nombre reservado con SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN

C.A. de Temuco Temuco, once de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, nombre reservado, interponen recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA ARAUCANIA; por incurrir en actos arbitrarios e ilegales, específicamente el haber excluido a las recurrentes del Subsidio de Habitabilidad Rural D.S. Nº 10 del año 2015, previamente otorgado mediante Resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanización.

I.-DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Con fecha 05 de septiembre de 2023, les fue notificado a los recurrentes del rechazo del subsidio habitacional otorgado anteriormente. Por lo que se encuentra dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

II.-HECHOS La Municipalidad de Renaico, en el mes de octubre de 2017, entregó a la Entidad de Gestión Rural “Consultora ANTU E.I.R.L.” (EGR), un listado de familias de esa comuna para ser postuladas al Programa Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Decreto Supremo N° 10 del año 2015.

La EGR, inicia un trabajo de habilitación de las familias, conformándose dos grupos, uno factible de postular en un primer momento y otro que requería una mayor preparación. Dentro del listado, algunas personas eran residentes de la localidad de Huelehueico, todas vecinas, conocidas entre sí y participantes de otras agrupaciones apoyadas por el Municipio de Renaico (Ej. PRODESAL).

Es necesario señalar que el año 2018 la EGR, conformó un primer grupo con 5 familias de Huelehueico, domiciliadas en Renaico según Registro Social de Hogares y con terrenos enrolados en la comuna de Collipulli e inscritos en el Registro de Propiedad de ese Conservador de Bienes Raíces, quienes se postularon siendo favorecidos con el beneficio habitacional a través de la Resolución Exenta Nº 439 del 01 de febrero de 2019, teniendo a la fecha todos ellos su vivienda construida con recepción municipal.

El año 2019, otras familias del listado entregado por la Municipalidad, pertenecientes a la localidad de Huelehueico, fueron integradas al colectivo denominado “Los Canelos 2” de la comuna de Renaico y postulados al Subsidio de Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda bajo la Resolución N°1636 del 12 de julio del año 2019. Durante el proceso de postulación, con fecha 15 de octubre de 2019, la Delegación Provincial SERVIU Angol, a través de su profesional social nombre reservado, realiza observaciones a la EGR y solicita mediante correo electrónico aclarar “a qué comuna corresponden finalmente” los postulantes nombre reservado y nombre reservado, ambos de la localidad de Huelehueico, ya que “presentan documentos de la DOM de Collipulli y propiedad habitacional en Collipulli, pero su Registro Social de Hogares (RSH) corresponde a Renaico”.

La observación, es respondida por la EGR a través de correo electrónico con fecha 16 de octubre de 2019, indicándose que de acuerdo a la Resolución Exenta de Llamado a Postulación N°1636 del 12 de julio de 2019, que señala: “para todos los efectos a que haya lugar, se considerará como residencia del postulante el domicilio que se consigne en el Registro Social de Hogares” (Artículo 4), ambos postulantes: nombre reservado y nombre reservado, se domicilian en la comuna de Renaico.

La subsanación, fue aceptada por SERVIU, ya que con fecha 30 de diciembre de 2019 el proyecto obtiene la calidad de Seleccionado en el Sistema Informático RUKAN del MINVU, y la Resolución Exenta N° 864 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, resuelve la aprobación de la nómina de postulantes seleccionados del grupo “Los Canelos 2” incorporados don nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado y doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado.

Los proyectos habitacionales de ambos beneficiarios y del colectivo “Los Canelos 2” fueron elaborados por la EGR, cumpliéndose con todos los requisitos exigidos por SERVIU, en la forma y fecha indicada por el mismo, estando actualmente en revisión por parte de SERVIU Temuco.

Con fecha 05 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico, la funcionaria del SERVIU, doña nombre reservado, a través de correo electrónico señala a la EGR, respecto de los beneficiarios nombre reservado y nombre reservado, lo siguiente:

“Efectivamente es decisión de las familias donde residen, no obstante, es parte de la habilitación de la demanda que la EGR defina de manera certera que los documentos que presentan las familias guarden concordancia con los requerimientos normativos de nuestros llamados. De esta manera, es la EGR la que debe revisar que exista concordancia donde efectivamente se encuentra el terreno y donde las familias tienen su RSH, si la información es discrepante es un hallazgo o pesquisa que debe hacer la EGR, de tal manera que la aplicación del beneficio sea el correcto, por cuanto el expediente, que fue la manera de postular de estas familias, puede resultar insuficiente para que Serviu pueda ver fehacientemente lo que existe en terreno, de allí que la labor de que la familia sea hábil es responsabilidad de la EGR.

De esta manera, al día de hoy las familias están postuladas para la comuna de Renaico sin que sus terrenos estén en la misma comuna, situación que la EGR debe corregir en la etapa de habilitación. Serviu revisa que la normativa esté cumplida, en el entendido que el convenio CRAT de la EGR establece la veracidad de los documentos que presenta la consultora con el respectivo análisis de los profesionales acorde que tiene contratados. En razón de ello, agregar que, no es posible realizar modificaciones al proceso de postulación, por ende, no es posible cambiar a las familias de comuna (porque además tampoco existen fundamentos para ello) y en razón de ello, las familias debieran renunciar y ser postuladas de acuerdo a la comuna en que se encuentra el terreno y ello ser concordante con la comuna donde tienen su RSH, situaciones como estas se respaldan en pronunciamiento ministerial de acuerdo a mismo caso en otra EGR.

Agregando en correo siguiente: “Agradeceré proceder con las indicaciones que se entregan desde el nivel central del programa rural:

Artículo 65. Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda, y en el caso que el proyecto de habitabilidad se encuentre terminado, ejercerá las acciones para obtener la restitución del subsidio, salvo en el caso de la tipología de Construcción de Conjuntos Habitacionales. donde el SERVIU podrá reasignar la vivienda, de común acuerdo con el respectivo grupo.

