nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, quince de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece ARMIN IVAN CASTILLO MORA, abogado, en nombre de doña nombre reservado, Interpone acción de protección en contra de don nombre reservado, Director Servicio de Salud nombre reservado, funcionario del servicio de Salud, nombre reservado, quien en la dictación de la Resolución Afecta N°15 del 28 de Septiembre de 2023, notificada por correo electrónico con fecha 2 de Octubre de 2023, vulneró los derechos constitucionales de su representada, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado de Chile, esto es: Se vulnero la garantía constitucional de “Igualdad ante la Ley”; y las Garantías constitucionales, de la “Igual Protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos”, específicamente las: del “Debido Proceso” y de la “Legítima Defensa”, establecidos en dichas disposiciones constitucionales, atendido a que en su contenido y fundamentos se basó en actuaciones administrativas viciadas de nulidad comprendidas dentro de un Sumario Administrativo ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019 en contra de su representada:

Primero, por haber sido dictada por un funcionario superior jerárquico, actualmente implicado e inhabilitado para resolver, por haber tomado interés directo tanto en el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, como respecto de su representada, lo cual lo hizo perder objetividad, e imparcialidad, siendo susceptible de haber incurrido en el delito de prevaricación;

Segundo, en subsidio, porque se basa en actuaciones realizadas en el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, por el Sr. Fiscal nombre reservado que adolecen de sustanciales vicios de nulidad e infracciones a las normas establecidas en el Estatuto Administrativo, esto es:

a)“Formulación de Cargos”, de fecha 19 de agosto de 2021, rolante a fojas 71 del sumario; b) “Informe Fiscal”, de fecha 18 de octubre de 2021, rolante a fojas 138 del sumario; c) “Resolución exenta N°2225”, de fecha 08 de septiembre de 2023; Tercero, en subsidio, porque una parte sustancial de los fundamentos de la Resolución afecta N°15, establecidos principalmente en sus considerandos 12 al 21 no pueden ser parte de su fundamentación, dado que conforme la Sentencia de la Exma. Corte Suprema, del 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022 se anuló todo lo obrado en el sumario administrativo, en comento a partir de fs. 145 en adelante como se pretender sostener oblicuamente, en la Resolución afecta recurrida.

I.- Perdida de: Objetividad – Imparcialidad – Competencia:

Siguiendo el orden de las cosas, una vez que la Corte Suprema, revocó la sentencia de esta I. Corte, dictando la sentencia de fecha 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022 anulando todo lo obrado en el sumario administrativo, en comento a partir de fs. 145 en adelante, y dejando a firme el “Primer Informe del Fiscal” de fojas 138 a 145 inclusive, correspondía al Superior Jerárquico de mi representada, esto es el Director del Hospital de Collipulli don nombre reservado pronunciarse sobre este “Informe Fiscal”, lo cual no ocurrió así, por el contrario, tomando interés directo en el sumario administrativo e interviniendo en su tramitación el recurrido Sr. nombre reservado procedió a dictar la Resolución Exenta N°322 de fecha 10 de febrero de 2023, notificada a su representada mediante carta certificada, quien haciendo una interpretación arbitraria, ilegal e inconstitucional de la Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, recaída en los autos sobre recurso de protección, Rol N°32.003-2022, procedido en dicha Resolución Exenta N°322 en sus considerandos N°14 y N°15 y Parte Resolutiva N°3, letras b), c), y d) a disponer: Uno) Considerando N°14: “Se deberá proceder a reabrir y retrotraer el proceso sumarial a la etapa de emitir Vista Fiscal, ello respecto de los cargos formulados originalmente a fs. 72 a 81 del expediente sumarial, efectuados y notificados con fecha 19 de agosto de 2021”; Dos) Considerando N°15: “Se deberá igualmente, proceder a la designación de un nuevo Fiscal, que continue con la tramitación de dicho proceso disciplinario; Tres) Parte Resolutiva N° 3: “Remítase el expediente sumarial al Hospital de Collipulli, ello a efectos de que dicho nosocomio proceda a: b) Reaperturar el proceso instruido por resolución individualizada en el considerando primero y retrotrayendo a la etapa de emisión de la “Vista Fiscal”, para lo cual la fiscalía deberá analizar y ponderar el mérito del proceso y en particular los cargos formulados originalmente a fojas 73 y 81 del expediente …..”; c) Designar un nuevo Fiscal, en dicho sumario.

En esta Resolución Exenta N°322, se refleja claramente que el recurrido Sr. nombre reservado pasó de manera directa y expresa a intervenir en el proceso sumarial, tomando interés en sus resultados y perdiendo toda objetividad, imparcialidad y competencia para resolver en el futuro las imputaciones y sugerencias del Fiscal nombre reservado en su “Primer Informe Fiscal”, al disponer actuaciones relativas a enmendar por la vía del análisis y de la ponderación como él lo llama, lo que el Nuevo Fiscal que ordena designar, debe realizar, es decir torciendo la decisión de la Excma. Corte Suprema, tantas veces mencionada.

