nombre reservado con SUPERINTEDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal por parte de la SUSESO, consistente en el rechazo del reclamo que interpuso por la calificación de origen de la enfermedad, materializado en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, pronunciada por la recurrida, notificada con la misma fecha, y que determinó: “…recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común…”, el mentado acto ilegal y arbitrario por parte de SUSESO, ha vulnerado las garantías constitucionales de derecho a la vida e integridad física y psíquica, derecho de igualdad ante la ley y derecho de Propiedad, todo de conformidad a los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que expongo a continuación:

I.- LOS HECHOS Que, mediante Decreto 676 ,de fecha 7 de abril del año 2021, fue nombrada directora del establecimiento educacional nombre reservado dependiente de la Municipalidad de Collipulli, en calidad de docente directivo titular, para el periodo comprendido entre el 19 de abril del año 2021 al 18 de abril del año 2026; Accedió al cargo en el marco de un concurso de alta dirección pública, su postulación a dicho concurso se sustentó en su calidad de Educadora de Párvulos, Profesora Básica, Mg. En Ciencias de la Educación y Mg. Gestión directiva, así como en los más de 20 años de desarrollo profesional en diversas instituciones, como Fundación Educación Integra, Municipalidad de Victoria, Agencia de Calidad de la Educación, Municipalidad de Tirúa y Municipalidad de Gorbea, donde nunca tuvo ninguna dificultad, y muy pocas licencias médicas.

Con ocasión y como consecuencia de su trabajo, así como de diversas hostilidades que recibió de sus jefaturas, empezó a ver como paulatinamente como se fue deteriorando su salud, por lo que luego de esperar para poder agendar una hora, logró atenderse el 2 de septiembre del año 2022, con el médico psiquiatra nombre reservado, quien realizó 4 sesiones, las que fueron complementadas con psicoterapia quincenal con la psicóloga nombre reservado y tratamiento medicamentoso consistente en Clonazepan 10 mg., Escitalopran 10 mg, Quietapina 25 mg. Siendo el diagnostico de trastorno adaptativo con ánimo depresivo, hostilidad de condiciones laborales.

Atendido lo diagnosticado dado por el médico, concurrió a la MUTUAL para ser tratada y tener la prestación propia de la ley. El diagnóstico del psiquiatra nombre reservado daba cuenta de la enfermedad, lo cual posteriormente es coincidente con lo que determina la Mutual en una primera oportunidad.

En efecto, recurrió a la Mutual de Seguridad quienes evaluaron su estado de salud y realizaron el procedimiento, y determinaron que la enfermedad era de origen laboral, en calificación emitida el 11 de octubre de 2022, diagnosticando trastorno de adaptación mayor a 30 días de evolución. Los fundamentos de la calificación fueron que el estudio de puesto de trabajo da cuenta de la presencia del factor de riesgo condiciones organizacionales hostiles, los informantes de la trabajadora confirman la queja explicita expuesta. Además, agrega que se permite establecer una relación de causalidad directa entre el motivo de consulta, el cuadro clínico diagnosticado y un agente de riesgo en el ejercicio de sus funciones, lo que es coherente con lo ya diagnosticado anteriormente por el médico psiquiatra nombre reservado.

DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA EN LA MUTUAL Y APELACIÓN.

Se le citó para el 29 de septiembre del 2022 con el Médico nombre reservado, quien la evaluó y tomó conocimiento de la situación completa laboral, la correlación de síntomas que se le fueron presentando. Con lo anterior, se le dio indicación farmacológica y se comenzó el estudio del lugar de trabajo el que concluyó 20 días hábiles después. Durante este tiempo, en paralelo y como parte del proceso, fue entrevistada por la psicóloga nombre reservado, el día 27 de septiembre del 2022, oportunidad en la que además acompañó la declaración de otras trabajadoras, la Srta. nombre reservado, la Jefa de UTP Sra. nombre reservado y la contable Srta. nombre reservado, también envió correos electrónicos y otros que daban cuenta de la naturaleza del constante hostigamiento al que había sido sujeta, procediendo a enviar la totalidad de los antecedentes vía correos electrónico, siendo posteriormente citada a la Mutual, entregándole un documento que consiga la calificación de su enfermedad como de origen laboral con diagnóstico trastorno de adaptación por condiciones organizacionales hostiles. El 11 de octubre de 2022, se realiza calificación que señala en definitiva un diagnóstico trastorno de adaptación mayor a 30 días de evolución.

