme e intimidarme se ha manifestado en un acoso constante y abusivo, tanto por llamadas telefónicas que son las más frecuentes y también mediante mensajes de texto por parte de los agentes u operadores que se identifican como representantes de Ripley, los que llaman, por regla general a través de distintos números y a distintas horas del día como se mencionó anteriormente, cuya finalidad es que se pague una deuda que ellos señalan, pero que de existir, el recurrido tiene la vía legal para obtener el cumplimiento o pago de la deuda.

III. Del actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

La conducta de las recurridas reúne simultáneamente la calidad de ilegal y arbitraria, si bien, como sabemos, bastaría con una u otra para que el presente recurso de protección fuese acogido.

La ilegalidad de la conducta de la recurrida, como ya lo hemos adelantado, emana del acto de la recurrida por cuanto esta, mediante la autotutela, realiza una constante persecución y hostigamiento, para la obtención de sus fines. El centro de esta problemática está marcado por la necesidad de, existiendo un conflicto, acudir a un tercero para que sea él quien despojado de otros intereses lo solucione. De lo contrario, una parte impondrá su decisión a la otra tomándose la justicia por su propia mano y, si bien es cierto que no determina automáticamente el uso de la fuerza física, el ejercer presión y hostigamiento es también una forma de forzar a alguien para la obtención de un fin.

La autotutela, no siendo exclusivamente el uso de la fuerza , está prohibida porque genera injusticia material la posición de sometimiento de una parte sobre la otra . Sería una característica destacable, más allá de la violencia.

Estamos ante un hecho en que claramente ha existido un ejercicio abusivo del derecho.

En este contexto, cobra fuerza el concepto de stalking, de origen anglosajón, que traducido al español alude a la acción de acechar, caminar sigilosamente, o la observación de la presa por parte del cazador. Se entiende como un patrón de amenaza o acoso anormal o de larga duración dirigida específicamente a un individuo. Westrup y Fremouw señalan como características básicas del stalking las siguientes:

1. Una conducta repetitiva dirigida contra alguien.

2. La conducta no es bienvenida ni deseada por la víctima Entre las diversas manifestaciones que puede adoptar este comportamiento se pueden mencionar las siguientes: perseguir, merodear, vigilar, esperar a la víctima en lugares, aproximarse y comunicarse mediante cartas, mensajes telefónicos, llamadas telefónicas o e-mails dirigidos directamente a la persona afectada o a su entorno más próximo, encuentros repetidos no casuales, pintar el auto de la víctima, enviar regalos indeseados, encargar bienes o servicios a nombre de la víctima, allanar su propiedad, efectuar chantaje emocional o falsas acusaciones a través de internet u otros medio de comunicación, formular amenazas y, en alguna ocasión, incluso acometer o asaltar a la víctima.

Las recurridas han adoptado este tipo de hostigamiento con sus actos vulneratorios. Además, la ilegalidad de la decisión de la recurrida reside simplemente en el hecho de la ausencia de alguna ley que les autorice a actuar del modo que lo han hecho. No existen causas legales, pues esta actitud no se ajusta a derecho. Es evidente que en la especie se cumple el requisito esencial de toda acción cautelar de protección en cuanto a que el acto denunciado deba ser ilegal, esto es, contrario a la ley, según la acepción y definición contenida en el artículo 1°, del Código Civil, la cual dispone:

“La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”

Por otra parte, la conducta de las recurridas es, además, arbitraria, ya que la forma en que han materializado la cobranza judicial es completamente antojadiza, pudiendo realizar 1 o 15 llamados en un mismo día, eligiendo las recurridas los lapsos entre llamadas y los momentos en que estas se realizan.

Como S.S. Iltma. bien sabe, que un acto sea arbitrario quiere decir que sea producto del mero capricho de quien incurre en él. En efecto, y como se ha fallado reiteradamente, la arbitrariedad de un acto necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón.

En este sentido, el profesor don nombre reservado señala expresamente que arbitrario: "es el acto o proceder contrario a la justicia o a la razón, infundado o desproporcionado en relación con los fines perseguidos para la consecución de un objetivo licito y determinado" Asimismo, de los antecedentes antes descritos se ha infringido con claridad las normas contenidas en la Ley 19.946, sobre protección a los derechos de los consumidores. La normativa del artículo 3 de la Ley 19.496, sobre los derechos y deberes básicos del Consumidor, expone esta situación:

“Artículo 3°.- Son derechos y deberes básicos del consumidor:

e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea,” [Énfasis agregado] .

