ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21,30

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados doña AYLEEN ANDREA MÜLCHI PARRA y don IVÁN ANDRÉS GARCÉS CATALÁN, por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, persona jurídica de derecho público, representada a su vez por su alcalde don VALENTÍN VIDAL HERNÁNDEZ, chileno, soltero, técnico en administración de empresas, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; quienes deducen recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, rol único tributario N° 60.400.000-9, representada por el Contralor Regional, don MARCELLO RODRIGO LIMONE MUÑOZ, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado, respectivamente, resolución de folio N°E394047/2023, notificada a su representada el día 25.10.2023, que desestimo la solicitud de reconsideración del oficio N°E362893, del mismo origen, que concluyó que al sr. nombre reservado, ex jefe del Departamento de Educación Municipal, tenía derecho al pago de la indemnización regulada en el inciso primero del articulo 34 I de la Ley N°19.070, y no a la del inciso segundo de dicha norma, como lo dispuso el decreto alcaldicio N°589, de 2023.

I.ANTECEDENTES En primer lugar, señala que a su juicio el Sr. nombre reservado, nunca perteneció a la dotación docente de la comuna de Ercilla, solo ingreso como Jefe DAEM, a través de un concurso publico el año 1998, cargos que ocupo en forma sucesiva hasta el año 2023, correspondiendo sus nombramientos a los siguientes:

1. Decreto N°87 de 06 de noviembre de 1998, en calidad de Jefe DAEM, por el periodo comprendido entre el 09 de noviembre de 1998 al 09 de noviembre de 2003.

2. Decreto N°161 de 10 de noviembre de 2003, en calidad Jefe DAEM.

3. Decreto N°131 de 26 de julio de 2004, por el periodo del 27 de julio de 2004 al 27 de julio de 2009, en calidad de Jefe DAEM (Decreto dejado sin efecto mediante Decreto N°160 de 5 de octubre de 2004, por observaciones de la Contraloría Regional.

4. Decreto N°168 de fecha 08 de noviembre de 2004, por el periodo de 08 de noviembre de 2004 a 08 de noviembre de 2009, en calidad de Jefe DAEM.

5. Decreto N°279 de 24 de noviembre de 2009, por el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 al 24 de noviembre de 2014, en calidad de Jefe DAEM.

6. Decreto N°311 de 26 de noviembre de 2014, por el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2014, por seis meses, en calidad de Jefe DAEM.

7. Decreto N°896 de fecha 13 de julio de 2015, por el periodo desde que deje de ejercer sus funciones como jefe DAEM, en calidad de subdirector DAEM.

8. Decreto N°499 de fecha 20 de abril de 2016, desde el 20 de abril de 2016, en calidad de subdirector DAEM.

9. Decreto N°545 de 18 de mayo de 2016, por el periodo desde el 18 de mayo de 2016 al 18 de mayo de 2021, en calidad de Jefe DAEM.

10. Decreto N°18 de 03 de enero de 2020, que prorroga nombramiento en virtud del artículo 45 transitorio de la ley N°21.040, desde el 19 de mayo de 2021 hasta el traspaso.

De lo transcrito, es posible determinar que el Sr. nombre reservado nunca perteneció a la dotación docente.

En este sentido, el articulo 34 I del Estatuto Docente señala que en los casos en que el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, y termine el período de su nombramiento sin que vuelva a postular al concurso o en caso de que lo pierda, podrá continuar desempeñándose en la respectiva dotación docente si existe disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación municipal, sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G de esta ley. En el evento de que no exista disponibilidad en la respectiva dotación o cuando por resolución del sostenedor se determine que deba dejar de pertenecer a la dotación municipal, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad o corporación, o fracción superior a seis meses con un máximo de once.

Cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno.

Señala la Contraloría en el oficio N°362893/2023, que este criterio solo es aplicable a quienes hubiesen sido designados de acuerdo con el nuevo procedimiento concursal incorporado por la ley N° 20.501, la que fue publicada en el diario oficial el 26 de febrero de 2011.

A su vez, el artículo 1° transitorio de la ley N 20.501 dispuso que los sostenedores podrán optar con convocar a nuevos concursos en virtud de la citada ley aun cuando los jefes DAEM no hayan completado su periodo de nombramiento y se mantendrían hasta el nombramiento de los nuevos profesionales de acuerdo al sistema de selección establecida en la ley ya mencionada.

Con todo, el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.501, señaló que, una vez finalizado el período de nombramiento de aquellos Jefes de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal que al publicarse esta ley se encontraren ejerciendo sus cargos y cuyos sostenedores no hubiesen adelantado sus concursos de acuerdo a lo prescrito en el artículo primero transitorio de esta ley, el sostenedor podrá optar entre que continúen desempeñándose, en el caso de existir disponibilidad en la dotación docente, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar, o ponerles término a sus relaciones laborales en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones.

Así las cosas, el órgano contralor, estimó que don nombre reservado, pasó a pertenecer a la dotación docente el 25 de noviembre de 2014, al cesar el cargo de jefe DAEM y pasar a desempeñarse a contrata (prórroga del cargo jefe DAEM) de conformidad al artículo 2° transitorio.

Sin embargo, esta interpretación que no da cumplimiento al artículo 2° transitorio de la ley N° 20.501, ya que esta dispone expresamente que, terminado el periodo, el sostenedor puede optar:

1) Que continúe desempeñándose en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1997, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar, o;

2) Ponerles término a sus relaciones laborales en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones, establecidas en el artículo 73 del mencionado decreto.

En esta inteligencia, el oficio cuya reconsideración se solicitó, altera incluso la propia jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la Republica, pues, la prórroga del cargo como jefe DAEM, no es una hipótesis del artículo 2° transitorio, en efecto, el dictamen N° 92.851 Fecha: 27-XII-2016 establece lo siguiente: “Por su parte, el inciso segundo del mismo precepto legal señala que, con posterioridad a los nombramientos referidos en el inciso anterior, los jefes de departamento de administración de educación municipal y los directores de establecimientos educacionales, permanecerán en la dotación docente por el mismo número de horas que servían, manteniendo las asignaciones que les correspondían hasta el cumplimiento del período para el cual habían sido nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.070, en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación.” Es decir, debía mantener dichas horas en establecimientos educacionales y no como jefe DAEM.

Por estos motivos, no corre en estos asuntos, a juicio de esta parte, la interpretación que Contraloría da al artículo 2° transitorio en el oficio N°362893/2023, más cuando, reconoce expresamente en la página 5, párrafo tercero bajo el titulo 2. Análisis y conclusión, que la prórroga no se ajustó a derecho.

Por estos motivos, entendemos que no puede considerarse a don nombre reservado, como parte de la dotación docente, ya que no se dan los supuestos del artículo 2° transitorio, sumado a que la prórroga no se ajustó a derecho, por lo que, al profesional no le asiste la indemnización del articulo 34 I inciso primero de la ley 19.070, sino la del inciso 2° del mismo artículo, tal como lo dispuso el decreto N° 589, de 2023 de la Municipalidad de Ercilla.

II. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN El presente recurso de protección se ha interpuesto dentro de plazo.

En el presente caso, el recurso se endereza contra el Dictamen Nº E394047/2023, de fecha 15 de septiembre de 2023, notificado a la Ilustre Municipalidad de Ercilla con fecha 25 de septiembre de 2023, en el cual se resolvió que su representada no se ajustó a derecho al disponer que le asiste al Sr. nombre reservado el pago de la Indemnización regulada en el inciso primero del articulo 34 letra I de la Ley 19.070, y no aquella dispuesta en el inciso segundo de la misma norma como lo dispuso el decreto alcaldicio N°589 del año 2023.

De este modo, considerando que el presente recurso de protección se ha interpuesto dentro del plazo de 30 días, este ha sido deducido dentro de plazo y debe ser acogido a tramitación.

Procedencia y admisibilidad del Recurso de Protección en contra de dictámenes de la CGR El tenor literal del artículo 20 de la CPR, es claro en el sentido de incluir como sujeto pasivo del recurso de protección a todo aquel, sin excepción, que sea autor de una actuación u omisión ilegal y arbitraria que provoque una amenaza, privación o perturbación de algún derecho garantizado y tutelado por la carta fundamental.

La actuación administrativa de la Contraloría General, que se impugna mediante la presente acción de protección, es plenamente susceptible de conocerse y resolverse en esta sede jurisdiccional ante esta Corte. En efecto, lo resuelto y ordenado por el Dictamen Nº304047/2023, genera consecuencias directas en el erario municipal de su representada.

Conforme a lo que se viene razonando, resulta útil mencionar un fallo de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 2.791-2012, caratulado “Municipalidad de Zapallar con Contraloría Regional de Valparaíso”, en que nuestro máximo tribunal resolvió expresamente la procedencia de la acción de protección en contra de resoluciones del Órgano de Control.

