nombre reservado con FISCO EJÉRCITO DE CHILE COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

C.A. de Temuco Temuco, nueve de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, ex Sargento 2° de Ejército, RUN RUT reservado, con residencia en domicilio reservado, Región de Ñuble, quien interpone Recurso de Protección, en contra del EJÉRCITO DE CHILE – Comandante en Jefe del Ejército, con domicilio en domicilio reservado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, y en sede judicial, por abogado Procurador Fiscal CDE de la ciudad de Temuco, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que relata.

ANTECEDENTES 1. Que, la acción constitucional impetrada se basa en un acto ilegal y arbitrario cometido por el recurrido en perjuicio de este recurrente, materializado por la Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36287 de 05 de noviembre de 2020 y notificado a esta parte el 19 de agosto de 2021, mediante la cual rechaza el recurso de apelación deducido por esta parte en contra de la medida disciplinaria de Licenciamiento del Servicio impuesta en mi contra; y de la Resolución CJE SGE AJ (P) N°1550/1256/717 de 04 de abril de 2022, la cual fue notificado a esta parte en mi correo electrónico el 27 de abril de 2022 por el Comandante de la División de Personal, la cual se rechaza mi recurso extraordinario de revisión en contra de la de la medida disciplinaria de Licenciamiento del Servicio.

2. Que, como cuestión previa es dable señalar que ingresé al Ejército de Chile en el mes de enero de 2001, en calidad de Cabo Dragoneante de la Escuela de Suboficiales, egresando de ese Instituto Matriz en el mes de diciembre de 2002, siendo nombrado en la planta institucional con fecha 01 de enero de 2003 con el grado de Cabo del Arma de Caballería Blindada, ostentando a partir del año 2017 el grado de Sargento2°.

3. Que, el grado de “Sargento 2°” corresponde a la escala jerárquica de “Cuadro Permanente”, conforme al ordenamiento jerárquico establecido en el artículo 37 de la Ley N°18.948 “Organica Constitucional de las Fuerzas Armadas”; categoría que comprende los grados jerárquicos de Cabo a Suboficial Mayor.

4. Que, en cuanto a la categoría de Oficial de Ejército, conforme al ordenamiento jerárquico establecido en el artículo 36 de la misma Ley N°18.948 desde el grado jerárquico de Alférez a General de Ejército, grado este último que solo puede obsetentar (sic) el Comandante en Jefe del Ejército (a partir de ahora: CJE).

5. Que, realizada esa necesaria introducción al tema que invoca este recurso de Protección, es dable expresar a SS- Iltma. que este recurrente el viernes 03 de mayo de 2019, y como parte de una actividad absolutamente de carácter privado, concurrí a la casa de unos amigos en la ciudad de Angol, donde consumí un par de cervezas y tres copas de vino tinto. A las 02:30 hrs del 04 de mayo de 2019 me retiré del lugar, y a las 03:00 hrs aproximadamente colisioné con mi vehículo particular en contra de dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, no causando daños físicos ni lesiones a ninguna persona; en tanto que los perjuicios provocados a los vehículos los pagué íntegramente a los propietarios, a quienes, además, presenté mis sinceras disculpas por el daño causado.

6. Que, de manera paralela, fui condenado a la suspensión de mi licencia de conducir por el plazo de 2 años a partir del 09 de octubre de 2019, lo que se encuentra transcurrido el plazo de imposición, y por tanto, cumplida dicha suspensión.

7. Que, en este mismo orden de ideas, de manera sorpresiva e inédita para esta parte, el 04 de junio de 2019, el Comandante del Regimiento N.°3 “Húsares”, mediante la Resolución RC N°3 CDCIA. (R) N°1630/2584 de 04JUN2019, me sancionó con el “Licenciamiento del Servicio” por verme involucrado en un accidente en la vía pública el día 04.MAY.2019 a las 03:00 hrs, al conducir bajo los efectos del alcohol y colisionar con 02 vehículos que se encontraban estacionados, dejando una pésima imagen de la Institución, contraviniendo los artículo 74 y 76 inciso 28 del DNL-911 y lo reiterado de este tipo de falta, con el agravante de ser reiterativo en este tipo de conducta como consta en su carpeta de antecedentes personales en el año 2012; es decir, no obstante que el hecho fue ajeno al servicio y/o a consecuencia del servicio, única instancia que hubiera permitido la norma para sancionar, fui objeto de una ilegitima sanción que importó la expulsión del Ejército, la pérdida de la titularidad del empleo y se coartó violentamente mi proyecto de vida personal y profesional, el que estaba ligado intrínsicamente al servicio de la patria a través del Ejército de Chile.

8. Que, conforme a los derechos que me asisten en el procedimiento, establecido en los artículos 78 y siguientes del DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas (a partir de ahora: DNL-911) hice uso del recurso de Reconsideración ante la misma autoridad, quien mantuvo la sanción. Al declararme NO conforme con lo resuelto, hice uso del recurso de Reclamación ante al superior jerárquico de éste, el Comandante de la III División de Ejercito, quien también rechazó la instancia recursiva, razón por la cual Apelé ante el Comandante de Operaciones Terrestres, autoridad que rechazó el recurso. Debido a lo mismo, con fecha 07 de abril de 2020 realicé la instancia recursiva de Apelación al Comandante en Jefe del Ejército, quien rechazó este recurso mediante la Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36276 de 05NOV2020; acto administrativo que no fue notificado a esta parte.

Sobre este aspecto es necesario señalar a SS- Iltma. que el CJE. Tramitó directamente ante la Contraloría General de la República la medida de Licenciamiento del Servicio del infrascrito para la Toma de Razón, sin haber realizado la notificación respectiva a este recurrente.

9. Que, Contraloría General de la República mediante el oficio N°1514 de 14 de julio de 2021, señaló al CJE que dio curso con alcance a la Resolución N°36.287 de 2020 de la Comandancia en Jefe del Ejército, e impone la obligación de notificar a esta parte la Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36276 de 05NOV2020.

10. Que, el 19 de agosto de 2021, es decir, habiendo mediado un plazo de 1 año, 4 meses y 12 días desde el 07 de abril de 2020, que corresponde a la fecha en que presenté recurso de Apelación al CJE, este recurrente es notificado de la Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36276 de 05NOV2020, mediante la cual es rechazado el recurso de Apelación.

11. Que, con fecha 10 de septiembre de 2021 presenté recurso extraordinario de revisión ante el CJE; instancia recursiva rechazada mediante la Resolución CJE SGE AJ (P) N°1550/1256/717 de 04 de abril de 2022, la cual fue notificada a mi correo electrónico el 27 de abril de 2022, siendo el Comandante de la División de Personal quien realizó la notificación.

