nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado don FERNANDO DALLER GUTIERREZ, en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, conductor, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD VICTORIA, corporación autónoma de derecho público, RUT Nº RUT reservado, representada legalmente por su alcalde don Javier Alejandro Jaramillo Soto, domiciliados en domicilio reservado, por imponer a su representado una sanción en un sumario administrativo en que se vulneró sistemáticamente su derecho fundamental al debido proceso.

I.- HECHOS:

1. Antecedentes.

Su representado trabaja para la I. Municipalidad de Victoria, Departamento de Salud Municipal, prestando servicios personales como conductor en el CESFAM Victoria, ubicado en calle nombre reservado°730, desde el 01 de septiembre de 2017. En un comienzo, su vinculación jurídica era a contrata, pasando a contar del 1 de enero de 2022 a un cargo de planta del Departamento de Salud Municipal, grado 13 (actualmente grado 12), desempeñando las mismas funciones.

En el mes de septiembre de 2022, participó de una celebración de fiestas patrias en las dependencias del CESFAM Victoria, actividad autorizada y organizada por la dirección del establecimiento de salud. Todo transcurrió en forma normal.

Sin embargo, en enero de 2022, se enteró la existencia, primero de una investigación sumaria, y luego de un sumario administrativo, en cuya tramitación y acto de término de cometieron una serie de graves vulneraciones al debido proceso.

2. El sumario administrativo.

Mediante Decreto Alcaldicio N° 1763 de fecha 03 de octubre de 2023, la recurrida dispuso investigación sumaria en contra de don nombre reservado, nombrándose en ese acto como Investigador a don nombre reservado. Posteriormente y en forma paralela, por Decreto Alcaldicio N° 1849 de fecha 20 de octubre de 2022 se dispuso un sumario administrativo quedando como fiscal a cargo el Sr nombre reservado, quien con fecha 05 de enero de 2023 se excusó de realizar la investigación sumaria, por lo que con fecha 06 de enero de 2023 mediante Decreto Alcaldicio N° 033, se nombró a un nuevo fiscal, recayendo la designación en don nombre reservado.

Sin embargo, posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°119 de fecha 23 de enero de 2023 se deja sin efecto los decretos alcaldicios N°1849 y N°033, elevándose a Sumario Administrativo la investigación sumaria iniciada por Decreto Alcaldicio N° 1763 de fecha 03 de octubre de 2023, de acuerdo al informe del Fiscalizador, manteniéndose como Fiscal al Sr nombre reservado, el que posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N° 163, fue reemplazado por don nombre reservado, siendo recusado este último por su representado debido a distintas irregularidades en el desarrollo del procedimiento, finalmente con fecha 27 de junio de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N° 1227, se dispone acoger la recusación planteada por su representado y nombrarse un nuevo Fiscal administrativo, recayendo la designación en la Sra. Paula Campos Muñoz.

Mediante Decreto Alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, de la Ilustre Municipalidad de Victoria, notificada al inculpado el 25 de septiembre de 2023, se impusieron a su representado las sanciones de CENSURA y cambio de funciones.

Con fecha 02 de octubre de 2023, en representación del inculpado, el abogado interpuso recurso de reposición ante el Sr. Alcalde de la comuna de Victoria.

Por decreto alcaldicio N°1947 de fecha 04 de octubre de 2023, notificado de forma personal al inculpado con fecha 11 de octubre de (pero no al abogado, quien lo representa en el sumario), se dejó sin efecto la sanción de cambio de funciones, manteniéndose la de Censura.

Sin embargo alega que el sumario administrativo presentó graves vicios de legalidad y constitucionalidad, que se sucedieron previo a la resolución de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023 y con posterioridad a ella, los cuales fueron denunciados en el de descargos presentados por el abogado en representación del inculpado, y que, sin embargo, no fueron subsanados por la recurrida.

Además, se produjeron vulneraciones al debido proceso con posterioridad al acto de término del sumario.

A) Vicios e infracciones cometidos hasta la resolución de formulación de cargos de 7 de agosto de 2023.

La absoluta falta de precisión y certeza de los cargos formulados al inculpado.

La escueta, vaga e imprecisa formulación de ambos cargos formulados en el sumario impugnado impidió una adecuada defensa del inculpado. Respecto a la forma en que deben formularse los cargos, se ha dicho que:

"Conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en el dictamen 44.908 de 2009, los cargos deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa al inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado.” (Villar Bordones, Gonzalo, “nombre reservado e Investigaciones Sumarias”, 2021, Editorial Libromar, p. 93. Destacado propio)

Una rápida revisión de los cargos formulados en la resolución de 7 de agosto de 2023 basta para darse cuenta de estos no cumplen con los criterios de concreción y precisión. En efecto, la resolución dictada en el sumario con fecha 07 de agosto de 2023 se limita a señalar lo siguiente:

CARGO 1: Encontrarse en su lugar de trabajo bajo la influencia del alcohol.

CARGO 2: Infringir el principio de probidad administrativa y vulnerar la obligación funcionaria de mantener una vida social acorde al cargo.

Respecto al primer cargo, no se indicó el día ni la hora en que supuestamente el inculpado habría estado bajo la influencia del alcohol. Por otra parte, la expresión “lugar de trabajo”, también es vaga, toda vez que, como es bien sabido por la I. Municipalidad de Victoria, su representado presta sus servicios como chofer tanto en las dependencias del CESFAM Victoria como también en terreno, cuando conduce vehículos municipales.

Respecto al segundo cargo, no se describe siquiera cual o cuales fueron la o las conductas imputadas que vulnerarían el principio de probidad administrativa y la obligación funcionaria de mantener una vida social acorde al cargo.

Añade que la falta absoluta de precisión respecto a cuáles son las conductas reprochadas y cuándo habrían ocurrido repercute directamente en el ejercicio del derecho defensa del inculpado.

La Contraloría General de la República ha relevado la importancia de que el oficio de formulación de cargos cumpla con las exigencias de claridad y precisión, como una garantía indispensable para que el inculpado pueda ejercer su defensa:

“La jurisprudencia administrativa vertida en los dictámenes 73.489 de 2011, 13.576 de 2013, 20.824 de 2016 y 2,174 de 2020, entre otros, explica que el objetivo perseguido con el oficio de formulación de cargos es presentar claramente el actuar anómalo que se reprocha, de manera que el inculpado tenga posibilidad de defenderse, exigencia que cumple con una precisa descripción de las conductas desarrolladas por el recurrente, señalándose expresamente que ellas constituyeron infracciones a determinados preceptos del Estatuto Administrativo, agregando además las fojas de los principales antecedentes en que se sustentaron las imputaciones efectuadas.” (Villar Bordones, Gonzalo, ob .cit., p. 93-94. Destacado propio)

El escueto, vago e impreciso tenor de los cargos formulados tornó imposible al abogado ejercer una adecuada defensa del inculpado, allegar medios de prueba y refutar los cargos, cuándo no sabe ni siquiera cuando habría ocurrido la conducta señalada en el cargo N°1 y respecto al N°2 no sabemos siquiera cuál o cuáles son las conductas imputadas a su representado.

Tal es la entidad de la imprecisión y falta de claridad de los cargos formulados, que el ejercicio del derecho a defensa del inculpado se vio imposibilitado, por lo que, la sanción impuesta en el decreto alcaldicio N°1947 de 4 de octubre de 2023 es ilegal y arbitraria, por abierta infracción del derecho a defensa del inculpado, y, por ende, del debido proceso.

Pérdida o sustracción de piezas del expediente Sumarial.