Con estas actuaciones y resoluciones, el recurrido Sr. nombre reservado quedo claramente inhabilitado para intervenir en la resolución final de este sumario administrativo, perdiendo toda imparcialidad, objetividad y competencia, dado que claramente su desempeño y actuaciones no dan fe su desempeño como superior jerárquico, quien debiendo abstenerse de intervenir en el proceso sumarial, que de por si estaba concluido y cerrado, a la espera que se hicieran llegar los antecedentes al Superior Jerárquico, para resolver; por el contrario, procedió a intervenir el proceso administrativo e instruir: “Se ponderase el mérito del proceso” y se revisase la “Formulación de Cargos”, actuaciones que eran de la absoluta competencia del Fiscal nombre reservado, y que se encontraban firme y ejecutoriadas, dado que el Sumario Administrativo se encontraba cerrado y concluido, como se ha dicho precedentemente y consta del sumario mismo; lo cual debió respetar y no lo hizo.

Con ello quedo de manifiesta su falta de objetividad, imparcialidad y de su pérdida de competencia para resolver y dictaminar las penas que resolvió en la Resolución Afecta N°15, recurrida; vulnerando de paso la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 inc. quinto de la Constitución Política del Estado de Chile, que dispone: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

II.- “Vicios de nulidad e infracciones ocurridas en la tramitación del Sumario Administrativo”:

Mediante resolución exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, el Director del Hospital de Collipulli don nombre reservado, Superior Jerárquico de mi representada, ordenó instruir sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, por supuestas acciones de acoso laboral respecto de doña nombre reservado; designándose como Fiscal a cargo del sumario administrativo a don nombre reservado, quien previamente de aceptar el cargo se aboco a instruir el sumario administrativo, “Formulando Cargos”, “Recibiendo la causa a prueba”, para posteriormente decretar el cierre del sumario y proceder a emitir su “Informe Fiscal”, el cual fue elevado a la autoridad administrativa correspondiente.

Vicios e ilegalidades en la “Formulación de cargos”

Principio de legalidad infringido:

Del examen de la formulación de cargos de fecha 19 de agosto de 2021, rolante a fojas 71 del sumario se advierte claramente que el Sr. Fiscal nombre reservado, no respeto debidamente y a cabalidad los principios de legalidad y debido proceso, lo cual se basa principalmente que construyo su “Teoría del Caso” basándose única y exclusivamente en lo dispuesto en el artículo 2 inc. 2 del Código del Trabajo, no tan solo para buscar una definición del tipo de Violencia Laboral, que deseaba acreditar, sino que obteniendo de dicha disposición legal, los requisitos que la conforman o constituyen, omitiendo remitirse a las Resoluciones exentas N°s: 260, y 1355 suscritas por los Señores Directores del Servicio de Salud nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, respectivamente.

Su representada es funcionaria pública, dependiente del Servicio de Salud nombre reservado, habiendo realizado íntegramente sus funciones como funcionaria pública, en el Hospital de Collipulli desde la fecha de su contratación, esto es el 1 de noviembre de 1977 hasta ahora, durante cuyo periodo, siempre ha obtenido las máximas calificaciones funcionarias, prácticamente sin excepción.

Estas Resoluciones Exentas N°(s) 260, y 1355 que fijan el sentido, alcance, interpretación y aplicación dentro de la Administración Pública, del artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, resultan aplicables conforme a lo establecido en el artículo 84 Letra M de la Ley 18.834, específicamente a los funcionarios dependientes del Servicio de Salud nombre reservado, como es el caso de mi representada, y cuyo imperio era vinculante tanto para el Sr. Fiscal nombre reservado como para el Director del Servicio de Salud nombre reservado Sr. nombre reservado, quien precisamente participo en la redacción de las circulares precedentemente señaladas, es decir no son meras recomendaciones.

Tal es así, que, en las citadas resoluciones exentas, se ha pretendido contextualizar el ámbito de aplicación de la citada norma laboral, art. 2 inc. 2 del C.T., ya que las relaciones de jerarquía existentes dentro del ámbito en que se desempeñan los funcionarios de Salud, es mucho más estricta y acotada que en el ámbito privado o particular.

Dicho esto, de la lectura de “Formulación de Cargos”, hecha por el Sr. Fiscal, rolante a fojas 71 del sumario es dable señalar, que en la elaboración el “Principio de Legalidad”, sino que por el contrario, se llevó un procedimiento basado exclusivamente en las normas del Código del Trabajo, sin considerar ni respetar que el Servicio de Salud nombre reservado ha establecido dentro del procedimiento de investigación y sumario de denuncias sobre violencia laboral, los “Parámetros dentro de los cuales se deben ceñir los Fiscales”, a cargo de las respectivas instrucciones sumariales.