En consecuencia, es perfectamente posible accionar de protección respecto de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe, o amenace, el legítimo ejercicio de un derecho comprendido en esta tutela jurisdiccional.

Por consiguiente, si un dictamen u oficio del ente contralor general, en su calidad de acto jurídico administrativo, produce alguno de aquellos efectos, quedará el ente municipal legitimado y habilitado para reclamar el restablecimiento del imperio del derecho, quebrantado o amenazado por ese acto.

Conviene tener presente que los dictámenes u oficios de la Contraloría General constituyen uno de los mecanismos por medio de los cuales aquella ejerce su competencia como órgano de fiscalización superior, con rango constitucional, sobre toda la Administración del Estado y no se emiten en función de consulta, sino en su función de control del ordenamiento jurídico administrativo.

En la especie, no cabe duda de la admisibilidad y procedencia de la presente acción de protección, ya que lo resuelto por la recurrida produce un agravio a su representada al ordenar el pago mayor a aquel que, esta parte estima procedente, según señala el dictamen recurrido, aplicando una interpretación más allá de lo establecido en la ley, en orden a privilegiar la condición jurídica de una persona, para conceder prestaciones que no corresponden en su calidad, por expresa disposición legal.

La anterior situación resulta perjudicial para mi representada, y de no mediar la intervención jurisdiccional, y al tratarse de un dictamen vinculante para esta entidad edilicia, tendría que acatarla, con la gravedad que esta situación provocaría para el correcto desarrollo de las funciones municipales y para el erario municipal.

III.- LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA ILEGAL O ARBITRARIA.

Que la ilegalidad y arbitrariedad que por esta vía se reclama radica en que el dictamen N°E394047/2023, por la vía interpretativa, ha dispuesto el reconocimiento de una condición jurídica, en cuanto señala que el Sr. nombre reservado pertenece a la dotación docente, a pesar de que el artículo 2 transitorio de la ley 20.501, no ha contemplado la situación de hecho de la cual es objeto el reclamante.

En este sentido, cabe recordar que la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades y por estricta sujeción al principio de legalidad, no puede otorgar un efecto distinto a la normativa vigente por la vía de la analogía, aún más si texto legal resulta claro.

De tal forma, la Contraloría ha excedido las facultades que le otorga la Constitución y su ley orgánica, pues queda claro que la función de subdirector no es de aquellas funciones consagradas en el la Ley 19.070, razón por la cual, el dictamen impugnado se ha tornado en arbitrario e ilegal.

IV.- GARANTÍAS FUNDAMENTALES AFECTADAS.

El derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos ha sido perturbado de forma ilegítima por la resolución recurrida estableciendo una diferencia arbitraria, contraria al ordenamiento jurídico vigente, provocada por la inobservancia de la norma educativa vigente, en especial aquella establecida en el artículo 2 transitorio de la Ley 20.501 que dispone que, terminado el periodo, el sostenedor puede optar:

1, Que continue desempeñándose en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar, o 2. Ponerles termino a sus relaciones laborales en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en el artículo 73 del mencionado decreto.

No configurándose en la especie ninguna de las hipótesis planteadas por la norma citada a fin de que la Contraloría hubiese arribado a la conclusión de que el Sr. nombre reservado fue incorporado a la dotación docente, más aún si ha sido la misma Contraloría que ha señalado que la prórroga de la que fue objeto el Sr. nombre reservado no se habría ajustado a derecho, otorgando a dicho acto administrativo mayores consecuencias jurídicas que las que tiene en conformidad a la normativa aplicable a la especie, y de tal modo, dando lugar a indemnizaciones que a juicio de esta parte, no se ajustan a derecho, privilegiando de manera injustificada, al Sr. nombre reservado a pesar de lo señalado en la ley.

El principio de igualdad ante la ley está relacionado íntimamente con la interdicción de la arbitrariedad que advierte que las entidades públicas deben actuar ajustadas a la ley y al ordenamiento jurídico en general. Para asegurar este respeto por el marco institucional y normativo, se le reconoce a los justiciables un derecho de carácter fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley, de las normas en general, y a no ser discriminado en ese momento decisivo, todo lo cual se consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, como una garantía de igualdad ante la ley, el que transcribe.

Sobre la garantía del art. 19 N° 2 de la Constitución Política, de igualdad ante la Ley e interdicción de la arbitrariedad, la Excma. Corte Suprema ha establecido de forma reiterada que un acto discriminatorio es aquel que se configura caprichoso, contrario a la justicia o las leyes, y que carece de razón suficiente para justificarse.

En este sentido, los principios de supremacía constitucional y de juridicidad consignados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, como también la igualdad de las personas, ya sean naturales o jurídicas, recogida en el artículo 1°, son valores jurídicos que se expresan a lo largo de la Constitución. Y en particular, en el ámbito judicial estos tres principios son protegidos por la aplicación del artículo 19 N° 2 en el recurso de protección; el que consagra la obligación que tienen los órganos del Estado de interpretar y aplicar correctamente el Derecho en asuntos judiciales y administrativos, pues, de lo contrario, estos órganos estarían realizando diferencias arbitrarias entre los distintos justiciables al aplicar la normativa a asuntos judiciales y administrativos específicos.

En este orden de ideas, un acto administrativo sin fundamentación y que resuelva un asunto adoleciendo de un serio vicio de arbitrariedad en la aplicación de la normativa, constituye a todas luces una ilegalidad y arbitrariedad susceptible de ser corregida por esta vía, por cuanto se dictó sin racionalidad aparente que pueda ser replicada en casos similares, y por ende resulta arbitrario y vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de la Ilustre Municipalidad Ercilla La Contraloría General, a través de la Contraloría Regional de la Araucanía deben respetar en sus actuaciones la Constitución y la ley, encontrándose sometidas al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso-administrativas que se interpongan.

B) Amenaza del derecho de propiedad de su representada, afectando el patrimonio municipal, por manifiesta ilegalidad y arbitrariedad en la decisión de la Contraloría Regional Araucanía que dispuso que al Sr. nombre reservado le asistía la indemnización contemplada en el inciso primero del articulo 34 I de la ley 19.070, y no la dispuesta en el inciso segundo de la misma norma, aumentando considerablemente el monto de la indemnización a pagar.

El actuar de la recurrida, y principalmente lo ordenado en cuanto al pago de la indemnización, provocará sin duda alguna un perjuicio patrimonial irreparable a para la I. Municipalidad de Ercilla, por cuanto el dictamen impugnado ordena el pago de una indemnización superior a la establecida por la ley para aquellos no pertenecientes a la dotación docente.

En efecto, en caso de dar cumplimiento a lo ordenado por la recurrida en la actuación administrativa que se impugna, mi representada deberá desembolsar una cantidad de dinero importante, la que, posteriormente, de acogerse el presente recurso de protección necesariamente deberá solicitar al ex-funcionario su devolución, de acuerdo con las normas generales, pudiendo generar perjuicios y gastos para el reintegro de esas sumas que fueren mal percibidas.

En otros términos, el patrimonio municipal ciertamente se verá afectado por una resolución ilegal y arbitraria de la Contraloría Regional Araucanía que en definitiva ordena desembolsos pecuniarios que no corresponden según lo ya señalado precedentemente.

V.- MEDIDAS SOLICITADAS PARA EL REESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO DEL DERECHO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LA AFECTADA.

Conforme a los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, solicita a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones:

1.- Dejar sin efecto el Dictamen NºE394047/2023, emanado de la Contraloría Regional de la Araucanía y suscrito por el Contralor Regional, acogiendo la reconsideración efectuada por esta parte, en toda y cada una de sus partes 2.- Se adopten todas aquellas medidas que estime pertinentes a fin de lograr el restablecimiento del Derecho y la debida protección de los derechos de igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la afectada Ilustre Municipalidad de Ercilla.

Pide tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Sr. Contralor Regional de la Araucanía, don MARCELLO LIMONE MUÑOZ, debido a la ilegalidad y arbitrariedad del Dictamen Nº E394047/2023, de fecha 15 de septiembre de 2023, notificado a esta parte con fecha 25 de septiembre 2023, que desestimo la solicitud de reconsideración del oficio N°E362893/2023, y resolvió que la Municipalidad de Ercilla no se ajustó a derecho al disponer el pago de la indemnización del Sr nombre reservado, en conformidad al inciso segundo del articulo 34 I de la Ley 19.070; solicitando que se restablezca el imperio del Derecho, acogiendo el presente recurso de protección, dejando sin efecto el Dictamen ya individualizado; declarando que la Municipalidad de Ercilla sí se ajustó a derecho respecto de la interpretación y aplicación normativa en la especie, calculando correctamente la indemnización a pagar.

Acompaña los siguientes documentos:

1.Copia del Dictamen Nº E394047/2023, que desestima la solicitud de reconsideración del oficio N° E362893, de 2023, de este origen, de fecha 15 de septiembre de 2023.

