GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA con JUZGADO DEL TRABAJO DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece Raúl Henríquez Burgos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, según se acreditará, del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, persona jurídica de derecho público, RUT NºRUT reservadoquien, en nombre y representación del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, deduce recurso de protección en contra del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO, en atención a las consideraciones siguientes.

I.- Antecedentes Generales:

1.- Con fecha 17 de agosto de 2017, doña nombre reservado dedujo ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, causa RIT O-682-2017, demanda laboral de despido injustificado, nulidad del despido, indemnización y cobro de prestaciones en contra de su representado, fundado en la decisión de la ejecutiva de ese entonces (Intendenta Sra. nombre reservado), de poner término a su contrato a honorarios que mantuvo por 7 años con ese servicio.

2.- Por sentencia de fecha 25 de noviembre de 2017, se rechazó en todas sus partes la demanda deducida, decisión que fue impugnada por la demandante, y la Ilma. Corte, acogiendo el recurso de nulidad, dictó sentencia de reemplazo, en causa Rol N°436-2017, accediendo a la petición, declarando la nulidad del despido y condenando a su representado al pago de las prestaciones laborales.

3.- En cumplimiento de la sentencia, como consta en la causa de cobranza laboral, RIT C-146-2018, el Gobierno Regional pagó a la demandante, por concepto de remuneraciones, la suma de $56.365.636, y además la suma de $40.271.167, a título de cotizaciones previsionales y de salud, según dan cuenta las constancias suscrita por su abogado, don Francisco Ljubetic Romero, con fecha 14 de diciembre de 2018.

4.- Con fecha 30 de junio de 2023, habiendo transcurrido casi 5 años desde el pago, la demandante pide reliquidación del crédito y, en un escrito aparte, revoca el patrocinio del abogado Sr. Ljubetic Romero y se lo confiere a la abogada, doña Carolina Dossow Cárcamo. Acogiendo la solicitud, el Tribunal liquida el crédito en el monto de $184.964.791, más las cotizaciones previsionales y de salud.

5.- Solo como antecedente, su representado planteó la improcedencia de la petición planteada, por los fundamentos que expuso, entre ellos, el evidente abuso del derecho por parte de la demandante, previsto especialmente en materia laboral por el art. 430 del Código del ramo, y el manifiesto perjuicio fiscal e enriquecimiento injustificado; todos los cuales fueron desestimados por el Juzgado del Trabajo, en resoluciones que constan en el expediente.

6.- En este contexto, por resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, el Juzgado del Trabajo de Temuco requirió el pago de la nueva liquidación, fijando un plazo para ello de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar multa a beneficio fiscal.

7.- Estando pendiente el plazo otorgado y accediendo a la petición de la nueva abogada de la demandante, por resolución de fecha 5 de octubre de 2023, el Tribunal ordenó el embargo de bienes de su representado, el cual fue rápidamente cumplido, llegando al edificio de calle Manuel Bulnes (ex Intendencia) la receptora judicial a cumplir con la diligencia, la cual no pudo realizar, debido a la oposición formulada, pero dejando presente que volvería a cumplirla con fuerza pública y con medios de comunicación social (prensa).

8.- Por resolución de fecha 18 de octubre de 2023, el Tribunal rechaza la reposición interpuesta, y mantuvo a firme su decisión de embargar bienes de su representado, que no estuvieran destinados a su funcionamiento, tales “como espejos, sillones, adornos, cuadros y en general bienes decorativos, de adorno, televisores, equipos de música, etcétera…” Esta resolución no es susceptible de recursos ordinarios, según las normas del Código del Trabajo.

Además, con fecha 20 de octubre de 2023, y accediendo a la solicitud de la abogada nombre reservado, el Tribunal ha concedido el auxilio de la fuerza pública para cumplir la diligencia de embargo, con facultades de allanamiento y descerrajamiento.

II.- Acto ilegal y arbitrario.

La decisión del Tribunal de embargar bienes del Gobierno Regional es ilegal y arbitraria, por las razones que paso a exponer.

