nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio 1, comparece el abogado Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de don nombre reservado de nacionalidad colombiana, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de AFP PLANVITAL, RUT N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Indica que el recurrente empezó a trabajar en el año 2021 en Chile, y con ello a cotizar previsionalmente, sin perjuicio de que desarrolló gran parte de su carrera profesional y laboral en su país de nacimiento Colombia, habiendo cotizado en el sistema previsional de su país de origen.

Actualmente, sigue desempeñándose en esta área, ahora como médico en la Corporación de Educación y Salud.

Por lo descrito, y atendida su calidad de técnico profesional extranjero, cumpliendo con toda la normativa, conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.156. con fecha 16 y 22 de agosto, ambas del año en curso, decidió solicitar a la AFP que administra sus cotizaciones, la devolución de sus ahorros previsionales con el objeto de administrarlos personal y directamente, ya que él posee la intención de acceder a su jubilación en su país de origen, donde posee gran parte de sus cotizaciones previsionales, no siendo procedente, de acuerdo a como lo ha entendido el legislador, mantener sistemas previsionales paralelos para una sola personal, en distinto países.

En razón de lo anterior, la primera solicitud con todos los antecedentes fundantes fue realizada con fecha 22 de agosto del 2023, presentanda en formulario de “SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS PREVISIONALES LEY N° 18.156”.

La recurrida emite, con fecha 22 de agosto de 2023, su respuesta a la primera solicitud, determinando su rechazo. El motivo es: “No se acompaña certificado de la institución de seguridad social, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en que conste que el afiliado se encuentra adepto a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el cual deberá indicar expresamente que la afiliada tiene derecho al otorgamiento de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, antes y durante todo el periodo de actividad en Chile. - Afiliados al régimen previsional de Colombia deberán acompañar certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud colombiana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad antes y durante todo el periodo de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. - No se acompaña certificado de título profesional, apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. - No se acompaña contrato de trabajo o, en caso de corresponder, anexo de contrato donde el trabajador manifieste de forma clara e inequívoca, la voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, en conformidad a la Ley 18.156”.

Finalmente, indica que:

“3.- Para efectos de dar cumplimiento con la Ley N°18.156 Art. 1° inciso primero y con el punto 1 letra a) Título XI, del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Se solicita acompañar título que acredite la calidad de técnico o profesional extranjero, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda al caso y certificado de afiliación IVSS debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ambos en formato físico y original. Lo anterior, debido a que no es posible comprobar la veracidad y autenticidad de los documentos solicitados”.

Refiere, que el documento se encuentra debidamente apostillado. La apostilla permite que sean reconocidos en cualquier país perteneciente al convenio sin necesidad de otro tipo de certificación. En el mismo párrafo citado de la carta de rechazo, se menciona que este documento debe ser debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias que efectivamente se encuentra apostillado, cumpliéndose con tal requerimiento. Así, también se acompañó el correspondiente certificado de afiliación debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ambos en formato físico y original.

Señala, que el recurrente vuelve a intentar solicitar sus fondos, siempre en conformidad a la ley atingente, siendo nuevamente rechazado por la recurrida con fecha 29 de agosto de 2023, por los mismos motivos, salvo el primero.

Es decir, la recurrida, rechaza esta solicitud, esta vez argumentando lo siguiente:

Manifestación de voluntad de mantener afiliación a régimen previsional extranjero no se efectuó durante la vigencia de la relación laboral, si no que con fecha posterior al término de esta. - No se acompaña certificado de afiliación a régimen previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. - Afiliados al régimen previsional de Colombia, deberán acompañar certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud colombiana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el periodo de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Para ello, y con la finalidad de mantener el orden continuo, desvirtuando punto a punto las “consideraciones” de la recurrida para este acto vulneratorio, arbitrario e ilegal, reitera que en ninguna parte de la normativa laboral refiere la imposibilidad de suscribir anexos, aclaraciones u otros una vez terminada la vigencia laboral, más si ello sirve para esclarecer cuestiones que en su momento no eran del todo clara.

Hace hincapié en este punto, para demostrar los infundados argumentos de la AFPVITAL para denegar al recurrente su derecho consagrado en la Ley N°18.156. Dicho argumento raya lo incomprensivo y arbitrario, en especial consideración de que es el propio acuerdo de voluntades lo que faculta a las partes a su celebración, constando además por escrito, y firmado por ambas partes. El timbre que por cierto pertenece a la Corporación Municipal de Educación y Salud, en caso alguno se presta para interpretaciones contradictorias, ni mucho menos interpretaciones que puedan llevar a un convencimiento de la recurrida, que la parte que dice celebrar el acto, no es tal. Adjunta imagen del contrato y anexo antes señalados:

Como punto 2 del rechazo, la recurrida señala lo siguiente:

“2.- Se reitera que para efectos de dar cumplimiento con la Ley N°18.156 Art. 1° inciso primero y con el punto 1 letra a) Título XI, del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Se solicita certificado de afiliación IVSS debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ambos en formato físico y original. Lo anterior, debido a que no es posible comprobar la veracidad y autenticidad del documento”.

