nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, ocho de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, Ex Sargento 2° de Carabineros, Cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la nombre reservado de Carabineros nombre reservado Nro. 21, representada por el nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Indica que ingresó a la institución el día 16 de mayo de 2005, contando a la fecha de la baja de las filas de la institución con 18 años y 3 meses de servicios efectivos, realizado a lo largo de su trayectoria servicios policiales de guardia, población y servicios extraordinarios dispuestos por su mando directo en la Subcomisaría Cabo 2do. nombre reservado, 29° Comisaría de Fuerzas Especiales, 38° Comisaría de Puente Alto, 20° Comisaría de Puente Alto, Retén Troyo y Retén Sierra Nevada.

Así las cosas, el recurrente desde su ingreso a Carabineros de Chile, ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda, manteniendo siempre un irrestricto apego al régimen disciplinario que rige a la Institución; como también, a los principios éticos, morales y valóricos que deben adornar a cada Carabinero, manteniendo un constante espíritu de superación que lo ha llevado a seguir estudiando y perfeccionándose, de manera continua y permanente, tanto en el área profesional como de cultura general.

El motivo de la “Baja Inmediata por Conducta Mala”, según la Resolución Exenta N° 778, de fecha 12 de septiembre de 2023, de la nombre reservado nombre reservado° 21, obedece a que el recurrente, Sargento 2do. nombre reservado:

“Porque mediante oficio reservado N° 194, de fecha 12.09.2023, la Subdirección de Asuntos Internos informa que día 12.09.2023, a las 06:30 horas, en la 12° Comisaría de San Miguel, se presentó el ciudadano nombre reservado, denunciando que siendo las 23:00 horas, el día 11 de septiembre del año 2023, mientras se encontraba en compañía del Sargento 2° de Carabineros nombre reservado, concurrieron a la intersección de Avenida Las Industrias con calle Ingeniero Budge, comuna de San Joaquín, momentos en que efectuaron rayados de pintura al monumento del Presidente Salvador Allende, existente en el exterior de la Corporación Cultural de San Joaquín. Consecuente con ello, el Fiscal Hernán Soto Retamal, de la Fiscalía Local de San Miguel en Folio N° 497474 instruyó dentro de otras diligencias Orden de Investigar por 30 días al personal del Departamento de Asuntos Internos.

Que, conforme a la declaración del imputado nombre reservado, detalla que el día 11.09.2023, alrededor de las 23:00 horas junto al P.N.I anteriormente individualizado, a bordo de su vehículo particular P.P.U DXFT-37, marca Volkswagen, modelo Golf, color gris, se trasladaron hasta la comuna de San Joaquín, donde arrojaron pintura color rojo, sobre el pedestal del monumento al Presidente Salvador Allende Gossens, para luego retirarse del lugar al domicilio de su padre, ubicado en domicilio reservado, donde dejaron estacionado el vehículo, retirándose nombre reservado a su domicilio en la comuna nombre reservado, mientras que el P.N.I., lo hizo en dirección al domicilio de sus familiares en la comuna de La Granja. Posteriormente refirió haber tomado conocimiento que personal de Carabineros había concurrido al domicilio de su padre, razón por la cual decidió reconocer su responsabilidad en lo sucedido.

En relación con las diligencias efectuadas por personal Daicar estableció que el Sargento 2° nombre reservado posee domicilio domicilio reservado, razón por la cual personal especializado se trasladó al lugar donde no fue habido, siendo posteriormente sorprendido a las 11:49, en las cercanías del inmueble en la intersección de calle Uspallata con José Ghiardo de esa comuna, procediendo a efectuar un control de identidad investigativo.

Con los antecedentes obtenidos y la fiscalización del funcionario, se solicitó instrucciones al Ministerio Público tomando contacto con el Fiscal Hernán Soto Retamal, quien señaló que a las 13:30 , el magistrado del 12° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a otorgar una orden de detención contra el P.N.I.

Es dable señalar que el personal a cargo del procedimiento, al entrevistarse con el funcionario, se percató que mantenía muestra de pintura roja en su pantalón tipo jeans”.

El motivo invocado por la recurrida, para expulsar al recurrente de las filas de Carabineros de Chile, se encuentra carente tanto de sustento como del mínimo mérito probatorio para adoptar la medida disciplinaria más severa de todas aquellas que establece la reglamentación interna de Carabineros de Chile para su personal de nombramiento institucional (P.N.I.), como lo es la baja con efectos inmediatos, por conducta mala (artículo 25, numeral 9, Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11, norma institucional invocada en el considerando 5 de la mencionada resolución), toda vez que el Prefecto de la nombre reservado de Carabineros nombre reservado° 21, nombre reservado, no fue quien presenció u observó la supuesta falta al régimen disciplinario que se le atribuye, sino que, únicamente, se basó para disponer su baja inmediata, en el Documento Electrónico N.C.U 190977795, de fecha 12.09.2023, de la 5ta. Comisaría Curacautín, mediante el cual informa denuncia por daños que me involucran.

En este sentido y con la finalidad de dar a conocer situación emocional que le afecta, detalla el recurrente una serie de sucesos que le han perjudicado:

El día 01 de julio de 2023, estuvo involucrado en procedimiento administrativo con el Suboficial nombre reservado. Lo anterior ocurrió en el Retén Sierra Nevada, afectándole de sobremanera.

