nombre reservado con SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

C.A. de Temuco.

Temuco, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, chilena, supervisora control caja de supermercado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien interpone acción constitucional, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Rol Único Tributario número 71.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra del Ministerio de Salud, Rol Único Tributario número 61.606.800-8, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando que se restablezca el imperio del derecho frente a los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en el rechazo reiterado de sus licencias médicas.

Expone que desde hace aproximadamente tres años se desempeña en el área de Control de Caja del Supermercado "El Trébol" de la comuna de Angol, señalando que, hace aproximadamente un año y seis meses, tras el término de una relación afectiva, comienza a experimentar crisis de angustia, ansiedad y pánico, indicando que inicialmente desconoce el origen de los síntomas hasta sufrir una crisis de pánico de gran intensidad, situación que la lleva, por recomendación de personas cercanas, a iniciar tratamiento psicológico, pese a la reticencia que manifiesta debido a la importancia que asigna a su trabajo. Añade que, desde la primera atención psicológica, la profesional tratante le recomienda atención médica inmediata, motivo por el cual consulta a un médico general, quien prescribe tratamiento farmacológico y licencia médica debido a los efectos secundarios iniciales de los medicamentos. Posteriormente es derivada al médico psiquiatra nombre reservado, con quien continúa en tratamiento hasta la actualidad.

Refiere que todas sus licencias médicas contemplan autorización para salir de su domicilio; sin embargo, producto del agravamiento de su cuadro psiquiátrico, comienza progresivamente a aislarse, llegando incluso a ser incapaz de salir sola a la calle, sufriendo caídas por episodios de ansiedad, evitando lugares concurridos y alejándose de personas cercanas, explicando que, debido a diversas crisis de pánico, concurre en reiteradas oportunidades a servicios de urgencia y es incorporada al programa de salud mental de su consultorio, donde recibe apoyo médico y suministro de medicamentos, añadiendo que actualmente se reincorpora parcialmente a sus funciones mediante licencias médicas parciales, las que igualmente son rechazadas. Señala que, aunque ha sufrido episodios de ansiedad en el trabajo, logra enfrentarlos gracias a las herramientas terapéuticas adquiridas y a la medicación prescrita. Asimismo, manifiesta presentar alteraciones de memoria que, según su psiquiatra, corresponden a efectos transitorios del tratamiento, señalando que la falta de ingresos producto del rechazo de las licencias médicas casi la obliga a abandonar el tratamiento, logrando mantenerse únicamente gracias al apoyo económico de su madre desde abril de 2025. Agrega que interpone todos los recursos administrativos procedentes, los que también son rechazados, permaneciendo actualmente en tratamiento psicológico y psiquiátrico particular, recibiendo únicamente algunos medicamentos proporcionados por el consultorio. Finalmente, hace presente que la COMPIN depende administrativamente del Ministerio de Salud, razón por la cual dicho organismo también es recurrido.

Sostiene que, mediante pronunciamiento de 16 de marzo de 2026, se rechaza la licencia médica folio N.º 4-23360799, invocándose como única causal que la patología corresponde a una enfermedad crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico. Agrega que recibe, además, una denominada "Ficha de Apoyo", la cual describe como un documento estandarizado que no contiene un análisis individualizado de su situación clínica ni explica por qué, atendido su diagnóstico y los antecedentes médicos acompañados, las licencias médicas no pueden ser autorizadas.

Señala que el artículo 16 del Decreto Supremo N.º 3 exige que toda resolución que apruebe, rechace o modifique una licencia médica sea debidamente fundada, mientras que el artículo 21 del mismo cuerpo normativo faculta a la COMPIN para practicar interconsultas, solicitar nuevos exámenes, efectuar visitas domiciliarias, requerir antecedentes al empleador o al profesional tratante y adoptar cualquier otra medida necesaria para resolver adecuadamente cada caso. Afirma que, pese a dichas facultades, la autoridad administrativa omite realizar un análisis efectivo de su diagnóstico, tratamiento y antecedentes clínicos, limitándose a emitir respuestas estandarizadas carentes de fundamentación médica suficiente, circunstancia que califica como arbitraria y antojadiza.

Añade que la Corte Suprema, en sentencia de 2 de julio de 2025, Rol N.º 10.404-2025, establece que una decisión administrativa carente de fundamentos resulta arbitraria y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, agregando que corresponde a los organismos de salud recabar todos los antecedentes necesarios antes de adoptar una resolución fundada respecto de los requerimientos formulados por los usuarios del sistema de salud.

Indica que mediante Resolución Exenta N.º R-01-DC-45389-2026, de 31 de marzo de 2026, la SUSESO confirma el rechazo de diversas licencias médicas y omite pronunciarse respecto de otras. Precisa que existen, además, otras licencias rechazadas, por lo que, invocando el principio de economía procesal, solicita que el recurso comprenda todas las licencias médicas rechazadas desde abril de 2025 hasta la fecha. Asimismo, pide que se oficie a las autoridades competentes para que remitan todos los antecedentes relativos a dichos rechazos, enfatizando que las licencias fueron otorgadas por profesionales competentes y que cualquier decisión que las rechace debe encontrarse suficientemente fundada. Destaca que su condición psiquiátrica exige un retorno gradual al trabajo, controles permanentes y tratamiento farmacológico continuo, el cual no puede interrumpirse.