Es ilegal, por contravenir las siguientes normas:

1°.- Al artículo 70 letra a) de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional que, de manera similar a la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 32), declara como inembargables los bienes del Gobierno Regional destinados a su funcionamiento y los dineros depositados en sus cuentas corrientes o a plazo.

La resolución del Tribunal transgrede esta disposición legal que, atendida la finalidad de servicio público y para asegurar el cumplimiento de sus funciones legales, otorga esta protección a todos los bienes destinados al funcionamiento del Gobierno Regional, sin ninguna clase de excepciones y exclusiones.

Solo a título ilustrativo y respecto de esta norma legal, el Tribunal Constitucional ha declarado que el fundamento del privilegio de inembargabilidad procesal de ciertos órganos públicos, como el Gobierno Regional, es el “respeto al debido funcionamiento de los servicios públicos, habida consideración de que los bienes y derechos de la Administración están vinculados al cumplimiento de ciertos fines específicos de ésta, como lo son promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente”, como puntualiza el artículo 3°, inciso 1° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en armonía con el principio de servicialidad, consagrado en el inciso 4° del artículo 1° de la Carta Fundamental” (Considerando 8°, Rol N° 2438-2013-INA)

De esta forma, las exclusiones a la garantía de inembargabilidad deben ser establecidas por una norma legal expresa, del mismo rango constitucional; no pudiendo ser consagradas, con el respeto que me merece, por una decisión de los Tribunales de Justicia.

2°.- Al artículo 430 del C. del Trabajo, que establece como norma básica que: “Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho…”

En este sentido, la resolución del Tribunal valida una situación de evidente abuso del derecho, que surge de la sola revisión de los antecedentes expuestos en el epígrafe anterior , en que aparece que la demandante, luego de casi cinco años de haber recibido conforme el pago, revoca el patrocinio al abogado Ljubetic Romero, nombra una nueva abogada y solicita la liquidación por concepto de remuneraciones y cotizaciones por un período en que no tuvo vinculación alguna con el Gobierno Regional, y en donde prestó servicios para otras entidades.

Es arbitaria, por cuanto:

1°.- La orden de embargar bienes de su representado se dispuso encontrándose pendiente el plazo fijado para efectuar el pago y el apercibimiento decretado por el mismo Tribunal.

En efecto, cuando se dispuso el embargo, con fecha 5 de octubre de 2023, estaba vigente el plazo de 15 días hábiles otorgado al Gobierno Regional para efectuar el pago, y luego al momento de mantenerlo a firme, por la resolución impugnada, no había pronunciamiento sobre el apercibimiento decretado.

En estas condiciones, la resolución que ordena el embargo aparece como una decisión arbitraria, carente de la necesaria racionalidad que, en un mayor estándar, se le exige a los órganos encargados de la función jurisdiccional.

2°.- Resuelve sobre una supuesta exclusión a la inembargabilidad, sin otorgar al Gobierno Regional la posibilidad de exponer lo conveniente a sus derechos, lo cual constituye un requisito básico de un proceso racional y justo, y cuya inobservancia por parte del Tribunal hace que la actuación no solo sea ilegal, sino que abiertamente arbitraria.

En efecto, como se ha señalado, la Ley Orgánica Constitucional declara la inembargabilidad, sin ninguna clase de exclusiones y excepciones, de todos los bienes destinados al funcionamiento del Gobierno Regional; por lo que, en caso de estimar la posibilidad de embargar alguno de sus bienes, debió abrirse debate sobre la materia, dando la oportunidad a su representado de alegar lo conveniente a sus intereses.

En este caso, el Tribunal resolvió la solicitud de embargo, de plano y sin otorgar traslado a su mandante, lo que representa una actuación del todo arbitraria; sin perjuicio de la improcedencia de fondo de la medida, previamente alegada.

III.- Garantías vulneradas.