El día 17 de julio de 2023, mediante el documento electrónico N.C.U 187258465, solicitó hora con psicólogo Institucional con la finalidad de contar con apoyo emocional, petición que fue denegada por el Comisario Subrogante de la 5ta. Comisaría de Curacautín, capitán Sr. nombre reservado.

El día 25 de julio de 2023, mediante Resolución Exenta N° 01, fue notificado de sanción disciplinaria consistente en una "Reprensión". Lo anterior le afectó profundamente, provocando desmotivación, problemas para conciliar el sueño y un gran desaliento para continuar prestando servicios en dicho retén.

El día 04 de septiembre de los corrientes, el recurrente recibió atención psiquiátrica por parte del especialista nombre reservado, quien le diagnosticó: "Trastorno de adaptación con síntomas mixtos de ansiedad y depresión" y además le extendió 30 días de licencia médica a contar del 5 de septiembre del 2023.

El día 10 de septiembre viajó a Santiago con la finalidad de tener el apoyo de los más cercanos y el día 11 del mismo mes, estuvo compartiendo en casa de sus amistades.

A las 23:00 horas, aproximadamente, se dirigió junto a sus amigos a comprar bebestibles y comida, y durante el trayecto se detuvieron frente a la estatua del Presidente Allende, procediendo a lanzar pintura roja como un acto irracional producto de la embriaguez que les afectaba Todas estas circunstancias no fueron consideradas por la autoridad de Carabineros recurrida y sólo considerando el documento electrónico que da cuenta de situación en la que se le involucra, decidió, derechamente, resolver su baja por conducta mala con efectos inmediatos, pero sin siquiera realizar un análisis objetivo, imparcial y fundado de los escasos antecedentes recopilados hasta ese momento que, a lo menos, exigía que los hechos fueran previamente esclarecidos por medio de un proceso investigativo o sumarial que entregara mayores garantías y que, a lo menos, respetara los principios de “Presunción de Inocencia” y “Debido Proceso”.

Su salud mental y la ebriedad que le afectaban el día de los hechos, no fueron reflexionadas por la autoridad policial recurrida, entendiendo entonces que no existe fundamento alguno, sea fáctico y/o jurídico para disponer la citada medida disciplinaria, considerándose ésta por ahora improcedente o, a lo menos, desproporcionada, mientras no se cuente con una conclusión fundada y contundente, arribada al término de un proceso investigativo debidamente reglado, como debería ser un “Sumario Administrativo”, tal cual lo exige el artículo 5, letras c) y d) del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, lo que no se observó en la especie por parte de la recurrida.

El ente recurrido no ha dado cumplimiento a la actuación establecida en el inciso 2° del artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, que impone la obligación de instruir una investigación “antes” de sancionar, cuando las faltas que se imputan no se adviertan de manera indubitada, según se desprende de la siguiente transcripción: “Deberán ser esclarecidas a través de una investigación, la que se someterá, en lo pertinente, a las normas contenidas en el Reglamento de Sumarios Administrativos, constando su declaración indagatoria por escrito, como sus descargos y recursos.”. Dicha actuación formal (instrucción previa de una investigación o sumario) no fue observada por la recurrida, disponiendo la baja inmediata por conducta mala, sin haberse dispuesto e instruido previamente, un proceso administrativo de carácter investigativo para establecer, en forma objetiva e imparcial, la existencia de responsabilidad administrativa, lo que tiene su correspondencia en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Constitución Política de la República, pero que en este caso no se acató, porque sin esperar el resultado de un proceso investigativo interno, se resolvió de inmediato su baja de las filas de Carabineros por Conducta Mala.

Entonces, no se daban los requisitos para aplicar derechamente el artículo 127 N°4 penúltimo inciso del reglamento N°8 (Baja por Conducta Mala con Efectos Inmediatos) sin, a lo menos, realizar un proceso investigativo previo, objetivo e imparcial que demuestre la existencia de conductas contrarias al régimen disciplinario, a las normas legales o al orden público, ya que al no cumplirse con esta exigencia que ampara “el debido proceso” (sumario o investigación previos), la desvinculación inmediata constituiría una decisión arbitraria y contraria a las normas y al principio de igualdad ante la ley que el ordenamiento jurídico consagra no solo a favor de toda persona, sino que de todos los demás funcionarios públicos, ya que es del todo conocido que antes de resolver la desvinculación del personal de la administración pública (según arts. 121, 126 inc. 6°, 127, 128, 129 y 136 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo DFL 29), primeramente, se debe instruir el proceso administrativo/sumario y luego que se agotan todas y cada una de las instancias y los recursos respectivos que procedan (queda a firme la decisión), recién produce el efecto perseguido y debe cumplirse con el acto administrativo de término (cuestión que no ha ocurrido en el caso que afecta al recurrente).