Luego de ello y con gran sorpresa, el día 02 de noviembre del 2022, recibe una nueva decisión (resolución N° 4965555 de fecha 2 de noviembre del presente año, caso 7389237 y número de siniestro 8666099,) que señala esta vez que la enfermedad, ya declarada como de origen laboral, ahora es de origen común y refiere: “Los nuevos antecedentes disponibles descartan la exposición al riesgo estudiado. Por lo anterior, no es posible establecer una relación de causalidad entre el cuadro clínico y el riesgo invocado por el paciente”, también con asombro descubre que en el certificado de alta médica se indica que el alta médica o cierre de caso es por fallecimiento y en la atención se identifica el doctor nombre reservado, pero timbra la doctora nombre reservado y hay una firma, sobre su timbre, pero ignora, en definitiva, cuál de los dos médicos es el que realiza la nueva calificación, además de por cierto ignorar con certeza cuales son esos nuevos antecedentes.

En efecto, en la carpeta de Mutual, aparece una apelación de su empleador, acompaña antecedentes relacionados a sumarios y otros, pero ningún antecedente médico o de otra índole que permita saber qué tan pertinentes, relevantes y determinantes eran estos nuevos antecedentes, como para cambiar la calificación, ignorando en definitiva hoy con claridad y certeza, el cómo y por qué la mutual recalificó, pues nunca antes tuvo una licencia psiquiátrica o de esa índole, ignorando por qué dictaminó que ya no era enfermedad laboral, sino común.

De lo señalado, dedujo administrativamente reclamo ante la SUSESO, en el siguiente tenor:

“Apelo a la resolución N° 4965555 de fecha 2 de noviembre del presente año, caso 7389237 y número de siniestro 8666099, que recalificó mi enfermedad profesional de manera distinta de la resolución que ya se había dictado al efecto, se me había calificado luego de una ardua investigación con diagnóstico trastorno de adaptación por condiciones organizacionales hostiles, tenido calificación con el N° 5, para luego, con nuevos antecedentes recalificar, nuevos antecedentes que desconozco, y que inducirían no se puede establecer nexo entre el cuadro clínico y lo denunciado , calificándolo ahora con el número 7, lo que es atentatorio como paso a exponer: 1) Los nuevos antecedentes no son conocidos por mi parte, y emanan del empleador. No veo que nuevos antecedentes pudieran hacer cambiar una investigación previa que se había hecho y que dio calificación 5. No son conocidas y me impide ejercer con certeza una apelación y ejercer mis derechos. 2) De la anterior, suponiendo, indico que previamente a mi denuncia, solo tuve una licencia por enfermedad común, no tuve nunca una preexistencia, ni nada que pudiere suponer que mi cuadro clínico actual sea por otra cosa, otra enfermedad preexistente u otro motivo. 3) La primera resolución es certera, fue la que cumplió todo el debido proceso y dio una calificación. La resolución impugnada solo dice nuevos antecedentes que emana del empleador, y/o no se ciñe a ningún debido proceso, no existió nuevos exámenes, solo se tomaron los nuevos antecedentes, de oficio, sin revaluarme ni comunicarme, y cambian la resolución. 4) De manera personal he sido tratada de parte de un psiquiatra, todo por lo ocurrido con mi empleador (pues antes nunca tuve ni siquiera una licencia por psiquiatra), lo que fue informado a la Mutual, sin embargo, no se solicitaron antecedentes de parte de él. Adjunto informe de parte de mi médico tratante quien afirma el origen laboral de esta enfermedad. Que desde el año 2021 en que ingreso a la Municipalidad de Collipulli he recibido una serie de acciones hostiles de parte de las jefaturas 5) Este trato hostil por el que denuncié, fue afirmado por testigos, incluyendo agresión verbal de parte del Jefe DAEM y amenazas de despido por motivos políticos de parte del Alcalde (antecedentes enviados en su totalidad a la Mutual de seguridad) y que fueron considerados en la primera resolución, y ahora, de oficio, dejado sin efecto”.

