nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece KEVIN ABEL CANEDO CUETO, abogado, en nombre de don nombre reservado y de doña nombre reservado, venezolanos, quien interpone Recurso de Protección en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, INMIGRACIÓN Y CHILENOS EN EL EXTERIOR, en representación del CONSULADO DE CHILE EN LIMA y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 2 de la Ley 21.080, con domicilio en domicilio reservado, comuna de Santiago por privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el Artículo 19 en su numeral 2 de la Constitución Política de la República, es decir, la igualdad ante la ley, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de las recurrentes como afectadas:

RELACIÓN DE LOS HECHOS.

Doña nombre reservado es titular de la residencia definitiva y actualmente residen en nuestro país. Además, es hermana de don nombre reservado.

En fecha 8 de octubre de 2019, el recurrente, solicito la visa de responsabilidad democrática a través del Sistema Atención Consular. Posteriormente, fue citado para presentarse al Consulado de Chile en Caracas. Después, le informaron que la cita seria reprogramada. Finalmente, en fecha 11 de noviembre de 2020, fue víctima del cierre masivo de solicitudes de visa de responsabilidad democrática. Dicho acto, constituye un acto ilegal y arbitrario porque resuelve de manera genérica todas las solicitudes de visa que se encontraban en trámite, siendo evidente que no todas las personas se encuentran en la misma situación. Tal irregularidad constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración el artículo 41 de la Ley 19.880.

En este orden de ideas, el rechazo de las solicitudes se funda en el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros dispuesto en virtud del Decreto Supremo N° 102. Dicha fundamentación, no resulta acertada, pues si bien el citado acto administrativo prohibía el tránsito de extranjeros a territorio nacional -producto de la emergencia sanitaria- dicho decreto sufrió diversas modificaciones. Así las cosas, el Decreto Supremo N° 102, fue derogado por el Decreto Supremo N° 295 de fecha 30 de noviembre de 2021. Por tanto, los motivos que dieron origen al cierre de las solicitudes de fecha 11 de noviembre de 2020, actualmente, ya no existen.

El director de Asuntos Consulares señalo en diversos medios de comunicación pública que el cierre de solicitudes de fecha 11 de noviembre de 2020, significaba una “suspensión informática” y no un rechazo de las solicitudes de visa. En consecuencia, las solicitudes de visa cerradas en virtud del correo electrónico de 11 de noviembre de 2020 se encontrarían en trámite. Sin embargo, habiendo transcurrido casi 3 años desde el “cierre informático” de la solicitud no ha reportado ningún avance. A continuación adjunto noticia del periódico electrónico “El mostrador” de fecha 13 de noviembre de 2020, donde se publica la noticia referida.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen N° E92182 señalo que “En cuanto al rechazo masivo ocurrido el 11 de noviembre de 2020, no resulta plausible que la autoridad fundamente su decisión en el prolongado cierre de fronteras a causa del COVID-19 y en la pérdida de vigencia de los certificados de antecedentes penales que debe acompañar el interesado y después verificar un funcionario, ya que tales circunstancias no implican por sí solas poner fin al procedimiento en términos desfavorables para los requirentes de visas. Lo anterior, puesto que el hecho de exceder el plazo legal de tramitación del procedimiento administrativo no puede servir de argumento para perjudicar a los interesados, denegándole las solicitudes respectivas, por lo que esa repartición deberá revisar las mencionadas decisiones y resolverlas de acuerdo con el ordenamiento jurídico.”

Finalmente, cabe recordar que el mismo criterio ha sostenido recientemente este tribunal en causa sobre protección Rol N° 555-2023 señalando al respecto que “QUINTO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N 2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra del recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus visas de responsabilidad democráticas, mediando un pronunciamiento á administrativo terminal acerca de la solicitud efectuada, obteniendo con ello una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo”

Si bien le corresponde al Estado decidir a quién admite en su territorio y la situación migratoria de los extranjeros, ello no puede comprometer la esencia del derecho de la libertad ambulatoria y no debe invertirse la relación entre el derecho y su restricción, esto es, entre la norma y la excepción, por cuanto estas últimas deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos sustanciales, debiendo las restricciones y excepciones al ingreso, adecuarse al principio de proporcionalidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, se ha referido expresamente acerca de la diáspora como consecuencias del atropello de los derechos humanos que afecta a los naturales de esa nacionalidad. El citado instrumento es un antecedente internacional suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a los amparados en Chile, lo que se ve complementado con lo atinente de la Nota de ACNUR para los Refugiados que solicita a los Estados la aplicación del Principio de No Retorno y los alienta a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas.

