COMUNIDAD EDIFICIO EUROAMERICA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dos de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, médico cirujano, en su calidad de presidente del Comité de Administración de la comunidad Edificio Euroamérica, domiciliado en domicilio reservado, en representación legal de la referida comunidad, interponiendo acción de protección en contra de doña nombre reservado, nombre reservado de esta ciudad, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso, señalando que el recurso se deduce en beneficio de copropietarios, arrendatarios y/o usuarios, concurrentes en general al Edificio Euroamérica y en especial sus trabajadores: nombre reservado, RUN RUT reservado; nombre reservado, RUN RUT reservado; nombre reservado, RUN RUT reservado; nombre reservado, RUN RUT reservado; nombre reservado, RUN RUT reservado. Destaca que el Edificio Euroamérica, ubicado en domicilio reservado es un edificio que cuenta con 24 estacionamientos subterráneos, dos locales comerciales, 47 oficinas, 27 archivos, más una serie de espacios comunes destinados a la administración, servicios y circulación. Añade que el edificio en su acceso cuenta con escaleras para el ingreso de copropietarios, usuarios de las oficinas y estacionamientos y público en general. Asimismo, en el acceso cuenta con una instalación de red seca, red húmeda y red inherte para cumplimiento de la normativa destinada a la actuación frente a casos de incendios, cámaras de seguridad que sirven tanto para seguridad dentro del edificio, como fuera de éste, como la atención de personas en situación de discapacidad y también para la colaboración a éstas por parte del personal de conserjería. Añade que en cada planta o piso, el Edificio Euroamérica cuenta con espacios comunes como pasillos, escaleras, ascensores, etc. Como elemento clave para la comprensión de este recurso, precisa que es menester señalar que en el primer piso con acceso compartido a las escaleras que permiten el ingreso al edificio pero en este caso de manera directa desde la vereda existe la oficina 101. Dicha oficina, tipo “local comercial” es ocupada por la recurrida para desarrollar su cargo de Notario Público de Temuco. Asimismo, ella ha arrendado las oficinas ubicadas en el segundo piso del mismo edificio.

Agregan que han sido testigos como Comunidad que la recurrida ha desplegado una serie de conductas que ponen en riesgo la integridad física de los copropietarios, sus arrendatarios y/o usuarios, sus trabajadores y concurrentes en general al Edificio.

Desglosa tales conductas:

1ª conducta: La recurrida no realizó gestión alguna para prevenir o remediar la situación de alta congestión de personas, usuarias de su servicio, en el acceso del edificio. Las personas usuarias de la Notaría se aglomeraban en la escalera bloqueando los accesos que son comunes, impidiendo el tránsito de copropietarios, usuarios y concurrentes a las otras oficinas quienes evidentemente no podían evitar el contacto físico incumpliendo las medidas impuestas por la autoridad sanitaria y la autoridad Judicial a través de la Excma. Corte Suprema por tanto poniendo en riesgo su integridad física. De esta forma resulta que muy por el contrario de lo que se ve en otras notarías donde funcionarios o los mismos notarios salen a las veredas a organizar a las personas para que ocupen media vereda, en el caso de la recurrida se fomenta la utilización de 2 filas utilizándola completamente y sin señalamiento de la separación mínima recomendada (distanciamiento social). Añade que fue por ello que la Administración del Edificio dispuso la separación de los accesos, se instaló con cargo a toda la comunidad paneles divisorios para en alguna medida permitir que los demás usuarios del Edificio Euroamérica accediesen a él. Asimismo, atendida la alta manipulación y contacto físico se instalaron puertas sobre las escaleras en el elevador para personas discapacitadas de la escalera de acceso, que está instalada precisamente para que sirva tanto para las personas usuarias de la oficina 101 como todas las demás. Sin embargo, indica que persiste el aglutinamiento de usuarios al exterior.

2ª conducta: Instalados los paneles, resultó que la recurrida –desconocen el motivo aunque presumen que se trató de disminuir el volumen de gente al exterior- instaló sillas en las áreas comunes del Edificio en el 2º piso donde también tiene oficinas. Sin perjuicio de que el espacio común dé acceso sólo a sus oficinas ello no le hace perder la condición de espacio de dominio común. A mayor abundamiento es el personal de aseo de la comunidad quien debe ejecutar los procesos de higienización constante por la alta circulación y permanencia de personas porque con las sillas instaladas precisamente se fomenta la permanencia de personas en estas áreas que son de poca superficie. Por otra parte, es el personal de conserjería quien debe supervisar que no se generen aglomeraciones pues tampoco se trata de un espacio donde la recurrida controle la cantidad de personas que se reúnen allí, pasando por alto toda normativa de aforos permitidos. Por lo demás la instalación de muebles en espacios comunes se encuentra prohibida en el artículo séptimo del Reglamento de Copropiedad en la letra f), normativa que la recurrida no acata.