Que, además de los fundamentos indicados en su reclamo, acompañó, como nuevos antecedentes, un informe médico del psiquiatra nombre reservado, de fecha 09 de noviembre de 2022, informe que en entre otros señala “Los diagnósticos otorgados por especialidad son: i. Trastorno adaptativo con ánimo depresivo ii. Inseguridad laboral, y situaciones de hostilidad laboral.”

De la impugnación efectuada por su parte, la recurrida dicta la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023, de fecha 7 de septiembre del 2023, indicando: “Que, con fecha 09 de noviembre de 2022 ha recurrido a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando en contra de MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN quién calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó, por la que registra DIEP con fecha 26/09/2022, de lo que discrepa.- Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. Que, profesionales médicos de este organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención. Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos presentación escrita y fundada, resolución de calificación (RECA), informe médico, evaluación psicológica, informe estudio de puesto de trabajo efectuado según la normativa vigente, información de condiciones generales de trabajo y empleo, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, para explicar la evolución de la sintomatología. RESUELVO: Recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común. Se deja constancia que, en contra de la presente Resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente resolución, según lo indicado en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880.”

Siendo el rechazo del reclamo, contenida en la resolución precedente, el acto arbitrario e ilegal que mediante esta acción de protección se reclama.

Dado que, existiendo falta grave y negligencia inexcusable del prestador MUTUAL o al menos una situación anómala de cambio de calificación, la SUSESO, la ratifica realizando así un acto ilegal y arbitrario con lo cual se han conculcado sus garantías constitucionales, consignadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República. Que, además, y pese a ver formulado reclamos a la MUTUAL, con todos los argumentos fundados y con documentación de respaldo que ya indicó precedentemente, se le notifica por parte de la recurrida que su caso fue analizado y que en la actualidad ella estaba presentando un diagnóstico no laboral y que en definitiva como efecto de ello, debía seguir atendiendo por cuenta propia a través de su propia previsión, lo cual incluso contrapone los papeles médicos y de revisión que la misma mutual efectuó en una primera instancia, y que extrañamente, y sin nuevos antecedentes médicos, y aun otros antecedentes que acompañó el empleador, se dejó ello sin efecto, dando por enfermedad común lo que de un principio fue declarado enfermedad laboral.

Ante esto, y sintiéndose totalmente abandonada por parte de la MUTUAL, sin receta para adquirir sus medicamentos, sin controles médico ni psicológicos, tuvo que acudir nuevamente a la atención privada, con los costos que ello significa, y que se ha dado cuenta en este recurso, tanto con el psiquiatra nombre reservado, así como cuando no ha podido conseguir hora con él, le ha atendido el médico psiquiatra nombre reservado, lo que ya se le está haciendo imposible realizar atendido el alto costo de atención médica y medicamentos, lo que es de suma gravedad, dado que tratándose de una enfermedad de origen laboral ha quedado sin las prestaciones de salud que requiere y se ha resuelto respecto al origen de su enfermedad, rechazando su reclamo, sin dar fundamento de tal decisión, decisión que tiene un impacto en los garantías que la constitución otorga, como se expone en la presente acción de protección.

II.- ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD DE LOS ACTOS DE LA RECURRIDA:

Ahora bien, tal como se señaló, la recurrida, con fecha 07 de septiembre de 2023, RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, que determinó: “…recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común…”, En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de rechazar el reclamo de la resolución que realiza la re-calificación de la enfermedad laboral como común, realizado por la Mutual de manera antojadiza y arbitraria, y no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse y explicarse con mayor rigurosidad antes de resolver tan livianamente el asunto en sede administrativa, diligencias que en una situación como la de autos eran imprescindibles para darle objetividad y seriedad al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de atención correspondiente.

Que, es así como se torna del todo arbitrario rechazar el reclamo y con ello en definitiva establecer que se trata de una enfermedad común concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Que, en semejantes coyunturas, ante conclusiones tan definitivas para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Que, de esta manera, se advierte que al rechazar el reclamo de la resolución que realiza la re-calificación de la enfermedad laboral como común, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Que, en resumen y en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria e infundada, pues su argumento es equívoco y perjudicial para su parte y, además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder a una adecuada atención y al seguro correspondiente.

En efecto, esta resolución tiene como consecuencia el cese de las atenciones médicas por considerar en definitiva que la enfermedad es de origen común, de lo que se discrepa completamente, por ello, requiere esgrimir razones, no solo por las consecuencias prácticas que acarrea tanto para el trabajador como para terceros, sino también, porque existe la necesidad de que exista constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, pues sin tales fundamentos no se puede advertir como la autoridad arriba a su pronunciamiento.