La parte recurrida ha transgredido la presunción de inocencia: artículo 19 N°3 inciso 5º de nuestra Carta Magna, por el cual “Se prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal”. Esto quiere decir que la inocencia se presume, por tratarse de un principio de aplicación transversal en nuestro ordenamiento jurídico, siendo sólo posible desvirtuar dicha presunción por medio de un juicio previo tramitado en conformidad a la ley y en observancia a las garantías en que ellas se amparan. Por tanto y dicho lo anterior, el suscrito fue objeto de un acto administrativo en el cual, su responsabilidad, fue resuelta a “priori” y se desprende, claramente, que la responsabilidad fue presumida de derecho o, más bien, por el mero parecer de la autoridad que lo sanciona.

Fundamentos de derecho.

En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 1, queda de manifiesto su transgresión conforme lo explicitado en los párrafos precedentes donde se detalla la raíz del actuar irracional, lo que conlleva a un trastorno emocional grave del recurrente.

La garantía constitucional de la igualdad ante la ley se encuentra consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR. La doctrina administrativa y constitucional ha definido la garantía de la igualdad ante la ley como:

“[…] el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea procedente efectuar entre ellas distinciones favorables o adversas en razón de la raza, de la nacionalidad, del sexo, de la profesión, actividad u oficio y del grupo o sector social o categoría económica a que se pertenezca […]”.

Siendo entonces, el elemento esencial de esta garantía, la inadmisibilidad de discriminaciones arbitrarias, entendiéndose éstas como:

“[…] toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable”.

En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que discriminación (arbitraria):

“debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que se basen en determinados motivos, […], y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas”.

La lectura anterior debe ser complementada con el tenor de la norma de la Constitución Política, de manera que todos somos iguales ante la ley, y por tanto, las diferencias en la ley o aplicadas por una autoridad (como en este caso por Carabineros), deben ser razonablemente establecidas, ya que de otra forma el diferente goce de derechos no sería justificable.

En definitiva, la igualdad ante la ley exige que las normas jurídicas y el trato de las autoridades sean iguales para todas las personas que se encuentren en idénticas circunstancias, no debiendo concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se encuentren en condiciones similares.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha recogido lo anteriormente indicado, ya que, en numerosos fallos dictados a propósito de acciones de protección por vulneraciones de la garantía de igualdad ante la ley, han establecido el principio según el cual el ente “Administrador” en su actuar, debe ser igualitario en el trato respecto de todas las personas que se encuentren en similares circunstancias.

En consecuencia, una destitución debe ser independiente y objetiva, similar a otros procesos de remoción que existen para otros miembros de organismos estatales independientes. En este caso, el recurrente afirma haber recibido un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria, vulnerándose, así, de manera abierta y manifiesta, la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR y en diversos tratados internacionales.

Con todo, queda claro, que en el caso de autos existe falta de igualdad, ya que en la Resolución Exenta que dispone su baja inmediata, no hay un fundamento real, imparcial y objetivo para atribuirle responsabilidad administrativa, por lo tanto, considera que no se le consideró el derecho a defensa y menos debido proceso, porque se tienen por probados hechos, que originan clara incertidumbre sobre la forma en que acontecieron y sobre la participación del recurrente, toda vez que la propia jurisprudencia señala que las resoluciones de los organismos públicos tienen que ser fundamentados, tal como lo establece los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Para concluir este apartado, se representa que la citada Resolución Exenta, que fue dictada sin esperar los resultados de un proceso administrativo previamente tramitado -sin observar el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia-, dispone la expulsión inmediata del recurrente.

El derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

El artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, establece:

“4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.”

La Resolución Exenta que dispuso la “baja por conducta mala con efectos inmediatos”, que como ya se ha dicho, no tiene sustento ni insumo probatorio.

Acto seguido, se debe representar a ese Tribunal Superior, que la ya mencionada Resolución Exenta, dispone la baja inmediata del recurrente con nota de conducta mala, persistiendo en forma indefinida la nefasta calificación de conducta fijada por la recurrida en el acto administrativo catalogándola como “mala”, manteniéndome en la incertidumbre, sin poder rehacer su vida laboral, familiar y personal, porque todo su grupo de cercanos y redes de amigos y conocidos, saben que fue dado de baja por conducta mala, quien además de ser conocido ahora en su entorno por haber sido dado de baja forzosamente por conducta mala, condición que no sabe por cuánto tiempo durará; tampoco la resolución de baja le permite presentarse como un buen prospecto laboral ante una empresa pública o privada, porque todos piden referencias y cuando se trata de ex Carabineros, solicitan o la resolución de retiro o un certificado de nota de conducta, y con la actual Resolución Exenta, no se le permitirá ingresar a ningún trabajo de exigencia media, ya sea como guardia, vigilante, transportista, asistente, ejecutiva de ventas, digitador, etc., porque le pesa la denostadora fama que se ganó en la resolución de baja, y la forma en que fue desvinculado de Carabineros, como también, la calificación de conducta mala que fuera fijada sin razón por la recurrida, lo que ha echado por tierra toda una trayectoria de servicio público, ahora se le tilda de funcionario que ha perdido sus condiciones profesionales y morales, y nadie quiere contratar a un ex funcionario con este perfil, situación del todo desfavorable y perjudicial para su honorabilidad y dignidad, porque debe demostrar a los demás que existe un sumario administrativo en el cual podría probar su inocencia, pero cómo se puede hacer aquello si hasta el sumario administrativo se encuentra paralizado indefinidamente a raíz de la suspensión del procedimiento disciplinario. ¿Qué más daño se le puede hacer al término de su carrera profesional?