Si las solicitudes, documentos anexos a ellas, u otros documentos exigidos por este reglamento, adolecieren de alguna inexactitud que a juicio del SERVIU haya incidido en la selección del beneficiario, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

Las infracciones a las disposiciones de este reglamento, detectadas con posterioridad a la aplicación del beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija la restitución de la totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidios, al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de la restitución.

Los efectos en caso de infracciones que sean imputables a la Entidad de Gestión Rural. quedarán establecidos en el convenio que suscriba con la SE RE MI MINVU, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40 del presente reglamento.

Indican los recurrentes que no comparten lo planteado por SERVIU ni la medida indicada, por los motivos siguientes:

1.- La discrepancia entre comuna de residencia y comuna donde está inscrita la propiedad, fue conocida por SERVIU y subsanada oportunamente por la EGR Antu, sin posteriores cuestionamientos, siendo el colectivo “Los Canelos 2” íntegramente seleccionado en el otorgamiento del Subsidio Habitacional.

2.- El año anterior, otro colectivo, conformado por nuestros vecinos quienes al igual que nosotros son parte de la localidad de Huelehueico, donde hemos residido desde siempre, con las mismas características de ruralidad y domicilio, fue beneficiado por SERVIU sin cuestionamiento alguno durante la postulación, elaboración del proyecto, construcción de las viviendas y recepción de éstas por todas las instituciones correspondientes.

3.- La EGR, se ajustó íntegramente a los requerimientos normativos de Llamado a Postulación a través de la Resolución Exenta N° 1636 del 12 de Julio de 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

4.- Las inscripciones de propiedad de ambos, indican que sus domicilios están en la comuna de Renaico y que su propiedad fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Collipulli.

5.- Han esperado tres años para la construcción de nuestras viviendas, estando en su última etapa cual es la aprobación del proyecto habitacional por el departamento de evaluación de proyectos de SERVIU, ya que son familias en condición de alta vulnerabilidad, con problemas de salud y hacinamiento y requieren imperiosamente la construcción de sus casas.

6.- Desde siempre han habitado en la localidad de Huelehueico, se sienten parte de un todo y realizamos nuestras actividades en la comuna de Renaico, donde accedemos a los servicios educacionales y de salud y son asesorados e integrados a programas sociales y productivos de la Municipalidad de Renaico.

7.- Al momento de nuestra postulación, la localidad de Huelehueico figura como parte del territorio de la comuna de Renaico en el respectivo Plan de Desarrollo Comunal (2016-2020), no así en el Plan de Desarrollo Comunal de Collipulli (2019-2022).

Por lo tanto, consideramos improcedente renunciar a su beneficio habitacional obtenido el año 2020, ya que las consecuencias de la distribución política administrativa de la población, los límites comunales, la aplicación de los instrumentos estatales y las inscripciones en los Conservadores de Bienes Raíces, y la forma como estos operan, no deben afectar negativamente a los habitantes de los territorios fronterizos que en su gran mayoría somos familias socialmente vulnerables, toda vez que son las entidades estatales las llamadas a revisar, evaluar, mejorar y corregir sus procedimientos técnicos administrativos.

III.-EL DERECHO.

1. Del acto arbitrario e ilegal.

El mecanismo de tutela por excelencia de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, es el Recurso de Protección, acción establecida expresamente en la norma fundamental en su artículo 20 que señala lo siguiente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sutra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2.°, 3.° inciso cuarto, 4.°, 5.°, 6.°, 9.° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, y 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

El Recurso de Protección es una acción jurídica que busca reestablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de todo aquel, que, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, lo que determina su marco acotado de actuación. Dicho acto u omisión puede provenir de algún particular o bien de la Administración del Estado, como sucede en los antecedentes que motivan esta presentación.

1.1 De la Ilegalidad Comúnmente se estima que lo ilegal es una contravención formal al texto, que en el caso en cuestión implica o trae como consecuencia directa la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la CPR.

Que dicha ilegalidad se manifiesta en la decisión de hacerlos renunciar al colectivo denominado “Los Canelos 2” de la comuna de Renaico y rechazar el Subsidio de Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda bajo la Resolución N°1636 del 12 de julio del año 2019, incumpliendo una serie de normas tanto legales como estatutarias, entre las que se encuentran las correspondientes a las normas propias de las leyes N°19.880 y N°19.418 en la manera que a continuación se expone:

A. Ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos:

La ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado señala en su artículo 2 que su ámbito de aplicación corresponde entre otros, a: ‘‘los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa’’, como el caso del recurrido, adicionalmente señala en su artículo 3° que son actos administrativos: ‘‘las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública’’ las cuales ‘‘tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones’’. De esta manera, encontrándonos ante un acto administrativo, concretamente una resolución, emitida por un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa, concretamente, el SERVIU Metropolitano, resulta plenamente procedente la aplicación de los estándares señalados en la mencionada ley.

De esta manera, la referida ley, en su párrafo 3°, destina una serie de normas a la etapa de instrucción del procedimiento administrativo, concretamente en el artículo 34 señala que: ‘‘Los actos de instrucción son aquéllos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto’’ , ergo, es menester que en cada acto administrativo se proceda a la determinación, conocimiento y comprobación de los actos en virtud de los cuales se debe emitir el pronunciamiento. Para el caso en autos, dicho procedimiento de determinación, conocimiento y comprobación pasaba por el análisis minucioso de:

1) La efectiva de haber cumplido con los requisitos y preparación para postular al subsidio habitacional establecidos en la Resolución Exenta Nº 1636 del 12 de julio de 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, siendo favorecidos con el beneficio habitacional a través de la Resolución Exenta Nº 864 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2) El hecho de subsanar los reparos formulados por la Delegación Serviu Angol, en consideración de la inexactitud sobre la comuna de residencia y comuna donde está inscrita la propiedad de los beneficiarios.