Basado en el principio de la legalidad, estas resoluciones exentas N°(s) 260, y 1355, vinculantes, interpretativas y aplicables sobre el sentido y alcance de la disposición legal invocada, articulo 2 inc. 2 del C. del T., y no aplicadas ni tenidas a la vista tanto por el Sr. Fiscal en su formulación de cargos, ni por el Sr. Director nombre reservado en la Resolución Afecta N°15 recurrida, constituyen de por si una vulneración a las garantías constitucionales de mi representada establecidas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política del Estado de Chile; las cuales incluyen como se ha dicho los principios, parámetros de interpretación y aplicación, que contienen no solo normas de procedimiento, sino que normas de interpretación, definición y aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud, nombre reservado. En efecto, En la Formulación de Cargos:

El Sr. Fiscal estableció seis circunstancias, que a su modo de ver constituirían actos de violencia laboral, las cuales consistirían en Hechos o circunstancias calificados de Violencia Laboral:

1. Eliminación o supresión de resultados de mamografías, realizados por la denunciante en un cuaderno que se encontraba en el servicio de Maternidad; mediante el retiro de hojas que las contenían por parte de la denunciada;

2. Uso de la denunciada de la expresión “Oye” para dirigirse a la denunciante;

3. Presión de la denunciada, para que la denunciante no fuera invitada a una boda o fiesta de estilo matrimonial particular, por parte de la denunciante;

4. Impedimento de la denunciada, para que la denunciante no compartiese con ella la sala donde se cambiaban de ropa de calle a ropa o vestimenta de salud;

5. Referencia de la denunciada como “Negra” a la denunciante.

6. Denuncia por parte de la denunciada de un acto de mal servicio o denegación de servicio, ante el OIRS.

Por el contrario:

Las Figuras típicas descritas en el Procedimiento; Resoluciones Exentas 260 y 1355 del Ministerio de Salud, nombre reservado, específicamente en el artículo 5 de la Resolución exenta N°1355 del 23 de Junio de 2021, del Ministerio de Salud nombre reservado, que modifica el Procedimiento de denuncia, investigación y sanción de la Violencia laboral, señala categóricamente: ….”Que las dificultades cotidianas y conflictos que se producen por consecuencia natural de las tensiones en el Trabajo, no constituyen situaciones de violencia laboral, tales como conflictos menores, amonestaciones, criticas fundadas, u otras similares;

Es del caso, que la casuística de hechos descritas por el Sr. Fiscal al detallarlos y ratificadas en la Resolución Afecta N°15 recurrida, que se consideran constituirían hechos de tal categoría y de tal relevancia que ameritan sostener que se habría incurrido en la especie, en actos de connotación de “Acoso Laboral”; no son tales; ya que solo se enmarcan dentro de aquellas circunstancias descritas en el artículo 5 precedentemente citado, puesto que ningún de dichos hechos constituyen de manera individual o colectiva una reiteración de hechos graves, de: “Discriminación Arbitraria; Agresión, Hostigamiento, Menoscabo, Maltrato y/o Humillación”.

Ninguna de las circunstancias o hechos descritos por el Sr. Fiscal y sostenidas como fundamento por el recurrido en la Resolución afecta N°15, produjeron en la denunciante Sra. nombre reservado, dichas consecuencias, ni psíquicamente, ni laboralmente ni socialmente; la denunciante Sra. nombre reservado jamás vio amenazado su empleo, su cargo, su puesto laboral, menos se produjo en el tiempo un deterioro de salud comprobable por licencias médicas, diagnósticos psiquiátricos, ni menos faltas a su trabajo relacionadas directamente por estos hechos o circunstancias.

En la especie no se produjo daño ni perjuicio alguno, que pudiese permitir, conforme a la legislación aplicable, sostener la figura del “Acoso Laboral”, dado que esta figura típica exige “Resultados”; dicho esto, por el solo merito y en forma aislada, se le “haya aplicado una calificación baja”, menos aún cuanto esta fue subida, accediendo a la reclamación de ella misma; o por la sola circunstancia de “tener que esperar en la sala de cambio de vestuario, su turno para vestirse”; o que aplicando su jerarquía, la denunciada, haya reparado las agregaciones en el cuaderno respectivo de los resultados de mamografías; o que la denunciada haya manifestado que no le gustaba la letra manuscrita de la denunciante; o de la sola expresión de negra, aparentemente por su color de piel; etc.

Vicios e ilegalidades en el “Informe Fiscal”

Rolante a fs. 138 y sgts. de autos, de fecha 18 de octubre de 2021, del cual se desprenden falencias y omisiones que: a) No dan por acreditadas las imputaciones o cargos de manera cierta, concreta y precisa; b) No se indican clara y específicamente las normas legales infringidas que conectan con los hechos imputados, c) Ni menos se señala como se han infringido las normas atinentes sobre la materia establecidas en el Estatuto Administrativo; es decir, no se arriba, ni se prueba la acreditación legal y necesaria, de como una supuesta “Denuncia al OIRS” haya sido falsa en su contenido, ni menos el ánimo de deliberado inserto en ella que perjudique a la Sra. nombre reservado.