El derecho a la libertad de trabajo y su protección, derecho a la libre contratación y su libre elección, establecida en el artículo 19 N°16 inciso 2° de la Constitución Política de la República.

A su vez, las actuaciones y/u omisiones de la recurrida han vulnerado, también, el derecho al trabajo y su libre elección y contratación, al que hace mención la Constitución en su 26 artículo 19 numerando 16 inc. 2°, por cuanto se le privó de su única fuente y/o actividad laboral que contaba y, consecuencialmente, de todos los derechos previsionales y remuneratorios propios del cargo que él, en forma voluntaria, eligió libremente desempeñar y que, por un capricho de la recurrida, que sin mediar a lo menos un proceso investigativo previo, decidió truncar sin fundamento, al resolver su baja con efectos inmediatos, sin contar con el insumo probatorio mínimo para resolver tan severa sanción; catalogando, sin explicación o fundamento alguno, de: grave, lo que en definitiva truncó su carrera profesional como Carabinero y afectó, por tanto, su derecho a la libre elección del trabajo, que años atrás ejerció al ingresar libre y voluntariamente a las filas de Carabineros de Chile.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Exenta N° 778 de fecha 12 de septiembre de 2023, de la nombre reservado nombre reservado° 21 2.- Certificado médico A folio 14 la recurrida emite informe.

I.-HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE BAJA CON EFECTOS INMEDIATOS.

El día 12 de Septiembre de 2023 mediante el Oficio N° 194 de fecha 12.09.2023 de la Subdirección de Asuntos Internos, el Mando de Repartición de la época, fue informado que aquel día a eso de las 06:30 hrs se había presentado en la 12va Comisaria “San Miguel” don nombre reservado denunciando que el día 11 de Septiembre de 2023 a eso de las 23:00 hrs en compañía de nombre reservado, quien posteriormente resultó ser Sargento 2do. de Carabineros y recurrente de autos, se trasladaron hasta la comuna de San Joaquín, específicamente hasta el monumento del Presidente Salvador Allende Gossens, lugar donde vandalizaron dicho monumento, arrojándole pintura de color rojo, para luego retirarse cada uno de ellos hasta sus domicilios. Agregó que concurrió a denunciar el hecho y asumir responsabilidad en lo sucedido, ya que tomó conocimiento que personal de Carabineros había concurrido hasta el domicilio de su padre.

Como consecuencia de los hechos denunciados, el Fiscal de turno instruyó que personal del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros diligencie la orden de investigar, contexto en que estos concurren hasta el domicilio que tiene registrado el recurrente, siendo sorprendido en las cercanías del lugar, motivo por el cual se contactan con el Fiscal, quien solicitó una orden de detención en contra de aquel, la cual se materializó a eso de las 13:36 hrs.

Los hechos en los que se vio involucrado el Sargento 2do. nombre reservado y don nombre reservado fueron denunciados mediante el Parte N° 5150 de fecha 12.09.2023 de la 12va Comisaría San Miguel, quienes fueron formalizados en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago (causa RUC 2300991942-2 y RIT 3241-2023) por infracción a la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales (delito de daños a monumentos nacionales), oportunidad en que la detención fue declarada legal y quedaron sujetos a las medidas cautelares del Artículo 155 letras d) -prohibición salir del país- y e) -prohibición acercarse al monumento de Salvador Allende-, lo que fue comunicado a la 50ª. Comisaría San Joaquín mediante oficio N° 1231-1425-2023 de fecha 13 de septiembre de 2023.

Es importante señalar, además, que a propósito de estos mismos hechos, la Ilustre Municipalidad San Joaquín dedujo querella criminal en contra de los imputados por el delito de daño a monumentos nacionales, la cual fue declarada admisible.

Todos los antecedentes a los que se hacen mención en el presente acápite, en especial, Parte Detenido N° 5150 de fecha 12 de Septiembre de 2023 de la 12va Comisaría San Miguel y documentos adjuntos; Oficio N° 1231-1425-2023 de fecha 13 de Septiembre de 2023 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago; Querella deducida por la I. Municipalidad de San Joaquín en contra del Sargento 2do. nombre reservado y don nombre reservado; y Resolución de fecha 29 de Septiembre de 2023 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago que tiene por interpuesta la querella (RIT 3305-2023), ya se encuentran incorporados en la carpeta judicial, ya que fueron acompañados al momento que se deduce recurso de reposición en contra de la resolución que resuelve hacer lugar a la orden de no innovar.

A propósito de estos hechos, que son los que en definitiva motivan la aplicación de la medida administrativa contenida en la Resolución Exenta N° 778 de fecha 12.09.2023 de la recurrida, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo mediante la Orden de Sumario N° 19204/1 de fecha 13.09.2023 de la nombre reservado nombre reservado° 21, el cual actualmente se instruye por la Fiscalía Administrativa de la nombre reservado Santiago Sur, dependiente de la Zona de Carabineros Santiago Este por ser dicho órgano técnico competente territorialmente para su instrucción ya que en dicho sector jurisdiccional ocurrieron los hechos materia de autos. Es preciso señalar que actualmente la tramitación de dicho sumario administrativo se encuentra paralizada (Resolución Exenta N° 816 de la 18.09.2023 de la nombre reservado nombre reservado° 21) hasta que se resuelva la denuncia realizada en sede penal, ello conforme a lo establecido en el artículo 84 ter de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, la que en su inciso final establece que: “Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal.”.