Las circunstancias antes descritas importan necesariamente un problema de seguridad jurídica, dejando a la parte actora en una situación de incertidumbre completamente injustificada, vulnerándose de este modo la garantía fundamental de la igualdad ante la ley frente al resto de los ciudadanos cuyas solicitudes son resueltas en tiempo oportuno, lo que amerita adoptar una medida en resguardo de los derechos de los afectados.

Finalmente, es necesario dejar constancia que, en este caso, rige Oficio Circular N° 96, de 9 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, el cual, establece los requisitos para el otorgamiento de la visa de responsabilidad democrática, en atención a que era la normativa que se encontraba vigente al momento en que se realizó la solicitud.

I. Decreto Ley 1094.

Resulta necesario para resolver el presente recurso, determinar el origen de la denominada “Visa de Responsabilidad Democrática”, que el Gobierno de Chile puso a disposición de ciudadanos venezolanos. Al efecto, en virtud de lo preceptuado en el artículo 91 del Decreto Ley Nº 1094, que regula la Ley de Extranjería, y en especial las atribuciones del Ministerio del Interior y del Departamento de Extranjería y Migración, en concordancia con el artículo 177 del Decreto Nº 597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, dada la situación humanitaria existente en Venezuela, se creó una Visa de Residencia Temporal, para permanecer en Chile, a los nacionales de dicho país, que desearan radicarse en Chile, denominada Visa de Responsabilidad Democrática, con vigencia por un período de tiempo de un año, prorrogable por el mismo período, disponiendo de un procedimiento para tramitar su obtención a través del artículo 50 letra f) del Reglamento de Extranjería y la Resolución Exenta Nº 3.042 de 9 de agosto del 2019.

También es importante señalar que, en fecha 22 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto N° 237 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que establece el visto consular de turismo a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, el recurrente, sin una visa, no pueden ingresar al país.

II. Igualdad ante la ley, articulo 19 N°2 Constitución Política de la Republica.

El Artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política establece lo siguiente “La Constitución asegura a todas las personas: …2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”

Esa garantía Constitucional, sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa, siendo que, si dicha balanza se inclina hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y, por ende, no hay justicia. Cabe agregar que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia.

En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios. En este caso específico, la recurrente, está siendo víctima de discriminación arbitraria con relación a los demás administrados quienes han obtenido una respuesta a sus permisos de residencia en plazos racionales.

III. RESOLUCIÓN 2/18 MIGRACIÓN FORZADA DE PERSONAS VENEZOLANAS DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

En el numeral 3 de la citada resolución, la CIDH exhorta a los Estados Miembros de la OEA, en un marco de responsabilidad compartida y en conjunto con la comunidad internacional, a: “Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a garantizar la reunificación familiar de las personas venezolanas con sus familias.”

Acto seguido en su numeral 4 dispone “Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites.”

REMEDIO SOLICITADO.

Conforme a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicito a Vs. Ilma. se ordene a la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones exteriores, a:

I) Resolver la solicitud de visa de responsabilidad democrática de don nombre reservado señalando expresamente que deberá resolverse de acuerdo con la normativa que se encontraba vigente al momento de su presentación dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de 30 días. y, en general, adoptar todas las demás medidas que estime necesarias para esos efectos, con expresa condena en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Cedula de identidad respecto de doña nombre reservado emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación; 2. Solicitud de visa de responsabilidad democrática presentada por don nombre reservado emitida por el Sistema de Atención Consular; 3.

Correos electrónicos que informan la recepción y el cierre de la solicitud emitidos por el Sistema de Atención Consular; 4.

Sentencia definitiva en causa Rol N° 555-2023 emitido por la ICA de Temuco; 5. Dictamen N° E92182 emitido por la Contraloría General de la Republica; 6.

