nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de Protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Región de la Araucanía, representado legalmente por nombre reservado, y en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, representada para estos efectos, por don nombre reservado, solicitando sea acogida en todas sus partes, en razón de los siguientes argumentos:

Señala que con fecha 25/1/2011 se le adjudica la vivienda ubicada en domicilio reservado. Esta vivienda le fue adjudicada a través del comité de vivienda Nueva Esperanza de Coyahue, en virtud de subsidio habitacional FSV CNT, proyecto que fue recepcionado en el año 2010 y que estaba regido conforme a las normas del D.S. 174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Que, a principios del año 2015, la construcción de la casa comenzó a manifestar una serie de problemas o defectos en la construcción, tales como grietas y rotura de piso en la cerámica a lo largo y ancho de la casa, los cuales cada día que pasaban iban en aumento, lo que hizo saber a los recurridos, sin tener respuesta de su parte, pese a que dicho servicio tenía conocimiento de que la EGIS no había informado a los propietarios ni detalló en los planos la restricción que había para construir sobre el sistema de tierra armada. Solo a fines del 2017, llego a su casa una comitiva de personal del SERVIU y del MINVU a ver el problema y analizar el proyecto original del loteo para ver las causas de las problemáticas constructivas que estaban teniendo las viviendas, prometiendo solo en aquella oportunidad todo el apoyo que finalmente nunca se materializo en la realidad.

Que, la falta de conocimiento y/o de información acerca de la construcción y sus condiciones es de tal magnitud que en una oportunidad informaron que dichas casas no eran aptas para construcción de un segundo piso, pero en el año 2016 (año en que se construyó el puente de Padre Las Casas) los servicios recurridos, pese a lo señalado, igualmente ofrecen a los habitantes de la villa Rayen Mapu de la comuna de Padre Las Casas, entregar subsidios para construcción de un segundo piso a todas las casas de la villa, lo cual se ejecutó el año 2017.

Que, todo este desconocimiento o falta de información generó malas decisiones y como consecuencia directa, el problema inicial en cuando a la rotura o agrietamiento del suelo se hizo cada vez más grande, toda vez que desde dicha oportunidad es que comenzaron a surgir nuevos problemas o vicios graves de construcción en la propiedad que le fue adjudicada, ya que además, la casa se desnivelo en los cimientos y comenzó a caer el patio posterior del inmueble por existir problemas en el relleno, relleno que sirvió de base a toda la construcción, por cuanto la villa se encuentra construida en una meseta alta y con muros de contención de muy mala calidad, compatible con el ajustado financiamiento que se destinó para el diseño del proyecto (540 UF por familia) considerando las características topográficas del terreno disponible, todos los cuales son algunos de los inconvenientes que han generado que su casa haya colapsado.

Que, los fallas que ha presentado el inmueble, tanto en el terreno de construcción como en la obra de construcción, han sido de tal gravedad y magnitud, que se tornó imposible continuar viviendo con su familia en aquel lugar, con toda la afectación emocional y logística que eso conlleva, como se refleja de antecedentes clínicos que acompaña.

Que, contrario a toda lógica, lamentablemente los recurridos han intentado culparla del problema, haciendo caso omiso de lo señalado por el mismo SERVIU en su INFORME VISITA A TERRENO emitido en octubre del 2023 en cual don nombre reservado, encargado de la oficina de información vial del SERVIU región de la Araucanía, estableció la existencia de socavones en el sistema de contención, lo que permite que madrigueras de ratones de hayan establecido en la zona, sin embargo, aquello no se puede reemplazar debido a las construcciones existentes en los deslindes del terreno que fueron levantadas sin haber sido informado y/o sin tener conocimiento de la existencia de una restricción de construcción sobre el sistema de tierra armada, siendo una posible solución en base a un muro de contención tipo Cantilever de zapata excéntrica de altura variable estimada entre 3 y 5 metros, en una longitud aproximada de 80 metros lineales, para lo cual se debe generar una nueva iniciativa de inversión ministerial en conjunto con la Municipalidad, para luego buscar vías de financiamiento que permitan contratar un estudio de ingeniería, mediante el cual se desarrolle a novel de ingeniería de detalle la solución técnicamente necesaria.

Que, ante lo señalado, tomo contacto con SERVIU quienes no le dan ninguna solución más que hacer abandono del inmueble y esperar, sin que se tome en consideración todos los arreglos, avances y ampliaciones que he realizado al inmueble, teniendo hoy en día en su interior 4 dormitorios, 2 baños, y living remodelado con un espacio de 50 metros cuadrados, cocina, patio trasero techado, estacionamiento y reja de cemento y fierro por todo el perímetros del inmueble, todo lo cual le ha significado una gran inversión y gasto de dinero durante los 13 años que llevo viviendo en aquel lugar.