3) La subsanación, se entiende aceptada por SERVIU, ya que con fecha 30 de Diciembre de 2019 el proyecto obtiene la calidad de Seleccionado en el Sistema Informático RUKAN del MINVU, y la Resolución Exenta N° 864 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 4)

Por lo anterior, dando pleno cumplimiento Resolución Exenta de Llamado a Postulación N°1636 del 12 de julio de 2019, que en su artículo 4 señala: “para todos los efectos a que haya lugar, se considerará como residencia del postulante el domicilio que se consigne en el Registro Social de Hogares” (Artículo 4)

Dicho análisis minucioso no se verificó, o a lo menos, no con la seriedad y diligencias necesarios, pues, de lo contrario, en alguna de las irregularidades denunciadas en la presente presentación se habría detenido el ente administrativo, toda vez que la ilegalidad de las mismas no puede hacer más que llamar la atención.

1.2. De la Arbitrariedad La arbitrariedad resulta evidente, pues ni la investigación demandada por la normativa estatutaria, ni la investigación exigida en la normativa legal vigente ya referida, se verifican, o de verificarse, no cumplen con los mínimos de seriedad y diligencia que debiesen apreciarse en un acto que es susceptible de vulnerar derechos fundamentales de las recurrentes. Así, no estando debidamente fundado el acto, al carecer de los estándares mínimos a nivel de instrucción del procedimiento administrativo impugnado, malamente podría sostenerse que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado.

La obligación de motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República que establece “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. Por su parte, el artículo 11, inciso 2º de la ley 19.880 señala que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limitan, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio…” Este principio se observa también en el artículo 41, inciso 3º, de la citada ley cuando dispone que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Las normas citadas no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar, razón por la cual debe cumplirse con este requisito por imperio expreso del principio de juridicidad y legalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

En este mismo sentido, la Contraloría General de Chile sostuvo en su Dictamen Nº23.114 de fecha 24 de mayo de 2007, lo siguiente: “El principio juridicidad es un concepto amplio y moderno, con lleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan a un mero capricho de la autoridad, pues en tal caso, resultarían arbitrarios y, por ende, ilegítimos.” Claramente, en la situación expuesta se han vulnerado los principios planteados en dicho dictamen, siendo incluso la decisión de EXIGIR su renuncia al beneficio ya otorgado, para el caso, arbitraria y contraria a las normas constitucionales.

1.2. Privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho.

Con la exclusión de la recurrente de la lista de beneficiarios del subsidio habitacional del colectivo denominado “Los Canelos 2” de la comuna de Renaico, se han perturbado los siguientes derechos constitucionales que a continuación exponemos:

DERECHOS Y GARANTIAS VULNERADOS A.- ARTÍCULO 19 Nº2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley”

El derecho a la igualdad es un derecho/garantía rectora en nuestro ordenamiento jurídico, regulada transversalmente en nuestra carta magna (artículos 1, 19 N.º 2, 3, 16, 20, 22). Así en concreto, la igualdad ante la ley consiste es que, en todos los aspectos relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo. (Noguera Alcalá, Humberto. “El derecho a la igualdad ante la ley, no discriminación y acciones positivas”, Revista de derecho Universidad Católica del Norte, Nº2, pp.

61-100 Noviembre 2006.). En consecuencia, es obligación de quien aplica una norma, lo haga en los términos de la misma, sin hacer diferenciación alguna, ya que como consagra nuestra norma fundamental, “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Ahora bien, es importante precisar 2 elementos, que, a nuestro juicio, son de gran relevancia. Por un lado, la voz “arbitrariedad”, entendida como “diferencias arbitrarias” se ha entendido como aquellas fundadas en un actuar irracional, injustificado, inmotivado o por mero capricho, según han explicado la jurisprudencia y doctrina. En consecuencia, “lo prohibido son las diferencias irracionales, inmotivadas, injustificadas o por mero capricho. Por el contrario, una diferencia racional, justificada, motivada o no caprichosa está ordenada o al menos permitida”. (Díaz García, Iván. “Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, Iusfundamentalidad y consecuencias”, Revista Ius et Praxis, Nº2, pp. 33-76, 2012).

Por otro lado, podría hacerse extensible la protección consagrada en artículo 19 N°2, esto es, la prohibición de realizar alguna discriminación, entre privados. Ya que se ha planteado por parte de la doctrina que la voz "autoridad" del inciso segundo del precepto citado (que justamente contiene la prohibición de discriminación) no haría referencia sólo a aquellas de carácter público, sino también a aquellas de carácter privado. Estas últimas serían personas dotadas en los hechos de un gran poder sobre otras, normalmente al interior de cuerpos intermedios. (Díaz de Valdez, nombre reservado Manuel. “La prohibición de una discriminación arbitraria entre privados”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nº42, pp. 29-55, julio 2014).

En este sentido ya ha fallado en reiteradas ocasiones la Excelentísima Corte Suprema a modo ejemplar causas ROL 1030-2012, en sus considerados 4° y 6°; ROL 3450-2012, considerandos 5° y 6°, que reproducen el fallo previo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso; ROL 3880-2012, considerandos 7°, 11° y 17°, que reproducen el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por consiguiente, a nuestro juicio, cabría entender también extender la voz autoridad a los comités de vivienda.

