nombre reservado con GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MALLECO

C.A. de Temuco Temuco, doce de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, chileno, profesor, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO, Rut RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que en agosto del año 1987 fue nombrado profesor de enseñanza básica para la Ilustre Municipalidad de Ercilla. Desde aquella fecha que ejerce funciones en la Escuela G-128 Asentamiento Pablo Neruda. La Escuela se encuentra a una distancia aproximada de 35 kilómetros del sector urbano de Ercilla. Desde el nombramiento como docente de la Escuela G-128 Pablo Neruda, en 1987, la Municipalidad le hizo entrega de una casa que está ubicada a 1.800 metros aproximadamente de la Escuela. Desde 1987 que reside ininterrumpidamente en la casa entregada por la Municipalidad, velando por su buen estado de conservación y realizando mejoras con su propio dinero aunque la responsabilidad recaía en la Municipalidad de Ercilla.

Siendo docente municipal fue elegido concejal por la comuna de Ercilla y en el año 2008 fue elegido alcalde. Como alcalde en ejercicio continuó viviendo en la misma casa entregada por la Municipalidad en el año 1987. Posteriormente fue reelegido como alcalde de la comuna para los períodos 2012-2016 y 2016-2021.

En el año 2011, concejales de la Municipalidad realizaron una consulta a la Contraloría Regional de la Araucanía para que se pronuncie respecto del beneficio otorgado por el municipio consistente en el uso gratuito de la casa ubicada en el asentamiento Pablo Neruda. La Contraloría señaló que podía seguir haciendo uso de la vivienda, pero se debía otorgar su uso ya no de forma gratuita, sino estableciendo un contrato de arrendamiento. Así es como la Municipalidad de Ercilla dictó el decreto exento N° 799 de fecha 07 de septiembre de 2011 en la que se estableció el arrendamiento de la casa habitación que anteriormente se usaba de forma gratuita. Se dispuso el pago de una renta mensual equivalente al 10% del sueldo base y además se dispuso el pago retroactivo desde que comencé a ejercer el cargo de alcalde de la comuna de Ercilla. Ejerció el cargo de alcalde hasta el 28 de junio de 2021, fecha en la que retorné a mis labores de docente en la municipalidad.

El 21 de febrero de 2022 el actor fue notificado del decreto N° 271 de fecha 15 de febrero de 2022 de la Municipalidad de Ercilla en el que se dispone la restitución del inmueble municipal ubicado en el kilómetro 45 Pablo Neruda del sector Asentamiento Copihue de la comuna de Ercilla. El decreto no posee fundamentos de hecho, no se justifica fácticamente, sólo señala que la tenencia de la vivienda no estaría conforme a derecho. Dicha resolución fue suscrita por el actual alcalde de la comuna don Valentín Vidal Hernández.

Ante la arbitrariedad que significaba la resolución del actual alcalde concurrió a la Contraloría Regional de la Araucanía señalando que la actual administración municipal quiere privarle del uso de la vivienda que habita desde 1987. La Contraloría señala que: "atendido que el peticionario ostenta un vínculo como docente titular con la mencionada entidad edilicia, desde el año 1987, antes de la entrada en vigencia de la ley N° 19.070, este tendrá derecho al uso de vivienda fiscal en la medida que a dicha época dicho beneficio haya sido pactado en su contrato de trabajo, y que su relación laboral como docente del mencionado municipio no se haya visto interrumpida, salvo por el periodo que ejerció como alcalde de esa entidad. Finalmente, y sin perjuicio de lo ya señalado, se debe indicar que el referido oficio número 230, de 2022, agrega que, si bien el beneficio de casa-habitación para docentes no está regulado dentro de aquellos que prescribe la referida ley 19070, el alcalde de conformidad con lo señalado en la letra f) del artículo 65, de la ley N° 18.695, puede arrendar a un docente una casa-habitación, con o sin el acuerdo del concejo, según el tiempo de arrendamiento, y conviniendo con el docente la renta en forma discrecional, a la falta de estipulación legal sobre la materia, con lo cual se entiende por atendido el asunto planteado.

