Protección contra IX ZONA DE CARABINEROS ARAUCANÍA y PREFECTURA DE CARABINEROS VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de IX ZONA DE CARABINEROS ARAUCANÍA y PREFECTURA DE CARABINEROS VILLARRICA.

Recurre en contra de la resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021 de la Prefectura de Carabineros Villarrica y Orden de sumario nro. 15249/1 de fecha 01.04.2021, incoada por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Carabineros Villarrica, cuyo último acto administrativo corresponde a la Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía, la cual fue notificada con fecha 30.08.2023, conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

Que el día 31.03.2021, en circunstancias que se encontraba haciendo uso de su feriado legal, alrededor de las 16:30 horas aproximadamente, del mismo día, concurrió hasta la casa de nombre reservado la cual está ubicada en el sector de Puala Alto, comuna de Curarrehue, lugar donde compartieron junto a otros amigos un asado y algunas cervezas, posteriormente, verificó la hora, percatándose que ya eran las 20:40 horas, por lo que tomó contacto con un amigo de la familia de nombre nombre reservado, el cual se encontraba de visita en su casa, a quien le solicitó que fuera en mi búsqueda, ya que faltaba una hora para el toque de queda. Llegando este al lugar alrededor de las 21:00 horas en su camioneta kia, modelo Frontier, PPU XX 9890, quien se bajó y saludó a las personas que se encontraban en la casa, procediendo el recurrente a despedirse del anfitrión, y del resto de la gente, momentos en que se acercó una amiga de Eduardo, de nombre nombre reservado, que igual estaba compartiendo con ellos y le consultó si podía acercarla hasta el cruce de Coburga (sector El turbio) debido a que en dicho lugar llamaría un taxi, el cual la trasladaría hasta su lugar de destino. Luego de consultarle a Arturo, éste analizó que faltaban alrededor de 50 minutos para que comenzara el toque de queda, accediendo a la petición ya que el tiempo alcanzaba para ir a dejarla y luego regresar a su domicilio que se ubica en la Ruta internacional km 105.9.

Debido a que el recurrente sentía sueño, le indicó a la señorita nombre reservado que se fuera en el asiento del copiloto, ya que aprovecharía el lapso del trayecto para dormir en el asiento de atrás del furgón. Transcurridos unos 20 minutos aproximadamente, despertó producto de la inercia propia de la colisión con un vehículo mayor. Bajando rápidamente de la camioneta percatándose que la colisión había sido con una retroexcavadora, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse para verificar la situación. En un acto seguido verificó que no tenía lesiones visibles debido al impacto y Arturo manifestó que él tampoco se encontraba lesionado, no obstante, la señorita nombre reservado manifestaba mucho dolor y además se encontraba atrapada entre el pilar delantero derecho del vehículo y el asiento del copiloto. Transcurridos unos 30 minutos en los cuales trataron de liberar a nombre reservado, no pudieron hacerlo, razón por la cual Arturo manifestó que iría a buscar ayuda, mientras el seguía tratando de liberarla y acompañarla. Posteriormente cuando ya había transcurrido alrededor de una hora del accidente, paró un vehículo quien les prestó ayuda y llamó a bomberos, los cuales llegaron en un lapso de 25 a 30 minutos y 5 a 10 minutos más tarde una patrulla de carabineros, a cargo del suboficial nombre reservado, a quien ubicaba debido a que ocasionalmente había visto un par de veces cuando concurría a la 9o comisaría a realizar trámites propios del servicio, indicándole que momentos antes habíamos colisionado con una retroexcavadora y que ésta se había dado a la fuga. Seguidamente el suboficial nombre reservado le guió hasta un vehículo Dodge institucional manifestándole que le trasladarían a un centro asistencial para constatar lesiones y lo dejó en los asiento de atrás, cerrando las puertas, quedando encerrado ya que dichas puertas solo se abren desde afuera, posteriormente, pasado unos minutos, regresó el suboficial nombre reservado, consultándole si había ingerido alcohol, a quien le respondió que sí, pero que él no era el conductor de la camioneta, momentos en los que le informa que estaba detenido por conducción en estado de ebriedad y lesiones, manifestándole nuevamente que no venía conduciendo.

Ignorando lo que le indicaba respecto a que él no era el conductor del vehículo, el mencionado suboficial extrajo de un bolso un dispositivo intoxilyser, manifestándole que le iba a realizar la prueba respiratoria, a la cual accedió, ya que se había percatado que el suboficial nombre reservado permanecía firme en su errada presunción respecto a que él era el conductor de la camioneta al momento de ocurrir el accidente, por lo que decidió acogerse al derecho de guardar silencio y someterse a todos los exámenes y diligencias que demanda el procedimiento policial y administrativo, para no empeorar la situación legal y administrativa que vendría posteriormente, confiado en que el debido proceso que debería llevarse a cabo finalmente dilucidaría la realidad de lo ocurrido, restableciendo el imperio del derecho, la verdad y la justicia por sobre toda presunción.

La resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021 de la Prefectura de Carabineros Villarrica, inserta de fojas 2 a 8 en la pieza sumarial, consigna que se resuelve aplicar la medida disciplinaria consistente en la baja por conducta mala, con efectos inmediatos al Ex Sgto 2o nombre reservado, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de la notificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 , N° 4 ), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en relación con el artículo 23, N° 22, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile nro. 11, porque el día 31.03.2021, siendo las 23:10 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba vistiendo de civil, haciendo uso de feriado legal, al concurrir personal del cuadrante 2 de la 9na comisaría Pucón a verificar un accidente de tránsito, "manifestó que él conducía la camioneta PPU. XX 9890, marca Kia Motors, modelo Frontier, doble cabina, año 2004, Color blanco, por la ruta CH 199 y al llegar al km. 90.3 en dirección de oriente a poniente desde Curarrehue a Pucón en compañía de la ciudadana nombre reservado, C/l nro. RUT reservado, que participó en un accidente de tránsito, al parecer con una Retroexcavadora, que no se encontraba en el lugar", siendo detenido en el mismo lugar por encontrarse en estado de ebriedad evidente, siendo trasladados al hospital de Pucón, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien diagnosticó al Sargento 2do. nombre reservado sin lesiones, ebriedad en estudio y a su acompañante Policontusa, Luxación de cadera en estudio, de "carácter grave", siendo esta última , derivada al hospital regional de Temuco. A raíz de lo anterior, el Sargento 2do. nombre reservado, fue detenido por conducción en estado ebriedad, con resultado de lesiones graves y daños en colisión.

Señala que la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de la notificación inserta a fs 2/8 del expediente, que fue aplicada al sgto. 2do. nombre reservado, se realizó de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N° 4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Ne 8, en relación con el artículo 23, N° 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile nro. 11, no obstante a ello, el propio legislador ha condicionado su aplicación a la concurrencia de dos requisitos copulativos, "primero que la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y segundo que el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente". Requisitos con los cuales el recurrido número 2, no contaba al momento de emitir su resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021, porque en definitiva, quien otorga la calidad de conductor al imputado, no es la víctima del hecho, a quien por cierto se le ignoró, pese a que se encontraba serena y consiente no documentando su declaración de lo sucedido, aunque el manual de funciones profesionales de Carabineros de Chile, así lo exige en sus procedimientos policiales, sino el suboficial nombre reservado, argumentando una confesión del recurrente que no rola en el expediente sumarial, ni en la carpeta investigativa de la Fiscalía Local, es decir la responsabilidad del inculpado no estaba confesa ni era evidente. Situación que obligaba al recurrido nro. 2, a esperar el término del sumario administrativo para resolver. El no hacerlo resultó ser una decisión caprichosa, arbitraria e ilegal que afectó el principio de presunción de inocencia del cual debía gozar quien hoy recurre y que conlleva entre otros aspectos la prohibición de prejuzgar sobre la culpabilidad del inculpado y que la carga de la prueba corresponde a la Administración. Situación que en el caso no fue así, debido a que al aplicar la medida disciplinaria más gravosa, consistente en la baja por conducta mala con efectos inmediatos, se endosó la carga de la prueba al inculpado, porque es de su interés desvirtuar la acusación para atenuar la sanción. Sumado a lo más arriba señalado, existe una derogación tácita del inciso 5o de la Letra b) del numeral 4o del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascenso de Carabineros N°8, que autorizaba imponer este tipo de sanciones y después investigar, norma del año 1959, que colisiona con las normas contemporáneas que garantizan un debido proceso y que poseen un rango constitucional. Por lo que se produce una antinomia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San nombre reservado Rica", tratado ratificado por nuestro país y que se encuentra plenamente vigente adquiriendo su rango constitucional en el artículo 5o de nuestra Constitución Política de la República, encontrándose en contradicción además con el artículo 19 n°3 inciso 6o de la carta fundamental así como en el artículo 18 inciso 2o de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Relacionado al punto anterior, el hecho que origina el reproche administrativo obedece a que el Sgto 2do. nombre reservado, fue detenido por "conducción en estado ebriedad, con resultado de lesiones graves y daños en colisión", es decir, la forma en que el recurrente nro. 2 motivó el hecho, consistía en que este mismo, correspondía a un delito, donde un funcionario de carabineros participó como conductor en un accidente de tránsito en que resultó gravemente lesionada la copiloto. Dicha acción corresponde a un quebrantamiento de la ley, cuya investigación corresponde al ministerio público y su juzgamiento a los tribunales de justicia y no al recurrido N° 2, quien al resolver aplicar la medida disciplinaria más gravosa, consistente en la baja por conducta mala de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N9 4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N9 8, en relación con el artículo 23, N9 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile nro. 11, motivando una acción que se encuentra tipificada como delito en el código penal y ley de tránsito, actuó extralimitado en sus atribuciones y traspasando los límites de su jurisdicción que es netamente institucional, y por ello al margen del principio de legalidad consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política de la República, según el cual los órganos de la administración del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia, y en la forma que prescriba la ley; y todo acto en contravención a lo anterior es nulo y originan las responsabilidades y sanciones que la ley señale, nulidad que la doctrina describe con el nombre de "nulidad de derecho público".

Respecto a la notificación de la resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021 de la Prefectura de Carabineros Villarrica, realizada al recurrente, esta no se ciñó a lo estipulado en el artículo N° 42 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros N° 15, debido a que esta norma mandata que toda diligencia será leída a las personas que deban suscribirla, y si alguna persona se niega a firmar, se expresará la razón que alegue para no hacerlo. No actuando de esta forma la institución, en atención a que el recurrente que suscribe se negó a firmar dicha notificación, manifestando que no la firmaría porque al momento en que el Oficial Jefe con potestad disciplinaria concurrió a la comisaría donde él e se encontraba aún en calidad de detenido, y ordenó que fuera llevado a una oficina para que prestara declaración, el suscrito le representó que se encontraba en calidad de detenido, y que mientras estuviera en dicha calidad se encontraba amparado por el derecho a guardar silencio, sumado a ello, debía tener la autorización del fiscal del Ministerio Público para tomar declaración al imputado y que debía estar presente el abogado defensor, situaciones que el recurrido N° 2, omitió expresar en el acta de notificación como argumentos del recurrente para negarse a firmar dicha notificación, por lo que dicho acto administrativo no se apegó a lo mandatado por la ley ni la reglamentación institucional. Situación que imposibilitó que el recurrente pudiera ejercer el derecho a ser oído por un juez imparcial que forma parte de las garantías del debido proceso, negándose los recurridos a recibir en audiencia al recurrente en las instancias jerárquicas reglamentarias, argumentando que no tenían la obligación en dichas instancias.