Al igual que en el primer caso, dicho certificado de afiliación IVSS fue acompañado a la entidad recurrida debidamente legalizado ante Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cumpliendo con cada una de las formalidades requeridas en el asunto, solo fundamentando aún más el acto ilegal cometido por ésta.

Cabe destacar que el recurrente ha intentado, en varias oportunidades, solicitar sus fondos previsionales, siendo estos últimos rechazos constitutivos de una acción ilegal y arbitraria, toda vez que no se ajusta a la normativa y desestima las solicitudes con argumentos que no tienen cabida, en circunstancias que otros extranjeros en situaciones jurídicas equivalentes han podido tramitar debidamente sus solicitudes de retiro de fondos previsionales conforme a la ley 18.156, utilizando causales erradas para motivar un rechazo que se encuentra absolutamente infundado, toda vez que se cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la ley 18.156 para estos efectos.

EL DERECHO 1.- CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN La acción de protección protege solo a los derechos mencionados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se han excluido del recurso de protección los derechos que importan aspiraciones sociales aquellos cuya atención está condicionada a la capacidad económica del Estado en su momento determinado.

2.- SUJETO ACTIVO El sujeto activo en el recurso de protección (“El que”) comprende a las personas naturales y jurídicas y a entidades o grupos de personas que carecen de personalidad jurídica, como comunidades, asociaciones o agrupaciones.

De acuerdo con lo previsto en el acta 94-2015, “el recurso puede interponerse por el afectado o por cualquiera persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello un mandato especial…”

En este sentido se ha resuelto que la protección debe expresar en forma precisa en nombre de quien ocurre ante el Tribunal, toda vez que es indispensable para que prospere la acción determinar quiénes son objeto del acto arbitrario o ilegal del recurrido que atenta o amenaza una garantía constitucional de aquél. Si quien recurre de protección no individualiza a ninguno de los posibles afectados por el acto u omisión de un tercero, ha de entenderse que deduce la acción a título personal, de manera que mal puede entenderse que realice la gestión en nombre y representación de otros.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de la intervención de terceros en el recurso de protección, se ha resuelto por la Corte Suprema que no se contemplan en el auto acordado relativas a la existencia de terceros en la acción de protección, pero resultan aplicables las disposiciones del CPC sobre la materia, el cual establece la posibilidad de existencia de terceros coadyuvantes, excluyentes e independientes, siempre y cuando se cumplan las exigencias que sus normas estatuyen.

3.- SUJETO PASIVO El recurso de protección es una acción autónoma, abstracta, pormenorizada manifestación del derecho constitucional de petición, que como consecuencia de la prohibición de autotutela impuesta en una sociedad jurídicamente organizada, se reconoce el individuo, dirigida al órgano jurisdiccional para estimular la actividad cautelas de la jurisdicción, por medio de la adopción de las providencias necesarias para realizar el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado y que se agota en el ejercicio. La acción de protección se dirige contra el Estado y frente al agresor, si se le conoce. No es una pretensión hecha valer, no se persigue subordinar el interés ajeno al propio, cual acontece ordinariamente. En el amparo de las garantías constitucionales solo participan el Estado, vía órgano jurisdiccional y el afectado.

No obstante, este criterio no ha sido siempre compartido por nuestra jurisprudencia, puesto que se han rechazado recursos de protección por no haber sido interpuesto en contra de la persona o autoridad causante del agravio; se ha resuelto que es necesario determinar con toda exactitud la persona del ofensor para acoger el recurso de protección; etcétera.

Por lo demás, la determinación que se haga en el recurso del sujeto que habría incurrido en la acción u omisión ilegal o arbitraria no constituye una limitante para la solicitud de informe por la Corte respectiva, puesto que de acuerdo a lo establecido en el N°3 del auto acordado, la solicitud de informe se puede recabar por la Corte de Apelaciones “a la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal (…)”.

Se ha resuelto, asimismo, que aun cuando el recurso de protección haya sido dirigido en contra de una autoridad administrativa ajena al agravio sufrido por el recurrente, atendida la naturaleza de la acción deducida, los hechos del proceso y las atribuciones del Tribunal que de ello conoce, no puede menos que calificarse la conducta de la autoridad que produjo en la realidad el agravio como arbitraria o ilegal, y en tal caso, ha de otorgarse la protección solicitada, con el objeto de restablecer el ordenamiento jurídico quebrantado.

Hace presente que la jurisprudencia ha sostenido por regla general la improcedencia del recurso de protección en contra de resoluciones judiciales y para los efectos de interpretar los contratos que se hubieren celebrado entre las partes.

4.- ACTOS U OMISIONES ARBITRARIOS O ILEGALES El acto arbitrario o ilegal ejercido por la recurrida es claro y requiere del restablecimiento del imperio del derecho. La recurrida no explica adecuadamente los motivos por los cuales rechaza la solicitud impetrada por la recurrente, respecto de sus fondos previsionales, siendo una negativa injustificada y vulneratoria de la garantía fundamental del artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República, en circunstancias que otros extranjeros en situaciones jurídicas equivalentes logran tramitar este tipo de solicitudes, recibiendo resoluciones fundadas y que cumplen con la normativa aplicable, sin retener fondos que son parte de su derecho de propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Magna.