Con la respuesta de Contraloría de fecha 03 de mayo de 2022 se quedó tranquilo y asumió que la actual administración municipal dejaría de insistir en la entrega de la vivienda, sabiendo que cumplo los requisitos para utilizarla, máxime si continúo pagando un arriendo mensual equivalente al 10% de mi sueldo. Además, sigue trabajando como docente en la Escuela G-128 Pablo Neruda y me restan menos de tres años para jubilar, por lo que la insistencia de restituir la vivienda carece de todo fundamento, estableciéndose solo en un capricho de la actual administración.

Sin embargo, la Municipalidad de Ercilla siguió adelante con la idea de expulsarlo de la vivienda y es así como el día viernes recién pasado, 22 de septiembre 2023, fue notificado por Carabineros de la Sexta Comisaría de Ercilla de la resolución exenta número 564, de fecha 06/09/2023, de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco, que requiere la restitución inmediata del inmueble administrado por la Ilustre Municipalidad Ercilla, ubicado en el kilómetro 45, sector Pablo Neruda, localidad denominada asentamiento Copihue de la comuna de Ercilla, ocupado por don nombre reservado, o en manos de quien lo detente. Además, se me concede un plazo de cinco días para la restitución voluntaria o el desalojo con auxilio de la fuerza pública, para el evento de no cumplirse dentro del quinto día.

ACTO ILEGAL.

La resolución exenta N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 de la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, dispone en su parte resolutiva lo siguiente:

1. REQUIÉRASE, la restitución inmediata del inmueble administrado por la Ilustre Municipalidad de Ercilla, ubicado en el km 45 sector Pablo Neruda, localidad denominada Asentamiento Copihue, de la comuna Ercilla. Ocupado por don nombre reservado, o en manos de quien lo detente.

2. CONCÉDASE, el auxilio de la fuerza pública, para el evento de no cumplirse dentro de quinto día con la restitución voluntaria una vez requerido de hacer abandono del inmueble antes singularizado.

3. INSTRUYESE, a Carabineros de Chile, que, no mediando restitución voluntaria, dentro de quinto día desde la notificación de la presente resolución, deberá proceder al desalojo inmediato, quien informará de las diligencias realizadas a esta Delegación Presidencial Provincial de Malleco en un plazo de 24 horas. Desde el desalojo efectivo.

4. OFICIESE, a la Prefectura de Carabineros de Fuerzas Especiales, para que disponga personal policial necesario para hacer efectiva la presente resolución; y a la Ilustre Municipalidad de Ercilla, para que disponga del personal necesario y ministro de fe Ad-hoc para la entrega del inmueble objeto del presente acto administrativo La primera gran ilegalidad que salta a la vista de la resolución exenta 564 de la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, es que no se individualiza el inmueble cuya restitución se solicita, requisito mínimo exigido por la ley y jurisprudencia para dar certeza jurídica de cuál es el objeto de la restitución solicitada. Para estos efectos no se acompañan títulos de la propiedad, no se cita inscripción de dominio alguna, plano, rol o croquis del inmueble objeto del acto administrativo. El actuar negligente la Municipalidad de Ercilla es replicado por la Delegada Provincial que no hace más que ejecutar un decreto que no tiene antecedente registral alguno del inmueble cuya restitución se invoca, ni otra documentación que pueda servir para determinar su titularidad, ubicación, extensión y calidad jurídica.

Pero los yerros no quedan ahí. Es la misma resolución exenta N° 564 que en su considerando 1° habla de "bien inmueble de administración municipal", para luego en el considerando 2° hablar de "bien inmueble municipal" y en el 3° de "una vivienda de propiedad del municipio". Cabe preguntarse el por qué de estás inconsistencias. ¿Cuáles son los antecedentes que la Delegación Presidencial Provincial pondera para acreditar que se está ante un bien de propiedad municipal? ¿Por qué después señala que es un bien administrado por la Municipalidad? No existe claridad ni certeza porque no se ponderan los títulos de la propiedad, ejercicio mínimo que debió realizar la Delegada Presidencial para efectos de expulsar a una persona que ha vivido por 36 años en la propiedad que se ordena restituir.

No se indica en ninguna parte la titularidad del inmueble cuya restitución se solicita compulsivamente. No se expresa ni menos se acredita que relación jurídica tiene la Municipalidad con el inmueble: propietaria o administradora. Es más, se podría tratar de un inmueble que ni siquiera sea de aquellos que deba administrar el municipio sino que el Ministerio de Bienes Nacionales.