La decisión ilegal y arbitraria afecta el ejercicio de las siguientes garantías constitucionales:

1.- Igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), por cuanto se ha discriminado a su representado, con relación a otros demandados, respecto de los cuales el mismo Tribunal ha desestimado las solicitudes de nuevas liquidaciones formuladas por demandantes, luego de haber transcurrido un plazo considerable, como acontece con la situación que fundamenta la presente acción constitucional. De esta forma, existe un tratamiento distinto entre los demandados privados y públicos, quedando éstos sujetos a nuevas liquidaciones de forma indefinida, sin importar los efectos generados en los recursos públicos puestos a su administración.

Al respecto, y a título ilustrativo, en la causa RIT C-1-2011, por resolución de fecha 20 de marzo de 2018, el mismo Tribunal recurrido rechaza una solicitud de nueva liquidación, similar a la planteada, teniendo presente para ello: “Que acorde lo resuelto, lo manifestado con esta fecha por la ejecutante a través de un nuevo apoderado y después de transcurridos casi siete años, atenta y pugna contra su propia voluntad manifestada a través de su apoderada en esta causa en el referido escrito da cuenta de pago, y resulta ser absolutamente contraria con un actuar de buena fe, en cuanto pretende reiniciar el cobro de una causa terminada hace siete años.” (Cons. penúltimo)

2.- Derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), por cuanto de llevar a efecto el embargo decretado, se causará un significativo menoscabo al patrimonio del Gobierno Regional, en una suma cercana a los 400 millones de pesos, entre remuneraciones y cotizaciones, con sus intereses y multas correspondientes.

Solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO; admitirlo a tramitación; y, en definitiva, acogerlo y ordenar específicamente dejar sin efecto la decisión de embargar bienes del Gobierno Regional de la Araucanía; o bien disponer otras medidas de protección que VS. Ilma. estime del caso adoptar, a fin de obtener el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la decisión ilegal y arbitraria impugnada.

nombre reservado al recurso copia de los siguientes documentos:

1.- Constancia de pago suscrito por el abogado de la demandante, don Francisco Ljubetic Romero, con fecha 14 de diciembre de 2018;

2.- Solicitud de nueva liquidación de fecha 30 de junio de 2023;

3.- Revocación de patrocinio y poder conferidos al abogado Sr. Ljubetic R.;

4.- Resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, que fija plazo para pagar la liquidación, bajo apercibimiento;

5.- Resolución de fecha 5 de octubre de 2023, que ordena embargo;

6.- Resolución de fecha 18 de octubre de 2023, que rechaza la reposición, y mantiene a firme el embargo sobre bienes del Gobierno Regional;

7.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, dictada en causa RIT C-1-2011; y 8.- Resolución de fecha 20 de octubre de 2023, que concede el auxilio de la fuerza pública para cumplir con la diligencia de embargo.

A folio 45, recurrente acompaña:

1.- Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10.04.2014, dictada en la causa Rol 2438-201;

2.- Solicitud de la demandante de fecha 31.10.23, en la causa RIT C-146-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; y 3.- Solicitud de reposición de la demandante de fecha 07.11.2023, formulada en la citada causa.

A folio 12 informa MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, quien expone:

A.- Que en su calidad de Juez Presidenta del Tribunal del Letras del Trabajo de Temuco, en cumplimiento de lo solicitado por Oficio Nro. 4971-2023, de sábado 21 de octubre de 2023, del que se tomó conocimiento con fecha 23 de octubre último, vengo en informar el recurso de protección interpuesto por el abogado, Sr. Raúl Henríquez Burgos, en representación de GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, por vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, contenidas en el artículo 19 numerales 2 y 24 respectivamente de la Constitución Política de la República, que incide en la causa Rit C-146-2018 caratulada nombre reservado/GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, en tramitación ante su Tribunal.

