nombre reservado con SUPERINTENDENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio N°1 comparece ROSA MAKARENA HUENTECURA HUENTEN, abogada, de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por cuanto la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario consistente en la emisión de la Resolución Exenta N° R-01-UME-131733-2023 de fecha 04 de octubre de 2023, en la cual se rechazó 5 licencias médicas (N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0) a favor del actor I. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:

Funda su acción en que con fecha 27 de marzo del 2023, don nombre reservado comenzó a presentar dolencias sumamente graves e invalidantes por problemas físicos y emocionales relacionados con una depresión mayor y por la cual fue emitida licencia médica por 15 días de los cuales fueron todos autorizados para pago por parte del COMPIN. Es del caso señalar que su representado nunca había ido al médico por sus dolencias ya que creía que podía salir de sus malestares con fuerza de voluntad pero, debido a que no dio para más con sus dolores y pesar emocional, concurrió a un médico y este le dio licencia médica por esos días.

Sin embargo, debido a que sus dolencias y malestares no disminuyeron continuó con licencias médicas, desde el 11 de abril del 2023, todas por esta misma enfermedad, pero a diferencia de la primera licencia ninguna de ellas fue autorizada para el pago, por lo cual actualmente tiene 5 licencias médicas que a pesar de los recursos de reposición, apelación presentadas tanto al COMPIN, como a la Superintendencia de Seguridad Social, fueron rechazadas sin ningún tipo de argumentos válidos y plausibles.

Es más, la decisión que se recurre consiste en una resolución administrativa, presentada como apelación, ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual señala que los antecedentes aportados por su representado no son suficientes para justificar el reposo solicitado, no considerando en caso alguno los informes complementarios que fueron acompañados, en su momento, con el objetivo de revertir la primera decisión de parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

De esta manera su representado, lamentablemente, se encuentra en una situación de completa vulneración ya que de acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social no se le pueden pagar sus licencias médicas, siendo que tiene enfermedades mentales que le impiden volver a trabajar con normalidad.

II. RESOLUCIÓN IMPUGNADA:

Como se mencionó previamente, la licencia médica anterior a las que son realizadas mediante el presente proceso, fue debidamente pagada, no obstante las últimas 5, fueron rechazadas por COMPIN, y confirmado luego de recurso de reconsideración administrativa por parte de la SUSESO que, sin más antecedentes, formuló el rechazo, señalando a través de la Resolución Exenta N° R-01-UME-131733-2023, de fecha 04 de octubre de 2023, notificando con de fecha 04 de octubre de 2023, en el siguiente tenor:

“CONSIDERANDO:

Que ha recurrido con fecha 05 de julio de 2023, a esta Superintendencia, don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, extendidas por un total de 75 días a contar del 11 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal, más allá del período de reposo ya autorizado. No es posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

III. DE LOS HECHOS ILEGALES Y ARBITRARIOS CONSTITUIDOS DE VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS Cómo puede visualizar, el motivo del rechazo para todas las licencias médicas, de acuerdo a la resolución impugnada emitida por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, es sencillamente por lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, no se encontraba justificado”.

Como podrá analizar, la Superintendencia aludida llega a la conclusión de que las licencias médicas no se encuentran justificadas, sin existir ningún tipo de análisis ni fundamentación, a lo menos somera, del por qué estas licencias se encontrarían injustificadas. Dicha fundamentación no existe, no se da ningún argumento de por qué dicho reposo no se encontraría justificado, no se contrasta siquiera la situación de la licencia médica aceptada y otras rechazadas, siendo que el criterio del médico fue el mismo en cada caso, no se explica que se acepten unas y otras no. Del mismo modo, no señala el fundamento del por qué “No es posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito” dejando en completa indefensión a su representado, más aún considerando que él no tiene conocimientos médicos y realiza lo que su médico considera el mejor tratamiento para sus dolencias.