La recurrente sostiene que la situación descrita la coloca en un escenario crítico, pues requiere la continuidad de su tratamiento psiquiátrico y psicológico, así como el mantenimiento de un retorno progresivo a sus funciones laborales mediante licencias médicas parciales, afirmando que el rechazo reiterado de dichas licencias, sin una fundamentación suficiente, compromete seriamente la continuidad de su tratamiento y el ejercicio de los derechos que la Constitución le asegura.

En primer término, denuncia la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N.º 1 de la Constitución Política de la República. Expone que, además del padecimiento derivado de su enfermedad y de los gastos asociados al tratamiento, debe enfrentar el rechazo injustificado de sus licencias médicas por parte de la SUSESO y de la COMPIN, cuyas resoluciones carecen de fundamentos suficientes y prescinden de la realidad de su diagnóstico, tratamiento y proceso de recuperación. Señala que la ausencia de ingresos durante aproximadamente un año la sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad, agravando su estado emocional y poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento médico, lo que constituye una discriminación arbitraria y una falta de servicio derivada de la ausencia de una decisión debidamente motivada. En consecuencia, estima que tales actuaciones afectan directamente su integridad física y psíquica.

En segundo lugar, afirma que se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución. Argumenta que la SUSESO confirma el rechazo de sus licencias sin efectuar un examen efectivo de la enfermedad que la afecta, del diagnóstico emitido por los profesionales tratantes ni de la necesidad terapéutica del reposo prescrito. Añade que las resoluciones contienen únicamente fundamentos estandarizados o "respuestas tipo", lo que evidencia un actuar arbitrario y carente de individualización respecto de su situación clínica. A su juicio, ello importa una diferencia arbitraria en la aplicación de la normativa, toda vez que las decisiones adoptadas no obedecen a criterios médicos objetivos, sino a apreciaciones infundadas que desconocen la necesidad de mantener un tratamiento y un reintegro paulatino a sus labores mediante licencia parcial. Por ello, sostiene que resulta perjudicada sin una justificación médica válida, en contravención de la legislación vigente.

Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución, sobre las prestaciones económicas derivadas de las licencias médicas. Explica que el derecho al descanso remunerado en caso de enfermedad otorga al trabajador determinadas prestaciones y subsidios respecto de los cuales el beneficiario adquiere un derecho patrimonial.

Como fundamento normativo, invoca el DFL N.º 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuyo artículo 138 reconoce a los beneficiarios del régimen general de garantías en salud el derecho a recibir asistencia médica curativa, incluyendo consultas, exámenes, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, hospitalización, tratamientos, medicamentos y demás prestaciones que determine la ley.

Asimismo, cita el Decreto Supremo N.º 3 de 1984 del Ministerio de Salud, señalando que su artículo 7 entrega al profesional tratante la responsabilidad de certificar el diagnóstico, establecer el pronóstico y determinar el período de reposo necesario para la recuperación del trabajador. Agrega que el artículo 16 faculta a la COMPIN para aprobar, rechazar o modificar licencias médicas únicamente mediante resolución fundada, mientras que el artículo 21 le entrega amplias facultades para reunir antecedentes suficientes antes de resolver. A juicio de la recurrente, la COMPIN no ejerce dichas atribuciones, incurriendo en una actuación negligente al omitir diligencias que permitan verificar la necesidad médica del reposo prescrito. En consecuencia, sostiene que las resoluciones impugnadas evidencian la ausencia de un análisis serio e individualizado de las circunstancias particulares de su enfermedad y del tratamiento que recibe, estimando que el rechazo reiterado de todas las licencias médicas presentadas desde abril de 2025 constituye una actuación arbitraria e ilegal por carecer de fundamentos suficientes que la justifiquen, vulnerando con ello los derechos fundamentales cuya protección solicita mediante la presente acción constitucional.

Finalmente, pide que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por nombre reservado, y del Ministerio de Salud, representado legalmente por nombre reservado, ambos previamente individualizados, que lo admita a tramitación y que, en definitiva, adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, solicitando: 1.-Que se deje sin efecto la Resolución Exenta N.º R-01-DC-45389-2026, de 31 de marzo de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de las licencias médicas Nos. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, y omite emitir pronunciamiento respecto de las licencias médicas Nos. RUT reservado, 125864418-9, RUT reservado y RUT reservado. 2.-Que se oficie a la COMPIN y a la SUSESO para que informen respecto de todas las licencias médicas correspondientes a la trabajadora nombre reservado que hayan sido rechazadas desde abril de 2025 hasta la fecha. 3.-Que se decreten todas las medidas que la Ilustrísima Corte estime pertinentes para restablecer el derecho de la recurrente. 4.-Que se condene en costas a las recurridas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1.-Resolución Exenta N.º R-01-DC-45389-2026, de 31 de marzo de 2026. 2.-Pronunciamiento del Ministerio de Salud relativo a la Licencia Médica folio 4-23360799, de 16 de marzo de 2026. 3.-Ficha de Apoyo de la Superintendencia de Seguridad Social correspondiente al Oficio N.º R-32057-2026. 4.-Informe psicológico emitido por doña nombre reservado, de 31 de julio de 2025. 5.-Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud del médico psiquiatra nombre reservado, de 14 de abril de 2026.