El abogado recurrente, previamente, proporciona antecedentes de la causa, iniciada por demanda laboral interpuesta por doña nombre reservado en contra de Intendencia Regional en autos Rit O-682-2017, la que fue rechazada por sentencia de 25 de noviembre de 2021 impugnada por la demandante y ese Ilmo. Tribunal, acogiendo el recurso de nulidad, dictó sentencia de reemplazo, en causa Rol N°436-2017, accediendo a la petición, declarando la nulidad del despido y condenando a su representado al pago de las prestaciones laborales. Agrega que, en cumplimiento de la sentencia, como consta en la causa de cobranza laboral, RIT C-146-2018, el Gobierno Regional pagó a la demandante, por concepto de remuneraciones, la suma de $56.365.636.- y, además la suma de $40.271.167.- a título de cotizaciones previsionales y de salud, según dan cuenta las constancias suscritas por su abogado, don Francisco Ljubetic Romero, con fecha 14 de diciembre de 2018. Con fecha 30 de junio de 2023, habiendo transcurrido casi 5 años desde el pago, la demandante pide reliquidación del crédito y, en un escrito aparte, revoca el patrocinio del abogado Sr. Ljubetic Romero y se lo confiere a la abogada, doña Carolina Dossow Cárcamo. Acogiendo la solicitud, el Tribunal liquida el crédito en el monto de $184.964.791, más las cotizaciones previsionales y de salud.

Explica que su representado planteó la improcedencia de la petición planteada, por los fundamentos que expuso, entre ellos, el evidente abuso del derecho por parte de la demandante, previsto especialmente en materia laboral por el art. 430 del Código del ramo, y el manifiesto perjuicio fiscal e enriquecimiento injustificado; todos los cuales fueron desestimados por el Juzgado del Trabajo, en resoluciones que constan en el expediente.

Por resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, el Juzgado del Trabajo de Temuco requirió el pago de la nueva liquidación, fijando un plazo para ello de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar multa a beneficio fiscal.

Que estando pendiente el plazo otorgado y accediendo a la petición de la nueva abogada de la demandante, por resolución de fecha 5 de octubre de 2023, el Tribunal ordenó el embargo de bienes de su representado, el cual fue rápidamente cumplido, llegando al edificio de calle Manuel Bulnes (ex Intendencia) la receptora judicial a cumplir con la diligencia, la cual no pudo realizar, debido a la oposición formulada, pero dejando presente que volvería a cumplirla con fuerza pública y con medios de comunicación social (prensa).

Por resolución de fecha 18 de octubre de 2023, el Tribunal rechaza la reposición interpuesta, y mantuvo a firme su decisión de embargar bienes de su representado, que no estuvieran destinados a su funcionamiento, tales “como espejos, sillones, adornos, cuadros y en general bienes decorativos, de adorno, televisores, equipos de música, etcétera…” Esta resolución no es susceptible de recursos ordinarios, según las normas del Código del Trabajo.

Además, con fecha 20 de octubre de 2023, y accediendo a la solicitud de la abogada nombre reservado, el Tribunal ha concedido el auxilio de la fuerza pública para cumplir la diligencia de embargo, con facultades de allanamiento y descerrajamiento.

Manifiesta el recurrente que la decisión del Tribunal de embargar bienes del Gobierno Regional es ilegal y arbitraria.

Es ilegal, por contravenir las siguientes normas:

1°.- Al artículo 70 letra a) de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, que de manera similar a la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 32), declara como inembargables los bienes del Gobierno Regional destinados a su funcionamiento y los dineros depositados en sus cuentas corrientes o a plazo.

La resolución del Tribunal transgrede esta disposición legal que, atendida la finalidad de Servicio Público y para asegurar el cumplimiento de sus funciones legales, otorga esta protección a todos los bienes destinados al funcionamiento del Gobierno Regional, sin ninguna clase de excepciones y exclusiones.

De esta forma, las exclusiones a la garantía de inembargabilidad debe ser establecida por una norma legal expresa, del mismo rango constitucional; no pudiendo ser consagradas, con el respeto que me merece, por una decisión de los Tribunales de Justicia.

2°.- Al artículo 430 del C. del Trabajo, que establece como norma básica que: “Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho…”

En este sentido, la resolución del Tribunal valida una situación de evidente abuso del derecho, que surge de la sola revisión de los antecedentes expuestos, en que aparece que la demandante, luego de casi cinco años de haber recibido conforme el pago, revoca el patrocinio al abogado Ljubetic Romero, nombra una nueva abogada y solicita la liquidación por concepto de remuneraciones y cotizaciones por un período en que no tuvo vinculación alguna con el Gobierno Regional, y en donde prestó servicios para otras entidades.