Otra grave anomalía tiene que ver con la pérdida y/o sustracción de piezas del expediente, relativas a actuaciones verificadas en el sumario, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 128 inciso 2º de la ley 18.883, que dispone:

“El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo y con todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal y del actuario.”

En efecto, con anterioridad a que asumiera doña Paula Campos Muñoz como fiscal, ejerció dicho cargo don nombre reservado, C.I. RUT reservado, quien aceptó el cargo y realizó gestiones en dicha calidad en el proceso que no constan en el expediente sumarial.

Resolución de fecha 06 de abril de 2023, en que el Sr. Fiscal Pablo Molina cita a declarar al inculpado para el día 12 de abril de 2023, a las 9:30 horas, en oficina encargado SOME Cesfam Victoria.

Constancia acta de notificación inculpado de fecha 04 de mayo de 2023.

Acta declaración inculpado de fecha 12 de abril de 2023 ante Fiscal del sumario Sr. nombre reservado, C.I. RUT reservado.

Por suerte, al momento de la práctica de estas diligencias, le fueron entregadas a su representado, copias de cada una de ellas, las cuales fueron adjuntadas al escrito de descargos de fecha 21 de agosto de 2023.

La posible pérdida, sustracción, ocultación y/o alteración de estas piezas del expediente sumarial, o la entrega de copias inexactas de él es de extrema gravedad, no solo por cuanto, nuevamente, impiden el adecuado ejercicio del derecho a defensa del inculpado, sino que también por cuanto pueden llegar a ser constitutivas de un ilícito penal, motivo por el cual, se solicitó la remisión del expediente al Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo anterior, es un hecho indubitado que en este proceso administrativo sancionatorio se ha faltado a la obligación funcionaria de dejar constancia (por escrito, en hojas foliados en letras y números) de todas las actuaciones y diligencias verificadas en él, lo que repercute en un procedimiento viciado, que no da fiel reflejo de todo lo obrado él, lo que sin duda pone en entredicho la integridad del procedimiento y las posibilidades de defensa del inculpado, por cuánto las copias del expediente entregadas por la administración no son fiel reflejo de todo lo obrado en el sumario.

Así las cosas, se ha infringido gravemente el derecho a defensa del inculpado y el debido proceso, al no contar con la certeza de la integridad del procedimiento sumarial.

Carencia de sustento jurídico del oficio de formulación de cargos. Incertidumbre respecto a la cantidad de procedimientos administrativos sancionatorios que se siguen contra el inculpado.

Existió otro vicio de nulidad grave, que afectó directamente al oficio de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023, y, en definitiva, pone en entredicho la existencia y validez de todo este procedimiento. En efecto US. I., según se lee en dicho oficio, la Sra.(ita) Fiscal instructora decidió formular cargos “En el sumario que instruyo (la Sra.(ita) Fiscal) en cumplimiento de Decreto Alcaldicio N°1849 de fecha 20 de septiembre de 2020.”

Pues bien, resulta que, de acuerdo con las copias del expediente sumarial remitidas a su representado:

A fs. 1, 2, 3, 4 y 8 rola decreto alcaldicio N° 1763 de fecha 03 de septiembre de 2022 que dispone Investigación sumaria. Lo anterior, visto el ordinario N° 128 de fecha 27 de septiembre de 2022 directora Cesfam.

Luego, a fs. 11, 12, 13 y 14, rola decreto alcaldicio N° 1849 de fecha 20 de octubre de 2022, que, en virtud de los mismos antecedentes, dispone sumario administrativo.

Hasta ese punto, entonces, existía una investigación sumaria y un sumario administrativo en paralelo, por los mismos antecedentes.

Luego a fs. 28, 29, 30 y 31, rola decreto alcaldicio N° 119 de fecha 23 de enero de 2023 que dispuso “Elévese a Sumario Administrativo”. Además, dispone dejar sin efecto el D.A. N°1849 de fecha 20 de octubre de 2022.

Más allá de si es jurídicamente admisible el dejar sin efecto un sumario administrativo por decreto, sin decisión de término, lo que es altamente discutible, es claro que, al menos en teoría, debía quedar subsistente únicamente el sumario administrativo dispuesto por decreto alcaldicio N° 119 de fecha 23 de enero de 2023.

Sin embargo, en abierta a contradicción a lo anterior, resulta que el oficio de formulación de cargos de fecha 7 de agosto de 2023 señala que estos se formulan en el sumario ordenado instruir por decreto alcaldicio N° 1849 de fecha 20 de octubre de 2023, mismo que supuestamente había sido dejado sin efecto por el D.A. N° 119 de fecha 23 de enero de 2023.

Se pregunta ¿En qué sumario administrativo fueron formulados los cargos? Si es en aquel dispuesto por D.A. N° 1849 de 20 de octubre de 2022, entonces los cargos no existen, no son válidos, por haber quedado sin efecto dicha resolución por decisión de la propia recurrida ¿En qué estado se encuentra la investigación sumaria dispuesta por D.A. N° 1763 de fecha 03 de octubre de 2023, elevada a sumario administrativo por D.A. N° 119 de fecha 23 de enero de 2023?

¿A la fecha, cuántos y cuáles procedimientos administrativos sancionatorios se encuentran abiertos en contra de su representado?

Los cargos se virtud de los cuáles se aplicaron las sanciones al inculpado, fueron formulados en virtud de un decreto alcaldicio que supuestamente había sido dejado sin efecto por el Sr. Alcalde de la comuna, motivo por el cual ellos no podían prosperar, por lo que debieron reconsiderarse las medidas aplicadas, dictándose el sobreseimiento del inculpado.

Todos estos vicios fueron expuestos en el escrito de descargos de fecha 21 de agosto de 2023. Sin embargo, la autoridad administrativa hizo caso omiso de ellos, dictando una resolución que dispuso sanciones en contra del inculpado. No solo eso, con posterioridad a la presentación de los descargos de esta parte, se cometieron más infracciones por parte de este Servicio.

B) Infracciones y vicios de nulidad cometidos con posterioridad al escrito de formulación de descargos de fecha 21 de agosto de 2023.

Luego de la presentación del escrito de descargos, se cometieron las siguientes infracciones:

Nunca se dictó una resolución sobre las peticiones formuladas en el escrito de descargos, las cuales fueron: en lo principal: tener por formulados los descargos y con su mérito dictar sobreseimiento del inculpado, en el primer otrosí: tener por acompañados documentos y en el segundo otrosí: se remitieran antecedentes al Ministerio Público.

En relación con esta presentación, la única respuesta enviada al suscrito fue un correo electrónico de fecha 24 de agosto enviado por la Sra(ita) Fiscal doña Paula Campos, en el que acusa recibo de la presentación de los descargos.

Al no haber sido notificado de resolución alguna que se pronunciase sobre el escrito de descargos, el 21 de septiembre de 2023, el abogado presentó un escrito en el que, en atención a atención a lo dispuesto en el artículo 137 inciso 1º de la ley 18.883, que establece un plazo de 5 días a contar de la contestación de los cargos para emitir dictamen (el cual se había cumplido el 28 de agosto de 2023), pidió que se emitiera dictamen absolutorio del inculpado. A esta presentación, la Sra.(ita) Fiscal se limitó a responder que ella ya no tenía el expediente sumarial y que este se encontraba en poder del Sr. Alcalde. Nunca se les notificó de ninguna de las resoluciones, tanto del escrito de descargos de fecha 21 de agosto de 2023 ni al escrito de fecha 21 de septiembre de 2023.