Por otro lado, con la finalidad de graficar los hechos en los que se vio involucrado el Sargento 2do. nombre reservado, se inserta en el presente oficio 5 fotografías que se adjuntaron al parte policial con el cual se denunciaron los hechos.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL, REGLAMENTARIO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL APLICAR LA MEDIDA ADMINISTRATIVA.

Como consecuencia de los hechos en los que participó el Sargento 2do. nombre reservado, el Mando de Repartición de la época, luego de ponderado y en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias dictó la Resolución Exenta N° 778 de fecha 12 de Septiembre de 2023 disponiendo la baja con efectos inmediatos de las filas de la institución, acto administrativo que en definitiva es recurrido en estos autos.

Con la finalidad de fundamentar la potestad del Mando de Repartición para dictar dicho acto administrativo, hay que indicar que Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende de lo estipulado en el artículo 36, inciso final de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, el que dispone “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.

Así las cosas, la medida se adoptó en virtud de facultades reconocidas en el ordenamiento jurídico y por mandato constitucional, y teniendo en vista, cautelar una de las características esenciales de Carabineros de Chile, cual es la disciplina (Art. 101 inc. final de la Constitución Política, Reglamento de Disciplina N° 11, y Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8).

En efecto, la Constitución Policita de la República en su artículo 105, entrega a una Ley Orgánica Constitucional la determinación, entre otras, de las normas básicas referidas a la carrera profesional de Carabineros de Chile.

A su vez, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su Artículo 2, determina que el personal de la institución ésta sometido a las normas básicas establecidas en la misma ley, a su Estatuto, al Código de Justicia Militar y a su Reglamentación interna.

Entre la reglamentación aludida, se cuenta el artículo 127, N° 4, inciso 5to del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8-aplicado en el caso sublite-, que dispone que cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente, el jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o de la investigación.

Así, la normativa recién citada permite, que cuando concurran los supuestos indicados, para el caso, hechos de gravedad en los cuales la responsabilidad del inculpado se hace evidente, la baja denominada con efectos inmediatos, será dispuesta por la autoridad policial, aunque el procedimiento disciplinario no se encuentre afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el “carácter de condicional” pues se encuentra sujeta al resultado final del proceso sumarial, teniendo el recurrente, en el tiempo intermedio, derecho a contestar los cargos propuestos por la Fiscalía en Comisión, y ejercer las instancias recursivas correspondientes (recurso jerárquico y apelación), ante el Sr. nombre reservado, Sr. Jefe de Zona, y Sr. General Director.

Cabe destacar que, si bien es cierto la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida, que da lugar al licenciamiento con efectos inmediatos, corresponde a la autoridad competente, en el caso al Prefecto de la Repartición, ello queda en definitiva sujeto a la decisión de la Contraloría General de la República, quien debe constatar que esa determinación se ajuste a derecho mediante el trámite de toma de razón.

Con lo referido, se puede concluir que la Resolución Exenta N° 778 de fecha 12 de septiembre de 2023, de la nombre reservado de Carabineros nombre reservado° 21, no obedece a un mero capricho o arbitrariedad, por el contrario ella se sustenta en la normativa legal y reglamentaria imperante sobre la materia en Carabineros de Chile(artículo 127 N° 4 inciso 5to, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8), normativa interna que tiene pleno reconocimiento en nuestra Constitución Política de la República, en efecto el artículo 19 N° 3 inciso 2°, al garantizar el derecho a la defensa señala expresamente que “Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos”.

Ya señalados los fundamentos normativos, es imperioso hacer presente que la decisión adoptada por el Mando de Repartición también encuentra respaldo jurisprudencial, ya sea a través de sendas sentencias dictadas por las Ilmas. Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, y variados dictámenes de la Contraloría General de la República.

Así existe jurisprudencia de nuestros tribunales que han conocido de hechos similares por la vía de la acción de protección, ejercida por Personal de Nombramiento Institucional de Carabineros de Chile que ha sido “dado de baja con efectos inmediatos”, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 N° 4 inciso 5to, del Reglamento de Selección Ascensos del Personal de Carabineros N° 8.

A este respecto es dable señalar el fallo en autos Rol 6.008-2007, de la Excelentísima Corte Suprema, que confirma la sentencia de primera instancia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en autos de su ingreso Rol Protección N° 479-2007, la cual concluye:

“Ordenar la baja inmediata de un funcionario, como se desprende de la norma reglamentaria transcrita, integra la potestad disciplinaria de la autoridad policial, en cuanto es una atribución discrecional de la que podrá hacer o no uso, pero, para adoptarla, se requiere que la falta sea de tal gravedad que sea inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución…”.