Pasaporte respecto de don nombre reservado emitida por su país de origen.

A folio N°12 evacua informe el recurrido DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, INMIGRACIÓN Y DE CHILENOS EN EL EXTERIOR, quien solicita el rechazo del recurso.

A. Incompetencia Que de la lectura del presente recurso consta que el afectado, es decir, la persona respecto de las cual se ha interpuesto el presente habeas corpus se encuentra residiendo en su país de origen, Venezuela, tal y como lo indica el propio recurrente en su escrito. En efecto, la razón por la cual se interpone este recurso es porque se encuentra en el extranjero y desea ingresar a Chile, no encontrándose residiendo en los hechos en nuestro país.

Luego, la acción constitucional se dirige en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Consulado General de la República de Chile en Caracas, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Por lo tanto y en conformidad con lo expuesto, respetuosamente venimos en solicitar a esta ilustrísima Corte de Apelaciones el declarar su incompetencia relativa para conocer la presente acción constitucional, desde que el acto recurrido aconteció o tendrá efectos en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones. A mayor abundamiento, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1 señala que "El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitrario o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieran producido sus efectos, a elección del recurrente... ". En consecuencia, se desprende que el acto por el cual se reclama aconteció o producirá sus efectos en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones. En virtud de lo expuesto, la presente acción constitucional de amparo debe ser rechazada por no ser interpuesta dentro del territorio jurisdiccional competente para conocer del asunto. Si bien dicha norma se señala a propósito del recurso de protección, mismo criterio debiese aplicarse en el presente recurso de amparo.

A mayor abundamiento, es necesario tener presente que la recurrida tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, y si bien podría estimarse que no existen normas especiales de competencia relativa en materia de amparo, debe aplicarse la norma del artículo 138 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales el que señala: "a falta de estipulación de las partes, lo será (juez competente) el del domicilio del demandado "-énfasis añadido.

Al respecto es necesario tener presente lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, quien con fecha 24 de octubre de 2022, se declaró incompetente para conocer del recurso de amparo interpuesto en favor de una persona que no reside en domicilio reservado, señalando lo siguiente:

''San Miguel, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Resolviendo la presentación de folio 1: Vistos y teniendo presente: Atendido el mérito de los antecedentes, aparece que la afectada domiciliada en Venezuela recurre contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo domicilio corresponde a la comuna de Santiago, con lo que sólo cabe declarar la incompetencia de este tribunal. Que, por lo razonado precedentemente, esta Corte se declara incompetente para conocer de la acción deducida, ordenándose la remisión de los autos a la I. Corte de Apelaciones de Santiago, vía interconexión, para su conocimiento y resolución. Cúmplase por la vía más más rápida "- énfasis añadido.

También resulta necesario señalar lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien con fecha 08 de noviembre de 2022, declaró su incompetencia para conocer de los recursos de AMPARO Rol N°2137-2022; Rol N°2104-2022 y Rol N°2170-2022, como también en las causas Rol 2219-2022 y Rol 2262-2022 en donde se señaló:

"TERCERO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, domicilio actual de la amparada y que se recurre en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra asentado en Teatinos N180, de la ciudad de Santiago, de lo que se colige que los efectos del acto se producirían fuera del territorio jurisdiccional de este Tribunal de Alzada, esta Corte resulta incompetente para conocer del presente recurso.

CUARTO: Que, el razonamiento precedente es suficiente para desestimar la alegación de la abogada que concurrió a estrados, quien aseveró que la competencia de este Tribunal de Alzada estaba dado por su domicilio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art culo 21 de la Constitución Política de la República y en el respectivo Auto Acordado sobre la materia, se declara la incompetencia de esta Corte para conocer del recurso de amparo interpuesto a folio N1, debiendo remitirse los antecedentes a la I. Corte de apelaciones de Santiago, por corresponderle su conocimiento y resolución''-énfasis añadido.