A folio 9, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, quien evacúa el informe requerido, señalando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, la licencia médica constituye el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada laboral por un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocida por el empleador y autorizada por la COMPIN o la ISAPRE, según corresponda, período durante el cual puede acceder al subsidio respectivo. Agrega que de dicha definición se desprende que la licencia médica tiene por finalidad la recuperación de la salud del trabajador mediante un reposo temporal.

A continuación, indica que el artículo 16 del mismo cuerpo reglamentario faculta a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE para aprobar o rechazar las licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo prescrito o modificar su carácter de total a parcial y viceversa. Asimismo, expresa que la visación de una licencia médica se efectúa sobre la base de los antecedentes médicos aportados y de las Guías Referenciales de Reposo Médico y Reintegro Laboral para Personas con Problemas y/o Enfermedades Mentales, conforme a lo previsto en la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas.

En cuanto al estado de las licencias médicas reclamadas, señala que la licencia médica N° 4-21115974, otorgada a contar del 13 de abril de 2025 por doce días, con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, emitida por el médico nombre reservado, señala que fue rechazada por la causal R-102, consistente en ausencia de causa médica que justificara el reposo por tratarse de un reposo prolongado para la patología. Precisa que la interesada interpuso apelación, la cual fue rechazada mediante Resolución Exenta N° 8290/2025 de la COMPIN Subcomisión Malleco, decisión posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026, por estimarse que el reposo no se encontraba justificado.

En cuanto a la licencia médica N° 4-21223511, extendida desde el 25 de abril de 2025 por catorce días, con el mismo diagnóstico y emitida por el mismo profesional, expone que fue rechazada por idéntica causal, resolución que fue mantenida por la COMPIN Subcomisión Malleco mediante Resolución N° 8389/2025 y posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Añade que la licencia médica N° 4-21337054, otorgada a contar del 9 de mayo de 2025 por catorce días, también por diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión y emitida por el médico nombre reservado, fue rechazada por la causal R-104, consistente en falta de causa médica que justificara el reposo. Indica que el rechazo fue confirmado mediante Resolución Exenta N° 8991/2025 de la COMPIN Subcomisión Malleco y posteriormente ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Finalmente, respecto de la licencia médica N° 4-21470233, con inicio el 23 de mayo de 2025 por catorce días, emitida por el mismo profesional y con idéntico diagnóstico, señala que fue rechazada por la causal R-104, al estimarse inexistente una causa médica que justificara el reposo. Agrega que la Resolución Exenta N° 17650/2025 de la COMPIN Subcomisión Malleco rechazó el recurso de reposición deducido, decisión que fue posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Respecto de la licencia médica N° 4-21595005, otorgada a contar del 6 de junio de 2025 por cinco días, con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión y emitida por el médico nombre reservado, informa que fue rechazada por la causal R-104, consistente en ausencia de causa médica que justificara el reposo. Señala que la COMPIN Subcomisión Malleco rechazó el recurso de reposición mediante Resolución Exenta N° 17650/2025, decisión que posteriormente fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026, al estimarse injustificado el reposo indicado.

En cuanto a la licencia médica N° 4-22016120, emitida a contar del 10 de agosto de 2025 por treinta días, con igual diagnóstico y extendida por el mismo profesional, expone que fue rechazada por la causal R-104, resolución que igualmente fue mantenida por la COMPIN Subcomisión Malleco mediante Resolución Exenta N° 17650/2025 y posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Seguidamente, indica que la licencia médica N° 4-21621959, otorgada desde el 11 de junio de 2025 por treinta días, con diagnóstico de trastorno de pánico y emitida por el médico psiquiatra nombre reservado, fue rechazada por la causal R-102, consistente en ausencia de causa médica que justificara el reposo. Precisa que la COMPIN Subcomisión Malleco rechazó el recurso de reposición mediante Resolución Exenta N° 11697/2025 y que posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social confirmó dicha decisión mediante las Resoluciones N° R-01-UME-102913-2025 y N° R-01-DC-45389-2026, por no encontrarse justificado el reposo prescrito.

Respecto de la licencia médica N° 4-21824510, extendida a contar del 11 de julio de 2025 por treinta días, con diagnóstico de trastorno de pánico y emitida por el mismo especialista, informa que fue rechazada por reposo prolongado, decisión confirmada por la COMPIN Subcomisión Malleco mediante Resolución Exenta N° 15563/2025 y posteriormente ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Agrega que la licencia médica N° 4-2224025, otorgada a contar del 9 de septiembre de 2025 por treinta días, con igual diagnóstico y profesional tratante, fue rechazada por reposo prolongado. Explica que la COMPIN Subcomisión Malleco rechazó el recurso de reposición mediante Resolución Exenta N° 19973/2025 y que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó posteriormente dicha determinación mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

En relación con la licencia médica N° 4-23024844, otorgada desde el 11 de enero de 2026 por treinta días, con diagnóstico de trastorno de pánico, sostiene que fue rechazada por la causal R-40, correspondiente a patología crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico. Señala que el recurso de reposición fue rechazado por la COMPIN Subcomisión Malleco mediante Resolución Exenta N° 2317/2026 y que dicha decisión fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Asimismo, informa que las licencias médicas N° 4-22431743, N° 3-125864418 y N° 4-22852703, otorgadas, respectivamente, a contar del 9 de octubre de 2025, 8 de noviembre de 2025 y 8 de diciembre de 2025, todas con diagnóstico de trastorno de pánico y emitidas por el médico nombre reservado, fueron rechazadas por reposo prolongado, haciendo presente que respecto de ellas la interesada no interpuso apelación ante la COMPIN.