Por lo anterior, se dirigió por una solución a la MUNICPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, sin embargo, pese a que en un comienzo le ofrecieron por concepto de aporte, ayuda o bono para arriendo la suma de $350.000 solo por 4 meses, sin embargo, debido a su reclamo y solicitud de ayuda pública en el diario Austral de Temuco y en la Radio Araucana, finalmente le ofrecen una ayuda menor y temporal consistente en la suma de $350.000.- por solo 2 meses, pagándose el último de ellos el día 12/10/2023, momento en que le dicen que hasta ese pago ellos accederán, pero nada más. Por su parte el SERVIU, no hizo aporte alguno en carácter de subsidio de arriendo, sino que derechamente señalaron que no tiene dinero para eso hasta el próximo año, cerrando la puerta a cualquier tipo de ayuda ante la grave situación que me aqueja.

Que, conforme a lo señalado, la resolución adoptada por el SERVIU en cuando a orden el abandono por la inhabitabilidad del inmueble sin hacerse cargo del derecho de habitación ni del derecho de propiedad que le ampara, es una resolución que carece de motivación o fundamento plausible, porque no se invocan ni se argumenta las circunstancias, hechos o consideraciones concretas y pertinentes que justifiquen realmente esa unilateral decisión, debiendo hacer saber al afectado, no sólo la decisión de “declarar la inhabitabilidad del inmueble y sus fundamentos”, sino que además DEBEN entregar una solución inmediata, real y efectiva que garantice los derechos del adjudicatario Se ha vulnerado así la garantía del artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República de Chile, (derecho de propiedad) y también se vulnera el derecho a vivienda adecuada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile en relación con el articulo 25 y demás pertinentes de Declaración Universal de Derechos Humanos, y con los artículos 11 y demás pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Expone como arbitraria e ilegal la decisión de declarar la inhabitabilidad repentina del inmueble sin procurar otorgar un subsidio de arriendo indefinido en el tiempo al beneficiario que logre garantizar su derecho a vivienda y su derecho de propiedad, toda vez que no se invoca por los recurridos ningún motivo real, pertinente y legítimo alguno que justifique el no otorgamiento o el otorgamiento con límite de tiempo de un subsidio de arriendo para poder garantizar su derecho, lo que constituye una conducta arbitraria e ilegal, que infringe y vulnera no solo la garantía del artículo 19 Nro. 24, de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, la del derecho de propiedad, sino que vas más allá, e incluso vulnera el derecho a vivienda adecuada en virtud de lo dispuesto en la normativa precitada.

Solicita se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (SERVIU) REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y en contra de la MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, ambos debidamente representados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acoger el recurso en todas sus partes, declarando específicamente, la arbitrariedad y la ilegalidad de la actuación efectuada por los servicios públicos recurridos, declarando como medida de protección necesaria, urgente e inmediata que se le debe entregar un subsidio de arriendo en forma indefinida y alternada mes a mes por cada servicio público, correspondiente a la suma $450.000, hasta que se me entregue una solución definitiva, que puede consistir en que se me reubique y se me haga entregue nuevo inmueble, o que se reparen los graves defectos de construcción por parte de los recurridos haciendo habitable el inmueble adjudicado, o que se me expropie el inmueble adjudicado indemnizándome por su valor comercial más las mejoras y ampliaciones efectuadas, o cualquier otra solución que garantice su derecho de propiedad y mi derecho a vivir en forma adecuada y digna, sin perjuicio de otras medidas de protección que se estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, todo con expresa condenación costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Informe de visita en terreno emitida por SERVIU Región de la Araucanía, en el mes de octubre del 2023.

2.- Set de 9 fotografías de algunos de los daños estructurales existentes en el inmueble de la recurrente.

3.- Certificado de avalúo fiscal de fecha 20/1/2023 emitido por el Servicio de Impuestos Internos respecto de la propiedad ubicada en domicilio reservado, por un valor exento de impuesto correspondiente a la suma de $16.567.417.- 4.- Certificado de recepción definitiva Nro. 601 emitida el 29 de agosto del 2011 por don nombre reservado, arquitecto y director de obras de la Municipalidad de Padre Las Casas.

5.- Certificación de estado de propiedad emitida con fecha 21/9/2023, por don nombre reservado, arquitecto y director de obras de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas.

6.- Certificado de nacimiento menor iniciales A.A.F.E.

7.- Certificado de nacimiento menor iniciales C.I.F.E.

8.- Certificado de nacimiento menor iniciales E.D.F.E.

9.- Certificado de matrimonio de la recurrente.

A folio 9 recurrente acompaña:

1.- Programa de protección al patrimonio familiar y especificaciones técnicas para construcción de 2º piso, suscrito en el mes de agosto del 2012, por don nombre reservado, arquitecto, don nombre reservado, constructor, don nombre reservado, en representación de E.G.I.S. y doña nombre reservado, recurrente de autos.

2.- Escritura de adjudicación de vivienda a la recurrente suscrita con fecha 25/1/2011, cuyas firmas fueron autorizadas con fecha 5/4/2011 en la notaría de don nombre reservado, inscrita a fojas 2431 Nro. 2285 del registro de propiedad del año 2011 del 2º Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

A folio 9, recurrente acompaña:

1.- Contrato de arriendo de duración indefinida, por una renta de $350.000 mensuales, suscrito con fecha 2/10/2023 entre la recurrente y doña nombre reservado, con firmas autorizadas ante Notario público de la comuna de Padre Las Casas doña nombre reservado de la misma fecha.