12. Que, es dable consignar que el CJE expresa como aval de lo determinado una sanción del año 2012 que me fue impuesta por impactar mi vehículo particular contra un poste en circunstancias que conducía bajo los efectos del alcohol; una sanción del año 2018 por no informar que un Cabo estaba bajo los efectos del alcohol en el pabellón de solteros y una sanción por reprobar las HBS en el año 2018.

13. Que, no compartiendo lo razonado y fundado por la autoridad para determinar mi expulsión del Ejército, entendiéndose que se vulneraron derechos constitucionales de este peticionario en todo el proceso sancionatorio, y estando en el plazo Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, es que vengo ante US. Iltma., con la finalidad de que se protejan y restituyan derechos fundamentales que me fueron ilegítimamente conculcados, conforme se expone a continuación.

II. ILEGALIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO QUE AFECTA A ESTE RECURRENTE, AL OBSERVARSE INFRACCIÓN A LA NORMA EN SU TRAMITACIÓN.

14. Que, como primera infracción a la norma que se observa en el procedimiento, se comprueba en el hecho de que la autoridad, al disponer el Licenciamiento del Servicio de este recurrente, omitió deliberadamente cumplir con el imperativo que fija el párrafo final del Artículo 35 del DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas”: El superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del acusado, lo que acredita en el hecho de que fui condenado y sancionado sin que la autoridad conociera mi defensa previa, adoptando la medida expulsiva solo contando con los antecedentes aportados por Carabineros de Chile y el nombre reservado del Regimiento, lo que se acredita en “VISTOS 2 y 3” de la Resolución RC N°3 CDCIA. (R) N°1630/2584 de 04 de junio de 2019, donde se señala: “2. El parte de detenidos N°01351 de fecha 04.MAY.2019”; “3. El informe escrito PLANA MAYOR (R) N°1000/01 de fecha 06.MAY2019 del CAP. nombre reservado.”

15. Que, del mismo modo se hace necesario establecer que la Resolución mediante la cual fui sancionado, como también en las sucesivas resoluciones que rechazaron mis recursos, las autoridades señalan que la conducta que motiva mi expulsión del Ejército, es por dejar una pésima imagen de la Institución y contravenir lo establecido en los artículos 74 y 76 inciso 28 del DNL-911.

16. Que, para una mejor comprensión de lo que se reclama, a continuación transcribe los artículos señalados como infraccionado y que resultan la motivación de la autoridad para determinar mi expulsión del Ejército:

• Art. 74: Se considerarán faltas a la disciplina todas las acciones u omisiones que importen quebrantamiento de los deberes militares o violación de los reglamentos u órdenes de los superiores, relacionadas con el servicio, que no alcancen a constituir delito. • Art. 76 Son faltas contra la disciplina, entre otras, las siguientes: Inciso 28: La embriaguez en cualquier caso. Esta falta será sancionada una vez que hayan pasado los efectos de la intoxicación alcohólica. En el ínter tanto se mantendrá al ebrio en condiciones de seguridad 17. Que, como se podrá apreciar, la normativa citada no tiene relación alguna con el incidente protagonizado por esta parte, toda vez que están relacionados con deberes militares como consecuencia del servicio o con ocasión de éste; en tanto que esta parte colisionó con mi vehículo particular en la vía pública, fuera de las horas del servicio y en el marco de una actividad privada, y no estando embriagado, lo que la misma autoridad expresa en el acto sancionatorio, al señalar: conducir bajo los efectos del alcohol, lo que no es sinónimo de embriaguez.

18. Que, en ese orden de ideas, esta parte expone que los fundamentos citados por la autoridad son totalmente contrapuestos con lo establecido en el propio DNL-911.

En así que en su Artículo 38, el reglamento de disciplina expresa de manera tajante: “Constituye extralimitación de las atribuciones que fija este reglamento y por lo tanto queda absolutamente prohibido: todo rigor injustificado, todo castigo no contemplado en este reglamento o derivado de asuntos ajenos al servicio y toda actitud, palabra o gesto que pueda calificarse como hiriente para el honor de aquél contra el cual se dirija”. De manera consecuente con esta norma, el Artículo 74 de este mismo texto reglamentario señala: “Se considerarán faltas a la disciplina todas las acciones u omisiones que importen quebrantamiento de los deberes militares o violación de los reglamentos u órdenes de los superiores, relacionadas con el servicio, que no alcancen a constituir delito”.

19. Que, de lo expuesto, se colige fehacientemente y sin dejar lugar a dudas, que el DNL-911 solo faculta sancionar faltas a la disciplina relacionadas con el servicio y que no alcancen a constituir delito. Es más, señala que está absolutamente prohibido todo castigo derivado de asuntos ajenos al servicio. Por tanto, es totalmente contradictorio que se fundamente un castigo en base a una norma que tácitamente lo prohíbe, resultando, por tanto, antirreglamentaria, inválida y viciada en su origen. Cuando se establece la frase absolutamente prohibido todo, significa que de ningún modo un acto ajeno al servicio puede ser motivo de alguna falta a la disciplina tipificada en el DNL-911.

20. Que, asimismo, es dable remitirse a lo establecido en el párrafo final del Art 1º: de la Ley 18.948 “Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”: “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determinen los reglamentos de disciplina y las ordenanzas generales de las respectivas instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. Esta norma constitucional no hace nada más que refrendar lo establecido en la normativa atingente a las ramas castrenses.

21. Que, tal como lo he expuesto en todas las instancias recursivas de este proceso sancionatorio, el día que ocurrió el accidente del tránsito conducía mi vehículo particular por la vía pública después de participar en una reunión de amigos, fuera de las horas del servicio y mientras me encontraba en mi tiempo libre, razón por la cual, cualquier infracción cometida en esas circunstancias son ajenas al ámbito del servicio, lo que claramente así estipula el DNL-911 “Reglamento de Disciplina de las FAs”.

22. Que, en este aspecto es dable expresar que el DNL-911 es un Reglamento de carácter Supremo, debido a su dictación por parte de su SE, el Presidente de la República en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República y en plena concordancia con lo prescrito en el Artículo 431 del Código de Justicia Militar, en cuanto a que:

“El Presidente de la República dictará en cada Institución los reglamentos correspondientes sobre los deberes militares, las faltas de disciplina, las reglas del servicio y demás necesarios para el régimen militar.

En ellos se señalarán las autoridades a quienes corresponde el derecho de sancionar las faltas de disciplina, atendidas a las categorías del hechor y a la mayor o menor gravedad de las infracciones…”.

23. Que, en virtud a lo estipulado en la normativa en cuestión, aplica el principio “nulla poena sine lege”, referido a que el artículo 431 lo “hace regir respecto de las faltas en cuanto no se pueden imponer por ellas otras sanciones que las determinadas por esa disposición legal” (Astrosa Herrera Renato, “Código de Justicia Comentado”, tercera edición, pag. 591, comentario sobre la potestad exclusiva del Presidente de la República de dictar Reglamento sobre los deberes militares, las faltas a la disciplina, las reglas del servicio y demás para el régimen militar).