3ª conducta: Ha resultado que la recurrida no reporta a la Administración del Edificio, sea a su Administradora, al Comité de Administración o a su presidente, de la existencia o aplicación de protocolos sanitarios frente a casos Covid19 positivos que ha tenido. Evidentemente, indica que respetan el derecho a la intimidad y vida privada y no están interesados en saber la identidad de quién se enfermó, pero sí resulta del todo relevante saber si ha sido un trabajador. Agrega que la recurrida pretende jugar a una “ley del empate” negándose a proporcionar información, acusándoles de hostigarla, de acoso, etc. en circunstancias que cuando han tenido trabajadores con Covid19 positivos han adoptado todas las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria.

4ª conducta: La recurrida ha mantenido una constante conducta de incumplimiento a la normativa contenida en el Acta N°53-2020 dictada por la Excma. Corte Suprema, denominado Auto Acordado sobre Funcionamiento del Poder Judicial durante la Emergencia Sanitaria Nacional Provocada por el Brote del nuevo Coronavirus, y que le resulta aplicable según el artículo 28 del mismo texto. En efecto, al concurrir al citado espacio es posible constatar cómo cada módulo de trabajo se encuentra ocupado, no privilegiando de este modo el teletrabajo o el sistema de turnos. Asimismo, en particular respecto del Acuerdo 92-2020 dictado por esta Ilma. Corte, en aquello que indica como instrucciones generales de limitación al mínimo de la dotación presencial en que se espera que ésta no supere un porcentaje cercano al 10%, resulta claramente infringido en este servicio y según se desprende de ciertas comunicaciones que han tenido con la recurrida en su oficio se generó una persona con Covid 19 por lo que pueden suponer que no se procedió conforme a lo instruido por la Ilma. Corte en orden a realizar el cierre inmediato de las dependencias para sanitizar, pues no vieron a personal alguno realizando tal gestión y menos fueron informados. En cuanto al horario de funcionamiento de atención de público, mientras en las demás Notarías de la ciudad es posible ver como cierran sus puertas a las 13.00hras, en la Notaría de la recurrida la atención no cesa sino cerca de las 17.00 con la misma realidad que han venido comentando de fuerte aglomeración de personas y sin que la recurrida adopte alguna medida que permita el distanciamiento social al menos y que es la principal medida de resguardo para todos quienes de una u otra forma usan el Edificio Euroamérica.

5ª conducta: A mayor abundamiento y no menos importante resulta destacar que desde el día 07 de abril de 2021 la recurrida procedió a la instalación de sendos toldos en el acceso al edificio, en la vereda. Dichos toldos (3) y se proyectan anclados al suelo con pernos desde el extremo poniente del edificio hasta cubrir el acceso de la Notaría. Si bien lo anterior no afecta per sé a la comunidad pues entendemos que se hace para aplacar en alguna medida las lluvias propias de nuestra zona geográfica, lo cierto es que la recurrida no precavió en lo sucedido el 08 de abril de 2021 cuando producto de las intensas lluvias éstos toldos se transformaron en duchas pues concentraban el agua, además los usuarios se aglomeran bajo el toldo, lo que rompe claramente la medida exigida por la autoridad sanitaria del distanciamiento social y al instalarlos sin consulta alguna a la comunidad no se percató de que obstaculizan la vista de la cámara de seguridad. Esta última circunstancia no es baladí pues en la práctica no permite al conserje desde el interior puedan ver cuando una persona en discapacidad requiere el uso del elevador de acceso (que está precisamente al exterior), tampoco menos cumplir con la observación y cumplimiento de la seguridad de esta comunidad y menos permite a los conserjes ver el acceso vehicular debido a que la lona tapa lo cubre, lo que no ayuda a preveer acciones de peligro tanto para los transeúntes, como también para los usuarios de la misma notaria que se aglomeran en el acceso vehicular.

