nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece PABLO ANDRÉS VALENZUELA CONTRERAS, Abogado, y STEPHANY BELÉN SOTO GONZALEZ, Abogados, en representación convencional de doña nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Hechos Relevantes:

1.- Su mandante, desde el día 20 de Abril de 2021 comenzó una relación laboral a través de un contrato de trabajo a plazo fijo suscrito con la Subsecretaría De Salud Pública, prestando funciones de toma de muestra TTA (Covid 19), en la ciudad de Temuco, por una remuneración mensual bruta, que, para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo asciende a la suma de $800.000 (ochocientos mil pesos). La jornada de trabajo era de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas flexibles.

2.- Que fue despedida por la Seremi De Salud De La Araucanía con fecha 31 de Diciembre de 2022. Los motivos que se atribuyen al término de su respectiva relación laboral refieren a un despido injustificado. En donde, se aplicó malamente el artículo 159 N° 4, y justamente aquello se refrenda con la carta de aviso de término de contrato de trabajo: “Por medio del presente, comunico a usted que su contrato pactado con la Subsecretaría de Salud Pública RUT RUT reservado, finalizará el día 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a la causal establecida en el ARTÍCULO 159 Nº 4, del Código del Trabajo, esto es, "Vencimiento del plazo convenido en el contrato”

3.- Que al considerar doña nombre reservado que su despido fue injustificado y además que a su contrato se le puso término en forma anticipada de manera injustificada, demandó al Fisco De Chile junto a otra compañera de trabajo, en la misma situación, en causa RIT O-47-2023 del Juzgado del Trabajo de Temuco. Es importante señalar que si bien la ex empleadora de su representada era la Seremi De Salud De La Araucanía se demandó al Fisco de Chile ya que la Seremi De Salud es un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Salud, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.

4.- Que por sentencia definitiva de fecha 03 de mayo de 2023 la cual se encuentra firme y ejecutoriada el Juzgado del Trabajo de Temuco acogió la petición de cobro de prestaciones laboral condenando al Fisco De Chile. El monto que según liquidación realizada en la causa de cobranza laboral (cumplimiento de sentencia) RIT C-219-2023 del Juzgado del Trabajo de Temuco (cobranza laboral) era la suma de $4.291.682 -lo adeudado-, sin embargo, actualizado de conformidad a Tesorería General de la República, quedó finalmente con reajustes e intereses en un monto de $4.463.475 5.- Que el Fisco De Chile a través de Tesorería General De La República (Tesorería General De La Araucanía) no realizó el pago íntegro a la demandante doña nombre reservado, indicando que se le iba a retener el monto de $3.744.303 al registrar deuda por concepto de CRÉDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

6.- El día en que sus abogados concurren a Tesorería General de la Araucanía a realizar consulta sobre el pago de la recurrente en la causa mencionada, una funcionaria informa a la actora se le retuvo la suma de $3.744.303 por registrar deuda por CRÉDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”. Ese mismo día su representada tomó conocimiento de la retención según Certificado comprobante de compensación y Comprobante de egreso (formularios 34) ambos de 14 de septiembre del año 2023.

2.- Actos arbitrarios e ilegales:

El artículo 17 de la ley 20.027 “que Establece un Sistema de Financiamiento para la Educación Superior” es la norma especial aplicable en la materia tratándose de deudas por crédito universitario aval del Estado “CAE”, que es el caso de su representada y que debe primar y sobreponerse respecto de cualquier otra disposición legal conforme al principio de especialidad contenido en los Artículos 13 y 4 del Código Civil. Señalando lo siguiente el Artículo 17 de la Ley 20.027: “Artículo 17.- La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. En tal caso se considerará deudor al empleador y se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes. La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.”

Conforme a las normas de hermenéutica legal Artículos 19 al 24 del Código Civil, específicamente el Artículo 19 del Texto legal citado “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu..”