De igual forma la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol 2.333-2013, ha concluido: “Tercero: Que no obstante que la adopción de una medida disciplinaria de esta índole da al afectado el derecho a los medios de impugnación que la reglamentación de la institución le confiere, sus efectos son inmediatos, y consisten en la desvinculación de las filas a contar del día inmediatamente posterior al de la notificación…, el que podrá confirmar la resolución de baja o absolverlo de los cargos, siendo en ese caso reintegrado a la institución”.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en autos de su ingreso Rol 396-2009, en la parte pertinente señaló: Considerando 33°)“…, el señor Prefecto recurrido ha actuado dentro de sus facultades, las que le han sido conferidas por la ley y por los reglamentos, actuando en esta materia exclusivamente en el ámbito administrativo, de modo que no puede considerarse que hubiera incurrido en algún acto u omisión ilegal.

De otro lado, se tiene en cuenta que los recurrentes disponen de medios para efectuar reclamos respecto de las resoluciones que se pronuncien en el Sumario Administrativo… Asimismo, las actuaciones desarrolladas por el recurrido, nada tienen de arbitrarías, toda vez que aparece de los antecedentes de los autos que ha habido razones fundadas para aplicar precisamente la sanción de baja respecto de los recurrentes.”

Además, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en los autos de Protección Rol N° 04-2011, por sentencia de 17 de junio de 2011, junto con rechazar la acción de protección, que también incidía en una “eliminación con efectos inmediatos”, consignó en los considerandos que se dirán y en lo que interesa:

“3°.-Además de lo anterior, lo dispuesto en el artículo 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, permite concluir que asiste a dicha institución la facultad de ordenar la baja inmediata de un funcionario cuando incurriere en falta grave, lo que ha sido calificado de esa forma por la recurrida, facultad que fue ejercida con estricto apego a los antecedentes probatorios ya referidos, dentro del ámbito de su competencia y autorizada por norma reglamentaria.

4°.- Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por lo que el recurso será desestimado”.

En el mismo sentido de los fallos recién trascritos, lo que permite estimar la existencia de una jurisprudencia invariable en el tiempo se encuentran los siguientes:

Rol N° 14.685-2022 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia dictada en autos Rol N° 17.914-2023.

Rol N° 3570-2020 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, sentencia no apelada Rol N° 6.031-2020 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, sentencia no apelada.

Rol N° 16.085-2019 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia dictada en autos Rol N° 36.796-2019.

Rol N° 1.767-2019 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Talca, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia dictada en autos Rol N° 19.102-2019.

Rol N° 5.446-2019 de la Excma. Corte Suprema.

Rol N° 44.609-2017 de la Excma. Corte Suprema.

Rol N°s 13.538 y 25.121, ambos de 2015 de la Excma. Corte Suprema.

Rol N°s 12.087 y 15.656, ambos de 2013, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Rol N° 145-2013, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Iquique.

Rol N° 133 – 2012, de la Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Rol N° 7.616-2011 de la Excma. Corte Suprema.

Rol N° 338-2011, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, fallo confirmado por la Excma Corte Suprema, en autos Rol 12.556-2011.

Rol N° 14-2008,de la Ilma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Cabe reiterar que se hace presente toda esta jurisprudencia judicial con la finalidad de demostrar que ha sido invariable en el tiempo el reconocimiento de la facultad de aplicar la baja con efectos inmediatos en virtud de lo establecido en el artículo 124 N° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, lo que está reconocido tanto en el ámbito constitucional, legal y reglamentaria.

Por otro lado, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la que por mandato legal expreso es vinculante para Carabineros de Chile, como órgano que forma parte de la Administración del Estado, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 6 y 9 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República (aplica Dictámenes N° 84.184 y 85.254, ambos de 2015, entre otros) ha precisado sobre la “Baja con efectos inmediatos”, conforme al Artículo 127 N° 4 inciso 5to, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8, en el Dictamen N° 7.672-2010, lo siguiente:

“Cabe concluir que el licenciamiento por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicado a don nombre reservado, aun cuando se encuentre pendiente la investigación administrativa instruida al efecto, se encuentra ajustada a derecho, sin perjuicio de lo cual, cabe anotar que esta Contraloría General, examinará la legalidad del aludido procedimiento en el trámite de toma de razón, siempre, por cierto, que la medida de que se trata sea confirmada.”

En el sentido indicado anteriormente encontramos los Dictámenes Nros. 39.621 de 2008; 2.361 de 2009; 39.621 de 2008; 53.449 y 60.053, ambos de 2009; 7.672 y 78.551 de 2010; 20.513 y 31.214, ambos de 2011; 26.406 y 26.406, ambos de 2012; 39.690 y 42.486, ambos 2015; 19.138 de 2017 entre otros, jurisprudencia administrativa que válida expresamente la “Baja con efectos inmediatos”, consagrada en el Artículo 127 N° 4 inciso 5to del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, siendo contestes en estimar que el uso de esta atribución por parte de las autoridades policiales con facultades para ordenar instrucción de sumarios administrativos, se encuentra absolutamente ajustado a derecho, actuando conforme a lo que la Constitución, Ley Orgánica Constitucional y reglamentación interna establece.

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE FUERON CONCULCADOS SEGÚN EL RECURRENTE.