En consecuencia, a lo ya argumentado, siempre que haya una diferenciación fundada en la racionabilidad o justificada, emanada de autoridad, tanto pública como privada, es válida una aplicación diferenciada de la ley, lo cual será conforme a la Constitución. Por el contrario, la no aplicación de una norma, tanto estatutaria como legal, que debiese ser aplicada al caso concreto y, por el contrario, es ignorada por la sola desidia de quien la comete, igual proceder que la recurrida en autos, sería una vulneración al artículo 19 Nº2 de nuestra carta marga. En este sentido, encontramos el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, en causa ROL 4578-2013, de fecha 18 de julio de 2013, que confirma en todas sus parte, lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa rol 1183-2013, especialmente en su considerando undécimo, donde se condenó a la recurrida, el Comité de Viviendas “Los Hijos del Olivar”, a reincorporar a tres socias que fueron excluidas, sin la correcta aplicación de las normas contenidas en sus estatutos y la ley 19418, concluyendo que, finalmente, era una vulneración al artículo 19 Nº2 de nuestra norma fundamental.

B.- ARTÍCULO 19 N°3 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA: ‘‘Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos’’.

Como se ha entendido, esta garantía está ampliamente reconocida y vinculada al desempeño de un órgano que ejerza jurisdicción, más precisamente a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, este paradigma fue extendido, gracias al muy conocido fallo del Tribunal Constitucional, causa ROL 681-2006, de fecha 26 de marzo de 2007, el cual declaro inconstitucional el artículo 116 del Código Tributario. En consecuencia, este precepto del artículo 19 Nº3 se trataría de un precepto aplicable a cualquier autoridad, que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas. (cfr. Bravo, Botta, Esteban. Ramírez Krause, Claudia. Saavedra Ramírez, Karin. “Análisis de la cuestión de constitucionalidad, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional rol Nº 681- 2006”, Revista de derecho Público de la Universidad de Chile, Vol. 73, pp. 337-353, año 2007)

En consecuencia, es plenamente aplicable este numerando a nuestro caso, ya que la resolución emana de un órgano estatal. Lo anterior, cobra especial sentido al entender que es a este órgano al que la ley – art 14, letra c) de la ley N°19.418 – confiere la potestad de afectar un derecho fundamental constitucionalmente garantizado, el derecho habitacional. Por consiguiente, desde esta lógica, consideramos que la recurrida, al exigir la renuncia de un beneficio válidamente otorgado, estaría ejerciendo jurisdicción, ya que estaría afectando derechos de terceros. Por lo tanto, debe fundar su actuar en un proceso previo legalmente tramitado, el cual consta y está consagrado tanto en los estatutos, como en la ley, lo cual, como se desprende de la relación de los hechos, la recurrida no hizo.

C.- ARTÍCULO 19 Nº24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, toda vez que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido en reiteradas ocasiones la existencia de un derecho de propiedad sobre cosas incorporales, concretamente sobre derechos de diversa índole – personales, reales, fundamentales, etc. –. De esta manera, se produce una vulneración al derecho en comento, toda vez que mediante resolución exenta N°1411 de fecha 05 de marzo del año 2014 se les otorgó un derecho, el cual mediante dicho acto administrativo hace ingreso a su patrimonio, siendo consecuencialmente resguardado por el derecho a la propiedad que consagra el artículo 19 N°24 ya citado. De esta manera, la posterior resolución exenta N°2102 de 15 de junio del año 2022 priva totalmente del dominio del derecho sobre el subsidio otorgado, haciendo plenamente aplicable el presente recurso de protección.

Pide se ordene el reintegro inmediato de las recurrentes a la nómina de beneficiarias del antes mencionado subsidio, ordenando al Director de la institución recurrida dictar de inmediato el acto administrativo que reincorpore a las recurridas, con expresa condena en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta de Selección Nº 439 del 01 de febrero de 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que beneficia a 5 habitantes de la localidad de Huelehueico, con domicilio en la comuna de Renaico y registro de propiedad en Collipulli; 2.- Resolución Exenta de Llamado Nº 1636 del 12 de julio del año 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a Subsidio de Habitabilidad Rural y que en su Artículo 4 indica cómo se define el lugar de residencia; 3.- Correo electrónica de fecha 15 de octubre de 2019 de doña nombre reservado, funcionaria SERVIU, solicitando aclaraciones; 4.- Correo electrónico de la EGR, de fecha 16 de octubre de 2019, que responde observaciones efectuadas por la funcionaria SERVIU nombre reservado; 5.- Resolución Exenta Nº 864 del 29 de mayo de 2020, de adjudicación del beneficio habitacional rural a doña nombre reservado y a don nombre reservado; 6.- Correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2022 emitido por la funcionaria de SERVIU nombre reservado, que indica programación de ingreso del proyecto habitacional Los Canelos 2, Código 24186; 7.- Copia de Registro de Propiedad de doña nombre reservado y don nombre reservado, que registra sus domicilios en la comuna de Renaico y sus inscripciones de propiedad en la comuna de Collipulli; 8.- Cartola Hogar actualizada de doña nombre reservado y don nombre reservado, que da cuenta de la condición de alta vulnerabilidad social de sus familias; 9.- Certificados año 2019 extendidos por el Comité de Agua Potable Rural y SEREMI de Salud, que acreditan que don nombre reservado y doña nombre reservado, se domicilian en la comuna de Renaico; 10.- Documento médico actualizado que indica estado de salud de don nombre reservado; 11.- Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2016 – 2020 de Renaico, páginas: 15,18,22,41,82,90,91, en que se identifica a Huelehueico como localidad de dicha comuna; 12.- PLADECO 2019-2022 de Collipulli, página web: https://municipalidadcollipulli.cl/pladeco-2019-2022.