Sobre el particular, la doctrina es clara en cuanto que las resoluciones que provean las peticiones o impugnaciones del inculpado deben ser notificadas en forma legal (Véase: Villar Bordones, Gonzalo, nombre reservado e Investigaciones Sumarias, 2021, Editorial Libromar, p. 85), lo que no ocurrió en la especie.

Se ha conculcado así el derecho a defensa y el debido proceso, al no tener idea alguna esta defensa de las decisiones de la administración en torno a las peticiones formuladas por el inculpado, lo que impidió, en lo sucesivo, hacer valer efectivamente sus derechos.

La siguiente noticia que tuvimos respecto al avance del sumario, fue la notificación de la resolución que dispuso sanciones, efectuada al inculpado el 25 de septiembre de 2023.

El D.A. N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, que dispuso las sanciones de censura y cambio de funciones, no fue notificado al representante del inculpado.

Esto, a pesar de que, por presentación de fecha 11 de agosto de 2023, el abogado asumió la representación y la defensa del inculpado. En dicha presentación, se fijó el correo electrónico correo reservado para las notificaciones que debiesen efectuarse al inculpado en el procedimiento sumarial.

Sin embargo, la resolución solo fue notificada personalmente al Sr. nombre reservado, omitiéndose la notificación de quien, legalmente, ostenta la representación y la defensa letrada del inculpado en este sumario. Nueva vulneración del derecho a defensa del inculpado.

La Vista Fiscal no fue notificada ni al inculpado ni a su abogado. Requeridas copias, estas no fueron otorgadas. Vulneración del derecho a defensa.

En el considerando 02.- del D.A. N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023 se hace alusión a la Vista Fiscal. Sin embargo, esta actuación del sumario, propia de la Sra(ita) Fiscal a cargo, no fue notificada ni al inculpado ni a su abogado. Además, requerida copia de ella por el abogado, mediante correos electrónicos de fecha 26 de septiembre de 2023, enviados desde la casilla de correo indicada en el sumario, tanto a la Sra(ita) Fiscal Paula Campos (correo reservado), como al Alcalde de la I. Municipalidad de Victoria (correo reservado), quien dictó la resolución de término del sumario que impone sanciones al inculpado, estas no fueron entregadas. Es más, ambos correos permanecen a la fecha sin respuesta.

De acuerdo con el dictamen 15.643 de 2007, corresponde entregar a un funcionario inculpado o a su abogado, copia de la vista fiscal emitida en sumario administrativo seguido en su contra, acorde artículos 137 de la ley 18834 y 13 de la ley 18575. Ello, porque para cumplir con el principio del debido proceso y el derecho a la defensa jurídica establecidos en los artículos 19 número 3 de la Constitución y 18 de la ley 18575, en los sumarios administrativos se deben cumplir exigencias básicas tales como: notificación, declaración del imputado, posibilidad de aportar pruebas y de interponer los recursos legales que corresponda, vale decir, asegurar una adecuada defensa de los inculpados. El derecho de éstos a conocer los antecedentes del sumario respectivo significa otorgarles facilidades con el fin de obtener un adecuado conocimiento del expediente, para lo que se requiere se les proporcionen a sus expensas, copias de piezas o documentos que rolan en el sumario, siempre que, en tales procedimientos se haya puesto término a la fase indagatoria. La circunstancia que el art/13 de la citada ley 18575, sólo regule la publicidad de los actos administrativos decisorios, no significa que los demás actos de la administración sean secretos y no puedan o no deban darse a conocer a terceros interesados, pues ese precepto sólo se ha limitado, en esa parte, a regular especial y específicamente la publicidad de los actos administrativos que adoptan una decisión. Además, el principio predicho no se circunscribe exclusivamente a los actos administrativos, sino que afecta a toda la gestión administrativa. A su vez, la administración está obligada a entregar copia de documentos a un interesado que lo requiera, siempre que ese documento no se refiera a asuntos reservados, y que la información contenida en el antecedente solicitado afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir, como ocurre en este caso con la vista del fiscal.

Así las cosas, la no entrega de copia de la Vista Fiscal constituye una vulneración más al derecho a defensa del inculpado y, en definitiva, al debido proceso. La vulneración es grave, toda vez que impide conocer las consideraciones que el Sr. Alcalde tuvo para sancionar al inculpado, volviendo imposible el efectivo ejercicio de su derecho a defensa.

En contra del Alcaldicio N° 1805 de fecha 04 de septiembre, y que impuso a su representado las sanciones de Censura y Cambio de funciones, esta parte interpuso con fecha 02 de octubre de 2023 Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Victoria, solicitando reconsideración de la medida y en consecuencia el sobreseimiento del inculpado, fundado en todas las circunstancias y vicios que se sucedieron durante el desarrollo del procedimiento, descritas en los párrafos anteriores y otras consideraciones que a continuación se señalan:

Imposibilidad de ejercer el derecho a defensa del inculpado, frente al D.A. N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023 al no conocer el contenido de la Vista Fiscal.

Vulneración grave, toda vez que impide conocer las consideraciones que el Sr. alcalde tuvo para sancionar al inculpado, volviendo imposible el efectivo ejercicio de su derecho a defensa.

B) Falta de motivación de la resolución sancionatoria.

El artículo 11 inciso 2º de la ley 19.880, respecto de las decisiones de la administración, establece que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Esta exigencia no se cumplió en la resolución recurrida. No se expresa que cargos se tuvieron por acreditados, con el mérito de que probanzas y porqué se aplican las sanciones que se aplica. La resolución tampoco se remite en este punto a la Vista Fiscal (que hasta ahora desconocemos). De este modo, la resolución incurre en manifiesta arbitrariedad e infringe el debido proceso.

C) Improcedencia de aplicar una sanción no contemplada en la ley 18.883.

El decreto alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2022 impuso la siguiente sanción:

“02.- Cámbiese en sus funciones a don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, categoría F, nivel 13, de acuerdo a lo instruido por su jefatura y a las necesidades del servicio en los Establecimientos de Salud de Atención Primaria de la comuna de Victoria”.

La aplicación de esta medida es ilegal, toda vez que ella no se encuentra contemplada en la ley 18.883, cuyo artículo 120 inciso 1º dispone que las sanciones que pueden aplicarse a los funcionarios son: censura, multa, suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y destitución.

La sanción de cambio de funciones carece entonces de sustento legal, no puede ser aplicada, deviniendo entonces la resolución impugnada en ilegal y arbitraria.

Finalmente, mediante Decreto Alcaldicio 1947 de fecha 04 de octubre de 2023 notificado a su representado con fecha 11 de octubre de 2023, se acogió parcialmente el recurso de reposición interpuesto, resolviéndose lo siguiente:

1.- DEJESE SIN EFECTO, Decreto Alcaldicio N° 1805, dispone sanción de fecha 04 de septiembre de 2023 2.- SANCIONESE al funcionario Sr nombre reservado, RUT: RUT reservado, CONDUCTOR DEL CESFAM VICTORIA, CATEGORIA F, NIVEL 13, según lo dispuesto en el artículo 131 de la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Municipalidades el que consiste en LA CENSURA, de la cual se dejara constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demerito de dos puntos en el factor de calificación de conducta funcionaria, subfactores Comportamiento u cumplimiento de normas e instrucciones.

C) Vicios ocurridos con posterioridad a la Decreto Alcaldicio 1947 de fecha 04 de octubre de 2023.