Una segunda gran ilegalidad de la resolución N° 564 de la Delegación Presidencial de Malleco es que se ordena la restitución del inmueble ocupado, pero en ninguna parte señala o pondera que se trata de un arrendamiento al cual no se le ha puesto término. El antecedente de la resolución recurrida es el decreto N° 271 de la Municipalidad de Ercilla que ordena la restitución del inmueble municipal ubicado en km 45 Pablo Neruda, sector Asentamiento Copihue. Este decreto alcaldicio no pone término al arrendamiento de la vivienda que ocupa desde agosto de 1987 y por la cual paga como renta mensual el 10% de mi sueldo base. En el año 2011 comencé a pagar retroactivamente el arriendo desde diciembre de 2008, fecha en la que asumí como alcalde. Después de terminado mi último periodo alcaldicio, el 28 de junio de 2021, he continuado con el pago del arriendo de la vivienda que ocupa, descontándosele todos los meses en la liquidación de remuneraciones el 10% de mi sueldo base. No se trata entonces, de una cesión gratuita como lo intenta hacer parecer tanto el decreto alcaldicio como la resolución de la Delegada Presidencial Provincial, estamos ante un contrato de arrendamiento legalmente celebrado por el cual cumplo con la obligación de arrendatario de pagar mensualmente la renta.

La Contraloría Regional de la Araucanía respondió a la consulta señalando dos cuestiones relevantes para el caso. En primer lugar indica que al haber ingresado a la municipalidad como docente en el año 1987, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.070, tendrá derecho al uso de la vivienda fiscal en la medida que en dicha época se haya pactado en el contrato de trabajo tal beneficio. Cabe mencionar aquí que su ingreso a la Municipalidad y la entrega de la vivienda se producen en el mismo momento, ya que la vivienda estaba determinada para el profesor de la Escuela G-128 Pablo Neruda. Al tratarse de un beneficio laboral otorgado directamente por el empleador, sostenido en el tiempo y sin modificación, pasa a ser un derecho adquirido y por ende parte del contrato de trabajo.

La segunda cuestión relevante que plantea la Contraloría es que el alcalde puede arrendar a un docente una casa habitación conforme a la letra f) del artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es decir, el alcalde de la Municipalidad de Ercilla tiene toda la habilitación legal necesaria para refrendar el arrendamiento de la vivienda que ocupa, máxime si volví a ejercer labores de docente rural en la misma escuela en la que fui contratado por la Municipalidad hace 36 años.

ARBITRARIEDAD.

Como he expresado en las líneas anteriores, la resolución recurrida adolece de graves ilegalidades que bastarían para acoger este arbitrio. Sin embargo, aquellas irregularidades no son solo errores de la administración municipal o provincial, sino que se trata de decisiones que no están basadas en la razón, sino en meros caprichos, por ende, arbitrarias.

Desde el término de su periodo como alcalde de la comuna de Ercilla ha sido constantemente perseguido por la administración actual de don Valentín Vidal Hernández. A fines de 2021 el alcalde desvinculó a aproximadamente 30 personas que tenían cercanía conmigo y con mi administración, sin más motivo que ello. Asimismo, desde enero de 2022 el actual alcalde ha ocupado su potestad con el objeto de sacarle de la vivienda que habita hace 36 años. Como dije, he vuelto a prestar labores en la Escuela G- 128 de Pablo Neruda, mismo lugar al que llegó en el año 1987, residiendo en una casa habitación que se encuentra a unos 1.800 metros de la escuela. No existe ninguna justificación en el decreto alcaldicio ni menos la resolución de la Delegada Presidencial Provincial, no hacen mención a algún fundamento de hecho que sirva de motivación para explicar el porqué de la medida de expulsarme de la casa que habita, simplemente es el capricho de sacarme. Más allá de la clara ilegalidad en el actuar municipal y de la delegación presidencial: ¿a quién puede servir una vivienda ubicada domicilio reservado kilómetros del sector urbano, que no sea al profesor que ejerce labores en la escuela del sector? ¿Qué hay detrás de esta decisión? No se puede esgrimir justificación alguna desde que los actos administrativos que debieron estar fundados no lo indican.

Indica que se encuentran conculcadas sus garantías fundamentales del artículo 19 N° 24 y 2.