GARANTÍAS INFRINGIDAS_ 1.- ARTICULO 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, la cual consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.- Se funda también el presente recurso de protección, en la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. En efecto, dicha garantía se extiende más allá de la privación de la vida y de la integridad física y psíquica de la persona en un sentido estricto y comprende también la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal, entonces, constituye aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano, por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones.

2.- El derecho de igualdad ante la ley; Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a su representada de las debidas atenciones médicas por considerar que la enfermedad es de origen común, de lo que se discrepa totalmente.

El no haber igualdad ante la ley, da a entender que no se le he está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho constitucional que se expone en este acto.

3.- Derecho de protección a la salud, consagrado en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, desde que no ha sido debidamente atendida en cuanto a su salud mental y psíquica, lo que importa la privación a un derecho fundamental, lo que ha repercutido gravemente en todos los aspectos de su vida.

De la sola lectura y apreciación de los hechos denunciados, no hacen más que ratificar, como se ha señalado, que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, al no otorgar la debida calificación a su enfermedad como laboral, y privarle de una adecuada atención de salud, dadas las circunstancias relatadas precedentemente.

4.- Dicho todo lo anterior se hace necesario exponer, que producto del retiro de la calificación de enfermedad laboral, de no poder contar con la debida atención médica, ha visto disminuir su patrimonio, poniéndole en una situación muy complicada, debiendo no sólo vivir con los graves perjuicios que ha producido la extensión de su enfermedad, al no ser tratada oportuna ni debidamente.

Solicita se sirva tener por interpuesto el presente RECURSO DE PROTECCIÓN en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), Rol único tributario N°61.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, ambos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo declarando específicamente, como medida de protección, y en consecuencia, se adopten todas las medidas que esta Ilustrísima Corte estime conveniente para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas, y en especial, ordenar y declarar:

1) Que se declara que se acoge el recurso, dejando sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, pronunciada por la recurrida. - 2) Que declare que su enfermedad es y sigue siendo de origen laboral. - 3) Que se atienda debida y oportunamente su patología de acuerdo a la Ley 16.744 o lo que V.S.I., considere pertinente, de acuerdo a todo lo expuesto y dispuesto en la normativa señalada como también la jurisprudencia expuesta.

4) En subsidio, se declare que se deja sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023 pronunciada por la Mutual, debiendo la recurrida disponer la práctica de una pericia médica acorde con la patología que padece la actora y todos los exámenes necesarios para verificar su aparición, contenido, fecha probable de aparición si procediere, como su evolución, a fin de determinar carácter común o laboral de la patología, a realizarse por un organismo distinto de la Mutual.

5) Con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, pronunciada por la recurrida.

2.- Copia de resolución n 4801183 de fecha 1 de junio del 2022, numero de siniestro 8557436, dictada por la MUTUAL.

3.- Copia de apelación deducida por su parte ante la recurrida.

4.- Antecedentes acompañados por su parte para apelación ante SUSESO (consistente en Informe Fundamentos calificación de 7.10.2022, resolución del 11.10.2022, Informe Fundamentos calificación 2 del 11. 2022, 2 Resoluciones del 2 del 11 de 2022, certificado de alta de 02 del 11 de 2022, Resolución de calificación de origen de los accidentes y enfermedades de 02 del 11 de 2023 N°4965555, todos de la Mutual de seguridad; Informe médico complementario del denunciante emitido por psiquiatra de 9 de noviembre de 2022.

A folio 9 informa ROBERTO TORRES REBOLLEDO, abogado, en representación, según mandato judicial que se acompaña en esta presentación, de MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, quien expone:

A este respecto, debemos indicar que la Sra. nombre reservado ingresó para el estudio de una eventual enfermedad profesional, el día 26 de septiembre de 2022, siendo derivada por su médico psiquiatra, refiriendo una serie de dificultades con el Inspector General en el establecimiento en el cual era Directora, así como con el DAEM y con el Alcalde de la comuna.

A partir de aquello, se procedió a efectuar los estudios pertinentes en virtud de lo que dispone el Libro III, Título III del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744. Calificándose por parte del Comité de calificación, como de origen laboral la patología mediante la Resolución de Calificación N° 4942964, de fecha 11 de octubre de 2022.