Existe un acto (en concreto una omisión), ilegal y arbitrario posterior a la dictación del Decreto Alcaldicio 1947 de fecha 04 de octubre de 2023, que infringe el debido proceso, de carácter permanente, por cuanto, a la fecha, el referido decreto alcaldicio no ha sido notificado a la fecha al abogado, mediante correo electrónico, como fuera peticionado en dos oportunidades: en el escrito de fecha 11 de agosto de 2023 en que el suscrito asumió la representación del inculpado y solicitó prórroga del plazo para formular descargos, y en el escrito de fecha 02 de octubre de 2023 en que se interpuso reposición administrativa en contra de del Decreto Alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, que había dispuesto las sanciones de censura y cambio de funciones.

Esta omisión de notificación al letrado que representa al inculpado en el sumario infringe lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso 2º de la CPR.

II. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO. PLAZO DE LA ACCIÓN.

La imposición de la sanción de Censura mediante Decreto Alcaldicio 1947 de fecha 04 de octubre de 2023 de la I. Municipalidad de Victoria es un acto ilegal y arbitrario, en cuanto fue consecuencia de una serie de actos vulneratorios del debido proceso por parte de la recurrida, llevados a cabo mientras se tramitaba el sumario administrativo, lo que trae como consecuencia un menoscabo en su representado tanto en lo personal como en su calidad de funcionario público.

La acción se ejerce dentro de plazo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del auto acordado, que dispone que dispone que el recurso debe interponerse dentro del plazo fata de 30 días corridos “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”, toda vez que el afectado tomó conocimiento cierto del acto el día 11 de octubre de 2023, fecha en que le fue notificada personalmente en su domicilio el Decreto Alcaldicio N°1947 de fecha 04 de octubre de 2023 de la I. Municipalidad de Victoria.

Con todo, como indicamos, esta parte alega que existe un acto (en concreto una omisión), ilegal y arbitrario posterior a la dictación del Decreto Alcaldicio 1947 de fecha 04 de octubre de 2023, que infringe el debido proceso, de carácter permanente, por cuanto, a la fecha, el referido decreto alcaldicio no ha sido notificado a la fecha al suscrito, mediante correo electrónico, como fuera peticionado en dos oportunidades a la recurrida.

En suma, la acción se ejerce dentro de plazo.

III.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

Articulo 19 N° 3 de CPR. Debido proceso.

El actuar arbitrario e ilegal denunciado, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del Derecho al debido proceso, contenido en el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República, pues como ya se ha señalado en el desarrollo de esta presentación, tanto en la tramitación del sumario como en su acto de término (Decreto Alcaldicio N°1947), así como en forma posterior con la omisión de notificación del acto terminal al suscrito, se han cometido infracciones legales y vicios que afectan la garantía constitucional ya mencionada, restringiendo principalmente el derecho a defensa del inculpado (Artículo 19 N°3 inciso 2º CPR), a una sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción fundada en un proceso previo legalmente tramitado y en general a la garantía de un procedimiento y una investigación racional y justo, motivo por el cual la aplicación de la sanción de censura dispuesta a su representado deviene en un acto ilegal y arbitrario, que debe ser dejado sin efecto por esta I. Corte.

Las mencionadas garantías se extienden también a los procedimientos administrativos disciplinarios, así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional quien ha declarado en que la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” del articulo 19 N° 3 inciso 6 de la Constitución chilena, debe entenderse en sentido amplio, sin limitación alguna, a todo ente, cualquiera sea su naturaleza. La expresión “sentencia” incluida en la misma norma, alude a toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica (Sentencia Tribunal Constitucional Rol 783-2007 de fecha 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero). Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales, deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo. (Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo)

Respecto al derecho a defensa que le asiste a su representado, este fue vulnerado reiteradamente durante toda la tramitación del sumario administrativo. Las vulneraciones sufridas por su representado hicieron imposible ejercer adecuadamente su derecho a defensa frente al D.A. N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023 y posteriormente al D.A N° 1947 de fecha 04 de octubre de 2023.

Pide tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la recurrida, Ilustre Municipalidad de Victoria ya individualizada, solicitando desde ya, se declare admisible la presente acción, y en definitiva se acoja, ordenando las siguientes medidas para el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la recurrida:

Dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1947 de fecha 04 de octubre de 2023 de la I. Municipalidad de Victoria, notificado en forma personal al inculpado pero no a su abogado representante en el sumario, que impone a su representado la sanción de censura, ordenándose que se deje sin efecto la anotación de demérito en su hoja de vida en caso de que ya haya sido efectuada por la recurrida.

Que se deje sin efecto la resolución de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023 y todos los actos posteriores a ella, por restringir el derecho a defensa del inculpado, y se retrotraiga el sumario administrativo a la etapa de tener que realizar una nueva formulación de cargos, a fin de que se realice una formulación de estos que detalle de forma adecuada la o las conductas reprochadas al actor, con expresión del tiempo, lugar y forma en que habrían ocurrido, en atención a todos los defectos que se describieron en esta presentación.

Ordenar a la recurrida remitir los antecedentes relativos a la la pérdida o sustracción y /o alteración de piezas del expediente sumarial al Ministerio Publico, a fin de que se realice la investigación correspondiente y así determinar si concurren circunstancias constitutivas de un ilícito penal en esos hechos.

Toda otra medida que US. ILTMA. considere necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la recurrida.

Que la recurrida sea condenada al pago de las costas del recurso.

A su presentación acompaña los siguientes documentos:

Copia del expediente del sumario administrativo dispuesto por decreto alcaldicio N° 1849 de fecha 20 de octubre de 2022 (o decreto alcaldicio N°119 de fecha 23 de enero de 2023) de la Ilustre Municipalidad de Victoria.

Escrito de fecha 11.

Escrito de fecha 11 de agosto de 2023 en que el suscrito asumió la representación del inculpado y solicitó prórroga del plazo para formular descargos.

Escrito de descargos del inculpado de fecha 21 de agosto de 2023.

Copias de las hojas faltantes en el expediente sumarial y que corresponden a las siguientes actuaciones: - Resolución de fecha 06 de abril de 2023, en que el Sr. Fiscal Pablo Molina cita a declarar al inculpado para el día 12 de abril de 2023, a las 9:30 horas, en oficina encargado SOME Cesfam Victoria. - Constancia acta de notificación inculpado de fecha 04 de mayo de 2023. - Acta declaración inculpado de fecha 12 de abril de 2023 ante Fiscal del sumario Sr. nombre reservado, C.I. RUT reservado.

Decreto Alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, de la Ilustre Municipalidad de Victoria.

Correo electrónico de fecha 26 de septiembre de 2023, enviado por el suscrito desde la casilla de correo indicada en el sumario (correo reservado), a la Sra(ita) Fiscal Paula Campos (correo reservado).

Correo electrónico de fecha 26 de septiembre de 2023, enviado por el suscrito desde la casilla de correo indicada en el sumario (correo reservado), al Sr. Alcalde de la comuna de Victoria don Javier Jaramillo Soto (correo reservado).

Reposición administrativa de fecha 02 de octubre de 2023.

Decreto Alcaldicio N° 1947 de fecha 04 de octubre de 2023 de la I. Municipalidad de Victoria, notificado personalmente al inculpado con fecha 11 de octubre de 2023.

Captura de pantalla de la aplicación de mensajería WhatsApp del suscrito, que da cuenta del envío por parte del recurrente, digitalizado en formato PDF, del Decreto Alcaldicio N° 1947 de fecha 04 de octubre de 2023 de la I. Municipalidad de Victoria el día 11 de octubre de 2023.

A folio 8 evacúa informe el abogado don ANIBAL CALBUÑIR MARIL, por la Municipalidad de Victoria, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES PREVIAS Y GENERALES.