En este mismo sentido, hago presente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillan, con fecha 23 de diciembre de 2022, en la causa PROTECION Rol N°6666-2022 y Rol N°7868-2022, declaró su incompetencia relativa, remitiendo los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que: "6.-Que, en consecuencia, no existen antecedentes que permitan colegir que la omisión que se estima ilegal se haya cometido en el territorio jurisdiccional de esta Corte. Asimismo, no se divisa razón para concluir que los efectos de la omisión se producirían en la jurisdicción de este Tribunal de Alzada, siendo al efecto del todo insuficiente que el abogado y su representada fijen domicilio "para estos efectos" en la comuna de Coihueco. " -énfasis añadido. Lo anterior fue CONFIRMADO por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 18 de enero de 2023, en las causas Rol CS N°242-2023 y Rol CS N°243-2023.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el evento que esta Corte rechace la excepción de incompetencia deducida por esta parte, vengo en evacuar el informe requerido a esta autoridad, solicitando desde ya que se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad que prive, perturbe o amenace garantía alguna protegida por la acción impetrada. Lo anterior, en conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

B. De la solicitud del recurrente Que revisado el sistema SAC con el número de pasaporte del recurrente, nombre reservado, pasaporte N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, no tiene solicitudes recientes. En efecto, la única solicitud que se puedo encontrar es una antigua solicitud de VRD efectuada el año 2019, a saber:

Por nombre reservado, pasaporte N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, fue ingresada solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) SAC N°740059 (N°2434514) con fecha 08 de octubre de 2019, ante el Consulado General de Chile en Caracas, Venezuela.

Hace presente que se está recurriendo por una solicitud de VRD del año 2019, es decir, se recurre respecto de hechos que han acaecido durante el año 2019 y 2020, hace al menos 3 años atrás, los que no se condice con el carácter cautelar y urgente de la acción impetrada, pues así los ha señalado la jurisprudencia judicial. A modo ilustrativo, el recurso de amparo Rol N°668-2022 tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, señaló: "TERCERO: Que, a mayor abundamiento, refuerza la improcedencia de la acción intentada, el hecho que desde la ocurrencia del acto que se estima vulneratorio ha transcurrido más de un año sin que la parte realizará alguna alegación, lo que no se condice con la premura de la decisión que debe emitirse en los recursos de amparo "- énfasis añadido. Lo anterior fue confirmado por el Excelentísima Corte Suprema, con fecha 09 de septiembre de 2022, en la causa Rol CS N°76105-2022. En este mismo sentido: Amparo Rol N°806-2022 tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en Rol CS N°138361-2022; Amparo Rol N°772-2022 tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en Rol CS N°123674-2022.

Además es necesario tener presente lo dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia: "lo.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos ".

En caso de autos ha transcurrido con creces el plazo establecido en dicha norma, siendo esta acción de protección totalmente extemporánea, considerando que el acto denunciado tiene fecha cierta y conocida por el recurrente, y aun así aparece accionando de protección vencido dicho plazo. El hecho que el recurrente se haya mantenido en completa inactividad y no haya perseverado en su solicitud, no es un hecho que pueda ser imputable a esta autoridad, más aún si se considera que durante estos últimos 3 años el recurrente no ha realizado ninguna otra gestión en orden a obtener la visa requerida, considerando que se ha encontrado habilitado para ingresar nuevas solicitudes ante la autoridad migratoria competente. Así las cosas, solicito a S.S Iltma que se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por ser este extemporáneo y por no existir acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad que prive, perturbe o amenace ninguna de las garantías constitucionales protegida por la acción impetrada.

Por otro lado, resulta necesario tener en consideración los nocivos efectos y perniciosas consecuencias que ha tenido la interposición masiva de recursos de amparo y protección relacionados con las solicitudes de visa desde el extranjero ante esta autoridad, toda vez que obliga a la autoridad migratoria a postergar otras solicitudes en beneficio de algunos, lo que de alguna manera atenta contra el principio de igualdad ante la ley, lo que ha sido reconocido expresamente por la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos, así, a modo ejemplar con fecha 20 de septiembre de 2022, en la causa Rol N°91061-2022, se señaló en su considerando N°4 lo siguiente: "4° Que, por otra parte, de acogerse requerimientos como los de la recurrente en autos y ordenarse la aceleración del proceso administrativo en curso por esta vía, pudieran eventualmente significar una vulneración del principio de igualdad ante la ley, que consaera el artículo 19, N°2 de la Carta Fundamental. respecto de que los que verían demoradas las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes, de contrario, a través de esta vía, obtendrían que la autoridad administrativa se abocase con prioridad y preferencia al análisis y resolución de sus requerimientos". Mismo criterio se aplicó recientemente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien en la causa amparo Rol N°35-2023, rechazó dicha acción señalando expresamente los mismos argumentos, lo cual fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 23 de enero de 2023, en la causa Rol CS N°5748-2023.