Es arbitraria, por cuanto:

1°.- La orden de embargar bienes de su representado se dispuso encontrándose pendiente el plazo fijado para efectuar el pago y el apercibimiento decretado por el mismo Tribunal.

En efecto, cuando se dispuso el embargo, con fecha 5 de octubre de 2023, estaba vigente el plazo de 15 días hábiles otorgado al Gobierno Regional para efectuar el pago, y luego al momento de mantenerlo a firme, por la resolución impugnada, no había pronunciamiento sobre el apercibimiento decretado.

En estas condiciones, la resolución que ordena el embargo aparece como una decisión arbitraria, carente de la necesaria racionalidad que, en un mayor estándar, se le exige a los órganos encargados de la función jurisdiccional.

2°.- Resuelve sobre una supuesta exclusión a la inembargabilidad, sin otorgar al Gobierno Regional la posibilidad de exponer lo conveniente a sus derechos, lo cual constituye un requisito básico de un proceso racional y justo, y cuya inobservancia por parte del Tribunal hace que la actuación no solo sea ilegal, sino que abiertamente arbitraria.

En efecto, como se ha señalado, la Ley Orgánica Constitucional declara la inembargabilidad, sin ninguna clase de exclusiones y excepciones, de todos los bienes destinados al funcionamiento del Gobierno Regional; por lo que, en caso de estimar la posibilidad de embargar alguno de sus bienes, debió abrirse debate sobre la materia, dando la oportunidad a su representado de alegar lo conveniente a sus intereses.

En este caso, el Tribunal resolvió la solicitud de embargo, de plano y sin otorgar traslado a su representado, lo que representa una actuación del todo arbitraria; sin perjuicio de la improcedencia de fondo de la medida, previamente alegada.

Estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

B.- Que, para efectos de proporcionar más antecedentes para la resolución del recurso, es necesario contextualizar el desarrollo de la presente causa:

- En su oportunidad doña nombre reservado, abogada y en representación del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, solicitó se convalide el despido atendido que con fecha 30 de agosto de 2018 el Gobierno Regional de la Araucanía pagó las cotizaciones previsionales de la ejecutante, lo cual acredita en los documentos que se acompañan en la presentación de escrito de “Dese cuenta de pago” de igual fecha, asimismo, con fecha 24.08.2018 su representado pagó la liquidación laboral de fecha 30.07.2018, por la suma de $6.420.829, lo que da cuenta de pago en escrito de fecha 27.08.2018.

No se envió dicha carta certificada establecida en el artículo 162 inciso Sexto del Código del Trabajo, a doña nombre reservado ya que, el pago se realizó por orden judicial tomando conocimiento su mandatario judicial a través de la notificación por estado diario.

Refiere, además, que con fecha 08.10.2018, el Tribunal vuelve a liquidar el crédito laboral, estableciendo una suma de $6.084.996, la que es pagada el 30.11.2018, de acuerdo antecedentes que la demandante de autos nombre reservado se encontraba afiliada a una Isapre en el periodo comprendido entre el 1.04.2010 al 10.08.2017, no se pagó FONASA, pero si se pagaron dos meses más de remuneraciones, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año 2018, por la suma de $3.900.000, lo que consta en autos.

Pide tener por convalidado el despido hasta el 30.08.2 Doña nombre reservado, abogada, en representación, de doña nombre reservado, evacúa el traslado conferido ante la solicitud de convalidación del despido, refutó lo anterior desde que consta en autos que no se ha tenido por convalidado el despido, que se reconoce por la demandada, que no se pagó FONASA. No es efectivo que su representada estuviera afiliada a alguna ISAPRE durante el periodo trabajado para el Gobierno Regional, como se acredita con el certificado histórico de IPS que acompaña, que cubre el período abril 1999 a enero de 2016, así como con el certificado de cotizaciones en su cuenta obligatoria de Fonasa que ya se encuentra acompañado y que cubre el periodo enero de 2013 a mayo de 2023.