24. Que, se puede establecer de manera inequívoca que la normativa consagra que será el Presidente de la Republica quien de manera exclusiva dictará los deberes militares, las faltas de disciplina, las reglas del servicio y demás necesarios para el régimen militar. Por tal mandato legal, mediante el Decreto Supremo N.º1.445, de 14 de diciembre de 1951, promulgado por el entonces Presidente de la República, S.E. nombre reservado, se dictó el DNL-911, el cual se mantiene en la actualidad plenamente vigente, teniendo sus normas plena aplicación, razón por la cual, las respectivas autoridades deben ceñirse plenamente a sus mandatos, caso contrario, su resoluciones serían invalidas e ilegales.

25. Que, coherente con lo expuesto, se colige fehacientemente y sin dejar lugar a dudas, que el DNL-911 solo faculta sancionar faltas a la disciplina relacionadas con el servicio. Es más, señala que está absolutamente prohibido todo castigo derivado de asuntos ajenos al servicio, llegándose al extremo de fundar que constituye extralimitación de facultades, sancionar por situaciones ajena al servicio; lo que acontecería en la especie con la Resolución sancionatoria, toda vez que de manera indubitable se sancionó a esta parte por un asunto ajeno del servicio, por lo que se asume extralimitación de facultades.

26. Que, del mismo modo puede observarse que las autoridades institucionales que han rechazado las instancias recursivas interpuestas por este recurrente, citan lo normado por el Ejército respecto a los castigos asociados a la conducción de vehículo motorizados bajo los efectos del alcohol, es decir, la Resolución de Comando Exenta CJE DPE I/1c (R) N.°6030/12598/1283 de 10AGO2020, la cual en su punto 1. del “RESUELVO”, establece que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas”, que señala: “Los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea podrán dictar instrucciones de detalle para determinar, de acuerdo con las modalidades de cada Institución, la gravedad de las faltas y fijar una escala aproximada de sanciones para las mismas dentro de las normas que establece este reglamento”.

27. Que, se puede determinar que es la propia máxima autoridad institucional, representado por el CJE, la que establece e impone que las sanciones se deberán aplicar “dentro de las normas que establece este reglamento”, y las normas del DNL-911 precisamente prohíben aplicar sanciones por situaciones ajenas al servicio, razón por la cual, lo que reclama esta parte es de total conexión y justicia con lo prescrito en la norma, siendo procedente remitirse a lo establecido en el artículo 19 del Código Civil, que impone que cuando el sentido de una ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu, siendo aplicable, en la especie, el aforismo jurídico en cuya virtud donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir.

28. Que, de manera absolutamente coherente con la norma, la Contraloría General de la República se ha pronunciado respecto a situaciones relacionadas con la actuación de un funcionario público en el ámbito de lo privado, en cuanto a que es contrario a Derecho sancionar por asuntos ajenos al servicio.

29. Que, efectivamente mediante el Dictamen N°12.277 de 15OCT2020 estableció que: “Pues bien, con arreglo a lo precisado en el oficio N°88.270, de 2016, de este Órgano de Control, confirmado por el oficio N°43.852, de 2017, de este origen, se debe expresar que la orden que se imparta a un subalterno ha de referirse a asuntos que tengan relación con su desempeño, lo que no ocurre en la especie, pues la conducción de un vehículo particular -esto es, el uso de bienes no pertenecientes a ese organismo policial-, no constituye una labor propia como empleado, no advirtiéndose, por ende, que mantener ese móvil estacionado sin sus placas patentes ni el dispositivo TAG, pueda constituir una infracción de sus deberes funcionarios, como se le reprochó al afectado.”

En otro párrafo del citado dictamen se señala que: “No obstante, se ha estimado conveniente agregar que la mencionada conducta, esto es, desobedecer una orden de no sacar el vehículo del cuartel policial sin placa patente ni dispositivo TAG, tampoco importaría el incumplimiento de una orden del servicio, toda vez que se refería a la conducción de un automóvil particular, asunto que no tiene relación con el desempeño del funcionario, como ya se explicó”.

30. Que, la misma jurisprudencia administrativa se encuentra consagrada en los dictámenes N° 43852 de 15DIC2107; N° 88.270 de 06DIC2016 y N° 76.919 de 19OCT2016, entre otros, donde se ha señalado que “…la orden que se imparta a un subalterno ha de referirse a asuntos que tengan relación con su desempeño, lo que no ocurrió en la especie, pues la conducción de vehículos particulares no constituye una labor propia como empleado, no advirtiéndose, por ende, que tal comportamiento pueda constituir una infracción de sus deberes como se le reprochó al interesado…”.

31. Que, estima oportuno referirse al Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante la sentencia ROL N°3637-17 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, respecto de los artículos 299, N°3, 431 y 433 del Código de Justicia Militar, estableció que:

“VIGESIMOTERCERO: Que, el obrar de una persona, para que sea penalmente relevante, debe dirigirse voluntariamente, tanto a la acción como al resultado. En el caso concreto, se trata de una defraudación significativa al patrimonio fiscal en términos de malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, acorde a la calidad y situación jurídica que los partícipes tenían al momento de cometer el ilícito, donde el requirente aparece, al menos de los antecedentes allegados a esta causa constitucional, con un reproche por omisión, existiendo al efecto otras disposiciones legales en el Código de Justicia Militar que pudieren hacer efectiva eventualmente su responsabilidad penal en los hechos criminosos de que conoce la justicia militar.

Por consiguiente, la conducta punible de defraudación al erario público, no corresponde a la categoría de deberes militares por no estar contemplada en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, motivo por el cual esta Magistratura constata en el test de constitucionalidad realizado en este caso concreto, una manifiesta infracción del numeral 3° del artículo 299 del Código de Justicia Militar al inciso noveno del numeral 3° del artículo 19 constitucional que contiene el principio de tipicidad de la ley penal”.

De lo resuelto por el Tribunal Constitucional, se señala la obligación de que para que una acción sea objeto de un castigo disciplinario al amparo del DNL-911, esa acción debe estar contemplada en este reglamento, lo que no acontece en la especie, pues el conducir un vehículo particular bajo los efectos del alcohol, sin causar daño alguno y fuera de las horas del servicio no constituye un deber militar ni una falta a la Disciplina.

32. Que, finalmente expresa que nunca esta parte a dejado de reconocer hidalgamente que lo acontecido en el ámbito de lo privado constituyó un acto irresponsable, lo cual saldó resarciendo el daño causado y siendo suspendida su licencia de conducir por el plazo de 2 años. Pero otra situación distinta es que esa conducta pueda ser objeto de un castigo disciplinario en tanto las normas legales y el reglamento respectivo lo prohíban, haciéndose necesario reiterar que el DNL-911 llega al extremo de señalar que está absolutamente prohibido todo castigo derivado de asuntos ajenos al servicio.