Sin embargo, conforme a las evaluaciones médicas y psicológicas, así como los nuevos antecedentes aportados por la Municipalidad de la cual dependía la recurrente; con fecha 2 de noviembre de 2022, se concluyó que no era posible determinar la presencia del riesgo de Trastorno de Adaptación, dictando la Resolución de Calificación N° 4965555 y que califica la enfermedad como de origen común.

Ante dicha resolución, la recurrente interpuso reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que emitió la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023, rechazando dicho reclamo.

Solicita tener por informado el presente recurso de protección Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1.- Denuncia Individual de Enfermedad Profesional 2.- Denuncia Individual de Enfermedad Profesional efectuada por el empleador 3.- Estudio de Puesto de Trabajo 4.- Evaluación Médica Patología Salud Mental 5.- Ficha Clínica 6.- Ficha Evaluación Psicológica 7.- Informe Sobe Fundamentos de la Calificación 8.- Resolución de Calificación N° 4965555 9.- RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 A folio 11 informa SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien expone:

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, esta parte viene en alegar la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Solicita se rechace la acción de protección, por haber sido ejercida improcedentemente en virtud del derecho a la seguridad social, con costas.

EN SUBSIDIO LO ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1.- En relación con la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, es del caso hacer presente a US. Ilma. que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-188188-2022, la interesada recurrió a su representada el día 9 de noviembre de 2022, reclamando en contra de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN quién calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó, por la que registra DIEP con fecha 26 de septiembre de 2022, de lo que discrepa.

Al respecto, su representada ha tenido a la vista los antecedentes aportados por ha tenido a la vista los antecedentes aportados por la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-118732-2023, de 7 de septiembre de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que: “…la afección que presentó la trabajadora es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

“Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos presentación escrita y fundada, resolución de calificación (RECA), informe médico, evaluación psicológica, informe estudio de puesto de trabajo efectuado según la normativa vigente, información de condiciones generales de trabajo y empleo, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo, para explicar la evolución de la sintomatología”.

De esta forma, concluye la referida Resolución: “Recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad. No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.”.

Ahora bien, cabe indicar que la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción ha sometido, en diversas oportunidades, a la Sra. nombre reservado a exámenes y peritajes especializados relativos a su patología, con la finalidad de determinar si es de origen común o laboral.

En efecto, la referida Mutual, informó a su representada, mediante la Carta GAL N° 8569, de 16 de noviembre de 2022, que la recurrente es una trabajadora de 45 años, de ocupación Directora, que, ingresa a Mutual a estudio por una eventual enfermedad profesional con fecha 26 de septiembre de 2022, aludiendo que desde su ingreso al establecimiento en el mes de abril de 2021 el Alcalde y el Jefe DAEM del municipio habrían asumido y delegado funciones de la paciente, inclusive en subalternos de esta, le habrían quitado atribuciones, la habrían obligado a firmar documentación con información falsa y la habrían perseguido mediante amenazas e inicio de procesos investigativos, sin justificación, que habrían derivado en su suspensión desde el 1° de junio de 2022.

Al respecto, la Mutual informa que se realizaron a la trabajadora los exámenes y estudios pertinentes, para así establecer si la patología que presenta tiene carácter laboral, atendido lo establecido en el Libro III, Título III del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que, dentro de dicho proceso, se realizaron las gestiones para efectuar el correspondiente estudio de puesto de trabajo, calificándose el caso por Comité, con fecha 7 de octubre de 2022, que la patología presentada era de origen laboral, puesto que era posible establecer hasta ese momento una relación causal directa entre el cuadro clínico, el motivo de consulta y el factor de riesgo laboral denunciado por la interesada.

Sin embargo, conforme los antecedentes disponibles en relación a primera evaluación, tanto médica, psicológica, y que luego se complementa con los antecedentes nuevos aportados por la empresa, se concluyó por Comité con fecha 2 de noviembre de 2022, que el TRASTORNO DE ADAPTACION que afecta a la trabajadora es de origen común, toda vez, que, no es posible determinar la presencia del factor de riesgo denunciado en base a esta investigación, por lo que era posible modificar la calificación previa, razones por las cuales fue derivada a proseguir tratamiento a través de su sistema de salud privado.