En relación a la Orden de sumario nro. 15249/1 de fecha 01.04.2021, incoada por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Carabineros Villarrica, cuyo último acto administrativo corresponde a la Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía y en los cuales ambos recurridos se sustentan para mantener la medida disciplinaria impuesta en primera instancia, el suscrito en su contestación de cargos de la Vista Fiscal, alegó de manera persistente que la fiscalía no logró acreditar por la vía administrativa quien era el conductor del móvil siniestrado el día de los hechos, siendo principalmente ese el hecho que ordenaba investigar la orden de sumario N° 15249/1, primordialmente porque la resolución exenta N° 154, de fecha 01.04.2021 que dispone la baja del recurrente, en el párrafo tercero de la letra A) de su parte resolutiva inserta a fojas 5 del expediente sumarial, indica de manera literal que dispuso la baja por lo siguiente "por hacerse evidente que con su actuar mantuvo una conducta impropia, pues encontrándose de civil fue detenido por el delito de conducir en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y daños en colisión". Entonces llama la atención que el recurrido nro. 2, en su vista fiscal señale que "concuerda con lo resuelto en la resolución exenta antes citada" y al momento de motivar las faltas imputadas al actor describa otras acciones, porque se evidencia que, no ha aplicado un criterio de coherencia a lo largo de la investigación, situación que transgrede el principio de investigación racional y justa, perturba la necesidad de contar con una adecuada defensa por parte del recurrente y se contradice con el principio de congruencia, ya que sistemáticamente se agota la única instancia de contestación de cargos que quien recurre no volverá a tener y donde apeló la resolución N° 154, que es la que dispuso su baja con efectos inmediatos. Sumado a lo anterior, el dictamen N° 15249/1 del recurrido nro. 2, respondiendo a lo observado en la contestación de cargos realizada por el suscrito, indica en su punto 26.1, párrafo segundo que "a diferencia de cómo lo entiende el inculpado no fue sancionado por conducir en estado de ebriedad sino por su transgresión a sus deberes profesionales y al principio de probidad". Evidenciando entonces que no es congruente con los argumentos motivados en su resolución N° 154, de fecha 01.04.2021, que dispone la baja del firmante y consecuentemente con ello debió esperar el término del sumario administrativo para resolver. El no hacerlo resultó ser una decisión caprichosa, arbitraria e ilegal que afectó el principio de presunción de inocencia del cual debía gozar el recurrente prejuzgando apresuradamente y en forma enceguecida por la vía administrativa la culpabilidad de un delito que era de competencia penal y no administrativa.

En estrecha relación con el punto anterior, el recurrente señaló en su contestación de cargos y en los recursos jerárquicos respectivos el hecho de que el dato de atención de urgencia (a fs. 38 de la pieza sumarial) de la víctima nombre reservado, se encontraba adulterado de mala fe en su carácter de lesiones, y esa adulteración constituía un dato relevante para el tache de testigos que solicitó en su contestación de cargos, específicamente del testigo principal del recurrido nro. 2, suboficial nombre reservado, debido a que fue el único funcionario que tuvo en su poder dicho instrumento público hasta entregarlo a su subalterno Sgto. 2do. nombre reservado, que se encontraba de servicio como suboficial de guardia y que no podría menos que haberse percatado de esta adulteración. Máxime porque participó además como testigo en la diligencia de sumario breve junto al sr. nombre reservado, solicitando también el tache como testigo en la pieza sumarial del Sgto. 2do. nombre reservado. Al respecto el dictamen N° 15249/1 respondiendo a lo observado en la contestación de cargos realizada por el actor, indica en su punto 26.2, párrafo segundo lo siguiente: "Este descargo no resulta procedente ni relevante para eximirlo de responsabilidad y además, el certificado no presenta adulteraciones ni enmendaduras en el diagnóstico, como tampoco el inculpado indica medios de prueba para acreditar lo señalado y como ello, lo podría eximir de responsabilidad". Lo anterior evidencia primero que todo, que la carga de la prueba estaba en quien se defiende y no en quien acusa, sumado a ello evidencia una arbitrariedad del recurrido, en atención a que el Artículo 41 del Reglamento de sumarios administrativos de Carabineros de Chile N°15, mandata que los hechos se comprueban con el examen practicado por el Fiscal auxiliado por peritos, por lo que la reglamentación de la institución a la cual pertenecen los recurridos es imperativa y mandata que el instrumento público puesto en duda por su adulteración evidente, debía ser enviado a peritos documentales, con los que cuenta la institución en su laboratorio de Criminalística Labocar y no declararlo arbitrariamente "sin adulteraciones ni enmendaduras", lo que evidencia una vulneración a los derechos asegurados en el debido proceso administrativo del inculpado.

También el recurrente, en su contestación de cargos, solicitó la apertura de un término probatorio fatal, para aportar distintos medios de pruebas, entre ellos el certificado lesiones N° 11105570, "sin adulteraciones", que le fue otorgado en el hospital el mismo día de los hechos a la víctima nombre reservado, situación que mediante resolución inserta a fojas 221 de la pieza sumarial, el recurrido nro. 2, evidencia que se negó a recepcionar el medio de prueba original sin adulteraciones por considerarlo una diligencia "no útil, pertinente ni plausible", sin fundamentar porqué lo solicitado no era útil, pertinente ni plausible. No obstante a lo anterior, en conocimiento de la animadversión con la que actuó el recurrido en todo momento. El mismo día en que se le notificó el rechazo de la apertura de un término probatorio fatal, Aportó el medio de prueba amparado en la ley N° 19880, ley que mandataba al oficial dictaminador a considerar el medio de prueba aportado, al momento de dictaminar, quedando en evidencia que dicho señor oficial jefe, ignoró por completo el certificado de lesiones original de la señorita nombre reservado, pese a que se encuentra inserto a fojas 236 de la pieza sumarial, porque dictaminó mantener la baja del recurrente pese a que era evidente que el certificado de lesiones que tuvo a la vista y consideró para evaluar la gravedad de los hechos cuando decidió dar de baja al recurrente, se encontraba adulterado y que esta adulteración fue realizada cuando el instrumento público se encontraba en custodia del testigo principal de los recurridos, Suboficial nombre reservado, no accediendo al tache de las declaraciones de este último.

Respecto a lo último, el recurrido nro. 1, en su Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, favoreciendo la hipótesis del recurrido nro. 2, de manera involuntaria pero perjudicial para el actor, confundió los números de las fojas, manifestando que el certificado de la foja "234" corresponde a otra persona, pese a que se escribió destacado con negrillas y en más de una ocasión el número de certificado y la foja donde se encontraba agregado el certificado indubitado, la cual correspondía al N° 236 y no al 234, mencionando que por ello no se hacía evidente la adulteración y no accediendo a la solicitud de tacha del testigo suboficial nombre reservado, más aún para "un mejor resolver", evidenciando que "si se había percatado de que el certificado de lesiones claramente se encontraba adulterado", de manera caprichosa y arbitraria, ordenó se le tomara una nueva declaración al mencionado suboficial, donde se debía realizar una pregunta sugestiva/inductiva, tendiente a que la respuesta fuera que había recepcionado el certificado adulterado con lápiz pasta desde el hospital, donde el suboficial nombre reservado, responde que "No lo recordaba", no obstante el recurrido nro.1, nuevamente por un lamentable error de comprensión lectora y convenientemente para la hipótesis del recurrido nro. 2, entendió que el mencionado suboficial, declaró que "había recibido el certificado con esa adulteración", situación que es completamente falsa, en atención a que el certificado entregado el día de los hechos en el hospital a la víctima y aportado por ella a la pieza sumarial inserto a fojas 236 "doscientos treinta y seis" del expediente no presenta dicha adulteración, no obstante para el recurrido nro.l, la declaración del señor nombre reservado, pese a que no señala lo que él entendió, constituye plena prueba y por mero capricho, comete la arbitrariedad de no expresar en su resolución los motivos que justificarían preferir los testimonios que inculpan al recurrente y desestimar aquéllos que lo exculpan.

El descontextualizar las declaraciones de los testigos ha sido una mala práctica habitual por parte de los recurridos durante todo el proceso contra el cual hoy se recurre de protección, en atención a que hubo un testigo de nombre nombre reservado, que en primera instancia manifestó al recurrente que declararía en la pieza sumarial, no obstante cuando ya se encontraba ofrecido como testigo, desistió de hacerlo argumentando que como ex funcionario y habiendo pertenecido más de 30 años a la institución, sabía que los sumarios administrativos eran de larga data, muy tediosos y no estaba dispuesto a participar en un sumario administrativo, en atención a que ya se encontraba en retiro y quería tranquilidad, por esa razón cuando el recurrido número 2, concurrió a su domicilio, para tomar su declaración, el sr. nombre reservado le indicó que "no era de su interés participar en un sumario administrativo", situación que los recurridos han descontextualizado, argumentando que dicho testigo no respaldó la versión del testigo nombre reservado (declaración a fs 59 y 60 de la pieza sumarial), uno de los testigos principales aportado por el recurrente, siendo que lo único que expresó el señor nombre reservado, fue su voluntad de no querer participar en el sumario administrativo.

Contrario a lo argumentado por los recurridos para negarse a recibir medios de prueba y solicitudes de diligencias realizadas por el suscrito, el recurrente en aras de sus derechos si señaló cómo lo solicitado, podría eximirlo de responsabilidad administrativa:

“Primero: El suboficial nombre reservado faltó a la probidad administrativa al no proceder con un desempeño honesto y leal de la función de su cargo, dando cuenta de un carácter de lesiones falso y estampando hechos falsos en el libro de instrucciones del Fiscal, como en las cuentas escritas y verbales entregadas a su Oficial Jefe del turno, al Comisario Jefe de la Unidad Policial a la cual pertenece y por sobre todo, al señor Prefecto de la época, Oficial Jefe llamado a conocer y resolver administrativamente en primera instancia. Con la finalidad de comprobar esta situación, el infrascrito en su contestación de cargos solicitó como diligencia a la Fiscalía Administrativa, (subordinada al Recurrido nro. 2) tener a bien, acompañar transcripción de la constancia con la cual se dio cuenta a la Fiscalía Local de Pucón, del procedimiento policial y de las constancias relacionadas al procedimiento, de los libros de guardia y población, con las cuales se gestionó las cuentas internas, debido a que las fotocopias rolantes (a fs 82/94 del sumario) se encuentran ¡legibles, diligencia que servía para comprobar que el funcionario en comento (testigo principal de la fiscalía Administrativa) faltaba a la probidad administrativa en el procedimiento policial y administrativo, porque quedaría claramente establecido entre otras cosas lo que dijo a la fiscalía y al mando institucional para justificar por qué no le había tomado declaración a la víctima nombre reservado, ante lo cual mediante resolución inserta a fojas 221 de la pieza sumarial, el recurrido nro. 2, se negó a acceder a lo solicitado, por considerarlo una diligencia "NO UTIL, PERTINENTE NI PLAUSIBLE" sin motivar debidamente su resolución. El recurrido nro. 1, por su parte indicó que a su parecer, las constancias a manuscrito se encontraban legibles, lo que caprichosa y arbitrariamente significa que todos deben entender los manuscritos, no accediendo a dicha diligencia. Lo anterior, luego de la última declaración tomada al mencionado testigo suboficial nombre reservado, inserta a fojas 294 del expediente resulta trasendental para mostrar que miente en sus declaraciones, puesto que señala que "no recuerda que el certificado se encontrara adulterado y que lo entregó en la guardia de la 9o Comisaria de Pucón", entonces nace la duda inherente respecto a ¿Qué le indicó al Sr. Fiscal del Ministerio Público cuando le consultaron por el carácter de lesiones de la víctima?, si dice que no se percató de que el certificado de lesiones se encontraba adulterado. La diligencia de transcripción de los manuscritos que el recurrido nro. 1, dice entender sin problemas, resulta útil, pertinente y plausible para comprobar que el señor nombre reservado miente y el pronóstico médico legal del certificado de atención N° 11105570, sin adulteraciones, inserto a fojas 236 de la pieza sumarial aportado por la víctima nombre reservado, comprueba que la adulteración se realizó mientras el certificado se encontraba bajo su responsabilidad. Sumado a lo anterior el suscrito ex Carabinero, hizo presente a la Fiscalía administrativa que, como ente investigador subordinado de los recurridos, contaba con antecedentes relacionados con que el señor nombre reservado, mentía en sus procedimientos policiales, citando la orden de sumario N° 16937/1 de fecha 3.6.22, en la cual el recurrido nro. 2, instruyó a dicha Fiscalía, incoar sumario administrativo por disparo de un cartucho balístico 9 mm, no ajustado a derecho, faltando a los protocolos del uso de la fuerza y lo que es peor, conspirando y mintiendo para eludir su responsabilidad administrativa y penal, información que solicitó sea considerada en esta pieza sumarial y sirviera de argumento para TACHAR TODAS SUS DECLARACIONES QUE ROLAN EN EL EXPEDIENTE, DEBIDO A SU PÉRDIDA DE FE Y CREDIBILIDAD. Quedando en evidencia que el recurrido nro. 2, incurrió un trato desigual por una situación idéntica, ya que el señor nombre reservado, fue imputado por un delito, no siendo dado de baja con efectos inmediatos como quien recurre, continuó percibiendo sus remuneraciones, permaneció con cobertura de salud en el sistema Dipreca y sumado a todo lo anterior, ascendió al grado jerárquico inmediatamente superior estando sumariado, mientras que el recurrente fue privado en forma inmediata de sus remuneraciones, fue eliminado de la cobertura de salud en el sistema Dipreca y sumado a todo lo anterior no ascendió al grado jerárquico inmediatamente superior por encontrarse de baja al ser acusado de un delito resultando ser inocente. Respecto a lo anterior, Llama tremendamente la atención a esta parte recurrente el hecho de que la pieza sumarial del testigo principal de los recurridos, aún no se encuentre dictaminada y que el mencionado suboficial haya ascendido de grado jerárquico encontrándose sumariado, pese a que la ciencia balística ya habría confirmado que la vaina encontrada en el sitio del suceso fue percutida por el arma de fuego que portaba el suboficial nombre reservado el día de ocurridos los hechos, es decir la ciencia estaba por sobre la declaración del señor nombre reservado en dicha pieza sumarial, no obstante, los recurridos omiten referirse a este tema, para no afectar la fé y credibilidad de su testigo principal, aunque ello signifique vulnerar la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Segundo: respecto a lo signado en el párrafo anterior, el infrascrito también solicitó el tachamiento de TODAS LAS DECLARACIONES QUE ROLAN EN EL EXPEDIENTE, DEBIDO A LA PÉRDIDA DE FÉ Y CREDIBILIDAD del Sgto. 2do. nombre reservado, quien se desempeñaba como suboficial de guardia el día de los hechos. En tal condición este funcionario al confeccionar el parte policial, no podía hacer menos que haberse percatado que el pronóstico médico legal del certificado de atención N° 11105570, inserto a fojas 38 de la pieza sumarial correspondiente la víctima nombre reservado, se encontraba adulterado, en ese contexto, faltó a la probidad administrativa al no proceder con un desempeño honesto y leal de la función de su cargo, recibiendo el procedimiento con un documento adulterado al suboficial nombre reservado. Lo anteriormente descrito deja en evidencia que la imparcialidad del Sgto. 2do. nombre reservado se encontraba afectada, lo que se hace notorio en la exageración con que argumenta la supuesta ebriedad del Sgto. 2do. nombre reservado, al testificar que presentaba incoherencias al hablar encontrándose "imposibilitado de razonar y desempeñarse en forma normal", situaciones que no fueron mencionadas en la apreciación médica del formulario de atención de urgencias a (fs. 37), nro. 11105587 de fecha 01.04.2021, correspondiente al ex Sgto. 2do. nombre reservado, pese a que el recurrente fue atendido en el hospital y luego trasladado a la comisaría.