Que, el día 15 de septiembre de 2022, se realizó una actividad a los funcionarios con motivo de fiestas patrias en horas de la tarde, en el estacionamiento de Centro de Salud Familiar Victoria, en adelante CESFAM Victoria, ubicado en calle nombre reservado°730, de la ciudad de Victoria, mientras se realizaba la actividad el señor nombre reservado fue visto en evidente estado de ebriedad, en circunstancias que quedó estrictamente prohibido ingresar y consumir bebidas alcohólicas en la actividad.

Que, mediante Ordinario N°128 de fecha 27 de septiembre de 2022, la directora del CESFAM, solicito al señor alcalde don Javier Jaramillo Soto, instruir sumario administrativo por hechos que involucran a don nombre reservado, por su parte la Municipalidad instruye investigación sumaría a través de Decreto Alcaldicio N°1763, de fecha 03 de octubre de 2022 y, Decreto Alcaldicio N°1849, de fecha 20 de octubre de 2022, se dispuso sumario administrativo, cuya investigación fue notificada al recurrente con fecha 12 de enero de 2023.

A su vez, por medio de Decreto Alcaldicio N°119 de fecha 23 de enero de 2023, se dejó sin efecto decreto N°1849 de fecha 20 de octubre de 2022, siendo notificado al señor nombre reservado, con fecha 05 de mayo de 2023.

Que, tras sucesivas recusaciones a investigadores y fiscales designado en el procedimiento sumarial, se designó como fiscal a doña Paula Campos Muñoz, mediante Decreto Alcaldicio N°1227, de fecha 17 de junio de 2023, citando a declarar al señor nombre reservado, llevándose a efecto el 26 de julio de 2023, a las 08:30 horas.

Ahora bien, cerrado el sumario administrativo, la fiscal con fecha 07 de agosto de 2023, realizó formulación de cargos, siendo notificada al recurrente con idéntica fecha, tal como consta a fojas 93, así las cosas, con fecha 11 de agosto de 2023, asume la representación del señor nombre reservado el abogado don Fernando Daller, y a su vez solicita prórroga de plazo para presentar sus descargos, los cuales fueron presentados con fecha 21 de agosto de la misma anualidad, acto seguido con fecha 28 de agosto de 2023, la fiscal procedió a dictar la vista fiscal proponiendo al señor Alcalde la sanción disciplinaria de censura dejando constancia en su hoja de vida mediante una anotación de demérito de 2 puntos en el factor de calificación conducta funcionaria.

El señor Alcalde ante lo propuesto en la vista fiscal del sumario administrativo, dispuso mediante Decreto Alcaldicio N°1805, de fecha 04 de septiembre de 2023, sancionar al recurrente con la medida disciplinaria de censura y cambio de sus funciones, especto a este acto administrativo el señor nombre reservado interpuso recurso de reposición, el cual fue acogido parcialmente a través del Decreto Alcaldicio N°1947, de fecha 04 de octubre de 2023, dejando sin efecto Decreto N°1805, y en consecuencia solo aplico la sanción de censura, dejando constancia en su hoja de vida, mediante anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación conducta funcionaria, que fue notificado personalmente al recurrente con fecha 11 de octubre de 2023.

EXTEMPORANEIDAD DE RECURRIR EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 DE FORMULACIÓN DE CARGOS.

Las peticiones concretas del recurrente en su letra b) solicita dejar sin efecto la resolución de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023, y todos los actos posteriores a ellas.

Cabe señalar que el recurrente fue notificado personalmente de la formulación de cargos con fecha 07 de agosto de 2023, tal como consta a fojas 93 del sumario administrativo, además con fecha 08 de agosto de 2023, solicito copia del expediente sumarial, por tanto, para recurrir respecto de aquellas supuestas irregularidades comenzó a correr el plazo para accionar de protección.

Pues bien, desde la notificación a fojas 93, hasta la fecha de interposición del recurso de protección el día 10 de noviembre de 2023 transcurrieron más de 90 días corridos, superando con creces el plazo establecido para la acción cautelar.

En efecto, el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, dispone un plazo perentorio de 30 días corridos para interponer el mencionado recurso, contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión de que se trate, o, según sea la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, plazo que se encontraba superado con creces al momento de la interposición del Recurso. Cita jurisprudencia.

En consideración a lo expuesto en el presente informe, resulta imperativo que se rechace el recurso de protección por extemporáneo, en cuanto a la petición, contemplada en su letra b) que solicita dejar sin efecto la resolución de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023 y todos los actos posteriores a ella, por haberse interpuesto de fuera de plazo, con expresa condenación en costas.

LA PRESENTE ACCIÓN CAUTELAR NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR DICHAS CUESTIONES.

Como lo ha sostenido en reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistente que en esa mismas disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas de resguardo que se debe tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida o perturbe ese ejercicio.

Ahora respecto a las alegaciones, como modificar o dejar sin efecto, una medida disciplinaria aplicada en la especie, son materia de lato conocimiento, así lo resuelto la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

En ese entendido, es improcedente la acción de protección como remedio para verificar una presunta vulneración en el marco de un sumario administrativo, así lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol. 1952-2010. En la misma línea, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, en la causa Rol. 396-2021 y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, en causa Rol. 214-2019.

Adicional a lo anterior, el artículo 156 de la ley N°18.883, dispone que “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto. Para dicho efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos, el plazo para reclamar será de sesenta días. Igual derecho tendrán las personas que postulen a un concurso público para ingresar a un cargo en una municipalidad, debiendo ejercerlo dentro del plazo de diez días, contado en la forma indicada en el inciso anterior. La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo informe del alcalde respectivo. El informe deberá ser emitido dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte días hábiles.”

En ese orden de ideas, el funcionario público, tiene el derecho de reclamar en contra de los actos que adolezcan de ilegalidad y que afecten los derechos garantizados en el Estatuto de Funcionarios Municipales, ante la Contraloría General de la República dentro de un plazo de 10 días hábiles contado desde que tuviere conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama. Pues bien, revisado el expediente sumarial no existe reclamo alguno ante el Órgano Fiscalizador.

Por tanto, es improcedente interponer una acción de protección cuando existen recursos administrativos y jurisdiccionales especiales en la legislación administrativa, puesto que, existe en nuestro ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de las municipalidades, resulta evidente que esta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar.

Que, en consecuencia, expresamente la ley ha establecido un procedimiento y recursos que al sancionado compete incoar, encontrándose la situación y regulación de las normas de derecho que la propia ley establece, no siendo el Recurso de Protección, que es de carácter excepcional y que tiene por objetivo poner pronto remedio a conductas ilegales o arbitrarias y que vulneren garantías establecidas en la Constitución, la vía idónea para remediar dicha situación que ha sido objeto de este reclamo ni tampoco, por esta misma vía, se puede dejar sin efecto o rebajar una sanción impuesta por una autoridad que tiene la facultad y atribuciones legales para ello, existiendo otros caminos que la propia ley señala para tales efectos por lo que no cabe más a S.S.I., por las razones dadas, rechazar la presente acción de protección deducido en contra de la Ilustre Municipalidad de Victoria, con costas.

EN CUANTO A LAS SUPUESTAS INFRACCIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nos haremos cargo de los supuestos vicios e infracciones denunciados por el recurrente, solicitando desde ya, sean desestimados puesto que, no constituyen una infracción al artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la supuesta falta de precisión y certeza de los cargos formulados.

Con fecha 07 de agosto de 2023, la fiscal doña Paula Campos Muñoz, efectúo la formulación de cargos, siendo estos dos: Cargo 1: Encontrarse en su lugar de trabajo bajo la influencia del alcohol y, Cargo 2: Infringir el principio de Probidad Administrativa y vulnera la obligación funcionaria de mantener una vida social acorde al cargo.