Por su parte, debe tenerse presente que el artículo 37, inciso 6, de la Ley N°19.496, en materia de cobranza extrajudicial, refiere:

“Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”

Por último, ha sido la Excelentísima Corte Suprema quien ha definido límites a los actos de hostigamiento, señalando:

“(…) si bien el ordenamiento jurídico permite la realización de gestiones de cobranza extrajudicial, no es menos cierto que el ejercicio de dicho derecho debe realizarse de manera racional, más aún cuando la ley regula los procedimientos necesarios para que, en caso de morosidad, los acreedores puedan ejercer legítimamente su derecho a cobrar la deuda, mediante la interposición de las acciones legales pertinentes, constituyendo la reiterada insistencia de cobrar por vía extrajudicial y telefónicamente, un ejercicio abusivo de una facultad, que deviene en arbitrariedad”.Excma. Corte Suprema en la sentencia pronunciada en causa Rol N° 69.749-2020.

En razón de lo expuesto, necesariamente debe concluirse que los actos descritos no se ajustan a derecho y son producto del mero capricho de las recurridas.

IV. Garantías constitucionales conculcadas.

Con lo expuesto precedentemente, podemos evidenciar que se están infringiendo, no sólo las normas contenidas en el Código Civil y la Ley del Consumidor, y demás normas legales pertinentes, sino que además se infringe el artículo 19 N°s 1, 4 y 7, de la Constitución Política de la República, en los siguientes términos:

1. Artículo 19, N° 1, de la CPR “Perturbación, amenaza y violación del derecho a la integridad psíquica”

La victima de stalking ve afectado, en primer lugar, su derecho a la integridad psíquica consagrado en el numeral 1° del artículo 19° de la CPR. Como primer argumento, debemos volver sobre la idea que el miedo y la angustia son consecuencias propias del stalking, un verdadero quiebre de la vida cotidiana que sufre la víctima. Lo anterior permite sostener que basta el Principio de Normalidad para tener por acreditada la afectación del derecho a la integridad psíquica.

El Principio de Normalidad es frecuentemente utilizado para tener por establecido el daño moral en consideración a determinadas circunstancias de las cuales este tipo de perjuicios fluye por la naturaleza de las cosas. Así, por ejemplo, la Corte Suprema ha explicado “que si bien es cierto que la indemnización debe ser concedida solamente en favor de aquéllas que acrediten haber sufrido real y efectivamente el daño, tratándose del daño moral -y muy particularmente en la situación que se revisa- no puede ser omitido un principio probatorio elemental en materia civil, cual es el denominado principio de la normalidad, según el cual quien alega lo normal, lo habitual, lo común u ordinario, no tiene el peso de la prueba, el que recae sobre la parte que postula lo anormal, excepcional o extraordinario.”

En consideración a lo anterior, la mayoría de la doctrina ha descartado la integridad moral como bien jurídico protegido por el delito de stalking, desde que este tipo delictivo no tiene por qué suponer necesariamente un trato denigrante, no constituyendo necesariamente un supuesto de acoso moral pero sí psicológico que produce un desequilibrio emocional.

En el ámbito nacional, la protección de la integridad psíquica también puede apoyarse en los fallos que han acogido Recursos de Protección interpuestos por vulneración a la integridad psíquica producida por llamados de cobranza efectuados en forma abusiva e insistente. Estos fallos guardan interesantes características: se declaró que las llamadas telefónicas reiteradas constituían ejercicio abusivo e irracional de una facultad, afectándose la integridad psíquica del recurrente, acogiéndose el recurso y ordenándose a la empresa de cobranza recurrida que se abstenga de seguir efectuando llamadas telefónicas al recurrente.

A pesar de tratarse de jurisprudencia relativa a materia de cobranza en contexto de Derecho del Consumidor, es jurisprudencia útil en relación al stalking. De partida demuestran cómo las víctimas de un determinado comportamiento nocivo que no tiene regulación penal, buscan tutela a través del Recurso de Protección.

En segundo lugar, se ve cómo las Cortes han brindado la protección solicitada, ordenando la abstención del hostigamiento. La Corte ha ordenando detener las llamadas, ordenando, además, cesar actos de hostigamiento provenientes de empresas de cobranza por vulnerar la integridad psíquica.

2. Artículo 19, N° 4, de la CPR “Perturbación, amenaza y violación del derecho a la Vida Privada”

El numeral 4º del artículo 19° de la CPR asegura a toda persona y su familia el respeto y protección de la vida privada y la honra, como, además, la protección de sus datos personales. Si consideramos que la víctima de stalking se ve reiteradamente rondada e invadida por contacto no deseado de parte de un tercero, ¿podríamos decir que ve afectada su privacidad?

Revisando lo que la doctrina constitucional tradicional entiende por vida privada, encontramos por ejemplo a nombre reservado para quien la vida privada se constituye por el:

“conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo”

Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional -siguiendo a nombre reservado y a nombre reservado- ha planteado que el derecho a la privacidad es la posición en la que un sujeto se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros.