6ª conducta. Finalmente otra conducta que amenaza la garantía constitucional es que al instalar los toldos la recurrida no verificó que el primero de ellos (costado poniente del edificio) queda sobre la instalación de red seca destinada a ser utilizada en casos de incendio. De esta forma la conexión que debiese ser rápida y fluida en caso de emergencia perfectamente puede verse obstaculizada por la existencia de los toldos metálicos anclados con pernos en la vereda y procedió a amarrar con alambre uno de los toldos a la fachada del edificio atropellando los aspectos reglamentarios para este efecto que posee la Comunidad Euroamérica.

En cuanto a las garantías constitucionales amenazadas con el proceder de la recurrida, explica que cada acto es arbitrario pues pasa por encima del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las demás personas: de los copropietarios, sus arrendatarios y/o usuarios, sus trabajadores (incluyendo los de la recurrida) y concurrentes en general al Edificio. Esta situación es de carácter grave porque no sólo implica contraer una enfermedad de poca monta sino una que ha traído la muerte a más de 24.483 personas a nivel nacional y 756 a nivel regional al día 13 de abril de 2021.

Agrega que como es conocido por todos, actualmente se ha declarado como pandemia mundial el virus COVID-19 también conocido como Coronavirus y esta declaración la ha emitido la Organización Mundial de la Salud y ha sido reconocida por nuestras autoridades de gobierno quienes han decretado estado de catástrofe desde ya hace más de un año cuando los casos eran muy inferiores a los que hoy vemos.

Señala que los hechos relatados dejan en evidencia que el comportamiento de la institución ya indicada con su actuar temerario y desconsiderado con la normativa sanitaria y las instrucciones perentorias de la Ilustrísima Corte Suprema (sic) está amenazando de manera grave el derecho a la vida e integridad física de las personas que componen la Comunidad Edificio Euroamérica, sus trabajadores, sus arrendatarios, comodatarios, ocupantes en general y usuarios, derecho consagrado en el numeral 1º del Artículo 19 de la Constitución. Esto pues se sabe que más allá de la posibilidad de contraer la enfermedad, ésta en numerosos casos ha resultado mortal sin distinguir edades o condiciones de salud preexistentes y sumado a lo anterior las graves secuelas crónicas y permanentes que le dejan a las personas en muchos casos cuando no fallecen. Esta garantía además se encuentra consagrada no sólo en la Constitución sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el ámbito laboral esta garantía se encuentra especificada en el artículo 184 y siguientes del Código del Trabajo.

Solicita en consecuencia, se acoja el recurso y se declare: 1) que debe garantizar que sus usuarios no obstaculicen el acceso de los demás usuarios del edificio donde tiene su oficio.2) que debe adoptar las medidas para que sus usuarios no obstaculicen los espacios comunes de tal forma que se cumplan con las medidas de distanciamiento social. 3) que debe acatar las medidas de no instalación de objetos muebles en los espacios comunes por cuanto hay motivos sanitarios también para tal prohibición. 4) que debe disponer el retiro de los toldos que bloquean las cámaras que permiten a los conserjes la vigilancia y auxilio de personas en situación de discapacidad o al menos aquel que bloquea tal vista.5) que debe disponer el retiro del toldo que bloquea el acceso a la red seca del edificio.6) que debe informar a la administración del edificio cuando se registre un caso Covid19 positivo en su oficio para que ésta adopte las medidas de sanitización de los espacios comunes y de resguardo de los trabajadores de la Comunidad.7) que debe acatar las instrucciones del acta 92-2020 y toda otra que resultare pertinente dictada por VS. Iltma. 8) que si la Ilustrísima Corte considera que este lugar no es apto para la atención de público, instruya a la notaria la adopción de un sistema de funcionamiento mediante petición de horas por parte de los usuarios por el bien de sus trabajadores y de nuestra comunidad toda. 9) Todo lo anterior sin perjuicio de otras medidas de protección que la Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso, Acta de Asamblea de Copropietarios de la Comunidad Edificio Euroamérica de fecha 22 de diciembre de 2020 en que consta su personería para obrar judicialmente en representación de la comunidad. Documento con firma electrónico de la Notaría de Temuco de doña nombre reservado anotada en su repertorio con el N°11047-2020 del 24 de diciembre de 2020; Fotografía tomada por cámara de seguridad al acceso del edificio el 02 de marzo de 2021; Fotografía tomada por cámara de seguridad a la vereda el 01 de marzo de 2021; Fotografía tomada por cámara de seguridad al acceso del edificio el 01 de marzo de 2021; fotografía al espacio común de las oficinas 201-202 donde instaló la Notaría sillas de espera; fotografía cámara de seguridad al espacio común fuera de los ascensores donde usuarios de la notaría utilizan para espera las sillas instaladas por la notaría el 30 de junio de 2020; fotografía aglomeración bajo toldos instalado por notaría fuera de la vereda; fotografía comparativa Notaría Leyton, sin toldos, distanciamiento y usuarios en fila usando menos de media vereda; fotografía comparativa Notaría Tadres, sin toldos, usuarios en fila usando menos de media vereda; fotografía comparativa Notaría Basualto, sin toldos, usuarios en fila usando menos de media vereda; fotografía tomada por cámara de seguridad al acceso del edificio el 08 de abril de 2021 bloqueada por toldo hacia oriente fotografía tomada por cámara de seguridad al acceso del edificio el 08 de abril de 2021 bloqueada por toldo hacia poniente.