2.Decreto Alcaldicio N°589 de 25 de abril de 2023, que dispone el pago de indemnización a don nombre reservado en virtud del artículo 34 I de la ley 19.070, Estatuto docente.

A folio 11, evacúa informe don nombre reservado, profesor, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en los siguientes términos:

Que, efectivamente, presentó ante la Contraloría Regional de la Araucanía un reclamo en contra de los decretos dictados por la Municipalidad de Ercilla, por haberse dictado con un vicio de legalidad, configurándose hechos que le produjeron un menoscabo, para efectos de que pudiera reestablecer el imperio del derecho. Dicho reclamo se singularizó con el NºR2480/2023.

Que, en él se indica que, desde el año 1998, es funcionario dependiente de la I. Municipalidad de Ercilla, desempeñando funciones en el Departamento de Educación Municipal, ingresando mediante concurso público, habiendo desempeñado funciones, como Director y Subdirector del dicho departamento, de manera ininterrumpida hasta el mes de abril de 2023, mes en el que se me notifica los decretos alcaldicios N°582 de fecha 20 de abril de 2023, que revoca el decreto N°18 del 03 de enero de 2020, y el Decreto N°589 de fecha 20 de abril de 2023, que dispone el pago de una indemnización, ambos notificados con fecha 26 de abril de 2023.

Señala que la notificación del acto revocatorio y del acto que pone término de la relación laboral fue realizada en momentos en los que se encontraba haciendo uso de licencia médica, de tipo psiquiátrica, como resultado de la afectación a la salud a consecuencia de los malos tratos efectuados por la recurrente, hechos por los cuales presentó denuncia por vulneración por derechos fundamentales por actos ocurridos durante la relación laboral y/o con ocasión del despido, causa Rit N°T11-2023, del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli.

Que, mediante el Decreto N°87 de fecha 06 de noviembre de 1998, a contar del 09 de noviembre del mismo año, luego de finalizado el concurso cuyas bases y antecedentes para proveer el cargo de Director de Educación Comunal de Ercilla, fueron aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N°176 de fecha 26 de agosto del mismo año, cargo que dura un total de 5 años.

Que, transcurridos los 5 años ya indicados, y después de haberse desempeñado en el cargo sin contratiempo, y tal como señalaba la normativa vigente en aquella época, nuevamente se llama a concurso público para la recepción de antecedentes para proveer el cargo de Director de Departamento de Educación Comunal de Ercilla, por medio del Decreto N°58 del 01 de octubre de 2003.

Que, mediante Decreto N°161 del 10 de noviembre de 2003, es nombrado como director de educación municipal, a contar del 10 de noviembre de 2003.

Luego del proceso de selección respectivo, nuevamente fue nombrado Director de Educación Municipal, desde el 08 de noviembre de 2004 al 08 de noviembre de 2009, mediante el Decreto N°168.

Como se puede apreciar, ya habían transcurrido 10 años desde su ingreso como funcionario de la Municipalidad de Ercilla, habiendo desempeñado con excelencia las funciones encomendadas en cada uno de los nombramientos.

Cabe destacar que anualmente, y dando cumplimiento a la normativa vigente, se informa la dotación docente de la comuna a la Dirección Provincial de Educación, habiendo sido incluido en cada una de ellas, por ser parte de la misma.

Que, mediante Decreto N°279 del 24 de noviembre de 2009 es designado Director de Educación Municipal de Ercilla desde el 24 de noviembre de 2014.

Que, mediante Decreto N°311 del 26 de noviembre de 2014, se prorroga su nombramiento a contar del 25 de noviembre, por 6 meses y/o hasta que asuma el titular por llamado a concurso público.

Que, el 09 de marzo de 2015 se crea el cargo de Subdirector del Departamento de Educación Municipal aprobado por el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal (Padem), sancionado y aprobado por el Concejo Municipal por Decreto N°263, asumiendo dicho cargo el 13 de julio de 2015, mediante el Decreto N°896.

Que, a través del Decreto N°499 del 20 de abril de 2016, es nombrado como nombre reservado. de Educación Municipal de Ercilla, a contar del 20 de abril de 2016.

Con posterioridad, y mediante el Decreto N°545 de fecha 18 de mayo de 2021, es nombrado como Director de Educación Municipal desde el 18 de mayo de 2016 al 18 de mayo de 2021, de acuerdo al acta de elaboración por comité de selección y calificación del cargo llamado a concurso público.

Que, de acuerdo a las nuevas leyes vigentes, resultaba imperioso mantener la continuidad del servicio de educación hasta que se hiciera efectivo el traspaso del Servicio Educacional al Servicio Local respectivo, además de evitar la realización de concursos por menor tiempo que el establecido en la ley, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos transitorios de la Ley N°21.040, décimo noveno y siguientes y cuadragésimo quinto (“Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal. Autorízase a las municipalidades cuyo Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal haya sido nombrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 34 D del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, para prorrogar su nombramiento hasta el momento del traspaso del servicio educacional al Servicio Local respectivo.”). En este contexto, la autoridad edilicia de la época decide prorrogar dicho nombramiento mediante la dictación del Decreto N°18 de fecha 03 de enero de 2020.

Que, durante todos estos años, desde 1998 hasta abril de 2023, es decir, 24 años y 5 meses, ha sido funcionario de la Municipalidad de Ercilla, desempeñando funciones de manera continua e ininterrumpida, siendo parte de la dotación de la Dirección Comunal de Educación todo este tiempo, la que, en cumplimiento de la normativa, fue informada anualmente a la Dirección Provincial de Educación de Malleco, y de la cual acompaña algunos decretos, correspondientes a la dotación de los años 2019 (Decreto N°2563 del 12.11.2018), 2021 (Decreto Exento N°1354 del 09.11.2020), 2022 (Decreto Exento N°2043 del 15.11.2021); respecto de la dotación de los años anteriores no fue posible encontrar la información en la página de la municipalidad por transparencia activa, por lo que fue solicitada la información como trasparencia pasiva (Código identificador de tu solicitud: MU088T0001024) y de la que no obtuvo respuesta con toda la información requerida.

Es así, como la nueva autoridad edilicia de la Municipalidad de Ercilla que asume el año 2021, decide realizar una presentación a la Contraloría Regional de la Araucanía y de la Contraloría General de la República, para obtener un pronunciamiento que determinara si la prórroga efectuada mediante el Decreto N°18 de fecha 03 de enero de 2020, se ajustó a la normativa vigente, aduciendo arbitrariedad e ilegalidad en su dictación, considerándolo contrario a derecho.

Que, luego del profundo análisis realizado por el órgano contralor central, éste, mediante el dictamen E250081 de fecha 26 de agosto de 2022, declara que la prórroga del nombramiento de D. nombre reservado en el cargo de Jefe del Departamento de Administración Educacional Municipal se ajustó a la normativa vigente, esto es, al artículo cuadragésimo quinto transitorio de la Ley N°21.040.

Que, sin perjuicio de lo anterior, mediante el Decreto Alcaldicio N°582 del 20 de abril de 2023, el actual alcalde de la comuna de Ercilla, ha decidido revocar el Decreto N°18 del 03 de enero de 2020, que dispone prórroga de su nombramiento como director Educación Municipal desde el 19 de mayo de 2021 hasta el traspaso del Servicio Educacional al Servicio Local respectivo, aduciendo que con la dictación de la última modificación legal del mes de noviembre de 2022, se tornaría contrario a derecho dicha prórroga, por cuanto eventualmente ésta pudiese extenderse por un período superior a 5 años.

Que, a pesar de que en dicha oportunidad no quiso discutir respecto a si la autoridad edilicia tenía o no facultades para decidir sobre este punto, le pareció que la autoridad municipal yerra al utilizar el término “revocar” el decreto, por cuanto de ser así dejaría sin respaldo ni sustento su contratación, no reconociendo el período desempeñado desde mayo de 2021 hasta abril de 2023, por lo que imaginó que dicha autoridad pretendía ponerle término al decreto y sus efectos, supuestamente impidiendo que se produjera esta extensión del plazo de nombramiento más allá de los 5 años que corresponderían por ley, y de esta manera evitar cualquier inconveniente con aquello.