Indica que la negativa por parte de la recurrida es contumaz, puesto que no existe fundamento alguno para persistir en la negativa de la devolución de los fondos solicitados, por ellos su representada se ve en la obligación de recurrir ante esta Corte de Apelaciones, a efectos de que se restablezca el imperio del derecho.

En efecto el artículo 1 de Ley N° 18.156, dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su lado, en directa relación con la regla precedentemente transcrita, el artículo 7 de esa misma ley ordena lo que sigue: “En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo de esta ley”.

Señala que las conductas ilegales y arbitrarias ejecutadas por la recurrida importan una grave perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías de su representada de conformidad a lo establecido en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de La República.

La vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. La garantía constitucional aquí tratada establece que: “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: N°1.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;” Como ha expuesto, los actos ilegales y arbitrarios ejecutados por la recurrida han significado una manifiesta discriminación y diferencia ilegal y arbitraria en contra de su condición de extranjero, ya que pese a existir normas que regulan específicamente la materia, se le han exigido mayores antecedentes que al resto de la población para poder acceder a los fondos de su propiedad.

La afectación a la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. La garantía constitucional aquí tratada establece que: “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: N°24.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Los actos ilegales y arbitrarios ejecutados por AFPVITAL han limitado claramente el derecho de propiedad de su representada respecto de los fondos previsionales depositados en aquella administradora, ello pues mediante las acciones ejecutadas por la recurrida pretende limitar ilegalmente los derechos que le corresponden, estableciendo exigencias contrarias a la ley para hacer ejercicio de su derecho de propiedad sobre dichos fondos. Es claro que este tipo de actos ilegales y arbitrarios ejecutados por AFPVITAL tienen como único objetivo apropiarse de los fondos previsionales depositados por el recurrente en aquella administradora.

Solicita en definitiva que se declare que:

1. Que la decisión de AFPVITAL de contestar y no realizar la devolución de fondos previsionales a la recurrente es ilegal y arbitraria.

2. Que como consecuencia de lo anterior, AFPVITAL deberá hacer devolución de la totalidad de los fondos previsionales del recurrente, con los respectivos reajustes, intereses y bonificaciones o utilidades obtenidos durante todo el periodo en el que dichos fondos se han encontrado en poder de la AFPVITAL, incluyendo el periodo en el cual se ha negado ilegal y arbitrariamente a realizar devolución de los mismos, todo ello dentro de 5 días hábiles desde que la sentencia respectiva se encuentre firme y ejecutoriada.

3. Lo que la corte estime en derecho para restablecer el imperio de este.

4. Que se condene en costas al recurrido.

Acompaña la siguiente documentación:

1. Contrato y Anexos.

2. Título Apostillado Original de don nombre reservado.

3. Rut RUT reservado de don nombre reservado.

4. Constancia Afiliación a la administradora colombiana de pensiones 5. Solicitud de devolución de fondos de fecha 26 de agosto de 2023.

6. Solicitud de devolución de fondos de fecha 22 de agosto de 2023.

7. Carta de Rechazo fecha 22 de agosto de 2023.

8. Carta de Rechazo fecha 29 de agosto de 2023.

9. Certificado de Afiliación AFP de don nombre reservado.

10. Certificado de Cotizaciones de don nombre reservado.

A folio N° 7, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. informa, en conformidad al siguiente tenor:

Con fecha 16 de agosto el presente año, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado (en adelante, “el afiliado recurrente”), inició ante AFP PlanVital S.A. su trámite de devolución de fondos de técnico extranjero, en conformidad a la ley N°18.156, respecto del empleador “CORP. MUNICIPAL DE EDUC. Y SALUD DE SAN BERNARDO RUT RUT reservadoEn aquella oportunidad, el recurrente, acompañó a su solicitud copia de los siguientes antecedentes:

• Certificado de afiliación a Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

• Copia de contratos de trabajo de fechas 24.05.2021, 01-09-2021 y 01.01.2022.

• Copia de apostilla de título profesional.

• Copia de cédula de identidad.

En virtud de los antecedentes acompañados por el afiliado recurrente, con fecha 22 de agosto del presente año, AFP Planvital S.A. informó al afiliado del rechazo temporal de su solicitud, fundado en que no se acompañó certificado de la institución de seguridad social, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en que conste que el afiliado se encuentra adepto a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el cual deberá indicar expresamente que la persona afiliada tiene derecho al otorgamiento de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, antes y durante todo el periodo de actividad en Chile.

Que los afiliados al régimen previsional de Colombia deberán acompañar certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud colombiana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad antes y durante todo el periodo de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Que no se acompañó certificado de título profesional, apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que no se acompañó contrato de trabajo o, en caso de corresponder, anexo de contrato donde el trabajador manifieste de forma clara e inequívoca, la voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, en conformidad a la Ley 18.156. En relación con lo anterior, cabe hacer presente que en los contratos de trabajo que acompañó el recurrente no figuran la manifestación de voluntad exigida por la normativa aplicable.