A folio 17 comparece doña nombre reservado, Notario Público de Temuco, evacuando el informe requerido. Señala que las afirmaciones vertidas en el recurso no corresponden a la realidad, por cuanto, desde el inicio del estado de excepción constitucional, han tomado todas las medidas para ordenar a las personas que hacen fila en la vereda a la entrada de la Notaría y mantener el aforo interno permitido por la autoridad sanitaria, para lo cual ella contrató a tres personas con las que ha trabajado intensamente desde el inicio y, especialmente en los momentos más duros de la pandemia y de las cuarentenas. Explica que en la Notaría se efectúan actuaciones que requiere la presencia de las personas, y de acuerdo a la ley, los documentos privados y los instrumentos públicos que se otorgan ante un Notario deben ser otorgados y autorizados presencialmente, como por ejemplo contratos de compraventa de inmuebles, autorizar mutuos, pagarés, mandatos generales, etc., operaciones que en ocasiones involucran altas sumas de dinero. Por otra parte, muchos de los usuarios son personas de zonas rurales de poca instrucción, a quienes es necesario leerles su escritura, tomarles firma presencialmente; debe comprobarse las identidades de los otorgantes, constatar el conocimiento y consentimiento de las partes. En cuanto a las medidas adoptadas, señala que si bien Carabineros no ha colaborado con ordenar las filas que se producen en la calle, la suscrita diariamente está en la calle motivando para que la gente se ordene y cumpla con el distanciamiento, verificando si hay adultos mayores esperando en la fila o mujeres embarazadas a quienes se les atiende preferentemente. Los abogados que concurren a la Notaría son testigos de que ella está permanentemente en la calle o cerca de la puerta verificando que se cumplan los procedimientos de ingreso de las personas, toma de temperatura, entrega de alcohol Gel, que se mantenga el aforo interno, colaborar con la atención de trámites más rápidos etc., de modo que, no se ajusta a la verdad la aseveración del recurrente al decir que no están ocupados de ordenar a la gente que concurre al oficio, de mantener el distanciamiento social y cumplir con los protocolos de la autoridad de Salud, siempre ha sido su prioridad. Indica que la puerta del edificio está unos a cinco metros de distancia de la puerta de la Notaría y, tal como lo señala el mismo recurrente por decisión propia, instaló puertas y paneles sobre las escaleras de acceso, para separar la entrada de la Notaría de la entrada del edificio, de modo que ellos no tenemos visibilidad hacia la entrada del edificio y, ni siquiera pueden saber si hay gente sentada en las escaleras de entrada al edificio como afirma. Sin embargo, es importante aclarar que nunca se ha visto a personas aglomeradas sentadas en la escalera del edificio, puede haber ocurrido en algunas ocasiones que se hayan sentado una o dos personas, por momentos cortos, pero nunca un estado permanente como quiere hacer creer el recurrente; la gente se mueve, circula en la calle, se cansa de estar de pie, no se puede esperar que se mantenga rígida en la calle ni en la fila.

Destaca que en varias de las fotografías que la recurrente muestra como prueba de una supuesta aglomeración en la Notaría, se aprecian personas que están transitando por la calle y otras que están bastante retiradas de su puerta de acceso. En todo caso, afirma que hay dos guardias del edificio, que dependen del mismo recurrente, quienes podrían ordenar a la gente que se sienta en las escaleras, ya que a ellos les corresponde ordenar la puerta y la entrada del edificio, la cual es una puerta de acceso diferente a la de la Notaría.