Con más especificidad conceptual, nombre reservado considera la privacidad como el bien jurídico protegido, distinguiendo la noción de vida privada de la de intimidad. La vida privada consistiría en la reserva frente a terceros de ciertos hechos o actos, pero pudiendo dicha reserva ser levantada si hay consentimiento, interés público o exigencias de publicidad que hace el propio Ordenamiento Jurídico. La intimidad, en cambio, abarca aspectos tan personales que quedan sustraídos del conocimiento público o intervención de los demás por un asunto de dignidad, no pudiendo aceptarse en ningún caso una pretensión de interés público, como por ejemplo el acto sexual.En cuanto a la delimitación entre el ámbito privado y el público, tradicionalmente se sostiene que lo relevante para determinar la protección a la privacidad es el lugar, no siendo protegible lo que ocurre en un lugar público. Pero también se ha sostenido que el criterio está en la naturaleza privada de la conducta o comunicación, por lo que trasgrede la privacidad el fotografiar a una persona o grabar sus conversaciones aunque ello suceda en un lugar público.

Hasta acá lo expuesto resulta difícil relacionar stalking y vida privada desde que más allá de las diferencias que puedan haber entre las nociones de vida privada, privacidad e intimidad, y más allá de la protección de la privacidad en un ámbito público o privado, se repite un mínimo común denominador consistente en la intromisión en la intimidad de otro tomando conocimiento de aspectos que se querían mantener reservados.

El problema es que esto no es algo propio del stalking, fenómeno que para producirse no necesita que el acosador obtenga o pretenda obtener información de la víctima.

nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado explican que la vida privada e intimidad es: “el derecho a poder estar solo si uno lo desea, a mantenerse apartado de las observaciones de los demás sin ser molestado, sin intromisiones en lo más personal de su vida, es en cierta forma una emanación de la libertad personal”.

Por otro lado, para nombre reservado el concepto de vida privada está directamente vinculado al de intimidad, ámbito humano de convivencia, superación, planificación y progreso, sin la intervención o presencia de terceros.

También se ha sostenido que el derecho al respeto y protección de la vida privada tiene que ver con la: “esfera o zona de acción humana que, provista de protección constitucional, impide la interferencia de terceros a la esfera íntima de la persona, a los datos que la protegen y, a la vez, permite la autonomía individual y el autodesarrollo de la personalidad”

Interesante en este punto son las ideas planteadas por Ruth Gavison, quien considera que son tres los elementos que componen la estructura del concepto de intimidad, teniendo en común la noción de accesibilidad a la vida privada, pero con afectaciones independientes entre sí:

▪ El primer elemento se constituye por el secreto, que dice relación con la cantidad de información que se tiene sobre un individuo.

▪ El segundo se constituye por el anonimato, relacionado con la atención que se presta a una persona que pierde intimidad cuando es observada de manera no querida.

▪ El tercero se constituye por la soledad, consistente en impedir el acceso real y directo a un individuo En el mismo tenor, nombre reservado analiza las dimensiones de la privacidad que propone Daniel Solove. La cuarta dimensión, denominada “invasión”, guarda la distintiva característica de no requerir necesariamente la captación de información Esta dimensión tiene dos manifestaciones: la primera, denominada “interferencia decisional”, consiste en la interferencia efectuada sobre las decisiones personales relativas a determinadas materias de vida; la segunda, denominada “intrusión”, consiste en entrometerse en la soledad, en la reclusión de un individuo, en su tranquilidad.

En síntesis, de todos estos autores emerge una arista de la privacidad que no tiene que ver con la captación de información, sino que consiste en el simple derecho a vivir la vida, desarrollar la personalidad y tomar decisiones en forma autónoma y tranquila, sin injerencia de terceros indeseados, un derecho a la soledad, que es precisamente lo que el stalking quebranta.

Para cerrar, cabe mencionar que al ser los derechos a la intimidad y a la honra derechos personalísimos, la afectación de estos atributos inalienables acarrea normalmente una afectación psíquica, por lo que existe una relación con el derecho del numeral 1° inciso primero del artículo 19° de la CPR.

3. Artículo 19, N° 7, de la CPR “Perturbación, amenaza y violación del derecho a la Libertad de Autodeterminación como forma de la Libertad Personal” Finalmente, se debe tener presente que el stalking afecta la libertad de la víctima desde una arista particular. Pensemos en una persona que para escapar de su hostigador se ve forzada a cerrar una red social, a cambiarse de barrio o de trabajo o a tomar un camino alternativo para llegar algún lugar. En todas estas circunstancias nos encontramos frente a una persona cuya libertad para decidir y desenvolver su vida se ha visto restringida.

