nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, uno de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

A Folio N° 1, comparece don nombre reservado, Profesor de Estado en Ciencias con mención en Química, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada legalmente por su alcalde don Miguel Becker Alvear, ignora profesión u oficio, y su DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, dirigido por su jefe de departamento don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que durante el mes de mayo del año 2012, ingresó en calidad de Docente a Contrata en la Escuela Municipal de Adultos Manuel Rojas, hasta el presente año.

Indica que en el año 2018 presentaba una carga laboral horaria de 42 horas, que adquirió a partir del 25 de abril del año 2019, por la categoría de TITULAR de las horas por medio de una ley miscelánea del Decreto Alcaldicio Nº 10715, el que señala un período de vigencia laboral de carácter indefinido a contar de la fecha de emisión de dicho decreto, al igual que la función respecto de la cual es titular.

Sin embargo, sostiene que con fecha 17 de febrero del año 2020, fue notificado del Decreto Alcaldicio Nº 1951 que dispone arbitrariamente la supresión parcial de horas de la Dotación Comunal de su labor, fundamentando tal decisión en lo señalado en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2020, página 152, aprobado por el Decreto Nº 1426 de fecha de 04.12 del 2019. Agrega que tal supresión de carga laboral horaria, no se condice con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. Expresa que tratándose del sector municipal, la facultad que tiene el empleador para modificar unilateralmente la jornada de trabajo del docente deberá fundamentarse siempre y cuando dicha modificación sea necesaria como consecuencia de una variación en el número de alumnos del sector de una comuna, modificaciones curriculares, cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos educacionales y reorganización de la entidad de administración educacional.

Respectos de los fundamentos de la supresión de la carga horaria estima que es total y absolutamente arbitraria, sin dar una justificación clara del porqué de la decisión tomada, en circunstancias que por más 9 años la carga horaria lograda para obtener la titularidad en su cargo debido a ley miscelánea, no ha sido modificada, y hoy antes siquiera que el acto administrativo que por este medio se impugna se encuentre firme, se recortan sus horas.

Asimismo señala que el acto administrativo impugnado es total y absolutamente ilegal al basarse además en razones de balance presupuestario, aduciendo que no es factible mantener horas de designación no destinadas íntegramente a la función docente.

Por otro lado, expone que al encontrarse notificado el decreto con fecha 17 de febrero de 2020 que modifica la supresión parcial de horas de la dotación comunal, se incurre en una ilegalidad en términos de extemporaneidad, atendido lo dispuesto por el artículo 21 del estatuto docente. De ello, concluye que se incurre en ilegalidad al suprimir las cargas horarias laborales puesto que dicha dotación docente mediante PADEM se encuentra con fecha 04 de diciembre del año 2019. Más aun, indica que la notificación de la supresión parcial de las horas de la dotación comunal, específicamente su notificación, fue impetrada con fecha 17 de febrero del año 2020, dejando entre ver a vivas luces la ilegalidad por extemporaneidad del acto administrativo emitido por la entidad Alcadicia.

Por lo expuesto, indica que el Decreto Alcaldicio Nº 1951, deberá ser fundado debiendo, por tanto, la autoridad que los dicta expresar los motivos, los razonamientos y antecedentes de hecho y “DE DERECHO” o legales que le sirven de sustento, conforme a los cuales se ha adoptado la decisión, pues de lo contrario, se confunde la discrecionalidad que le concede la ley, con la arbitrariedad e ilegalidad.

Manifiesta que por motivo de la omisión arbitraria e ilegal de la parte recurrida, la parte recurrente se ha visto privada del derecho de propiedad sobre su cargo y estabilidad laboral y económica, por lo que considera conculcado gravemente el derecho establecido en el numerando 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sostiene que se le ha turbado su derecho a la función respecto de la cual es titular y de su propiedad, y por lo tanto se deben adoptar las medidas destinadas a resguardar tal derecho de propiedad, ya que los requisitos para adquirir tal titularidad en el dominio de su cargo o función están fijados por el decreto de nombramiento, Decreto Alcaldicio Nº 10715, el que señala un período de vigencia laboral de carácter indefinido a contar de la fecha de emisión de dicho decreto, es decir, desde el 25 de abril del 2019. Agrega que además tiene propiedad sobre la estabilidad en el empleo.