Con la dictación del decreto que revoca su nombramiento se produce la confusión en el edil que lo lleva a dictar el Decreto N°589 del 25 de abril de 2023, que da término a su relación laboral por una causal errónea, esto es, el artículo 72 letra d) del DFL N°1 del Ministerio de Educación, “por el término del período por el cual se efectuó el contrato”, y establece el pago de una indemnización por un monto equivalente a seis meses de remuneración mensual, valorizada en $22.002.396.- (veintidós millones dos mil trescientos noventa y seis pesos), pero obviando el hecho que este servidor público era funcionario de la Municipalidad de Ercilla desde el año 1998, de forma continua e ininterrumpida, desempeñando funciones como Sostenedor y Representante Legal del Depto. de Educación, como Jefe y Subdirector del mismo, tanto por concursos públicos, como por las respectivas prórrogas y los nombramientos directos, que le hacen ser parte de la dotación de la municipalidad, informándolo como parte de ella anualmente a la Dirección Departamento Provincial de Educación y, con posterioridad subiéndose en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado SIAPER-, y sólo considera su último nombramiento por alta dirección pública, desconociendo también su prórroga posterior por las funciones que desempeñé hasta el mes de abril, y en ese error, hace aplicable, de manera equivocada, el artículo 34 letra l) parte final de la Ley N°19.070 que contiene el Estatuto Docente (modificado por la Ley N°20.501, artículo 1 numeral 21) y no el mismo artículo 34 letra l) pero en su primera parte como realmente corresponde, es decir: “Artículo 34 I.- En los casos en que el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, y termine el período de su nombramiento sin que vuelva a postular al concurso o en caso de que lo pierda, podrá continuar desempeñándose en la respectiva dotación docente si existe disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación municipal, sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G de esta ley. En el evento de que no exista disponibilidad en la respectiva dotación o cuando por resolución del sostenedor se determine que deba dejar de pertenecer a la dotación municipal, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad o corporación, o fracción superior a seis meses con un máximo de once.”

Que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República en diversos dictámenes se ha pronunciado respecto al eventual pago de una indemnización por años de servicio en educación, en especial el Dictamen N°11481 año 2014, en el cual concluye que la ley N° 19.070 solo contempla, en las condiciones que allí se indican, resarcimientos que dependen del ejercicio de los cargos de directores de establecimientos educacionales, jefes de los departamentos de administración de educación municipal, subdirectores, inspectores generales y jefes técnicos -en los artículos 34 A, 34 B, 34 C, 34 H y 34 I-; de la supresión de horas, fundamentada en el plan anual de desarrollo educativo municipal, cumpliendo con un orden de prelación -artículo 73-; y, del tiempo servido ininterrumpidamente por los educadores incorporados al sector municipal antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por las causales mencionadas en su artículo 2° transitorio. Mismo criterio es recogido en los dictámenes: N°69354 del año 2012; N°75493 del año 2013; N°1002292 del año 2015.

Que, en mérito de lo expuesto, se presentó el reclamo ante el órgano contralor con el objeto de determinar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en la dictación de los decretos N°582 y N°589 del año 2023 de la Municipalidad de Ercilla y, en consecuencia, se proceda a enmendar el error cometido, haciendo aplicable para el cálculo del monto de la indemnización el artículo 34 letra l) de la ley Nª19070 en la parte que corresponde, es decir, en su inciso primero, modificando el monto indemnizatorio, reconociendo que le corresponde el pago de una indemnización equivalente a once meses de remuneración mensual, es decir, el tope legal, tal como lo indica el Estatuto Docente, y cuyo valor total sería de $40.337.726.- (cuarenta millones trescientos treinta y site mil setecientos veintiséis pesos), coincidiendo con lo indicado en el artículo 163 del Código del Trabajo.

Que, en este orden de cosas, la Contraloría Regional de la Araucanía emite un pronunciamiento con fecha 30 de junio de 2023, mediante el dictamen E362893, haciendo un análisis pormenorizado del reclamo, de los antecedentes, del informe enviado por la municipalidad, como también de la normativa aplicable, indicando, en resumen, lo siguiente:

Que el artículo cuadragésimo quinto de la ley Nº21040, autoriza a las municipalidades cuyo jefe de DAEM haya sido nombrado conforme al procedimiento establecido en el artículo 34 D de la ley Nº19070, para prorrogar su nombramiento hasta el momento del traspaso del servicio educacional al respectivo servicio local de educación pública (SLEP). Tal artículo previene que los jefes de DAEM serán nombrados mediante concurso público; agregándose en el aludido artículo 34 F), inciso cuarto, que ese nombramiento tendrá una duración de 5 años.

De acuerdo con el decreto Nº71 de 2021 del Ministerio de Educación, el Servicio Local de Malleco y Cordillera, que comprenderá la comuna de Ercilla, entre otras, iniciaría sus funciones el día 1 de marzo de 2025; por lo que el traspaso se efectuaría el 1 de enero de 2026, según lo dispuesto en el citado artículo octavo transitorio de la ley Nº21040. Sin embargo, posteriormente el decreto Nº162, de 2022, de la citada cartera ministerial, dispuso en su artículo 153 que el referido servicio local iniciaría sus funciones el día 1 de marzo de 2027.

En relación con la materia, el dictamen N° E250081, de 2022, concluyó que el citado artículo cuadragésimo quinto transitorio de la ley N° 21.040, debe interpretarse de manera armónica con la preceptiva que regula el empleo de que se trata, esto es, el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en especial su artículo 34 F, que previene que los nombramientos de los jefes de los DAEM “tendrán una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá efectuar un nuevo concurso”. Agrega dicho pronunciamiento, que, si quedan cinco o más años para el traspaso del servicio educacional a un SLEP, corresponde recurrir a la normativa permanente que regula el cargo de jefe de DAEM para su provisión, sin que se advierta fundamento para no hacerlo. Por el contrario, en el evento de que queden menos de 5 años para el respectivo traspaso, lo que resultará procedente es recurrir a la prórroga a que se refiere el artículo cuadragésimo quinto transitorio, a fin de dar continuidad al servicio educacional.

Finalmente, indica que es importante hacer anotar que el artículo 61 de la ley N°19.880, establece que los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, con las limitaciones que indica, esto es, que se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o, cuando por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto.

Que, la jurisprudencia administrativa ha señalado, entre otros, en el dictamen N°8.444, de 2009, que la revocación supone la existencia de un acto legal y legítimo, pero que la autoridad estima necesario restarle eficacia por ser contrario al interés público, en general, o al de la entidad emisora del acto.

Además, el pronunciamiento señala que la revocación encuentra una de sus limitantes en los actos administrativos cuyos efectos se han reglado por la ley, situación en la que se encuentran los decretos alcaldicios referidos al personal municipal, en cuanto éstos producen todas sus consecuencias jurídicas desde su dictación y notificación a los interesados, de modo que una vez perfeccionados no pueden ser privados de su eficacia discrecionalmente por la autoridad que los emitió. De esta manera, entonces, un acto relativo al personal municipal, una vez perfeccionado no puede ser discrecionalmente privado de su eficacia por la autoridad que lo emitió, a menos que existan razones de legalidad.

Como conclusión, la Contraloría Regional de la Araucanía indica: la Municipalidad de Ercilla mediante el decreto N° 18, de 2020, prorrogó el nombramiento del recurrente en el cargo de jefe del departamento de educación municipal, a partir del 19 de mayo de 2021, atendido que el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Malleco Cordillera se produciría a contar del 1 de enero de 2026, acto administrativo que según concluyó el citado dictamen N° E250081, de 2022, no adolecía de irregularidad, toda vez que entre la aludida fecha y el traspaso del servicio educacional al servicio local habrían transcurrido menos de 5 años.

Que, el órgano contralor realiza un análisis de la normativa, en lo referente a la revocación indicando que es preciso anotar que el artículo 61 de la ley N° 19.880, establece que los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, con las limitaciones que indica, esto es, que se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o, cuando por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto. Al respecto, es del caso anotar que la jurisprudencia administrativa ha señalado, entre otros, en el dictamen N° 8.444, de 2009, que la revocación supone la existencia de un acto legal y legítimo, pero que la autoridad estima necesario restarle eficacia por ser contrario al interés público, en general, o al de la entidad emisora del acto. Agrega dicho pronunciamiento, que la revocación encuentra una de sus limitantes en los actos administrativos cuyos efectos se han reglado por la ley, situación en la que se encuentran los decretos alcaldicios referidos al personal municipal, en cuanto éstos producen todas sus consecuencias jurídicas desde su dictación y notificación a los interesados, de modo que una vez perfeccionados no pueden ser privados de su eficacia discrecionalmente por la autoridad que los emitió.

De esta manera, entonces, un acto relativo al personal municipal, una vez perfeccionado no puede ser discrecionalmente privado de su eficacia por la autoridad que lo emitió, a menos que existan razones de legalidad.

A pesar de lo anterior, y considerando que el decreto Nº162 de 2022 del Ministerio de Educación postergó la fecha de inicio de funciones del mencionado servicio local hasta el 1 de marzo de 2027, no resultaba procedente mantener su nombramiento hasta esa época, por cuanto aquel nombramiento excedería de los 5 años, por lo que, en opinión de este profesor, lo que la Municipalidad podía hacer era mantenerlo hasta la fecha previamente indicada por Contraloría General de la República, optar por otra fecha anterior al 1 de marzo de 2025 o terminarlo a contar del 25 de abril de 2023.

Que, Contraloría indica que la Municipalidad deberá dejar sin efecto el precitado decreto Nº582 de 2023 y, por otro lado, declara que el término de funciones se ajustó a derecho.