33. Estimo que no se nos está permitido cuestionar lo que en su momento el legislador dispuso de manera especial para el personal de las Fuerzas Armadas, como también, que no respetar y cumplir íntegramente con lo establecido en el Reglamento de Disciplina constituye una vulneración a las especiales características de la carrera profesional de las Fuerzas Armadas y sus normas.

Imponer castigos disciplinarios administrativos por hechos acontecidos fuera del ámbito del servicio y/o por situaciones ajenas al mismo, implicaría que la norma contemplada en el Código de Justicia Militar y el propio DNL-911 cayera en desuetudo por imposición de una autoridad administrativa, y por consiguiente, esa autoridad asumiera mayores potestades, incluso, por sobre las que las que legítimamente le asisten al Presidente de la República.

Esta última afirmación no es una cuestión fútil o vacía, dado que el DNL-911 obedece a la dictación del Decreto Supremo Nº1.445, de 14 de diciembre de 1951, promulgado por el entonces Presidente de la República, S.E. GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, el cual se mantiene en la actualidad plenamente vigente, teniendo sus normas plena aplicación, razón por la cual, las respectivas autoridades deben ceñirse plenamente a sus mandatos, caso contrario, su resoluciones sería invalidas e ilegales.

34. Por todo lo expuesto, se puede concluir que a este recurrente no le fue respetado el derecho de la igual protección en el ejercicios de sus derechos, en consideración que la medida disciplinaria que se le aplicó fue la consecuencia de ser juzgado por una Comisión Especial, la cual actuó al amparo de sus propios criterios, creencias o discernimientos, lo que resulta absolutamente ilegitimo e inconstitucional, lo cual solo puede ser reparado disponiéndose la invalidación de todos los actos contrarios a derecho y disponiéndose el reintegro de este recurrente al servicio activo del Ejército de manera retroactiva desde que se decretó la ilegal medida de Licenciamiento del Servicio.

III. LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

35. Que, ante situaciones similares a lo acontecido con este recurrente, es decir, conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol, con otro personal del Ejército se han adoptado otras medidas que no necesariamente importan el Licenciamiento del Servicio, conforme se indica:

a. En este aspecto, consta que el Comandante del Comando de Personal (actualmente denominado: Comandante de la División de Personal), mediante el oficio COP AS JUR/b (R) N°1000/15707 de 04 de julio de 2018, señaló al Comandante de Ingenieros del Ejército, que en relación de los antecedentes “relativos a un incidente por manejo en estado de ebriedad donde estaría involucrado el CAOP (OA) nombre reservado, con el objeto de que se proponga el retiro temporal del citado oficial subalterno en base a la potestad legal que le asiste al CJE contenida en el artículo 53 letra e) de la ley N°18.94, “Orgánica Constitucional de las FAs”.

En el punto 6 del oficio en cuestión, el Comandante del Comando de Personal expresa: “Finalmente, en el caso de la especie, si bien en el hecho en que se vio involucrado el CAP (OA) nombre reservado, reviste una gravedad importante, en opinión de este COP, y planteada la situación al Alto Mando Institucional, donde se expusieron los argumentos que contiene el presente informe, no se verificaría la hipótesis de que la permanencia del oficial subalterno resulte perjudicial para los intereses institucionales. En efecto, si bien dicho actuar resulta del todo reprochable, ello solo habilitaría a la autoridad dotada de potestad sancionatoria, para aplicar algunas de las medidas disciplinarias contempladas en el catálogo contemplado en el reglamento de disciplina como infracción a los deberes funcionarios”.

b. Del mismo modo, en el mismo Regimiento N.°3 “Húsares”, unidad militar donde se me impuso el Licenciamiento del Servicio, se sancionó con -1,50 (menos uno coma cincuenta puntos) en el concepto “Cumplimiento del Deber”, al CB2° nombre reservado, por la falta cometida el 21 de marzo de 2021, por protagonizar un accidente automovilístico en el cual se detectó la ingesta de alcohol en su conducción, además de mantener vencida su licencia de conducir y la documentación del vehículo; es decir, no se expulsó del Ejército al CB2° CIFUENTES.

c. Como se podrá observar, en contra de esta parte se dispone la expulsión del Ejército, por conducir bajo los efectos del alcohol y colisionar con 02 vehículos que se encontraban estacionados, dejando una pésima imagen de la Institución; en tanto que a un oficial, Capitán nombre reservado, el que resulta un superior jerárquico en relación a este Sargento 2°, y quien fue detenido por “manejar es estado de ebriedad”, lo que reviste una gravedad importante según criterio del COP, se indica que no se verificaría la hipótesis de que la permanencia del oficial subalterno resulte perjudicial para los intereses institucionales, motivo por lo cual no se tramitará el retiro temporal para el oficial, criterio que resulta contrario al principio de igualdad ante la ley; como también, y en caso del CB2° CIFUENTES solo es objeto de una sanción de -1,50 ptos, no obstante todos los antecedentes agravantes que motivaron el accidente que ocasionó, todo lo cual importaría un trato discriminatorio en contra de este recurrente, además de resultar una decisión absolutamente arbitraria.

d. Finalmente, estima necesario hacer referencia a la doctrina emanada desde la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema, en relación al recurso de protección deducido por nombre reservado, Rol Nº 19.237-2020 de 29 de junio de 2021, quien fue licenciado del servicio por haber sido sorprendido conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol luego de haber colisionado el cierre perimetral de una vivienda particular; sanción que fue revocada por ese tribunal, lo que se funda en el “Considerando sexto”: “…de acuerdo con la nueva tipificación de las sanciones, ordenada a través de Resolución de Comando Exenta CJE DPE I/1C (R) Nº 6030/12598/1283, de fecha 10 agosto de 2020, la infracción cometida por el actor “deberá sancionarse estampando una anotación de demérito con puntaje negativo en el concepto “Cumplimiento del deber”, iniciando con -1,50”, sanción que a todas luces es más favorable para él, ya que no implica, per se, su expulsión o salida de la institución.

e. En el “Considerando Séptimo” de la sentencia se indica: Que, de esta forma, se evidencia que la institución recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, ya que encontrándose el actor dentro de los supuestos de hecho de lo estipulado en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 19.880, no se le ha sancionado conforme la normativa más nueva que le es favorable, generándose una diferencia arbitraria respecto de aquellos a quienes se les ha aplicado correctamente la normativa sobre la materia, por lo que será acogida la acción deducida en los términos que se consignaran en lo resolutivo. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de cinco de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso interpuesto a favor de nombre reservado, para el sólo efecto que, de acuerdo a los nuevos criterios base establecidos por la Resolución de Comando Exenta CJE DPE I/1C (R) Nº 6030/12598/1283 de fecha 10 agosto de 2020, quede sancionado con una anotación de demérito.

f. Por tanto, estando esta parte en la misma hipótesis que importaron acoger el recurso correspondiente a M. AMPUERO S., estimo justo y necesario que sea acogido el recurso de protección.

36. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS:

a. Derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén constituidos con anterioridad a los hechos, consagrada en el Artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la CPR.

Los hechos que han motivado la presente acción constitucional, a todas luces han infringido la citada garantía constitucional, por cuanto la decisión de sancionar a este recurrente al amparo del DNL-911, por un hecho ajeno al servicio y/o no relacionado con el servicio, vulnera la propia normativa contenida en los artículos 38 y 74 del mismo DNL-911, donde se establece que está absolutamente prohibido todo castigo derivado de asuntos ajenos al servicio, llegándose al extremo de fundar que constituye extralimitación de facultades, sancionar por situaciones ajena al servicio.

En este mismo aspecto, la jurisprudencia administrativa emanada desde la Contraloría General de la República, mediante los Dictámenes: N°12.277 de 15OCT2020; N°43852 de 15DIC2107; N°88.270 de 06DIC2016 y N°76.919 de 19OCT2016, ha establecido que es contrario a Derecho sancionar por asuntos ajenos al servicio.

Por todo lo expuesto, y ante la evidencia de que la decisión de disponer mi Licenciamiento del Servicio, invocándose normas que no contempla la ley como fundamento de lo resuelto, convierte todo lo actuado en arbitrario, y a la vez en ilegal, pues se lesionó el debido proceso, con grave perjuicio en mi contra al determinarse la medida expulsiva del Ejército y la pérdida de la titularidad en el empleo, que se encuentra garantizado por la Carta Fundamental de la República, y así, el recurrido se constituyó en una Comisión Especial, lo que implica que se lesiona la norma del artículo 19 N°3 inciso 5° de la da Constitución Política de la República.

b. La igualdad ante la Ley.

Tal como se expuso en el numeral 35 de este escrito, en el Ejército, ante situaciones similares a la acontecido con este recurrente, al personal causante no le fueron aplicadas la medida de Licenciamiento del Servicio, y solo fueron objeto de un castigo disciplinario que no importaron la expulsión del Ejército.

En tanto que el Excelentísima Corte Suprema, en relación al recurso de protección deducido Rol Nº19.237-2020 de 29 de junio de 2021, revocó la medida de Licenciamiento del Servicios del recurrente, en consideración de que la institución recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley.

Por consiguiente, en el caso que invoca este recurso se demuestra que a este recurrente se le vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

c. Derecho a la Propiedad La estabilidad en el empleo lo contempla la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la carrera funcionaria, en términos que el personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por causa legal y debidamente fundada.

En este aspecto, el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República consagra el Derecho a la Propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Dentro de los derechos incorporales se encuentran precisamente la estabilidad en el empleo y las remuneraciones, lo cual fue violentado con la medida expulsiva de la Institución de manera ilegitima e infundada.

Pide, en concreto, adoptar con celeridad las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de este afectado.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Carnet de Identidad de este recurrente. 2. Resolución RC N°3 CDCIA. (R) N°1630/2584 de 04.JUN.2019, mediante la cual se dispone el Licenciamiento del Servicio de este Recurrente. 3. Resolución RC 3 COMANDANCIA (R) N°1000/19824 de 25.JUN.2019, rechaza recurso de Reconsideración. 4. Resolución CGIIIDIVMNA IASJUR (R) N°1000/131 de 23.SEP.2019, rechaza recurso de Reclamación. 5. Resolución COT JEM AJ (R) N°1590/325 de 10.MAR.2020, rechaza recurso de Apelación. 6. Notificación de fecha 19.AGO2021 de la Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36287 de 05.NOV.2020, mediante la cual el CJE ratifica la medida disciplinaria de Licenciamiento del Servicio de este Recurrente, y se anexa la Toma de Razón con Alcance de la CGR N°1.514 de 14.JUL.2021. 7. Recurso extraordinario de Revisión al CJE de 10SEP2021. 8. Resolución DIVPER I/2 (P) N°1615/3942/11349 de 14.SEP.2021, notificada el 23.SEP.2021, dispone retiro absoluto del SG2° nombre reservado. 9. Resolución CJE SGE AJ (R) N°1550/1256/717 de 04.ABR.2022, notificada a este recurrente el 27.ABR.2022, mediante la cual el CJE rechaza recurso extraordinario de revisión. 10. Resolución de Comando Exenta CJE DPE I/1c (R) N.°6030/12598/1283 de 10AGO2020: “Dispone criterios para la adopción de medidas disciplinarias ante el consumo de alcohol”.11. Sanción del CB2° nombre reservado. 12. Situación que afectó al CAP. nombre reservado.

A folio 16 informa el Comandante de la División de Personal del Ejército.

Alega la extemporaneidad del recurso la que funda en que se acciona en contra de la Resolución CJE SGE AJ (P) N° 1550/1256/717 de 04ABR2022, que rechaza el recurso extraordinario de revisión y que fue notificado al recurrente el día 27ABR2022, por cuanto fue la última instancia administrativa que tuvo el actor para impugnar la decisión institucional. Por ello pide declarar la extemporaneidad respecto de todos los actos anteriores al acto que se intenta impugnar por esta vía, por cuanto la fundamentación legal de aquellos provocó efectos jurídicos cuya certeza se encuentra finada y ajustada a derecho.

Alude luego al régimen jurídico aplicable al personal del Cuadro Permanente del Ejército. Dice que el vínculo jurídico del personal del Ejército emana de la legislación especial Ley Orgánica Constitucional 18.948, haciendo referencia a lo dispuesto en los artículos 1 inciso 3°, 4, 37 además de lo previsto en el estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas DFL N° 1(G) de 1997.

Señala que conforme a dicha normativa el recurrente pertenecía al Cuadro Permanente del Ejército por haber egresado de la Escuela de Suboficiales y haber ostentado el grado de sargento Segundo (SG2), fue servidor de la planta institucional, por lo que se regía por la normativa especial señalada.

En cuanto a la desvinculación del Personal del Cuadro Permanante del Ejército, está regulada en el Capítulo VII “de la cesión de Funciones” del Estatuto del Personal, artículos 244 y siguientes. Por ello al recurrente se le aplica lo previsto en el artículo 57 letra e) de la Ley 18.948, por cuanto dispone el retiro absoluto del Cuadro Permanante procede por estar comprendido en las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las eliminaciones, incluidas las referidas a la potestad disciplinaria y a la potestad calificadora.