Además, lo anterior también se funda en que de la entrevista psicológica se advierte que la paciente cuenta con una hipótesis diagnostica estructural neurótica y con rasgos de personalidad predominantemente de Clúster C y con rasgos obsesivos, en tanto se visualiza una rigidez en el funcionamiento de la consultante, además de una preocupación constante por el orden y el control de su mundo interior, intentando mantener sus emociones y pensamientos bajo control.

Posteriormente, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción realizó, el día 3 de octubre de 2022, el ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO PARA PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL (EPT-PM), el cual concluyó lo siguiente:

“De los antecedentes recogidos en el proceso de estudio de puesto de trabajo EPT-PM, se concluye presencia a los riesgos apoyo social y liderazgo disfuncional, según el criterio de observación: Condiciones organizacionales hostiles o bien cultura organizacional estresante y hostilidad de la jefatura. Los argumentos que sustentan esta conclusión son los siguientes:

“1. Veracidad de la queja: Par 1 y 2 concuerdan del testimonio de la trabajadora, mencionando para el criterio de observación Condiciones organizacionales hostiles o bien cultura organizacional estresante, evidenciando la existencia de un ambiente laboral politizado el cual generaría una sensación de persecución política frente a las decisiones tomadas por la trabajadora, además de mantener conflictos no resueltos lo que implicaría un sumario sin resultados hasta la fecha de su ingreso a mutual, así mismo para el criterio de observación hostilidad de la jefatura, se menciona una persecución de parte de las autoridades de DAEM y alcaldía el cual menoscabarían a la trabajadora, generando distintos comentarios con tono político, además de identificar agresiones verbales en las distintas reuniones participes de la trabajadora. De esta manera 3 de las 5 fuentes de información concuerdan de la existencia de los criterios de observación.

“2. Descripción de los factores de riesgo: Par 1 y 2 concuerdan de en tiempo e intensidad de exposición, al criterio de observación Condiciones organizacionales hostiles o bien cultura organizacional estresante y hostilidad de la jefatura.

“Documento ECT y documentación adicional dan de una investigación sumaria pendiente hasta la fecha, a su vez, respecto la evaluación ISTAS no se identifican dimensiones con puntuaciones altas relevantes al criterio de observación ni a la acusación sumaria realizada en contra de la trabajadora, cabe señalar que esta investigación y aplicación del cuestionario fueron realizadas en el establecimiento del lugar de trabajo de la funcionaria, lo cual no es relevante debido a la interacción de otras instituciones de parte de la trabajadora la cual se identificarían las problemáticas acusadas por la trabajadora”.

Posteriormente, el Instituto de Seguridad Laboral dicta el INFORME SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA, de 2 de noviembre de 2022, mediante el cual se indica:

“Los nuevos antecedentes disponibles descartan la exposición al riesgo estudiado. Por lo anterior, no es posible establecer una relación de causalidad entre el cuadro clínico y el riesgo invocado por la paciente. “Fundamento de la calificación. “Enfermedad común”.

Por su parte, el día 2 de noviembre de 2022, la citada Mutual emite la RESOLUCIÓN DIAGNÓSTICOS NO LABORALES, señalando:

“Considerando todos los antecedentes del trabajador identificado, Mutual de Seguridad C.CH.C ha resuelto no otorgar las prestaciones médicas y económicas a dicho trabajador por considerar que este (os) diagnóstico(s) específico(s) no son de origen laboral.

El mismo día 2 de noviembre de 2022, la referida Mutual emite la RESOLUCIÓN MEDICA DE ENFERMEDAD COMUN, indicando que: “Considerando todos los antecedentes del trabajador, anteriormente identificado, Mutual de Seguridad C.CH.C ha resuelto no otorgar las prestaciones médicas y económicas a dicho trabajador, por considerarlas de origen no laboral. “Se indica al trabajador que debe dirigirse a su organismo de previsión general de salud.

“Se hace entrega de licencia médica No”.