De esta manera, tanto el “Informe Fiscal” como la Resolución Afecta N° 15, recurrida en este acto, no son idóneos para establecer y aplicar la medida disciplinaria más grave establecida en el Estatuto Administrativo, cual es la “Destitución”, porque para que exista una adecuada vinculación entre la “Formulación de Cargos”, el “Informe Fiscal” y la Resolución Afecta N°15, que permita sostener la sanción de “Destitución”, debe existir una verdadera “Congruencia y Proporcionalidad”; de esta manera, necesariamente la imputación de cargos, realizada en el “Informe Fiscal”, debe ser concreta y precisa, indicando las disposiciones legales vigentes en la materia para arribar a esta sanción, circunstancias todas estas que no pueden ser subsanadas posteriormente mediante la Resolución Afecta N°15 recurrida; como así también debe indicar la misma correlación de hechos que en la “Formulación de cargos”, se realizó; todo lo cual está absolutamente ausente en estas etapas esenciales y substanciales del sumario administrativo. Hechos sancionados como Falsos:

Tanto la resolución exenta N°2225 del 08 de septiembre de 2023, como la Resolución Afecta N°15 de la cual se recurre, suscritas por el Sr. Director de Salud nombre reservado se desprende que para aplicar la más grave sanción que establece el Estatuto administrativo, dio por falso los hechos que fundaban un reclamo subido al portal de internet ORIS, atención 1037860, considerándolos como “FALTA DE PROBIDAD GRAVE”. Por el contrario: Hechos Ciertos y Verdaderos:

Los Hechos denunciados eran verdaderos y efectivamente la paciente afectada nunca fue atendida por la Sra. nombre reservado, conforme se acredito con las propias declaraciones de la paciente afectada, su madre y dos testigos que declararon en el sumario, según se señalara.

En efecto, mediante testigos y antecedentes del servicio se logró desvirtuar la suposición que el reclamo subido a la página del servicio OIRS código de atención 1037850 era falso, por el contrario, se acredito que la paciente mencionada en dicho reclamo, no fue efectivamente atendida por la Sra. nombre reservado, a mayor abundamiento se acredito que la Sra. nombre reservado se negaba reiterada y sistemáticamente a atender a pacientes citados en su agenda, por la sola circunstancia de llegar atrasadas, sin tener en consideración la distancia que ellas debían recorrer de la zona rural donde viven a la ciudad de Collipulli y sin considerar que debido a la pandemia que aqueja a nuestro país a partir del 2020 toda movilización se ha visto disminuida o deteriorada.

Hechos ocurridos el 1 de julio de 2019: A consecuencia de una citación de control de maternidad de la paciente nombre reservado, quien a esa fecha tenía 15 años de edad, la cual fue acompañada con su madre doña nombre reservado, para ser atendidas en el Hospital de Collipulli, por doña nombre reservado; cabiendo señalar que la paciente presentaba a esa fecha varias morbilidades que la hacían una paciente de alto riesgo, a la cual se le debía prestar una atención especial; el caso es que, como ocurría a esa fecha y ha ocurrido posteriormente, la Matrona nombre reservado, se negó a atender a la paciente, negándole servicio médico y atención clínica, por un simple atraso, no obstante que el Hospital de Collipulli a esa época y hasta ahora tiene baja atención de pacientes y atiende todo el día.

Hechos, y circunstancias verdaderas:

La negativa de doña nombre reservado, de no atender a dicha paciente, y a otras pacientes, en forma reiterada, quedo acreditada fehacientemente en el sumario tanto por los testigos nombre reservado y nombre reservado, como por los antecedentes del servicio, solicitados traer a la vista como medios de prueba; por lo que no se trató de HECHOS FALSOS TENDIENTES A PERJUDICAR A LA SEÑORA nombre reservado, ni menos hechos constitutivos de acoso laboral;

Inconcurrencia de falta de probidad:

En su parte resolutiva la resolución afecta N°15, recurrida, funda la sanción de destitución en las normas establecidas en los artículos 61 letras b), c), g), 84 letra l) y 125 letra D, figuras establecidas en la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Es del caso señalar que ninguna de dichas normas es de aplicación específica en lo que se refiere a los hechos tenidos a la vista para su aplicación, y de ser así, el imperio del articulo 61 letra c) del Estatuto Administrativo, está dirigido claramente a las relaciones de los funcionarios públicos con los particulares o demandantes del servicio respectivo; y el articulo 61 letra g) del E. A. invocado, denota claramente su inaplicabilidad, dado que mi representada no ha faltado a la probidad administrativa, ni en los hechos descritos como violencia laboral, ni en su conducta o comportamiento funcionarios con los prestatarios del servicio de salud.

III.- Vicios de ilegalidad en la Resolución Afecta N°15: Improcedencia de: Consideraciones 12 al 21 Resol Ex. 2225 8/09/23 Conforme Sentencia de la Exma. Corte Suprema, del 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022 se anuló todo lo obrado en el sumario administrativo, en comento a partir de fs. 145 en adelante, por lo que los considerandos 12 al 21 no pueden ser parte de la fundamentación de la Resol Ex. 2225 del 8 de septiembre de 2023 como se pretender sostener oblicuamente, que claramente resolvió, en su parte pertinente:

……“Noveno: Que en consecuencia habiéndose observado que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido en contravención a la normativa vigente, se verifica en el caso la vulneración arbitraria e ilegal de la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha dejado a la afectada en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados mediando el desarrollo de un procedimiento ajustado a derecho, motivo por el cual recurso será acogido decretando las medidas que se dirán en lo resolutivo.”……. “Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha veinte de junio de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco y en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, y en consecuencia se dispone que se deja sin efecto la Resolución exenta N° 962 de 28 de diciembre de 2021, dictada por el Director del Hospital de Collipulli, y la resolución de 7 de marzo de 2021, que reformuló los cargos atribuidos a la afectada, debiendo el funcionario sumariante y la jefatura administrativa, disponer lo que corresponda en la continuación del procedimiento según sea el caso. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Sergio Muñoz G. , Rol N°32.003-2022.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado (s) y por los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sr. Pedro Águila Y. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Contreras por haber concluido su período de suplencia. En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.”

