Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 17 de septiembre de 2023, comparece don nombre reservado, chileno, casado, profesor, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien interpone acción constitucional de protección, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado representada por su Superintendente, doña Pamela Gana Cornejo o por quien legalmente corresponda, en su calidad de Superintendente de Seguridad Social, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y, para estos efectos, domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía, a fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y así asegurar la debida protección de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 números 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso en que con fecha 06 de agosto del año 2016 falleció su único hijo, nombre reservado, de un agresivo cáncer terminal, momento desde el cual su vida cambió radicalmente, sumido en una profunda desesperación emocional, cambios de humor, perdida de las ganas de vivir, afectando incluso mi salud física, al tener un infarto agudo al miocardio en abril del año 2017. Por tal motivo, sumado a problemas legales con la ex pareja de su hijo, empezó a acudir a un médico siquiatra con la Sra. nombre reservado, cuyo diagnóstico clínico fue y sigue siendo un “Trastorno Depresivo Mayor Grave”, a causa de lo cual, ha estado con diversos medicamentos psiquiátricos de receta retenida con dosis cambiantes en el tiempo.

Indica que el tiempo de las licencias médicas no ha sido lineal y permanente, por lo que durante lapsos de tiempo pudo volver al trabajo, sin embargo, con la llegada de la pandemia se retrocedió parte importante de lo avanzado, volviendo síntomas que habían ido evolucionando favorablemente, lo que llevo a la presentación de mayor cantidad de licencias médicas psiquiátricas.

Explica que durante los últimos meses y años ha presentado varias licencias médicas y sus debidas apelaciones, pero ultimamente han sido todas rechazadas. Así, la SUSESO en RESOLUCION EXENTA N° R-01-IBS-107828-2023 con fecha 17 de agosto del año 2023 confirmó rechazo de SUBCOMISION CAUTIN - COMPIN REGION DE LA ARAUCANÍA de licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, “por reposo no justificado”, agregando la recurrida: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 180 días por la misma patología. Señala que los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”

Sostiene que en su Resolución, la SUSESO, no toma en consideración informes médicos reiterados de profesional siquiatra competente, en los cuales existe claridad del diagnóstico, tratamiento y causas que provocaron la enfermedad diagnosticada. Y no emite una argumentación lógico-racional de los motivos de fondo, es decir, no existe una resolución fundada, contraviniendo así, los principios de la actuación de los organismos del Estado, ni tampoco tiene sustento legal para mantener el rechazo del pago de las licencias médicas.

Afirma por otro lado que la mencionada resolución es arbitraria al no expresar motivos técnicos, médicos o científicos, por las que la recurrida considera que el reposo autorizado fue suficiente, o porque considera que la incapacidad laboral de la recurrente no puede ser mayor al tiempo ya autorizado.

En efecto, sostiene que el actuar de la recurrida ha provocado que no pueda percibir ingresos económicos durante los meses que fueron rechazadas las licencias médicas, lo cual solo profundiza su enfermedad y trastorno psiquiátrico, impidiendo no solo obtener una recuperación adecuada, sino que, además, impidiendo obtener recursos monetarios que le puedan permitir acceder a la tranquilidad mental necesaria para buscar la debida recuperación de la misma.

En cuanto a los derechos vulnerados, refiere que la recurrida ha amenazado, perturbando o negando su derecho a la vida e integridad física y psíquica, toda vez que no se le ha pagado diversas licencias médicas y no ha podido tener ingresos monetarios, por lo cual, se está amenazando el poder seguir con los tratamientos médicos y/o medicamentos que pueda necesitar; igualmente, al encontrarse en esta apremiante situación de salud mental, se ve perjudica su integridad psíquica, llegando a estar en peligro su vida, aun mas teniendo en cuenta lo que causó en primer lugar el trastorno diagnosticado.

A su vez, al no recibir el pago de las varias licencias médicas, y siendo trabajador dependiente, también indica que vio vulnerado su derecho de propiedad, seguridad social e igualdad ante la ley, esto último debido a que está siendo discriminado por la SUSESO, al señalar que el reposo no es justificado, sin argumentar técnicamente dicha decisión, afectando, la igualdad que deben tener todas las personas en el trato que reciben. Finalmente, también se ve afectada su honra y dignidad, pues se está obviando la causa que originó la enfermedad descrita por el médico siquiatra, así pues, la inesperada perdida de su único hijo, omitiendo este antecedente y no expresar un plazo que considere adecuado para el trastorno clínico diagnosticado.

En virtud de lo santerior y lo establecido en los artículos 20 y 19 Nº 1, N° 2, N° 4 y N° 24, a lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y demás normas jurídicas que resulten pertinentes solicita se acoja la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia De Seguridad Social (SUSESO) adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado que constan en RESOLUCION EXENTA N° R-01-IBS-107828-2023 de fecha 17 de agosto del año 2023, debiendo proceder a los tramites para el pago de las remuneraciones correspondientes, o en subsidio, se ordene la reevaluación de las mismas, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Acompaña al recurso:

1. Tres informes, certificados o constancias médicas de médico siquiatra tratante.

2. RESOLUCION EXENTA N° R-01-IBS-107828-2023 de fecha 17 de agosto del año 2023 de la SUSESO.

3. Rechazo licencia médica RUT reservado y rechazo de reposición del COMPIN 4. Rechazo licencia médica RUT reservado y rechazo de reposición del COMPIN 5. Rechazo licencia médica RUT reservado y rechazo de reposición del COMPIN 6. Historial de licencias médicas acogidas y rechazadas del recurrente.

A folio 9, con fecha 7 de noviembre de 2023, comparece doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita su rechazo por cuanto, afirma no ha existido de parte de la recurrida actuación ilegal o arbitraria que haya causado al recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza, por cuanto se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmando el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 118 días a contar del 04 de diciembre de 2021, emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado.