El actor de protección refiere que se ha privado, perturbado y amenazado los derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

a.- Respecto de una eventual infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N° 1, ya que el actuar del Mando de Repartición ha traído como consecuencia un trastorno emocional grave, es dable señalar que en dicho acápite el recurrente no desarrolla de qué manera la decisión adoptada por el Prefecto de la Repartición vulnera la garantía o derecho a su integridad psíquica, de manera que no hay antecedentes que a los que este recurrido se pueda referir al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que según relato del recurrente su situación emocional estaría desmejorada, al menos desde el 1 de julio de 2023 lo que motivó que con fecha 4 de Septiembre 2023 se le otorgue una licencia médica psiquiátrica, lo que permite concluir entonces que el “trastorno emocional grave” que refiere el recurrente, no es consecuencia del ejercicio de la facultad legal y reglamentaria del Mando con potestad disciplinaria.

b.- Respecto de una eventual infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, esto es, infracción a la igualdad ante la ley, es preciso mencionar que si bien el recurrente en el acápite donde desarrolla dicha alegación solo realiza una lata transcripción de normativa y doctrina, sin mencionar específicamente como concurre dicha infracción en base a los antecedentes, finalmente indica que no hubo fundamento real, imparcial y objetivo para atribuir responsabilidad.

En atención a lo anterior, es menester indicar que la decisión adoptada por el Mando de Repartición se basó en antecedentes concretos que permitían determinar su participación y responsabilidad en los hechos, y ello posteriormente se ve confirmado con los dichos del propio recurrente cuando indica en el numeral 6.5., de su recurso que ese día a las 23:00 hrs junto a unos amigos fueron a comprar comida y bebestibles, “y durante el trayecto nos detuvimos frente a la estatua del Presidente Allende, procediendo a lanzar pintura roja…”como acto irracional producto de la embriaguez.

De esta forma, si consideramos lo que expone el mismo recurrente, los hechos por los cuales fue formalizado y los hechos mencionados en el acto administrativo recurrido, debemos llegar a la necesaria conclusión que existe una congruencia en los mismos, debiendo por ende descartarse que se haya aplicado la medida administrativa sin un fundamento real, objetivo e imparcial, debiendo por ende descartarse cualquier ilegalidad o arbitrariedad que se alegue al respecto.

En conclusión, se debe desestimar que exista una vulneración a la igualdad ante la ley, ya que se ha procedido conforme a derecho y reglamento, obrando dentro de la potestad disciplinaria de la autoridad policial, siendo una atribución discrecional, de la que podrá o no hacer uso, concurriendo alguno de los supuestos que exige la norma, y que evidentemente concurren en el caso sublite.

Por cierto, además, quien en definitiva pondera la gravedad de la falta, para efectos de formar convicción al momento de aplicar la medida administrativa, es quien resuelve o aplica la medida, ello conforme a lo establecido en los Dictámenes Nros. 11.828 de 2012; 36.684 de 2014; 17.379 de 2016; 30.093 de 2017, entre otros.

Es más, esta facultad, incluso es contemplada en el ordenamiento administrativo común o general, tratándose de procedimientos disciplinarios de los funcionarios públicos del fuero civil en el artículo 136 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado. (Rol 479-2007 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, confirmada por la Excma. Corte Suprema Rol 6.008-2007; causa Rol 338-2011, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.)

c.-En cuanto a una eventual infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N° 4, esto es, el respeto y protección de la vida privada y honra de la persona y familia, por cuanto en concepto del recurrente su situación administrativa es desfavorable y perjudicial para su honorabilidad y dignidad, lo que le impide rehacer su vida laboral, familiar y personal, ya que su grupo de personas cercanas y amigos, saben que fue dado de baja de las filas de la institución. En relación al argumento esgrimido por el recurrente para fundar su alegación, se estima que no se puede imputar al Mando de Repartición la infracción alegada, ya que para aplicar la medida disciplinaria se tuvo en consideración los hechos en los que se vio involucrado el recurrente, los que él cataloga en su escrito como un acto irracional producto de la embriaguez –lo que permite concluir que media un reconocimiento expreso de los hechos que fundamentan la medida administrativa-, la que además, como ya se ha fundamentado en este informe, tiene reconocimiento legal, constitucional, reglamentario y jurisprudencial tanto de las distintas Ilmas. Cortes de Apelaciones y Excma. Corte Suprema, como de la Contraloría General de la República. En ese entendido, no hay ninguna ilegalidad o arbitrariedad en la dictación del acto administrativo recurrido.

d.- En relación a una eventual infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N° 16, esto es, la libertad de trabajo y su protección, es preciso señalar que si bien el Sargento 2do. nombre reservado, tiene el derecho a realizar la actividad laboral de su elección, y en el caso sublite, haber desempeñado el cargo de funcionario de Carabineros de Chile, es preciso señalar que también este se debe sujetar en lo disciplinario a la normativa que establece la misma institución, encontrando esto respaldo en la misma Carta Fundamental al señalar que tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, estos se regirán en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO.