A folio N°13 evacua informe el recurrido SERVIU, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL RECURSO DE PROTECCIÓN INTERPUESTO. - a) Don nombre reservado y doña nombre reservado, interponen Recurso de Protección, en contra de este SERVIU Región de la Araucanía, argumentando que este Servicio ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, específicamente haber excluido a los recurrentes antes referidos del Subsidio de Habitabilidad Rural DS. N° 10, del año 2015, previamente otorgado por Resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y urbanización, verificándose una clara vulneración a los derechos fundamentales de estos.

b) En consecuencia, solicita se reestablezca el imperio del derecho, lo que se traduce en el reintegro inmediato de los recurrentes a la nómina de beneficios del subsidio en cuestión, ordenando al Director de SERVIU Araucanía a dictar el acto administrativo que reincorpore a los recurrentes al subsidio, con costas.

II.- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO a) Que, así las cosas, el presente recurso de protección fue interpuesto por los recurrentes en contra del SERVIU Región de la Araucanía en el marco del proyecto del proceso de postulación al Programa de Habitabilidad Rural, DS. N° 10, Construcción en Sitio propio, denominado “Los Canelos 2”, de la comuna de Renaico, bajo el llamado que se realizó mediante Resolución Exenta N° 1636 de fecha 12 de julio del año 2019, a cargo de la Entidad de Gestión Rural ANTU EIRL.

b) En el proceso de revisión de admisibilidad y aprobación de antecedentes por área, los postulantes Don nombre reservado y doña nombre reservado, fueron observados por una inconsistencia en los antecedentes técnicos-sociales ingresados por la EGR, YA QUE PRESENTAN DOCUMENTOS DE LA DOM DE LA COMUNA DE COLLIPULLI, LUGAR DONDE TIENEN SU RESIDENCIA Y DOMICILIO, PERO SU REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH) CORRESPONDE A LA COMUNA DE RENAICO. Básicamente, Los respectivos Permisos de Edificación correspondía a la comuna de Colllipulli, incurriendo en una clara contravención a lo establecido y presupuestado por la Resolución Exenta N° 1636, la cual regula el respectivo llamado a este subsidio rural, como ya se ha señalado.

c) Cabe hacer presente que el proyecto antes mencionado, como bien señala la recurrente en el cuerpo de su escrito de solicitud de protección, este proyecto denominado Los Canelos 2 se encuentra actualmente en revisión por parte de este SERVIU Región de la Araucanía.

III.- RECHAZO DE IMPUTACIONES REALIZADAS. - Este Serviu Región de la Araucanía niega todos los antecedentes y argumentos esgrimidos por la recurrente, señalando que no son efectivos, toda vez que este Servicio no ha incurrido en acto ilegal y arbitrario alguno, avalando su actuar en toda ocasión por la normativa legal vigente, según los antecedentes que a continuación se exponen:

Efectivamente los postulantes Don nombre reservado y doña nombre reservado fueron seleccionados al subsidio del programa de habitabilidad rural mediante la resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020, junto a todo el grupo colectivo denominado Los Canelos 2 cumpliéndose con todos los requisitos normativos aplicable a la materia. No obstante, se detectó que estas personas están siendo postuladas para la comuna de Renaico sin que sus terrenos estén en dicha comuna, situación que debe corregir la respectiva EGR en la etapa de habilitación, situación que se le informó oportunamente a estos, por lo que estaban en pleno conocimiento.

El proceso conocido como habilitación de la demanda tiene como objetivo que las Entidades de Gestión Rural definan de manera certera que los documentos que presentan las familias postulantes guarden concordancia con los requerimientos normativos de los llamados a subsidios que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son estas las responsables de verificar donde se encuentran los inmuebles de los postulantes con el fin de acreditar terreno en virtud del artículo 24 letra b) del DS. N° 10, verificando, de igual forma la comuna en donde tienen su Registro Social de Hogares, de tal manera que la aplicación del beneficio sea el correcto con el objeto de establecer que la familia sea HABIL para postular.

Es así como la Resolución Exenta N° 1636 establece en su Resuelvo N° 4 que para todos los efectos a que haya lugar, se considerará como residencia del postulante el domicilio que se consigne en el Registro Social de Hogares. En este sentido, la subsanación se aceptó por parte de Serviu, ya que con fecha 30 de diciembre de 2019 el proyecto obtiene la calidad de Seleccionado en el sistema Rukán del MINVU mediante Resolución Exenta N° 864 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia, este proyecto actualmente está revisado y aprobado técnicamente en todas sus áreas. Las dos familias recurrentes no han sido excluidas ni eliminadas del proceso de postulación y particularmente de la resolución de selección antes referida. Al respecto, no existe antecedente formal que dé cuenta de tal exclusión de los postulantes, como señalan. No existe acto administrativo por parte de este Servicio que sancione tal situación y deje sin efecto el beneficio al cual postularon. El proceso que corresponde en estos momentos es calificarlo definitivamente con el objeto de pasar a la etapa de ejecución de obras, en virtud de lo establecido en el artículo 44 y siguientes del DS. N° 10, del 2015.

Lo anterior, tiene estrecha relación con el artículo 65 del ya referido DS. N° 10, que trata sobre las infracciones a las disposiciones de este reglamento, el cual se refiere a que, si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda.

Particularmente, el inciso segundo del artículo antes citado establece que: “Si las solicitudes, documentos anexos a ellas, u otros documentos exigidos por este reglamento, adolecieren de alguna inexactitud que a juicio del SERVIU haya incidido en la selección del beneficiario, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”

En efecto, al analizar esta normativa, aplicable a los casos de los postulantes antes individualizados, se configura una infracción al artículo 65 del DS. 10, toda vez que existe una inexactitud en los permisos de edificación presentados y los antecedentes que arroja el Registro Social de Hogares de estos.

