nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece don Roberto Martínez Jiménez, abogado, en representación de nombre reservado, trabajadora social, cédula de identidad N°RUT reservado, funcionaria pública, soltera, domiciliada, para estos efectos, en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, por haber dictado ilegal y arbitrariamente la Resolución Exenta RA N°116855/62/2025, de 28 de noviembre de 2025, que resolvió no prorrogar la designación a contrata de su representada a contar del 31 de diciembre de 2025, y por la Resolución Exenta N°43, de 19 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, confirmando íntegramente la decisión.

Señala, en síntesis, que la recurrente ha prestado servicios para el SERVIU Región de La Araucanía, en la ciudad de Angol, desde el año 2020, cumpliendo funciones propias del área social y operativa de programas habitacionales, con atención directa de usuarios, gestión y revisión de antecedentes socioeconómicos, tramitación y seguimiento de expedientes, coordinación con equipos internos, apoyo en terreno y ejecución de tareas asociadas al funcionamiento permanente de la Delegación Provincial.

Expresa que, la entrada formal de su representada al servicio se produjo bajo la modalidad a contrata (reemplazo) a contar del 01 de octubre de 2020, y, desde entonces, el organismo optó por mantener la continuidad de su trabajo mediante sucesivas fórmulas de vinculación —reemplazo, convenios a honorarios y, finalmente, contrata— sin que existiera solución de continuidad real en la prestación, en la dependencia jerárquica ni en el contenido de las funciones.

Precisa que, durante los años 2021, 2022 y 2023 se celebraron convenios ad-referendum a honorarios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar labores en Angol vinculadas al SERVIU, los cuales, por su propio tenor, acreditan una prestación con jornada completa y control institucional de asistencia.

Sostiene que, el propio servicio, coherentemente con la necesidad permanente del cargo, avanzó luego a la regularización parcial de la situación, mediante Resolución N°116855/3641/2023, de 19 de octubre de 2023, en que se la contrató a contar del octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y, posteriormente, mediante Resolución N°116855/4249/2023, de 04 de diciembre de 2023, se prorrogó la contrata para el año 2024.

Añade que, luego por Resolución N°116855/1727/2024, de 13 de diciembre de 2024, se prorrogó su contrata para el año 2025. En cada uno de estos períodos se mantuvieron las funciones, el perfil y la inserción organizacional en el área social-operativa de la Delegación Provincial.

Explica que, con fecha 28 de noviembre de 2025, la recurrida dictó la Resolución Exenta RA N°116855/62/2025, decidiendo no prorrogar la designación a contrata de su mandante a contar del 31 de diciembre de 2025, invocando como marco, la discusión sobre confianza legítima, cita instructivos de Contraloría General de la República y jurisprudencia de Excma. Corte Suprema, y declara en términos conclusivos que las funciones de la misma ya no serían requeridas, combinando aquello con apreciaciones sobre desempeño y dinámica relacional.

Comenta que, posteriormente, dentro de plazo, y con el objeto de revertir la decisión contenida en el acto, se dedujo el respectivo recurso de reposición. Sin embargo, por Resolución Exenta N°43, de 19 de diciembre de 2025, el SERVIU rechazó la reposición y confirmó la no renovación, explicitando como sustento el “deterioro de las relaciones interpersonales”, la supuesta “falta de interés” en asumir nuevos desafíos y un alegado desconocimiento de procedimientos internos, sosteniendo además que tales aspectos estarían “documentados” y serían “coherentes” con las calificaciones.

Refiere que, la decisión se construye sin individualizar antecedentes concretos, objetivos y verificables que permitan comprender, contrastar y controlar la razonabilidad del juicio adoptado: no se precisan hechos determinados, no se identifican informes, registros, advertencias formales ni hitos documentados que sustenten el reproche.

Indica que, en consecuencia, la Administración reemplaza el estándar de motivación y racionalidad exigible por una decisión discrecional, de soporte probatorio débil y asentada en apreciaciones subjetivas, con el efecto práctico de erosionar el control de legalidad y comprometer la tutela efectiva de derechos que esta acción cautelar precisamente busca resguardar.

Expresa que, en lo que concierne a la Resolución Exenta RA N°116855/62/2025, la ilegalidad se manifiesta, en primer término, en su falta de fundamentación suficiente y en la incongruencia interna de las razones invocadas. Así, el primer acto fija el “marco” de la controversia: afirma necesidad institucional, pero introduce reproches laborales; esa dualidad condiciona el examen del segundo acto, que, en vez de corregirla, la consolida.

Añade que, a su turno, la Resolución Exenta N.º 43/2025, que desestima el recurso de reposición, no solo no corrige los vicios del acto primitivo, sino que los profundiza y termina por consolidarlos como fundamento definitivo de la decisión y evidencia que la causa determinante no está relacionada con la causal de término de las contratas (necesidad de los servicios), tampoco responde a una reorganización objetiva del Servicio o a cuestiones presupuestarias; sino un juicio subjetivo sobre desempeño y conducta laboral, juicio que se convierte en razón decisoria para excluir a la trabajadora de la dotación sin procedimiento. Este explicitación posterior confirma que el supuesto fundamento institucional operó como cobertura, y que la decisión se estructuró como una medida expulsiva por desempeño o convivencia.