Tercero: El tachamiento de estos dos testigos de la fiscalía administrativa debido a su pérdida de fe y credibilidad, desencadenaba inmediatamente en la pérdida del estándar que establece la Orden General N° 1598, en el sumario breve practicado al suscrito, perdiendo este instrumento toda fuerza probatoria para establecer la ebriedad, por carecer de los testigos necesarios que merezcan fe y credibilidad.”

Respecto a la prueba respiratoria (a fs. 45 de la pieza sumarial) la cual arrojo 1.19 g/l, es preciso señalar que según consta (a fs. 78/79) en la declaración de la Sbtte. nombre reservado, este equipo fue solicitado a personal de otra unidad policial y su certificado de calibración no consta en la pieza sumarial, lo que fue requerido en la contestación de cargos (y negado por los recurridos, evidenciando una falta a la probidad administrativa), debido a que la experiencia de quien suscribe señala que, cuando la unidad base no cuenta con el instrumento en buenas condiciones, los destacamentos se encuentran en la misma condición o con el instrumento con una evidente falta de mantención y calibración, lo anterior hace trascendental el hecho de que se acompañe el certificado de calibración del instrumento utilizado para la prueba respiratoria, no acompañar su certificado de calibración en la pieza sumarial, pone en duda sus resultados y estos no deberían considerarse como plena prueba. Respecto a este punto, el Dictamen nro. 15249/1, del recurrido nro. 2, en el párrafo segundo de su punto 26.5, resta la pertinencia a este medio probatorio solicitado, debido a que según señala, la ebriedad se encuentra acreditada por el instrumento que debería perder toda fuerza probatoria para establecer la ebriedad (sumario breve), según lo indicado en el punto anterior, por carecer de los testigos idóneos y ser realizado en tiempos de pandemia, estando todos los examinadores y el examinado con doble mascarilla de tres pliegues cada una, lo que evidencia que no podrían haberse percatado de hálito alcohólico ni rostro congestionado, ya que es imposible que el olor a alcohol etílico pudiera sobrepasar cuatro mascarillas de tres pliegues cada una y por otro lado las mascarillas cubren más del 60 % del rostro. Así las cosas, la pieza sumarial carecería de instrumentos que prueben la ebriedad y por tal razón en la orden de sumario nro. 15249/1 de fecha 01.04.2021, no estaría acreditada la ebriedad del inculpado, ya que los otros medios de los que se valen los recurridos, sólo acreditan el consumo de alcohol moderado en una actividad social, mas no las componentes de la ebriedad. Aunque el recurrido nro. 1, de manera caprichosa a fojas 303 del expediente nuevamente por un tercer error involuntario descontextualice el diagnóstico del certificado de lesiones del inculpado agregado a fojas 37 del sumario, donde según el recurrido, se diagnostica "Ebriedad", no obstante dicha atención médica señala que la ebriedad se encuentra "en estudio", no la diagnostica, debido a que se realizó examen de alcoholemia. Con lo señalado anteriormente el expediente no ha comprobado la ebriedad del inculpado, más bien solo podría referirse a un hálito alcohólico, frase que difiere bastante del término "ebriedad", como lo ha descontextualizado el recurrido nro. 1 al pronunciarse.

Atendido lo consignado en el inciso segundo del punto 26.7 del Dictamen nro. 15249/1, el recurrido nro. 2, alude que en el proceso administrativo se logró acreditar la ebriedad del inculpado y el verse involucrado en un procedimiento policial en ese estado, significó no cumplir con el debido interés sus deberes profesionales y también una transgresión al principio de probidad. Respecto a lo anterior, el recurrente en su contestación de cargos señaló que la fiscalía elude la argumentación con la motivación necesaria que le llevo a no considerar la declaración (a fs 73/75) del testigo presencial, Arturo Quilaquiry la declaración (a fs 59 y 60) de la misma víctima del hecho nombre reservado, debido a que se trata de testigos oculares y principales del hecho que son coincidentes en declarar que ei ex. Sgto. 2do. nombre reservado se encontraba en calidad de pasajero en los asientos traseros del vehículo al momento de ocurridos los hechos, no obstante los recurridos, no pudieron explicar a qué se debe el privilegio tan grande con que cuenta su testigo principal "nombre reservado" para que sus declaraciones tengan tal validez que ni siquiera merezca instruir diligencias objetivas para corroborar lo que declara, como podría ser por ejemplo instruir que se oficie al hospital de Pucón para que pudiera dar una respuesta respecto a porqué un certificado con el mismo número de serie, misma persona examinada y misma hora de emisión, entregado a Carabineros tiene marcas a mano alzada y el que se le entregó a la víctima no las tiene, más aún si el mismo señor nombre reservado declara que no recuerda que el certificado de lesiones tuviera marcas con lápiz de pasta a mano alzada. Es preciso señalar que lo consignado en los puntos 12 y 13 de la presente acción de protección, institucionalmente debe regirse por el Artículo nro. 455 reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, el cual señala que para que los instrumentos públicos tengan fuerza probatoria, es menester:

a) Que puestos en conocimiento de las partes, no sean objetados en cuanto a su autenticidad, y b) Que en caso de objeción, se compruebe su autenticidad por el Fiscal o por el Secretario, comisionado por aquél, pudiendo acompañarlos en la diligencia las partes, si lo desean.

Lo destacado en el punto precedente, resulta relevante no porque los testigos oculares y principales del hecho declaren que el inculpado no se encontraba al volante al momento de ocurridos los hechos, sino porque a diferencia de cómo lo entendían la fiscalía administrativa y los recurridos, estos testigos declaran las circunstancias en las que se vio involucrado en el procedimiento policial el "injustamente desvinculado de la institución" al momento de ocurridos los hechos, esto es "en calidad de pasajero y en los asientos traseros del vehículo". En virtud de esto último, el dictamen N° 15249/1 del recurrido nro. 2, y la Resolución Exenta nro. 450 del recurrido nro. 1, no manifiestan de manera motivada, la forma en que un carabinero que se movilizaba como pasajero en los asientos traseros de un vehículo motorizado, luego de haber consumido alcohol de manera moderada en una actividad social, podría significar el "no cumplir con el debido interés sus deberes profesionales", también una "transgresión al principio de probidad ni la forma en que este hecho trasciende a terceros", por el solo hecho de que el vehículo conducido por otra persona, participe en un accidente de tránsito. Es dable hacer presente que, la situación descrita se enmarca bajo la figura del caso fortuito o fuerza mayor definida en el artículo 45 del Código Civil como "aquel imprevisto al que no es posible resistir, y que por aplicación del principio general del derecho en virtud del cual nadie puede estar obligado a lo imposible, dispone que no procede exigir una determinada conducta cuando la persona ha estado impedida de efectuarla por una fuerza mayor o caso fortuito", como sucedió en la especie. Razón por la cual el suscrito considera que no se le debería inculpar la falta del reglamento de disciplina de Carabineros N° 11, artículo N° 22, número 3) "Contra el buen servicio". Letra a) No cumplir con el debido interés ios deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos. Tampoco la falta señalada artículo 22, nro. 1) Relativas a la integridad moral del funcionario o al prestigio de la Institución, letra D) del reglamento de disciplina de Carabineros N° 11 "Observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trascienden a terceros", ya que como se mencionó, el dictamen no establece la motivación que hace la conducta impropia (no logra establecer ebriedad, ni conducción) ni menos como esta trasciende a terceros, (¿De qué forma endilga la responsabilidad de las lesiones de la copiloto, al pasajero?) sino que más bien se trata de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Respecto a lo señalado en el párrafo segundo del punto 26.8 del dictamen nro. 15249/1 del recurrido nro. 2, y en el punto nro. 6 de la Resolución Exenta nro. 450 del recurrido nro. 1, no se argumentó la motivación necesaria qué les llevó a no considerar la declaración (a fs 73/75) del testigo 13. nombre reservado, la declaración (a fs 59 y 60) de la misma víctima del hecho nombre reservado y la declaración (a fs 229) del testigo nombre reservado, quienes eran coincidentes en señalar que el suscrito estaba en calidad de pasajero en los asientos traseros del vehículo en el momento de ocurrido el accidente de tránsito, de igual forma, el dictamen no argumenta por qué no considera las declaraciones de las testigos nombre reservado, nombre reservado y la ampliación de la declaración de la víctima nombre reservado, (aportadas a fs 228) ya que en estas se consigna que la víctima en todo momento estuvo serena y consciente esperando que personal de carabineros a cargo del procedimiento concurra a tomarle declaración en el Hospital de Pucón el día de los hechos y que no se encontraba en estado de shock, como señalaron los aprehensores del inculpado cuando fueron consultados por dicha omisión en la pieza sumarial, lo que dejaba en evidencia que ambos aprehensores se conspiraron para mentir y de esa forma, eludir la responsabilidad administrativa de no adoptare! procedimiento conforme al manual de funciones profesionales de Carabineros de Chile, que así lo exige en sus procedimientos policiales, vulnerando uno de los derechos fundamentales de la víctima como es ser escuchada y estampar la denuncia pertinente de acuerdo a su propia versión (razón que hace útil, pertinente y plausible, acceder al tachamiento de las declaraciones de ambos aprehensores en el presente sumario). Al respecto el dictamen nro. 15249/1, señala que considerar más declaraciones no es relevante, ya que el fiscal en virtud del art. N° 51 del reglamento N° 15, otorga valor probatorio a las deposiciones de los testigos, apreciando en conciencia y de acuerdo a las reglas de la lógica y recto criterio. Pues bien, lo anterior evidencia que la apreciación en conciencia y las reglas de la lógica y recto criterio de la fiscal se encontraban un tanto nubladas durante el transcurso de la pieza sumarial, debido a que caprichosa y arbitrariamente se amparó en dicho artículo para facilitar su teoría del caso, vulnerando un derecho fundamental asegurado en nuestra carta magna, como es la igualdad ante la ley, ya que en el procedimiento sumarial, existen declaraciones de testigos que son contradictorias. Relacionado a este tema, el Ente Contralor en su dictamen N° 11828 del año 2012 fue claro en señalar que "la actuación del fiscal en orden a dar por acreditada la conducta que le atribuye al inculpado, sin expresar en su resolución los motivos que justificarían preferir los testimonios que inculpan al interesado y desestimar aquéllos que lo exculpan, importa una decisión arbitraria", respecto a este tema Resolución Exenta nro. 450, en su punto número 6, manifiesta que Carabineros de Chile se rige por su ley orgánica y reglamentos, olvidando por completo que por mandato constitucional es esencialmente obediente y por ende debe someterse a los dictámenes del ente contralor.