Así las cosas, con fecha 23 de agosto el presente año, el afiliado recurrente ingresó ante AFP Planvital S.A. una nueva solicitud de devolución de fondos de técnico extranjero, respecto del empleador “CORP. MUNICIPAL DE EDUC. Y SALUD DE SAN BERNARDO RUT RUT reservado, acompañando, en esa oportunidad, los siguientes antecedentes:

• Copia de contrato de trabajo de fecha 01.09.2021 y 01.01.2022.

• Copia de certificado emitido por empleador “CORP. MUNICIPAL DE EDUC. Y SALUD DE SAN BERNARDO RUT RUT reservado, con fecha 05 de julio del presente año, el cual señala que el trabajador manifestó su intención de mantener afiliación a régimen previsional extranjero.

• Copia de cédula de identidad.

• Copia del título profesional.

• Copia de Apostilla del título profesional.

Luego, con fecha 29 de agosto del presente año, AFP PlanVital informó al afiliado recurrente de un nuevo rechazo temporal de su solicitud, fundándose en que la manifestación de voluntad de mantener afiliación a régimen previsional extranjero no se efectuó durante la vigencia de la relación laboral, si no que con una fecha posterior al término de esta.

Que no se acompañó certificado de afiliación a régimen previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que los afiliados al régimen previsional de Colombia, deberán acompañar certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud colombiana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el periodo de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

El Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, titulado “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales” señala los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio.

Agrega que su regulador, esto es, la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas establece un procedimiento claro sobre esta materia cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que componen el actual Sistema de Pensiones y respecto del cual su representada no es la excepción.

Dicho procedimiento dispone que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156” (en lo sucesivo “el formulario”). Ese formulario se encuentra disponible en todas las sucursales que mi representada mantiene a lo largo del país y hoy, con ocasión de la emergencia sanitaria, el trámite puede realizarse a través del sitio web de su representada www.planvital.cl.

El procedimiento en comento dispone que, para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio. Agrega que, la documentación que presente el afiliado será analizada por la Fiscalía de la Administradora, la que deberá aprobar o rechazar, según corresponda.

Este tipo de solicitud va de la mano con un procedimiento en qué participa tanto el afiliado y/o mandatario, según corresponda, suscribiendo la solicitud y aportando cada uno de los antecedentes exigidos por Ley, y por otra, su representada, que tiene el deber de resolver esa solicitud ya sea aprobándola o rechazándola mediante resolución fundada que es comunicada al afiliado y/o su representante, según corresponda.

La exención establecida en la ley N°18.156 citada precedentemente, altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes.

Como es sabido, las cotizaciones obligatorias para seguridad social tienen por objeto solucionar potenciales estados de necesidad, restringiendo ciertas libertades y derechos individuales, con el fin superior de evitar al Estado tener que hacerse cargo de aquellas personas que pudiendo haber aportado para su vejez, no lo hicieron por falta de previsión. Conforme lo anterior, las disposiciones de la Ley Nº18.156, en su carácter excepcional, deben interpretarse restrictivamente.

Del tenor de dicha norma se desprende claramente que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción que le es solo aplicable a trabajadores dependientes de empresas o del sector privado, extranjeros que, además, detenten la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos impuestos por la Ley N° 18.156 como también de las disposiciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regulan esta materia.

En particular, las disposiciones legales citadas más aquello dispuesto por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establecen que para que proceda la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos copulativos, a saber:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

- Que detenten la calidad de “técnicos”, a lo menos.

Respecto de la primera solicitud ingresada por el afiliado recurrente, con fecha 16 de agosto del presente año, precisa lo siguiente:

1. El certificado de afiliación a régimen previsional extranjero no cumple con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

Como se podrá verificar, el certificado de afiliación que acompañó el afiliado recurrente no cumple con los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156 para la devolución de cotizaciones previsionales a personal técnico extranjero, en virtud de las consideraciones que en lo sucesivo se profundizan.

Como se señaló anteriormente, de la ley y del Compendio de Normas, se puede desprender que los extranjeros deben acreditar encontrarse afiliados fuera de Chile y contar con cobertura para, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

No obstante, a través de los múltiples oficios emanados de la Superintendencia de Pensiones, ésta ha ido regulando, en virtud de su facultades interpretativas establecidas en el DFL 101 y en el D.L. 3500, la forma en que los afiliados extranjeros deben dar cumplimiento a los requisitos, especialmente en lo referido a acreditar la afiliación, indicando que el certificado debe señalar expresamente que el trabajador se encuentra cubierto por riesgos provenientes de la vejez, invalidez, muerte y enfermedad, a todo evento, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, especificando que respecto a enfermedad debe cubrir prestaciones médicas y pecuniarias.