Agrega que el licenciamiento del servicio es una sanción disciplinaria aplicable al personal del cuadro permanente regulada en el artículo 49-B letra g) del REGLAMENTO DE Disciplina para las Fuerzas Armadas, que consiste en la eliminación de las filas del afectado por la causal de “Necesidades del Servicio”, con la nota de conducta que la superioridad estime conveniente. Que la medida expulsiva se sustenta en tales aspectos, de conformidad a la conducta infraccional cometida por el afectado, la que debe ser grave y/o perjudicial para el servicio. En este contexto, destaca lo dispuesto en el artículo 35 del referido reglamento en cuanto no procederá la instrucción de una investigación sumaria administrativa cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado, no procediendo tampoco en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidas en los partes, denuncias y diligencias preliminares, debiendo los Comandantes de todas las jerarquías hacer uso inmediato de todas sus facultades de mando, administrativas o disciplinarias informando su resolución cuando fuere del caso, debiendo el superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, conocer la defensa o justificación del acusado.

Manifiesta que la aplicación del licenciamiento ser servicio como sanción disciplinaria, emana de la potestad discrecional de la autoridad administrativa militar, sanción que se podrá aplicar ipso facto en caso de presentarse alguna de las condiciones señaladas, citando al efecto una sentencia de la I. Corte de Valdivia autos ROL 1101-2016.

Indica que que conforme a la normatica de la Contraloría General el acto administrativo que dispone la medida expulsiva está sujeto al trámite de toma de razón, sin el cual no produce efectos jurídicos, trámite esencial que controla la legalidad del acto.

De lo expuesto, concluye que el Ejército ejerció su potestad disciplinaria, en uso de las facultades discrecionales y existiendo el respectivo control de juridicidad por parte de la Contraloría del acto que aplica el licenciamiento del servicio al recurrente, que la vía del recurso no es la idónea pues ya se efectuó control de legalidad.

A mayor abundamiento, dice que la circunstancia de expulsar a un servidor de la institución mediante la aplicación del licenciamiento del servicio, no puede considerarse arbitraria o ilegal, por cuanto se basa en razones de necesidad institucional, de conformidad a los estándares señalados en la propia normativa indicada, por lo que obrando según dichos estándares no se puede sostener que se actuó contrario a ellos.

Hace referencia luego al procedimiento administrativo disciplinario, por el cual se le aplicó la sanción al recurrente, se inició con la Resolución RC N° 3 CDCIA ® N° 1630/2584 de 04JUN2019, por verse involucrado el recurrente en un accidente de tránsito en la vía pública con fecha 04MAY2019, encontrándose en estado de ebriedad, generando daños materiales en 2 vehículos que se encontraban estacionados, incurriendo en una falta a la disciplina militar al haber quebrantado los deberes militares, en específico los artículos 74 y 76 numeral 28 del DNL N° 911 “Reglamento de Disciplina Fuerzas Armadas” y con el agravante de ser reiterativa la conducta, por cuanto el año 2012 ya habían sido sancionado por hechos similares, según consta en su Hoja de Vida. El afectado hizo uso de los recursos legales dispuestos en los artículos 78 a 83 del Reglamento, pidiendo su reconsideración y si el superior mantuviere su decisión, aquel puede reclamar ante el superior directo del jefe y, por conducto regular, hasta el Comandante en Jefe Institucional, lo que aconteció en la especie, citándose las decisiones que recayeron en los distintos recursos ejercidos hasta el recurso extraordinario de revisión que el Comandante en Jefe rechazó por la Resolución CJE SGE AJ (P) N° 1550/1256/717 de 04ABR2022 notificada el 22ABR2022.

En consecuencia, el actor no sólo agotó la vía recursiva contemplada en el Reglamento de Disciplina si no que también la prevista en la Ley 19.880 por lo que no existe infracción a las normas adjetivas o procedimentales, puesto que ejerció su derecho a defensa y en definitiva la CGR consideró que el acto que confirmó la sanción de licenciamiento del servicio se ajustó a la legalidad.

En cuanto a la falta a la disciplina, aclara que los actos de servicio son todos aquellos realizados en el ejercicio de funciones o desempeño de labores relacionadas con el mismo. Se consideran tales los realizados con ocasión de aquel, como, por ejemplo, los ocurridos durante el trayecto al lugar del trabajo, en el caso la unidad militar del Regimiento N° 3 Húsares, circunstancia que se dio por establecida ya que el recurrente se dirigía a las dependencias de tal unidad cuando ocurrió el accidente vehicular. La infracción fue cometida por él, en actos de servicio o con ocasión de él.

Sobre la desproporción de la sanción, que el recurrente estima debió ser de menor severidad, ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol, tampoco es tal, ya que en la realidad como lo afirma el Considerando 7 de la Resolución que dispuso el licenciamiento da cuenta de que se hizo prueba respiratoria la cual arrojó 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre y fue detenido por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, daños y huir del lugar sin dar aviso a la autoridad. La trasgresión disciplinaria consiste en una infracción a los deberes y prohibiciones que pesan sobre el funcionario público, entre ellas las previstas en los artículos 60 al 64 de la Ley 18.834, el Reglamento de Disciplina citado y demás normativa inherente al ámbito castrense. Igualmente, importante es que como integrante de la Administración del Estado todos los servidores públicos deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52 de la Ley 18.575 y en el artículo 61 letra g) de la Ley 18.834, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. El artículo 76 del Reglamento de Disciplina establece un catálogo no taxativo de conductas que constituyen faltas a la disciplina y el numeral 28 sanciona la embriaguez en cualquier caso.

Sobre lo decidido en otros casos, el informante detalla las circunstancias que determinaron las sanciones explicando que las situaciones no son similares y la del Cabo 1° nombre reservado se le aplicó una sanción inicialmente de licenciamiento del servicio pero que fue revocada por un fallo de la Corte Suprema que dispuso se le aplicara una anotación de demérito con puntaje negativo, explicándose que el estado etílico del funcionario era bajo la influencia del alcohol y no como la del recurrente, conducta más reprochable además de sustraerse a la acción policial.

Finaliza peticionando que la acción de protección no es la vía para resolver lo planteado desde que, tratándose de un acto administrativo formal que se encuentra totalmente tramitado, al haber la CGR tomado razón.