En razón de lo anterior, en España la mayoría de la doctrina considera la libertad de obrar como el bien jurídico afectado por la angustia y el temor que produce el stalking. A mayor abundamiento, cabe destacar que no solo el Código Penal español regula el stalking dentro de los delitos contra la libertad, sino que así ocurre igualmente en Alemania, Austria, Italia y Portugal.

En Chile, para nombre reservado la libertad personal consagrada en el encabezado del artículo 19 Nº 7 de la CPR es un derecho genérico como libertad de la persona física en cuanto ser corporal:

“es el derecho de toda persona a que los poderes públicos y terceros no interfieran en la esfera de autonomía personal, vale decir, de disponer de su propia persona y de actuar determinado por la propia voluntad sin otras limitaciones que las que imponen el medio natural, los derechos de los demás y el ordenamiento constitucional”

En conclusión, el encabezado del numeral 7° del artículo 19° de la CPR consagra una noción amplia de libertad personal que abarca la libertad para obrar en la vida en base a decisiones autónomas y libres de temores e injerencias ilegitimas de terceros como lo son las amenazas, las coacciones o los actos de stalking.

V. Conclusiones.

Frente a esta conducta injusta e ilegal, solicito a esta Ilma. Corte de Apelaciones otorgar la debida protección a los derechos constitucionales que me asisten, los que se ha visto gravemente amenazados, perturbados y derechamente vulnerados en el ejercicio de mis derechos mencionados precedentemente.

V.S. Ilma. debe evitar que las situaciones antes descritas, sigan arrogando perjuicios que pudiesen tornarse como irreparables. Procede, en consecuencia, Frente a esta conducta injusta e ilegal, solicitamos a esta Ilma. Corte de Apelaciones otorgar la debida protección a los derechos constitucionales que me asisten, los que se han visto gravemente amenazadas, perturbadas y derechamente vulnerados.

En definitiva SS. Ilma., y como se ha explicado detalladamente, en la especie concurren todos y cada uno de los requisitos de procedencia de la acción cautelar que por este acto interpongo, circunstancia que por su propio mérito conlleva que el presente recurso deba ser acogido.

Pide tener por interpuesto Acción de Protección en contra de: Uno) RIPLEY CHILE S.A.; Dos) SOCIEDAD CAR S.A.; Tres) BANCO RIPLEY S.A.; Cuatro) RIPLEY CORP S.A.; y, Cinco) SOCIEDAD DE COBRANZAS PAYBACK LIMITADA; acogerlo, y en definitiva adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, resolviendo:

1. Disponer que se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

2. Que se asegure la debida protección a las garantías constitucionales infringidas.

3. Que cesen todos los actos abusivos, ilegales y arbitrarios precedentemente señalados.

4. Que se ponga término al permanente hostigamiento efectuado por Ripley, cualquiera sea su denominación, ya sea por sí misma, o a través de empresas relacionadas, o por encargo a terceros, ordenándoles cesar con cualquier tipo de cobro extrajudicial, por cualquier vía que estos intenten, poniendo termino al constante y abusivo acoso telefónico y toda forma de comunicación de la cual he sido objeto, en especial, aquellas llamadas efectuadas al teléfono teléfono reservado. O lo que V.S. Iltma. estime pertinente y necesario, conforme al mérito del proceso.

A folio 11 y 12 Cristóbal J. Bock Soto, abogado en representación de Banco Ripley S.A., CAR S.A y Sociedad de Cobranzas Payback Ltda evacua informe y señala lo siguiente:

Consideraciones para el rechazo del Recurso de Protección.

� a).- Extemporaneidad del recurso de protección. En primer lugar, y sin perjuicio de que controvertiremos todo lo expuesto por el actor, excepto la existencia de la deuda que dejó de pagar sin mayor argumento, cabe señalar que la presentación contraria hace referencia reiterada a que estas supuestas llamadas y conductas de acoso habrían iniciado hace varios meses, de manera absolutamente indeterminada.

� En este sentido, el Auto Acordado N°94-2015 Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece en claros términos que este debe interponerse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”. Así las cosas, es evidente que el recurso de protección ha sido interpuesto fuera de plazo, por lo que debe rechazarse, según creemos respetuosamente.

1. Cualquier otra medida que S.S.I. estime pertinente instruir.

2. Que se condene expresamente en costas a la recurrida, para el caso de oposición.

b) Falta de fundamentos del recurso de protección.

Cabe señalar a S.S.I. que, según creemos respetuosamente, el presente recurso debe ser desestimado por carecer de los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para poder prosperar.

En primer lugar, es menester precisar que esta parte controvierte todo lo expuesto por el actor en la presente causa, con excepción de la existencia de la deuda, que él mismo reconoce.