Que, en lo referente al pago de la indemnización, la Contraloría citada, señaló que, según lo dispuesto en el artículo 34 I, inciso primero, de la ley N° 19.070 -incorporado a dicho texto estatutario por la ley N° 20.501-, en los casos en que el jefe del departamento de administración de educación municipal haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, y termine el período de su nombramiento, sin que vuelva a postular al concurso o si lo pierde, podrá continuar desempeñándose en tal dotación, si existiera disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° de la aludida ley N° 19.070, en establecimientos educacionales del mismo municipio, sin derecho a la asignación que en ese precepto se indica. Agrega dicha norma, que si no existiera disponibilidad o por resolución del sostenedor se determine que deba dejar de pertenecer a la dotación, tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad, o fracción superior a seis meses con un máximo de once. Añade su inciso final, que cuando la causal de término de la relación laboral referida en el inciso anterior se aplique a profesionales que no pertenecían a la respectiva dotación docente tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de seis y un mínimo de uno.

Al respecto, es preciso señalar que acorde con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 7.557, de 2018, el mencionado artículo 34 l de la ley N° 19.070, solo resulta aplicable a quienes hubiesen sido designados de acuerdo con el nuevo procedimiento concursal incorporado por la ley N° 20.501, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero de 2011. Enseguida, es preciso anotar que el artículo segundo transitorio de la citada ley N° 20.501, regula la situación de los jefes de los departamentos de administración de la educación municipal que se encontraban desarrollando dichas actividades con anterioridad a la publicación del citado texto legal y que completen su período de nombramiento, otorgándole al sostenedor la facultad de decidir que estos permanezcan cumpliendo labores, en el evento de existir disponibilidad en la dotación docente, en alguna de las funciones del artículo 5° de la ley N° 19.070, con excepción de las funciones directivas de director, subdirector e inspector general, y de jefe técnico, o bien, cesarlos en sus servicios con derecho a la indemnización prevista en el artículo 73 del último de los anotados cuerpos legales.

Contraloría finaliza haciendo su análisis y conclusión final sobre la indemnización procedente, indicando lo siguiente: Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que mediante los decretos alcaldicios N°s. 87, de 1998, 161, de 2003, 168, de 2004, y 279, de 2009, el recurrente fue nombrado como jefe del departamento de educación de la Municipalidad de Ercilla, por el período comprendido entre el 9 de noviembre de 1998 y el 9 de noviembre de 2003, posteriormente fue contratado para desempeñar dicha de función a contar del 10 de noviembre de 2003, y luego fue designado nuevamente en el mencionado cargo entre el 8 de noviembre de 2004 al 8 de noviembre de 2009, y del 24 de noviembre de 2009 al 24 de noviembre de 2014, respectivamente. Así, tales designaciones se encontraban en el supuesto del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501. Consta, además, que con posterioridad al cese de funciones del recurrente en el cargo de jefe del departamento de educación, la Municipalidad de Ercilla mediante su decreto N° 311, de 2014, prorrogó su nombramiento en dicho cargo por seis meses y/o hasta que asuma el titular, lo que si bien no resultó procedente, debe entenderse que el sostenedor optó por mantenerlo en la dotación, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 92.851, de 2016). Enseguida, la Municipalidad de Ercilla mediante su decreto N° 896, de 2015, designó al señor nombre reservado en el cargo de subdirector del mencionado departamento hasta el 18 de mayo de 2016, para posteriormente nombrarlo nuevamente en el cargo de jefe del departamento de educación desde dicha fecha hasta el 18 de mayo de 2021, según da cuenta el decreto N° 545, de 2016, de la referida entidad edilicia. Luego, mediante el decreto N° 18, de 2022, dispuso la prórroga de su nombramiento en dicho cargo, a partir del 19 de mayo de 2021, atendido que el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Malleco Cordillera se produciría a contar del 1 de enero de 2026. Posteriormente, dicha entidad edilicia dispuso el cese de funciones del recurrente en el mencionado cargo, a contar del 23 de abril de 2023, por las razones ya expuestas en el presente oficio. Conforme con lo anterior, el recurrente pasó a pertenecer a la dotación docente de la Municipalidad de Ercilla, a contar del 25 de noviembre de 2014, al cesar en el cargo de jefe del departamento de educación y pasar a desempeñarse a contrata en esa función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501. Por consiguiente, atendido lo expuesto, es posible concluir, que al señor nombre reservado le asiste el derecho al pago de la indemnización regulada en el inciso primero del artículo 34 I de la ley N° 19.070, y no a la dispuesta en el inciso segundo de dicha norma como dispone el decreto N° 589, de 2023, de la Municipalidad de Ercilla, por lo que esa entidad edilicia deberá regularizar su situación, pagándole la indemnización que se indica en el presente oficio.

Como queda claramente establecido en el análisis realizado en el pronunciamiento de Contraloría Regional de la Araucanía en dictamen E362893, corresponde el pago de la indemnización establecida en el artículo 34 letra l) de la ley 19.070, de conformidad al artículo segundo transitorio de la Ley 20.501, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad, o fracción superior a seis meses con un máximo de once, es decir, $40.337.726.- (cuarenta millones trescientos treinta y site mil setecientos veintiséis pesos), y no los $22.002.396.- (veintidós millones dos mil trescientos noventa y seis pesos) que finalmente pagó la municipalidad en cuestión, por lo que debe proceder al pago del saldo que se le adeuda.

Pide tener por evacuado el informe requerido, y en definitiva, rechazar el recurso de protección.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia Cédula de identidad.

2. Decreto Alcaldicio N°582 del 20 de abril de 2023.

3. Decreto N°589 de fecha 20 de abril de 2023.

4. Decreto N°87 de fecha 06 de noviembre de 1998; Decreto N°161 del 10 de noviembre de 2003; Decreto N°168 del 08 de noviembre de 2004.

5. Decreto N°279 del 24 de noviembre de 2009.

6. Decreto N°263 del 09 de marzo de 2015.

7. Decreto N°896 del 13 de julio de 2015.

8. Decreto N°545 de fecha 18 de mayo de 2021.

9. Decreto N°18 de fecha 03 de enero de 2020.

10. Decreto dotación docente año 2019.

11. Decreto dotación docente año 2020.

12. Decreto dotación docente año 2021.

13. Reclamo presentado a Contraloría R2480/2023.

14. Dictamen E250081 de fecha 26 de agosto de 2022.

15. Dictamen E394047 de 2023.

16. Decreto 311 del 26 de noviembre de 2014 17. Decreto N°58 del 01 de octubre de 2003.

18. Decreto N°499 del 20 de abril de 2016.

19. Oficio E407386 de 2023, acoge reclamo nombre reservado.

A folio 15 evacúa informe nombre reservado, contralor regional, por la Contraloría General de la Araucanía, en los siguientes términos:

Extemporaneidad del recurso Si bien la acción cautelar fue dirigida formalmente en contra del oficio N° E394047E394047, de 15 de septiembre de este origen, lo cierto es que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se desprende con claridad que el acto que en definitiva habría provocado la supuesta vulneración de garantías que reclama la parte recurrente es el oficio N° E362893, de 30 de junio de 2023, de la misma procedencia.

En efecto, de acuerdo con los registros de esta Entidad de Control, el oficio impugnado N° E394047, de 15 de septiembre de 2023, fue emitido en respuesta a la solicitud de reconsideración formulada por la municipalidad recurrente con fecha 24 de julio de 2023, en contra del citado oficio N° E362893, de 30 de junio de 2023, el que le fue notificado a ese municipio con fecha 3 de julio de 2023.

De lo anterior se desprende que dicha solicitud de reconsideración fue planteada por la Municipalidad de Ercilla fuera del plazo de 5 días, contemplado en el artículo 59 de la ley N° 19.880 para interponer el recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto administrativo, y en ella, no se acompañaron nuevos antecedentes que permitieran variar el pronunciamiento consignado en el primer oficio, motivo por el que el oficio impugnado en estos autos confirmó los argumentos expuestos en el oficio N° E362893, de 2023.

Así se desprende, por lo demás, del tenor del requerimiento de reconsideración de esa municipalidad formulado a través del oficio N° 798, de 2023, en que los argumentos de tal solicitud son similares a aquellos esgrimidos en la presente acción de protección para dar cuenta del perjuicio que le afectaría.

Por tal motivo, debe entenderse que el supuesto agravio que alega el actor se habría producido en la época en la que éste tomó conocimiento del oficio N° E362893, de 2023, lo que aconteció con fecha 3 de julio de 2023, acorde con el correo electrónico que se acompaña a este informe, lo que evidencia el hecho de haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el Auto Acordado respectivo para efecto de la interposición del recurso en análisis, toda vez que la acción de protección fue deducida recién con fecha 24 de octubre de 2023. Entender lo contrario implicaría, en la práctica, permitir al actor construir artificiosamente un plazo para recurrir de protección.