A partir del análisis de los antecedentes, se concluyó que el afiliado no acreditó la cobertura por riesgos provenientes de la vejez, invalidez, muerte y enfermedad, durante todo el periodo de actividad en Chile. Lo anterior, debido a que, mediante Oficios Ordinarios N°23.272 y N°23.277, ambos del año 2017, la Superintendencia de Pensiones estableció que el personal técnico extranjero, para obtener la devolución de fondos, deberán aportar un documento, debidamente apostillado, que acredite que cobertura previsional “en la forma que lo exige la ley, es decir, de tal forma que sea extensiva para todos los riesgos señalados y mientras el trabajador haya prestado servicios en Chile, no pudiendo las Administradoras de Fondos de Pensiones otorgar el beneficio invocado.”. Por lo tanto, el solicitante debe acompañar antecedentes que permitan verificar que, en su caso, cuenta a todo evento y durante todo el periodo prestación de servicios en Chile, con la protección respecto de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo primero de la Ley N°18.156.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha concluido que las prestaciones se deben consignar de forma específica, puesto que mediante Oficio Ordinario N°20.294 de fecha 8 de octubre de 2020, señaló lo siguiente: “No sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.”

2. Afiliados al régimen previsional colombiano deben acreditar contar con afiliación a un seguro privado de salud durante el periodo de actividad laboral en Chile para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Como se señaló anteriormente, de la ley y del Compendio de Normas, se puede desprender que los extranjeros deben acreditar encontrarse afiliados fuera de Chile y contar con cobertura para, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

No obstante, a través de los múltiples oficios emanados de la Superintendencia de Pensiones, ésta ha ido regulando, en virtud de su facultades interpretativas establecidas en el DFL 101 y en el D.L. 3500, la forma en que los afiliados extranjeros deben dar cumplimiento a los requisitos, especialmente en lo referido a acreditar la afiliación, indicando que debe cubrir con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile y a todo evento, especificando que respecto a enfermedad debe cubrir prestaciones médicas y pecuniarias.

Este criterio ha significado que, para algunos afiliados, especialmente colombianos, se dificulte la aprobación del trámite, toda vez que, por la ley colombiana, ellos se encuentran cubiertos para riesgos provenientes de vejez, sobrevivencia, muerte e invalidez, pero no por riesgos provenientes de enfermedad. Por ello, al momento de presentar los antecedentes ante una Administradora, no cumplirían los requisitos para acceder a la solicitud en virtud de la Ley 18.156, ya que no se encuentran cubiertos, a todo evento, por las 4 prestaciones previsionales indicadas en la ley. En razón de ello, hay riesgos que quedan excluidos y, por tanto, necesitarían contratar un seguro privado de salud para quedar cubiertos a todo evento. Así lo ha manifestado la Superintendencia de Pensiones, indicando que se debe acreditar mediante el respectivo certificado que, durante la prestación de servicios en Chile, se haya contado con la cobertura de salud, en el país de origen del afiliado, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias y por todo el tiempo en que cotizó. En virtud de que lo anterior no fue posible de acreditar mediante los antecedentes presentados por el afiliado recurrente, en el informe emitido por la Gerencia Legal de AFP PlanVital S.A., se indicó: “Afiliados al régimen previsional de Colombia deberán acompañar certificado de afiliación a una Entidad Promotora de Salud colombiana, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la prestación por enfermedad durante el periodo de actividades en Chile, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.”, por cuanto no es posible acreditar que el afiliado se encuentre actualmente cubierto por enfermedad, puesto que AFP Porvenir de Colombia no otorga dicha cobertura. Por lo tanto, es necesario acreditar que el afiliado cuenta con la cobertura de enfermedad, en forma expresa, con el respectivo certificado de la Entidad Promotora de Salud.

Este criterio ha sido constantemente confirmado por la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, mediante Oficio Ordinario N°9.436, de fecha 9 de abril de 2021, por el cual señaló que los técnicos extranjeros colombianos, deben acreditar cobertura tanto en una Administradora de Fondos de Pensión como en una Entidad Promotora de Salud (EPS), dado que las Administradoras de Fondos de Pensiones colombianas no otorgan prestaciones para enfermedad, salvo que dicha enfermedad cause invalidez. Es decir, si el trabajador cotiza en Colombia para un Fondo de Pensiones y paralelamente, cotiza para salud en una EPS, logrando de esta manera acreditar su cobertura en el caso de enfermedad con el respectivo certificado de la EPS, que indica que antes y durante el tiempo que prestó los servicios en Chile, tuvo derecho a prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral, entonces con el resto de la documentación debidamente legalizada cumpliría los requisitos de este punto.

3. Manifestación de voluntad de mantener afiliación a régimen previsional extranjero debe efectuarse durante la vigencia de la relación laboral.

La anterior causal de rechazo se ajusta a derecho, puesto que, como se ha mencionado anteriormente, el artículo primero de la ley N°18.156 exige que los trabajadores que soliciten sus fondos acrediten haber manifestado, de forma clara e inequívoca, su voluntad de mantener afiliación al régimen previsional extranjero, durante la vigencia de la relación laboral.

No obstante, y tal como su representada comunicó al afiliado recurrente con fechas 22 y 29 de agosto de 2023, de acuerdo a los antecedentes acompañados en la solicitud, no fue posible acreditar que se haya pactado, de forma clara e inequívoca, en el contrato de trabajo una cláusula de voluntad del trabajador de permanecer adepto a un régimen previsional extranjero, en conformidad a la ley N°18.156 y a lo ordenado por la Superintendencia de Pensiones, por cuanto estableció que, además de los requisitos señalados en el artículo 10° del Código del Trabajo, el trabajador debe expresar inequívocamente su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, manifestación de voluntad que incluso puede constar en una cláusula anexa al contrato, sin embargo, esta se debe efectuar siempre y cuando la relación laboral se mantenga vigente, lo que no ocurrió en la especie.

