nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, trece de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don DAMIÁN ALEJANDRO PANDE CATRILAF, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado en representación de la recurrente doña nombre reservado, promotora, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, a V.S.I., expone:

Por este acto y estando dentro de plazo, vengo a interponer recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), rol único tributario N°61.509.000-k, representada legalmente por doña nombre reservado, superintendenta de seguridad social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y para estos efectos en la ciudad de Temuco en domicilio reservado, de los constantes rechazos de las licencias médicas que ha presentado mi representada a la Compin, confirmando estos rechazos la recurrida Suseso, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad según paso a exponer:

I ANTECEDENTES MÉDICOS Mi representada padece de síndrome ansioso depresivo, fibromialgia y reacción depresiva prolongada. Dichas patologías se podrán corroborar mediante los informes y certificados médicos que se acompañan mediante un otrosí del presente recurso de protección y que dan cuenta de cada una de las patologías señaladas, por los profesionales que allí suscriben.

Por estas circunstancias mi representada no estaba en condiciones para reincorporación laboral, razón por la cual se encuentran más que justificadas las licencias médicas rechazadas que por este acto se recurren. Además, cabe señalar que el dictamen de la recurrida suseso no se encuentra fundamentado transgrediendo la normativa según se expondrá más adelante.

I EN CUANTO A LAS LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS Como se expuso con anterioridad, la Compin ha estado rechazando de manera continua e ininterrumpida las licencias médicas que le presentó mi representada y esto ha sido confirmado por la suseso. Dichas licencias médicas son las siguientes: Folios N°84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8 y 88506827-8 extendidas desde el día 4 de abril de 2023, por un total de 120 días.

El rechazo de las licencias médicas indicadas por parte de la Compin, no se encontraba debidamente fundamentado, como tampoco, se le realizó algún peritaje a mi representada para luego referirse a las licencias médicas, ante dicha falta, la recurrida suseso tuvo la oportunidad de corregir a la Compin, sin embargo, esto no aconteció y según se ha expuesto la recurrida procedió a confirmar los rechazos de la Compin, vulnerando con aquello los derechos de mi representada.

I DEL DICTAMEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE MOTIVA EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN Según se ha expuesto con anterioridad, ante los rechazos de licencias médicas por parte de la Compin, mi representada presentó un recurso jerárquico ante la recurrida suseso, al respecto esta última resolvió confirmar lo resuelto por la compin mediante Resolución exenta N°R-01-UME-139096-2023 en las siguientes palabras:

“VISTO:

La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 13 de junio de 2023 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 148 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Según se puede apreciar en el dictamen transcrito, no existe fundamento científico alguno que contrarreste los informes médicos de mi representada para poder así rechazar las licencias médicas conforme a la ley, a su vez, no consta que se le haya realizado peritaje alguno a mi representada para poder modificar las licencias médicas que mi representada presentó, haciendo evidente la vulneración de derechos por parte de la recurrida suseso.

I DE LO QUE ESTA PARTE SOLICITA PARA RESTABLECER EL IMPERIO DEL DERECHO Sin perjuicio de que lo que podría corresponder para reestablecer el imperio del derecho es que la recurrida disponga la reevaluación de los padecimientos de nuestra representada, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y posterior a aquello pronunciarse nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas, cabe señalar que no es posible referirse actualmente al estado de salud de mi representada respecto de las licencias médicas rechazadas, toda vez que el estado de salud de esta última NO ES EL MISMO O ES DIVERSO del que tuvo cuando se emitieron las licencias médicas en cuestión, la única oportunidad que tenía la recurrida de practicar dichos exámenes, fue en el momento en que decidió confirmar el rechazo de las licencias médicas, circunstancia que no ocurrió y motivó la presentación del presente recurso de protección. Dicho lo anterior, lo único que queda para restaurar el imperio de la ley, es precisamente declarar que se autoricen las licencias médicas rechazadas y se paguen los subsidios correspondientes.

I EN CUANTO AL DERECHO COMO FUNDAMENTO DE LO QUE POR ESTE ACTO SE RECURRE Haciendo referencia a la nula fundamentación respecto de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas presentadas, cabe exponer que nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN (SEREMI) controvertir dicho criterio sólo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevó al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984). El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). Las resoluciones administrativas que rechazan las licencias médicas señaladas son presentadas sin los fundamentos científicos necesarios para ello. Que, así las cosas, al no tener la decisión de la COMPIN y la SUSESO fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado a su vez, un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación de este. En este sentido la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado y le resultan aplicables las disposiciones de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas que presentó mi representada desde un punto de vista técnico, por tanto, dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo con la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal.

I CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES RESPECTO DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN RECURRIDO Siguiendo con la línea argumentativa, la Excma. Corte Suprema ha señalado a propósito de resoluciones sin fundamentación técnica lo siguiente: “Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la a atendido”

Corte Suprema Rol N° 26587-2018 .

La Corte Suprema en otro fallo realiza su apreciación frente a la falta de fundamentación al momento de rechazar las licencias médicas en los siguientes términos: “Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido. Que la conducta de la recurrida afecta, así, la integridad física de la actora, al comprometer la recuperación de su salud, y el derecho que tiene sobre el subsidio respectivo, derechos asegurados por los números 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y susceptibles de cautela por esta vía”2 2 Corte Suprema Rol N° 6097-2019 .

La Corte de Apelaciones de Temuco, acogió un recurso de protección que se presentó por circunstancias similares por no decir iguales. Dicho fallo dice respecto del actuar de las recurridas a la hora de rechazar las licencias médicas que se les presentó: “En este sentido, se tiene en especial consideración, que la institución recurrida cuenta con los medios humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de la paciente, pudiendo disponer la realización de otros exámenes necesarios para confirmar o descartar las patologías que motivan las reiteradas licencias, facultad que no consta hayan ejercido, limitándose al escueto motivo de rechazo que se ha explicitado anteriormente Al no realizar tal actividad en el caso de que se trata, se afecta injustificadamente el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, y se afecta su derecho de propiedad, privándola injustificadamente de los recursos que provienen del pago de los subsidios correspondientes”. (Lo subrayado es nuestro). Continúa dicho fallo con lo siguiente: “Luego, existen otras que han sido rechazadas mediante la simple afirmación de considerar un reposo injustificado, pero sin explicar las razones de su estimación, o bien, por encontrarse en trámite su invalides, pero sin justificar o explicar el fundamento de su rechazo. Esta falta de motivación, debiendo haberla justificado, es una clara manifestación que el acto del rechazo es arbitrario, abusivo, que se aparta del criterio racional con que deben ser adoptadas las decisiones en una materia como de autos, que tanto por su naturaleza, como por sus efectos, son de la mayor importancia, y deben ser decididas en base a razones expresadas, justas y equilibradas. No expresarlas es lo mismo que no tenerlas, por lo que el presente recurso deberá ser acogido” Corte de Apelaciones de Temuco Rol N° Protección – 7911-2020 . (Lo subrayado es nuestro). Cabe exponer que lo anteriormente expuesto fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 14.378-2021. Con todo, en otra oportunidad la Corte de Apelaciones de Temuco a resuelto lo siguiente respecto de fundamentar la modificación o rechazo de una licencia médica: “Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica". Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale su rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

Que en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

Que de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto Corte de Apelaciones de Temuco Rol N° Protección- 1437-2018 . Cabe advertir que ninguna de estas facultades que la ley faculta a la recurrida, se le ha practicado a nuestro representado.

También hay que tener presente lo que resuelve la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al considerar que el actuar como el de las recurridas en estos autos, vulnera el derecho consagrado en el artículo 19N° 24 de la Constitución política de la República, cuando dice: “Que así las cosas, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida Corte de Apelaciones de Puerto Montt Rol N° Protección- 2132-2016. ”.

Dicho todo lo anterior se hace necesario exponer, que producto del rechazo de las licencias médicas en cuestión, nuestra representada ha visto disminuido su patrimonio, al no ser subsidiado, poniéndolo en una situación muy complicada, debiendo no sólo vivir con los perjuicios de sus enfermedades, sino también con las dificultades económicas actuales.

DERECHOS CONCULCADOS Derecho de Propiedad; consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias médicas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley.

Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica; consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, considerando que el actuar de la recurrida le está privando de gozar de licencias médicas otorgadas a favor de mi representada, lo cual importa un subsidio de incapacidad laboral, otorgado para la recuperación de la salud física y psíquica de mi representada. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, La Convención Americana (Pacto de San José, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, derecho que no está respetando las recurrida con su actuar ilegal y arbitrario.

El Derecho de Igualdad ante la ley; Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a mi representada del subsidio en relación con La acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza a la recurrente en su legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales: personas que si tienen ese derecho en iguales circunstancias, da a entender, que a nuestra representada no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho que se expone en este acto.

Pide tener por interpuesto recurso de protección, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, o por quien haga las veces de tal, acoger el recurso en todas sus partes, resolviendo en definitiva que se autoricen a mi representada todas las licencias médicas reclamadas y se le paguen los respectivos subsidios, para así restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.-Resolución exenta N°R-01-UME-139096-2023 de la SUSESO.

2.- Informes Médicos.