Estima además que no se han conculcado las garantías denunciadas lo que explica para cada una, por lo que solicita se declare que no ha existido vulneración de derechos por encontrarse ajustado a derecho el licenciamiento del servicio del recurrente.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: Minuta de Servicio; Hoja de Vida y Hoja de Calificaciones; Parte Detenidos de 04MAY2019; Informe de Situación de fechas 04,06 y 07MAY 2019; Resolución RC N° 3 CDCIA ® N° 1630/2584 de 04JUN 2019; Resolución RC N° 3 Comandancia ® N° 1000/19284 de 25JUN 2019; Resolución RC N° 3 Comandancia ® N° 1000/20614 de 01JUL2019; Resolución CGIIIDIVMÑA IASJUR ® N° 1590/912 de 29JUL2019; Resolución CGIIIDIVMÑA IASJUR ® N° 1000/1231 de 23SEPT2019; Resolución COT JEM AJ ® N° 1590/325 de 10MAR2020; Resolución CJE SGE AJ ® N° 1585/36287 de 05 NOV2020; Oficio CGR N° 1514 de 14JUL 2021; Oficio RC N° 3 SECC IRA (P) N° 1615/3374 de 10AGO2021; Resolución DIVPER I/2 (P) N° 1615/3942/11349 de 14SEP2021; Resolución CJE SGE AJ (P) N° 1550/1256/717 de 04ABR2022; Oficio COP AS JUR/b® N° 1000/15707 de 04JUL2018; Oficio RC N° 3 SECC 1RA ® N° 1000/23126/126 de 26MAY 2022; y Resolución CJE DPE I/1c ® N° 6030/12598/1283 de 10AGO2020.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día cuatro de agosto en curso, compareciendo el letrado representante de la parte recurrida quién instó por el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión adoptada por el Ejército de Chile de disponer el licenciamiento del servicio del recurrente, luego de haber desestimado su recurso de revisión extraordinario según aparece de la Resolución CJE SGE AJ (P) N°1550/1256/717 de 04 de abril de 2022, la cual le fue notificada por correo electrónico el 27 de abril de 2022. Se señala que la decisión original fue dispuesta por Resolución CJE SGE AJ (R) N°1585/36287 de 05 de noviembre de 2020 notificada a su parte el 19 de agosto de 2021.

TERCERO: Que, en lo relativo a la excepción de extemporaneidad de la acción alegada por la recurrida respecto de los actos anteriores al acto que se impugna como terminal, esta será desestimada dado que no resulta posible declarar una extemporaneidad parcial ni de actos previos cuando el terminal ha sido refutado y tiene su sentido y justificación precisamente en decisiones previas y respecto de los que se han ejercido recursos finalizando con el definitivo que se recurre, como ocurre en el caso de autos.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de no ser la acción intentada el medio idóneo para atacar un acto administrativo como el que se reclama en autos, será también desestimada, pues, para emitir el pronunciamiento que se demanda fundado en que presentaría ilegalidad y arbitrariedad la decisión adoptada y que se contiene en el acto administrativo denunciado vulnerando con ello garantías constitucionales, requiere ser examinado aun cuando éste haya sido revisado por el ente contralor mediante su toma de razón, prerrogativa que tiene la judicatura y que se puede y debe ejercer en tanto cuanto haya sido reclamada su intervención, lo cual, como ha sido ya declarado por la jurisprudencia, es sin perjuicio de lo que se haya determinado acerca de la juridicidad en sede administrativa.

QUINTO: Que, previo a lo que se resolverá, conviene asentar ciertos hechos que constan de los antecedentes y documental acompañada:

1.- Según Parte de Detenidos 01351, de 4 de mayo de 2019, Carabineros de Chile da cuenta a la Fiscalía Local de Angol de la detención de nombre reservado, funcionario de Ejército domiciliado en domicilio reservado interior del Regimiento Húsares de Angol, por su responsabilidad en una colisión ocurrida cerca de las 3.00 am. Y según testimonio recabado huyó del lugar. Se hace constar que el detenido se presentó ante el Servicio de Guardia policial a las 05.29 am. y se le realizó una prueba respiratoria a las 05.58 hrs. la cual arrojó 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

2.- Que, mediante Informe del CB2 nombre reservado al Comandante del Regimiento se informa situación ocurrida en la madrugada del 04 MAY 2029, indicando que recibió una llamada del SG2 nombre reservado diciéndole que había chocado en su automóvil y si lo podía ir a ayudar porque había personas que lo querían agredir.

3.- Que, por Resolución RC N° 3 CDCIA ® N° 1630/25841, de 4 de junio de 2019, el Comandante del regimiento Húsares de Angol sanciona con el Licenciamiento del servicio al SG2 nombre reservado, por los hechos en que se vio involucrado el día 04 de mayo de 2019 a las 3.00 horas.

4.- Que, por Resolución RC 3 Comandancia de 25 de junio de 2019, se resuelve el recurso de reconsideración del SG2 señor nombre reservado el que es rechazado.

5.- Que, por Resolución del Comandante en Jefe de la II DIVMÑA, de fecha 22 de septiembre de 2019, se resuelve el recurso de reclamación presentado por el referido funcionario, manteniendo el castigo disciplinario.

6.- Que, por Resolución del Comandante de Operaciones Terrestres de fecha 10 de marzo de 2020, se rechaza el recurso de apelación del afectado manteniéndose de manera íntegra la decisión de Licenciamiento del servicio.

7.- Que, por Resolución del Comandante en Jefe del Ejército N° 36.287, de fecha 5 de noviembre de 2020, se resuelve el recurso interpuesto por el SG2 nombre reservado, el que es rechazado confirmando el castigo impuesto.

8.- Que, por Oficio N| 1514, de 14 de julio de 2021, de la Contraloría General de la República, da curso a la Resolución N° 36.287 de 2020 que precede, por ajustarse a derecho, haciendo presente que la superioridad deberá comunicar la data de notificación del aludido acto administrativo al afectado.

9.- Que, mediante documento denominado Notificación, a 19 de agosto de 2021 se procede a notificar al SG2 nombre reservado el contenido de la Resolución 36287, de 5 de noviembre de 2020, tomada razón, constando una firma del notificado.

SEXTO: Que, en lo formal, del análisis particular y detallado de los distintos actos administrativos aludidos en el motivo que precede, se aprecia que fueron dictados por las autoridades militares competentes, en el marco de sus facultades propias, debida y suficientemente fundamentados, haciéndose cargo de las alegaciones y defensas del recurrente cumpliendo con las exigencias de oportunidad y motivación que se exigen a los mismos, en conformidad a la normativa institucional y ajustándose a los requisitos de la Ley 19.880.

Por ello, la falta constatada fue inicialmente sancionada por el jefe superior jerárquico del entonces Sargento 2° nombre reservado, cumpliendo con lo estatuido en el artículo 60 del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas que señala por regla general, es competente para conocer de un hecho que debe ser castigado disciplinariamente, el superior jerárquico del presunto culpable. De ahí en más, como se reseñó, se utilizaron todos los medios recursivos establecidos al efecto, sin limitación alguna.

De lo consignado puede afirmarse que cada una de las decisiones adoptadas, en las distintas instancias reclamadas, lo fueron concorde a las formalidades externas e internas que es dable exigir a aquellas.