En este sentido del tenor literal del Artículo 17 de la Ley 20.027 Tesorería sólo puede retener devolución de impuesto por concepto deudas de crédito universitario y no un crédito laboral como ocurrió en la especie, ya que en el caso de nuestra representada no se le retuvo un devolución de impuesto sino un crédito laboral que obtuvo en un juicio laboral contra el Fisco De Chile, en consecuencia nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegal de Tesorería , ya que excedió e infringió lo dispuesto en el art. 17 de la ley 20.027 al retener no una devolución de impuesto como lo faculta la norma sino prestaciones laborales de su representada.

3.- Garantías Fundamentales Vulneradas: “La Constitución asegura a todas las personas”

Artículo 19 Nº 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Indica que la “retención” que ha practicado la Tesorería General de la República, del crédito laboral de nuestra representada , constituye un acto arbitrario e ilegal, ya que como se hizo mención previamente en esta presentación infringe lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 20.027, además por haber ordenado una retención que no se funda en resolución judicial alguna; por ende perturba y priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de nuestra representada, establecidas en el artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República.

Pide declarar que se deje sin efecto la retención, materializada en Certificado de Compensación de fecha 14 de septiembre del año 2023 y ordene a la recurrida pagar el monto $3.744.303 que fue retenido a título de Compensación por la Tesorería General de República, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conductas ilegales y arbitrarias de la recurridas, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos:1.- Mandato judicial amplio firmado por la doña nombre reservado, de fecha 16 de enero de 2023; 2.- Sentencia en causa RIT O-47-2023, de fecha 03 de mayo del año 2023. Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; 3.- Resolución exenta N° 1902, de fecha 05 de septiembre del año 2023, emanada del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos. Respuesta de oficio de cumplimiento en causa de cobranza laboral RIT C-219-2023; 4.- Comprobante de compensación, emitido por Tesorería General de la República con fecha 14 de septiembre del año 2023; 5.- Comprobante de egreso, emitido por Tesorería General de la República con fecha 14 de septiembre del año 2023.

A folio N°6 evacua informe el recurrido FISCO DE CHILE – SERVICIO DE TESORERÍAS, quien solicita el rechazo del recurso.

RELACIÓN DE LOS HECHOS:

Sobre la materia, y para mejor comprensión, es necesario realizar una relación de los hechos, para luego expresar los fundamentos que, a juicio de este Servicio, hacen improcedente la acción de protección impetrada.

Que, tal como se puede desprender del comprobante de compensación, que se acompaña a estos autos, con fecha 08-09-2023 Tesorería General de la República procede a compensar las deudas pendientes de pago de la recurrente por la suma de $3.744.303.- Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantiene deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado, según formulario 34 folio 360953 por un monto liquidado equivalente a $3.744.303.-, en consecuencia, extinguiéndose el total de la deuda, que da cuenta certificado de movimiento que se acompaña en un otrosí.

ANTONDO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN IMPETRADO.

Que la facultad de compensación se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

El artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Asimismo, el artículo 1.656 del Código Civil y los dictámenes N°53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la Ley”.

Que para que tenga lugar un acto arbitrario e ilegal como lo aducido por la actora en el texto de la acción interpuesta, es preciso como lo ha sostenido de manera unánime la doctrina nacional, definiendo lo arbitrario “como aquello que carece de fundamento racional o que se fundamenta en el mero capricho” o de manera más extensa en la “ falta de fundamento racional de un acto , cuando el acto se desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizan , cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder” y será ilegal “ lo que contraviene una norma jurídica específica” en términos amplios abarcando la ley en sus diversas especies , los reglamentos, las ordenanzas, los decretos e incluso la ley del contrato.

De lo anterior colige, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente.

Que el actuar del Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil.

Finalmente cabe precisar que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario ilegal que impida o perturbe su ejercicio. Que para el caso de autos lo que está en discusión es la procedencia de la compensación de deudas por concepto de crédito Universitario CAE, dicha discusión se encuentra protegida por el recurso de protección, dado que no existen derechos indubitados, sino por el contrario requiere la declaración de un derecho en un procedimiento declarativo, siendo esta sede improcedente dada la naturaleza de la misma que tiene por objeto protección de dichos derechos no la declaración de los mismos.