Respecto a lo consignado en el punto 26.12. del dictamen nro. 15249/1, párrafo nro 3, donde se señala literalmente que el certificado de atención N° 11105570, inserto a fojas 38 de la pieza sumarial correspondiente la víctima nombre reservado "no se encontraba adulterado", llama tremendamente la atención que tanto la fiscal, el secretario, el asesor jurídico (Carabinero y letrado), y los recurridos, (todos funcionarios de carabineros pertenecientes al escalafón de orden y seguridad) tomando conocimiento de un delito que, es evidente, omitan primero que todo la obligación legal que les mandata a denunciar un hecho que reviste caracteres de delito y de igual forma falten a la probidad administrativa de manera evidente al omitir denunciar ante la autoridad competente un hecho del cual tomaron conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que reviste el carácter de falta administrativa que contraviene directamente con el principio de probidad administrativa. Lo antes señalado resulta tremendamente preocupante porque los funcionarios a cargo de investigar las faltas administrativas que ocurren en todas las unidades dependientes de la prefectura, han incurrido en la misma falta que inculparon al acusado que hoy recurre, más aun proponen una sanción expulsiva por este hecho, sumado a ello, los errores cometidos por el recurrido nro. 1, mencionados en los puntos N° 9 y 12 del presente recurso, rayan en el límite de la prevaricación administrativa.

Respecto a lo consignado en el punto 26.12. del dictamen nro. 15249/1, párrafo nro 4, donde el recurrido nro. 2, indica de manera literal "que el principio de inocencia no es pertinente en sede administrativa, ya que en esta no se imputan delitos". Al respecto es menester señalar que ello explica su negativa a realizar todo tipo de diligencias y a aceptar los medios de prueba ofrecidos por el infrascrito, de igual forma evidencia una vulneración al ejercicio del legítimo derecho a la defensa del inculpado y la igualdad ante la ley, por sobre todo deja en manifiesto que el sumario incoado, se desarrolló sin demostrar un mínimo de respeto al principio de inocencia asegurado en el debido proceso administrativo, que tiene carácter constitucional y del cual la propia institución ha reiterado instrucciones de manera constante, siendo una de las más explícitas, la circular N° 001803 9/1/2017, que en su punto N° 1, señala que las garantías procesales más importantes que se deben respetaren todo proceso administrativo están constituidas por los siguientes derechos: "ser oído por un investigador imparcial; presunción de inocencia, conocimiento del inculpado de los cargos que se le formulen y el derecho de contestar estas imputaciones; concesión de tiempo y de medios adecuados para la preparación de su defensa que incluyen el conocimiento íntegro de las resoluciones que se dicten y de las demás piezas del expediente, posibilidad de solicitar diligencias probatorias que puedan arrojar luz sobre los hechos, no ser obligado a declararse culpable; y el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables ante el superior jerárquico de quien resolvió, de acuerdo a la forma y plazo que se establecen la reglamentación institucional". Lo antes señalado debería generar al menos un cuestionamiento respecto a si las personas encargadas del imperio del derecho administrativo de la prefectura en comento, cuentan con la idoneidad necesaria para el desempeño de sus cargos, debido a que la no observancia de las garantías procesales más importantes que se deben respetar en todo proceso administrativo, como se ha evidenciado en este caso, han desencadenado en la privación del legítimo derecho a la carrera funcionaría de quien hoy apela, por un lapso ya de dos años y seis meses. De lo cual el recurrido nro. 1, de manera caprichosa y arbitraria, prefirió no referirse en su Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 3, esto es: "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos", en atención a lo consignado en el punto nro. 17 de la presente acción de protección, relativo al punto 26.12. del dictamen nro. 15249/1, párrafo nro 4, donde el recurrido nro. 2, indica de manera literal "que el principio de inocencia no es pertinente en sede administrativa, ya que en esta no se imputan delitos". Al respecto es menester señalar que ello explica su negativa a realizar todo tipo de diligencias y a aceptar los medios de prueba ofrecidos por el infrascrito, de igual forma evidencia una vulneración al ejercicio del legítimo derecho a la defensa del inculpado y la igualdad ante la ley, por sobre todo deja en manifiesto que el sumario incoado, se desarrolló sin demostrar un mínimo de respeto al principio de inocencia asegurado en el debido proceso administrativo.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 2, esto es: "La igualdad ante la ley sobre todo, en cuanto a que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarías"; Lo que resulta evidente, pues el recurrido nro. 2, incurrió un trato desigual por una situación idéntica, ya que el su testigo principal, señor nombre reservado, fue imputado por un delito, no siendo dado de baja con efectos inmediatos como quien recurre, además continuó percibiendo sus remuneraciones, permaneció con cobertura de salud en el sistema Dipreca y sumado a todo lo anterior, ascendió al grado jerárquico inmediatamente superior estando sumariado, mientras que ei recurrente fue privado en forma inmediata de sus remuneraciones, fue eliminado de la cobertura de salud en el sistema Dipreca y sumado a todo lo anterior no ascendió al grado jerárquico inmediatamente superior por encontrarse de baja al ser acusado de un delito resultando ser inocente.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 16, esto es: "La libertad de trabajo y su protección'', lo que se traduce en que con motivo de la aplicación de la medida disciplinaria y mantener el sumario abierto aun ya habiendo transcurrido 2 años y 6 meses, se me imposibilita poder acceder libremente a otras fuentes de trabajo, en especial a las del sector público, ya que uno de los requisitos establecidos por la ley 18834 es no estar sometido a sumario administrativo. Situación que me ha imposibilitado poder aspirar a una fuente laboral del sector público con una remuneración similar a la que percibía cuando pertenecía a la institución.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 24, esto es: "El derecho de propiedad en sus diversas especies en especial sobre los bienes incorporales", debido a que el artículo 127, N^ 4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N^ 8, en relación con el artículo 23, N9 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile nro. 11, aplicados por el recurrido nro. 2, para disponer la baja del recurrente con efectos inmediatos, no contemplan modo alguno la facultad de la autoridad que ordena el sumario para decretar la suspensión o cese de las remuneraciones que percibía el recurrente, dicha situación debe estar contemplada en una norma de rango constitucional o legal, toda vez que la regla general es que la remuneración o sueldo de una persona sea inembargable, como se desprende, a modo ejemplar de lo que establecen entre otros los artículos 95 y 96 de la Ley N° 18.834, Ley sobre Estatuto Administrativo y artículo 57 del Código del Trabajo, y que solo es posible hacer los descuentos o suspender su pago en los casos expresamente permitidos por la ley.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número 4, esto es: "El respeto y protección de la vida privada y honra de la persona y su familia", en atención a que con el cese del pago de las remuneraciones del recurrente, este se vio imposibilitado de cumplir las obligaciones de pagos de créditos adquiridos con la misma institución, razón por la cual la institución comenzó a cobrar dichas deudas a los avales, lo que significó una deshonra, ya que el suscrito en sus 17 años de servicio jamás tuvo problemas por incumplimiento en el pago de deudas y por causa del cese de sus remuneraciones hoy las personas que en el pasado confiaron en su responsabilidad y cumplimiento con los pagos de deudas, hoy se encuentran disgustados debido a que la institución les cobro a ellos deudas que en un principio eran del recurrente, no posibilitando la realización de un pago directo.

Art. 19, de la Carta Fundamental, en su Número: 1, esto es "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona"; toda vez que el cese abrupto de funciones, el largo tiempo que ha transcurrido, la animadversión manifiesta en el trato administrativo, la irracionalidad, arbitrariedad, parcialidad e injusticia con la que han actuado los recurridos, ha traído al recurrente sentimientos de humillación y afectaciones a su dignidad, pues, el hecho de que los recurridos hayan indicado de manera literal "que el principio de inocencia no es pertinente en sede administrativa", le han hecho caer en sentimientos de angustia y desesperanza, ya que transcurridos mas de 2 años y medio y habiendo sido exonerado de los cargos en materia penal, la sede administrativa aun busca algún motivo que le permita mantener la sanción más gravosa que contempla la reglamentación de Carabineros de Chile.

En atención a los hechos y omisiones expuestas, el recurrente solicita que dicte, en caso de ser acogido esta acción de protección, todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado dentro de las cuales podrían ser conducentes a dicho fin, las siguientes:

1.- Declarar nulidad de derecho público para la resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021, emitida por el recurrido nro. 2.

2.- Declarar viciada y anular la investigación incoada por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Carabineros Villarrica en cumplimiento de la Orden de sumario nro. 15249/1 de fecha 01.04.2021.

3.- Anular los efectos del Dictamen nro. 15249/1 de fecha 25.01.2023, de la Prefectura de Carabineros Villarrica.

4.- Anular los efectos de la Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía.

5.- Ordenar el reintegro del recurrente a sus funciones y su encuadre en el mismo orden de ascenso que tenía hasta la hora en que fue dado de baja de las filas de la institución, ascendiéndolo al grado jerárquico inmediatamente superior si correspondiera.

6.- Subsidiariamente al punto anterior, ordenar el pago de las remuneraciones correspondientes y reintegro al sistema de salud Dipreca, desde el inicio de la pieza sumarial y continuar con dicho pago de manera regular hasta el término de esta.

7.- Todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Acompaña los siguientes documentos:

· Resolución exenta nro. 154 de fecha 01.04.2021 de la Prefectura de Carabineros Villarrica. Constancia de notificación de baja. (Donde no se expresaron las razones que alegó el recurrente para no firmarla).

· Dictamen nro. 15249/1 de fecha 25.01.2023, de la Prefectura de Carabineros Villarrica. Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía. fotocopias rolantes (a fs 82/94 del sumario) de constancias relacionadas al procedimiento, de los libros de guardia y población, con las cuales se gestionó las cuentas internas. (Para probar que se encuentran ilegibles).

· Acta de audiencia (para comprobar que dicho acto "derecho a ser oído" fue vulnerado ya que se realizó mientas aun me encontraba en calidad de detenido).

· Declaración y ampliación de declaración victima nombre reservado, (Donde señala quien era el conductor del vehículo y que no se le tomo declaración pese a que estaba en condiciones de hacerlo).

· Declaración nombre reservado, (conductor del vehículo siniestrado). Formulario atención urgencia de la víctima nombre reservado nro. 11105570, (adulterado). Formulario atención urgencia de la víctima nombre reservado nro. 11105570, (No adulterado). Declaración de auxiliar de servicio hospital san francisco de Pucón, nombre reservado. (Declara que estuvo con la víctima en el hospital y está siempre estuvo consiente esperando que carabineros fuera a tomarle declaración).