De este modo, según V.S.I. puede apreciar, no existe antecedente alguno en que se funde la acción, pues mi representada actúa amparada por la ley y bien puede ejercer labores de cobranza extrajudicial dentro de los parámetros establecidos por la misma.

En este orden de ideas, cabe señalar que mi representada ha dado estricto cumplimiento a la Orden de No Innovar, en el sentido de cesar con cualquier tipo de cobro extrajudicial al teléfono teléfono reservado.

Por otro lado, cabe señalar que el recurrente acompaña impresiones de pantalla de su teléfono celular que, a su juicio, emanarían de “Ripley”, a lo que él, sin sustento jurídico o fáctico considera como una sola entidad, sin perjuicio de que resulta imposible afirmar que los números enlistados sean llamados de mi representada. En este sentido, no existen hechos y derechos indubitados más allá que la existencia de una deuda que el recurrente decidió dejar de pagar, incumpliendo así las obligaciones contractuales que también reconoce.

Por los argumentos que ya se expusieron en este escrito y lo que sostiene el recurrente, no se logra demostrar vínculo alguno entre las supuestas comunicaciones de mi representada con el daño sicológico del actor, ni menos como esto daña el derecho de vida privada y aún menos de autodeterminación que sostiene el actor, se habría perturbado.

Aún más, resulta incomprensible que, ante esta supuesta situación, el recurrente no se haya puesto en contacto con mi representada o haya manifestado su disconformidad con las llamadas, -o al menos no lo expresa-, optando derechamente interponer un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, constituyendo un hecho público y notorio, la gran carga judicial.

Así las cosas, del relato de su presentación, se extrae que mi representada hostigaría y acosaría al actor, cuestión que controvertimos expresamente.

Finalmente, cabe mencionar que mi representada constituye una empresa consolidada, con un gran nivel de tecnicismo y profesionalización, en los procesos de cobro son prácticamente automáticos, siempre ajustados a los parámetros legales y jurisprudenciales.

c) Inexistencia de supuestos que deben concurrir para la procedencia del Recurso de Protección:

La Constitución Política de la República ha contemplado el Recurso de Protección en su artículo 20°, en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías, que en dicho precepto se enumeran, disponiendo que bajo estos supuestos el afectado podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

A mayor abundamiento, mi representada no ha actuado de manera ilegal alguna, pues en caso de que hiciera cobro de una deuda, mal podría llamarse a una simple cobranza extrajudicial, escasamente acreditada con los documentos que acompaña el recurrente en su presentación, un acoso u hostigamiento.

Ahora bien, las gestiones de cobranza extrajudicial que realiza mi representada, son ajustadas a derecho. Incluso, en algunos casos, la propia ley le ordena realizar ciertas acciones de cobranza e información:

Así, el artículo 37° de la ley Nº 19.496 en su letra g) números 4 y 5, en lo pertinente prescribe:

“Artículo 37: En toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la siguiente información:

G) Los efectos del incumplimiento del crédito concedido y los efectos procesales del ejercicio de la acción ejecutiva en los casos que corresponda, tales como el embargo, el retiro y remate de bienes, entre otros, de conformidad al reglamento.

4.- En el caso que sean aplicables costos o gastos de cobranza, la mención expresa de éstos, su monto, causa y origen de conformidad a la ley, así como también de los impuestos, de los gastos notariales, si los hubiere, y de cualquier otro importe permitido por la ley;

5.- La posibilidad de pagar la obligación adeudada o las modalidades de pago que se ofrezcan.” (énfasis provisto).

Por su parte, la cobranza extrajudicial constituye un imperativo en los términos de la Circular 24 del año 2008 del Servicio de Impuestos Internos:

3) Que respecto de ellos se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

En consideración a las prácticas usuales de mercado se estimará que se han agotado prudencialmente los medios de cobro para efectos del castigo, cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones o requisitos según los tramos que se indican:

b) Créditos incobrables cuyo monto al término del ejercicio, por cliente excede de 10 Unidades de Fomento y no superen las 50 Unidades de Fomento.

Para este rango, el contribuyente deberá acreditar las siguientes condiciones:

i) Que se trate de créditos morosos sobre los cuales se hayan ejercido dentro de los plazos de prescripción en forma uniforme y diligente las acciones o medios necesarios conducentes a obtener el cumplimiento de la obligación;

ii) Acreditar que las acciones o medios necesarios conducentes a obtener el cumplimiento de la obligación son razonables de acuerdo a la cuantía de la deuda o la relación comercial que se tenga con el deudor. Para tal efecto el contribuyente deberá acreditar el sistema de cálculo de los gastos que genere la cobranza extrajudicial de los créditos impagos, incluidos los honorarios que corresponda, y las modalidades y procedimientos de dicha cobranza y que estos corresponden a parámetros razonables de mercado.

iii) Acreditar que se han agotado prudencialmente los medios de cobro. Para estos efectos se deberá acreditar copulativamente:

a) Haberse cumplido lo señalado en el punto iii) de la letra a) anterior;

b) Acreditar haber ejecutado procedimientos de cobranza extrajudicial de acuerdo a las prácticas corrientes utilizadas en el comercio para la recuperación de la deuda, lo que será evaluado considerando los siguientes aspectos:

- Política formal de cobranzas en la empresa razonables y permanentes en el tiempo - Correspondencia de las políticas con los procedimientos aplicados.