Señala la SUSESO que esta conclusión se basa en “el estudio de los antecedentes”, pero no especifica en ningún momento por qué dichos antecedentes permiten concluir que el reposo, ya autorizado, es suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral del paciente. Por lo demás la resolución de un cuadro clínico depende de la evolución del paciente en particular y no del tiempo estimado como suficiente anterioridad, si bien puede planificarse un cierto tratamiento, la evolución y resultados del mismo son inciertos y, por ende, el tiempo de recuperación es variable. Teniendo esto en consideración; el único antecedente cierto es que existiendo un diagnóstico claro y registro de evolución del tratamiento detallada, por el médico tratante quien, a su vez, en virtud de su experticia profesional, médica y científica, determina que el paciente aún requiere de reposo. Es totalmente arbitrario establecer, sin fundamentos claros, el por qué prevalece y se considera una opinión diversa de la del médico tratante, quien otorga las licencias, quitando así toda validez al criterio del médico, todo ello sin ninguna razón médica expuesta ni aludida.

Esta parte está, por supuesto, en conocimiento de que el COMPIN y la Superintendencia pueden rechazar de manera legítima una licencia médica otorgada por un profesional médico, pero ello no puede ser una decisión meramente administrativa, carente de fundamento médico y por tanto arbitraria. Dicho rechazo solo debe ser admisible por medio de una resolución fundada en consideraciones científicas o técnicas que se contrapongan al juicio experto del profesional médico que otorgó la licencia médica, no es posible invocar meros argumentos formales como la extensión temporal o lo prolongado del reposo, cuando antes, por un criterio medico científico razonado por un profesional competente de la salud, este fue justificado. Nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN controvertir dicho criterio solo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevo al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984).

El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informáticas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984 ). La resolución administrativa que rechaza las licencias médicas señaladas, es presentada sin los fundamentos científicos necesarios para ello. Que, así las cosas, al no tener la decisión del COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado también un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo. En este sentido la Superintendencia de Seguridad Social, es un órgano de la administración del Estado y le resultan aplicable las disposiciones de la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos. El artículo 11 de la citada ley, ordena que: “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento, como en las decisiones que adopte”; agregando, en su inciso segundo, que: “los hechos y fundamentos de derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recurso administrativos.” b) Que de esta manera el actuar del recurrido constituye una vulneración al derecho, cuya protección se encuentra garantizada en nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19, numeral 24, desde que el rechazo de las licencias, importan la privación a un derecho de retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada, al no dar cumplimiento a la ley al rechazar las licencias médicas. La acción dada por el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar al legítimo ejercicio de garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo. Los hechos expuestos, constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 19 N° 24 de nuestra Carta Magna, específicamente la protección a la integridad física y psíquica, se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico médico no hacen más que dañar aún más mi integridad.

Por otra parte, respecto de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental es necesario destacar que esta se ve afectada desde que la resolución respecto de la cual se recurre, priva el derecho de ingresar al patrimonio de su representado los montos por conceptos de pago de licencias médicas que por derecho le corresponden. Esta merma en su patrimonio, incluso ya ha sido reconocida por jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la cual se dispone lo siguiente “Efectivamente se conculca esta garantía fundamental, desde que importa privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajo por enfermedad” (Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha 09 de Septiembre de 2014, autos Rol N° 373.2014, considerando octavo). No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas desde un punto de vista técnico, por tanto dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto ya que las actuaciones de ambas instituciones contradicen con la lógica y la recta razón, omitiendo toda racionalidad, mesura y meditación previa para tomar cualquier decisión.

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS CON LOS ACTOS ARBITRATIOS E ILEGALES RELATADOS La acción dada por el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar al legítimo ejercicio de garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo.

Los hechos expuestos, constituyen hechos arbitrarios e ilegales por parte de las instituciones recurridas, y amenazan concretamente las garantías previstas en los artículos 19 N° 1 y 19 N° 24 de nuestra Carta Magna, específicamente la protección a la integridad física y psíquica. Se ha expuesto que la situación de rechazar la calificación médica y técnica del diagnóstico médico, no hacen más que dañar aún más la integridad de su representado.