2.- Orden de atención interna de doña nombre reservado, emitido por el CESFAM de Padre Las Casas, con fecha 3/10/2022, suscrito por la Dra. nombre reservado., médico cirujano.

3.- Informe médico respecto de doña nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, médico cirujano del CESFAM de Padre Las Casas, con fecha 15/2/2023.

4.- Certificado de permiso de edificación Nro. 49, emitido el 29 de agosto del 2011 por don nombre reservado, arquitecto y director de obras de la Municipalidad de Padre Las Casas.

5.- Certificado de antigüedad de vivienda Nro. 217, emitido en agosto del 2011 por don nombre reservado, arquitecto y director de obras de la Municipalidad de Padre Las Casas.

6.- Certificado de vivienda social Nro. 703, emitido en agosto del 2011 por don nombre reservado, arquitecto y director de obras de la Municipalidad de Padre Las Casas.

A folio 16 informa Valeria Francisca Elgueta Bozzo, abogada, por la recurrida Municipalidad de Padre Las Casas, quien solicita el total rechazo del recurso de protección deducido por la recurrente contra su representada Municipalidad de Padre Las Casas, por:

A) Del relato contenido en la acción deducida, es difícil dilucidar cuáles son los actos u omisiones arbitrarios atribuibles a mi representada, que habrían conculcado las garantías constitucionales de la recurrente. Así, el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, señala: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

En atención a lo expuesto, y a la falta de especificidad en la conducta presuntamente arbitraria o ilegal atribuida a mi representada, sólo queda señalar que, en la materia de autos, esto es, la construcción de viviendas sociales, la injerencia de la Municipalidad, a través de la Dirección de Obras Municipales, corresponde en lo principal al otorgamiento del permiso de edificación y la posterior recepción definitiva de las obras, todo lo cual se regula especialmente por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL 458/1976 (LGUC), y su Ordenanza, también conocida como OGUC.

Así, el DFL 458/1976, establece en su artículo 116: “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General. (…)

“El Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128.

“Se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o de protección.

“La Dirección de Obras Municipales, a petición del interesado, emitirá un certificado de informaciones previas que contenga las condiciones aplicables al predio de que se trate, de acuerdo con las normas urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo. El certificado mantendrá su validez mientras no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o reglamentarias pertinentes. Los certificados de informaciones previas que se otorguen respecto de los lotes resultantes de subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada mantendrán su vigencia mientras no se modifiquen el plano de subdivisión, loteo o urbanización, o las normas urbanísticas legales o reglamentarias.”

En el caso concreto, la Dirección de Obras de este Municipio otorgó el permiso, previa verificación de las normas urbanísticas vigentes. En este orden de ideas, el permiso de Edificación de Obra Nueva N°151 de fecha 29 de diciembre de 2008 para el proyecto de construir 64 viviendas sociales para el Comité NUEVA ESPERANZA DE COYAHUE, consideró todas las variables concernientes, teniendo en cuenta que se trata de un terreno urbano ubicado en calle Los Araucanos, ubicado en la zona F del plan regulador vigente (Temuco 1983), cuyas obras se acogen a las normas relativas al DFL 2 de 1959, entre otras. Cabe consignar que, a diferencia de lo planteado por la actora, no se encuentra emplazado dicho terreno en zona de riesgo ni de protección. Esto, según el certificado de informaciones previas N°2782 de 28 de noviembre de 2023, que se acompaña con este informe.

Posterior a la ejecución de la obra, se efectuó la recepción definitiva de las obras de edificación, según certificado N°145 de fecha 23 de diciembre de 2010, el cual incluye el certificado de ensaye de hormigones, entre otros antecedentes. Mas es importante destacar que la recepción de obras consiste en verificar que se dio cumplimiento a las condiciones y/o exigencias contenidas en el permiso de edificación, lo que se efectuó. Así lo determina el artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo que interesa, que consigna: “El Director de Obras deberá revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado, y procederá a efectuar la recepción, si fuere procedente.”

B) Profundizando más en los antecedentes del proyecto, cabe hacer presente que el loteo en el que se emplaza la vivienda fue aprobado mediante Resolución de Aprobación de Loteo DFL 2 con Construcción Simultánea N°16 con fecha 29/12/2008, el cual fue modificado con posterioridad por las Resoluciones de Modificación de Proyecto de Loteo DFL 2 con Construcción Simultánea N°14 de fecha 17/08/2009, N°23 de fecha 23/11/2009, N°13 de fecha 05/07/2010 y N°20 de fecha 03/12/2010, siendo esta última la que sirvió de base para otorgar el Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Urbanización, no encontrándose el loteo ubicado en un Área de Restricción.

En cuanto al Permiso de Edificación, como se indicó precedentemente, este fue otorgado bajo el N°151 de fecha 29/12/2008, recibiéndose las viviendas mediante Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N°145 de fecha 23/12/2010, no presentando ninguna modificación hasta el momento de su recepción.