Confirma lo anterior, el hecho de que el recurrente no impugna ni discute la legalidad del oficio N° E362893, de 2023, por lo que, en el evento que VS.Iltma. dejara sin efecto el oficio que se dice impugnar en el recurso, el primer oficio mantendría su vigencia, demostrando con ello la extemporaneidad de la presente acción.

El criterio expuesto es el contenido en la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol N° 93.967- 2020, de 4 de mayo de 2021, confirmada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 10 de junio de 2021, en autos rol N° 37.024-2021.

En consideración a lo indicado, es que debe concluirse que el plazo para interponer el recurso de autos se encuentra latamente vencido, debiendo rechazarse por extemporáneo.

El recurso de protección no es la vía para obtener la rebaja de una indemnización legal por años de servicio En la especie, al deducir la presente acción constitucional, el municipio recurrente no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que busca discutir la competencia de esta Contraloría General para interpretar las normas estatutarias que rigen al personal de la Administración del Estado, pretendiendo en el fondo que esa Iltma. Corte de Apelaciones rebaje el monto de la indemnización prevista en la ley N° 19.070, que le corresponde a un ex funcionario de esa entidad edilicia, al solicitar que se deje sin efecto el oficio impugnado y se declare que “la Municipalidad de Ercilla sí se ajustó a derecho respecto de la interpretación y aplicación normativa en la especie, calculando correctamente la indemnización a pagar”.

En efecto, de la sola lectura del libelo se advierte que lo pretendido por la actora es utilizar la interposición de esta acción constitucional para rebajar la indemnización del señor nombre reservado, pues lo reclamado en concreto es que a dicha indemnización, se le aplique un tope de seis meses, esto es, que se considere un límite menor a aquel que corresponde aplicar de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 34 I de la citada ley N° 19.070, controvirtiendo, además, el criterio contenido en el citado oficio N° E362893, de 2023, el que fue confirmado por su símil impugnado en estos autos.

Así, la referida pretensión excede el marco propio de esta acción constitucional, ya que no se concilia con la naturaleza cautelar del recurso de protección, el que no es declarativo de derechos ni la vía idónea para obtener la rebaja de la indemnización de un ex funcionario municipal, sino que persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados que se encuentra en peligro o lesionado, y que no admite la declaración de derechos ni cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en este proceso discusiones normativas acerca del correcto sentido y alcance que debe darse a ciertos preceptos legales.

El mismo criterio ha sido sostenido por la Excma. Corte Suprema en su sentencia dictada con fecha 11 de abril de 2018, en la causa rol N° 44.196-2017.

En términos similares se pronunció la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia de 9 de noviembre de 2018, confirmada con fecha 20 de marzo de 2019 por la Excma. Corte Suprema.

De esa forma, al ser lo pretendido por la recurrente la disminución de la suma de la referida indemnización, la acción intentada en estos autos es ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protección, por lo que ha de ser desestimada.

El municipio recurrente busca eludir el control de legalidad de esta Entidad Fiscalizadora En el presente caso, la relación jurídica entre la Municipalidad de Ercilla y esta Entidad Fiscalizadora se configura, especialmente, por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, facultades que le fueron delegadas por el Contralor General a los Contralores Regionales mediante su resolución N° 1.002, de 2011, y los artículos 51 y 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Tales disposiciones atribuyen a este Organismo Fiscalizador facultades y funciones en orden a que, entre otros asuntos, vele por el irrestricto respeto al ordenamiento jurídico por parte de los organismos sometidos a su fiscalización, pudiendo para tales efectos emitir pronunciamientos jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, siendo estos obligatorios para dichas entidades.

De este modo, los pronunciamientos que emita la Contraloría General en el marco de su función fiscalizadora de la Administración estatal interpretan las disposiciones que rigen la conducta de los agentes públicos estatales y hacen efectivo el principio de legalidad cuya observancia es condición necesaria de dicho régimen.

En atención a que las municipalidades son servicios fiscalizados por esta Entidad de Control, aquellas se encuentran en el deber de someter su actuación a la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano de Fiscalización. Esta circunstancia las priva para interponer la presente acción cautelar con el objeto de sustraerse del cumplimiento de los pronunciamientos del Ente de Fiscalización, los cuales al interpretar la norma administrativa integran el bloque de juridicidad en que deben enmarcar sus actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Aceptar que un servicio público sujeto a la fiscalización de esta Entidad Contralora, como es la Municipalidad de Ercilla, pueda impugnar actuaciones que por disposición legal expresa le son obligatorias, interponiendo un recurso de protección cada vez que no las comparta, interfiere las facultades que, en cuanto Organismo Superior de Control, le confiere el ordenamiento jurídico institucional y coloca al servicio fiscalizado en una situación de rebeldía e incumplimiento de las obligaciones que, en su condición de órgano de la Administración, le impone aquél.

Asimismo, se desvirtúa el sentido y razón de ser del recurso de protección, cuyo objeto es asegurar la debida protección frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, y en ningún caso, servir como instrumento para que un organismo público pueda eximirse de una obligación legal o cuestionar determinadas funciones que la Carta Fundamental y la ley reconocen a la Contraloría General, toda vez que el incumplimiento de un deber legal no puede significar el sustento de esta acción cautelar.

En efecto, en la situación de que se trata, el municipio recurrente ha impugnado -a través de la presente acción judicial- el acto que desestimó su solicitud de reconsideración respecto de un pronunciamiento emanado de esta Contraloría Regional en el cumplimiento de funciones que le son propias, advirtiéndose del tenor del respectivo libelo que lo pretendido por aquella va más allá de la defensa de una garantía constitucional determinada, pues lo que busca, como se dijo, es discutir las facultades que posee este Órgano de Control sobre los servicios sujetos a su fiscalización, en particular, sobre el control de legalidad de sus actos, el que se manifiesta -entre otros mecanismos-, a través de la emisión de pronunciamientos, los que son evacuados en cumplimiento de su obligación de velar por el irrestricto respeto del ordenamiento jurídico. Lo anterior, con la finalidad última de obtener la rebaja de la indemnización que le corresponde al referido ex funcionario.

En tal sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 20 de marzo de 2019, en causa rol Nº 31.365- 2018.

Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso reiterar que esta Contraloría Regional, al emitir el oficio N° E394047, de 2023 -y anteriormente su símil N° E362893, de 2023-, ha ejercido las competencias que le han sido otorgadas a esta Entidad Fiscalizadora por los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 1°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la resolución N° 1.002, de 2011.

Por otra parte, tampoco resulta arbitraria la actuación de esta Entidad de Fiscalización, puesto que dicho pronunciamiento no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue en base al estudio acabado de los antecedentes acompañados, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y producto de una actuación legitima de esta Contraloría Regional, efectuada en el ejercicio de sus atribuciones, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, por el cual se resolvió desestimar la solicitud de reconsideración formulada por la Municipalidad de Ercilla respecto del oficio N° E362893, de 2023, el cual, a su vez, se pronunció sobre la correcta interpretación de la normativa contenida en las leyes Nos 19.070 y 20.501, con ocasión de un reclamo efectuado sobre la materia por el ex jefe del DAEM de ese municipio.

En tal sentido se debe hacer presente que tanto el oficio N° E394047, de 2023 como su símil N° E362893, de 2023, consignaron expresa y debidamente los motivos que sustentaron sus conclusiones.

Por lo demás, se debe manifestar que la sola circunstancia de que el interesado discrepe del pronunciamiento de esta Entidad de Control no convierte a dicho acto en arbitrario ni ilegal En cuanto al fondo del asunto planteado No obstante que las consideraciones precedentes son suficientes para que se rechace sin más trámite la acción intentada en autos, para el evento que se considere del caso analizar el fondo del problema planteado, se ha estimado conveniente formular las siguientes precisiones:

1.- Sobre la procedencia del pago de la indemnización prevista en el inciso primero, del artículo 34 I, de la ley N° 19.070, al ex jefe del DAEM de Ercilla Como ya se mencionó, a propósito de un reclamo efectuado por don nombre reservado, ex jefe del DAEM de Ercilla, respecto a la legalidad de los decretos alcaldicios Nos 582 y 589, ambos de 2023, por los cuales se revocó su nombramiento en el anotado cargo y se dispuso el término de su relación laboral por la causal del artículo 72, letra d), de la ley N° 19.070, y el pago de una indemnización por seis meses, respectivamente, esta Contraloría Regional, a través del mencionado oficio N° E362893, de 2023, concluyó, en lo que importa, que el recurrente tenía derecho al pago de la indemnización regulada en el inciso primero del artículo 34 I, de la ley N° 19.070, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad, o fracción superior a seis meses con un máximo de once.