Expone que, la arbitrariedad, por su parte, se aprecia con especial intensidad cuando la autoridad pretende relacionar su decisión con las calificaciones, pero los resultados sitúan a su representada en Lista 1 de distinción en los períodos considerados. Ello torna impertinente sostener que existiría una base objetiva suficiente para una medida terminal, sobre todo cuando se invoca (en paralelo) la idea de falencias relevantes o de incompatibilidad con el cargo.

Agrega que, la confianza legítima debe analizarse desde la realidad de la relación y no desde un formalismo conveniente a la Administración. Reitera que su clienta ha servido de manera continua desde 2020, y el servicio mantuvo su presencia en la unidad mediante modalidades sucesivas que, en los hechos, configuraron una continuidad funcional, jerárquica y temporal y esa continuidad se vuelve aún más evidente cuando los propios convenios a honorarios fijan jornada de 44 horas semanales, sujeción a horario y control de asistencia, con ejecución en dependencias institucionales y bajo coordinación interna.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que, se conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.° 2 de la CPR, desde que la no renovación se adopta sin criterios objetivos verificables y sin un parámetro generalizable que permita explicar —con base en antecedentes constatables— por qué la medida recae precisamente en la recurrente, pese a existir continuidad de funciones, calificaciones favorables y necesidad permanente del servicio.

Expone que, en segundo término se perturba la garantía del debido proceso en sede administrativa del artículo 19 N° 3 de la carta fundamental, en su dimensión de racionalidad procedimental y defensa efectiva, desde que la Administración utiliza imputaciones propias de evaluación o reproche laboral como “desempeño”, “relaciones interpersonales”, “supuesta falta de interés”, “desconocimiento de procedimientos”, para justificar una desvinculación, sin abrir instancia formal alguna que permita oír a la afectada, confrontar antecedentes, rendir descargos y exigir un estándar probatorio mínimo.

Manifiesta que, en tercer lugar, se vulnera la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 N.° 16), en cuanto la decisión impugnada produce una exclusión intempestiva del empleo público, con afectación relevante del proyecto profesional y de la estabilidad mínima derivada de la continuidad funcional efectivamente desplegada.

Finalmente refiere que, en cuarto término, se afecta el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la CPR, entendido en su dimensión patrimonial, sobre el conjunto de derechos económicos asociados a la relación estatutaria (remuneraciones, asignaciones, cotizaciones previsionales y de seguridad social), cuya continuidad se ve abruptamente interrumpida por un acto ilegal y arbitrario.

Conforme a ello, solicita acoger el recurso, declarando que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios y que privan, perturban y/o amenazan el legítimo ejercicio de las garantías de los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la CPR, dejándolos sin efecto y en consecuencia, ordenar a la recurrida restablecer el imperio del derecho y otorgar protección efectiva, disponiendo en lo sustancial: a) La inmediata renovación y/o prórroga de la contrata de su representada para el período correspondiente al 2026, en idénticas condiciones a aquellas bajo las cuales ha venido prestando servicios; y/o su reincorporación a las mismas funciones que ejercía en la Delegación Provincial de Angol, según corresponda. b) El pago de remuneraciones, asignaciones y demás emolumentos y la regularización de cotizaciones previsionales y de seguridad social que se devenguen desde la fecha de término que se hizo efectiva, esto es, desde el 1 de enero de 2026 y hasta la total y completa ejecución de lo ordenado por esta Ilma. Corte.

A folio 10 evacúa informe el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, señalando que, la potestad ejercida para poner término a la designación a contrata es legal, ejercida por la autoridad competente y se encuentra acorde, además, con la jurisprudencia administrativa y judicial vigente, según la cual es posible poner término a una contrata en aquellos casos en que los servicios ya no son necesarios, en tanto el acto de desvinculación exprese los fundamentos de hecho y de derecho que lo motivan, presupuesto que se cumple en la especie.

Indica que, existen fundamentos para afirmar que no ha existido afectación al principio de “confianza legitima”. Si bien es cierto, en dictámenes del órgano contralor ha hecho aplicable el criterio de la “confianza legitima” a ciertos funcionarios a contrata, cuando se han cumplido los requisitos e instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, el mismo órgano ha sostenido que “no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas – u otras figuras de designación semejantes en particular en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el termino anticipado…” (Dictamen 6400/2018 de CGR)

Expresa que, mediante Resolución Exenta RA N.º 116855/62/2025 de fecha 28 de noviembre de 2025, se dispuso la no renovación del vínculo Contractual que doña nombre reservado mantenía con el SERVIU Región de la Araucanía, acto que expresó en su parte considerativa, los fundamentos que reproduce.

Precisa que, de lo anterior, se colige que se ha cumplido cabalmente con el requisito de formular los antecedentes en que se sustenta la decisión de la autoridad, siendo una facultad privativa del Director de SERVIU el disponer la no renovación de la contrata de la recurrente.