Así lo ha dispuesto la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°23.277, de fecha 13 de octubre de 2017, la Superintendencia de Pensiones estableció que “(…) cabe precisar que según lo señalado en la letra b) del referido artículo 1, para invocar los beneficios de la Ley N°18.156, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación en su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, o en un anexo, siempre y cuando se halle vigente la relación laboral de que se trata.”

4. El afiliado recurrente no acompañó certificado de afiliación a régimen previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si bien el recurrente acompaña en estos autos un certificado de afiliación a AFP Colpensiones de Colombia, debidamente apostillado, tal apostilla no fue acompañada por el afiliado en ninguna de sus dos solicitudes presentadas ante AFP PlanVital, por lo que su representada no podría haber concluido que el documento fuera válido en Chile de conformidad con lo dispuesto por el Convenio de la Haya sobre la Apostilla, resultando justificada tal causal de rechazo.

Lo anterior se funda en que, mediante Oficios Ordinarios N°23.272 y N°23.277, ambos del año 2017, la Superintendencia de Pensiones estableció que el personal técnico extranjero, para obtener la devolución de fondos, deberán aportar un documento, debidamente apostillado, que acredite que cobertura previsional “en la forma que lo exige la ley, es decir, de tal forma que sea extensiva para todos los riesgos señalados y mientras el trabajador haya prestado servicios en Chile, no pudiendo las Administradoras de Fondos de Pensiones otorgar el beneficio invocado.”

Además, la Circular N°553 de 28 de octubre de 1988, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, precisa en relación con la letra a), del citado artículo 1 de la Ley N°18.156, que: “El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. (…)” Por lo tanto, el solicitante debe acompañar un certificado de afiliación a régimen previsional extranjero, que cumpla con el requisito antes descrito, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. Otorgar la devolución de fondos al afiliado recurrente constituye un incumplimiento normativo por parte de AFP PlanVital.

Agrega que acceder a una solicitud de devolución de fondos previsionales ignorando el cumplimiento de cualquiera de sus requisitos, como erróneamente pretende la recurrente, no solo se traduce en un grave incumplimiento normativo, sino que, además, su representada sería objeto de fiscalizaciones y de eventuales sanciones por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Destaca que las cotizaciones previsionales que mantiene el recurrente en AFP PlanVital, son de su propiedad y dado que no cumple con los requisitos dispuestos por el legislador para que ellas sean devueltas, tendrán por objeto financiar las pensiones o demás beneficios establecidos en el Decreto Ley Nº3.500 de 1980, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y demás normas aplicables.

Por último, señala que existen diversos mecanismos habilitados para que la recurrente comunique la situación planteada en estos autos. Puede hacerlo a través de su propia representada o a través de la Superintendencia de Pensiones, ingresando una consulta a través del sitio web, en forma telefónica, etc. En efecto, el ejercicio de la presente acción no es el adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

En virtud de lo expuesto anteriormente, sostiene que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos antes descritos, por lo que su presentación resulta evidentemente improcedente e infundada.

Como se podrá apreciar a partir de los fundamentos de hecho y de derecho relatados en esta presentación, no ha existido ningún acto u omisión arbitraria que pueda estimarse haya irrogado responsabilidad por parte de su representada y tampoco se trataría de un acto u omisión ilegal como pretende hacer valer equívocamente la recurrente, puesto que, el actuar de su representada se rige estrictamente en base a lo dispuesto por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Ley N° 18.156 y demás normas aplicables, por lo que un rechazo correctamente fundado normativamente de un beneficio previsional no puede constituir una vulneración de garantías constitucionales.

Por otra parte, cabe destacar que el acto tampoco ha producido un agravio como pretende hacer valer equívocamente la recurrente, puesto que el actuar de la recurrida se rige estrictamente en base a lo dispuesto por la normativa vigente, por lo que un acto fundado normativamente no puede constituir una vulneración de garantías constitucionales y, por lo tanto, no se da cumplimiento al segundo requisito establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la interposición de la acción cautelar de protección.

Además de que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de su representada y que no se ha causado ningún agravio a la recurrente de autos, el actuar de su representada no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile. En consecuencia, tampoco se cumple el tercer requisito exigido para la procedencia del presente recurso de protección, lo que lleva necesariamente a rechazar el mismo por improcedente.

En síntesis, refiere que ha quedado demostrado a lo largo de esta presentación que, en lo sustancial, la presente acción de protección no cumple con la hipótesis de procedencia establecida el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a su total rechazo con expresa condenación en costas.

Acompaña la siguiente documentación:

-Copia de escritura pública suscrita en la Notaria de Santiago de don nombre reservado, con fecha 10 de mayo de 2022, en la cual consta mi personería para actuar en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

-Oficio Ordinario N°20.294, de fecha 08 de octubre de 2020, de la Superintendencia de Pensiones.

-Oficio Ordinario N°9.436, de fecha 09 de abril de 2021, de la Superintendencia de Pensiones.