Respecto de los muros de contención que consultaba el proyecto de urbanización para sustentar los rellenos requeridos para nivelar el terreno, y hacer viable la ejecución de las viviendas que constituyen uno de los elementos cuestionados en los que se basa el recurso de protección, es necesario hacer presente que el proyecto original de loteo incluía una solución en base a muros de hormigón armado de una altura máxima de 2,50 m., cuyo proyecto fue elaborado y suscrito por el ingeniero nombre reservado.

Durante la ejecución de las obras, el Director de Obras realizó una visita al terreno, constatando que en el deslinde oriente del loteo se estaba utilizando una solución que difería radicalmente de lo que consultaba el proyecto, de lo cual se dejó constancia en el libro de obra, ya que además presentaba aparentes deficiencias constructivas, comunicándosele a la empresa responsable de las obras que de no modificarse dicha solución se denegaría la recepción de las obras de urbanización.

Conjuntamente con la solicitud de la última modificación de Loteo, se presentó una nueva propuesta para los muros de contención o mejoramientos de taludes, atendiendo aparentemente a razones económicas, ya que el costo entre uno y otro difiere radicalmente, adoptándose una solución en base a muros MSE (muros de retención de tierra mecánicamente estabilizada) cuyo proyecto fue elaborado por el ingeniero nombre reservado, la cual contaba con la aprobación de la inspección técnica del Serviu y la Entidad Patrocinante, y fue la que se ejecutó finalmente, cumpliendo mecánicamente con los objetivos requeridos.

Respecto de la solución aludida precedentemente, cabe hacer presente que para la recepción se adjuntaron todos los ensayos de laboratorios para la mecánica de suelos, correspondiente a la medición de la “densidad in situ”, los cuales fueron realizados por el laboratorio Lematco Ltda. entre los meses de octubre de 2009 a abril de 2010, entre los cuales se encuentra el Informe de Ensayo Oficial N°47.487 de fecha 27/04/2010, en el cual se incluye la medición realizada a la Vivienda N°7 de la Manzana E, que corresponde a la numeración domiciliaria de Lawen N°774, donde los resultados de la compactación son todos superiores a lo exigido (D.M.C.S.=95%). Asimismo, resulta necesario precisar que el ingeniero nombre reservado recibió por libro de obras las capas de relleno de los muros MSE de la manzana E, según consta en anotación a Fs. 02 de fecha 29/07/2010, antecedentes de los cuales se adjunta copia al presente.

En lo que dice relación con el estado actual del inmueble, me permito informar que el cónyuge de la propietaria solicitó a la Dirección de Obras evaluar las condiciones de habitabilidad actuales, la cual fue realizada el día 21/09/2023, y cuyas conclusiones principales constan en Certificado de Inhabitabilidad N°84 de igual fecha, concluyendo en lo principal que la vivienda se encuentra inhabitable, producto principalmente del alto grado de intervención y deficiencias estructurales que presenta, donde la gran mayoría son atribuibles al propietario, en virtud a que si bien la vivienda cuenta con un permiso de ampliación para la construcción de un dormitorio en el segundo piso, aprobada por esolución de Modificación de Proyecto de Edificación N°72 de fecha 10/08/2017 cuya recepción se realizó mediante Certificado N°131 de fecha 06/05/2019, la propietaria sin que mediara permiso alguno de parte de la Dirección de Obras Municipales, eliminó gran parte de la estructura soportante interior, reemplazándola por una viga metálica cuya capacidad mecánica se encuentra actualmente superada, según es posible constatar a simple vista a partir de la deformación actual que presenta, derivando además en cargas puntuales para las cuales la estructura no fue diseñada. Se verificó también que se realizaron otras ampliaciones que actualmente se extienden hasta el deslinde norte del terreno, las cuales carecen de la cimentación necesaria, superando con ello la capacidad mecánica del terreno y comprometiendo su estabilidad.

En relación a este último particular y según se pudo corroborar en terreno, además de producirse agrietamientos en los radieres que forman parte de la ampliación irregular, cuyas características resulta difícil de verificar atendido a que fueron ejecutados fuera de norma, existe un muro de albañilería construido sobre el deslinde donde se ubica el muro MSE, que carece tanto de fundaciones como de refuerzos estructurales que aseguren su estabilidad, presentando un manifiesto desaplomo que hacen suponer un inminente colapso, afectando eventualmente el comportamiento de la solución adoptada para la contención del terreno que se ha visto afectada por empujes laterales no previstos por la excesiva compresión a la que se encuentra sometido.

En conclusión, el municipio a través de su respectiva unidad, dio cumplimiento a cada una de sus labores atingentes a la autorización y recepción de la obra, así como el permiso y recepción posterior de la ampliación ejecutada, y no fue sino por construcciones adicionales efectuadas por la propietaria fuera de la autorización entregada por la DOM, que se terminó afectando la estructura de la vivienda de manera significativa.