Añade que la licencia médica N° 4-23024460, extendida desde el 7 de enero de 2026 por cuatro días, fue rechazada por la causal R-40, correspondiente a patología crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico, sin que la interesada dedujera recurso alguno ante la COMPIN. Del mismo modo, hace presente que la licencia médica N° 4-23024844 fue nuevamente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N° R-01-DC-45389-2026.

Finalmente, indica que las licencias médicas N° 4-23198309, N° 4-23360799 y N° 4-2357859, otorgadas a contar del 10 de febrero, 12 de marzo y 11 de abril de 2026, respectivamente, todas con diagnóstico de trastorno de pánico y emitidas por el médico nombre reservado, fueron igualmente rechazadas por la causal R-40, consistente en patología crónica cuyo reposo no cumple un rol terapéutico, sin que respecto de ellas la recurrente interpusiera apelación ante la COMPIN.

A continuación, el informe señala que, para la evaluación de las licencias médicas antes individualizadas, la Contraloría Médica de la COMPIN tuvo especialmente a la vista el historial maestro de licencias médicas de doña nombre reservado; lo dispuesto en el artículo 21 letra d) del Decreto Supremo N° 3 de 1984, que faculta a requerir antecedentes clínicos complementarios al profesional que emitió la licencia; el Decreto N° 7 de 2013, que regula las guías clínicas referenciales para patologías mentales; y las Resoluciones N° R-01-UME-102913-2025 y N° R-01-DC-45389-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmaron los rechazos por estimarse injustificado el reposo prescrito Enseguida, el informe expone las conclusiones alcanzadas por la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín a partir del análisis de los antecedentes clínicos y administrativos reunidos.

Al respecto, señala que la usuaria nombre reservado registra en el Sistema Informático de FONASA (SIF) reposos médicos asociados a los diagnósticos CIE-10 F41.2, correspondiente a trastorno mixto ansioso depresivo, y F41.0, correspondiente a trastorno de pánico. Asimismo, indica que el período de reposo médico continuo vinculado a dichos diagnósticos asciende a un total de cuatrocientos sesenta y un días, comprendidos entre el 25 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, sustentado en once licencias médicas emitidas por médico general y doce licencias médicas extendidas por médico psiquiatra.

Añade que, de dicho período total de reposo, sesenta y seis días fueron autorizados cuando las licencias eran emitidas por médico general, mientras que los setenta y un días posteriores fueron rechazados por estimarse que constituían un reposo prolongado sin derivación a la especialidad correspondiente. Precisa que, posteriormente, la trabajadora continuó con licencias médicas emitidas por un médico psiquiatra cuando ya acumulaba ciento treinta y siete días continuos de reposo, circunstancia que fue considerada como un reposo excesivamente prolongado e insuficientemente justificado. Agrega que el especialista continuó otorgando licencias médicas de manera ininterrumpida hasta completar trescientos veinticuatro días de reposo continuo.

Expone que, al no constatarse la existencia de un plan de reintegro laboral por parte del médico tratante y considerando la extensa duración del reposo autorizado, la Contraloría Médica concluye que la condición de la trabajadora carece de recuperabilidad laboral, de manera que el reposo prescrito deja de cumplir una finalidad terapéutica y corresponde iniciar un procedimiento de pensión de invalidez. Sostiene que dicha conclusión encuentra sustento en las facultades conferidas a las COMPIN por el artículo 30 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 y en la propia naturaleza jurídica de la licencia médica. Añade que tales conclusiones han sido ratificadas por la Superintendencia de Seguridad Social mediante las resoluciones previamente individualizadas.

A continuación, manifiesta que resulta necesario considerar que tanto la COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social constituyen los organismos técnicos legalmente competentes para aprobar o rechazar licencias médicas, facultades que, según afirma, han sido reiteradamente reconocidas por las Cortes de Apelaciones y por la Excma. Corte Suprema. En este sentido, cita especialmente la sentencia dictada por el máximo tribunal en la causa Rol N° 50.695, de 28 de mayo de 2020, recaída igualmente en un recurso de protección interpuesto en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín por rechazo de licencias médicas, solicitando que dicho precedente sea considerado al momento de resolver la presente acción constitucional.

Transcribe, en lo pertinente, los fundamentos de dicha sentencia, destacando que la Excma. Corte Suprema establece que las recurridas actúan conforme a derecho al rechazar las licencias médicas sobre la base de antecedentes técnicos e informes médicos suficientes, particularmente un informe pericial que acredita que el trabajador se encuentra en condiciones de reintegrarse a sus labores, sin que el reposo laboral prescrito resulte justificado. Asimismo, resalta que el máximo tribunal concluye que tales antecedentes son suficientes para sustentar la decisión administrativa y que, por consiguiente, la resolución impugnada no puede calificarse como arbitraria por carecer de motivación, razón por la cual revoca la sentencia apelada y rechaza el recurso de protección.