-Oficio Ordinario N°23.277, de fecha 13 de octubre de 2017, de la Superintendencia de Pensiones.

- Antecedentes de la primera solicitud de devolución de fondos a personal técnico extranjero, presentada ante AFP PlanVital por el afiliado por el afiliado recurrente con fecha 16 de agosto de 2023.

- Antecedentes de la segunda solicitud de devolución de fondos a personal técnico extranjero, presentada ante AFP PlanVital por el afiliado por el afiliado recurrente con fecha 23 de agosto de 2023.

A folio 16, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, indicando lo siguiente:

Al respecto, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad colombiana, acciona de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por cuanto considera que aquélla ha actuado de forma arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud de devolución de sus Fondos Previsionales, requeridos conforme a la Ley N° 18.156.

El recurrente refiere en autos que, en su condición de técnico extranjero, cumple con todos los requisitos exigidos en la Ley 18.156, para solicitar que le sean devueltos los fondos previsionales enterados en Chile.

En primer término, cabe precisar que el recurrente no registra presentación alguna ante esa Superintendencia, por ello, este Organismo Fiscalizador no pudo haber adoptado medida alguna en el evento que correspondiera, para solucionar la situación planteada por el recurrente, con anterioridad a ser notificada de este arbitrio constitucional. Asimismo, no cuenta con ningún antecedente sobre el actor.

Sin perjuicio de lo señalado, considerando el tenor del recurso de protección, cumple con informar lo siguiente:

En primer lugar, hace referencia a la legislación de seguridad social chilena, donde la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile, de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, de manera que el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Sin perjuicio de lo referido, la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

La devolución de fondos previsionales a trabajadores técnicos extranjeros es una figura legal excepcional que se encuentra regulada en la Ley N° 18.156, la que en su artículo 1° establece:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Al efecto, el artículo 6° de la Ley N° 18.156, establece: “facúltase al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para que autorice pagos de remuneraciones en moneda extranjera que correspondan a contratos de trabajo celebrados en conformidad a las normas de esta ley, y pagos por conceptos de seguridad social que deben efectuarse en el extranjero en cumplimiento de los mismos.”

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone:

“En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A su turno, el artículo 47 de la Ley N° 20.255, establece que la Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

“7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.”

Seguidamente, hace presente que, según la historia fidedigna de la ley N° 18.156, publicada en agosto de 1982, originalmente este cuerpo legal sólo comprendía la exención de cotizar como un beneficio excepcional al cual podían acceder los trabajadores profesionales o técnicos extranjeros que acreditaran el cumplimiento de los requisitos de su artículo 1°. Posteriormente, la Ley N°18.726, publicada en julio de 1988, introdujo con su actual artículo 7° la autorización de devolución de las cotizaciones previsionales, por cuanto se pretendió remediar la situación de trabajadores técnicos extranjeros que ingresaron a Chile cumpliendo los requisitos para eximirse de cotizar, por estar cubiertos en su país de origen ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que habiéndolo señalado expresamente en sus contratos el empleador les hubiese cotizado en Chile, pues cuando el trabajador opta por mantener el régimen previsional de su país de origen el empleador debe cotizar en el régimen extranjero, para cuyo efecto la propia ley establece la forma de hacerlo.

En este orden de ideas, la interpretación sobre las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley N°18.156, por ende, del sentido y el alcance de sus normas, y cómo estas disposiciones deben ser aplicadas para el otorgamiento de los beneficios que en dicho cuerpo legal se contempla, es materia de competencia exclusiva de la Superintendencia de Pensiones.

Conforme con lo anterior, corresponde explayarse, a fin de explicar cómo la Superintendencia ha fijado el sentido y alcance de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, para dar lugar a la exención y a la devolución de fondos previsionales a trabajadores técnicos extranjeros.

En relación con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156, que prescribe que, para los efectos de su aplicación, el técnico extranjero debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En este sentido, la cobertura del trabajador extranjero debe acreditarse como la misma norma lo señala, es decir, de tal forma que sea extensiva para todos los riesgos señalados.

Evidentemente, debe entenderse que dicha cobertura debe ser acreditada por el trabajador técnico extranjero por todo el tiempo en que duró la prestación de servicios en nuestro país y que ella se inició antes de comenzar su vida laboral en Chile.

Seguidamente, conforme con la reiterada jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, ha interpretado que para dar cumplimiento al mencionado artículo 1° de la Ley N°18.156, las Administradoras deben verificar que el trabajador técnico extranjero acredite que ha contado con la protección por todos los riesgos indicados y particularmente en lo que se refiere a la cobertura de salud, ya que ésta debe comprender tanto prestaciones médicas como pecuniarias, puesto que existen diversos seguros de salud, que no necesariamente comprenden todas aquellas prestaciones, con las cuales debe contar un trabajador mientras se encuentra sujeto a una relación laboral, ante la ocurrencia de una enfermedad o bien algún evento que requiera el otorgamiento de prestaciones pecuniarias, como por ejemplo, lo sería una licencia médica. Además, generalmente la cobertura está condicionada a una cotización.