Finalmente, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, el día 7 de septiembre de 2023 informó acerca de la situación de la Sra. nombre reservado:

“Sección D (Fundamentos de la resolución)

“Fundamentos de la resolución: Se visualiza que la estructura de personalidad de la paciente parece incidir moderadamente en su aproximación al problema dado la existencia de falta de flexibilidad y rigidez de la paciente ante la aparición de situaciones nuevas, sin embargo, se observa mayor incidencia de factores externos a esta (laborales) relacionados a la aparición de su cuadro clínico. Evaluación de Puesto de Trabajo: De los antecedentes recogidos en el proceso de estudio de puesto de trabajo EPT-PM, se concluye Presencia a los riesgos apoyo social y liderazgo disfuncional, según el criterio de observación: Condiciones organizacionales hostiles o bien cultura organizacional estresante y hostilidad de la jefatura. Documento ECT y documentación adicional dan de una investigación sumaria pendiente hasta la fecha, a su vez, respecto la evaluación ISTAS no se identifican dimensiones con puntuaciones altas relevantes al criterio de observación ni a la acusación sumaria realizada en contra de la trabajadora, cabe señalar que esta investigación y aplicación del cuestionario fueron realizadas en el establecimiento del lugar de trabajo de la funcionaria, lo cual no es relevante debido a la interacción de otras instituciones de parte de la trabajadora la cual se identificarían las problemáticas acusadas por la trabajadora. Se desconocen los motivos por los cuales la funcionaria ingresa a Mutual de seguridad, ya que desde el 01 de junio del presente año se encuentra suspendida de sus funciones por sumerio administrativo adjunto, no teniendo comunicación en este periodo de tiempo con jefatura, pares y dependientes, sin embargo no se ha realizado ningún menoscabo económico a la funcionaria quien de manera íntegra durante todo el proceso sumarial ha recibido sus remuneraciones (adjunto liquidaciones de sueldo y ordinario Nº265 del 17 de octubre). Los nuevos antecedentes disponibles descartan la exposición al riesgo estudiado. Por lo anterior, no es posible establecer una relación de causalidad entre el cuadro clínico y el riesgo invocado por la paciente”.

Imputaciones de la recurrente Mediante la acción constitucional de autos, el recurrente, entre otras materias, imputa a la Superintendencia de Seguridad Social que ha actuado ilegalmente al dictaminar, mediante las resoluciones impugnadas lo latamente expuesto. En efecto, las vagas imputaciones antes señaladas, como se expondrá a continuación, son absolutamente infundadas y el reflejo del profundo desconocimiento que la contraria tiene de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744, y la relación que la Superintendencia de Seguridad Social tiene con el mismo, en cuanto organismo fiscalizador.

a) Ausencia de ilegalidad.

Pues bien, en cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente, cabe hacer presente que su defendida no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Tanto es así, que los recurrentes en su escrito, en el cual materializa el ejercicio de la acción constitucional que nos ocupa, pese a afirmar que lo resuelto por su defendida es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente lo que mi defendida ha hecho es calificar una AFECCIÓN COMO DE ORIGEN COMÚN, con las consecuencias que de ello se deriva.

Para realizar esta labor, su defendida es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º y 77 de la Ley Nº 16.744.

En tal sentido, debe hacerse presente a US. Ilustrísima que lo que existe en la especie son los dictámenes emanados de su defendida, dictados dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

Entonces, cabe preguntarse cuál es la ilegalidad que se imputa y cuál es la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia. La respuesta es ninguna, por cuanto lo que existe, lisa y llanamente, es la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales, como lo ha hecho en infinidad de veces y cuyo resultado, no es obviamente de la conveniencia de la recurrente.

De tal forma, es válido preguntarse también, si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario. La respuesta, claramente, es no. LO ANTERIOR, MÁXIME SI CONSTAN LOS INFORMES TANTO MÉDICOS COMO ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS POR su REPRESENTADA, INDISPENSABLES PARA LA DICTACIÓN FUNDADA DE LOS DICTÁMENES IMPUGNADOS. EN EFECTO, TODOS LOS ANTECEDENTES DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL CASO, SE ACOMPAÑAN EN EL PRESENTE INFORME ANTE US. ILMA.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, en razón de tratarse de un procedimiento cautelar de carácter excepcional y por lo mismo más rápido, pero que evidentemente está llamado a ser utilizado para otros casos, y no para que, por esta vía, se solucione un problema que dice relación con unos de los efectos jurídicos de la calificación como laboral de un siniestro.