En primer lugar, solicita se declare la improcedencia de la acción de protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea, ya que por presentación de fecha 16 de agosto de 2022 el Sr. nombre reservado reclamó ante el Servicio recurrdio por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 118 días a contar del 04 de diciembre de 2021 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado. Al respecto, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-158459-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, la referida Superintendencia dictaminó concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, confirmando el rechazo. Luego, presentación de fecha 05 de mayo de 2023, el Sr. nombre reservado reclamó por segunda vez solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-158459-2022 de fecha 23 de noviembre de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 118 días a contar del 04 de diciembre de 2021 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado. Al respecto, mediante Resolución Exenta Nº R-01-IBS-107828-2023, de fecha 17 de agosto de 2023, la Superintendencia, no acogió la solicitud de reconsideración, confirmando el rechazo por no encontrarse justificado el reposo de las licencias reclamadas. Sin embargo el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 17 de septiembre de 2023, aun cuando el actor tenía conocimiento cierto del rechazo a más tardar, el mismo día en que solicita la SEGUNDA PRESENTACIÓN, hecho que aconteció el 05 de mayo de 2023, Por lo expuesto, colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad, se utiliza como una ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo que afirma basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, refiriéndose en primer lugar al marco legal regulador del derecho a Licencia Médica. Explica que en nuestro sistema de seguridad social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Respecto de INCAPACIDADES LABORALES TEMPORALES, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Sobre las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, refiere que a esta le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Hace presente que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, señalaque la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Expresa que se debe entender que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción. Pues bien, en el caso de marras, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

Por tanto, indica que en el caso del Sr. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la isapre, COMPIN y esta superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones legales expuestas.

Afirma que lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la ecurrida, ya que que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Y respecto de la licencia reclamada, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Refiere que con la finalidad de resolver la reclamación referida, se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN y Isapre reclamada, entre ellos el Registro histórico de licencias médicas y otros antecedentes, indicando que a través de diferentes profesionales médicos del Servicio recurrido, se estudió los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, en varias oportunidades. Agrega que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las PATOLOGÍAS MENTALES, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos:

“- Siempre es otorgado por médico psiquiatra cualquier diagnóstico o de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

- Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

- Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente).

- Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio”.

Observa que el Sr. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por 180 días autorizados, por el Diagnóstico: “F32.2 - Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos”, NO CUENTA CON INFORME DE REFRACTARIEDAD O RESISTENCIA A TRATAMIENTO, TAMPOCO ACREDITA ASISTENCIA REGULAR A TERAPIA PSICOLÓGICA DURANTE TODA LA EXTENSIÓN DE SU REPOSO. Asimismo, indica que el recurrente no ha presentado las correspondientes derivaciones para acogerse a beneficio de garantías explícitas. EN SALUD (GES) POR SALUD MENTAL, por lo cual no estaría generando medidas destinadas a la recuperación de su salud en torno a un mejor manejo de la patología, según lo dispuesto por artículo N°21 del decreto N°3, de 1984 y artículo N°4 del Decreto N°7 de 2013.

Afirma que las Resoluciones exponen con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver como lo hicieron, ratificándose el rechazo previo de las licencias médicas, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley 19.880), debiendo por tanto descartarse una ilegalidad pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo antes reseñado respecto a la patología y la autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley, y , en cuanto a una posible arbitrariedad, indica que esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundada y con la debida racionalidad, al contar con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros historico de licencias médicas e informes médicos, los cuales fueron evaluados por el organismo recurrido, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la recurrente, sea arbitrario por carecer de motivación, ya que se trató de una decisión fundada en motivos técnicos, propios del área de medicina con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la isapre, COMPIN y a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de mi representada.

Por último, en cuanto a los derechos vulnerados niega que haya existido alguna vulneración o amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, o al derecho de propiedad de la recurrente.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se pregunta cómo podría la recurrida haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica, por cuanto la única intervención de la Superintendencia en el caso el Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, a la garantía consagrada constitucionalmente de igualdad ante la ley, indica que la recurrida realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista los que fueron requeridos a las organismos correspondientes y que acompaña, los cuales afirma fueron ponderados por médicos especialistas de dicha Institución los que arribaron a una decisión que no es la que pretendía la parte recurrente.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, es decir, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, refiere que no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

Por lo anterior, en subsidio de las anteriores peticiones solicita tener por evacuado el informe solicitado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña al informe copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que el recurrente ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, adoptada por medio de RESOLUCION EXENTA N° R-01-IBS-107828-2023 que con fecha 17 de agosto del año 2023 confirmó rechazo de SUBCOMISION CAUTIN - COMPIN REGION DE LA ARAUCANÍA de licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, “por reposo no justificado”, solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto el rechazo de las referidas licencias médicas, debiendo proceder a los trámites para el pago de las remuneraciones correspondientes, o en subsidio, se ordene la reevaluación de las mismas, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, esta será rechazada, toda vez que este recurso se erige en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-107828-2023 que con fecha 17 de agosto del año 2023 y el presente recurso de protección, fue interpuesto con fecha 17 de septiembre de 2023, es decir dentro del plazo de 30 días.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que pone de cargo de la recurrente buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga informe de peritaje que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante. Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°). Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.” Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.” Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

QUINTO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

SEXTO: Que este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

SÉPTIMO: Que en razón de lo anterior, es que se acogerá el presente recurso, sólo en cuanto se ordenará práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede –o no- el pago de las licencias respectivas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE que:

I.- SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad planteada la Superintendencia de Seguridad Social, por lo motivos expuestos en lo considerativo.

II.- SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente las evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos.

Redacción del Abogado Integrante sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese.

N°Protección-13403-2023. (sac)