Asimismo, debe considerase lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 18.156, el que se refiere al cumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1°, en los siguientes términos:

“Los pagos derivados del cumplimiento del requisito que señala el artículo 1° letra a) que realice en el extranjero el personal a que se refiere esta ley o las empresas que lo contraten, no será considerado renta para ningún efecto en Chile, hasta un monto igual al que establece el inciso primero del artículo 20° del decreto ley 3.500, de 1980. Para este efecto, las sumas efectivamente pagadas en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacional al tipo de cambio más alto del mercado bancario, vigente a la fecha de pago”.

La norma precedentemente citada, deja en evidencia que el trabajador técnico extranjero, para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, debe haberse mantenido cotizando en su país de origen mientras trabajó en Chile, de manera de garantizar la cobertura de las prestaciones indicadas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, en aquél, durante todo el tiempo que ejerció labores de remuneradas en Chile. Es decir, para que proceda la devolución de cotizaciones, debe existir una doble cotización.

En este sentido, cabe hacer presente que este Organismo Fiscalizador ha señalado, reiteradamente, que los certificados emitidos por las instituciones previsionales extranjeras deben expresar inequívocamente que el afiliado ha permanecido cotizando en él y que, por lo tanto, se ha mantenido cubierto con las prestaciones requeridas en la Ley 18.156, en su país de origen durante todo el tiempo que trabajó en Chile. Asimismo, el trabajador extranjero, debe acreditar que detenta la calidad de “técnicos”.

En este sentido el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Título XI del Libro II, señala que:

“Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.”

En efecto, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Cabe recordar en lo que dice relación con las facultades de que está investida esta Superintendencia, lo dispuesto en el artículo 2° del D.F.L. N° 101, de 1980, que dispone que:

“La Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en adelante las Administradoras, y sus funciones comprenderán los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo”.

El artículo 3° del mismo cuerpo normativo establece que:

“Corresponderá a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras”.

A su vez, el artículo 94 del D.L. N° 3500, de 1980, establece que:

“Corresponderá a esta Superintendencia, además de las atribuciones y obligaciones que esta ley establece, las siguientes funciones generales: 3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación”.

Asimismo, el artículo 47 de la Ley N° 20.255, dispone que:

“La Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.

7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República”.

Considerando todas las normas transcritas en lo precedente, señala que el señor nombre reservado, si bien ha solicitado la devolución de sus Fondos Previsionales por estimar que cumple con los requisitos establecidos por la ley N° 18.156, de los antecedentes por él acompañados, el certificado de Técnico no daría cuenta de ello, toda vez, que no se evidenciaría un proceso completo de legalización de los documentos por parte de las autoridades competentes, específicamente respecto del título profesional, impidiendo determinar la fidelidad y validez de éste, ni que se encuentre cotizando paralelamente en el sistema previsional colombiano, por lo que no se cumple con la debida acreditación de los requisitos para tener la calidad de técnico, de acuerdo con lo establecido en el Título IX del Libro II del Compendio de Normas y en la reiterada jurisprudencia de esa Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, tampoco se acredita que vaya a regresar a su país de origen, ya que del propio tenor de la acción cautelar, manifiesta que actualmente está prestando servicios como médico en la Corporación de Educación y Salud.

Se trajeron los autos en relación:

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente consiste en la negativa de la recurrida AFP Plan Vital, de otorgar la devolución de sus fondos previsionales, sosteniendo la recurrida que el rechazo se encuentra fundado en la normativa vigente, haciendo presente que no fueron entregados en su totalidad los antecedentes requeridos al efecto; y en consecuencia, no cumpliéndose los requisitos legales para acceder a la petición formulada, correspondía su rechazo.

TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos por los intervinientes, se desprende que la negativa a la solicitud planteada por el recurrente, se encuentra asociada al no haber acompañado la totalidad de los antecedentes necesarios al efecto, destacando el hecho que el contrato de trabajo presentado no contiene la cláusula necesaria en que el recurrente manifieste su decisión de acogerse al sistema previsional colombiano, así como tampoco acompañó el seguro de salud correspondiente.

CUARTO: Que, al efecto, cabe señalar que la Ley N° 18.156 ha establecido un régimen de excepción, frente al establecido en el D.L. 3.500, respecto de aquellos trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen a los trabajadores, no encontrándose obligados a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en los organismos de previsión chilenos, cumplidas que sean las condiciones establecidas en el artículo 1° de la referida Ley.

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 7° del indicado cuerpo normativo, faculta a aquellos trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), a solicitar los fondos que se hubieren depositado, cumplidos que sean los requisitos establecidos en el artículo 1° aludido con anterioridad.

SEXTO: Que el artículo 1º de la Ley N° 18.156, dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la Ley N° 16.744.”

SÉPTIMO: Que, en este sentido se ha pronunciado nuestra Corte Suprema en Causa Rol 2476-2018, al señalar “ De este modo, no se encuentra acreditada la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, en atención al hecho que no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que conforme a lo dicho en la especie no concurre”.

OCTAVO: Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, en tanto no se vislumbra un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, en tanto el recurrente no acompañó toda la documentación que la legislación vigente exige para la devolución de sus cotizaciones previsionales.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, SIN COSTAS el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP PLANVITAL.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-13445-2023 (pvb).