Además, cabe asentar que si el interesado hizo uso de todos y cada uno de los recursos establecidos en la preceptiva institucional – prevista en los artículos 78 en adelante del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, normativa que además de establecer que todo miembro cuando estime que se le ha impuesto un castigo injusto tiene derecho a pedir reconsideración y posteriormente, reclamación, norma luego los demás medios de impugnación como aparece del Capítulo II y del Capítulo III, artículos 84 a 86 y 91 y siguientes , respectivamente -, ejerció plena y cabalmente sus derechos de impugnación y a ser oído, habiéndose dado respuesta por cada autoridad en las instancias establecidas, emitiéndose las resoluciones respectivas, motivadas y comprensivas para su destinatario, que duda cabe, lo que le permitió alzarse oportunamente y por los medios recursivos existentes al efecto, llegando incluso al mismo Comandante en Jefe del Ejército.

De todo lo anterior se infiere que no ha podido concretarse vulneración de ninguna de las garantías reclamadas, como la contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, del derecho de defensa, o la igualdad ante la ley del numeral 2° ni menos el derecho de propiedad del numeral 24, toda vez que, como ya se expuso, se respetó el procedimiento administrativo previamente establecido y debidamente regulado, en el marco del cual el ahora recurrente hizo uso de sus prerrogativas frente a la autoridad la que respondió todas y cada una de sus presentaciones acorde a la ley y al mérito de los antecedentes disponibles y reunidos en el caso para resolver. Con ello se responde lo refutado y se establece la inexistencia de la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas en el actuar del Ejército, que se concretiza, huelga decirlo, en la Resolución del Comandante en Jefe pero que por ser terminal confirma aquellas decisiones previas adoptadas en cada grado o jerarquía en que fue reclamada la intervención del superior correspondiente.

En suma, el actor no sólo agotó la vía recursiva contemplada en el Reglamento de Disciplina sino que también la prevista en la Ley 19.880 por lo que no existe infracción a las normas adjetivas o procedimentales, puesto que ejerció su derecho a defensa y en definitiva la Contraloría General de la República consideró que el acto que confirmó la sanción de licenciamiento del servicio se ajustó a la legalidad tomando razón del acto administrativo respectivo.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo de la decisión, de los hechos ocurridos en la comuna de Angol el día 04 de mayo de 2019, ocasión en que el recurrente protagonizó un accidente vehicular chocando dos vehículos y que tal conducción era en estado de ebriedad según la prueba respiratoria pertinente que se le practicó, en circunstancias que regresaba al Regimiento Húsares de esa ciudad, lugar en que se domiciliaba, fluye, por una parte, la gravedad que le fue asignada por la autoridad castrense, no sólo por constituir una falta a los deberes propios de quién pertenece al Ejército de Chile, sino que y desde luego, por encontrarse los sucesos tipificados como una falta administrativa, que según el Reglamento de Disciplina aplicable en la especie faculta a la jefatura a adoptar una decisión expulsiva.

Estos sentenciadores estiman que, al aplicarse la sanción de licenciamiento del servicio, la autoridad ponderó lo sucedido, la conducta del infractor y su hoja de vida pretérita más las consecuencias para la imagen de la Institución, todo debidamente respaldado con documentación fidedigna, conocida y atingente. Asimismo, lo ha sido de modo proporcional teniendo en consideración la gravedad del hecho y sus consecuencias, como quedó asentado anteriormente y se abordará en lo futuro.

La falta a la disciplina militar – la cual es obviamente una fortaleza institucional, un valor, lo que junto a la ética, se postula, son indispensables para la profesión castrense y sus agentes - se concretó al haber quebrantado los deberes militares, en específico los artículos 74 y 76 numeral 28 del DNL N° 911 “Reglamento de Disciplina Fuerzas Armadas”, que corresponde al DS (G) N° 1445, de 1951, y con el agravante de ser reiterativa la conducta, por cuanto el año 2012 el recurrente ya había sido sancionado por hechos similares, según consta en su Hoja de Vida.

El artículo 74 mencionado considera faltas a la disciplina todas las acciones u omisiones que importen quebrantamiento de los deberes militares o violación de los reglamentos u órdenes de los superiores, relacionados con el servicio, que no alcancen a constituir delito. Por su parte, el artículo 76 enumera 40 faltas contra la disciplina, entre otras, dice la norma, siendo la N° 28 la embriaguez en cualquier caso. Según los antecedentes, la doble colisión y el estado de ebriedad según prueba respiratoria tuvo lugar en la madrugada de un día en circunstancias que el recurrente se trasladaba a su Regimiento – único en la ciudad de Angol – donde residía y tenía su domicilio, lugar de prestación de los servicios, habiendo huido del lugar, dejando abandonado el móvil que guiaba en otro lugar distinto, desde donde debió ser retirado por otra persona, todo lo cual fue denunciado por Carabineros que tomaron el procedimiento la noche de los sucesos, no habiendo encontrado al protagonista, el que luego de una recomendación de un par se presentó ante la policía y luego de más de tres horas sometido a examen intoxilizer arrojó positivo con un alto grado de alcohol en la sangre.

En cuanto a la falta a la disciplina, aclara que los actos de servicio son todos aquellos realizados en el ejercicio de funciones o desempeño de labores relacionadas con el mismo. Se consideran tales los realizados con ocasión de aquel, como, por ejemplo, los ocurridos durante el trayecto al lugar del trabajo, en el caso la unidad militar del Regimiento N° 3 Húsares, circunstancia que se dio por establecida ya que el recurrente se dirigía a las dependencias de tal unidad cuando ocurrió el accidente vehicular. La infracción fue cometida por él, en actos de servicio o con ocasión de él.

Sobre la desproporción de la sanción, que el recurrente estima debió ser de menor severidad, parte de una premisa no avalada en la realidad, cual es, que sólo habría estado bajo los efectos del alcohol, ya que se acreditó con una prueba científica que su estado era de ebriedad, recuérdese la prueba respiratoria que arrojó 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre, y que fue detenido por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, daños y huir del lugar sin dar aviso a la autoridad, configurándose una conducta de mayor reproche además de sustraerse a la acción policial que sólo se revirtió por recomendación de otro funcionario militar. La trasgresión disciplinaria resultó plenamente establecida.

De lo razonado fluye que la presente acción no puede prosperar comoquiera que no se advierte, en las decisiones adoptadas por la autoridad militar y específicamente la de origen del Comandante en Jefe del Ejército que ha sido denunciada, ni ilegalidad ni menos arbitrariedad, lo primero, ya que se ha confirmado un actuar con estricto apego a la normativa pertinente, y, lo segundo, por cuanto la decisión de licenciamiento no tiene por base un capricho de un superior ni un actuar antojadizo, por el contrario, lo ha sido en correspondencia de los hechos y falta acreditada al recurrente, dentro de un debido y regular proceso administrativo.

Por estas consideraciones, normativa a la que se ha hecho referencia, documental analizada y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del EJÉRCITO DE CHILE – Comandante en Jefe del Ejército, todos ya individualizados.

Redacción del Abogado Integrante don Francisco Ljubetic Romero.

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