De estos certificados, que se complementan entre sí, aparece que doña nombre reservado siempre ha cotizado en el sistema público de salud y que en el periodo en que trabajó para el Gobierno Regional, esto es, 1 de abril de 2010 y el 7 de agosto de 2017, sólo constan las cotizaciones declaradas y pagadas entre agosto de 2013 y junio de 2017 por el Centro Nacional de Estudios Paramédicos y AG. Propam Ltda., ya que prestó servicios vespertinos para dicha empresa.

El monto cotizado es muy inferior al máximo imponible. Como se aprecia, la demandada incumplió con su obligación de enterar las cotizaciones de salud por el tiempo ya referido, como lo ordenó expresamente la sentencia ejecutoriada de autos.

Adicionalmente, consta de los certificados, ya acompañados, que la demandada no enteró el total de las cotizaciones de AFP y de AFC, ya que lo hizo por un monto imponible inferior a lo ordenado en la sentencia.

En la sentencia ejecutoriada de autos se ordenó pagar las cotizaciones de salud – Fonasa-, AFP y AFC, de acuerdo a la base de cálculo de $1.950.000.- y de los certificados, se aprecia que se enteraron por una base de cálculo inferior a la señalada en la sentencia entre abril de 2010 y diciembre de 2014 en el caso del AFC, y entre abril de 2010 y noviembre de 2016 en el caso de AFP Plan Vital.

Y todas estas cotizaciones fueron pagadas en el mes de noviembre de 2018, más de 9 meses después de la sentencia que ordenaba imponer sobre la base de cálculo ya indicada.

Por todo lo anterior, no cabe sino desestimar, la petición de convalidación del despido.

Que el tribunal, con fecha 27 de julio del presente año, teniendo a la vista la causa Rit O- 682-2017, de la cual deriva el título ejecutivo de autos, la sentencia de reemplazo de 21 de febrero de 2018, la Ilma. Corte en el considerando segundo dispuso: “SEGUNDO: Que, conforme a la prueba rendida, sin que hayan sido materias controvertidas, debe tenerse como hechos establecidos los siguientes además de lo expuesto en el considerando sexto que se ha ordenado reproducir, y que última remuneración mensual lo fue por un monto de $1.950.000, que no se le pagaron a la actora cotizaciones previsionales y que no se acreditó que haya gozado de vacaciones o feriado”

Y ordenó pagar una serie de prestaciones, y en lo que interesa “II.- Que SE ACOGE la demanda deducida por nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de la Araucanía (GORE ARAUCANIA), por lo que su despido es nulo y, por consiguiente, se condena a la demandada a pagar al actor las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y el de la convalidación, y se deber pagar además los rubros señalados en el fundamento tercero de este fallo y por los montos y en las condiciones allí dichas, con costas, las que se regulan en la suma de $ 400.000. (cuatrocientos mil pesos).- El Tribunal del mérito de la documental acompañada en autos, se desprende que no se ha dado cumplimiento íntegro a lo ordenado en la sentencia de reemplazo pronunciada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, en el sentido de proceder al pago de las cotizaciones, conforme a la base de cálculo de remuneraciones establecida en la sentencia, esto es, $1.950.000, de lo cual ha derivado, que al no haberse convalidado el despido mediante el pago íntegro de las cotizaciones, se han devengado las remuneraciones post despido que se contienen en la última liquidación vigente. En efecto de la documental agregada por la ejecutante, certificado de FONASA, aparece que no se registra pago por concepto de cotizaciones; y AFP lo pagado es en base a un cálculo inferior a la establecida en la sentencia de reemplazo, de manera que no es posible tener por convalidado el despido y los pagos alegados por la incidentista son anteriores y no comprenden las remuneraciones devengadas post despido, consecuencia de la nulidad del despido y, así las cosas, no cabe sino rechazar la excepción de pago interpuesta y rechaza la solicitud en cuanto a tener por convalidado el despido deducida por la abogada Sra. María Adolfina del Carmen Villarroel nombre reservado.