· Declaración de nombre reservado, (declara que se atendió el mismo día del accidente y converso con la víctima siempre estuvo consiente esperando que carabineros fuera a tomarle declaración).

· Declaración de nombre reservado, (quien declara no querer participar en el sumario administrativo).

· Declaración suboficial mayor nombre reservado (señala que "no recuerda que el certificado se encontrara adulterado).

· Constancia de notificación de la Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía, (con fecha 30.08.2023).

· Certificado de archivo definitivo de la causa penal, (sin condena).

A folio 12 se emitió informe por Zonal de Carabineros Araucanía.

Informa que el ex Sgto. 2o nombre reservado, interpone el nombre reservado en contra de la Resolución Exenta N° 154, de fecha 01.04.2021, de la Prefectura de Carabineros Villarrica y Orden de Sumario N° 15249/1, de fecha 01.04.2021, incoada por la Fiscalía Administrativa de la misma Repartición, cuyo último acto administrativo corresponde a la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de la Zona de Carabineros Araucanía, la cual habría sido notificada con fecha 30.08.2023.

El recurrente expone, en general, sobre los hechos que originaron el proceso administrativo en su contra, indicando según su versión, que el día 31.08.2023, encontrándose haciendo uso de su feriado legal, alrededor de las 16:30 horas aprox., concurrió a casa de un amigo de nombre nombre reservado, ubicada en el sector de Puala Alto, comuna de Curarrehue, donde compartió un asado y algunas cervezas. Luego, alrededor de las 21:00 horas, se habría retirado junto a un amigo de nombre nombre reservado, quien habría concurrido a buscarlo al lugar donde se encontraba y también se sumó una mujer de nombre nombre reservado; en este sentido, señala que él se habría ido en la parte trasera del automóvil particular para dormir, que su amigo Arturo fue quien condujo el vehículo y que la mujer se fue en el asiento del copiloto.

Una vez en trayecto, pasado unos 20 minutos, despertó producto de una colisión con un vehículo mayor del tipo retroexcavadora, la cual habría seguido la marcha sin detenerse y que éste se bajó del móvil para verificar a su amigo y a la acompañante mujer, ésta última quedó atrapada entre el asiento y el pilar delantero derecho, resultando con lesiones. Posteriormente, después de unos 30 minutos de ocurrido el accidente, su amigo se habría ido del lugar en busca de ayuda; luego, llegaron bomberos y una patrulla de Carabineros, a cargo de un Suboficial nombre reservado, quienes adoptaron el procedimiento policial, haciendo presente que se le consultó sí había ingerido alcohol, donde dio respuesta que sí, pero que no era el conductor del vehículo. Por estos hechos se dio cuenta al Ministerio Público, resultando detenido por conducir en estado de ebriedad con resultado lesiones por el accidente de tránsito.

Señala que a través de la Resolución Exenta N° 154, de fecha 01.04.2021, de la Prefectura de Carabineros Villarrica, se resolvió aplicar la medida disciplinaria de baja por conducta mala, con efectos inmediatos al ex Sgto. 2o nombre reservado, de conformidad al art. 127, N° 4, inciso 5o, del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros, N° 8, no cumpliéndose los requisitos para ello, ya que él no confesó su participación en los hechos y que esta norma colisiona con las normas del debido proceso, por lo que estaría derogada tácitamente.

Luego, cuestiona el procedimiento administrativo instruido por los hechos señalados, indica que la Vista Fiscal y el Dictamen no cuentan con la motivación necesaria, que se transgredió normas del debido proceso y que no se acogió el ofrecimiento de prueba realizado por éste, donde se comprobaría que no conducía el vehículo.

Finalmente, y en relación a lo que concierne al Jefe de Zona de Carabineros Araucanía, el recurrente, en general, señala que presentó Recurso Jerárquico en contra del Dictamen emitido por la Prefectura de Carabineros Villarrica, en el cual se resolvió confirmar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos y fijándose nota de conducta mala, señalando que la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, emitida por la Zona de Carabineros Araucanía, no cuenta con la motivación necesaria y que no se fundamentó adecuadamente el N° 6 de ésta, ya que no se argumentó la preferencia de ciertas declaraciones sobre las de sus testigos.

En consecuencia, el recurrente del presente Recurso, señala las garantías constitucionales afectadas, entre ellas, el art. 19, N° 1 "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, N° 2 "La igualdad ante la ley, N° 3 "La igual protección de la ley en el ejercicio de único sus derechos, N° 4 "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, N° 16 "La libertad de trabajo y su protección, N° 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".

Con el objeto de contextualizar la presente acción constitucional, señala que uno de los actos administrativos objeto de impugnación, refiere a aquél que dispone la baja por conducta mala, con efectos inmediatos del recurrente. Al respecto, el actor alega la arbitrariedad e ilegalidad del acto administrativo objeto de la presente acción constitucional, toda vez que se le estaría vulnerando de determinadas garantías constitucionales, en especial se estaría privando de su derecho de propiedad respecto del pago de su remuneración, aduciendo para aquello que la autoridad administrativa no tiene facultades para suspender las remuneraciones; sin embargo, el acto administrativo no se encuentra firme debido a que está condicionado al resultado de sumario administrativo instruido al efecto.

Sobre el particular, y según se argumentará ulteriormente, la arbitrariedad e ilegalidad sostenida por el actor de la presente acción constitucional no resulta procedentes, ya que los actos administrativos se encuentran ajustados a derecho y además, el proceso administrativo no se encuentra totalmente afinado, ya que a la fecha se mantiene pendiente de resolución el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente, el cual será analizado por el Sr. General Director de la Institución.

Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial, al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende de lo estipulado en el inciso primero del artículo 84 bis, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que dispone "Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.

Por su parte, el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, establece en su artículo 23, N° 2, letra E), que la "Baja por Conducta Mala" es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal institucional. Luego, en el artículo 25, N° 9, de ese mismo cuerpo normativo, se establece que la sanción en comento se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8.

A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (Dictamen N° 35714, del año 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo motivado, lo que sí ocurrió en la especie.

Ahora bien, el artículo 127, N° 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, preceptúa: "No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

En otras palabras, al consignar la norma reglamentaria que el funcionario será eliminado no apunta a una mera liberación del servicio, sino a la exclusión o desvinculación del recurso humano, con todas las consecuencias pecuniarias que ello conlleva, pues elimina la causa legal para proceder al pago de la remuneración, entre otros aspectos. No obstante, tal como se sigue del tenor literal de las normas citadas, la medida no es absoluta sino condicional al resultado del procedimiento administrativo y una vez firme, se consolidan los efectos que ya produjo desde la notificación de esa Baja con efectos inmediatos.

Así las cosas, la medida disciplinaria en comento, ha sido reconocida por la Contraloría General de la República mediante su jurisprudencia administrativa (aplica Dictámenes N° 39.621, del año 2008; 64.987, del año 2009; 31.214, del 2011; 19.138, del año 2017; entre otros), y, en ese sentido cabe recordar que los dictámenes que conforman la jurisprudencia del Ente Contralor son vinculantes para los órganos de la Administración del Estado y, por ende, para Carabineros de Chile, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 6 y 9 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. (Aplica Dictámenes N° 84.184 y 85.254, ambos del año 2015, entre otros).

La motivación de la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de la Zona de Carabineros Araucanía:

Al respecto conviene analizar, muy brevemente, que para verificar si un acto administrativo contiene la motivación necesaria, es necesario tener en cuenta, tres aspectos: primero, que la motivación es un elemento del acto administrativo, principalmente cuando se ejercen potestades discrecionales; segundo, que la motivación es un discurso argumentativo que justifica la decisión de la autoridad, y; tercero, que la motivación permite al destinatario conocer los fundamentos que se han tenido en cuenta a la hora emitir el acto. Conforme a ello, es útil manifestar que el legislador no fijó una regla sobre la extensión de esta materia, lo cual implica que la argumentación podrá ser mayor o menor, pero lo que no puede ocurrir es que el acto carezca absolutamente de este elemento. Ahora bien, un buen parámetro para determinar si un acto cumple con un estándar adecuado de motivación, es analizar si el discurso argumentativo fue o no comprendido por su destinatario.

En tal sentido, es preciso señalar que la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de esta Alta Repartición, cuenta con la fundamentación necesaria para comprender los hechos y la decisión adoptada. Todo ello, se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y a la Jurisprudencia Administrativa.

Es más, en la acción presentada por el recurrente queda fehacientemente claro que entiende los hechos por los cuales fue denunciado y la forma que se desarrolló el procedimiento policial en el cual se vio involucrado, efectuando solo alegaciones relacionadas en el sentido de desvirtuar la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, el consumo de alcohol fue acreditado por la propia declaración del inculpado, quien reconoció haber participado de un asado, donde bebió alcohol; además, las declaraciones de los funcionarios que adoptaron el procedimiento policial son contestes en señalar que el ex servidor se encontraba en estado de ebriedad y también la propia acompañante, identificada como nombre reservado, declaró que tanto ella y el inculpado habían consumido alcohol en la actividad, siendo esto ratificado al momento de someterlo a un Sumario Breve, el cual arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Asimismo, la participación del inculpado en el accidente de tránsito fue acreditado por su propia declaración, por la de su acompañante y por los funcionarios policiales que adoptaron el procedimiento, en donde los testigos fueron claros en señalar que fue el mismo inculpado quien indicó que conducía el automóvil, pero posteriormente ello fue negado por éste, pero esa situación no desvirtuó su transgresión a sus deberes profesionales y al principio de probidad, que obliga a los funcionarios públicos a mantener una conducta intachable, incluso fuera del servicio.

En tal sentido, el Jefe de Zona que suscribe, al momento de analizar el Recurso Jerárquico, verificó que los actos administrativos anteriores, esto es, la Vista Fiscal y el Dictamen, mantuvieran la motivación necesaria y además, que se haya respetado el principio del debido proceso y el derecho a defensa del inculpado, constando en autos que el inculpado prestó declaración en el proceso, fue debidamente notificado de los actos administrativos, hizo uso de las instancias recursivas correspondientes y solicitó copia del proceso en más de una oportunidad, lo cual fue debidamente atendido por la autoridad administrativa.

De acuerdo a lo expuesto, la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de la Zona de Carabineros Araucanía, cuenta con un estándar de motivación que deben contener los actos administrativos, ya que se describen los hechos que se reprochan, las normas reglamentarias, las faltas que se imputan, los medios probatorios que se tuvieron en consideración para tener por acreditada la conducta reprochada y se efectuó una valoración de éstos. Además, se abordaron las alegaciones que el inculpado realizó en el Recurso Jerárquico, señalando expresamente los medios de prueba con los cuales se acreditó la conducta reprochada, la cual transgredió los deberes profesionales y el principio de probidad.

Respecto a las faltas administrativas del Reglamento de Disciplina N° 11, imputadas al inculpado:

Se le imputó la falta del artículo 22, N° 1, letra d), "Observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trasciendan a tercerosf, esto fue debidamente acreditado, ya que el día 31.03.2021, alrededor de las 23:10 horas, encontrándose fuera del servicio, vistiendo de civil y en estado de ebriedad, participó en un accidente de tránsito, donde resultó lesionada una persona civil que acompañaba al inculpado, el consumo de alcohol fue acreditado por la propia declaración del ex servidor, por la declaración de los testigos, por la prueba respiratoria realizada en el lugar del procedimiento, por el Sumario Breve practicado con resultado de encontrarse en estado de ebriedad al momento de ser examinado y también por el formulario de atención de urgencia N° 11105587, de fecha 01.04.2021 del inculpado y la declaración de su acompañante. Además, su participación en el procedimiento policial se acreditó por el Parte Policial N° 0992, de fecha 01.04.2021, donde resultó detenido por conducir en estado de ebriedad con resultado de lesiones, direccionado a la Fiscalía Local de Pucón y por la declaración de los testigos y la propia declaración del inculpado que reconoce haber participado, donde en primera instancia asumió su responsabilidad de haber sido el conductor del vehículo, ya que el personal policial que adoptó el procedimiento señaló que éste libre y espontáneamente les señaló que era responsable de lo ocurrido y que iba conduciendo el vehículo.