Es así como este Servicio no ha incurrido en ningún acto ostensiblemente arbitral o ilegal y efectivo que prive, limite, grave o vulnere derechos fundamentales de los recurrentes. Muy por el contario, este Servicio expropiante en todos los casos ha obrado de buena fe y dentro del marco legal vigente para estos procedimientos, tomando las medidas y cautelas necesarias con el objeto de no vulnerar derecho alguno de los particulares. Más aún, no tiene responsabilidad alguna en los supuestos actos de vulneración a los derechos señalados por los recurrentes, por lo que de ser efectivos estos la acción no puede ser dirigida en contra del SERVIU Región de la Araucanía, por no tener éste legitimación pasiva.

Agrega que, sin perjuicio de los antecedentes señalados anteriormente, de los cuales tiene la certeza que dan razón del debido actuar de este Serviu Región de la Araucanía, hacer presente y destacar el hecho que en todos los casos hemos priorizado el diálogo, haciendo hincapié en que ningún caso este Servicio va a actuar fuera del marco legal y arbitrariamente transgrediendo derechos constitucionales reconocidos y consagrados como es el caso del derecho a propiedad y otros.

Ante la eventualidad incierta y poco probable que se acoja la pretensión carente de fundamentos fácticos de la contraria, es importante tener en consideración que de acuerdo al artículo 1.698 del Código de Procedimiento Civil, incumbe probar las obligaciones a quien alega aquellas o estas, por lo cual el peso de la prueba recae sobre el recurrente y será este quien acredite la existencia del o los actos arbitrarios o ilegales que afecten las garantías constitucionales que menciona como vulnerables.

IV.- GARANTÌAS CONSTITUCIONALES NO VULNERADAS. – a)

ARBITRARIEDAD. - En ningún caso se ha incurrido por parte de este Servicio en la hipótesis del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que como ya se ha señalado no existe acto arbitrario e ilegal real y cierto que cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecido en el inciso 4to el artículo 19 del nuestra Carta Fundamental.

En lo que concierne, no existe acto administrativo formal que deje sin efecto el subsidio adjudicado por los recurrentes, ni tampoco que los excluya de la nómina de selección.

b)

ILEGALIDAD. - En ningún caso se ha incurrido en una ilegalidad por este Servicio, toda vez que se ha procedido de acuerdo la normativa legal aplicable a la materia, procurando apegarse y dar cumplimiento a lo establecido específicamente en la Resolución Exenta N° 1636 de fecha 12 de julio del año 2019 que regula el llamado a subsidios rurales al cual postularon los recurrentes, y al DS. N° 10 del 2015.

Los recurrentes enuncian vulneradas las garantías constitucionales del Artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Lo cierto es que ni el derecho a igualdad ante la ley, ni el derecho a la propiedad se ha visto vulnerada o amenazado con la conducta desarrollada por el SERVIU Región de la Araucanía, lo que se ha enmarcado a todo evento a la normativa legal vigente, procurando que toda resolución se funde en un proceso previo legalmente tramitado,.

Pide rechazar con costas la acción impetrada en autos, en contra de esta parte recurrida SERVIU Región de la Araucanía, toda vez que no existe arbitrariedad o ilegalidad alguna y declarando que no se han vulnerado las garantías constitucionales a que hace alusión la recurrente, toda vez que el recurrido ha cumplido con la normativa legal vigente aludida, así como también con los procedimientos exigidos sobre la materia en cuestión, no teniendo responsabilidad alguna en los hechos denunciados por carecer de legitimidad pasiva.

Acompañó los siguientes documentos: a) Resolución Exenta N° 1636 de fecha 12 de julio de 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que llama a proceso de selección en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales del título II, en la modalidad de proyectos de construcción de viviendas nuevas, del programa de habitabilidad rural, regulado por el DS. 10 de 2015; b) Resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nómina de postulantes seleccionados; c) Permiso de Edificación de Obra Nueva del postulante don nombre reservado, otorgado por la DOM de la comuna de Collipulli; d) Permiso de Edificación de Obra Nueva de la postulante doña nombre reservado, otorgado por la DOM de la comuna de Collipulli; e) Formularios 6.1 correspondiente al Diagnóstico Técnico Social de los postulantes nombre reservado y nombre reservado; f) Contrato de Construcción de fecha 24 de agosto del año 2022, suscrito por don nombre reservado, la EGR nombre reservado. y la constructora Rucahue EIRL; g) Contrato de Construcción de fecha 24 de agosto del año 2022, suscrito por doña nombre reservado, la EGR nombre reservado. y la constructora Rucahue EIRL; h) Certificado de avalúo fiscal al segundo semestre del año 202 del inmueble rol 393 – 101 de la comuna de Collipulli; i) Certificado de avalúo fiscal al segundo semestre del año 2022 del inmueble rol 393 – 101 de la comuna de Collipulli; j) Certificado de avalúo fiscal al segundo semestre del año 2022 del inmueble rol 393 – 08 de la comuna de Collipulli; k) Planos de arquitectura de los proyectos de viviendas de los postulantes nombre reservado y nombre reservado; l) Planos de emplazamiento de los proyectos de viviendas de los postulantes nombre reservado y nombre reservado.

A folio N°15 evacua informe EGR ANTU EIRL.

Indica que esta Entidad de Gestión Rural (EGR) ANTU E.I.R.L., mantiene Convenio vigente suscrito con la Seremi de Vivienda de la Araucanía, de acuerdo con Resolución Nº 1304 del 10 de noviembre de 2023, que nos habilita como Prestador de Asistencia Técnica para asesorar familias y postularlos a los programas habitacionales del SERVIU Araucanía.

Esta EGR, el año 2019 postuló al Subsidio Habitacional Rural D.S.Nº 10 un colectivo de la Comuna de Renaico denominado “Los Canelos 2”, conformado por diez integrantes, del cual forma parte don nombre reservado y doña nombre reservado, colectivo al que se le otorgó beneficio según Resolución Nº 864 del 29 de mayo de 2020, cumpliendo técnica, social y legalmente con todos los requisitos exigidos.