Añade que, el acto recurrido no es ilegal ni puede serlo, toda vez que su dictación corresponde a una facultad contenida en el nombramiento, es el nombramiento mismo el que establece la posibilidad de ponerle termino anticipado a la contrata o no renovarla cuando a criterio del organismo público los servicios del funcionario público dejan de ser necesarios para los fines de la entidad (se trata de una facultad discrecional del servicio). En caso contrario llegaríamos al absurdo de concluir que es el acto de nombramiento y sus prórrogas las que adolecen de un vicio de ilegalidad por contener dicha cláusula.

Sostiene que, como ya se ha mencionado, su ejercicio constituye una facultad discrecional en el nombramiento y que goza de respaldo legal. El que sea discrecional significa que frente a una misma situación, la autoridad puede optar entre dos o más alternativas, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, por lo tanto, al incorporarse la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, el ejercicio de tal atribución es totalmente ajustado a derecho, no siendo arbitrario ni contraviniendo la normativa estatutaria, sino, por el contrario, adecuándose a ésta al darle cumplimiento dentro del margen discrecional que la ley le autoriza.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SEGUNDO: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la Resolución Exenta RA N°116855/62/2025, de 28 de noviembre de 2025, que resolvió no prorrogar la designación a contrata de la actora para el año 2026, y contra la Resolución Exenta N°43, de 19 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, confirmando íntegramente dicha decisión.

TERCERO: Que, se hace necesario reflexionar en relación la resolución recurrida, referida en el basamento que antecede, de lo que se puede desprender que el órgano público recurrido fundó su actuar, pues la resolución que dispone la no renovación de la contrata, dice relación con la necesidad de impulsar las acciones y medidas necesarias para garantizar la eficiencia y competencia profesional y técnica del personal integrado a sus equipos regulares de trabajo, conforme a los antecedentes que se incorporan en la propia resolución, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 19.880, es más se aludió, complementariamente, a una serie de circunstancias de hecho que refuerzan la decisión, de manera ella que, el acto no aparece como uno carente de motivación, por el contrario se expresan los fundamentos facticos y normativos que sustentan la decisión. A ello debe añadirse, que no se trata, de un caso que se encuentre ligado a una invocación de confianza legítima al modo de lo que suele ser usual, ello por cuanto, como se desprende del recurso, la recurrente no posee los años que sirvan de base para invocarla.

Además de lo precedente, es indubitado que los servicios de la actora fueron requeridos hasta una fecha determinada, cual era el 31 de diciembre del año recién pasado, por lo que, en ejercicio de las facultades legales que le competen al recurrido se procedió a noticiar que, los mismos no se serían necesarios más allá de esa fecha, en esto, menos es factible de divisar una actuación al margen de la legalidad, sino por el contrario, un acto desplegado previa habilitación normativa.

CUARTO: Que, resulta necesario recordar que, toda designación de funcionarios a contrata en la administración pública, de acuerdo con la Ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir.

Así, no se ha discutido que la recurrente fue nombrada a contrata para desempeñar funciones “mientras sean necesarios sus servicios”, y que la resolución impugnada decidió no renovar dicha vinculación por cuanto, precisamente, no se apreciaba la necesidad de aquello, en conjunto con otros fundamentos añadidos.

QUINTO: Que, conforme se viene razonando no se advierte de los antecedentes allegados que exista un acto ilegal y/ o arbitrario, por los fundamentos ya antes esgrimidos. A lo que se suma, la consideración de que, no se aprecia, vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues no resulta manifiesto que lo obrado por la administración haya importado una desigualdad de trato en relación con personas que se encontraban en idéntica circunstancias, como menos que lo actuado importe por sí mismo un acto de discriminación hacia quien ha recurrido.

Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil y es manifiesto que, habida consideración de la temporalidad acotada de la vinculación con la administración, no es factible desprender de ello, la adquisición de un derecho a mantenerse en la función, por el carácter transitorio y acotado de un cargo a contrata.

En punto a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, cabe señalar que, como se indicó anteriormente-y ha sido reconocido ante estrados por el letrado representante de la recurrente- no aplica la doctrina de la confianza legítima, de manera de que, no surge que se haya afectado con ello la garantía mencionada.

Finalmente, en relación con el debido proceso del artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental, resulta procedente referir que, aquello sólo se encuentra protegido por la acción de que se trata, en lo relacionado con el juzgamiento por comisiones especiales, cuestión que no aplica en la especie, teniendo presente para ello, que no se advierte el ejercicio de potestades punitivas en el acto administrativo impugnado sino el despliegue fundamentado de una facultad legal.

SEXTO: Que, como consecuencia de lo que se ha manifestado con antelación, cabe desestimar el recurso de protección intentado, recalcando que, la decisión de la Administración, plasmada en la resolución impugnada, no resulta ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una dictada por autoridad competente, debidamente facultada, conforme las disposiciones del Estatuto Administrativo, cumpliéndose con el deber de fundamentación exigido por lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo de la Ley 19.880.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado señor Roberto Martínez Jiménez, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-137-2026.(csd)