- La capacidad de medios y patrimonio de la estructura de cobranzas interna o externa que permita cumplir las políticas de cobranza.

iv) Haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales.

La empresa acreedora que ha procedido a castigar un crédito por cumplir las condiciones antes mencionadas, deberá llevar como respaldo de dicho castigo por cada cliente, ya sea una carpeta física o registro electrónico con todos los antecedentes cronológicos del cliente moroso, las gestiones realizadas y resultados que justifican el mencionado castigo. En el evento que las gestiones de cobranza sean encargadas a una tercera empresa, se deberá contar con un certificado emitido por la empresa mandataria en el que conste que realizadas las gestiones prejudiciales, el crédito no ha podido ser recuperado. (énfasis provisto).

Es importante señalar que el Servicio de Impuestos Internos es muy riguroso a la hora de considerar que las diligencias llevadas a cabo para agotar prudencialmente los medios de cobro, por lo que estas deben ejecutarse con un muy alto estándar de evaluación.

En relación con la supuesta vulneración a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y autodeterminación, cabe señalar que no se vislumbra la manera en que mi representada habría provocado esta afectación que se le imputa por el solo hecho de cobrar una deuda. En ninguna circunstancia consta en autos que aquello haya sido realizado en un horario irregular. Incluso, en las capturas de pantalla que acompaña, sólo se indican número aleatorios que habrían sido bloqueados por el actor, sin identificación y sin siquiera horarios de llamadas, algo que resulta de fácil acreditación -a modo ejemplar, con exhibir el listado de llamadas pérdidas-.

De este modo, mi representada controvierte y niega expresamente cualquier afectación a los derechos del recurrente.

En síntesis, resulta improcedente estimar que mi representada ha vulnerado los derechos de la actora en cualquier modo.

d) Conclusiones De lo señalado anteriormente queda de manifiesto que el recurso de autos no cumple con todas las exigencias previstas por el artículo 20° de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, habiéndose dado por parte de mi representado estricto cumplimiento a lo ordenado por V.S.I., evacuando el informe correspondiente, solo cabe que se rechace el recurso en contra de mi representada con expresa condena en costas.

Pide tener por evacuado en tiempo y forma el informe solicitado en el presente Recurso de Protección, por parte de Banco Ripley S.A. y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, en lo que a mi representado respecta, con expresa condena en costas.

A folio 13 y 14 Sebastián R. Bock Soto, abogado, en representación de Ripley Chile S.A. y Ripley Corp. S.A. evacua informe, señala lo siguiente:

Consideraciones para el rechazo del Recurso de Protección a) Extemporaneidad del recurso de protección.

En primer lugar, y sin perjuicio de que controvertiremos todo lo expuesto por el actor, excepto la existencia de la deuda que dejó de pagar sin mayor argumento, cabe señalar que la presentación contraria hace referencia reiterada a que estas supuestas llamadas y conductas de acoso habrían iniciado hace varios meses, de manera absolutamente indeterminada.

En este sentido, el Auto Acordado N°94-2015 Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece en claros términos que este debe interponerse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Así las cosas, es evidente que el recurso de protección ha sido interpuesto fuera de plazo, por lo que debe rechazarse, según creemos respetuosamente.

b) Falta de legitimación pasiva.

De manera solo enunciativa, realizamos una negativa categórica y general respecto de todos los hechos presuntamente realizados por mi representada, que estarían relacionados con la presunta información de deudas por Ripley Chile S.A.

Asimismo, el presente recurso debe ser desestimado, en lo que a esta parte respecta, debido a que existe una falta de legitimidad pasiva, por lo que mi representada no tiene absolutamente ningún asunto en el caso de marras.

En primer lugar y sin perjuicio de los defectos de que adolece la presentación de la contraria, según será expuesto, cabe señalar a V.S.I., que el recurrente en todo momento hace mención a informar deudas que mantendría por el uso de productos bancarios y crediticios -que no controvierte, solo agregando que habrían transcurrido los plazos judiciales para cobrarlos-.