La resolución administrativa fue notificada personalmente al recurrente con fecha 07 de agosto de 2023, tal como consta a fojas 93 del expediente sumarial, acto seguido con fecha 11 de agosto de 2023, asume su representación el abogado Fernando Daller, quién en conocimiento de la resolución de formulación de cargos, sólo solicita prorroga, no alegando en dicha oportunidad procesal el supuesto vicio o infracción que adolecían los cargos formulados.

Ahora bien, la forma en que el inculpado puede solicitar la declaración de nulidad procesal, no está señalado expresamente en el Estatuto Administrativo, motivo por el cual se debe basar en las prácticas, fuente fundamental para el derecho administrativo. En ese entendido el recurrente debe solicitar la nulidad del procedimiento o de las actuaciones administrativas, tan pronto como advierta que éste está viciado, y antes de realizar cualquiera otra gestión en el procedimiento sumarial, es decir previo a presentación de los descargos, en virtud del cual se otorgara la instancia para debatir si es procedente o no la nulidad solicitada, es decir es una tramite de lato conocimiento.

El recurrente, antes de denunciar el supuesto vicios o infracción, solicitó prórroga del plazo para presentar descargos, y con fecha 21 de agosto de 2023 presenta sus descargos, es decir 10 días hábiles posteriores a la notificación de los cargos, no interpuso previamente incidente nulidad del procedimiento o de la resolución de formulación de cargos, sino más bien, como fueron los argumentos utilizado en sus descargos, no siendo presentada antes de la contestación propiamente tal, considerando además que el inculpado se encontraba debidamente representado por abogado.

Por su parte el artículo 142 de la ley N°18.883, estipula que: “Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”.

Hacer presente que, ante esta supuesta falta de precisión o certeza de los cargos formulados, el recurrente no estuvo privado de ejercer su derecho a defensa, puesto que, presentó sus descargos, además, el actor tuvo pleno derecho a solicitar al fiscal la rendición de prueba y/o de diligencias probatorias adicionales, al momento de presentar sus descargos, que no fue solicitado por el actor, por lo tanto, es errado señalar la existencia de una vulneración a su derecho de defensa Al respecto, la ley N°18.883, en su artículo 136 inciso final dispone que: "Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días".

En cuanto a la supuesta pérdida o sustracción de piezas del expediente sumarial.

Respecto a esta supuesta infracción, el recurrente expresamente reconoce que las piezas del expediente que no estaban a su disposición le fueron entregadas, previo a la presentación de su escrito de descargos, por lo que de existir alguna irregularidad esta fue subsanada en el más breve plazo, incluso actualmente forman parte del sumario administrativo.

En consecuencia, no existe una infracción al derecho de defensa del recurrente, toda vez que, las piezas faltantes fueron entregadas con la debida prontitud al señor nombre reservado como a su abogado patrocinante, tal como consta en la presente acción de protección y en el expediente sumarial consta a fojas 104 a 112 respectivamente.

En efecto, no se configura una infracción al debido proceso, puesto que, el recurrente realizó todas las actuaciones disponibles en el ordenamiento jurídico, para presentar sus descargos y la obtención de piezas del expediente sumarial.

Por tanto, es inoficioso enviar los antecedentes al Ministerio Público, toda vez que, las piezas faltantes de expediente sumarial fueron entregadas al recurrente, y jamás fueron ocultadas o extraviadas.

En cuanto a la supuesta carencia de sustento jurídico del oficio de formulación de cargos.

El recurrente, manifiesta la configuración de un vicio que afecta la resolución de formulación de cargos de fecha 07 de agosto de 2023, al señalar que el sumario administrativo se instruyó por Decreto Alcaldicio N°1849 de 20 de octubre de 2022.

Como bien conoce el recurrente, y así lo ha señalado en la presente acción de protección, que mediante Decreto Alcaldicio N°1763 de 03 de octubre de 2022, se dispuso investigación sumaria, solicitado a través Ordinario N°128, emitido por la directora del CESFAM Victoria doña nombre reservado por los hechos ocurrido el día 15 de septiembre de 2022, en el estacionamiento del CESFAM Victoria, que involucran al señor nombre reservado.

Posteriormente a través de Decreto Alcaldicio N°1849 de 20 de octubre de 2022, se dispuso sumario administrativo, por el oficio antes señalado, acto seguido con fecha 23 de enero de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°119, dejó sin efecto decreto N°1849, además elevó a sumario administrativo la investigación sumaria instruido por Decreto N°1763, de acuerdo con el informe del fiscalizador de fecha 17 de enero de 2023.

De acuerdo a lo señalado, el recurrente tiene pleno conocimiento que el decreto alcaldicio N°1763 de fecha 03 de octubre de 2022, que dispuso investigación sumaria, se elevó a sumario administrativo mediante decreto N°119, de fecha 23 de enero de 2023. Ahora bien, la resolución de formulación de cargos la señora Fiscal incurrió en un error involuntario al mencionar un decreto distinto al que efectivamente debe ampararse, que a la fecha de presentar los descargos el recurrente estaba plenamente en conocimiento, puesto que, la declaración del señor nombre reservado a fojas 66, se llevó a cabo, sin que el recurrente realizará observación al respecto.

Ahora bien, el recurrente debidamente representado, no solicita la nulidad de la actuación supuestamente viciada para que fuera conocido y fallado por la respectiva fiscal, puesto que como bien se señaló, el inculpado debe solicitar la nulidad tan pronto advierta que el procedimiento está viciado, lo que no aconteció en el proceso sumarial, más bien, presentó sus descargos argumentando una supuesta incertidumbre de procedimientos, solo para buscar un sobreseimiento y no subsanar los supuestos vicios del procedimiento.

Además, el señor nombre reservado por medio de correo electrónico de fecha 08 de agosto de 2023, solicito copia del sumario administrativo, para dar respuesta a los cargos que se le habían formulado, describiendo claramente que mediante Decreto N°1763 de 03 de octubre de 2023, se dispuso investigación sumaria y que a través de Decreto N°119 de 23 de enero de 2023, fue elevada a sumario administrativa, es decir el señor nombre reservado conocía perfectamente la secuencia de los decretos alcaldicios que sustentaban la resolución de formulación de cargos, que por un error involuntario la fiscal agregó un decreto que fue dejado sin efecto.

Advertir que los vicios del procedimiento no afectan la legalidad de la resolución que aplica medidas disciplinarias cuando inciden los trámites que no tienen influencia decisiva en los resultados del sumario, conforme lo establece el artículo 142 de la ley N°18.883.

En la misma línea, la declaración de nulidad de lo obrado en un procedimiento no extingue la responsabilidad administrativa del inculpado, puesto que esta termina por las causales contempladas en el artículo 153 de la ley N°18.883.

En cuanto a las supuestas infracciones posteriores al escrito de descargos de 21 de agosto de 2023.

Respecto a la no dictación de resolución que provea escrito de descargos de 21 de agosto de 2023 y escrito que solicita absolución de 21 de septiembre de 2023.

El recurrente refiere que, el escrito de presentación de descargos, no fue proveído mediante una resolución, como también del escrito de absolución de fecha 21 de septiembre de 2023, y que esta supuesta omisión habría transgredido el debido proceso, especialmente su derecho a defensa, en circunstancias que, el recurrente señala que al presentar sus descargos por correo electrónico, la señora fiscal acusó recibo a su presentación, la cual fue agregado al expediente y considerada en la vista fiscal, que consta a fojas 126, del sumario.