No obstante, la claridad y expresa anulación de todo lo obrado, dejando subsistente el Sumario Administrativo a partir del “Primer Informe Fiscal”, el Sr. nombre reservado, recurrido en autos, dictó una Resolución Exenta N°322 de fecha 10 de febrero de 2023 en la cual desacata claramente lo resuelto por la Exma. Corte Suprema, tal como se señaló en el Párrafo Primero, precedente; y en lo pertinente, dicto dos nuevas Resoluciones: a) “Resolución exenta N°2225”, de fecha 08 de septiembre de 2023, vulnerando y cometiendo desacato de lo resuelto por la Exma. Corte Suprema, y reiterando como CONSIDERANDOS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 actuaciones declaradas nulas en la Sentencia en comento, lo cual de por si vicia de nulidad dicha Resolución Exenta N°2225; y b) Resolución Afecta N°15 del 28 de septiembre de 2023, en las cuales reproduce como fundamento y argumentos descalificatorios en los CONSIDERANDOS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 inclusive, actuaciones y diligencias declaradas nulas, vulnerando y cometiendo desacato de lo resuelto por la Exma. Corte Suprema.

Estas declaraciones sostenidas en los considerandos enumerados en ambas resoluciones dictadas por el recurrido Sr. nombre reservado, demuestran fehacientemente que se han seguido cometiendo de manera sostenida y reiterada infracciones y vulneraciones a los derechos constitucionales de mi representada, que como se ha dicho de por si anulan las resoluciones recurridas.

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD:

Habiéndose deducido juntamente con la denuncia investigada en el sumario administrativo, una denuncia penal en su contra por doña nombre reservado, por suplantación de persona, en los autos Rit 627-2020 del Juzgado de Garantía de Collipulli, el Sr. Fiscal Carlos Bustos Muñoz, en audiencia ante el Juzgado de garantía, de fecha 17 de mayo de 2022, comunico su decisión o PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, que procede respecto de los funcionarios públicos, cuando los hechos denunciados no comprometen gravemente el interés público.

Esta decisión del Sr. Fiscal del Ministerio Publico, corrobora fehacientemente, la inexistencia de hechos con connotación de delito, la investigación y denuncia sobre los mismos hechos, se encuentra sobreseída definitivamente, por no existir delito que perseguir.

APLICACIÓN ARTICULO 120 ESTATUTO ADMINISTRATIVO:

El Estatuto Administrativo, en su artículo 120, inciso primero, parte final, se establece claramente, que en caso de Destitución, como ha sido la medida sancionatoria adoptada en la resolución exenta N°2225 del 08 de septiembre de 2023 pasado, a consecuencia de los hechos incluidos en el Reclamo OIRS código atención 1037850, y mediando la aplicación del “Principio de oportunidad”, por parte del Ministerio Publico, como consta de la transcripción del acta de audiencia precedente, del Juzgado de Garantía de Collipulli y atendido al sobreseimiento en dichos autos, atendido al que se acogió por parte del Sr. Juez de Garantía, el principio de oportunidad, “El funcionario, debe ser reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución”.

CONSIDERACION DE ATENUANTES Ninguna de las actuaciones sumariales de importancia, esto es “Informe Fiscal” y Resolución Afecta N° 15 consideraron las atenuantes que benefician a su representada, esto es: La irreprochable conducta anterior de la actora, toda vez que en su vida funcionaria jamás fue objeto de medidas disciplinarias ni anotaciones de demérito. Lo anterior, para su debida ponderación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 33 de la Resolución Nº510 de 2013 de la Contraloría General de la República.

PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD:

De igual manera, tampoco concurren los criterios reconocidos por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República (Dictamen Nº10.373 año 2007) en cuanto que la autoridad facultada para sancionar debe tener presente el principio de racionalidad y proporcionalidad que debe gobernar su decisión para que esta sea justa.

VULNERACIÓN DE LOS PLAZOS DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO:

Indica que se han vulnerado e infringido los artículos 135 inc. 3 establece: “En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda”. Esta disposición legal nunca fue cumplida por el Fiscal, por lo que aparte de las sanciones administrativas en su contra, se generó una flagrante vulneración de derechos de mi representada a un debido proceso.

Pide declarar:

a)

Que se da lugar al presente Recurso de Protección por haberse vulnerado las garantías constitucionales invocadas por su representada;

b)

Que siendo inconstitucionales e ilegales las actuaciones del recurrido en especial, en especial la Resolución Afecta N°15 del 28 de septiembre de 2023, por vulnerar los derechos constitucionales de mi representada y por infringir las normas legales y constitucionales invocadas, se deja sin efecto, anulándose.

c)

Que el recurrido deberá ser condenado en costas.