Lo anterior, como se expuso en el aludido oficio N° E362893, de 2023, por cuanto el señor nombre reservado, quien previamente había sido nombrado en ese cargo por los periodos comprendidos entre el 9 de noviembre de 1998 y el 9 de noviembre de 2003, entre 10 de noviembre de 2003 y el 7 de noviembre de 2004, entre el 8 de noviembre de 2004 y el 8 de noviembre de 2009, y luego entre el 24 de noviembre de 2009 y el 24 de noviembre de 2014, al cesar en ese cargo directivo por el vencimiento del periodo de su nombramiento, debía ser designado por la Municipalidad de Ercilla en alguna de las funciones señaladas en el artículo 5° de la ley N° 19.070, en un establecimiento municipal, o ponerse término a su relación laboral, conforme a las facultades establecidas en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501, lo cual no aconteció en la especie.

Por el contrario, el aludido municipio, mediante el decreto N° 311, de 2014, resolvió prorrogar su nombramiento en el cargo por seis meses o hasta que asumiera el titular, y luego designarlo como subdirector del DAEM mediante el decreto N° 896, de 13 de julio de 2015, hasta el 18 de mayo de 2016, data a partir de la cual nuevamente asumió el cargo de jefe del DAEM, hasta la fecha en que se dispuso el cese de sus funciones, el 23 de abril de 2023.

De esta manera, al haber prorrogado la Municipalidad de Ercilla el nombramiento del recurrente cuando culminó el periodo de su nombramiento como jefe del DAEM, el 24 de noviembre de 2014, y no haber ejercido las facultades establecidas en el citado artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501, de designarlo en alguna de las funciones señaladas en el artículo 5° de la ley N° 19.070, en un establecimiento municipal, o de poner término a su relación laboral, manifestó su intención de incorporarlo a su dotación docente, y que por tal motivo, le correspondía el pago de la indemnización contemplada en el inciso primero del artículo 34 I, del referido texto legal.

En este contexto, es necesario señalar que la citada ley N° 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero de 2011, incorporó en los artículos 34 D y siguientes, un nuevo mecanismo de selección para proveer las vacantes de cargos de jefes de los departamentos de educación municipal, que entró en vigencia el 1 de mayo de 2011, de acuerdo a la regla general prevista en su artículo cuarto transitorio, inciso primero.

Ahora bien, respecto de quienes se encontraban ejerciendo dicho cargo con anterioridad a la publicación del citado texto legal -como acontecía con el recurrente-, la materia fue regulada en los artículos primero transitorio y siguientes de la referida ley N° 20.501, que dispone que los sostenedores podrán optar por convocar a nuevos concursos, para proveer los cargos de jefes de los departamentos de educación municipal y de los directores de establecimientos educacionales, a través de los sistemas de selección establecidos en los artículos 31 bis y siguientes y 34 D y siguientes de la ley N° 19.070, aun cuando quienes ejercen dichas plazas no hayan completado sus períodos de nombramiento, los que se mantendrán en sus cargos hasta la designación de los nuevos profesionales, de acuerdo a los sistemas de selección mencionados.

Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del anotado cuerpo normativo, una vez finalizado el período de nombramiento de los jefes de los departamentos de educación municipal, que al publicarse esta ley se encontraren ejerciendo sus cargos y cuyos sostenedores no hubiesen adelantado sus concursos de acuerdo a lo prescrito en el artículo precedente, el sostenedor podrá optar entre que continúen desempeñándose, en caso de existir disponibilidad en la dotación docente, o ponerles término a sus relaciones laborales, en cuyo caso tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en el artículo 73 de la citada ley N° 19.070.

Del tenor de las disposiciones citadas, así como de la debida correspondencia entre ellas y el resto de la normativa permanente del citado Estatuto Docente, el legislador confirió expresamente a los sostenedores la facultad de convocar a concursos públicos, de acuerdo al nuevo procedimiento incorporado por la citada ley N° 20.501, para proveer, en lo que interesa, los cargos de jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, que a la fecha de publicación de dicha ley, no hubieren completado su período de nombramiento.

A lo anterior, es necesario agregar que del texto del referido artículo primero transitorio aparece que la decisión de llamar a concurso de directores constituye una facultad discrecional que la ley otorga a los sostenedores, por lo que, en todo caso, el ejercicio de aquella dependerá de su determinación.

Pues bien, en la situación planteada por el señor nombre reservado y conforme con los antecedentes que se tuvieron a la vista, de acuerdo con una interpretación sistemática de la preceptiva en comento, se concluyó que a la fecha de publicación de la referida ley N° 20.501 -26 de febrero de 2011-, aquel se encontraba en el supuesto descrito en su artículo segundo transitorio, ya que se desempeñaba como jefe del DAEM de Ercilla, y al momento del cese de su nombramiento por vencimiento del periodo -24 de noviembre de 2014-, el sostenedor no había convocado, anticipadamente, al respectivo concurso de esa plaza, de acuerdo con lo indicado en el citado artículo primero transitorio.

De esta manera, siguiendo con el tenor del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501, al cumplirse el plazo por el cual fue nombrado el señor nombre reservado, por mandato legal, se producía su desvinculación laboral de ese cargo directivo, momento a partir del cual la Municipalidad de Ercilla debía hacer uso, discrecionalmente, de las facultades alternativas que consagra la ley, lo cual no aconteció en la especie, sino que por el contrario, prorrogó su nombramiento en ese cargo como contratado hasta el 13 de julio de 2015, fecha a partir de la cual fue designado como subdirector del DAEM, hasta el 18 de mayo de 2016, data a partir de la cual nuevamente asumió el cargo de jefe del DAEM.

En este sentido, si bien no resultó procedente que la Municipalidad de Ercilla, una vez finalizado el periodo del nombramiento del señor nombre reservado como jefe del DAEM, el 24 de noviembre de 2014, prorrogara esa designación por el lapso de seis meses y/o hasta que asumiera el titular por concurso público, pues el aludido artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501 sólo le otorgaba la facultad de designarlo en alguna de las funciones señaladas en el artículo 5° de la ley N° 19.070, en un establecimiento municipal, o bien, poner término a su relación laboral, no es menos cierto que, en la especie, ello se produjo a consecuencia de un error de la Administración, debiendo interpretarse tal decisión en el sentido que el sostenedor optó por incorporarlo a la dotación docente en conformidad a lo dispuesto en la parte final del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501, según el criterio contenido en el dictamen N° 92.581, de 2016.

Finalmente, atendido que el señor nombre reservado pasó a formar parte de la dotación docente de la Municipalidad de Ercilla al prorrogarse su designación el 25 de noviembre de 2014 -de acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente-, esta Contraloría Regional concluyó en los oficios ya mencionados, que al disponerse el término de su relación laboral como jefe del DAEM de la Municipalidad de Ercilla mediante el citado decreto N° 589, de 25 de abril de 2023, aquel tenía derecho al pago de la indemnización prevista en el inciso primero del artículo 34 I, de la ley N° 19.070, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la respectiva municipalidad, o fracción superior a seis meses con un máximo de once, y no a la del inciso segundo de dicha norma, como erróneamente lo disponía ese decreto.

2.- El oficio impugnado en autos, se ajusta al criterio jurisprudencial contenido en el dictamen N° 92.851, de 2016, de este origen Sostiene el municipio recurrente, que el oficio impugnado en autos, que desestimó su solicitud de reconsideración, alteraría la propia jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, contenida en el dictamen N° 92.851, de 2016, el cual establece que “Por su parte, el inciso segundo del mismo precepto legal -artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501-, señala que con posterioridad a los nombramientos referidos en el inciso anterior, los jefes de departamento de administración de educación municipal y los directores de establecimientos educacionales, permanecerán en la dotación docente por el mismo número de horas que servían, manteniendo las asignaciones que les correspondían hasta el cumplimiento del período para el cual habían sido nombrados, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.070, en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación”, infiriéndose de ello que el señor nombre reservado debía mantener dichas horas en establecimientos educacionales y no como jefe DAEM.

Al respecto, cabe indicar que la interpretación efectuada por la Municipalidad de Ercilla no es correcta, pues omite convenientemente mencionar los presupuestos fácticos que dieron origen al referido pronunciamiento, así como las conclusiones a las que este arribó, advirtiéndose de su simple lectura que aquel guarda completa armonía con lo resuelto por esta Contraloría Regional en el ya citado oficio N° E394047, de 2023.

En efecto, el referido dictamen N° 92.581, de 2016, se emitió a propósito de la solicitud de reconsideración del oficio N° 13.077, de 2016, de la Contraloría Regional de Valparaíso, planteada por el jefe del DAEM de la Municipalidad de El Tabo, quien ejerció como jefe del anotado departamento en calidad de titular desde febrero de 2009 hasta febrero de 2014, pasando luego a ocupar el mismo cargo en calidad de suplente desde febrero de 2014 hasta febrero de 2015, fecha en que se adjudicó el concurso para desempeñarse como jefe del referido departamento, por el tiempo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 hasta el 9 de febrero de 2020.