De acuerdo al Reglamento del D.S.Nº 10 que regula este tipo de postulación, una vez obtenido el subsidio, la Entidad de Gestión Rural, deben ingresar el proyecto habitacional de cada familia beneficiaria, encontrándose actualmente en proceso de obtener la calificación definitiva de dichos proyectos, documento formal que esta EGR aún no dispone, hito relevante que permite finalmente construir las viviendas, de lo contrario, si el SERVIU no califica favorablemente cada uno de los diez proyectos habitacionales presentados, el beneficio no se puede materializar y las familias quedan sin posibilidad de construcción de su nueva vivienda.

Las dos personas en cuestión tienen su Registro Social de Hogares en la comuna de Renaico con domicilio en la misma comuna, que los clasifica en el tramo de mayor vulnerabilidad social o menores ingresos, el cual nos indica también que el sector Huelehueico es reconocido por la Municipalidad como una localidad de la comuna de Renaico, sector rural al cual pertenecen y residen don nombre reservado y doña nombre reservado.

Al momento de la postulación, esta EGR se ciñó a la Resolución Exenta de postulación N°1636 MINVU del 12 de julio de 2019, Artículo 4, que señala: “para todos los efectos a que haya lugar, se considerará como residencia del postulante el domicilio que se consigne en el Registro Social de Hogares”, por lo que el domicilio de ambos postulantes es la comuna de Renaico.

Según INE la división geográfica censal dice que el territorio comunal se divide en distritos, los que pueden ser urbanos, rurales o mixtos; a su vez, en el área urbana se reconocen zonas censales y en el área rural localidades. Las zonas censales se componen de manzanas y las localidades de entidades las que también tienen sus propias categorías. Los límites censales los define en INE y se encuentran sostenidos y enmarcados en los límites de la división política administrativa, sin embargo, su trazado no reviste un carácter legal (Publicación: Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos, INE 2019).

La decisión que SERVIU nos hace ver es que ambas familias deben renunciar al beneficio, adjudicado y volver a postular por la comuna de Collipulli previo cambio de su RSH, de lo contrario no es posible realizar la ejecución del proyecto habitacional, no le compete a una E.G.R. o a cualquier otro privado, por tratarse de una cuestión política administrativa que define el Estado de Chile. Esta indicación la establece el equipo técnico revisor del proyecto habitacional de SERVIU, a través de una secuencia de correos electrónicos enviado a esta EGR, de fecha 04 de septiembre de 2023, que por la misma vía les solicitamos reconsiderar entregando nuestros argumentos, sin obtención de respuesta favorable. Esta situación fue también expuesta a instancias técnicas y de jefaturas nacionales y provinciales de SERVIU con el fin de revisar ambos casos, sus particularidades y buscar una forma de solución técnica conjunta, pero a la fecha no hemos tenido respuesta.

Cabe señalar que la misma observación fue realizada por SERVIU y subsanada por esta EGR, durante el proceso de habilitación y postulación del colectivo Los Canelos 2, es decir, SERVIU conocía de ello, lo cual consta en correo electrónico de fecha 15 y 16 de octubre de 2019, y los argumentos esgrimidos por esta EGR en ese momento fueron aceptados, prueba de ello es que el beneficio se adjudicó. Para mayor abundamiento, hemos de señalar que, en la postulación se presentaron los documentos legales correspondientes, a saber: Informe de Título firmado por el profesional competente, Inscripción de la propiedad vigente, Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Prohibiciones, Interdicciones y Litigios, y Registro Social de Hogares, todo lo cual fue ingresado formal y digitalmente a SERVIU con fecha 26 de septiembre de 2023.

Por otra parte, el Artículo 65 del D.S. Nº 10 argumentando por SERVIU para no realizar la ejecución del proyecto habitacional de los proyectos de ambas familias, se refiere a los documentos técnicos y legales que deben presentarse y a la vigencia de estos, y no a situaciones especiales como estar encuestado por un Municipio en una comuna y tener un terreno inscrito en otra comuna; prueba de ello es que el mismo SERVIU el año 2021 mediante Resolución 1243 de fecha 07 de mayo de 2021, aprueba la ejecución de proyectos habitacionales a la misma EGR de cinco familias de la misma localidad de Huelehueico, vecinos de las actuales personas, en igualdad de condiciones, y que durante toda la trazabilidad SERVIU, no generaron ninguna anormalidad (construcción, recepción definitiva de la vivienda, Prohibición en el CBR); por lo tanto, esta EGR no logra entender las razones aludidas por SERVIU. En este punto Serviu actúa de forma infundada e inconsistente, pues no hay antecedentes que le permita a la institución gubernamental siquiera sospechar que hubo infracción al artículo 65 del DS N° 10, por cuanto la documentación presentada sobre la inscripción de dominio y ausencia de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones fue acreditada como establece la resolución el Decreto Supremo del Programa de habitabilidad Rural.

Asimismo, es de toda lógica la acción de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de recoger y procesar solicitudes de cambios de límites político – administrativos, para evitar que una población sea afectada por la inconsistencia entre la legalidad de la división política administrativa y la dinámica territorial del asentamiento de la población. A saber:

“…SUBDERE busca velar que las adecuaciones a los límites político-administrativos propuestos mantengan la armonía y equilibrio en el resto del territorio comunal, provincial o regional si corresponde, evaluando, en forma y fondo, las solicitudes.”

Por ello propone un procedimiento metodológico que culmina con la decisión legislativa de modificar o no un límite político administrativo, en base a un proyecto de ley que envía el Presidente de la República al Parlamento.

…De acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 de la Constitución Política de la República, le corresponderá al Presidente(a) de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país. Es por lo anterior, que será decisión presidencial el envío del proyecto de modificación de límites a tramitación legislativa.”