En este sentido, la conducta reprochada transgredió el principio de probidad y transcendió a terceros desde el momento en que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y sobre su calidad de funcionario de Carabineros, dicha situación ha sido analizada por la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 44.700/2014, que en su parte pertinente señala "...en cuanto a que el actuar que motivó la medida de que se trata -referido a la ingesta de alcohol- no constituiría una falta contra la familia y la vida privada, es dable precisar, acorde con el criterio informado en el dictamen N° 13.022, de 2010, de esta procedencia, que el artículo 22, N° 1, letra d), del decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina, establece, en lo que importa, el deber para sus funcionarios de evitar que su proceder amenace el interés del servicio, aun cuando éste se produzca fuera de la jomada habitual...", tal como ocurrió en el caso de análisis.

Asimismo, se le imputó la falta del artículo 22° N° 3, letra a), "No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante las circunstancias que con ello contribuyó a la comisión de un hecho delictuoso", dicha transgresión quedó acreditada en el proceso, ya que el ex Sgto. 2o nombre reservado con su actuar no cumplió las instrucciones sobre consumo de alcohol que consagra la Orden General N° 1598, de fecha 28.09.2004, norma reglamentaria que desde su publicación en el Boletín Oficial, se entiende conocida por todos, por lo que no puede alegar desconocimiento de dichas instrucciones. Con ello, el ex servidor público no cumplió con el debido interés sus deberes profesionales.

Resultado de la causa penal seguida en contra del ex Sgto. 2o nombre reservado:

El inculpado en todas las alegaciones que realizó en el proceso administrativo, señaló que no iba conduciendo el automóvil y que dicha actuación no pudo ser comprobada por el Ministerio Público. En tal sentido, es preciso señalar que se debe tener presente que tanto la responsabilidad penal, civil y administrativa son independientes entre sí, conformidad al inciso 2o del artículo 13 del Reglamento de Disciplina N° 11, que establece que la sanción administrativa es independiente a la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria, esto también ha sido sostenido por la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 24.828 del 2018, donde señala que la condena, absolución o sobreseimiento de un proceso penal, no excluye la posibilidad de aplicar al servidor público una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, más aún, cuando ellos transgreden las normas legales y reglamentarias establecidas.

Ahora bien, en la causa penal, Ruc N° 2100309297-3, Rit N° 842-2021, del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, con fecha 29.07.2021, se llevó a cabo Audiencia de Suspensión Condicional del Procedimiento, en contra del imputado, decretándose suspensión por dos (2) años, pagar a título de donación la suma de $90.000 (noventa mil pesos) a Compañía de Bomberos de Pucón, pagados en dos cuotas y la suspensión de su licencia de conducir por dos (2) años.

En razón de ello, es pertinente señalar que de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, del Rol 80.136 del año 2021 discurre en su considerando cuarto en el sentido que sigue: "acceder a una salida alternativa como lo es la suspensión condicional del procedimiento si bien explícitamente no supone a priori reconocer responsabilidad, exige cumplir una serie de requisitos, pudiendo entonces presumirse legítimamente que asumió su responsabilidad en los hechos, sometiéndose a la actual política del Estado para la solución de conflictos en la materia como una manera de descongestionar el sistema y acelerar la resolución de procesos que sólo afecten derechos particulares". Por lo que independiente de que en el proceso administrativo no se sancionó por la comisión del delito de conducir en estado de ebriedad, sino por su transgresión al catálogo de deberes, existe una presunción legal que asumió la responsabilidad en los hechos por los cuales resultó detenido, esto es, por la conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones en colisión.

La improcedencia de continuar pagando las remuneraciones de aquellos funcionarios a quienes se les ha aplicado la medida de baja por conducta mala, con efectos inmediatos Esto ha sido respaldado por los Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo, sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias, citarse a modo ejemplar la sentencia definitiva dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el Recurso de Protección, Rol 124.997-2016, oportunidad en la que sostuvo que: "las circunstancias que se suspenda el pago de sus remuneraciones [...] es una consecuencia de dicha decisión (Baja inmediata), que se ha fundado en hechos imputables al propio recurrente, y que nada obsta a que una vez concluido el referido sumario, si la medida no es mantenida, [.../ pueda percibir nuevamente su remuneración, con efecto retroactivo [...]".

Acción de lato conocimiento, ausencia de derecho indubitado:

Señala que el Recurso de Protección es una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

En este sentido, refiere que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio del recurrente- resulta ser los derechos que hace mención en su presentación y en especial el derecho de propiedad plasmado en su remuneración, situación que no es efectiva, debido a que para ser acreedor de referido emolumento se requiere efectuar la contraprestación respectiva, esto es, el desempeño de una labor, hecho que en el caso concreto no ocurre, de lo contrario estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin causa, por no existir el hecho fundante que origine la necesidad del pago respectivo.

Así, la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de éste en tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Lo anterior, ha sido expresamente reconocido por la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol 25.121-2015, relativo a un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva dictada en un nombre reservado, que dice relación con la medida administrativa de baja con efectos inmediatos adoptada en contra de un funcionario, la cual sostuvo que: "[...] respecto de la petición subsidiaria del recurso de autos, en cuanto por éste se persigue el pago de remuneraciones durante el periodo por el cual se extienda la tramitación del sumario administrativo que se sigue en contra del actor, es menester señalar que tal petición no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos sino sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie, por lo que la pretensión hecha valer no podrá prosperar Por otra parte, la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol 22.244-2015, sostuvo: "[...] conforme lo antes expuesto y teniendo especialmente en consideración que por la acción constitucional intentada en estos autos se persigue el pago de remuneraciones, lo que no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos sino que sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie, la pretensión hecha valer no podrá prosperar.

En lo pertinente, ambas sentencias refieren a la exigencia de un derecho indubitado para ejercer esta vía jurisdiccional, precisando que el Recurso de Protección no es el medio idóneo para pretender obtener la declaración de un derecho, toda vez que lo anterior, requiere necesariamente de un término probatorio que acredite fehacientemente los argumentos vertidos por el actor.

En consecuencia, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, concluye que no se cumple con el supuesto básico del nombre reservado, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que tampoco se verifica-, podemos colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Además, como se señaló al inicio del presente informe, el Sumario Administrativo no se encuentra finalizado, ya que al resolver el Recurso Jerárquico presentado por el inculpado, se notificó de dicho acto administrativo con fecha 30.08.2023, manifestándose no conforme con lo resuelto, haciendo uso de su derecho a presentar Recurso de Apelación en contra de la señalada Resolución Exenta, con la finalidad de que se resuelva por parte del Sr. General Director, situación que se mantiene pendiente.

Así, de acuerdo a lo expuesto, como se expuso previo a resolver el Recurso Jerárquico, el Jefe de Zona, efectuó un estudio acabado del Sumario Administrativo y verificó que se haya respetado las etapas respectivas y las normas del debido proceso; asimismo, se verificó que el inculpado haya prestado declaración en el proceso y que haya hecho uso de su derecho a contestar los cargos propuestos. Además, se analizó los medios probatorios y se efectuó una valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio acerca de la responsabilidad disciplinaria del empleado.

En este sentido, al emitir la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, se analizó y abordó cada una de las alegaciones realizadas por el inculpado en el Recurso Jerárquico; se fundamentó adecuadamente cada falta imputada, otorgando la motivación necesaria que deben contener un acto administrativo de esta naturaleza.

Además, señala que el proceso administrativo incoado en contra del inculpado y requirente de la presente acción constitucional, no se encuentra totalmente tramitado, manteniéndose pendiente resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el ex servidor público en contra de la Resolución Exenta N° 450, emitida por esta Alta Repartición.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y/o admitir el presente Recurso de Protección, por lo que se solicita tener por informado el recurso y, en definitiva, RECHAZARLO, con costas, en atención a que en los hechos descritos, no se ha vulnerado derecho alguno, actuando siempre en conformidad a Derecho.

A folio 16 informa la Prefectura de Carabineros de Villarrica N°3.

Indica que una vez cerrado el Sumario Administrativo, se emitió la Vista Fiscal por parte de la Fiscalía Administrativa, de acuerdo a lo establecido al artículo 69° y siguientes del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15. Asimismo, se notificó dicho acto administrativo al inculpado, manifestándose no conforme, otorgándole el derecho a contestar los cargos propuestos.

Luego, con fecha 25.01.2023, se emitió el Dictamen N° 15249/1, por parte del Jefe Dictaminador, por medio del cual se resolvió el proceso administrativo, manteniéndose la baja por conducta mala con efectos inmediatos, notificando al ex servidor de la medida disciplinaria impuesta, manifestándose no conforme y haciendo uso de su derecho a presentar Recurso Jerárquico.

Posteriormente, el Recurso Jerárquico fue conocido por el Jefe de la Zona Araucanía, quien después de haber analizado las alegaciones realizadas por el inculpado, resolvió a través de la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, manteniendo la medida disciplinaria originalmente impuesta. De ello fue notificado el ex funcionario, quien se manifestó no conforme e hizo uso de su derecho a presentar Recurso de Apelación en contra de la decisión adoptada, con la finalidad que el Sr. General Director de la Institución resuelva la presentación, situación que se mantiene pendiente de resolver, por lo que la medida disciplinaria no se encuentra a firme debido a que está condicionado a la resolución que se adopte, no encontrándose totalmente afinado el proceso administrativo.

Luego de explicar el proceso disciplinario de Carabineros de Chile, indica que para una adecuada ilustración, podemos señalar que los hechos que motivaron la dictación de la Resolución Exenta Nº 154, de fecha 01.04.2021, dictada por el Prefecto de la Prefectura de Carabineros “Villarrica”, refieren principalmente a que con fecha 31.03.2021, a las 22:50 horas aprox., se recibió un llamado telefónico en la 9° Comisaría de Pucón, por parte de una mujer que no se identificó, manifestando que en el sector Los Nevados, pasado el Mirador, había un accidente de tránsito entre una retroexcavadora y un furgón; de la misma forma se recibió un llamado telefónico de la Central de Bomberos de la ciudad, informando el mismo hecho. De acuerdo a ello, personal de Carabineros de servicio en el cuadrante 2 en la población, a cargo del Suboficial nombre reservado, acompañado del Carabinero nombre reservado, en el Z-7764, concurrieron al lugar del accidente, una vez que llegaron se les acercó una persona, quien se identificó como el conductor del vehículo tipo furgón y, además, indicó que era el Sgto. 2° nombre reservado, de dotación de la Tenencia Curarrehue (F), instantes en que se percataron que éste mantenía un fuerte hálito alcohólico. Asimismo, bomberos se encontraba sacando desde el asiento del copiloto a la acompañante identificada como nombre reservado, la cual se encontraba atrapada y lesionada, por lo que fue trasladada al Hospital de Pucón.

En consideración a lo anterior, el personal policial adoptó el procedimiento correspondiente, procediendo a la detención del ex servidor por conducir en estado de ebriedad, con resultado de lesiones y daños en colisión, además por infracción al art. 318 del Código Penal, infringiendo al toque de queda, debido a la Pandemia Covid que afectaba al país. Por estos hechos se dio cuenta al Ministerio Público, a través del Parte Policial N° 992, de fecha 01.04.2021, de la 9° Comisaría de Pucón direccionado a la Fiscalía Local de la misma ciudad.

Al ex servidor se le practicó examen respiratorio de intoxilyzer arrojando como resultado 1.19 Gr./Lt. de alcohol en la sangre y se le practicó Sumario Breve, siendo examinado por el Capitán nombre reservado, la Subteniente nombre reservado y el Sgto. 2° nombre reservado, de conformidad a la Orden General N° 1598, de fecha 28.09.2004, obteniendo que el ex servidor se encontraba en estado de ebriedad. Asimismo, se derivó al Hospital de Pucón, donde fue atendido y se le diagnosticó paciente sin lesiones y ebriedad en estudio.

