nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHILE

C.A. de Temuco Temuco, trece de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, abogado, por nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Tesorera Regional CLAUDIA ANDREA GUAJARDO ARRIAGADA, abogada, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Fundamenta indicando que el recurrente prestó servicios para la SEREMI de Bienes Nacionales Araucanía, al ser despedido demandó de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, cobro de prestaciones y otros a la SEREMI de Bienes Nacionales Araucanía – Fisco de Chile.- En causa RIT O-631-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo Temuco, la sentencia definitiva condenó al Fisco de Chile al pago de las siguientes prestaciones, a) indemnización por preaviso por $2.000.000.-; b) indemnización por años de servicios por $4.000.000.- más recargo del 50% por $2.000.000.-; c) feriado legal y proporcional por $2.094.010.-; d) días trabajados mayo 2022, por $200.001.-; e) cotizaciones previsionales por el periodo marzo 2020- mayo 2022.- La defensa fiscal recurre de nulidad y posterior a la vista de dicho recurso, el proceso vuelve al tribunal del grado para ser derivado a cobranza laboral.- En dicha sede y conforme lo ordena el artículo 752 del C.P.C., el Ministerio de Justicia dicta la Resolución Exenta N° 2147, de 03/10/2023, que dispone que la Tesorería Regional de La Araucanía proceda al pago de la suma de $12.212.233.- al demandante, conforme a liquidación firme dictada en causa RIT C-254-2023 sede de cobranza laboral Temuco.

Con fecha 12/10/2023 el recurrente recibe una transferencia electrónica realizada a su cuenta bancaria desde T.G.R. por la suma de $3.934.118.-, existiendo una diferencia de $8.278.115.- entre la suma ordenada pagar en sentencia por parte del Fisco y el monto efectivamente solucionado por Tesorería Regional mediante la transferencia electrónica referida.- Ello se habría producido por cuanto Tesorería realizó una retención de fondos y compensación administrativa por ser mi representado deudor de crédito con aval del estado (CAE).- Es necesario señalar que lo anterior contraviene el artículo 17 de la Ley N° 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.

Conforme la letra de la ley, la recurrida solo puede retener de la devolución de impuesto a la renta anual del deudor, los montos que se encontraren impagos por deuda CAE, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que el monto retenido y compensado administrativamente procede de un pago adeudado a la recurrente, con motivo del término de un juicio laboral, sumas que fueron declaradas en sede judicial.- No obstante el tenor claro de la norma, Tesorería General de la República, emite un comprobante de compensación, del siguiente tenor: "El Tesorero que suscribe certifica que con fecha 10/10/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 357117.