Además, tal como se ha señalado, el señor nombre reservado solo presentó sus descargos a la formulación de cargos, y no solicitó la nulidad de las actuaciones que a su entender viciaron el procedimiento.

Par mayor abundamiento, hacer presente que lo alegado por el recurrente no versa sobre trámites que la jurisprudencia administrativa considere esenciales, y que afecte la legalidad del decreto que aplicó la medida disciplinaria, puesto que, la Contraloría en dictamen N°14033, de 06 de junio de 2018, “precisó que son trámites esenciales para garantizar una adecuada defensa y, por ende, dicho principio, la declaración del inculpado, la posibilidad de que este formulara sus descargos y además poder deducir los recursos que procedan, diligencias que, según lo expresado previamente, se cumplieron en la especie.”

Respecto a la supuesta falta de notificación al representante legal del Decreto Alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre 2023.

El señor abogado Fernando Daller, efectivamente con fecha 11 de agosto de 2023, envía escrito asumiendo el patrocinio y poder, del señor nombre reservado, su escrito consta de dos peticiones, en lo principal, asume representación y en un otrosí, solicita prórroga de plazo para formular cargos, no vislumbrando una petición adicional en cuanto a la forma de notificación, no siendo posible entender que por mencionar el correo electrónico en su individualización, se deba notificar todas la resoluciones a su casilla electrónica.

Es necesario mencionar que el abogado patrocinante en escrito de recurso de reposición de fecha 03 de octubre de 2023, solicitó como en derecho corresponde notificar las resoluciones a su correo electrónico y no como malamente pretende hacer creer en la presente acción de protección.

Por otra parte, malamente se omite en señalar que el Decreto Alcaldicio N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, fue notificado personalmente al señor nombre reservado con fecha 25 de septiembre de presente anualidad, conforme lo establece el artículo 45 de la ley N°19.880.

Así lo establece el artículo 138 inciso final de la ley N°18.883, dispuso que “La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado”, cumpliendo en consecuencia, con este trámite esencial, tal como se mencionó anteriormente.

En cuanto a la supuesta falta de notificación de la vista fiscal.

La ley N°18.883, en su artículo 137 inciso 1°, dispone que “Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.”

Por su parte el artículo 138 de la citada ley establece que: “Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al alcalde, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso.”

El recurrente refiere que tras ser notificado del Decreto N°1805 de fecha 04 de septiembre de 2023, se percató que hace alusión a la vista fiscal, que no fue notificada al inculpado ni a su abogado, en circunstancias que la ley no exige practicar dicha notificación.

Antes esta supuesta falta de notificación, el recurrente solicitó copias de la vista fiscal, a un correo electrónico distinto de la señora fiscal doña Paula Campos correo reservado y no al correo electrónico oficial correo reservado, como erradamente alude en la presente acción, y además envió correo electrónico al señor Alcalde Javier Jaramillo, no efectuando dicha petición mediante un escrito formal presentado ante la Oficina de Partes de la Municipalidad o adjunto vía correo electrónico, y no con informalidad que fue planteada, considerando que en su recurso plantea observaciones al desarrollo del procedimiento, en circunstancias que también realiza solicitudes informales, sin la debida formalidad que merece un procedimiento reglado.

Para un correcto entendimiento de lo mencionado por el recurrente, debemos contextualizar, puesto que con fecha 21 de agosto de 2023, el señor nombre reservado formuló sus descargos, la fiscal tiene 5 días para emitir su dictamen o vista fiscal, emitidas debe elevar los antecedentes al señor alcalde, quien en el plazo de 5 días deberá expedir el decreto que absolverá o aplicará una medida disciplinaria. De acuerdo al plazo establecido en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, con fecha 04 de septiembre de 2023, se emitió el correspondiente decreto alcaldicio que sancionó al señor nombre reservado con la medida disciplinaria de censura y cambio de funciones., cuya notificación se practicó con fecha 25 de septiembre de 2023.

Cabe señalar que, una vez emitida la vista fiscal el expediente material del sumario se eleva íntegramente al señor alcalde, quien emitirá el correspondiente decreto absolutorio o sancionatorio, mas no se pronunciará de solicitudes efectuada por correo electrónico y de escritos que no consten en el respectivo expediente, como acontece en la especie. En cuanto a la solicitud realizada a la fiscal, en primer lugar, dicha solicitud fue enviada a una casilla distinta a la oficial, en segundo término, el expediente material fue elevado al señor alcalde, y en tercer lugar, no es posible pronunciarse de correo electrónicos que no adjunten un escrito donde conste la solicitud formal.

Dicho lo anterior, el recurrente acusa una supuesta vulneración al debido proceso al no entregar la vista fiscal, la cual como ya se mencionó no fue solicitada en términos formales que requiere todos procedimiento reglado, por lo que no se configura una infracción a su derecho a defensa, teniendo presente, que hasta fecha de emitir Decreto Alcaldicio N°1947, el recurrente no ha solicitado a través de un escrito formal copia de la vista fiscal.

En cuanto a la supuesta imposibilidad de ejercer su derecho a defensa contra al Decreto Alcaldicio N°1805 de 04 de septiembre de 2023, supuesta falta de motivación del acto administrativo e improcedencia de aplicar una sanción no contemplada en la ley.

Respecto a este punto, el recurrente es reiterativo en manifestar una supuesta vulneración al debido proceso, por no haber podido conocer el contenido de la vista fiscal, lo que a su entender habría limitado su derecho a defensa, lo que claramente no ha sucedido, puesto que, como ya se mencionó el actor realizó una solicitud mediante correo electrónico y no a través de una solicitud formal como en derecho corresponde y en la etapa procesal en que el expediente material del sumaria se encuentra en poder del alcalde y no de la fiscal, quien además emite el respectivo decreto en consideración a los antecedentes que existen en el expediente respectivo y no aquello que llegan de manera informal al correo electrónico institucional del señor Alcalde. Además, se debe considerar que al recurrente se le ha respetado todos sus derecho y actuaciones disponibles en el procedimiento disciplinario y que son consideradas esenciales, tales como: prestar declaración, formulación de descargos, derecho de presentar pruebas y recurrir respecto de los actos administrativos.

Además, el recurrente alude a una supuesta falta de motivación del Decreto Alcaldicio N°1805, para ello alude que no se expresa que cargos se tuvo por acreditado, con que medio probatorio y porque se aplica la sanción disciplinaria. Respecto a este punto el actor malamente puede desconocer el mérito del procedimiento sumarial, y análisis de la prueba que efectuó la señora fiscal, puesto que, en su vista fiscal mencionó que se tuvo especial consideración un video en el cual se constató y acreditar que el señor nombre reservado, se encontraba bajo los efectos del alcohol, el día 15 de septiembre de 2022, aproximadamente a la 17:30 horas, medio de prueba que fue puesto a disposición del recurrente.

En virtud de lo anterior se configura la sanción establecida en los artículos 124 y 131 de reglamento interno del establecimiento de atención primaria de salud, conforme lo dispuesto en el artículo 139 de la ley N°18.883, la que finalmente se aplica mediante decreto alcaldicio.

Para mayor abundamiento, el acto administrativo se encuentra debidamente fundamentado con los respectivos razonamientos de hecho y derecho que la sustentan, lo que condice con la sanción aplicada, cuyo sustento jurídico se encuentra establecido en el reglamento interno de salud primaria y ley N°18.883.

Ahora, en cuanto a la improcedencia de una sanción no contemplada en la ley, situación que ya fue alegada en el recurso de reposición presentado con fecha 03 de octubre de 2023, y que por lo motivos expuesto el decreto N°1805 fue dejado sin efecto, en consecuencia, al señor nombre reservado solo fue sancionado con la medida disciplinaria de censura, por lo tanto, no puede ser utilizado con antecedentes de una supuesta vulneración al debido proceso.