La parte recurrente, en resumen, para calificar los dictámenes de la Superintendencia como ilegales, parte del supuesto que la conclusión a la que llega su representada, es “errónea” ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, está llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que por lo demás está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes en este organismo de control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendido éste como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de la procedencia de calificar como de origen laboral el cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP el día 2 de diciembre de 2021, por lo que procedió que el Instituto de Seguridad Laboral otorgara la cobertura del seguro de la ley hasta el 24 de agosto de 2022, estableciendo que los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes y que no existen medidas terapéuticas pendientes. Luego, su representada calificó la persistencia de sintomatología de la recurrente, más allá del 24 de agosto de 2022, como correspondiente a una enfermedad de origen común y que debe ser tratada por el sistema de salud común.

Es del caso, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la citada Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por lo anterior, se aprecia que las resoluciones exentas impugnadas por los recurrentes, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que se encuentra una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del dictamen impugnado.

Ahora bien, cabe reiterar que no obrar en la forma realizada por la Superintendencia, con sujeción estricta a la normativa reiteradamente citada en este informe, omitiendo hipotéticamente la dictación del dictamen impugnado, importaría incumplir el mandato constitucional que tiene el Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 número 18 de nuestra Carta Fundamental. Consecuentemente, la Superintendencia estaría por omisión infringiendo lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, en cuanto, a que tanto la primera de estas disposiciones establece que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.” A su vez, la segunda de estas normas dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se halla radicada, con carácter exclusivo y excluyente, en la Superintendencia de Seguridad Social, cualificado como órgano técnico, encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Adviértase bien, a US. Ilma., que, lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley, se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y no se vea, al contrario, forzado a cubrirla con su propio peculio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2º del D.L. Nº 3551, de 1980, al establecer que: “La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad” (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3º de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por lo preceptuado en el artículo 19 N° 18° inciso 4° de la Carta Fundamental, como porque ella se orienta a la cautela de un derecho fundamental que el Código Político asegura a todas las personas.

Cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a su representada, es su origen y sustento constitucional y posteriori configuración por la ley; la personalidad jurídica de derecho público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N° 18° inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Además, la Ley N° 16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de su representada, los que tienen que ser, necesariamente, interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, la recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza “fiscalizadora” que tiene este Servicio.

b) Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado ningún derecho de los establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, ya que su representada se ha limitado a ejercer sus facultades legales, resolviendo si la patología que afecta al recurrente es del origen común o laboral para que, conforme a ello, determinar el organismo de seguridad social al cual le corresponde otorgar las prestaciones que correspondan.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que realizó respecto de la calificación de su patología.

En cuanto a la “igualdad ante la ley”, cabe reiterar que la Superintendencia de Seguridad Social ha actuado estrictamente dentro del marco de sus competencias legalmente establecidas en relación a la calificación de la patología de la Sra. nombre reservado. Cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que mi representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para esta parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee mi representada.

Solicita, en subsidio de la petición anterior y para el improbable evento que no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación, copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de doña nombre reservado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en los numerales 1, 3, 4 y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, cabe señalar que el acto arbitrario e ilegal denunciado por la parte recurrente dice relación con la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, que determina que la patología que sufre la recurrente, tiene la calidad de común y no de enfermedad profesional. Denunciando, en definitiva, la falta de fundamentación de dicho acto administrativo, el cual no se encontraría avalado por ningún antecedente médico o clínico que pudiera respaldar técnicamente tal decisión.

CUARTO: Que, del análisis de los fundamentos esgrimidos para calificar de enfermedad común la patología que afecta la recurrente, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más que los antecedentes adjuntados por la Mutual de Seguridad, los cuales se contrastan con los antecedentes acompañados por la recurrente.

QUINTO: Que, en este mismo orden de ideas, destaca que en esta causa se aprecia una evidente contradicción, no existiendo un antecedente de la recurrida, teniente a dar certeza de la calificación de la enfermedad que padece la recurrente. Argumento que, por este solo hecho, basta para considerar arbitrario y, consecuencialmente, pertinente para dar lugar a este recurso, ello porque una decisión de esa naturaleza deja a la recurrente en una clara situación de desprotección y afectación a sus legítimo derechos.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, todos ya individualizados, por la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-118732-2023 de fecha 7 de septiembre del 2023, la que se dejan sin efecto, ordenándose que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar si la patología que afecta a la recurrente, tiene la calidad de enfermedad común o profesional.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

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