En un sentido similar se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa de amparo Rol N°2707-2022, donde se dispuso: "QUINTO: Que sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de la petición del amparado. No obstante lo anterior, esta Corte no puede dejar de advertir que no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se echa en falta por el recurrente, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos." -énfasis añadido.

En este orden de ideas, aparece relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse.

En consecuencia la interposición de este recurso carece de sustento y fundamento legal, por ser este extemporáneo, toda vez que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio de derecho o garantía alguna protegido por la acción impetrada, razón por la cual solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección.

1. El derecho alegado por la recurrente no es indubitado.

Por haber presentado la solicitud de VRD, el recurrente o por quien actúa en su favor no adquiere el derecho a obtener dicha visación para residir en Chile. El requirente está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa citada en los capítulos anteriores, para obtener eventualmente la autorización por parte de la autoridad consular competente. El único derecho que se configura para el administrado por haber presentado una solicitud de VRD ante el Consulado respectivo, es el de obtener una respuesta por parte de la autoridad consular, la que podrá ser eventualmente impugnada por las vías legales o administrativas correspondientes.

Para el caso de autos, no se ha configurado el derecho constitucional del artículo 19 N°7 letra a) de la Constitución Política de la República de ingresar a Chile; por cuanto éste establece que las personas tendrán el derecho de entrar y salir del territorio de la República en la medida que cumplan con las normas establecidas en la ley y salvando siempre el perjuicio de terceros. Para el caso de los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, dicho derecho se configurará para entrar en calidad de turista o residente una vez que obtengan la visa o visto de turismo correspondiente.

Acoger el planteamiento contrario ("si la recurrente cumple -en su opinión propia- los requisitos legales para ser beneficiario de una VRD, no es necesario que medie la autorización que dispone la normativa chilena para ello"), significaría entender que la mera solicitud de una VRD configura el acceso, en términos absolutos e indubitados, al derecho constitucional mencionado anteriormente. Esta hipótesis resulta evidentemente absurda, y por tanto, existiendo -como se ha expresado antes- aún un procedimiento administrativo pendiente de ser concluido, la recurrente debe esperar dicho evento para: (Io) obtener la visa correspondiente y poder entrar al territorio de Chile quienes resulten beneficiarios; u (2o) obtener la resolución de rechazo de la solicitud de VRD, la que podrá ser impugnada por las vías administrativas y judiciales que correspondan.

Sea cual fuere el escenario en torno a la tramitación del expediente administrativo, la autoridad consular respectiva debe ajustar su actuar conforme a la delimitación que la misma constitución fija para permitir el ingreso al territorio de la República de Chile, es decir, el cumplimiento de las normas legales y salvando el perjuicio de terceros (Ej.: razones de conveniencia o utilidad nacional, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 64 del citado Decreto Ley N° 1.094).

En este sentido, ese Ilustrísimo Tribunal, en un caso de similares características -correo electrónico informativo sobre gestión del proceso de la VRD-, ha indicado que "[...] el derecho a permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse al interior de aquélla y entrar y salir de su territorio, cumpliendo las normas establecidas por la Ley, aspecto relevante, no aparece como conculcado, pues hasta el momento, no se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y administrativas por parte de la recurrente de amparo y, además, porque aquella carece de un derecho indubitado vara ingresar al país."1 -énfasis agregado-.

Finalmente, es necesario señalar que dentro del ordenamiento jurídico nacional existen procedimientos de reclamo ante los órganos administrativos respectivos para el caso en que la parte solicitante estime que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los interesados, siendo evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar de amparo, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados (lo que no se verifica en autos), se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, más si consideramos que la recurrente no reside en Chile, encontrándose en el extranjero.