N° FORMULARIO: 34 / N° FOLIO: 213571 / FECHA VENCIMIENTO: 03​06-2020 / MONTO COMPENSADO: $8.278.115 / FECHA LIQUIDACION: 11-10-2023/MONTO LIQUIDADO: $8.278.115" De dicho comprobante se desprende con total claridad el que Tesorería insiste y justifica la retención realizada y posterior compensación, en el hecho de que las sumas que corresponde pagar al recurrente por parte del Fisco, tienen una naturaleza impositiva derivadas del excedente de la declaración -renta- correspondiente al año 2023, desconociendo el que dichas sumas corresponden a sumas ordenadas pagar por medio de una sentencia judicial al ganancioso del juicio laboral antes mencionado, por lo que su naturaleza jurídica dista mucho del carácter impositivo al que refiere única y exclusivamente el artículo 17 de la Ley N° 20.027.- Por otra parte, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en sus artículos 6 y 7 establece la facultad de dicho servicio de compensar los créditos impositivos con los créditos que el Fisco adeude a los contribuyentes, en los siguientes términos: "Artículo 6°.- Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor".- Refuerza la naturaleza impositiva de los créditos adeudados el artículo 7 que señala: "Artículo 7°.- Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco".- Resulta indiscutible que el servicio tiene facultad para decidir compensar deudas, pero esa compensación se vincula con la existencia de impuestos adeudados, no con deudas o créditos impagos, cuya naturaleza jurídica sea distinta, como sería la deuda CAE, de manera que no es posible sostener que, por sí y ante sí, Tesorería pueda aplicar la compensación en los términos del artículo 1656 del Código Civil, porque interpretar tal facultad legal de una manera tan extensiva que permita atribuirle al servicio el poder de retener sumas de dinero que no consisten en devoluciones de impuestos conforme al artículo 17 de la Ley No. 20.027, implicaría vulnerar el principio de juridicidad.- A la misma conclusión llegamos comparando los hechos denunciados con el tenor claro de los artículos 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; en definitiva, la conducta debe estimarse como ilegal, ya que Tesorería se ha atribuido una facultad de retención y compensación administrativa que la ley no le ha concedido de manera expresa.- Obra además de manera arbitraria la recurrida, al hacer uso de la autorización que excepcionalmente le otorga el legislador, por una parte, para retener acreencias cuya naturaleza jurídica se señala expresamente y no de otras diferentes, y por la otra de aplicar una compensación administrativa respecto de créditos que el Fisco tenga en contra del contribuyente, cuya naturaleza jurídica también se señala de manera expresa.- En definitiva, al recurrente se le ha privado de su derecho de propiedad sobre el dinero que tenía derecho a percibir, proveniente de una sentencia judicial firme dictada en sede laboral por el Juzgado del Trabajo de Temuco, liquidada posteriormente por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Temuco y no debido un proceso de devolución de impuesto a la renta del año tributario 2023.- De lo señalado, resulta manifiesto que la retención y compensación aplicada sobre el monto de $8.278.115.- en perjuicio de la recurrente y que fueran ordenados pagar por sentencia firme, al no tratarse de una deuda de carácter impositivo cuyo monto proviniese de la devolución de impuestos a la renta anual, se ha privado al recurrente del legitimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva:

1. Se acoja la presente acción constitucional y declarar que la retención y compensación realizada por la recurrida es ilegal y/o arbitraria;

2. Se ordene a la recurrida la restitución de la suma de $8.278.115.- al recurrente, más intereses y reajustes;

3. Se condene en costas al recurrido;

Acompaña los siguientes documentos:

1. Sentencia definitiva RIT O-631-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo, Temuco.- 2. Liquidación causa RIT C-254-2023 Juzgado Cobranza Laboral, Temuco.- 3. Resolución Exenta No. 2147 de 03/10/2023 de Ministerio de Justicia.- 4. Comprobante compensación, T.G.R.- A folio 7 la recurrida evacua informe expresando lo siguiente:

El recurrente ha interpuesto esta acción constitucional suponiendo un acto u omisión arbitrario e ilegal de mi representada, que vulneraría o afectaría sus derechos constitucionales consagrados en artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, de acuerdo con lo que expone la recurrente en el presente recurso de protección;

Que, en virtud de sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de Temuco, en causa rol RIT C 254-2023, mediante la cual se acogió la solicitud de prestaciones laborales condenando en definitiva al Fisco de Chile, ordenando el pago de la suma reajustada de $ 12.212.233.- Que la Tesorería General de la República, no realizó el pago integro al recurrente don nombre reservado RUT RUT reservado, compensándole del total la suma de $8.278.115.- al registrar deuda por concepto de crédito universitario con aval del Estado “CAE”

Que en definitiva el acto arbitrario o ilegal radicaría, según la recurrente, en la circunstancia de haberse procedido, por parte de Tesorería General de la República, a compensar dichas deudas pendientes de pago por la suma de $8.278.115.- ( ocho millones doscientos setenta y ocho mil ciento quince pesos)

Sobre la materia, y para mejor comprensión es necesario realizar una relación de los hechos, para luego expresar los fundamentos que, a juicio de este Servicio, hacen improcedente la acción de protección impetrada.

Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantenía deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado, extinguiéndose el total de la deuda, como se deprende del mismo certificado acompañado por la actora.

Que la facultad de compensación se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

El artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Asimismo, el artículo 1.656 del Código Civil y los dictámenes N°53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la ley”.

Que para que tenga lugar un acto arbitrario e ilegal como lo aducido por la actora en el texto de la acción interpuesta, es preciso como lo ha sostenido de manera unánime la doctrina nacional, definiendo lo arbitrario “como aquello que carece de fundamento racional o que se fundamenta en el mero capricho” o de manera más extensa en la “ falta de fundamento racional de un acto , cuando el acto se desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizan , cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder” y será ilegal “ lo que contraviene una norma jurídica específica” en términos amplios abarcando la ley en sus diversas especies , los reglamentos, las ordenanzas, los decretos e incluso la ley del contrato.

De lo anterior colige, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente.

Que el actuar del Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil.

Que la recurrente se equivoca al interpretar las facultades de la Tesorería , al circunscribir la compensación solo a impuestos adeudados, basado en el artículo 6° del DFL1 Estatuto Orgánico de Tesorería, donde se menciona “deudas de contribuyentes”, cabe señalar que el legislados al ocupar el léxico contribuyentes lo hace de manera genérica, dado que como lo señala el artículo 1 del mismo cuerpo legal “El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.” No cabe duda que las funciones de la Tesorería son mucho más que recaudar solo impuestos adeudados, sino su función es mucho más amplia encargarse del tesoro público, bajo la interpretación de la recurrente no podríamos como institución cobrar ni compensar patentes de aguas ni patentes mineras etc.

Finalmente cabe precisar que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario ilegal que impida o perturbe su ejercicio.

Que para el caso de autos lo que está en discusión es la procedencia de la compensación de deudas por concepto de crédito universitario CAE, dicha discusión no se encuentra protegida por el recurso de protección, dado que no existen derechos indubitados, sino por el contrario requiere la declaración de un derecho en un procedimiento declarativo, siendo esta sede improcedente dada la naturaleza de la misma que tiene por objeto protección de dichos derechos no la declaración de los mismos.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que lo debatido por las partes es la procedencia de la compensación para solucionar la acreencia del actor por concepto de crédito con garantía estatal CAE, con la suma que se le otorgó por Resolución Exenta N° 2147, de fecha 3 de octubre de 2023, del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20.027, el dueño del crédito CAE es actualmente el Fisco de Chile y en tal circunstancia la retención efectuada por la recurrida obedece a lo expuesto en el artículo 18 bis del mencionado cuerpo legal, en el sentido de que Tesorería, en representación del Fisco, está facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 30 del Decreto Ley N°1.263 y artículo 1 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a dicha institución efectuar el pago de las obligaciones al Fisco, dentro de las cuales se encuentran aquellas derivadas del cumplimiento de decretos o resoluciones que ordenen pagar prestaciones pecuniarias y, por esta razón, es que en el presente caso el pago de la suma ordenada no se realizó íntegramente por cuanto operó una compensación entre la deuda recíproca del recurrente y del Fisco, todo ello en virtud de que al momento de verificarse el pago, Tesorería, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda del recurrente por concepto del crédito con aval del Estado.

CUARTO: Que, en mérito de lo anterior, esta Corte estima que la Tesorería General de la República, con su actuar, no ha vulnerado la garantía constitucional que se dice conculcada, al haber efectuado la compensación en uso de sus facultades privativas, dentro del ámbito de su competencia y reuniendo, además, las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil, puesto que tanto el actor como la citada entidad, reunían la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente, contando la autoridad administrativa con las potestades correspondientes para proceder de la forma que lo efectuó, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad de su parte.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Jorge Patricio Sandoval Pinilla, por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, todos ya individualizados, Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

N°Protección-13753-2023. (sac)