En cuanto a la supuesta falta de notificación del decreto alcaldicio N°1947, de 04 de octubre de 2023.

El actor refiere una supuesta infracción al debido proceso al no ser notificado del decreto N°1947, omitiendo groseramente la notificación personal practicada al señor nombre reservado, con fecha 11 de octubre de 2023, estampando su firma en el decreto respectivo, por tanto, no existe vulneración en a su legítimo ejercicio de su derecho de defensa.

Que la Contraloría General de la República, en dictamen N°60.701 de 02 de octubre de 2012, precisó que “tales resoluciones constituyen una actuación procesal interna del sumario, bastándole a la autoridad dejar constancia en el expediente de la circunstancia de no haber dado lugar a ellos, motivo por el cual la omisión de la notificación de tales pronunciamientos no es un vicio que invalide las actuaciones practicadas en el correspondiente sumario.”

Ahora bien, considerando lo establecido por la jurisprudencia administrativa, de toda manera se practicó la notificación de manera personal al inculpado del Decreto Alcaldicio N°1947 de fecha 04 de octubre de 2023, por tanto, persistir de forma infundada en una supuesta infracción al debido proceso, demuestra claramente que el procedimiento sumarial cumplió con todos y cada uno de los trámites esenciales, otorgando y garantizando cada una de las actuaciones del recurrente.

Conclusión.

Que, en atención a lo ya expuesto, se puede apreciar que los supuestos vicios o infracciones señaladas por el recurrente, son asuntos de lato conocimiento y existiendo un procedimiento de reclamo ante el órgano de administrativo respectivo, para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afectó los derechos funcionario, resulta evidente que esta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar.

El recurrente más que buscar la corrección del procedimiento, lo que intenta es lograr un sobreseimiento de la sanción aplicada. Dicho esto, es necesario reiterar que la declaración de nulidad de lo obrado en un procedimiento no extingue la responsabilidad administrativa del inculpado, puesto que esta termina por las causales contempladas en el artículo 153 de la ley N°18.883.

Recalcar una vez más, que los vicios del procedimiento no afectan la legalidad de la resolución que aplica medidas disciplinarias cuando inciden los trámites que no tienen influencia decisiva en los resultados del sumario, conforme lo establece el artículo 142 de la ley N°18.883.

Para mayor abundamiento, la ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en su artículo 3 inciso final, consagra el principio de legalidad de los actos administrativos, dispone que: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.”

En el evento hipotético que se considere que se configuran los supuestos vicios o infracciones señalados, estos se encuentran subsanados puesto que el recurrente no interpuso el incidente de nulidad en la oportunidad procesal respectiva y en cuanto ser procedente la presente acción de protección, esta fue interpuesta de forma extemporánea, puesto que, el plazo de 30 días corridos fue superado con creces.

EN CUANTO A LA GARANTÍA SUPUESTAMENTE VULNERADA.

Como se puede apreciar, no existe vulneración de garantías constitucionales, toda vez que, no se configuran los presupuestos de la acción de protección, al no existir una amenaza, perturbación o privación en contra del recurrente en el ejercicio de sus derechos garantizados, por tanto, no existe agravio que se haya generado por un acto u omisión que sea ilegal o arbitraria.

Respecto a la supuesta vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

El recurrente, alega una supuesto actuar arbitrario e ilegal que perturba o amenaza su ejercicio del derecho al debido proceso, específicamente se remite al derecho de defensa, consagrado el citado artículo 19 N°3 inciso segundo del Código Político, argumentando se forma ambigua que la sanción disciplinaria de censura deviene de un acto ilegal y arbitrario, omitiendo el recurrente que los procedimiento disciplinario se encuentran expresamente regulado en la ley, en este caso la ley N°18.883 y ley N°19.880, su tramitación contemplada una serie de etapas que fueron debidamente cumplidas, no vulnerando los trámites esenciales del sumario administrativo, siendo esto, la declaración del inculpado, la formulación de cargos, su respectiva notificación, derecho a presentar medios probatorio, notificación del decreto alcaldicio absolutorio o condenatorio y de recurrir de los respectivos actos administrativos, los cuales le fueron otorgados para ejercer una defensa racional y justa, así queda demostrados en el expediente sumarial.

Cabe señalar que la garantía aludida no es aquellas tuteladas a través de la acción de protección de conformidad del artículo 20 de la Constitución Política, puesto que, respecto al artículo 19 N°3, sólo es recurrible su inciso quinto, en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

Así ha quedado plasmado en pronunciamiento de fecha 28 de febrero de 2022, causa Rol. 396-2021 emitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Asimismo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de fecha 25 de marzo de 2019, Rol. 73356-2018.

Como ya se argumentó el recurrente malamente puede alegar una vulneración de su derecho a defensa, dado que, durante la tramitación del procedimiento administrativo se otorgó todas las facilidades para conocer el expediente sumarial, y a la vez ser patrocinado por abogado, teniendo la posibilidad de ser oída, efectuar sus descargos y prueba durante el procedimiento sumarial y de presentar los recursos que franquea la ley, los cuales ha sido resuelto debidamente por la autoridad comunal sin existir por tanto privación de ningún tipo.

Pide tener por evacuado el informe requerido en estos autos, y en definitiva rechazar el presente recurso de protección, en contra de la Municipalidad de Victoria en todas sus partes, toda vez que no se ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, que haya vulnerado los derechos indicados por el recurrente, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe:

Copia de expediente de sumario administrativo.

Copia de correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2023.

Copia de correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2023.

Copia de correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2023.

Copia de correo electrónico de fecha 03 de octubre de 2023.

Se ordenó traer los antecedentes en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

SEGUNDO: Que, lo que reclama en el presente recurso es la tramitación de un sumario que en definitiva se tradujo en la sanción de censura por escrito del recurrente.

TERCERO: Que, el recurrente estima que dicho obrar ha amagado su derecho al debido proceso y su derecho a defensa, los que encuentran fundamento en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, a este respecto, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Carta Magna, salvaguarda en lo que refiere a este numeral, solo lo concerniente a su inciso 5°, esto es “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, lo que no fue lo reclamado en la especie, como ya se dijo.

QUINTO: Que, en consecuencia y de la forma en la que fue construido este arbitrio constitucional, no encontrándose resguardado dentro de la presente acción los derechos que el recurrente estimó lesionados, el recurso no podrá arribar a buen puerto y será rechazado.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento cabe señalar que la seguidilla de vicios procedimentales que ha hecho notar el recurrente en su recurso respecto del sumario administrativo llevado en su contra, deben ser conocidos en la sede respectiva, no pudiendo constituirse el recurso de protección, que es un procedimiento sumario y desformalizado, en una nueva instancia donde se conozca y decida respecto de posibles yerros que recaen en el referido procedimiento administrativo disciplinario.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, se desprende que el actuar de la recurrida Municipalidad de Victoria dice relación con llevar a cabo un sumario administrativo contra el recurrente, no existiendo en tal sentido una acción arbitraria o ilegal alguna de su parte, no pudiendo desprenderse tampoco la existencia de algún derecho indubitado del recurrente que se encuentre amparado por la acción constitucional de protección.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por el abogado don FERNANDO DALLER GUTIERREZ, en favor de nombre reservado y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD VICTORIA.

Redacción del fallo por Ministro (S) Sr. Wilfred Ziehlmann Zamorano.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13750-2023 (pvb).