Sin embargo, cabe señalar que no es Ripley Chile S.A. quien celebra este tipo de actos jurídicos ni tampoco emite tarjetas de crédito, sea como entidad emisora o como intermediario en su emisión. Lo anterior ya que la empresa dedicada a la emisión y administración de las tarjetas de nombre de fantasía “Ripley” es la empresa CAR S.A. emitidas, además por Banco Ripley S.A., entidades del todo independientes de la recurrida Ripley Chile S.A., sin perjuicio de que, en vista de la demanda a que la contraria hace referencia, resulta absolutamente claro a quién debe dirigirse la acción.

Lo anterior se debe a que CAR S.A. y las demás recurridas en autos, tienen un giro completamente diferente que el de mi representada, y que no tienen relación alguna con las solicitudes aparentemente realizadas por el recurrente en relación con el otorgamiento de determinados productos crediticios.

Asimismo, y solo a modo enunciativo, es conveniente indicar que Ripley Chile S.A. es una Sociedad Anónima cuyo giro, a diferencia de las demás recurridas, no está dirigido a la emisión y administración de tarjetas, al otorgamiento de créditos, ni mucho menos a las cobranzas, sino que corresponde a una sociedad matriz de inversión.

Nuestra doctrina se ha explayado extensamente sobre la legitimación pasiva, así el profesor nombre reservado define la legitimación pasiva como “aquella cualidad que debe poder encontrarse en el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que –conforme a la ley sustancial– está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra.

En el caso de autos, mi representada no se encuentra legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el recurrente, ya que ella no tiene nada que ver con los supuestos cobros.

En ningún momento se ha verificado que mi representada, Ripley Chile S.A. haya efectuado una acción tendiente al cobro de la deuda enunciada en el recurso, ni tampoco encarga este tipo de gestiones a terceras empresas.

Es más, esta no es la primera vez que mi representada se enfrenta a una situación como ésta y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en más de una oportunidad, ha acogido esta falta de legitimación pasiva, por cuanto es efectivo que mi representada no es la encargada de la administración de las tarjetas de nombre fantasía “Ripley”, respecto de las cuales el actor habría solicitado su apertura, y presuntamente mi representada habría negado injustificadamente.

Así, por ejemplo, lo ha establecido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo muy reciente, Rol ingreso N°42.747-2020 dictada por los señores Ministros señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.

“Sexto: Que la alegación de falta de legitimación active formulada por Ripley Chile S.A. debe ser acogida, atendido que esta compañía no es la encargada de administrar y conceder las tarjetas de crédito e informar las deudas morosas a la Cámara de Comercio, lo que se evidencia del mismo informe acompañado de Equifax en que se da cuenta que la deuda se mantiene con Ripley Car” [énfasis provisto].

Motivo de lo anterior, es que es del todo imposible que mi representada haya vulnerado los derechos consagrados por la Constitución Política de la República, porque dentro del giro de esta no se encuentra ninguno de los productos que presuntamente el recurrente habría obtenido, y respecto del cual existe, según afirma encarecidamente, una deuda no pagada.

c) Falta de fundamentos del recurso de protección.

Cabe señalar a S.S.I. que, según creemos respetuosamente, el presente recurso debe ser desestimado por carecer de los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para poder prosperar.

En primer lugar, es menester precisar que esta parte controvierte todo lo expuesto por el actor en la presente causa, con excepción de la existencia de la deuda con CAR S.A. y Banco Ripley S.A. en virtud de una tarjeta de crédito Mastercard, pues él mismo lo reconoce, sin perjuicio de lo expuesto en la letra anterior.

De este modo, según V.S.I. puede apreciar, no existe antecedente alguno en que se funde la acción, pues mi representada no tiene relación con los hechos y el actor indica haber interpuesto su recurso contra ella por simple desconocimiento, lo que resulta inadmisible considerando los diversos medios de información, entre ellos, el propio sitio web del Poder Judicial, de acuerdo con la sentencia antes transcrita, esfuerzo que el actor no llevó a cabo y que pretende subsanar con obligar a un tercero a comparecer ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

Por otro lado, cabe señalar que el recurrente acompaña impresiones de pantalla de su teléfono celular que, a su juicio, emanarían de “Ripley”, a lo que él, sin sustento jurídico o fáctico considera como una sola entidad, sin perjuicio de que resulta imposible afirmar que los números enlistados sean llamados de mi representada. En este sentido, no existen hechos y derechos indubitados más allá que la existencia de una deuda con la sociedad CAR S.A. y Banco Ripley S.A. que el recurrente decidió dejar de pagar, incumpliendo así las obligaciones contractuales que también reconoce.

Por los argumentos que ya se expusieron en este escrito y lo que sostiene el recurrente, no se logra demostrar vínculo alguno entre las supuestas comunicaciones de mi representada con el daño sicológico del actor, ni menos como esto daña el derecho de vida privada y aún menos de autodeterminación que sostiene el actor, se habría perturbado.