Acompañó los siguientes documentos: a) Copia de escritura pública, donde consta mi personería; b)

Copia de la Resolución Afecta N°15 del 28 de septiembre de 2023; c) Copia notificación por correo electrónico, Resol. Afecta N°15; d) Copia de Resolución Exenta N°322 del 10 de febrero de 2023; e) Tres archivos que contienen copia del Expediente administrativo; f) Copia de la Resolución Exenta N°2225 del 08 de septiembre de 2023; g) Copia de las Resoluciones Exentas N°s: 260, y 1355, que establecen Procedimiento sobre denuncias por acoso laboral; h) Certificado de Antecedentes Penales de mi representada; i) Calificaciones anuales por labores de funcionaria pública.

A folio N°7 evacua informe el recurrido SERVICIO DE SALUD nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1. La recurrente de autos nombre reservado, debidamente representada por su apoderado en juicio ingresa recurso de protección en contra de Resolución Afecta N°15 del 28 de Septiembre de 2023, acto administrativo que concluye el procedimiento disciplinario resolviendo:

1.-“SE RECHAZA el recurso de reposición y apelación es subsidio interpuesto por la funcionaria recurrente doña nombre reservado en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N°2225 de fecha 08 de septiembre del año 2023 del Servicio de Salud nombre reservado.

El Servicio de Salud nombre reservado es una institución descentralizada sin superior jerárquico lo que hace improcedente la pretensión subsidiaria. 2.-APLÍCASE por tanto, la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN conforme los artículos 61 letras b), c), g), 84 letra l) y 125 letra d) de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo a la funcionaria del Servicio de Salud nombre reservado, DOÑA nombre reservado, profesional, grado 5 EUS, titular, RUN RUT reservado.

3.-DÉJESE ESTABLECIDO que a la funcionaria objeto de la sanción aplicada, le asiste el derecho a impetrar el reclamo del artículo 160 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la presente resolución.”

2. Que tal como describe en su recurso, esta determinación le fue notificada el 02.10.2023, mediante correo electrónico a la recurrente, comenzando a computarse desde dicha fecha el plazo para interponer reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160 de la ley 18834, impugnación que dedujo la recurrente por ser la instancia administrativa para promover eventuales vicios de legalidad que pudieran afectar al procedimiento administrativo1, reclamo ingresado con fecha 13 de octubre de 2023, actualmente pendiente de informe.

DE LOS SUPUESTOS VICIOS ALEGADOS.

3. La recurrente funda esta acción de protección en una supuesta vulneración de derechos constitucionales de su representada, específicamente las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado de Chile, esto es: se vulnera la garantía constitucional de “Igualdad ante la Ley”; y la “Igual Protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos”, particularmente las: del “Debido Proceso” y de la “Legítima Defensa.

Separa sus argumentos en 3 líneas, a saber;

Primero; por haber sido dictada por un funcionario superior jerárquico, actualmente implicado e inhabilitado para resolver, por haber tomado interés directo tanto en el sumario administrativo ordenado instruir por resolución exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, como respecto de mi representada, lo cual lo hizo perder objetividad, e imparcialidad, siendo susceptible de haber incurrido en el delito de prevaricación;

Segundo, en subsidio, porque se basa en actuaciones realizadas en el sumario administrativo ordenado instruir por resolución exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, por el Sr. Fiscal nombre reservado que adolecen de sustanciales vicios de nulidad e infracciones a las normas establecidas en el Estatuto Administrativo y;

Tercero, en subsidio, porque una parte sustancial de los fundamentos de la Resolución afecta N°15, establecidos principalmente en sus considerandos 12 al 21 no pueden ser parte de su fundamentación, dado que conforme la Sentencia de lanExcma. Corte Suprema, del 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022 se anuló todo lo obrado en el sumario administrativo esto es; partir de fs. 145 en adelante.

DE LA INEXISTENCIA DE LAS VULNERACIONES ALEGADAS.

4. En este orden de ideas, respecto al argumento primero, sobre una eventual implicancia o falta de objetividad e imparcialidad, llegando incluso a imputar el delito de prevaricación del artículo 228 del Código Penal por haber dictado, a su juicio, una providencia o resolución de forma manifiestamente injusta dentro del procedimiento disciplinario, imputaciones que sólo evidencian el desconocimiento de las normas jurídicas aplicables al caso de marras, atendido a que conforme al artículo 125 del estatuto administrativo, Ley 18834:“La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.” En consecuencia, todas las intervenciones del señor nombre reservado están circunscritas a sus facultades y competencia, fundando la resolución impugnada en un procedimiento previo legalmente tramitado en donde se han respectado los plazos y recursos que la ley le franquea a la recurrente, quien se encuentra asistida por defensa letrada.

5. En cuanto a las supuestos vicios de nulidad e infracciones a las normas establecidas en el Estatuto Administrativo, vicios que se habrían cometido en la formulación de cargos, en el Informe Fiscal, y resolución afecta N°15, faltando “congruencia y proporcionalidad” al resolver la aplicación de la medida disciplinaria, alegaciones que han sido discutidas y desvirtuadas latamente en el curso del proceso administrativo y en las distintas acciones de protección que ha intentado la defensa de la Sra. nombre reservado, pretendiendo justificar su responsabilidad , acreditada en el sumario administrativo, sobre uno de los hechos imputados como fue utilizar un nombre de usuaria sin su autorización para acusar a su colega de trabajo, señalando que: “Los hechos denunciados eran verdaderos y efectivamente la paciente afectada nunca fue atendida por la Sra. nombre reservado,” alegación que en nada justifica su conducta, toda vez que dicha circunstancia no estuvo jamás en discusión ni fue objeto de prueba en el sumario administrativo incoado por res. Exenta N°979 del 2 de 12.2019 del Hospital de Collipulli, incurre en un error la defensa de la inculpada al utilizar la expresión HECHOS SANCIONADOS COMO FALSOS, agregando que dichos hechos eran verdaderos, alegaciones que en nada alteran lo razonado por el Director del Servicio al momento de resolver la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