Seguidamente, sostiene que el mismo criterio jurisprudencial ha sido reiterado por la Excma. Corte Suprema en las causas Roles N° 50.695 y N° 138.578-2020, ambas relativas a recursos de protección deducidos en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín por rechazo de licencias médicas. En dichas sentencias (cuyo contenido reproduce parcialmente) el máximo tribunal reafirma que los rechazos de licencias médicas sustentados en antecedentes técnicos y periciales suficientes constituyen decisiones debidamente fundadas, descartándose la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de los órganos administrativos competentes.

Finalmente, el informe concluye que los antecedentes expuestos permiten tener por acreditado que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no reviste el carácter de arbitraria ni ilegal, por cuanto todas sus resoluciones se encuentran debidamente motivadas, satisfacen las exigencias previstas en la Ley N° 19.880 y se encuentran amparadas por la presunción de legalidad establecida en el artículo 3° de dicho cuerpo legal, añadiendo que el organismo ha actuado dentro del ámbito de sus competencias legales y que todas las decisiones adoptadas han sido confirmadas por la Superintendencia de Seguridad Social. En virtud de ello, solicita que el recurso de protección sea íntegramente rechazado, por carecer de fundamento, toda vez que las licencias médicas fueron rechazadas conforme a la legislación vigente y a los procedimientos legalmente establecidos, sin que se configure vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por último, solicita que, para el evento de acogerse el recurso de protección, no se condene en costas a la parte recurrida, por estimar que ha litigado con motivo plausible, atendidos los antecedentes de hecho y de derecho expuestos. Asimismo, hace presente que acompaña los documentos fundantes del informe evacuado.

A folio 11, comparece el abogado Roberto Barraza Saavedra, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido en autos, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional, por estimar que no existe actuación ilegal o arbitraria atribuible al organismo recurrido que haya vulnerado o amenazado derechos fundamentales de la recurrente, señalando que, conforme a los antecedentes administrativos que acompaña, la Superintendencia se limita a ejercer las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere, resolviendo los reclamos deducidos por la recurrente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), luego de que esta confirmara el rechazo de diversas licencias médicas por estimar que el reposo prescrito no se encuentra médicamente justificado.

Como cuestión previa, sostiene que la acción de protección resulta improcedente, por cuanto el conflicto planteado versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de tutela mediante la acción prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, señalando que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones de las ISAPRES y COMPIN, así como el eventual pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44 de 1978, constituyen materias propias del sistema de seguridad social y, por ende, quedan excluidas del ámbito de aplicación del recurso de protección.

Añade que el sistema nacional de seguridad social contempla mecanismos específicos de protección frente a las contingencias derivadas de enfermedades o accidentes que generan incapacidades laborales permanentes o transitorias. En dicho contexto, las pensiones de invalidez son evaluadas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones respecto de los afiliados al sistema creado por el Decreto Ley N° 3.500, mientras que, tratándose de afiliados al antiguo régimen previsional, dichas evaluaciones corresponden a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Asimismo, sostiene que tanto la autorización de subsidios por incapacidad laboral como la determinación de invalidez se encuentran sometidas a procedimientos especiales, reglados y de doble instancia, en los cuales las autoridades competentes realizan un análisis técnico de los antecedentes médicos y administrativos existentes, dejando constancia de su razonamiento en el expediente administrativo respectivo, afirmando que la controversia planteada incide exclusivamente sobre un aspecto específico del derecho a la seguridad social garantizado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, derecho que no integra el catálogo taxativo protegido por el artículo 20 de la Carta Fundamental. En razón de ello, sostiene que la acción constitucional resulta jurídicamente improcedente, añadiendo que el recurso de protección constituye un procedimiento cautelar, excepcional y de urgencia, destinado únicamente a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten las garantías expresamente señaladas por la Constitución, razón por la cual debe aplicarse de manera restrictiva y solo frente a vulneraciones manifiestas que requieran tutela inmediata.

Argumenta que el ordenamiento jurídico contempla un sistema completo de protección legal y reglamentaria para el ejercicio del derecho a la seguridad social, de modo que la controversia planteada debe resolverse conforme a dicho régimen especial y no mediante la acción constitucional deducida, solicitando que, en forma previa al examen del fondo del asunto, se declare la improcedencia de la acción de protección por versar sobre una garantía constitucional no amparada por el artículo 20 de la Constitución Política.

En subsidio de la alegación anterior, informa sobre el fondo de la controversia, señalando que la recurrente solicita a la Superintendencia la reconsideración del Dictamen N° R-01-UME-102913-2025, mediante el cual se confirma la decisión de la Subcomisión Malleco de la COMPIN de la Región de La Araucanía que mantiene el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por treinta días a contar del 13 de abril de 2025, por estimar injustificado el reposo prescrito. Asimismo, señala que la interesada reclama respecto de otras licencias médicas rechazadas bajo la misma causal, las que, en conjunto, comprenden un período de 273 días de reposo.