Con sus actos ilegales y arbitrarios, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), afecta y transgrede el derecho fundamental a que se refiere el artículo 19 N° 1, inciso primero de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La Constitución Política de la República y las leyes protegen, no solo el derecho a la vida, sino que también a la integridad tanto física como psíquica. A través de la acción constitucional de protección interpuesta se logra evidencia, de los antecedentes narrados en la fundamentación fáctica de esta presentación, que los actos de los órganos de la administración del Estado resultan ser arbitrarios e ilegales, vulneran, amenazan y perturban la integridad física y psíquica de su representado, teniendo en especial consideración que la sintomatología propia de su enfermedad, diagnosticada y sometida a tratamiento, revisten un especifico carácter fisiológico en su persona, pues sufre diariamente de dolores intensos, y que agregado además a tener que padecerlo, no puede cumplir a cabalidad con su tratamiento y, en suma, se ha negado el acceso a poder obtener los beneficios de las licencias médicas otorgadas en su favor, lo que provoca que su condición de salud empeore, llegando incluso a incapacitarlo en el ejercicio de sus labores diarias, no solo del trabajo sino que también de su hogar, dejándolo en una situación precaria que afecta su vida transcendentalmente. En este sentido, cabe hacer presente que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República, es deber de los órganos del Estado respetar y promover el legítimo ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

En íntima relación a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de enero del año 1991, tratado internacional ratificado y vigente en Chile, prescribe en su artículo 5, el cual consagra el denominado derecho a la integridad personal, que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. En relación al punto anterior, a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), suscrito por Chile el 16 de septiembre del año 1969 y publicado en nuestro Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 1989, establece en su artículo 12 que: “1 Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental...”.

Pide declarar como arbitrario e ilegal la Resolución Exenta N° R-01-UME-131733-2023 de fecha 04 de octubre de 2023 que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 60367195, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y declararla como vulneradora de las garantías constitucionales invocadas, ordenando que se adopten todas y cada una las providencias que juzgue adecuadas con tal objeto y, especialmente, y para restablecer el imperio del derecho, que se ordene que tengan por aprobadas las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, así como ordenar el pago de cada una de ellas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimientos del restablecimiento del derecho. Todo ello con expresa condena en costas.

Acompaño los siguientes documentos: RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-131733-2023 de fecha 04 de octubre de 2023.

A folio N°9 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Solicitó, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la seguridad social y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales que, por su naturaleza y características, requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del derecho a la seguridad social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto, como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LA ALEGACIÓN ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

1.- En relación con la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, es del caso hacer presente a que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-113934-2023, el interesado recurrió a su representada el día 5 de julio de 2023, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s. 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2 y 87425981-0, extendidas por un total de 75 días a contar del 11 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-131733-2023, de 4 de octubre de 2023, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. No es posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito”.

Concluye dicha resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 84860100-4, 85424685-2, 85956976-5, 86681957-2, 87425981-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección.

a)

El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro sistema de seguridad social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al sistema de pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente, que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna institución de salud previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En relación a la presente acción de protección, cabe indicar que el día 4 de octubre de 2023, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación del Sr. nombre reservado: “FOLIO FUI: 771500 FOLIO EXPEDIENTE: R-113934-2023 “Sección A (Antecedentes Generales) “Tipo de Reclamo: “(X) nombre reservado “Run interesado: RUT reservado “Fecha de nacimiento del interesado: 24-11-1979 “Número de empleadores: 1 “Aseguradora: FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

“Entidad pagadora: FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

“Ocupación: Trabajador dependiente sector privado “Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas)

“Inicio de la licencia más antigua: 11-04-2023 “Cantidad total de días reclamados: 75 “Días autorizados por la(s) patología(s): 15 “Modalidad de emisión de las licencias reclamadas:

“(X) Particular/Libre Elección “( ) Institucional “( ) Ambas “Licencias:

“Datos Licencia 1 “Folio Licencia: 85956976-5 “Diagnóstico: F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Médico Cirujano, Medicina Interna “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 2 “Folio Licencia: 85424685-2 “Diagnóstico: F33 - Trastorno depresivo recurrente “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Médico Cirujano, Medicina Interna “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 3 “Folio Licencia: 84860100-4 “Diagnóstico: F33.2 - Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Médico Cirujano, Medicina Interna “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 4 “Folio Licencia: 86681957-2 “Diagnóstico: F 41.2 “Nombre del médico: nombre reservado “Especialidad: Médico Cirujano, Medicina Interna “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Datos Licencia 5 “Folio Licencia: 87425981-0 “Diagnóstico: F 41.2 “Nombre del médico: nombre reservado

“Especialidad: Médico Cirujano, Medicina Interna “Alto emisor: ( ) SI (X) NO “Sección C (Antecedentes Médicos)

“IMC con fecha: (X) SI ( ) NO “Detalle: Informe médico 9/5/2023; 25/5/2023 describe irritabilidad, palpitaciones, disforia, distimia, sensación de muerte inminente, anhedonia, trastorno del sueño.