Aún más, resulta incomprensible que, ante esta supuesta situación, el recurrente no se haya puesto en contacto con las sociedades recurridas o haya manifestado su disconformidad con las llamadas, -o al menos no lo expresa-, optando derechamente interponer un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, constituyendo un hecho público y notorio, la gran carga judicial.

Así las cosas, del relato de su presentación, se extrae que mi representada hostigaría y acosaría al actor, cuestión que controvertimos expresamente.

c) Inexistencia de supuestos que deben concurrir para la procedencia del Recurso de Protección:

La Constitución Política de la República ha contemplado el Recurso de Protección en su artículo 20°, en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías, que en dicho precepto se enumeran, disponiendo que bajo estos supuestos el afectado podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

De la norma constitucional mencionada, se desprende que para que proceda el Recurso de Protección, es preciso que concurran copulativamente los siguientes requisitos:

Existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal.

A consecuencia de ese acto arbitrario o ilegal, el recurrente sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales.

Que las garantías constitucionales respecto de las cuales se alegue privación, perturbación o amenaza, sean de aquellas que el artículo 20° enumera en forma taxativa.

Por su parte, cabe mencionar que no ha existido privación perturbación o amenaza en ninguno de los derechos descritos.

A mayor abundamiento, mi representada no ha actuado de manera ilegal alguna, pues el cobro de deudas y la emisión de tarjeta de crédito no tiene ninguna relación con su giro.

De este modo, mi representada controvierte y niega expresamente cualquier afectación a los derechos del recurrente.

En síntesis, resulta improcedente estimar que mi representada ha vulnerado los derechos del actor en cualquier modo.

d) Conclusiones De lo señalado anteriormente queda de manifiesto que el recurso de autos no cumple con todas las exigencias previstas por el artículo 20° de la Constitución Política de la República.

Pide tener por evacuado en tiempo y forma el informe solicitado en el presente Recurso de Protección, por parte de Ripley Chile S.A. y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, en lo que a mi representado respecta, con expresa condena en costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que, el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, son las diversas llamadas telefónicas y mensajes de texto, recibidas por cobros de deudas impagas, llamadas que no respetan horario ni días hábiles, por parte de RIPLEY CHILE S.A., SOCIEDAD CAR S.A., BANCO RIPLEY S.A., RIPLEY CORP S.A., SOCIEDAD DE COBRANZAS PAYBACK LIMITADA.

TERCERO: Que, en relación con la eventual extemporaneidad del recurso, solicitada por la recurrida, ella será desestimada ya que se estima que estando ante un acto de efectos continuos y permanentes, el derecho a recurrir no precluye mientras la acción ilegal y arbitraria continúe produciéndose.

CUARTO: Que, se acogerá la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por Ripley Chile S.A. y Ripley Corp. S.A., atendido a que como se ha establecido en autos estas empresas no son las encargadas de administrar y conceder las tarjetas de crédito e informar las deudas morosas a la Cámara de Comercio.

QUINTO: Que, para resolver el presente recurso, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 37, inciso 6° de la Ley N° 19.496, que dispone lo siguiente: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”.

SEXTO: Que, efectuar las llamadas indicadas en el recurso de autos por una deuda, en circunstancias que lo que se pretende, es comunicar, poner en conocimiento, o informar al deudor que mantiene dicha deuda, resulta, en el caso que nos ocupa, ser un ejercicio abusivo de una facultad, por lo que dichos actos revisten el carácter de ilegales y arbitrarios, toda vez que no encuentran sustento en la ley y carecen de racionalidad y justificación.

SEPTIMO: Que, de lo dicho precedentemente fluye que los actos reclamados son arbitrarios e ilegales e importan una afectación a la integridad psíquica del recurrente, en circunstancias que existen vías judiciales para la solución de la deuda que mantiene éste para con la reclamada, por lo que necesariamente ha de acogerse el recurso deducido, toda vez que se vulnera la garantía del Nº 1 del artículo 19 citado.

OCTAVO: Que, así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de las Recursos de Protección, SE DECLARA:

1.-Que, se desestima la alegación de extemporaneidad interpuesta por las recurridas.

2.-Que, se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta Ripley Chile S.A. y Ripley Corp. S.A. por lo que a su respecto será rechazado el presente recurso de protección.

3. Que, se acoge el recuso deducido por don nombre reservado, únicamente en contra de BANCO RIPLEY S.A., CAR S.A y SOCIEDAD DE COBRANZAS PAYBACK LTDA. debiendo las recurridas, abstenerse de practicar llamadas telefónicas en la forma como lo han hecho.

Redacción abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13801-2023. (cwm)