Refiere que la Superintendencia analiza los antecedentes médicos y administrativos aportados al procedimiento y concluye que el reposo indicado en las licencias médicas individualizadas no se encuentra médicamente justificado, por cuanto dichos antecedentes no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral que justifique un período superior a los sesenta y seis días de reposo previamente autorizados respecto de la misma patología, añadiendo que los antecedentes clínicos presentados no demuestran que el reposo tenga un rol terapéutico efectivo, desde que el tratamiento farmacológico permanece estable, sin modificaciones, intensificación ni ajustes relevantes que justifiquen la prolongación del descanso laboral. Del mismo modo, señala que no consta derivación a dispositivos asistenciales de mayor complejidad ni la implementación de otras intervenciones terapéuticas compatibles con la duración del reposo prescrito.

Respecto de determinadas licencias médicas, precisa que la Superintendencia se abstiene de emitir pronunciamiento debido a que no se acompañan las resoluciones recaídas en los recursos de reposición previamente deducidos ante la COMPIN correspondiente, circunstancia consignada en la Resolución Exenta N° R-01-DC-45389-2026.

Finalmente, reproduce las conclusiones emitidas por la profesional médica de la Superintendencia, quien, sobre la base de los antecedentes clínicos disponibles, informa que la recurrente registra un extenso período de reposo laboral por patología psiquiátrica, sin que el tratamiento farmacológico alcance dosis plenas ni presente ajustes acordes con la evolución clínica, estimando que la prolongación del reposo carece de rol terapéutico y que no se observa adecuación del tratamiento en relación con la evolución del cuadro clínico.

Luego, la Superintendencia precisa el marco jurídico que regula la materia objeto del recurso, señalando que el sistema de seguridad social contempla mecanismos destinados a cubrir las diversas contingencias que pueden afectar la capacidad laboral de los trabajadores. En tal contexto, distingue entre incapacidades permanentes e incapacidades temporales. Respecto de las primeras, señala que el ordenamiento jurídico prevé el otorgamiento de pensiones de invalidez, cuya evaluación corresponde a las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, según el régimen previsional aplicable al trabajador.

En cuanto a las incapacidades laborales transitorias, indica que el ordenamiento contempla la licencia médica, regulada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 y en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud. Precisa que, una vez autorizada por la autoridad competente (COMPIN o ISAPRE, según corresponda), la licencia puede dar derecho al pago del subsidio por incapacidad laboral o, tratándose de funcionarios afectos a estatutos especiales, al pago de sus remuneraciones, explicando que la licencia médica constituye un mecanismo destinado a suspender temporalmente la capacidad laboral del trabajador con la finalidad de permitir su recuperación mediante reposo y tratamiento médico, de manera que pueda reincorporarse posteriormente a sus funciones.

Añade que el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 reconoce el derecho de los trabajadores dependientes e independientes que hacen uso de licencia médica por enfermedad común o accidente no laboral a percibir el subsidio correspondiente, cuyo otorgamiento se rige por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44 de 1978. Asimismo, señala que dicho beneficio también resulta aplicable a los afiliados a instituciones de salud previsional, haciendo presente que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 define la licencia médica como el derecho del trabajador para ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un período determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la autoridad competente, pudiendo dar lugar, durante su vigencia, al pago del subsidio correspondiente.

Sobre esta base, sostiene que la licencia médica constituye un derecho de naturaleza esencialmente temporal, cuya finalidad es favorecer la recuperación de la salud del trabajador y posibilitar su reintegro efectivo a la actividad laboral, manifestando que los profesionales médicos de la Superintendencia, ejerciendo las facultades conferidas por el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, analizan los antecedentes clínicos y administrativos del caso y concluyen que éstos resultan suficientes para formar convicción médica, sin estimar necesaria la solicitud de nuevos informes.

Agrega que la resolución impugnada se ajusta igualmente a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 20.585, que establece que determinadas patologías deben evaluarse conforme a guías clínicas referenciales dictadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, citando el Decreto Supremo N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud, el cual regula las patologías de salud mental y establece que, tratándose de reposos superiores a sesenta días, prorrogables hasta ciento ochenta días, éstos deben ser otorgados por médico psiquiatra, respaldados por informe pericial especializado y fundados en síntomas graves, refractariedad al tratamiento, evaluaciones periódicas y un plan terapéutico integral que considere tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales.

A partir de dichas normas, sostiene que la actuación de la Superintendencia se desarrolla con estricto apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan sus competencias fiscalizadoras, indicando que corresponde a dicho organismo cumplir el mandato constitucional de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al inciso cuarto del artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, añadiendo que el artículo 3° de la Ley N° 16.395 le confiere el carácter de autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, atribuyéndole facultades de control en los ámbitos médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como respecto de la calidad y oportunidad de las prestaciones.

Asimismo, hace presente que el artículo 27 del mismo cuerpo legal dispone que, en las materias que no derivan del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud permanece sujeto al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, explicando igualmente que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, el organismo debe velar por el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas, resguardando tanto a los cotizantes de FONASA como de las ISAPRES, circunstancia que, a su juicio, descarta cualquier actuación arbitraria o ilegal en el ejercicio de sus atribuciones, añadiendo que la pretensión de la recurrente consiste, en definitiva, en obtener la autorización de las licencias médicas rechazadas y el consecuente pago del subsidio por incapacidad laboral, pretensión que no sólo carece de fundamento conforme a los antecedentes médicos y jurídicos analizados, sino que además excede manifiestamente el ámbito de protección del recurso de protección.