Solicita en definitiva que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 que ordena la restitución de la vivienda que habita bajo amenaza de ser desalojado por la fuerza pública al quinto día, adoptando las medidas que juzgue necesarias, a objeto de restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida tutela de los intereses de la recurrente, condenando a la parte recurrida a pagar las costas de la presente acción.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Resolución exenta N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 de la Delegada Presidencial Provincial de Malleco.

2. Notificación de fecha 22 de septiembre de 2023 de la resolución N° 564.

3. Decreto N° 271 de la Municipalidad de Ercilla.

4. Ordinario N° E209704-2022 de Contraloría Regional de la Araucanía.

5. Liquidaciones de remuneraciones del recurrente enero a agosto 2023.

6. Órdenes de ingreso folios 210 y 242 de la Municipalidad de Ercilla.

A folio 10 la recurrida Delegación Presidencial Provincial de Malleco informa:

DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE Respecto al dominio sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, el cual actualmente está ocupado ilegalmente por el recurrente, es menester señalar que existe una inscripción vigente a nombre de la Ilustre Municipalidad de Ercilla a fojas 257 vuelta, número 279, del año 1996 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Collipulli. En efecto, en el certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces que se acompaña en esta presentación, se lee: “Certifico: Que la inscripción que en copia autorizada precede, se encuentra vigente en todas sus partes, pues al margen de ella no hay anotación alguna que la cancele a la fecha”. También se evidencia que este bien raíz fue donada por el Servicio Agrícola y Ganadero a la I. Municipalidad de Ercilla, correspondiente a un predio denominado “RESERVA CORA NUMERO DOS, del proyecto de Parcelación MALALCHE”.

LA NATURALEZA MUNICIPAL DEL INMUEBLE Y SU ASIMILACION A LA CATEGORIA DE BIENES FISCALES:

Cuando hablamos sobre bienes nacionales de uso público, bajo la denominación "bienes del Estado", no solo quedan incluidos los bienes que forman propiamente el patrimonio fiscal, sino también aquellos bienes pertenecientes a los organismos integrantes de la administración del estado, dotados de personalidad jurídica distinta del fisco, como es el caso de las municipalidades, las que según la Ley N° 18.575, forman parte de los cuadros orgánicos de la administración y cuyas relaciones se regulan por un estatuto de derecho público sustentado en el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

En este sentido, la Constitución Política de la República y Ley N°18.695 definen a las municipalidades como corporaciones autónomas de derecho público; por tanto no permite entender que el régimen jurídico que regula a estas entidades y el de su bienes se viera alterado sustancialmente por considerarlos un patrimonio distinto al patrimonio estatal, puesto que la autonomía municipal constituye un principio de descentralización administrativa que ya estaba incorporado al sistema municipal chileno antes de los cambios introducidos a la Carta Fundamental y a la citada Ley N° 18.695 por las leyes 19.097 y 19.130,respectivamente, normas que solo se limitaron a ratificar el aludido principio consagrándolo expresamente.

Para la protección de los bienes del estado, el legislador ha entregado una serie de herramientas a los administradores del Estado para su resguardo, sin embargo, pese a que los alcaldes municipales tengan la administración de los bienes en conformidad al artículo 63 letra f) de la Ley 18.965, no tiene facultad para ordenar, vía administrativa el desalojo de una ocupación ilegal de ellos.

Por lo anterior, deben recurrir necesariamente a una autoridad u órgano dotado de las facultades que la ley establece para que dicte una resolución en tal sentido, siendo en este caso, los Gobernadores o Delegados Presidenciales Provinciales. Cita al respecto el dictamen N° 01466N98 de la Contraloría General de la República al respecto. Por tanto, el Gobernador respecto de los bienes municipales puede adoptar medidas tendientes a impedir su ocupación ilegal, o, en fin, obtener administrativamente su restitución, si el órgano encargado de su administración, que en este caso corresponde a la Municipalidad. Además, la facultad otorgada por el citado artículo 4° de la letra h) de la Ley N° 19.175, guarda plena armonía con el artículo 26 de la letra f) inciso 1° del DFL 22/59, modificado por el DL 3457/80, respecto a las facultades examinadas de los Gobernadores.