En razón de lo expuesto precedentemente, y atendida la gravedad de los hechos descritos previamente, se dispuso su Baja de la Institución por conducta mala, con efectos inmediatos, a través de la Resolución Exenta N° 154, de fecha 01.04.2021, dictada por el Prefecto de la Prefectura Villarrica, dejando constancia que los hechos en los que participó el ex Sgto. 2° nombre reservado revestían características de gravedad, importancia y trascendencia, haciendo inconveniente la permanencia de éste en la Institución, conducta que se hizo evidente a la luz de los antecedentes ya expuestos.

Las imputaciones de la Resolución de Baja con Efectos Inmediatos, Vista Fiscal y su ampliación, Dictamen y Resolución Exenta que resuelve el Recurso Jerárquico, cumplen con el Principio de Congruencia que debe existir en los actos administrativos, manteniéndose las faltas imputadas.

De la misma forma, para verificar si un acto administrativo contiene la motivación necesaria, es necesario tener en cuenta, tres aspectos: primero, que la motivación es un elemento del acto administrativo, principalmente cuando se ejercen potestades discrecionales; segundo, que la motivación es un discurso argumentativo que justifica la decisión de la autoridad, y; tercero, que la motivación permite al destinatario conocer los fundamentos que se han tenido en cuenta a la hora emitir el acto. Conforme a ello, es útil manifestar que el legislador no fijó una regla sobre la extensión de esta materia, lo cual implica que la argumentación podrá ser mayor o menor, pero lo que no puede ocurrir es que el acto carezca absolutamente de este elemento. Ahora bien, un buen parámetro para determinar si un acto cumple con un estándar adecuado de motivación, es analizar si el discurso argumentativo fue o no comprendido por su destinatario.

Al respecto, el recurrente efectúa alegaciones en el sentido de desvirtuar la conducción en estado de ebriedad, pero del mérito del proceso, queda fehacientemente establecido que entiende los hechos por los cuales fue detenido y la forma que se desarrolló el procedimiento policial en el cual se vio involucrado, reconociendo en primera instancia la conducción y negando posteriormente su responsabilidad; sin embargo, el consumo de alcohol se acreditó por la propia declaración del inculpado, quien reconoció haber participado de un asado y haber bebido alcohol, lo cual quedó ratificado por las declaraciones de los funcionarios policiales que adoptaron el procedimiento; por los funcionarios que participaron en el Sumario Breve, que tuvo como resultado que el inculpado se encontraba en estado de ebriedad; por la declaración de su acompañante, identificada como nombre reservado, quien señaló que ella y el inculpado habían consumido alcohol en la actividad; por la prueba respiratoria practicada y formulario de atención de urgencia, donde se indica que el paciente presentaba una ebriedad en estudio.

Asimismo, se estableció que el inculpado en estado de ebriedad, participó de un accidente de tránsito con resultado de lesiones y daños en colisión y además, que infringió el toque de queda decretado por la pandemia que afectaba al país, lo que fue acreditado por la propia declaración del inculpado que reconoce situarse en el accidente de tránsito; por la declaración de su acompañante; por las declaraciones de los funcionarios policiales que adoptaron el procedimiento, las cuales son contestes en señalar que el inculpado fue quien señaló que conducía el automóvil, pero que posteriormente fue negado por éste en el proceso; todo ello fue informado al Ministerio Público, a través del Parte Policial N° 0992, de fecha 01.04.2021, de la 9° Comisaría de Pucón, donde pasó a control de detención, la cual se declaró ajustada a derecho y fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y daños en colisión. Ahora bien, pese a que el ex servidor después de reconocer su conducción, lo que fue negado más tarde, éste no logró acreditar que no hubo transgresión a sus deberes profesionales y al principio de probidad, que obliga a los funcionarios públicos a mantener una conducta intachable, incluso fuera del servicio.

El Jefe Dictaminador de acuerdo al mérito del proceso, verificó que se haya respetado el principio del debido proceso, que se haya garantizado su derecho a defensa, que existieran los medios probatorios para acreditar la conducta reprochada, que el inculpado haya declarado en el proceso y que haya hecho uso de su derecho a contestar los cargos y de los recursos correspondientes, que se haya notificado de los actos administrativos respectivos; además, consta en el proceso que solicitó copia del expediente en más de una oportunidad, lo que fue debidamente atendido por la autoridad administrativa.

En tal sentido, es preciso señalar que la Vista Fiscal, su ampliación y el Dictamen, emitidos por la Fiscalía Administrativa y la Prefectura de Carabineros Villarrica, cuentan con la fundamentación necesaria para comprender los hechos y la decisión adoptada, se describe la conducta que se reprocha, se indica las normas infringidas, se mencionan los medios probatorios y se realiza valoración de éstos, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15. Asimismo, en cada acto administrativo se abordó las alegaciones realizadas por el inculpado. Todo ello, se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y a la Jurisprudencia Administrativa.

Se le imputó la falta del artículo 22, N° 1, letra d), “Observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trasciendan a terceros”, ya que el día 31.03.2021, alrededor de las 23:10 horas, encontrándose con feriado legal, vistiendo de civil y en estado de ebriedad, participó en un accidente de tránsito del tipo colisión, donde resultó lesionada una persona civil que acompañaba al inculpado y daños. En tal sentido, el consumo de alcohol se acreditó por la propia declaración del ex funcionario, quien reconoce el consumo de bebidas alcohólicas en la actividad; por la declaración de los testigos; por la prueba respiratoria realizada en el lugar del procedimiento; por el Sumario Breve practicado donde el resultado fue que se encontraba en estado de ebriedad; por el formulario de atención de urgencia N° 11105587, de fecha 01.04.2021 del inculpado, donde el médico de turno diagnóstico ebriedad en estudio y la declaración de su acompañante, que reconoce el consumo de alcohol del inculpado en la actividad. Además, su participación en el procedimiento policial se acreditó por el Parte Policial N° 0992, de fecha 01.04.2021, donde resultó detenido por conducir en estado de ebriedad con resultado de lesiones, direccionado a la Fiscalía Local de Pucón, siendo pasado a control de detención (declarada ajustada a derecho) y formalizado por el delito en comento; también por la declaración de los testigos y la propia declaración del inculpado que reconoció haber participado en el accidente de tránsito, donde en primera instancia asumió su responsabilidad de haber sido el conductor del vehículo, pero posteriormente en el proceso, lo negó.

En este sentido, la conducta reprochada al inculpado transgredió los deberes profesionales, amenazó el interés del servicio, aun cuando se produjo fuera de éste, transgredió el principio de la probidad administrativa y transcendió a terceros al momento de que la acompañante del inculpado conocía su calidad de funcionario público y desde el momento en que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y sobre su condición de funcionario de Carabineros. Dicha situación ha sido analizada por la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 44.700/2014, que en su parte pertinente señala “…en cuanto a que el actuar que motivó la medida de que se trata –referido a la ingesta de alcohol- no constituiría una falta contra la familia y la vida privada, es dable precisar, acorde con el criterio informado en el dictamen Nº 13.022, de 2010, de esta procedencia, que el artículo 22, N° 1, letra d), del decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina, establece, en lo que importa, el deber para sus funcionarios de evitar que su proceder amenace el interés del servicio, aun cuando éste se produzca fuera de la jornada habitual…”, tal como ocurrió en el caso de análisis.

También, se le imputó la falta del artículo 22° N° 3, letra a), “No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante las circunstancias que con ello contribuyó a la comisión de un hecho delictuoso”, esta transgresión se acreditó en el proceso, ya que el inculpado con su actuar no cumplió las instrucciones sobre consumo de alcohol que consagra la Orden General Nº 1598, de fecha 28.09.2004, la cual se entiende conocida por todos desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que no puede alegar desconocimiento de las instrucciones sobre la materia. Con ello, el ex servidor público no cumplió con el debido interés sus deberes profesionales.

El inculpado en todas las alegaciones que realizó en el proceso administrativo, señaló que no iba conduciendo el automóvil y que dicha actuación no pudo ser comprobada por el Ministerio Público. Además, que ofreció los medios probatorios para acreditar que no conducía el vehículo, los cuales no fueron aceptados por la autoridad administrativa, situación que - a su entender - lo eximiría de responsabilidad administrativa; sin embargo, es preciso señalar a S.S.I. que lo que pretende el inculpado sobre acreditar que no era el conductor, es un tema de competencia del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, ya que ello corresponde a desvirtuar el delito de conducción en estado de ebriedad, pero en sede administrativa, lo que se reprocha al ex funcionario, es su transgresión a los deberes profesionales y al principio de probidad, lo que se encuentra plenamente acreditado.

De acuerdo a lo señalado, el inculpado señala que en la causa penal fue exonerado de responsabilidad, al respecto es preciso mencionar que de conformidad al inciso 2° del artículo 13 del Reglamento de Disciplina N° 11, la sanción administrativa es independiente a la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria, esto también ha sido sostenido por la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 24.828 del 2018, donde señala que la condena, absolución o sobreseimiento de un proceso penal, no excluye la posibilidad de aplicar al servidor público una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, más aún, cuando ellos transgreden las normas legales y reglamentarias establecidas.

Ahora bien, es pertinente señalar a S.S.I. que en la causa penal, Ruc N° 2100309297-3, Rit N° 842-2021, del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, con fecha 29.07.2021, se llevó a cabo Audiencia de Suspensión Condicional del Procedimiento, en contra del imputado, decretándose suspensión por dos (2) años, pagar a título de donación la suma de $90.000 (noventa mil pesos) a Compañía de Bomberos de Pucón, pagados en dos cuotas y la suspensión de su licencia de conducir por dos (2) años.

En razón de ello, es pertinente señalar que de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, del Rol 80.136 del año 2021 discurre en su considerando cuarto en el sentido que sigue: “acceder a una salida alternativa como lo es la suspensión condicional del procedimiento si bien explícitamente no supone a priori reconocer responsabilidad, exige cumplir una serie de requisitos, pudiendo entonces presumirse legítimamente que asumió su responsabilidad en los hechos, sometiéndose a la actual política del Estado para la solución de conflictos en la materia como una manera de descongestionar el sistema y acelerar la resolución de procesos que sólo afecten derechos particulares”. Por lo que independiente de que en el proceso administrativo no se sancionó por la comisión del delito de conducir en estado de ebriedad, sino por su transgresión al catálogo de deberes, existe una presunción legal que asumió la responsabilidad en los hechos por los cuales resultó detenido, esto es, por la conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones en colisión.

Que, en relación a la sostenida vulneración del artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República y conforme a lo resuelto reiteradamente por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol 41.085/2013: “Que, la remuneración cuyo pago reclama el recurrente constituye la retribución por el trabajo que todo dependiente recibe por su desempeño efectivo. Más, si como consecuencia de la adopción de una medida disciplinaria se produce la desvinculación inmediata de sus labores, lógica consecuencia de ello es que también se le suspenda el pago, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza”.

En la misma línea argumentativa, sobre que ello ha sido respaldado por los Tribunales Superiores de Justicia, pudiendo, sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias, citarse a modo ejemplar la sentencia definitiva dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el Recurso de Protección, Rol 124.997-2016, oportunidad en la que sostuvo que: “las circunstancias que se suspenda el pago de sus remuneraciones […] es una consecuencia de dicha decisión (Baja inmediata), que se ha fundado en hechos imputables al propio recurrente, y que nada obsta a que una vez concluido el referido sumario, si la medida no es mantenida, […] pueda percibir nuevamente su remuneración, con efecto retroactivo […]”.

Por todo lo expuesto, esta parte estima respetuosamente, que no ha existido infracción al orden constitucional, legal ni administrativo en las actuaciones realizadas por la Institución, toda vez que no se ha vulnerado la garantía constitucional del derecho de propiedad al privarse al recurrente del derecho a percibir sus remuneraciones y otros beneficios, dado que existe un sumario administrativo pendiente, con recursos que pueden ser ejercidos, establecidos en nuestro ordenamiento jurídico en propio beneficio del ocurrente, solicitando desde ya que el recurso interpuesto sea rechazado.