C) En relación a la ayuda social que alega la recurrente haber solicitado a las instituciones Serviu Araucanía y Municipalidad de Padre las Casas, es importante subrayar que, pese a que el estado de inhabitabilidad de su vivienda no es responsabilidad de ésta última, el Municipio accedió a otorgar un subsidio de arriendo temporal a nombre de nombre reservado, a través de los decretos alcaldicios números 2412/2023 y 2652/2023, del 06 de octubre y del 08 de noviembre, respectivamente. El monto de la ayuda otorgada ascendió a 350.000 pesos mensuales para el pago del arriendo de la vivienda en domicilio reservado, por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

No obstante lo anterior, en el decreto alcaldicio N°2652/2023 del 8 de noviembre, se deja constancia en el considerando 4 que por la nueva dirección elegida por el grupo familiar, ubicada en Temuco, si en el futuro requieren otro tipo de ayuda social, ésta deberá ser solicitada directamente en la comuna a la que pertenece, que en este caso es la comuna de Temuco.

No existe vulneración de garantías constitucionales por parte de la municipalidad de padre las casas en el presente recurso.

La municipalidad en el caso de marras ha actuado dentro del marco legal que le otorga nuestra carta fundamental y los cuerpos normativos que la norman. Al no existir ilegalidad ni arbitrariedad por parte de mi representada en su labor desplegada a través de la Dirección de Obras Municipales, según todo lo expuesto, no puede sino concluirse que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por todo lo expuesto el recurso de protección carece de fundamento fáctico y legal, toda vez que no se explica adecuadamente cuáles son los actos u omisiones arbitrarias o ilegales efectuadas por mi representada, habida cuenta de la injerencia que le cabe en la ejecución del proyecto habitacional, que comprende la casa habitación de la recurrida. Más bien, esta parte estima que la materia descrita obedece a un asunto de lato conocimiento, para determinar las responsabilidades que den lugar a las indemnizaciones pecuniarias que sean procedentes. Más aún, falta un adecuado informe pericial imparcial que acredite las causas de los daños, pues no queda claro que la situación se deba a otra causa que no sea las ampliaciones irregulares efectuadas por la recurrente.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado en los términos señalados, y que, en definitiva, se rechace el recurso de protección interpuesto por la recurrente doña nombre reservado, en contra de mi representada la Municipalidad de Padre Las Casas, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Permiso de Edificación N°151 de fecha 29 de diciembre de 2008, emitido por DOM de Padre las Casas.

2.- Certificado de Recepción Definitiva De Obras De Edificación N°145 de fecha 23 de diciembre de 2010, emitido por la DOM de Padre las Casas.

3.- Resolución Modificación de Proyecto de Edificación N°72 de fecha 10 de agosto de 2017.

4.- Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N°131 de fecha 06 de mayo de 2019, correspondiente a ampliación de vivienda social.

5.- Informe de Mecánica de Suelos, Densidad In Situ, emitido por LEMATCO LIMITADA, N°47.487 de fecha 27 de abril de 2010, respecto del terreno de la vivienda de autos.

6.- Certificado Especial N°84 de fecha 21 de septiembre de 2023, que declara la vivienda como inhabitable, debido al alto grado de intervención de la estructura original, con eliminación de elementos soportantes, suscrito por el Director de Obras Municipales.

7.- Constancia en Libro de Obras, de fecha 29 de julio de 2010, donde se recepciona conforme el muro de contención tipo MSE, suscrita por nombre reservado, Ingeniero Civil.

8.- Plano de vivienda social original, y plano de la misma, según autorización para su ampliación.

9.- Certificado de Informaciones previas, N°2782 de fecha 28 de noviembre de 2023, respecto de la vivienda Rol de Avalúo 2197-7 de la comuna de Padre las Casas.

10.- Plancheta de roles de referencia.

11.- Decreto Alcaldicio N°2412 de fecha 06 de octubre de 2023.

12.- Decreto Alcaldicio N°2652 de fecha 08 de noviembre de 2023.

A folio 23 informa Marco Antonio Ávila Figueroa, abogado, en representación convencional según se acreditará, del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, quien dice:

EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

Que, la recurrida entiende que el recurso de protección deducido es extemporáneo ya que el plazo de 30 días corridos que establece el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección se encuentra supinamente vencido al 1 de noviembre de 2023, día en que deduce el arbitrio.

Funda esta argumentación, en que de la atenta lectura del recurso no se precisa cual es el acto u omisión material o jurídico que implica vulneración a la garantía menguada y mediante el cual computa el plazo para deducir la acción de protección. No obstante ello, de diversos pasajes del mismo se puede colegir que la actora recurre de protección porque la vivienda habría comenzado a presentar fallas constructivas, las que se empiezan a presentar el año 2015; luego refiere que el año 2017, funcionarios de esta repartición habrían concurrido a su domicilio constatando las falencias de la vivienda y finalmente la vivienda es declarada inhabitable con fecha 21 de septiembre de 2023, según consta de certificado de inhabitabilidad N° 84, emitido por la emitido por la DOM de Padre las Casas.

De esta forma, atendida la poca precisión y determinación en la descripción de los hechos que importan la vulneración de la garantía constitucional, de forma tal que se desconoce el acto o omisión en contra de la cual se recurre, se puede que colegir que el mismo se deduce en contra de las “fallas constructivas” que presenta la vivienda, las que se comienzan a presentar desde el año 2015 y concluyen con la declaración de inhabitabilidad de la vivienda en septiembre de 2023, razón por la que se puede colegir que el mismo se deduce fuera de plazo establecido en el auto acordado.