-Dicha resolución se encuentra firme y ejecutoria, continuando la tramitación de la causa ordenándose liquidar el crédito de autos, lo que se cumplió con fecha 7 de agosto de 2023.

-Esta liquidación fue objeto de incidente, solicitando el abogado del Gobierno Regional la nulidad de la misma, eliminándose la base de cálculo de todas las remuneraciones post despido supuestamente insolutas, por los argumentos que expone, que previo traslado conferido y por resolución de 23 de agosto de 2023, la magistrado Sra. nombre reservado, rechazó el incidente, por los argumentos expuestos en la resolución, entre ellos que no se acreditó el pago de cotizaciones de salud, por lo que el despido no se entendió por convalidado, por resolución que no fue recurrida y que por otra parte los argumentos en que el incidentista funda su nulidad, esto es, perjuicio fiscal fundado en un cambio de interpretación jurisprudencial , en caso alguno resultan reparables sólo con la declaración de nulidad, no siendo además procedente alterar lo resuelto por la Corte de Apelaciones que acogió la sanción de nulidad del despido, por lo cual el incidentista si estima, conforme la interpretación jurisprudencial que alega, resulta inaplicable o improcedente la citada sanción, corresponde ejerza las acciones legales que estime pertinentes, lo que escapa a la competencia del tribunal, al mediar desasimiento.

Con fecha 31 de agosto de 2023 se pidió embargo por la abogada Sra. Carolina Dossow, en representación d la ejecutante, el que fue negado por resolución de 4 de septiembre, fundado en el artículo 70 letra a) del DFL N°1 que fija el texto de la Ley Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional, Ley 19175, no hizo lugar.

Con fecha 4 de septiembre de 2023 la abogada de Gobierno Regional presenta reposición en contra de la resolución de 23 de agosto de 2023, que rechazó la nulidad de la liquidación que, previo traslado a la abogada ejecutante, quien pidió su rechazo por extemporáneo, lo que el tribunal acogió, rechazado la reposición por resolución de 13 de septiembre de 2023, por extemporáneo.

-Se presentó reposición nuevamente por Gobierno Regional y ante la petición de la abogada ejecutante, con fecha 22 de septiembre de 2023 el magistrado Sr nombre reservado dispuso que constando en autos la promoción de cuatro incidentes, en la tramitación de cobranza, dándose los presupuestos del artículo 88 del CPC, ordena consignar a la ejecutada, Gobierno Regional de la Araucanía, la suma equivalente a 1 UTM previo a la promoción de un nuevo incidente o recurso.

-Con fecha de septiembre de 2023 se ordenó por la Juez que informa, que la ejecutada, a través del Gobernador Regional y a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de autos en favor de doña nombre reservado, dentro de 15 días hábiles contado desde la notificación de esa resolución bajo apercibimiento de aplicación de una multa de 1UTM en caso de desacato . Se ordenó notificar personalmente o por cédula al Sr Gobernador Regional, notificación que se cumplió el 3 de octubre de 2023.

-El 3 de octubre de 2023, la abogada ejecutante solicita el embargo de bienes no necesarios para funcionamiento de Gobierno Regional, hasta por la suma liquidada $184.964.791 , a lo que el tribunal por resolución de 5 de octubre de 2023, pronunciada por el magistrado destinado Sr nombre reservado accedió respecto de bienes que no estén destinados al funcionamiento del Gobierno Regional, tales como espejos, sillones, adornos, cuadros y en general bienes decorativos de adorno televisores equipos de música, etc. y en cantidad suficiente para el pago íntegro de la deuda de autos.

-La abogada del Gobierno Regional solicita reposición de la resolución anterior, en atención a que el tribunal, con fecha 26 de septiembre de 2023, otorgó el plazo de 15 días al Gobierno Regional, contados desde la notificación, que tuvo lugar el 3 de octubre, para dar cumplimiento a la sentencia, lo que vence el 16 de octubre de 2023, la abogada ejecutante, contestando el traslado, expuso que el recurso otorgado no fue uno para pagar, sino para aplicar multa en caso de no pago.