Sostiene que dicha acción constitucional únicamente tutela derechos preexistentes e indubitados y que, en el presente caso, el supuesto derecho de la recurrente al otorgamiento de las licencias médicas y al pago del subsidio no reviste tales características, toda vez que tanto la COMPIN como la Superintendencia concluyen, luego de sucesivas revisiones técnicas, que el reposo prescrito no resulta médicamente justificado, afirmando igualmente que no existe actuación ilegal o arbitraria atribuible a la Superintendencia, pues ésta se limita a resolver el reclamo dentro del ámbito de sus competencias legales y con pleno fundamento técnico.

Niega, por consiguiente, que se configure vulneración de los derechos a la vida e integridad física o psíquica, del derecho de propiedad o de cualquier otra garantía constitucional invocada por la recurrente, añadiendo que la sola emisión de una licencia médica por parte del profesional tratante no genera automáticamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral, puesto que dicho beneficio exige, en primer término, que la licencia sea autorizada por el organismo competente y, además, que concurran los requisitos legales previstos para el otorgamiento del subsidio, los cuales varían según la calidad de trabajador dependiente o independiente.

Hace presente que el artículo 17 del Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas dispone expresamente que sólo una licencia autorizada constituye documento oficial que justifica la ausencia laboral y que ésta puede o no dar derecho al subsidio o remuneración correspondiente, por lo que la recurrente no puede invocar un derecho de propiedad sobre subsidios que nunca ingresan válidamente a su patrimonio, precisamente porque las licencias médicas respectivas no son autorizadas.

Afirma que admitir que la sola emisión de una licencia médica produce todos sus efectos jurídicos implicaría privar de eficacia las facultades legales conferidas a las ISAPRES y a la COMPIN para rechazarlas cuando concurre alguna de las causales previstas en la normativa vigente, conclusión que estima incompatible con el sistema legal, estimando que la resolución impugnada contiene una fundamentación técnica suficiente, derivada del estudio y ponderación de los antecedentes médicos y administrativos del caso, de manera que no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino el resultado del ejercicio regular de las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social.

En mérito de todo lo expuesto, la Superintendencia de Seguridad Social sostiene que la resolución impugnada se dicta dentro del ámbito de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere, con estricto apego a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable y sobre la base de una evaluación técnica de los antecedentes médicos y administrativos acompañados al expediente.

Afirma que no concurre actuación ilegal ni arbitraria susceptible de ser corregida mediante la acción de protección, toda vez que el rechazo de las licencias médicas obedece a un procedimiento reglado y fundado, desarrollado conforme a las competencias que la ley entrega a dicho organismo fiscalizador. Del mismo modo, sostiene que la controversia promovida por la recurrente versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, las que cuentan con un régimen especial de protección y revisión administrativa y no se encuentran comprendidas dentro de las garantías cauteladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, añadiendo que los antecedentes médicos disponibles no permiten acreditar la necesidad de prolongar el reposo laboral prescrito ni la existencia de incapacidad laboral que justifique la autorización de las licencias médicas reclamadas, razón por la cual las decisiones adoptadas tanto por la COMPIN como por la Superintendencia responden a criterios técnicos objetivos y se encuentran suficientemente motivadas.

En consecuencia, sostiene que la recurrente no acredita la existencia de un derecho indubitado cuyo ejercicio haya sido perturbado o privado por un acto ilegal o arbitrario de la autoridad administrativa, ni demuestra la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso de protección carece de fundamento tanto en sus aspectos formales como sustantivos.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido respecto del recurso de protección deducido por doña nombre reservado y, en definitiva, se rechace íntegramente la acción constitucional, con expresa condena en costas, acompañando copia íntegra del expediente administrativo correspondiente al caso de la recurrente, como fundamento documental del informe evacuado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, antes de abordar el examen del fondo de la controversia, corresponde pronunciarse respecto de la alegación de improcedencia del recurso formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el conflicto planteado versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, garantía consagrada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, la que no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de tutela mediante la presente acción constitucional.

Sin embargo, dicha alegación no puede prosperar. En efecto, si bien la controversia tiene su origen en resoluciones dictadas en el contexto del régimen de licencias médicas y del subsidio por incapacidad laboral, la recurrente no denuncia únicamente una eventual afectación al derecho a la seguridad social, sino que atribuye a las recurridas la vulneración de otras garantías constitucionales, particularmente las contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sosteniendo que las resoluciones impugnadas carecen de la debida fundamentación y, por ende, adolecen de arbitrariedad e ilegalidad.

En estas condiciones, corresponde a esta Corte verificar si los actos administrativos cuestionados satisfacen las exigencias de juridicidad, razonabilidad y debida motivación que exige el ordenamiento jurídico, sin que ello implique sustituir las competencias técnicas que la ley entrega a los órganos administrativos especializados.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, el acto recurrido está constituido, por una parte, por la Resolución Exenta N° R-01-DC-45389-2026, de 31 de marzo de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de diversas licencias médicas otorgadas a la recurrente y, por otra, por la falta de pronunciamiento respecto de otras licencias individualizadas en el recurso.