ALEGACIONES O DEFENSAS.

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Como refiere la actora en el año 2011 se adjudicó una vivienda social, la que fue adquirida con subsidio otorgado por esta repartición, vivienda que fue recepcionada con fecha 29 de agosto de 2011, mediante recepción definitiva N° 60, suscrita por el director de obras de la Municipalidad de Padre las Casas. Llegados a este punto, resulta determinante clarificar, para una acertada decisión de la materia que es objeto de la litis, que SERVIU solo otorgó el subsidio para la adquisición de la vivienda, ya que ésta fue adquirida por la beneficiaria por el COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA COYAHUE y construida por una empresa constructora que fue contratada por mentado comité de vivienda. De ello da cuenta contrato que se acompaña en el primer otrosí.

Por otro lado, y según consta de documento que se acompaña, con fecha 13 de octubre de 2023, un profesional de esta repartición elaboró informe respecto de la situación de la vivienda, atendido el “asentamiento del terreno” que denuncia la propietaria. El profesional de SERVIU refiere que en el año 2017 realizó un análisis del proyecto habitacional constatando que las falencias que hoy presentan las viviendas obedecen a autoconstrucción en los fondos de los sitios de calle, sector que no se debía intervenir para no afectar estabilidad del terreno, concluyendo lo siguiente: “lo anterior ha generado asentamientos y deterioros del sistema de contención en prácticamente toda su longitud, sobre todo en la vivienda N °774, ya que existe un muro de albañilería tradicional”.

Por otro lado, consultados los antecedentes de la actora en el RUKAN (que corresponde a la plataforma tecnológica de subsidios) se puede constatar que ésta al día de hoy se encuentra hábil para postular, ya que su vivienda se encuentra “con solución destruida por siniestro”. Esta información por lo demás es coincidente con lo informado por el Municipio recurrido, en orden a que la vivienda fue declarada inhabitable en el mes de septiembre de 2024.

MATERIA DE AUTOS EXCEDE LA NATURALEZA CAUTELAR DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

En el diseño del constituyente, la acción de protección se concibió como una acción de naturaleza cautelar que requiere la existencia de un derecho indubitado para de que esta forma la magistratura pueda otorgarle debida protección de manera urgente.

En el caso de marras se viene ventilando eventuales fallas o deficiencias constructivas de las viviendas y en particular de la vivienda de la actora, existiendo dudas respecto del origen de las mismas, esto es, si ellas son o no imputables a alguna de las reparticiones recurridas o son deficiencias propias de la lex artis o generadas por obras realizadas en el sector.

Con todo, la determinación del origen de dichas deficiencias constructivas, que el actor imputa en esta sede constitucional a las recurridas, deben ser precisadas en un juicio de lato conocimiento, es decir, un juicio de naturaleza de declarativa, no cautelar, como lo es la acción que se ventila en autos.

De esta forma, a criterio de este recurrido la acción de marras excede la competencia de una acción de protección, la que parte de la premisa de la existencia de un derecho indubitado para, acto seguido, otorgarle urgente cautela.

NO SE nombre reservado LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE MARRAS.

Sin perjuicio de lo ya referido en orden a que la materia objeto de la litis excede la naturaleza propia de una acción cautelar, dada la forma en que fue planteada la acción de protección, sostenemos, además, que no se nombre reservado que ella prospere.

La jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha sostenido que los presupuestos de la acción de protección son copulativos, de manera que de no satisfacerse uno de ellas, la acción no puede prosperar.

EN CUANTO A LA ACCIÓN U OMISIÓN QUE SE IMPUTA A LA RECURRIDA: el actor no refiere, en concreto, cual es la acción u omisión que imputa a esta repartición.

En efecto de la lectura del recurso se constata que hace una referencia cronológica de los desperfectos que ha ido presentando la vivienda, y que comienzan en el año 2015 y concluyen con la declaración de inhabitabilidad de la misma en el año 2023, pero en ningún pasaje de su recurso refiere cual es la acción u omisión que, en el caso de marras, se le imputa a SERVIU y que dicen relación con las deficiencias constructivas, máxime si, según se dijo, SERVIU no construyó la vivienda, solo otorgó el subsidio.

De esta forma, parece ser que parece ser que el actor asume que SERVIU tiene responsabilidad objetiva en los defectos constructivos de la vivienda, cuestión que no es tal; todo ello es sin perjuicio de lo ya referido, en orden a que la materia excede la naturaleza de cautelar de la acción deducida.

EN CUANTO A LAS ARBITRARIEDADES E ILEGALIDADES QUE SE IMPUTA: El actor, nuevamente, no desarrolla cuales son las supuestas ilegalidades o arbitrariedades que se imputan a esta repartición.