Indicación psicoterapia, no usa psicofármacos.

“Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO “Detalle:

“Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO “Detalle:

“TPI: ( ) SI (X ) NO “Detalle:

“Lista de espera quirúrgica: ( ) SI ( ) NO (X) N/A “Detalle:

“Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A “Detalle:

“Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO “Detalle:

“Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO “Detalle:

“Sección D (Fundamentos de la resolución)

“Fundamentos de la resolución: Informe médico 9/5/2023; 25/5/2023 describe irritabilidad, palpitaciones, disforia, distimia, sensación de muerte inminente, anhedonia, trastorno del sueño. Indicación psicoterapia, no usa psicofármacos.

Reposo autorizado por 15 días desde el 27/3/2023, siguen licencias rechazadas hasta 23/6/2023 Propongo mantener rechazo, antecedentes insuficiente para mayor extensión de reposo, sin tratamiento efectivo”.

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado, por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

Por otro lado, el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “Patologías mentales guías referenciales de reposo laboral”, contempla “Reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra.

Por lo indicado, corresponde hacer presente que el médico tratante del recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº 6392, figura con la siguiente inscripción: Fecha de registro: No informada RUT: RUT reservado

Nombre Completo: nombre reservado: Masculino Nacionalidad: Chilena Fecha nacimiento: 01/09/1957 Orden Profesional:

- Médico Cirujano:

Posee título de Médico Cirujano otorgado por la Universidad de la Frontera emitido el 15/01/1988. Especialidad Certificada:

- Medicina Interna:

Posee constancia de desempeño en medicina interna, durante a lo menos 5 años, en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Dicha constancia fue emitida por el(la) Director(a) del Servicio de Salud Araucanía Sur con fecha 02/11/2009.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

b)

Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

c)

Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la autoridad sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que, como ha quedado claramente establecido, participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. En esta parte, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo,yo mérito resolvió la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Así, lo ha reconocido la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, que en causa Rol Nº 19213-2014, por el recurso interpuesto por la Sra. nombre reservado, resolvió en cuanto a la fundamentación contenida en los oficios de su representada, lo siguiente: “Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas N° 39674860; 39674862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091, luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren”.

“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.

“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.

Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 33.059-2020, en sentencia de 30 de abril de 2020, que revoca la sentencia recurrida, señala: “Cuarto: Que el tribunal de instancia resolvió acoger el recurso de protección intentado, dejando sin efecto la resolución recurrida, ordenando que se proceda al pago de las licencias médicas. Apela la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando a esta Corte que revoque la sentencia, rechazando en todas sus partes la acción de protección, precisando como fundamento del recurso, que los antecedentes del caso no daban cuenta de la existencia de incapacidad laboral temporal. Muy por el contrario, señala que la decisión se fundó en los antecedentes médicos, y en un informe pericial realizados a la recurrente en forma próxima en el tiempo, al inicio de la primera licencia médica objeto del presente recurso, a propósito de licencias médicas presentadas sin solución de continuidad por la recurrente respecto a la misma patología, en que concluye que la recurrente ya, al 15 de mayo de 2019, estaba en condiciones de reintegrarse a su trabajo. “Quinto: Que, así las cosas, no sólo habiéndose considerado los antecedentes clínicos de la recurrente, sino que adicionalmente todos los documentos por ella aportada, así como los protocolos para la recuperación y pago de licencias médicas, y especialmente la existencia del peritaje mencionado, que da cuenta de que la recurrente estaba en condiciones de reintegrarse a sus labores, tras una incapacidad temporal ya prolongada, es que el actuar de la Superintendencia del ramo se encuentra debidamente fundada, no pudiendo calificarse como un acto arbitrario, ni ilegal, por adecuarse a lo previsto en la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas; en el Reglamento de autorización de licencias médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional; y la Circular IF/265 del 03/06/2016 de la Superintendencia de Salud”.