2. Corresponde informar a esta DIGECONSU por los Consulados de Chile en el Exterior y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en estas materias.

Como es sabido, corresponde a esta Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior (DIGECONSU) informar a US. Iltma. respecto a causas referidas a resoluciones y actos emanados de los Consulados de Chile en el exterior, en virtud de las facultades y atribuciones que le otorga a esta Dirección General la ley N°21.080, publicada el 20 de marzo de 2018, en particular el artículo 15 N°2, el cual establece: "Xa Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior es la responsable de estudiar, diseñar, proponer, coordinar y ejecutar la política del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia consular, migratoria y de protección de los derechos e intereses de los chilenos en el exterior. Colabora con las políticas de inmigración establecidas por las autoridades pertinentes y vela por el funcionamiento de los Consulados de Chile y la atención del cuerpo consular residente'".

Pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección.

A folio N°12 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, conforme los antecedentes existentes en estos antecedentes, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que el recurrente con fecha 08 de octubre de 2019, solicitó la visa de responsabilidad democrática a través del Sistema Atención Consular, siendo el actor víctima del cierre masivo de solicitudes, se encontraría en trámite, sin embargo, transcurridos más de cuatro años, no han reportado ningún avance. Todo lo cual contraría la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Decreto Ley 1094, y, lo dispuesto por el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, referente a la igualdad ante la ley, lo que relaciona con los demás administrados que han obtenido una respuesta a sus permisos de residencia en plazos racionales.

TERCERO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, el cual impone a la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y del principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575; obligaciones que a juicio de este Tribunal de Alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la iniciación del trámite, esto es, la solicitud de la visa de responsabilidad democrática, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 06 de octubre de 2023, ha transcurrido un tiempo que ha excedido con creces los seis meses el procedimiento administrativo desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, no pudiendo estimarse razonable la excepción estatuida en el artículo 27 de la Ley N° 19880, la cual señala que, “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

CUARTO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo informado por la recurrida en su informe, ha incurrido en demoras excesivas que pugnan con la razón, y se oponen de manera hostil a los principios referidos en la presente sentencia, omisión que, además, se estima innecesaria e injustificada, lo que la torna arbitraria e ilegal. Tal irregularidad, como se señaló, constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración la ley vigente y los principios citados.

QUINTO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra del recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus visas de responsabilidad democráticas, mediando un pronunciamiento administrativo terminal acerca de la solicitud efectuada, obteniendo con ello una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

SEXTO: Que, resulta útil-en todo caso- indicar que esta Corte ha de limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a las garantías fundamentales vulneradas, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de la visa de responsabilidad democrática de los recurrentes, por lo que el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

SEPTIMO: Que, por último en cuanto a la incompetencia alegada, aquello no es de la manera que se indica pues precisamente el recurso da cuenta de un domicilio que para estos efectos se encuentra en esta comuna, y en todo caso, tal como se advierte del mismo de seguirse dicho argumento por la vía forma, se desestimaría esta acción constitucional, lo que no guarda relación con la trascendencia que para la pervivencia y observancia de los derechos constitucionales posee. De igual modo en lo relativo, a la que se trataría el presente de un acción extemporánea bastará considerar que, efectivamente nos encontramos frente a un acto omisivo de la administración estatal, y como se desprende de los hechos narrados en el libelo de inicio, claramente las respuestas otorgadas por el servicio público a quienes reclaman, hacen que aparezca que se ha accionado dentro de plazo, razones que llevan a desestimar lo peticionado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

I.- Que, se desestiman las alegaciones de incompetencia y extemporaneidad promovidas.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don Kevin Abel Canedo Cueto, abogado, en favor de don nombre reservado y de doña nombre reservado, venezolanos, solo en cuanto se dispone que la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, en representación del Consulado de Chile en Caracas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá emitir pronunciamiento sobre la solicitud de visa de responsabilidad democrática de don nombre reservado, dentro de un plazo de 60 días de ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13537-2023. (cwm)