Volviendo sobre este punto, SERVIU constató el año 2017 que la vivienda efectivamente presenta defectos constructivos, no obstante, el origen de estos no le son imputables a esta repartición, sino que obedecen a “autoconstrucción en los fondos de calle”. Situación que es refrendada por el certificado de inhabitabilidad otorgado por la DOM de Padre Las Casas, el cual refiere: “existen ampliaciones de subsidio y autoconstrucción de 52m2 destinada a living-comedor, cocina y dormitorios, derivando en un alto grado de intervención de la estructura original, con eliminación de elementos soportantes”.

De esta forma, no existe desarrollo argumentativo alguno de parte del actor en orden a que exista un actuar arbitrario o ilegal de parte de SERVIU.

EN CUANTO A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL: Finalmente, en cuanto a la supuesta garantía constitucional amagada, esto es el derecho de propiedad, establecido en el art. 19 N° 24 de nuestro código político, el actor no desarrolla en pasaje alguno de su libelo de qué forma SERVIU le ha privado, perturbado o amenazado su “derecho de propiedad”.

En este punto, es necesario señalar que la declaración de inhabitabilidad de la vivienda es por cierto lamentable, pero dicha calificación (de inhabitabilidad) no implica de por si amago a la garantía que alega conculcada. La declaración de inhabitabilidad, que por lo demás realiza la dirección de obras de la Municipalidad, es una facultad que la legislación urbanística le concede y, en razón de ello, declara que la vivienda no se encuentra en condiciones de ser habitada por sus moradores. Pero dicha declaración que se sustenta en informes técnicos que se han ventilado ya en estos autos, no implican una conculcación a la garantía en comento.

EN CUANTO A LAS PETICIONES CONCRETAS. Finalmente, en el petitorio de su acción, la recurrente solicita se le asigne un subsidio de arriendo por la suma de $ 450.000 por cada repartición recurrida, es decir, solicita un subsidio de arriendo por la suma de $ 900.000. Referir que en esta repartición no se ha efectuado ingreso formal por parte de la recurrente en este sentido; con todo, de ser susceptible de ser beneficiaria del mentado subsidio, los requisitos de postulación y montos de estos son materia de políticas públicas.

Finalmente, en cuanto a la asignación de un nuevo subsidio habitacional, como ya se refirió, dada la situación de inhabitabilidad de la vivienda, la recurrente se encuentra hábil para postular a subsidio, por lo que en caso alguno este servicio le priva de dicho derecho.

Solicita tener por evacuado el informe, y se tenga por desestimado el Recurso de Protección deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura de adjudicación de fecha 25 de enero de 2011, mediante la cual la recurrentes adquiere el inmueble que es objeto de la litis.

2.- Certificado N° 84, de fecha 21 de septiembre de 2023, expedido por la DOM, el cual declara inhabitable la vivienda.

3.- Informe visita a terreno de fecha 13 de octubre de 2023, suscrito por don nombre reservado, que da cuenta de la situación de la vivienda al año 2017.

4.- Situación de la recurrente en el sistema RUKAN, el cual da cuenta que la vivienda se encuentra inhabitable, y, en consecuencia, hábil para postular a subsidio habitacional.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que según se desprende del tenor del recurso de protección planteado, se reclama respecto de: la resolución adoptada por la Municipalidad de Padre las Casas, en cuando a decretar el abandono por inhabitabilidad del inmueble de que se trata, sin hacerse cargo del derecho de habitación, ni del derecho de propiedad que ampara a la actora y su familia, resolución que carecería de motivación o fundamento plausible, porque no se invocan ni se argumenta las circunstancias, hechos o consideraciones concretas y pertinentes que justifiquen realmente esa unilateral decisión, debiendo hacer saber al afectado, no sólo la decisión de “declarar la inhabitabilidad del inmueble y sus fundamentos”, sino que además DEBEN entregar una solución inmediata, real y efectiva que garantice los derechos del adjudicatario de la vivienda social.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad, alegada por el recurrido SERVIU Araucanía, esta será rechazada toda vez que el acto formalmente recurrido, es la dictación del Certificado Especial N°84 de fecha 21 de septiembre de 2023, que declara la inhabitabilidad de la vivienda de la recurrente, el cual tiene efectos permanentes, puesto que hasta la fecha ni aquella ni su grupo familiar pueden volver a habitar la propiedad de que se trata.

CUARTO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que el ejercicio de esta acción presupone, por un lado, la existencia de derechos indubitados de manera que su finalidad consista en dar pronta solución a situaciones de hecho, entendiendo que un derecho tiene tal calidad cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, para zanjar el conflicto necesariamente deberá recurrirse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, en tal caso, podemos afirmar, que la garantía que se pretende conculcada, carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía cautelar y de emergencia.

Por otro lado, y a más de encontrarnos frente a un derecho indubitado, debe necesariamente concurrir un acto que amenace, prive o perturbe aquella garantía, y que sea consecuencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria proveniente de alguno de los recurridos.

QUINTO: Que, en consecuencia, será necesario analizar entonces si alguno de los recurridos ha actuado de manera ilegal o arbitraria, a efectos de esclarecer, si como consecuencia de aquello, se ha afectado de manera indubitada la garantía que se refiere conculcada.