Acompañó los siguientes documentos: 1.-Resolución de nombramiento N° 60, de fecha 04 de febrero del 2020 que designa a don nombre reservado como abogado del Servicio de Tesorería en la Novena Región de La Araucanía; y 2.-Resolución Exenta RA N°258/788/2022, Prorroga de contrato periodo 2023 3.-Certificado de movimiento Formulario 34, folio 360953, compensación.

A folio N°10 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, analizado el mérito de los antecedentes, resulta que lo discutido entre las partes es la procedencia de la compensación para solucionar la acreencia de la actora por concepto de Crédito con Garantía Estatal con la suma que le otorga la Resolución Exenta N° 1902, de fecha 05 de septiembre del año 2023 del Ministerio de Justicia.

Así, existiendo posiciones contrapuestas al respecto, no es posible sostener la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta sede a favor de la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 6 del D.F.L. N° 1 del Ministerio de Hacienda que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

CUARTO: Como se puede advertir, del claro tenor de la norma transcrita, en el considerando precedente las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido los abogados PABLO ANDRÉS VALENZUELA CONTRERAS y STEPHANY BELÉN SOTO GONZALEZ, en representación de doña nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Adoptada la decisión con el voto en contra del Ministro (s) Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, quien estuvo por acoger la acción de protección por las siguientes consideraciones:

1.- Que por la acción de protección los recurrentes piden dejar sin efecto la retención de $3.744.303 efectuada por la Tesorería General de la República correspondiente a una suma de dinero obtenida por doña nombre reservado en la causa laboral RIT C-219-2023 del Juzgado del Trabajo de Temuco seguida en contra del Fisco de Chile, entidad que justifica esta retención en deuda por concepto de CRÉDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE” que mantiene nombre reservado con el Fisco.

2.- Que en relación a lo debatido confluyen las normas del DFL 1, de Octubre de 1994, que Fija el texto refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y la ley N° 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior.

3.- Que el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 dispone que: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Por su parte, el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado asigna la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Finalmente, el inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027 en el año 2005, dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda(…)”.

4.- Que de la lectura de los preceptos citados fluye que el Servicio de Tesorerías está facultado “para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco” (artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994); para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante” (art. 34 del D.L. 1.263, de 1975) y “retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito” (inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027), disposiciones todas que giran en torno a la idea de que el Servicio de Tesorerías puede compensar y retener créditos que las personas tuviesen contra el Fisco como también imputar los mismos a impuestos que se le adeudaren.

5.- Que importante es señalar que la Ley N° 20.027 en el año 2005 estableció una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que regula la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados.

6.- Que es necesario destacar que lo que permite el inciso 1° del artículo 17 de la ley N° 20.027 a la Tesorería General de la República es la retención del impuesto a la renta que corresponda devolver al contribuyente, sin que se aluda a otros ingresos que pueda percibir el contribuyente, como el pago de una indemnización obtenida en un juicio laboral, como ocurre en la especie.

Por ello, siendo la ley N° 20.027 una ley posterior al decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 y D.L. 1.263, de 1975 y además tener un carácter de especial, en razón de la materia y los sujetos involucrados, ya que se refiere a financiamientos de estudios y créditos otorgados a estudiantes, sus normas, conforme a los artículos 4 y 13 del Código Civil, deben prevalecer (Sentencia Corte Suprema Rol 12.546-2022 y Sentencia RDJ, sentencia de 11 de diciembre de 1950, T. 47, sección 1a, págs. 546 a 550), sobre las que establece el artículo 6 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 y artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, que se refieren a impuestos y tributos.

7.- Asimismo, si bien es cierto el Servicio de Tesorería tiene facultad para compensar deudas, esa compensación solamente puede aplicarse a la existencia de impuestos adeudados, no a créditos impagos, de manera que la retención de la suma de $ 3.744.303 efectuada por el Servicio de Tesorería por concepto de crédito Universitario Aval del Estado “CAE” deviene en ilegal y arbitraria, por lo cual la acción de protección en concepto de este disidente debe ser acogida.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Sra. Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-13560-2023.(jog)