6. Agrega en este numeral la inaplicabilidad de los artículos 61, 84 y 125 del Estatuto administrativo al proceso disciplinario, reafirmando con esto que la intención de la defensa sólo ha sido torpedear la investigación, careciendo absolutamente de sustento jurídico la argumentación de la defensa.

7. En cuanto al Tercer supuesto Vicio de ilegalidad en la Resolución Afecta N°15: “Improcedencia de: Consideraciones 12 al 21 Resol Ex. 2225 8/09/23”, basta leer la resolución impugnada para advertir que estas consideraciones hacen la relación del procedimiento desde su origen hasta la fecha de su dictación, describiendo cada hito del proceso, incluyendo las actuaciones declaradas nulas por la excelentísima Corte Suprema, utilizando como fundamento medida disciplinaria(Considerando 30°) sólo aquellas diligencias practicadas hasta fojas 145 inclusive del expediente sumarial. Sobre este punto, es importante que la recurrente entienda que la sentencia recaída en causa rol N° 32.003-2022 de la Excma. Corte Suprema únicamente anula todo lo obrado desde la foja 145 en adelante, empero en caso alguno exime de responsabilidad a la recurrente, toda vez que ordenó.” DISPONER LO QUE CORRESPONDA EN LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SEA SU CASO.”, siendo esto lo que se ha hecho, dando curso progresivo a los autos hasta concluir el sumario administrativo, omitiendo las diligencias y actuaciones que obran en el expediente administrativo de fojas 145 en adelante.

IMPROCEDENCIA DEL ARTICULO 120 INC.1° PARTE FINAL DE LA LEY 18.834.

8. Respecto de la alegación de defensa que persigue la aplicación del artículo 120 inciso 1° parte final, tal como se expuso en la resolución recurrida, no concurre respecto de doña nombre reservado los presupuesto de dicha norma para eventualmente autorizar su reincorporación, toda vez que la medida disciplinaria de Destitución no tiene como fundamento exclusivo los hechos que revisten caracteres de delito, sino que como bien sabe el apoderado de la recurrida, la formulación de cargos(fojas 72 a 81 del sumario) imputó a la funcionaria haber incurrido en conductas de acoso/maltrato laboral, describiendo una serie de acciones de hostigamiento de la sumariada ejercidas durante cierto plazo de tiempo en contra de doña nombre reservado, tales como; afectar sus calificaciones, haber arrancado hojas de un cuaderno de mamografías con datos escritos por la funcionaria denunciante sin decirle nada, refiriéndose a ella en tono despectivo “oye”, “la negra”, negarle la entrada a los vestidores, condicionar su participación en actividades o festividades de colegas, llegando a fingir identidad ajena para ingresar Reclamo a OIRS a través de la plataforma MINSAL con el solo afán de perjudicar a su compañera de trabajo. De manera que respecto de doña nombre reservado corresponde aplicar la regla general respecto a la independencia de las responsabilidades plasmada en la primera parte del artículo recién citado, que dice: “La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.”

9. Finalmente, el recurrente no indica en su acción de protección, recurso de naturaleza inminentemente cautelar, de qué forma las supuestas vulneraciones alegadas infringen la igualdad ante la ley o 19 N°3 CPR, es dable señalar que del sólo análisis de la resolución impugnada se infiere que la sanción administrativa tiene su origen en un procedimiento racional y justo, en el cual el recurrente ha participado activamente, ejerciendo los recursos legales que la ley que permite, de modo que no existe un trato desigual o infracción al debido proceso únicamente por no compartir lo resuelto en el proceso, menos si pende el resultado del recurso de ilegalidad que actualmente se ventila en sede administrativa en nuestra Contraloría Regional.

10. En consecuencia, la decisión plasmada en Resolución Afecta N°15 de 28.09.2023 de rechazar el recurso de reposición y mantener la medida disciplinaria de destitución a doña nombre reservado, se ha tomado ponderando la entidad de los hechos imputados y acreditados en el expediente administrativo, la participación culpable de la funcionaria sumariada, las normas estatutarias infringidas, sin que las circunstancias modificatorias de responsabilidad permitieran reducir la sanción o que eventuales vicios de forma influyan en la medida disciplinaria aplicada.

11. A mayor abundamiento, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sido conteste al indicar que el recurso de protección no es la vía para solucionar conflictos sometidos a normas y procedimientos establecidos al conocimiento de organismos competentes que actúan dentro de sus atribuciones legales y bajo el imperio del derecho, por lo que esta acción cautelar no puede tener por objeto pronunciarse sobre la eventual responsabilidad administrativa del actor.