Así, luego de efectuar el respectivo análisis de los antecedentes de hecho y de la normativa y jurisprudencia aplicable sobre la materia, el aludido dictamen concluyó que si bien “(…) no resultó procedente que la Municipalidad de El Tabo designara al recurrente en el mismo cargo como suplente, pues, aquel precepto solo le otorga la facultad de designarlo en alguna función a las que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.070, en un establecimiento municipal, o bien, poner término a su relación laboral, sin embargo, no es menos efectivo que, en la especie, ello se produjo a consecuencia de un error de la Administración, debiendo interpretarse tal decisión en el sentido que el sostenedor optó por incorporarlo a la dotación docente en conformidad a lo dispuesto en la parte final del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501 (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 69.354, de 2012, y 13.780, de 2013)”.

Como se podrá advertir el criterio contenido en el dictamen cuestionado guarda estricta concordancia con lo concluido por esta Sede Regional de Control en los oficios N°s E362893 y E394047, ambos de 2023, en el sentido que al haberse cometido un error por parte de la Municipalidad de Ercilla al designar al jefe del DAEM que cesó por vencimiento del plazo el 24 de noviembre de 2014, en el mismo cargo como suplente, tal decisión debe interpretarse en el sentido que el sostenedor optó por incorporarlo a la dotación docente en conformidad a lo dispuesto en la parte final del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501.

De esta manera, teniendo presente que el señor nombre reservado ingresó a la dotación docente de la Municipalidad de Ercilla cuando fue prorrogado su nombramiento, a partir del 25 de noviembre de 2014, y que luego de ganar el concurso público efectuado de conformidad a lo previsto en el artículo 34 D, de la ley N° 19.070, fue designado mediante el decreto N° 545, de 2016, en el cargo de jefe del DAEM, desde el 18 de mayo de dicho año al 18 de mayo de 2021, nombramiento que le fue prorrogado hasta el 23 de abril de 2023, aquel tenía derecho al pago de la indemnización regulada en el artículo 34 I, inciso primero, de la citada ley N° 19.070.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados No existiendo actuación ilegal o arbitraria por parte de esta Entidad Fiscalizadora que haya podido vulnerar las garantías invocadas por el municipio recurrente, corresponde que el recurso de protección sea rechazado.

Sin perjuicio de ello, a fin de evidenciar la falta de fundamento de esta acción cautelar, a continuación, nos referiremos a los derechos constitucionales que se alegan como supuestamente conculcados:

1.- Derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República No se divisa en los argumentos de la parte recurrente el supuesto establecimiento de diferencias arbitrarias que se habría producido con la emisión del oficio recurrido ni con aquel que le precedió -N° E362893, de 2023-, ni se comprende cómo alguno de dichos actos podrían afectar el legítimo ejercicio de la garantía en comento.

En efecto, a través de tales pronunciamientos se ejercieron las facultades con que cuenta este Organismo de Control, aplicando la normativa y jurisprudencia vigente existente acerca de la materia, que establece que el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501, solo otorga a los sostenedores la facultad de designar a los jefes de los departamentos de educación municipal que cesan en esos cargos por el cumplimiento del periodo de su nombramiento, en alguna de las funciones a las que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.070, en un establecimiento municipal, o bien, poner término a su relación laboral, de manera que el error en que incurre la Administración al prorrogar el lapso de ejercicio de esas funciones, debe interpretarse en el sentido que el sostenedor optó por incorporarlo a la dotación docente en conformidad a lo dispuesto en la parte final del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.501.

En efecto, la igualdad ante la ley ha sido absoluta y estrictamente respetada por este Organismo de Control, toda vez que, en la especie, haciendo uso de su potestad dictaminadora, se emitió el acto cuestionado, instancia en la que se aplicó la normativa y jurisprudencia que regula la materia, la que se encuentra contenida, entre otros, en los dictamenes Nos 69.354, de 2012, 13.780, de 2013 y 92.851, de 2016.

Lo anterior, además, guarda relación con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 85.185, de 2013 y 13.720, de 2018, de este origen, que establece que quienes actúan de buena fe, no pueden verse perjudicados por un error en que ha incurrido el Servicio, debiendo tenerse presente que las personas actúan sobre la base del proceder regular de la Administración y con la confianza y expectativa de que su situación se consolidará como en derecho corresponde.

Por el contrario, si esta Entidad Fiscalizadora hubiese resuelto de un modo diferente, ello sí habría constituido una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley que se invoca.

2.- Derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República Sobre este aspecto, la Municipalidad de Ercilla sostiene que el oficio impugnado afecta su derecho de propiedad, pues aumenta considerablemente el monto de la indemnización a pagar al señor nombre reservado, ordenándole el pago de una suma superior a la establecida en la ley para aquellos profesionales que no forman parte de su dotación docente.

Al respecto, cabe señalar que el oficio recurrido en caso alguno podría causar una vulneración del mencionado derecho, por cuanto esta Contraloría Regional, al resolver sobre el particular, solo está dando cumplimiento a un mandato constitucional y legal, cautelando el derecho de un exfuncionario amagado por un acto de autoridad no ajustado a la juridicidad.

Del mismo modo, cuando el legislador ha establecido las atribuciones de las autoridades, lo ha hecho como obligaciones que éstas deben cumplir, sin que se pueda sostener que han ingresado a su patrimonio, las que en todo caso deben ser ejercidas de acuerdo con lo dispuesto por la ley y la interpretación que sobre ella haga este Órgano de Control, pues los pronunciamientos jurídicos de esta Entidad Fiscalizadora son imperativos y vinculantes para los organismos sometidos a su fiscalización, como ocurre con las municipalidades.

Por el contrario, el derecho de propiedad que podría estimarse vulnerado es aquel que corresponde al señor nombre reservado, atendido el menoscabo económico producido a su respecto, y en ningún caso un supuesto derecho de propiedad invocado por la Municipalidad de Ercilla.

Conclusión Atendidos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, teniendo presentes las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo Regional de Control, procede que esa Iltma. Corte de Apelaciones desestime el recurso de protección deducido en estos autos en contra de esta Contraloría Regional.

Se acompaña al informe copia de los siguientes documentos:

1. Oficio N° E363893, de 30 de junio de 2023, de la Contraloría Regional de La Araucanía, junto a sus respectivos antecedentes fundantes.

2.- Correo electrónico de la oficina de partes de la Contraloría Regional de La Araucanía, de 3 de julio de 2023, por el cual se notifica el oficio N° E363893, de 2023.

3.- Oficio N° E394047, de 15 de septiembre de 2023, de la Contraloría Regional de La Araucanía, junto a sus respectivos antecedentes fundantes.

4.- Copia de los dictámenes Nos 33.411, 48.812 y 69.354, todos de 2012; 13.780 y 85.185, ambos de 2013; 92.851, de 2016 y 13.720, de 2018, todos de la Contraloría General de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la presente causa se reclama respecto de la resolución de folio N°E394047/2023, notificada a la recurrente el día 25 de octubre de 2023, que desestimo la solicitud de reconsideración del oficio N°E362893, de fecha 30 de junio de 2023, el que le fue notificado al municipio de Ercilla con fecha 3 de julio de 2023, que concluyó que al sr. nombre reservado, ex jefe del Departamento de Educación Municipal, tenía derecho al pago de la indemnización regulada en el inciso primero del articulo 34 I de la Ley N°19.070, y no a la del inciso segundo de dicha norma, como lo dispuso el decreto alcaldicio N°589, de 2023.

Persigue que se declare que la Municipalidad de Ercilla sí se ajustó a derecho respecto de la interpretación y aplicación normativa en la especie, calculando correctamente la indemnización a pagar.

TERCERO: Que, de esta manera, es fácil advertir que el acto contra el cual verdaderamente se dirige el recurso es el oficio N°E362893, de fecha 30 de junio de 2023, que fue el que se pronunció respecto del reclamo deducido por don nombre reservado, modificando lo resuelto por la entidad edilicia en cuanto al pago de la indemnización CUARTO: Que, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección dispone que el plazo para interponer el recurso es de 30 días, por lo que, al día de interposición del recurso, con fecha 24 de octubre de 2023, éste se encontraba vencido.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y aun cuando se estimara que el recurso fue deducido dentro de plazo, se ha de tener presente que la Contraloría General de la República actuó dentro de las facultades conferidas por ley, dictando un pronunciamiento que se encuentra conforme a la normativa atingente a la materia y debidamente fundado, el que además resulta obligatorio para los órganos de la administración del Estado, por lo que no puede reprochársele que su obrar haya sido arbitrario o ilegal, y en virtud de ello el recurso igualmente no podría ser acogido.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido por la MUNICIPALIDAD DE ERCILLA, en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, por extemporáneo.

Redacción del Ministro (S) Wilfred Ziehlmann Zamorano.

Regístrese y archívese.

N°Protección-13653-2023. (cwm)