Por otro lado, el recurrente afirma que permanentemente se instalan sillas en los pasillos del edificio, lo que tampoco es efectivo. Solo excepcionalmente, en situaciones puntuales, debieron otorgar atención a personas mayores, con problemas de salud o físicos, que no podían esperar en la calle y no los podían tener al interior de la oficina por el cumplimiento del aforo permitido por la autoridad sanitaria, se colocaron dos o tres sillas para su espera, al lado afuera de la puerta de nuestra oficina en el segundo piso, donde no había otra oficina u otras personas funcionando, de modo que, nunca dificultaron el paso ni el tránsito de nadie. Esto ocurrió en cuatro o cinco oportunidades en más de un año, pero suficiente para que el recurrente cada vez utilizara las cámaras para tomar fotografías y enviar correos de denuncia a todos los arrendatarios y propietarios de oficinas del edificio, acusando que se estaban ocupando los espacios comunes, supuestamente poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la integridad de las personas de todo el edificio, según sus dichos, en circunstancias de que en ese piso no había nadie más que ellos, pero además, la espera de las personas en las dos o tres sillas siempre fue por momentos cortos, se trató de personas que no podían estar de pie, por edad o problemas de salud, fueron excepciones por consideraciones humanitarias. A raíz de esto determinó que se le aplicaría una multa, porque supuestamente estaba haciendo mal uso de los espacios comunes, fabricando una votación en la que votó él y otra persona, de las 47 Oficinas que según el mismo señala tiene el edificio, determinó arbitrariamente quien votaba y quien no podía votar y, con todo, solo logro el apoyo del 12% de todos los propietarios, o sea, él y otro votante, lo que redundó finalmente en que el dueño de las oficinas que estaban desocupadas en el segundo piso, les ofreciera arrendarlas a un valor razonable, para que la gente mayor o con problemas de salud que no puede esperar en la calle y no resiste mucho tiempo estar de pie, pueda esperar mientras les toman firma, de modo que, desde inicios del mes de abril del presente año, están ocupando esas oficinas y no han tenido necesidad de poner alguna silla al lado afuera de su puerta.

Finalmente señalar, que a diferencia de lo que expresa el recurrente, siempre se han preocupado de la limpieza e higenización del pasillo y los espacios comunes del segundo piso y no precisamente los guardias del edificio. Por lo tanto, este fundamento de su recurso no corresponde a la verdad y además es extemporáneo.

El recurrente argumenta que deben reportarle a su persona el cumplimiento de sus protocolos sanitarios, por su condición de médico. Le parece importante aclarar que desde el inicio de este proceso se han coordinado permanentemente con las Autoridades de Salud, para la elaboración y aplicación de sus protocolos COVID, los que fueron perfeccionando. Añade que que han sido permanentemente fiscalizados a insistencias del recurrente quien, abusando de su condición de médico llama y presiona permanentemente a los equipos de salud para que los fiscalicen y sancionen. En una de estas fiscalizaciones, septiembre del año 2020, se inició un sumario sanitario en su contra, el que concluyó con la aplicación de una multa, pero, tal como en la misma resolución se indica se contestaron los cargos y, se subsanaron las observaciones y, en visitas posteriores, los fiscalizadores así lo han constatado. Lo importante es que fueron superadas y verificado su cumplimiento en fiscalizaciones posteriores, constatando in situ, en numerosas ocasiones la demarcación que les exigen en la calle y al interior de sus dependencias, los fiscalizadores han verificado el orden la demarcación y la distancia que se observa en sus filas, tal como consta en el acta que se adjunta de fecha 23 de Marzo de presente año 2021. Aclara que sus dependencias son absolutamente independientes de todo el resto del edificio. Las oficinas que ocupan los arrendatarios y propietarios están ubicadas desde el tercer piso hacia arriba, la mayoría, incluido el recurrente, llega en vehículo hasta el subterráneo suben por el ascensor, que ellos no usan porque están en primer y segundo piso y, cuando excepcionalmente se ha requerido utilizarlo, para algunos usuarios con dificultades para caminar y desplazarse o, para subir objetos pesados, no se les ha permite, según los guardias por instrucciones del recurrente. De manera que los usuarios de oficinas del edificio nunca tienen algún contacto con su notaría ni con sus usuarios, salvo los ocupantes de oficinas del edificio que concurren a su notaría a realizar trámites notariales, incluida la administradora del edificio y el propio recurrente.