Por todo lo anterior, se aprecia que la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por el recurrente, referidos a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

En este mismo sentido, es posible hacer mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, Rol 59.628-2020, del 28 de mayo de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, que previamente había acogido el recurso de protección interpuesto por la Sra. nombre reservado estimó que:

“Cuarto: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, son más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.

“Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección de autos”.

d)

Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias; tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado, en el caso del recurrente, responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad, en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios pues, como se indicó, para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Ilma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

“Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso.

“Undécimo: Que, en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

Finalmente, cabe indicar que la Ilma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto de la acción de protección Rol Nº 2526-2020, en su sentencia de 15 de julio de 2020, ratificada por la Excma. Corte Suprema el 2 de septiembre de 2020, señala:

“SÉPTIMO: Que en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados por las partes, se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la resolución de la SUSESO y por tanto de la COMPIN, ordenado el pago de las licencias médicas a la recurrente. No obstante, como señaló en supra, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En el presente caso, se cuestionó la negativa de pago de licencias médicas y la decisión denegatoria de las recurridas, en materias propias de la seguridad social, que por su naturaleza técnica-médica desbordan la esfera de protección inmediata y cautelar del recurso de protección, razón suficiente para rechazar la acción constitucional.

“OCTAVO: Que asimismo debe tenerse presente que el otorgamiento de licencia médica, está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N° 3 de 1981, del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N° 3, del mismo ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define se licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "él o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”.

“Asimismo, en su artículo 11 y siguientes, se regula su tramitación, y el artículo 21, permite “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas”. Describiendo nuevos exámenes para corroborar la necesidad del reposo como la recuperabilidad de la capacidad de trabajo, ambos presupuestos para acceder al pago del subsidio temporal.

“NOVENO: Que conforme a la normativa aplicable al presente recurso, las recurridas tienen dentro de sus facultades, para velar por el adecuado uso del derecho a subsidio laboral por incapacidad temporal ante la presentación de licencias continuas, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, y de aprobación, reducción o rechazo de la licencias médicas presentadas, por lo que su ejercicio no puede calificarse como ilegal o arbitrario.

“DÉCIMO: Que debe descartarse todo vicio de arbitrariedad, pues basta con realizar una lectura de la resolución recurrida cuestionada para advertir que no está basado en el mero capricho del emisor, sino debidamente fundada y en armonía con los antecedentes que obran, junto con los proporcionados por la Comisión contra la cual reclamó en su oportunidad. Así, especialmente resulta relevante para el análisis en torno a la arbitrariedad de la decisión, el hecho que cuando la recurrida analizó los antecedentes de las licencias, habiendo aprobado previamente 342 días continuos de reposo, decide luego rechazar el recurso interpuesto por el recurrente.

“UNDÉCIMO: Que en consecuencia, el caso ha sido revisado por la Comisión, la Superintendencia y por peritos de la Isapre, llegando a la conclusión que la recurrente presenta compromiso leve de su capacidad funcional, por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Lo anterior, en concordancia con lo resuelto en las resoluciones impugnadas, que señalan que la decisión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya cursado, el cual alcanza a 342 días de reposo, tiempo que se estima adecuado y suficiente para la resolución del cuadro clínico, lo que permite inferir, tal como lo hicieron las recurridas, que el reposo extendido resulta excesivo y sin antecedentes concretos que lo justifiquen, lo que conlleva necesariamente a la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso y por lo mismo corresponde desestimarlo”.

Pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañó los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de don nombre reservado.

A folio N°16 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de COMPIN y la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta R-01-UME-131733-2023, con fecha 04 de octubre de 2023, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de cinco licencias médicas extendidas al actor por un total de 75 días, a contar del 11 de abril de 2023.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita al actor para requerir la protección que se solicita.

CUARTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta R-01-UME-131733-2023 de fecha 04 de octubre de 2023, la Superintendencia confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo.

QUINTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEXTO: Que así, según se observa en la resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto, tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido al recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica, debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

OCTAVO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por el recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y se dispone dejar sin efecto la Resolución Exenta R-01-UME-131733-2023, de fecha 04 de octubre de 2023, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja al actor, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y, cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. nombre reservado integrante Fernando Cartes Sepúlveda Rol Proteccion N°13696-2023(ela)