A folio 10 informa ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita desde ya su rechazo por cuanto, como se demostrará, no ha existido de parte de mi defendida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Sin perjuicio de ello, antes de referirnos a la materia de fondo de que trata esta acción constitucional, esta parte solicita su rechazo por cuanto, como se demostrará, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe señalar, a SS. Iltma., que ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social. Solicita declarar la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19 Nº18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 13 de junio de 2022, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de abril de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, mi representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el reposo ya autorizado de 148 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-139096-2023, de fecha 20 de octubre de 2023.

Sobre la materia, es importante destacar a SS. Iltma. que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…) Detalle: IMC del 29/05/23 manuscrito, de difícil lectura, que indica stmas ansiosos. No detalla evolución, relación con otros stmas, ni interferencia funcional. Tto con psicoterapia y QTP 100mg, ½ cmp. Otro IMC similar, del 18/07/23 que agrega a tto pregabalina 100mg y otro fármaco ininteligible. Otro IMC de reumatólogo del 01/06/23 que indica dg de epilepsia hace 13, en tto, ansiedad en tto desde 2021. En tto reumatológico desde Nov 2022, indica stmas doloros con licencia hace más de un año (no detalla este aspecto). Tto con PGB, DXT, Buprenorfina, clotiazepam. Otro IMC de psiquiatra del 17/07/2023 que indica dg de fibromialgia en Nov de 2022, en tto con IRNS y PGB y tto anticonvulsivante. Stmas ansiso depresivos de larga data, reactivos a situaciones familiares y rasgos cluster B. Cuadro de evolución reactiva. Predominio de Eje 2 hacen prioritaria la psicoterapia, ajsutando levemente esquema a DXT, Buprenorfina, Clotiazepam, zolpidem, QTP. Indica que ajuste de tto analgésico es de reumatología (…) Fundamentos de la resolución: se describe que la sintomatología en tratamiento se encuentra sujeta a factores de estrés psicosocial, no susceptibles de ser modificados mediante el reposo médico, lo que no permite desprender un rol terapéutico en la prolongación del reposo. Sin detalles del ajuste al plan de tratamiento farmacológico de salud mental. Completó tiempos suficientes de reposo con el ya autorizado, no acoge”.

Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña:

Copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Asimismo, se ha sostenido que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEGUNDO: Que para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21 que estatuye “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías TERCERO: Que la recurrente señala que la COMPIN ha rechazado de manera continua e ininterrumpida las licencias médicas presentadas, lo que ha sido confirmado por la SUSESO, esta licencias médicas son las siguientes: Folios N°84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8 y 88506827-8 extendidas desde el día 4 de abril de 2023, por un total de 120 días.

Refiere la recurrente que el rechazo de las licencias médicas indicadas por parte de la Compin, no se encontraba debidamente fundamentado, como tampoco, se le realizó algún peritaje a su representada para luego referirse a las licencias médicas, ante dicha falta, la recurrida suseso tuvo la oportunidad de corregir a la Compin, sin embargo, esto no aconteció y según se ha expuesto la recurrida procedió a confirmar los rechazos de la Compin. En este sentido la resolución de la SUSESO plasmada en la Resolución exenta N°R-01-UME-139096-2023 refiere:

“VISTO:

La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Que, ha recurrido con fecha 13 de junio de 2023 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 148 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s84512070-6, 85231497-4, 85793488-1, 86435108-5, 87053861-8, 88506827-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

CUARTO: Que conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida se apoya únicamente en la revisión de los antecedentes acompañados por el propio afiliado, sin que conste que la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas, FONASA o la misma Superintendencia, hayan ordenado realizar alguna de las medidas indicadas en el citado artículo 21 del Reglamento, previstas precisamente para el caso de que, tras dicha revisión preliminar de la licencia que se trate, se decida rechazarla o disminuir el tiempo de reposo indicado en ella, considerando especialmente que la propia autoridad había aprobado licencias médicas previas por las mismas dolencias y diagnóstico.

QUINTO: Que, de este modo, al basarse el ejercicio de la facultad de confirmar el rechazo de las licencias médicas materia del presente recurso, únicamente en la revisión de la información a la que se hizo alusión, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, se puede concluir que la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

SEXTO: Que en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava su situación de salud, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral sin un motivo técnico que lo justifique.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don DAMIÁN ALEJANDRO PANDE CATRILAF, abogado, en representación de la recurrente doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se declara:

1) Que se deja sin efecto la resolución de rechazo de licencias médicas del actor, en las que no se haya practicado la efectiva evaluación de su procedencia o duración a través de alguna de las medidas señaladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas;

2) En su lugar, se deberá disponer la realización a la brevedad de la evaluación de las licencias médicas de autos, procediendo la recurrida a emitir una nueva resolución fundada en alguno de los antecedentes señalados en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas en un plazo máximo de 60 días.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-13799-2023.(jog)