-Se rechazó el recurso, por resolución de 18 de octubre de 2023, pronunciada por el Magistrado Sr. nombre reservado, teniendo presente el estampe receptorial de 9 de octubre de 2023, que da cuenta de la oposición a la diligencia de embargo, el que se ha ordenado sobre bienes no destinados al funcionamiento del Gobierno Regional y no obstando el hecho de haber apercibido de multa a la demandada, resulta factible proceder al embargo de bienes que resulten pertinentes con el objeto de continuar el procedimiento de apremio.

-Se pidió fuerza pública, con fecha 20 de octubre de 2023, a lo que la magistrado accedió por resolución de esa misma fecha, dictándose orden de no innovar a raíz del presente recurso de protección, que fue comunicada con fecha 23 de octubre último.

-Que ha sido necesario efectuar una relación de la tramitación de la presente causa en que incide el recurso de protección, comprendiendo las peticiones, resoluciones y recursos interpuestos por las partes, quedando a criterio de SS Ilma. el determinar si, durante el curso de la misma, advierte vulneración a las garantías que se estiman conculcadas por la recurrente, haciendo presente que al momento de disponerse el embargo, por el magistrado Sr. nombre reservado, tuvo en consideración lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 19. 75, en orden a que este recaiga sobre bienes que no estén destinados al funcionamiento del Gobierno Regional.

A folio 14, se hace parte nombre reservado nombre reservado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado

nombre reservado a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución que ordena liquidar el crédito 2.- Solicitud del Gobierno Regional de convalidar el despido 3.- Traslado a esta petición 4.- Sentencia que rechaza convalidación 5.- Solicitud de liquidación del crédito 6.- Resolución que ordena liquidar el crédito 7.- Resolución que tiene por practicada la liquidación 8.- Solicitud de nulidad y objeción de liquidación 9.- Resolución que rechaza nulidad y objeción a liquidación.

10.- Recurso de reposición y de apelación 11.- Resolución que rechaza recursos de reposición y apelación 12.- Nuevo recurso de reposición 13.- Resolución que rechaza reposición 14.- Petición de embargo 15.- Resolución que ordena el embargo de bienes no destinados al funcionamiento de Gobierno Regional 16.- Mandato CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEGUNDO: Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

TERCERO: Que, debe considerarse, además, que el acto recurrido en la especie, ha sido expedido en el marco de la tramitación de un proceso de cobranza laboral, Rol C-146-2018, en donde se despachó orden de embargo, con auxilio de la fuerza pública, en contra del demandado Gobierno Regional Araucanía, quien adeuda la suma de $184.964.791.- más cotizaciones de salud y previsionales. De esta manera, de los antecedentes expuestos por la misma parte recurrente, emana que el asunto se encuentra sometido al imperio del derecho, contando la parte con los recursos ordinarios que le franquea el ordenamiento legal a objeto de impugnar la decisión que estima causarle agravio.

CUARTO: En efecto, la posibilidad de recurrir en contra de decisiones judiciales sólo procede en determinados eventos y bajo ciertas hipótesis, pues son los recursos procesales ordinarios los que se constituyen como el mecanismo para que el imperio del derecho sea restablecido cuando, a propósito de una decisión judicial, se ha visto mancillado. Este criterio lo ha sostenido la E. Corte Suprema en autos Rol 22.099-2021, al sostener que “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

QUINTO: De esta forma, aparece claro que esta no es la vía para reclamar contra una resolución, ya sea en sede judicial o administrativa, cuando ha sido precedida de un proceso debidamente ajustado a derecho, como es el caso.

SEXTO: Que esta Corte advierte que el procedimiento se ha ajustado a derecho, por cuanto la decisión, que por esta vía se impugna, además, ha sido dictada por el respectivo órgano legalmente competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y en virtud de norma legal que hacía procedente medidas de apremio en contra del deudor que no ha pagado lo adeudado.

Por los motivos expuestos, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Raúl Henríquez Burgos, abogado, en representación de GOBIERNO REGIONAL ARAUCANÍA, en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 13.628-2023(ela)