Cabe hacer presente que dicho Dictamen resulta obligatorio y vinculante para esta Delegación Presidencial Provincial, de acuerdo a lo señalado en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°, y 19 de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

En ese orden de ideas, existiendo el requerimiento de una Municipalidad de Ercilla y concurriendo los presupuestos de hecho mencionados en las letras b) y h) del artículo 4° de la Ley N°19.175, cuerpo legal que entre otras materias regula las facultades, deberes y funciones de la autoridad regional, resulta imperativo para ella disponer la salvaguarda de los inmuebles municipales, comprendidos dentro de la expresión “bienes del Estado”, emitiendo la orden de restitución administrativa que la norma Orgánica Constitucional señalada, le encomienda y le manda.

ACTOS REALIZADOS POR EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PARA OBTENER LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE:

Que, con fecha 15 de febrero de 2022, se dicta el Decreto Municipal Nº 271 por el Alcalde de la comuna de Ercilla, don Valentín Vidal Hernández, él cual tenía como objetivo principal obtener la restitución del inmueble en cuestión. En dicho decreto se le otorga el plazo de 90 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo.

Que, con fecha, 21 de Febrero de 2022 se notifica al recurrente don nombre reservado, comenzando a correr el plazo señalado en el decreto municipal.

Que, con fecha 26 de agosto de 2022 el Edil Municipal mediante orden municipal Nº752 se dirige al Contralor Regional de la Araucanía Sr. nombre reservado, quien señala que “de acuerdo a la jurisprudencia de la contraloría, los profesionales de la educación que ocupen una casa habitación existente en el lugar de sus funciones, cuya entrega haya sido pactada en sus contratos de trabajo vigentes antes de la entrada en vigor de la ley 19.070, deberán seguir gozando de este beneficio. No es la situación de nombre reservado.” Agrega “así las cosas, Don nombre reservado, tendrá derecho al uso de la vivienda fiscal en la medida que a dicha época dicho beneficio haya sido pactado en su contrato de trabajo. Situación que no se da en la práctica”.

Que, con fecha 22 de diciembre de 2022, el Alcalde del Municipio de Ercilla remite la orden Nº 1313 a la Delegada Presidencial Provincial, doña nombre reservado, solicitando aplicar el procedimiento especial para obtener la restitución del bien raíz fiscal que estaba siendo ocupado ilegalmente por el recurrente.

Finalmente, con fecha 06 de septiembre de 2023 la Delegación Presidencial Provincial de Malleco dicta la resolución exenta Nº564 la cual señalaba que requiere la restitución inmediata del inmueble administrado por la Ilustre Municipalidad Ercilla, ubicado en el kilómetro 45, sector Pablo Neruda, localidad denominada asentamiento Copihue de la comuna de Ercilla, ocupado por don nombre reservado, o en manos de quien lo detente. Además, se le concede un plazo de cinco días para la restitución voluntaria o el desalojo con auxilio de la fuerza pública, para el evento de no cumplirse dentro del quinto día. Dicha resolución exenta fue notificada el 22 de septiembre de 2023.

LAS RAZONES POR LAS QUE EL RECURSO ES IMPROCEDENTE:

El recurrente en su libelo menciona que no se indica en ninguna parte la titularidad del inmueble cuya restitución se solicita compulsivamente, entonces pareciera que, pretende debatir el dominio municipal sobre el inmueble cuya inscripción se encuentra vigente, según lo señalado en párrafos anteriores. No obstante, el análisis de dichos títulos de dominio son litis de otro procedimiento y que debe discutirse en un juicio de lato conocimiento, por cuanto ante esta instancia no es procedente, toda vez que la finalidad del recurso de protección es el restablecimiento del derecho en cuanto a las existencias de garantías constitucionales vulneradas.

En efecto, variados fallos de la Excelentísima Corte Suprema han sentado la doctrina en orden a que el Recurso de Protección, tiene por objeto otorgar amparo jurídico al libre ejercicio de las garantías y derechos constitucionales claramente preexistentes y no discutidos, no siendo procedente emplearlo en materias propias de un juicio, para los que la ley señala los procedimientos correspondientes.