Concluye señalando que el Decreto Alcaldicio Nº 195, lesiona su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido vulnerado toda vez que la Municipalidad ha dejado de aplicar la normativa existente en la materia en los mismos términos que lo ha hecho respecto de otros funcionarios que se han encontrado en similar situación, no respetando su obligación de acatar lo resulto por la ley y la jurisprudencia administrativa existente en la materia.

Por tanto, solicita se acoja el recurso de protección y se resuelva dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 1951 de fecha 11 de febrero del año 2020, y no aplicable en su caso el Decreto Nº 1426 de fecha de 04.12, por ser estos arbitrarios e ilegales y en definitiva dejar sin efecto la medida de supresión parcial de horas de la Dotación Comunal a su labor, restableciendo así, el imperio del derecho y asegure la debida protección de sus derechos, con costas del recurso.

A Folio N° 9, informa la recurrida, quien dice refiere que mediante el Decreto Alcaldicio N° 1951 de 2020, se suprimieron las 06 horas, de acuerdo a lo indicado en el PADEM 2020.

Señala que dicha supresión tiene su fundamento en lo siguiente:

a) Al profesional se le han asignado 32 horas cronológicas de docencia de aula, en el subsector Ciencias Naturales. Lo anterior corresponde a una estructura de 8 cursos con 4 horas lectivas cada uno, lo que a su vez totaliza 32 horas de docencia de aula, lo anterior, actuando conforme el artículo 7 y 7 bis de la Ley 19.070.

b) Debe señalarse además que con la asignación de 32 horas cronológicas semanales de docencia de aula más 5 horas curriculares no lectivas en la relación 65/35, se requiere un total de 37 horas cronológicas semanales.

c) Lo anterior, provoca que se presente un excedente de 6 horas cronológicas semanales.

d) Conforme lo anteriormente expresado y por razones de balance presupuestario no es factible mantener horas de designación no destinadas íntegramente a la función docente.

Indica que todo lo anterior, se encuentra debidamente indicado en el PADEM 2020, el que fue presentado en la oportunidad legal correspondiente y debidamente aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1426 de fecha 04 de diciembre de 2019, instrumento público y de público conocimiento de toda la comunidad, de tal forma que el presente recurso de protección resulta extemporáneo.

En cuanto la modificación de la dotación docente, señala que es para el año 2020, puesto que el PADEM es elaborado a mediados de cada año y debe ser presentado al Concejo Municipal en septiembre para posteriormente incorporar las modificaciones que este último señale, dicho PADEM regirá para el año inmediatamente siguiente. Agrega que el acto administrativo que lo aprueba fue dictado en diciembre del año 2019 para regir durante el año 2020, como en el mismo acto administrativo se puede observar aprobó la dotación docente contenida en el PADEM.

En lo que respecta, a la supuesta infracción a la garantía establecida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política del Estado, señala que en la actuación de su representada, no existió discriminación ni falta a la igualdad de ninguna clase, puesto que, para tomar la decisión final, se realizó todo un procedimiento previo de evaluación de desempeño que se realiza a todos los docentes, y se actuó conforme la Ley haciendo uso de los derechos que ella consagra, consta además en el mismo Plan Anual de Desarrollo Educativo, que existe otros casos de docentes cuyas horas fueron suprimidas para el año 2020.

En relación a la supuesta vulneración al artículo 19 N°3, de la Constitución Política del Estado al que se hace alusión a una desvinculación supuestamente antojadiza, expresa que ello no es efectivo, puesto que, existen fundamentos suficientes que acredita el actuar conforme la normativa y en obediencia de ésta.