Por ser Huelehueico una localidad fronteriza entre dos comunas, son los Municipios quienes pueden solicitar la modificación de sus límites comunales al Presidente de la República. Lo cual debe ser respaldado con los debidos estudios y con el apoyo directo de autoridades locales. La diferencia que SERVIU plantea y argumenta como dato inexacto o error de postulación, es una controversia que requiere sea resuelta por las Municipalidades y otras instituciones del Estado, pero en la actualidad la Municipalidad de Renaico reconoce a la localidad de Huelehueico como parte de su territorio y de su accionar en la prestación de servicios.

Tener un Registro Social de Hogares en una determinada comuna, implica que la Municipalidad ha reconocido ese domicilio dentro de los límites jurisdiccionales de su comuna, por cuanto es función de éstas llevar a cabo su aplicación.

Asumen que la Resolución de llamado a Postulación N°1636 del 12 de julio de 2019 del MINVU en su punto N° 4 es para zanjar este tipo de situaciones otras, de modo tal que las familias vulnerables que habitan estos territorios no sufran las consecuencias de este tipo de situaciones o conflictos y problemas que genera ser una localidad fronteriza.

Don nombre reservado corresponde a un adulto mayor con patologías de salud y doña nombre reservado, es madre de dos hijos en etapa de crianza, ambos con viviendas decretadas inhabitables por la Municipalidad de Renaico, que merecen igualdad de oportunidades no solo en la obtención sino también en la aplicación de los beneficios del Estado, donde los proyectos habitacionales se califiquen y se ejecuten para lograr viviendas nuevas que den dignidad a la ciudadanía carente de un lugar donde vivir y habitar junto a sus familias. Por lo tanto, resulta relevante que SERVIU Araucanía otorgue formalmente a esta EGR y a los dos beneficiarios cuestionados, la calificación definitiva de sus proyectos habitacionales, ya que, sin esta aprobación formal, no es posible dar lugar a la construcción de las viviendas, a lo que actualmente se ha negado (Correo de SERVIU fecha 04 de septiembre de 2023).

Acompañó los siguientes documentos: a) Convenio de Asistencia Técnica de esta EGR; b)

Registro Social de Hogares de don nombre reservado y doña nombre reservado; c) Inscripciones de Propiedad de don nombre reservado y doña nombre reservado; d) Correo electrónico de SERVIU de fecha 31 de agosto que indica renuncia al beneficio por parte de don nombre reservado y doña nombre reservado e imposibilidad de realizar ejecución del proyecto habitacional; e) Correo electrónico de EGR ANTU donde se subsana observación a la diferencia entre RSH y Comuna de Inscripción de las propiedades; f) Resolución Nº 1243 del 07 de mayo de 2021, que califica proyectos de 5 personas de Huelehueico en iguales condiciones a las actualmente cuestionadas; g) Antecedentes fotográficos de las condiciones actuales de habitabilidad de las familias en cuestión.

A folio N°17 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

SEGUNDO: Que, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho, frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

TERCERO: Que, don nombre reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA ARAUCANIA; por incurrir en actos arbitrarios e ilegales, específicamente el haber excluido a las recurrentes del Subsidio de Habitabilidad Rural D.S. Nº 10 del año 2015, previamente otorgado mediante Resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanización.

CUARTO: Que la recurrida al efecto señala que los recurrentes don nombre reservado y doña nombre reservado fueron seleccionados al subsidio del programa de habitabilidad rural mediante la resolución Exenta N° 864 de fecha 29 de mayo de 2020, junto a todo el grupo colectivo denominado Los Canelos 2 cumpliéndose con todos los requisitos normativos aplicable a la materia. No obstante, se detectó que estas personas están siendo postuladas para la comuna de Renaico sin que sus terrenos estén en dicha comuna. Se agrega que la Resolución Exenta N° 1636 establece en su Resuelvo N° 4 que para todos los efectos a que haya lugar, se considerará como residencia del postulante el domicilio que se consigne en el Registro Social de Hogares. En esta lógica se indica que el reparo formulado por esta circunstancia fue subsanado lo que se aceptó por parte de Serviu, de forma tal que con fecha 30 de diciembre de 2019 el proyecto obtiene la calidad de Seleccionado en el sistema Rukán del MINVU mediante Resolución Exenta N° 864 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Agrega, que este proyecto actualmente está revisado y aprobado técnicamente en todas sus áreas y que las dos familias recurrentes no han sido excluidas ni eliminadas del proceso de postulación y particularmente de la resolución de selección antes referida.

QUINTO: Que, como se advierte que la recurrente carece de un derecho indubitado que haya sido quebrantado por el actuar de la recurrida, dado que en la resolución exenta 864 del 2020 Del Ministerio de vivienda y urbanización que la recurrente sostiene haber sido incumplida por la recurrida está plenamente vigente. Además, se ha informado por la recurrida que los recurrentes no han sido excluidos del subsidio de habitabilidad rural otorgado por dicha resolución por lo que no es posible entender que exista a la fecha exista una situación agraviante a los derechos de los recurrentes qué deba hacer cautelada a través del presente recurso.

SEXTO: Que de acuerdo con lo que se viene razonando, corresponde desestimar que el asunto pueda ser resuelto y dirimido por la presente vía, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de las garantías denunciadas, sin perjuicio de que en el evento que en el futuro efectivamente y en forma ilegal o arbitraria sean excluidos del proceso inserto en el Programa Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Decreto Supremo N° 10 del año 2015, del cual son parte por la recurrida puedan impetrar en tal evento la presentación acción cautelar SEPTIMO: Que, por lo antes expuesto, solo cabe concluir que la acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas legales citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA ARAUCANIA.

Redacción del Abogado Integrante señor Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese.

N°Protección-13528-2023 (pvb).