En definitiva, no corresponde proponer la discusión del dominio de bien raíz, que a todas luces la titularidad corresponde a la Ilustre Municipalidad de Ercilla, según consta en el instrumento público mencionado y acompañado. Por tanto, el fundamento señalado por el recurrente hace improcedente el recurso y en definitiva debe rechazarse por tratarse de materias que no son competencia de la Corte de autos. LEGALIDAD EN EL ACTUAR DE LA ADMINISTRACIÓN: En cuanto al fondo del asunto, debo hacer énfasis en que la Delegación Presidencial Provincial de Malleco ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y con total apego a los criterios y razonamientos legales, por lo tanto, su conducta no cabe ser tildada de ilegal o arbitraria por faltar fundamento o hechos como señala el recurrente.Por una parte, desde una perspectiva del Derecho, la Resolución Exenta N° 534-2023, tiene su fundamento en el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175 que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del Ministerio del Interior, en donde se encuentran diversas disposiciones que facultan a la autoridad administrativa. Por otra parte, con fecha 25 de junio de 2022 se dicta la Resolución Exenta Nº699 sobre restitución de administrativa de inmueble fiscal y concede auxilio de la fuerza pública, emanado de la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía a cargo de don nombre reservado, donde se señala: “1° Que, es deber de esta Delegación Presidencial Regional, de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza de ley 1-19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del Ministerio del Interior, que señala en su artículo 4 que: "El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo [...], letra H) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que estén destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda 5° Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del DFL 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde al Intendente, ahora Delegado Presidencial, supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución, en su caso, conforme a sus facultades. Finalmente, de los antecedentes aportados por el Municipio, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del decreto ley 1.939/77; el artículo 5 de la ley 18.695, y de lo establecido por la Contraloría General de la República mediante dictamen N° 41.443 de fecha 22 de diciembre de 1995, se puede concluir que la facultad de administración del Bien Nacional de Uso Público cuya naturaleza ha sido consultada, corresponde a la ilustre Municipalidad de Lautaro, y por lo tanto, a su vez, a juicio de la Secretaría Regional Ministerial, la facultad de solicitar su restitución al Sr. Delegado Presidencial de la Región de la Araucanía, mediante el auxilio de la fuerza pública si fuere necesaria, o a la autoridad que determinen la Constitución y las leyes. Los vistos, considerandos expuestos y la solicitud del Alcalde de la Comuna de Lautaro, en orden a solicitar la restitución administrativa de un bien nacional de uso público, ocupado ilegalmente por personas, quienes sin tener derecho alguno o título que justifique su ocupación, están haciendo uso indebido de bien fiscal y estando en el marco de las facultades de esta autoridad, Requiérase administrativamente al Sr. nombre reservado, (…) a fin de que efectúe su restitución o regularización en un plazo máximo de 30 días hábiles de realizada la notificación de la presente resolución, debiendo levantarse acta de esta actuación.".

Se desprende de lo anterior que, la situación fáctica propuesta por el recurrente y la exigencia de restituir un inmueble de dominio del Municipio no es una mera liberalidad ni en ningún sentido tiene la intención de ser arbitraria, sino que está en plena concordancia con la doctrina judicial y administrativa, que regulan el mal-uso de los bienes de dominio del estado, evitando cualquier perturbación a las atribuciones del dominio.

En consecuencia la Resolución Exenta, recurrida y demás actos complementarios aludidos no son ilegales, en cuanto se sustentan en la Ley Orgánica Constitucional antes citada, enmarcándose tal actuación entonces dentro de las atribuciones que la Ley concede a la autoridad administrativa y en cumplimiento de las obligaciones que le impone su cargo, en orden a velar por el respeto al uso a que están destinados los bienes fiscales, impedir su ocupación ilegal y exigir administrativamente su restitución. Igualmente la Resolución citada no es arbitraria, en cuanto se ha fundado en un requerimiento específico del Municipio propietario del inmueble, sustentado en actuaciones administrativas previas que determinan una actuación del recurrente contraria a derecho, situación que demuestra que se trata de una determinación razonada que excluye en consecuencia cualquier concepto vinculado a la “arbitrariedad” que, conforme su definición, involucra una actuación caprichosa o injusta, esto es una actuación “sin razón aparente”, características ajenas a lo actuado en el presente procedimiento de restitución administrativa.

Previas citas de jurisprudencia, señala que el actuar de doña nombre reservado, en su calidad de Delegada Presidencial Provincial, no fue arbitrario ni mucho menos ilegal. En consecuencia, no existe una vulneración de las garantías constitucionales señaladas por el recurrente respecto de la Igualdad ante la Ley contenida en el artículo 19 Nº2 y el Derecho de Propiedad contenido en el artículo 19Nº24, en atención a que no se presentan las circunstancias de hecho ni de derecho necesarias para generar su amparo constitucional.