En lo que refiere a la afectación al artículo 19 N°24, de la Carta Magna, aduce que tampoco se ha transgredido, puesto que, en la actual situación, ha dejado de existir tal necesidad, en consecuencia ya no existe propiedad en dicha porción de la función, la sigue manteniendo respecto del resto de su carga horaria. En lo que respecta al Derecho de Propiedad, sin duda el haber accedido al cargo por concurso público le otorgó propiedad en él, mientras diera cumplimiento a sus obligaciones laborales, sin embargo, la Ley N°19070 Estatuto Docente, exige que los docentes mantengan un nivel de desempeño profesional, y que, en el evento de no ser así, existe la posibilidad de perder dicho cargo, que es lo que ocurrió en la especie, sin existir acto arbitrario ni ilegal por parte de la recurrida.

Por tanto, pide tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el recurso de protección en todos sus partes con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEGUNDO: Que son hechos no discutidos por los intervinientes los siguientes: a.-) Con fecha 04 de diciembre de 2020, se dicta el Decreto N°1246 que aprueba el PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PADEM), año 2020.- b.-) Mediante Decreto Alcaldicio N°1951 de 2020, se suprimieron al recurrente, 06 de horas de la dotación municipal.

TERCERO: Que, el artículo 4° de la ley N° 19.410 -que modificó la ley N° 19.070 y otros cuerpos normativos-, establece que las municipalidades deberán formular el PADEM. el que deberá contener a lo menos: a) un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos educacionales del sector municipal de la comuna; b) la situación de oferta y demanda de matrícula de la comuna, así como en los subsectores que parezcan relevantes; c) las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal o la corporación y cada establecimiento pretendan alcanzar; d) la dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de las funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada establecimiento y en la comuna, fundados en razones técnico pedagógicas; e) los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en la comuna, y f) el presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. Por otra parte el artículo 77, inciso primero, de la ley N° 19.070, señala que “Si por aplicación del artículo 22” -esto es, por las causales de variación en el número de alumnos, modificaciones curriculares, cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos y reorganización de la entidad de administración educacional, las que deberán estar fundamentadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM)-, “es adecuada la dotación y ello representa una supresión parcial de horas, los profesionales de la educación de carácter titular que sean afectados, tendrán derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número de horas que dejen de desempeñar”.

CUARTO: Que, acorde a lo debatido en el caso de marras, corresponde a esta Corte dilucidar si en el actuar de Municipalidad de Temuco, al dictar el Decreto Alcaldicio N°1951, que dispuso la supresión parcial de sus horas de la dotación municipal, constituye una actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere o perturbe los derechos fundamentales reclamados por el recurrente.

QUINTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

SEXTO: Que, en la especie no se aprecia que la aprobación del Pandem 2020 por la Municipalidad de Temuco que conllevo la supresión parcial de horas de la recurrente, configure un acto ilegal o arbitrario, dado que el mismos se ajustó a las atribuciones otorgadas por la ley N° 19.070, habiéndose indicado en el contenido del Padem como mandata el artículo 77, inciso primero, de la ley N° 19.070 las razones de ello.

SEPTIMO: A mayor abundamiento, el recurso de protección constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos indubitados y no disputados del recurrente, y a juicio de esta Corte, en la especie, no se desprende de los hechos descritos por el recurrente, fundando el acto impugnado, la existencia de tales derechos de las características antes precisadas establecidos en favor del actor que sean susceptibles de ser cautelados mediante el presente recurso, pues éstos han sido controvertidos por la recurrida, según se infiere de lo consignado, ya que éste no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

OCTAVO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden, puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis en cuestión que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, ya que esto implicaría, en definitiva, un pronunciamiento judicial declarativo.

NOVENO: Que en estas condiciones, no procede acoger la acción cautelar intentada, por carecer de base indubitada, sin perjuicio de otros derechos ejercidos por la vía procesal correspondiente.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y el DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol Protección N°1363-2020. (sac)