Quinto: Que, sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Sexto: Que, a su vez, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

Séptimo: Que de los antecedentes incorporados al proceso aparece acreditado que las licencias médicas cuya autorización fue finalmente denegada fueron revisadas, en primer término, por la COMPIN competente y, posteriormente, por la Superintendencia de Seguridad Social, organismos que confirmaron los respectivos rechazos sobre la base de los antecedentes clínicos y administrativos reunidos durante la tramitación del procedimiento.

En cada caso se estimó, según correspondía, que el reposo prescrito carecía de justificación médica suficiente, resultaba excesivamente prolongado o bien que la patología presentada correspondía a una enfermedad de carácter crónico respecto de la cual el reposo había perdido toda finalidad terapéutica.

Asimismo, consta que dichas conclusiones fueron adoptadas luego de analizar el historial clínico de la recurrente, los informes médicos acompañados, la duración del reposo otorgado, las guías referenciales aplicables a patologías de salud mental y las evaluaciones efectuadas tanto por la Contraloría Médica de la COMPIN como por los profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social.

Octavo: Que, en efecto, de los informes evacuados por las recurridas se desprende que la actora registra un extenso período de reposo continuo asociado a diagnósticos psiquiátricos, superior a cuatrocientos sesenta días.

Sobre la base de tales antecedentes, los organismos técnicos concluyeron que el tratamiento instaurado no evidenciaba modificaciones terapéuticas que justificaran la prolongación indefinida del reposo laboral, estimando que éste había dejado de cumplir una finalidad curativa y que correspondía evaluar la procedencia de otras prestaciones contempladas por el sistema previsional.

En este contexto, las resoluciones impugnadas contienen una fundamentación suficiente, sustentada en antecedentes técnicos y médicos que permiten comprender las razones por las cuales se concluyó que el reposo prescrito no reunía los requisitos exigidos por la normativa vigente para autorizar las respectivas licencias médicas, sin que corresponda a esta sede cautelar sustituir el criterio especializado de los órganos legalmente competentes por el propio de este tribunal.

Noveno: Que tampoco es posible calificar como arbitraria la circunstancia de que la Superintendencia de Seguridad Social se haya abstenido de emitir pronunciamiento respecto de determinadas licencias médicas.

En efecto, de los antecedentes administrativos aparece que ello obedeció a la ausencia de un presupuesto procedimental indispensable para el ejercicio de su competencia revisora, consistente en la falta de acompañamiento de las resoluciones recaídas en los recursos previamente interpuestos ante la COMPIN o, derechamente, en la inexistencia de impugnación administrativa respecto de algunas de dichas licencias.

En consecuencia, la falta de pronunciamiento respecto de aquellas licencias no constituye una actuación ilegal o arbitraria, sino la consecuencia del incumplimiento de las exigencias establecidas por el procedimiento administrativo aplicable a esta clase de materias.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte que las recurridas hayan actuado fuera del ámbito de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les confiere ni que las resoluciones impugnadas carezcan de la fundamentación necesaria para sustentar las decisiones adoptadas.

Por el contrario, de los antecedentes aparece que tales decisiones fueron dictadas dentro del marco de las competencias técnicas entregadas por la ley a la COMPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, previa evaluación de los antecedentes clínicos y administrativos disponibles, sin que esta Corte advierta la existencia de arbitrariedad, ilegalidad manifiesta o desviación de poder que justifique el otorgamiento de tutela mediante la presente acción cautelar.

Undécimo: Que, descartada la existencia de un actuar arbitrario o ilegal por parte de las recurridas, tampoco es posible concluir que las resoluciones impugnadas hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que la afectación denunciada deriva del ejercicio regular de potestades administrativas expresamente conferidas por la legislación vigente, sin que se haya acreditado la existencia de un derecho indubitado cuyo restablecimiento corresponda ordenar por esta vía excepcional.

Duodécimo: Que, por las mismas razones, no puede estimarse vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, desde que no existe antecedente alguno que permita concluir que las recurridas hayan otorgado a la actora un tratamiento distinto del previsto por la normativa aplicable o que hayan resuelto sobre la base de criterios ajenos a los antecedentes clínicos y técnicos examinados durante la tramitación administrativa.

Décimo Tercero: Que, en lo relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica, la recurrente tampoco logra demostrar que el rechazo de las licencias médicas constituya, por sí solo, una actuación arbitraria o ilegal susceptible de afectar dichas garantías, puesto que las decisiones cuestionadas obedecen a una evaluación médica especializada realizada por los organismos competentes conforme a la normativa vigente.

Décimo Cuarto: Que idéntica conclusión corresponde respecto del derecho de propiedad invocado, por cuanto el subsidio por incapacidad laboral únicamente nace una vez que la respectiva licencia médica ha sido autorizada por la autoridad competente, circunstancia que no concurre en la especie, de manera que la recurrente no es titular de un derecho patrimonial indubitado susceptible de protección mediante esta acción constitucional.

Décimo Quinto: Que, en definitiva, no aparece acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a las recurridas que haya vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que Se Rechaza, sin costas la alegación de improcedencia de la acción deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que, Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y del Ministerio de Salud (Compín).

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo de la Ministro Titular José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-1336-2026 (pvb).