Solicita en definitiva el rechazo en todas sus partes de la acción cautelar deducida, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Decreto N° 271, de 15 de febrero de 2022, dictado por la I. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA.

2.- Oficio N° 1313, de 22 de diciembre de 2022, dictado por la I. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA.

3.- Resolución Exenta N° 564, de fecha 06 de septiembre de 2023, dictado por la Delegación Provincial de Malleco.

4.- Acta de notificación de fecha 22 de septiembre de 2023, practicada por el capitán nombre reservado de la Sexta Comisaría Ercilla, de Prefectura Malleco N° 21, de Carabineros de Chile.

5.- Certificado de dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Collipulli, de fecha 12 de Marzo de 1998 6.- Oficio N° 752, de 26 de Agosto de 2021, dictado por la I. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA.

Se trajeron los autos en relación:

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se ha alegado por el recurrente nombre reservado , el acto ilegal o arbitrario cometidos por la recurrida Delegación Presidencial Provincial De Malleco que le han afectado los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 N° 24 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando derechamente se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 que ordena la restitución de la vivienda que habita bajo amenaza de ser desalojado por la fuerza pública al quinto día, adoptando las medidas que juzgue necesarias, condenando a la parte recurrida a pagar las costas de la presente acción.

TERCERO: Que los hechos que motivan el recurso, es la dictación de resolución exenta N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 de la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, dispone en su parte resolutiva lo siguiente: 1. Requiérase, la restitución inmediata del inmueble administrado por la Ilustre Municipalidad de Ercilla, ubicado en el km 45 sector Pablo Neruda, localidad denominada Asentamiento Copihue, de la comuna Ercilla. Ocupado por don nombre reservado, o en manos de quien lo detente. 2. Concédase, el auxilio de la fuerza pública, para el evento de no cumplirse dentro de quinto día con la restitución voluntaria una vez requerido de hacer abandono del inmueble antes singularizado. 3. Instruyese, a Carabineros de Chile, que, no mediando restitución voluntaria, dentro de quinto día desde la notificación de la presente resolución, deberá proceder al desalojo inmediato, quien informará de las diligencias realizadas a esta Delegación Presidencial Provincial de Malleco en un plazo de 24 horas. Desde el desalojo efectivo. 4. Ofíciese, a la Prefectura de Carabineros de Fuerzas Especiales, para que disponga personal policial necesario para hacer efectiva la presente resolución; y a la Ilustre Municipalidad de Ercilla, para que disponga del personal necesario y ministro de fe Ad-hoc para la entrega del inmueble objeto del presente acto administrativo CUARTO: Cabe recordar, que como bien menciona la recurrida la Resolución Exenta N° 534-2023, tiene su fundamento en el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175 que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del Ministerio del Interior, señala en su artículo 4 que: "El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo [...], letra H) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que estén destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda 5° Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del DFL 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde al Intendente, ahora Delegado Presidencial, supervigilar que los bienes nacionales de uso público se conserven como tales, impedir su ocupación con otros fines y exigir su restitución, en su caso, conforme a sus facultades.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del decreto ley 1.939/77; el artículo 5 de la ley 18.695, y de lo establecido por la Contraloría General de la República mediante dictamen N° 41.443 de fecha 22 de diciembre de 1995, se puede concluir que la facultad de administración del Bien Nacional de Uso Público cuya naturaleza ha sido consultada, corresponde a la ilustre Municipalidad de Lautaro y la facultad de solicitar su restitución al Sr. Delegado Presidencial de la Región de la Araucanía, mediante el auxilio de la fuerza pública si fuere necesaria, o a la autoridad que determinen la Constitución y las leyes.

QUINTO: Que así las cosas el acto administrativo dictado se fundamenta legalmente en el artículo 4 letra de la Ley 19.175 y a nivel fáctico la orden Nº 1313, queel Alcalde del Municipio de Ercilla remite a la Delegada Presidencial Provincial, doña nombre reservado, con fecha 22 de diciembre de 2022 solicitando aplicar el procedimiento especial para obtener la restitución de una “vivienda fiscal” ubicada en el kilómetro 45 Pablo Neruda del sector Asentamiento Copihue de la comuna de Ercilla, que estaba siendo ocupado ilegalmente por el recurrente.