Acompañó los siguientes documentos: 1) Copia autorizada de mandato judicial, firmado ante notario público, con fecha 03 de noviembre de 2022, en que consta nuestra personería para actuar en juicio; 2) Resolución afecta N°15 de fecha 28.09.23, emitida por el servicio de salud nombre reservado;

A folio N°9 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que el acto que se reclama como arbitrario e ilegal es la dictación de la Resolución Afecta N°15 de fecha 28 de Septiembre de 2023 del Director del Servicio de Salud nombre reservado, la cual, a su entender vulneró los derechos constitucionales de la recurrida, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado de Chile, esto es, la igualdad ante la ley, de la igual Protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, específicamente las del debido proceso y de la legítima defensa.

Sostiene que tal resolución fue dictada por un funcionario superior jerárquico, actualmente implicado e inhabilitado para resolver, por haber tomado interés directo tanto en el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019, como respecto de la recurrida, lo cual lo hizo perder objetividad, e imparcialidad, siendo susceptible de haber incurrido en el delito de prevaricación.

TERCERO: Que, según se desprende de los antecedentes, y para una mejor comprensión del asunto sometido a la decisión de esta Corte, se tendrá presente que:

a) Mediante Resolución Exenta N°979 de 2 de diciembre de 2019, se ordenó instruir sumario administrativo en contra de la recurrente para indagar eventuales responsabilidades por denuncia de maltrato laboral.

b) Por Resolución Exenta N° 962 de 28 de diciembre de 2021 del Director del Hospital de Collipulli, se ordenó la reapertura del sumario, y dispuso retrotraer el procedimiento al estado de emitir un nuevo dictamen fiscal “que contenga lo que corresponde a las atenuantes, agravantes y la proposición correspondiente”

c) Con fecha 12 de julio de 2022 se dictó Resolución Exenta N° 1542 del del Servicio de Salud nombre reservado que aplicó medida disciplinaria de destitución respecto de la actora.

d) Por Resolución Afecta N° 12 de fecha 04 de agosto de 2022 del mismo servicio se resolvió reposición administrativa, siendo esta rechazada.

e) En causa de Protección Rol 32.003-2023 de fecha 29 de agosto de 2022 la Excma. Corte Suprema resolvió “..(..)..dispone que se deja sin efecto la Resolución exenta N° 962 de 28 de diciembre de 2021, dictada por el Director del Hospital de Collipulli, y la resolución de 7 de marzo de 2021, que reformuló los cargos atribuidos a la afectada, debiendo el funcionario sumariante y la jefatura administrativa, disponer lo que corresponda en la continuación del procedimiento según sea el caso”

d) Mediante Resolución Exenta 322 del 10 de febrero de 2023 del Director del Servicio de Salud nombre reservado se revoca la Resolución Exenta N° 1542 del 12 de julio de 2022 y la Resolución Afecta N° 12 del 04 de agosto del mismo año. Procediendo además a remitir el expediente sumarial al Hospital de Collipulli a efectos que procedan a revocar la Resolución Exenta N°962 del 28.12.2021, como asimismo la resolución del fiscal que reformulaba cargos a la sumariada, además de proceder a la reapertura del proceso sumarial y retrotraerlo a la etapa de emisión de la vista fiscal y designar nuevo fiscal.

e) Por Resolución Exenta N° 2225 del 28 de septiembre de 2023 del Director del Servicio de Salud nombre reservado se aplica medida disciplinaria de destitución en contra de la recurrente, procediendo posteriormente a dictar la Resolución Afecta N°15 que rechaza el recurso de reposición que fuera interpuesto por la actora, y respecto del cual, se recurre como se indicó precedentemente.

CUARTO: Que, como es sabido, el procedimiento administrativo está sujeto a una serie de principios que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, entre los cuales, esta el principio de imparcialidad, establecido en el articulo 11 de la Ley 19.880 que dispone “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

Principio de objetividad que exige que la autoridad actúe de manera imparcial y razonable.

Así, estos principios son fundamentales en los sumarios administrativos, por cuanto, aseguran que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa.

QUINTO: Que, así las cosas, la autoridad administrativa procedió a aplicar en forma previa una medida disciplinaria de destitución, por tanto, le correspondía abstenerse de intervenir con su decisión en el sumario, considerando el hecho de haber tomado conocimiento previo y tener un interés en el resultado del mismo, como haber interviniendo en su tramitación en forma directa.

Esto, resulta necesario, ya que, una vez que se ha tomado una decisión disciplinaria, se busca evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad y objetividad en el proceso, siendo preciso la intervención de una autoridad diferente, sin conexión directa con la medida disciplinaria previa.

Con lo cual, se busca respetar los procedimientos establecidos para asegurar la transparencia y la justicia en estos casos.

SEXTO: Que, de lo expuesto, se puede concluir que el actuar de la autoridad administrativa resulta arbitrario e ilegal, vulnerando las garantías constitucionales de la actora, motivo por el cual el presente recurso deberá ser acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por el abogado ARMIN IVAN CASTILLO MORA, en favor de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Director Servicio de Salud nombre reservado, disponiendo que el sumario administrativo se retrotraiga hasta la emisión de la vista de fiscal y se siga tramitando por autoridad administrativa no inhabilitada.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción abogada integrante Claudia Lecerf Henríquez N°Protección-13640-2023. (cwm)