Es importante mencionar que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio del recurrente- sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña en su unidad de origen y la supuesta arbitrariedad de los actos administrativos que dispusieron su traslado, por lo que aquello que pretende el recurrente, es obtener por parte de la Corte de Apelaciones, la declaración de un derecho del que no es poseedor, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

En consecuencia, como presupuesto básico de esta acción se exige la existencia de un derecho indubitado, lo cual en la especie no concurre.

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que la acción de protección siendo de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria y sumarísima, tiene por finalidad reestablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que clara y efectivamente se haya vulnerado. En consecuencia, y dado su carácter perentorio, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

Tal presupuesto, en el caso particular, no se verifica, toda vez que no se dispuso arbitrariamente el traslado del funcionario, sino que aquello obedeció a la observancia de la normativa que rige el traslado del personal de Carabineros de Chile, amparado en los criterios sostenidos por Contraloría General de la República, por lo que no estamos en presencia de un actuar arbitrario de esta autoridad institucional, no existiendo vulneración alguna a los derechos previamente citados, en 1os términos esgrimidos por el recurrente.

Así, al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas por el recurrente, resulta improcedente la acción constitucional impetrada, toda vez que no se verifican los presupuestos básicos de esta acción, principalmente la supuesta ilegalidad y o arbitrariedad en el actuar de este Director Nacional de Personal, por lo que podemos colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo, no puede prosperar.

Solicita el rechazo de la acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, para su procedencia, resulta requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

TERCERO: Que, de la lectura del recurso y de los antecedentes agregados al proceso, se interpone la presente acción constitucional a favor del nombre reservado, Ex Sargento 2° de Carabineros, en contra de la nombre reservado de Carabineros nombre reservado° 21, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en disponer la baja inmediata, lo que vulnera los derechos fundamentales contemplados en los artículos 19 números 1, 2, 3,16 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

CUARTO: Que, informando el recurso, el recurrido sostiene que el recurso de protección al ser una acción constitucional de rápida tramitación, no es la instancia adecuada para conocer y desvirtuar las circunstancias que se tuvieron en consideración para que se determinara la baja de las filas de la institución, lo cual debe ser evaluado y ponderado en sede administrativa. Sostiene que la Resolución Exenta Nº 778, de fecha 12 de septiembre 2023, de la nombre reservado de Carabineros nombre reservadoº 21, cumple con el estándar exigido por la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente. En primer lugar, alega que dicho acto administrativo constituye una medida administrativa reversible, toda vez que está sujeta siempre al resultado final del sumario administrativo que obligatoriamente se debe instruir para esclarecer la totalidad de los hechos que engloban las circunstancias del caso. Señala además que la Resolución Exenta singularizada fue dictada por el señor Prefecto de la Repartición, quien es precisamente el jefe que ordenó la instrucción del sumario administrativo, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 127, Nº 4, inciso quinto, del Reglamento Nº 8 de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile, en concordancia con el Reglamento de Sumarios Nº 15, por lo que no es una comisión especial, ni mucho menos, sino que está facultado por norma expresa, actualmente vigente y vinculante para Carabineros de Chile. Además, argumenta, que es necesario indicar que la Resolución Exenta Nº 778 está fundada, pues no solo contiene la narración de los hechos, sino la ponderación de su gravedad y el fundamento de por qué mantener al recurrente dentro de las filas de la institución se tornó inconveniente. Señala que es relevante reparar en que la mencionada separación no tiene carácter de irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, al resultado final del sumario administrativo que se tramite. Así, no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la institución se produce, entre otras causales, “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación de los funcionarios se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse. Tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal, pues la desvinculación de que se trata no perjudica las herramientas de defensa de que pueda valerse el recurrente en el proceso sumarial que se seguirá contra él.

QUINTO: Que revisado lo expuesto por la partes y las normas legales invocadas es necesario para resolver el presente recurso que, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 Nº 4, inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros: “Cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá́ eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá́ fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación”;

SEXTO: Que, como se puede apreciar, la medida fue adoptada por funcionario expresamente autorizado y existiendo mérito para ello, de modo que no es posible atribuir un actuar arbitrario o ilegal, de modo tal que no se advierte un actuar de parte del recurrido que pudiera significar una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales del recurrente;

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la reglamentación antes citada, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad a lo recién señalado, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la institución.

OCTAVO: Se sigue de lo anterior, que el acto contra el cual se recurre tiene el tiene carácter intermedio, esto es, aparece inserto en un procedimiento más amplio y complejo y que se desarrolla conforme a un orden consecutivo legal, en el cual tanto el afectado como la autoridad ejercen y asumen derechos y cargas, agotando las diversas etapas procedimentales hasta su conclusión, por lo que no es susceptible de revisión a través de la cautela conservativa que provee el recurso de protección, sino por los medios de impugnación que el mismo procedimiento en que se emite contempla (así, entre otras sentencias, C. Suprema, 20 de mayo de 2019, Rol N° 32.824-2018).

NOVENO: Que, así las cosas, no concurriendo el primer y más elemental presupuesto de procedencia del recurso, resulta inoficioso emitir pronunciamiento respecto una eventual conculcación de las garantías constitucionales cuya vulneración se denuncia en la acción constitucional intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la nombre reservado DE CARABINEROS nombre reservado° 21, todos ya individualizados.

Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13493-2023 (pvb).