SEXTO: Que establecido lo anterior, cabe expresar que el artículo 4 de la norma recién citada preceptúa:

“Artículo 4.- El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente.

…h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;”

Que para establecer el alcance de dicha norma es necesario recurrir al concepto de bien nacional de uso público del Código Civil que los define en su artículo 589 como los bienes que pertenecen a la nación toda y cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes y caminos en contraposición a aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes que se denominan bienes fiscales, por lo cual si bien en principio pudiera incluir a todos los bienes fiscales, respecto de aquellos que no tengan la calidad de bien nacional de uso público se requerirá para solicitar su restitución que la ocupación que entrabe su uso común.

SÉPTIMO: Que como se indicara precedentemente el inmueble cuya restitución se solicita por el acto impugnado en la actualidad, es una vivienda que se encontraba en su oportunidad dada en arrendamiento al recurrente, por lo cual claramente no puede ser calificado como un bien nacional de uso público ni tampoco como un bien de uso común, motivo por el cual, no cabe sino concluir que el actuar de la Delegación Presidencial es ilegal al haberse extendido a casos no contemplados en la norma.

OCTAVO: Que dicha interpretación de la norma además encuentra asidero en lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley 1.939 del año 1977 sobre “Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado”, que establece otro mecanismo de protección que puede ejercer el Estado respecto de los bienes que es titular, estableciéndose así una adecuada y armónica aplicación del ordenamiento jurídico.

La norma señalada indica: “La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso.

Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.

Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren y perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal.”

En este sentido la Corte Suprema ha señalado en las sentencias dictadas en las causas Roles 88 971-2021, 25.468-2021 y Rol 33664- 2021 que la facultad otorgada en la Ley 19175 sólo puede utilizarse para la restitución de bienes nacionales de uso público. Así en la última de las sentencias dictadas expresó:

“Duodécimo: Que de las disposiciones reseñadas, se desprende que para efectos de determinar las atribuciones que competen a la autoridad recurrida para obtener la restitución de un particular de un bien del Estado, se debe precisar la naturaleza jurídica del mismo, esto es, si es un bien nacional deuso público o un bien fiscal.

Décimo tercero: Que de las normas contenidas en las letras d ) y h ) del artículo 4º de la Ley N° 19.175, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de ordenar administrativamente el desalojo de los bienes del Estado dice relación con los que poseen el carácter de nacional de uso público, debido a que, si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe suatribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público, lo cual se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil que define lo que debe entenderse por éstos.

Décimo cuarto: Que refuerza lo anterior la consideración que del propio tenor del artículo 4º recién citado aparece que las atribuciones del Gobernador Provincial dicen relación con bienes naciones de uso público; así, por ejemplo, su letra c) refiere a la autorización de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público. Además, las atribuciones de conservación de los bienes nacionales de uso público radicadas en el Gobernador Provincial, igualmente aparecen reflejadas en tal sentido en otros cuerpos normativos, como el artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas, otorgándoles facultades para ordenar su restitución administrativa. A lo dicho precedentemente, cabe agregar el hecho que el propio ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas.

Décimo quinto: Que atendido el marco jurídico reseñado precedentemente, tanto la solicitud de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá, como la decisión de la Gobernación Provincial de Iquique en orden a disponer la restitución administrativa del inmueble fiscal sub lite, resulta ilegal, atendida precisamente la naturaleza jurídica de bien fiscal que tiene el inmueble, la que determina que para obtener su restitución debe procederse conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939.”

OCTAVO: Que establecido que el actuar de la Delegación Presidencial ha sido ilegal, corresponde ahora determinar si ha conculcado algunas de las garantías resguardas por la Constitución en su artículo 20 por el recurso de protección. En cuanto a este requisito debe señalarse que es posible concluir que efectivamente dicho actuar ha implicado que un órgano distinto al establecido por la ley para su conocimiento haya resuelto el asunto litigioso, afectándose así lo establecido en el inciso quinto del artículo 19 N° 2.

Noveno: Que conforme lo indicado precedentemente no cabe sino concluir que se acogerá la acción impetrada, sin costas, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 564 de fecha 06 de septiembre de 2023 de la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, sin perjuicio de las demás acciones civiles que se puedan ejercer para obtener la restitución del inmueble fiscal.

Regístrese.

Redactada por el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

N°Protección-13455-2023.