En primer lugar, resulta necesario mencionar que el Recurso de Protección es una acción de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinario y sumarísimo, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene este recurso, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio declarativo.

En este sentido, es importante mencionar que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio del recurrente- resulta ser los derechos que hace mención en su presentación y en especial el derecho de propiedad plasmado en su remuneración, situación que no es efectiva, debido a que para ser acreedor de referido emolumento se requiere efectuar la contraprestación respectiva, esto es, el desempeño de una labor, hecho que en el caso concreto no ocurre, de lo contrario estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin causa, por no existir el hecho fundante que origine la necesidad del pago respectivo.

Así, la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de éste en tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Lo anterior, ha sido expresamente reconocido por la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol 25.121-2015, relativo a un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva dictada en un nombre reservado, que dice relación con la medida administrativa de baja con efectos inmediatos adoptada en contra de un funcionario, la cual sostuvo que: “[…] respecto de la petición subsidiaria del recurso de autos, en cuanto por éste se persigue el pago de remuneraciones durante el periodo por el cual se extienda la tramitación del sumario administrativo que se sigue en contra del actor, es menester señalar que tal petición no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos sino sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie, por lo que la pretensión hecha valer no podrá prosperar”.

Por otra parte, la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol 22.244-2015, sostuvo: “[…] conforme lo antes expuesto y teniendo especialmente en consideración que por la acción constitucional intentada en estos autos se persigue el pago de remuneraciones, lo que no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos sino que sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie, la pretensión hecha valer no podrá prosperar”.

En lo pertinente, ambas sentencias refieren a la exigencia de un derecho indubitado para ejercer esta vía jurisdiccional, precisando que el Recurso de Protección no es el medio idóneo para pretender obtener la declaración de un derecho, toda vez que lo anterior, requiere necesariamente de un término probatorio que acredite fehacientemente los argumentos vertidos por el actor.

El recurrente, en resumen, señala que respecto a la Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, no correspondía aplicar por no cumplir con el requisito de confesión y que la responsabilidad no era evidente, al respecto esto no es pertinente, ya que como se señaló en el numeral III del presente informe, la autoridad administrativa se encontraba facultada para tomar una decisión de esa naturaleza, la norma se encuentra vigente y de acuerdo al análisis del Prefecto de la Prefectura de Carabineros Villarrica, la falta era de gravedad y su responsabilidad era evidente con los antecedentes que se contaban al momento; además, esta medida ha sido reconocida por la Contraloría General de la República.

En relación a que los hechos en los cuales se vio involucrado el inculpado correspondían a un delito, por lo que la competencia para ser investigado correspondía exclusivamente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia y no desde el punto de vista administrativo, es preciso señalar que de acuerdo a lo expuesto en el numeral VII del presente informe, la sanción administrativa es independiente a la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria, esto también ha sido sostenido por la Contraloría General de la República y efectivamente, la investigación de un delito no corresponde ser investigado en sede administrativa, pero a diferencia lo que entiende el inculpado, lo que se investigó por medio del Sumario Administrativo instruido es la transgresión de los deberes profesionales, ya que de acuerdo a lo sostenido por la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 3373/2016, establece en lo que importa “…de conformidad con lo concluido en los dictámenes Nos 29.084, de 2011 y 17.348, de 2014, de este origen, que la potestad punitiva de la Administración no se manifiesta a través de un listado de actuaciones ilícitas, sino que por medio de un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones”, tal como ocurrió en la especie.

Respecto a que la notificación de la Baja por Conducta, con efectos inmediatos no se ajustó a la normativa y que se le negó su derecho a ser oído en las instancias reglamentarias, se puede señalar que consta en el proceso que al ser recibido en audiencia por la autoridad administrativa, éste hizo uso de su derecho a guardar silencio y en al ser notificado del acto administrativo que dispuso la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, se negó a firmar, situación que fue informada verbalmente, por el Comisario de la 9° Comisaría Pucón y un testigo, el Suboficial Mayor nombre reservado, lo que de acuerdo con el criterio del órgano Contralor, en el Dictamen N° 23871/2018, “…cuando el funcionario se niega a firmar la notificación de un acto, hará fe de la realización de esa diligencia el testimonio que estampe el empleado que la practique, ya que la circunstancia de que el afectado no la hubiese suscrito no cambia el hecho cierto de que supo de la actuación que se le comunicó y que rehusó firmar, añaden esos pronunciamientos que sostener una interpretación en contrario, significaría dejar bajo la potestad del notificado la validez de la gestión de que se trata, ya que bastaría su negativa a firmar el acta respectiva para.”

Asimismo, en relación a no ser oído en las instancias recursivas, nuestra reglamentación interna no contempla esta instancia, por lo que es una facultad discrecional de la autoridad llamada a resolver; sin embargo, consta que el inculpado hizo uso de su derecho a contestar los cargos y presentó los recursos correspondientes en el proceso, por lo que no hay vulneración de derechos.

El inculpado señala también que el formulario de atención de urgencia de su acompañante, nombre reservado fue adulterado, por lo que procedía tachar al testigo que adoptó el procedimiento; en tal sentido, se informa que verificado el formulario, no se apreciaron adulteraciones y la adulteración que indica el recurrente, corresponden a la selección realizada en el rubro pronóstico médico legal o incapacidad laboral, donde se seleccionó con lápiz pasta, igual al de la firma del médico, con una (x) en el rubro “Grave (30 días o más) y “se requiere exámenes complementarios”. Pero no existe enmendaduras en el diagnóstico de la paciente y además, tampoco el inculpado señala cómo lo denunciado podría eximirlo de responsabilidad, si ni siquiera corresponde al formulario de atención de éste. Además, de acuerdo al criterio de la Contraloría General de la República, los sucesos que, en concepto del ocurrente, podrían revestir carácter de delito, la revisión del proceso sumarial, no es la instancia idónea para realizar dicho planteamiento. Aplica Dictamen N° 12093/2020.

Respecto a que no se otorgó el término probatorio, se informa que revisado el proceso y los actos administrativos, dicha situación fue abordada, y de acuerdo al criterio del Órgano Contralor, se puede rechazar las solicitudes de diligencias, cuando estas no resultan útiles, pertinentes ni plausibles, ya que los medios de prueba ofrecidos eran para descartar la conducción del vehículo pero no aportaban nada sobre su transgresión a los deberes profesionales y al principio de probidad, lo cual estaba acreditado en el proceso.

Además, en relación al principio de inocencia que alega el recurrente, el cual no se habría respetado, consta en el proceso que se respetó el principio del debido proceso, se otorgó derecho a declarar y el inculpado hizo uso de las instancias recursivas respectivas. Asimismo, no se indica cómo se vulneró dicho principio y según lo establecido por la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 27803/2019, “A continuación, acerca de la supuesta vulneración del principio de presunción de inocencia, es menester expresar, conforme con el criterio contenido en el dictamen N° 72.814, de 2016, de esta procedencia, que no se observa de qué manera este pudo haberse vulnerado, toda vez que luego de formulársele el reproche que se estimó probado, la autoridad administrativa ejerció su potestad disciplinaria, aplicando el castigo que, en concepto de aquella, debía imponerse”.

Por otra parte, el Dictamen N° 16569/2019, que señala “A su turno, en cuanto a la supuesta vulneración del principio de presunción de inocencia, cabe indicar que no aparecen indicios de un prejuzgamiento en su contra o de infracción a dicho principio, como se alega, toda vez que la medida de baja por conducta mala, con efectos inmediatos de la que fue objeto, se le impuso conforme al mérito de la indagación incoada en su oportunidad, la cual fue legalmente sustanciada y en cuyo desarrollo el investigador estimó probada la conducta que se le reprochó al recurrente, lo que, en definitiva, sirvió de base para que las distintas autoridades de esa entidad policial, ejercieran su potestad disciplinaria”.

El requirente interpuso la acción constitucional en contra de la Resolución Exenta N° 154, de fecha 01.04.2021, de la Prefectura de Carabineros Villarrica, en contra de la Orden de Sumario N° 15249/1, de fecha 01.04.2021 y contra la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de la Zona de Carabineros Araucanía.

En tal sentido, respecto a la Resolución Exenta N° 154 y la Orden de Sumario ya señalados, el plazo se encuentra caducado para reclamar por dichos actos administrativos, de acuerdo al numeral 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del nombre reservado de las garantías constitucionales, ya que éstos datan del año 2021.

De acuerdo a lo expuesto, como se expuso a S.S.I, en el proceso administrativo se respetó las etapas respectivas y las normas del debido proceso, el derecho a defensa y presentó los recursos correspondientes a lo largo del proceso. Además, se analizó los medios probatorios y se efectuó una valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio acerca de la responsabilidad disciplinaria del empleado en cada acto administrativo.

Además, es importante señalar a S.S.I. que el proceso administrativo incoado en contra del inculpado y requirente de la presente acción constitucional, no se encuentra totalmente tramitado, manteniéndose pendiente resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el ex servidor público en contra de la Resolución Exenta N° 450, emitida por esta Alta Repartición, el cual deberá ser conocido por el Sr. General Director de Carabineros.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y/o admitir el presente Recurso de Protección, por lo que se solicita a ese Iltmo. Tribunal de Alzada, tener por informado el recurso y, en definitiva, rechazarlo, con costas, en atención a que en los hechos descritos, no se ha vulnerado derecho alguno, actuando siempre en conformidad a Derecho.

Acompaña la siguiente documentación:

- Copia del acta de audiencia ante el Prefecto de la Prefectura Villarrica.

- Copia Resolución de Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos y notificación donde se negó a firmar.

- Copia de la Orden de Sumario N° 15249/1, de fecha 01.04.2021, de la Prefectura Villarrica.

- Copia Sumario Breve practicado al Requirente.

- Copia Formulario de Atención de Urgencia del requirente.

- Copia formulario de Atención de Urgencia de nombre reservado.

- Copia prueba intoxilyzer practicada al requirente.

- Copia declaraciones del personal aprehensor, testigos, requirente, acompañantes nombre reservado y nombre reservado.

- Copia Acta audiencia suspensión del procedimiento.

- Copia declaraciones juradas de los testigos que presentó el requirente.

- Copia formulario de Atención de Urgencia de nombre reservado, entregado por el requirente sin firma médico turno.

- Copia acta de notificación de la Resolución Exenta N° 450, de fecha 16.08.2023, de la Zona Araucanía.

Se trajeron los autos en relación:

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en las resoluciones que lo dieron la baja de la Institución de Carabineros de Chile en el contexto de una investigación disciplinaria llevada a cabo en su contra por haber sido sorprendido conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad, sin perjuicio de haber sostenido que él no era el conductor del móvil.

TERCERO: Sobre el punto, las recurridas alegan el uso de facultades legales, y que la resolución se encuentra debidamente fundamentada careciendo de arbitrariedad.

CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos por los intervinientes, se desprende que la baja fue del servicio activo del recurrente se dio en el contexto de una investigación legalmente tramitada, en la cual se respetaron sus derechos, y en la que pudo presentar sus descargos, pudiendo inclusive presentar recurso de apelación al superior jerárquico, a fin de que conociendo de los antecedentes en lato conocimiento, resolviera lo que en derecho correspondía.

QUINTO: Que, efectivamente la Resolución Exenta nro. 450, de fecha 16.08.2023, de la IX Zona de Carabineros Araucanía, fue objeto de recurso de apelación por parte del recurrente, el cual no ha sido resuelto, es decir, nos encontramos ante un proceso administrativo, que no ha finalizado.

Que si bien es cierto que se puede interponer la acción de protección en contra de un acto administrativo, no es menos cierto que este debe ser terminal y afectar garantías constitucionales, por lo que al existir recursos pendientes respecto de la resolución recurrida, nos encontramos en presencia de un acto intermedio y no final.

SEXTO: Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente nombre reservado no se encuentra en condiciones de prosperar y en consecuencia, será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, SIN COSTAS el nombre reservado deducido por nombre reservado en contra de la IX ZONA DE CARABINEROS ARAUCANÍA y PREFECTURA DE CARABINEROS VILLARRICA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-13458-2023 (pvb).