Al respecto, la recurrida I Municipalidad de Padre Las Casas, no ha incurrido en ilegalidad al momento de declarar la inhabitabilidad de la propiedad de la recurrente, pues según se desprende del tenor del recurso y sus informes, aquél procedimiento fue solicitado precisamente por el grupo familiar de la recurrida a fin que se certificase la condición de la vivienda. Las facultades legales están en dicho sentido entregadas a la repartición técnica de la recurrida, mediante la Ley de Urbanismo y Construcción, su ordenanza y demás regulación administrativa. Es un hecho que el referido Certificado Especial N°84 de fecha 21 de septiembre de 2023, que declara la inhabitabilidad de la vivienda de la recurrente, fue motivado en informes y visitas técnicas rigurosas, que recogen las apreciaciones de los propios recurrentes y que a su turno, no son cuestionadas respecto de su procedencia y necesaria conclusión de inhabitabilidad. Así las cosas, más bien se reclama de las consecuencias patrimoniales que aquello provoca a quien acciona y su familia.

A su turno, dicho certificado resulta ser relevante a los efectos de iniciar trámites administrativos ante el segundo recurrido, SERVIU Araucanía, que permitan destrabar la situación de la recurrente a efectos de postular a un nuevo subsidio de vivienda.

Por otro lado, SERVIU Araucanía, como recurrido no ha sido el órgano encargado de decretar la inhabitabilidad de una vivienda, aquello corresponde a las respectivas Municipalidades, a través de sus órganos técnicos, los que certifican la condición antedicha en documento que finalmente es el idóneo para permitir el denominado desbloqueo de quien ha recibido un subsidio para vivienda, como ocurrió con la recurrente y de esa manera, permitir, dada la condición de inhabitabilidad del inmueble mediante el primitivo subsidio adquirido, que pueda el actor postular a un nuevo subsidio.

De lo anterior se desprende entonces que el acto que se reclama formalmente - cuyo sustrato fáctico, así como sus consecuencias vinculadas a la efectiva inhabitabilidad de un inmueble, no han sido objeto de controversia-, resulta pacífico respecto a su adecuada fundamentación.

Estando afirme entonces el acto y no controvertida su procedencia, la finalidad de la dictación del Certificado que nos ocupa, así como su tramitación no puede ser considerada como un acto ilegal, porque la Municipalidad recurrida actuó en el ámbito de su competencia y porque el SERVIU Araucanía, lo ha tramitado a los efectos de permitir una nueva postulación y otorgamiento de subsidio de vivienda en condiciones de igualdad con aquellos que se encuentren en similares condiciones a la recurrente.

SEXTO: Que descartándose entonces la ilegalidad en la dictación y tramitación del acto que ha sido reclamado, resta sólo precisar que lo realmente requerido es el otorgamiento por parte de las recurridas de determinada prestación económica por la vía del subsidio de arriendo, hasta que se de una solución definitiva al problema de vivienda y, finalmente, que esta solución pase por que: se le reubique a la actora y se le haga entregue nuevo inmueble, o que se reparen los graves defectos de construcción por parte de los recurridos haciendo habitable el inmueble adjudicado, o que se me expropie el inmueble adjudicado indemnizándome por su valor comercial más las mejoras y ampliaciones efectuadas, o cualquier otra solución que garantice su derecho de propiedad y su derecho a vivir en forma adecuada y digna.

SÉPTIMO: Que respecto de la solicitud de serle otorgado un beneficio monetario alternado y específicamente determinado, con carácter de permanencia por parte de los recurridos, ello no se aprecia plausible de declarar por la presente vía, particularmente por dos aspectos centrales: el primero de ellos es que no se ha alegado alguna discriminación arbitraria en el sentido que la recurrente esté siendo tratada de manera distinta a otros sujetos que en similares condiciones sean beneficiarios del importe que reclama; en segundo término, porque aquello dice más bien relación con un beneficio social que al menos la recurrida Municipalidad de Padre Las Casas mantuvo mientas la recurrente residió en la comuna. Aquel aspecto, por lo tanto, excede con creces el ámbito del presente recurso, precisamente porque no se aprecia incumplimiento de norma legal que obligue a la administración en la forma que se le requiere y como ya se dijo, a mayor abundamiento, porque no se ha advertido discriminación alguna en el tiempo y monto que se otorgó la ayuda de que se trata.

OCTAVO: Que finalmente, en cuanto a las peticiones de solución definitiva, todas ellas dicen relación con declarar un derecho que no se encuentra indubitado en la presente causa, esto es indemnizar o reparar por la vía patrimonial las consecuencias nefastas de la inhabitabilidad, lo que de ser pertinente, necesariamente será resultado de un juicio de lato conocimiento, por otro lado la pretendida expropiación requerirá de ley que la decrete y de un eventual procedimiento que fije el justo precio a pagar, por lo que dichas peticiones exceden con creces el marco de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (SERVIU) REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, ambos debidamente representados.

Ingrésese a la carpeta digital, regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Ministro Sr. José Marinello Federici.

Rol N° Protección-13688-2023.(jog)