Señala que sus funcionarios han sido objeto de hostigamiento por parte de los guardias, quienes a la primera hora de la mañana entran a la Notaría por el pasillo del edificio, impidiéndoles infundadamente el ingreso, a todos los funcionarios que cumplen con el uso correcto de mascarilla y alcohol Gel, de modo que, no había ninguna razón para impedirles el paso, los funcionarios fueron respetuosos y educados, y cada vez que esto ocurrió se devolvieron para esperar en la calle, que se abriera la puerta principal de la Notaría. Todo esto motivó una presentación de su parte a la administración, solicitando que se terminara el hostigamiento a los funcionarios y el mal uso de la información. En aquella presentación indicó también que a las personas con capacidades diferentes que concurren a nuestra Notaría, se les estaba negando el uso de la rampa o elevador para ingresar a sus dependencias, argumentando que estaba en reparación, lo que se repitió durante varias semanas. Solicitó se les permitiera el uso de los ascensores, lo cual considera un acto de humanidad, pero además es una exigencia legal.

Apunta que ella paga mes a mes gastos comunes por un monto significativo, por el uso de los bienes y espacios comunes, de modo que, no se entiende que el recurrente en forma antojadiza y arbitraria les prohíba usar los espacios y bienes comunes como el ascensor para el paso de los funcionarios y de personas con limitaciones físicas o de salud o, personas mayores a las que les dificulta subir una escalera para llegar al segundo piso, incluso al primer piso, por cuanto, su entrada tiene también escalera. A lo anterior se suma, que no se les permite subir muebles y objetos pesados por los ascensores, argumentando que los pueden rayar, lo que obliga a sus funcionarios cargar estos elementos por la escalera interna.

Apunta que posteriormente tuvieron un segundo caso y más tarde un tercer caso COVID, en este último hubo claridad en que la cónyuge del funcionario se había contagiado y días más tarde el trabajador presentó los síntomas. En cada caso hubo exámenes PCR y cuarentena de los posibles contactos estrechos. Todos están recuperados. Hoy, todos están vacunados con las dos dosis.

Finalmente, sobre este punto, señala que el Primer caso COVID en el Edificio se manifestó en la guardia del edificio, en el mes de enero del presente año y la actitud fue muy distinta de parte de la Notaría, no acosando a nadie y tampoco solicitando informes, ni acusando a la administración de contagiar a todo el edificio, ni de poner en riesgo la vida, la salud y la integridad del equipo de nuestra Notaría por la situación lamentable.

Expresa que el Acta N°53-2020 dictada por la Excma. Corte Suprema aboga por el Acceso a la justicia, la Transparencia y continuidad del Servicio Judicial, de conformidad con el cual, el estado de excepción constitucional de catástrofe no puede constituir un obstáculo al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos de la República y a la continuidad del servicio judicial, por lo que, en la medida que se encuentre garantizada la vida y la salud de las personas, se preferirá aquellas modalidades que maximicen la transparencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial, de modo que éste ejerza su mandato constitucional en las mejores condiciones posibles- con las limitaciones propias de un estado excepción- en resguardo de los derechos y garantías de las personas. En este sentido explica que el artículo 4 se refiere al resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, se deberá dar énfasis prioritario al resguardo de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Constituyen, para estos efectos, entre otras, por vía ejemplar, aquellas que pertenezcan a cualquiera de los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud en sus canales oficiales, las personas privadas de libertad o sujetas al control especial de la autoridad, los adultos mayores, las mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia de género en cualquier espacio y los niños, niñas y adolescentes que de conformidad a las circunstancias especiales podrían encontrarse en peligro de sufrir. Hace presente que todas las instrucciones y disposiciones contenidas en el Autoacordado, además del resguardo a la vida y salud de funcionarios y usuarios del sistema judicial hacen énfasis en la continuidad del servicio judicial, en este caso, del servicio notarial, manteniendo los altos estándares de calidad en los distintos servicios que se prestan como auxiliares de la administración de justicia. De hecho, el auto acordado consideró aquellas funciones que no se pueden ejercer a distancia o telemáticamente, que precisamente es la función notarial y en el artículo N.13 consideró las situaciones en que la atención de público deba necesariamente prestarse de modo presencial, ella se desarrollará, con prescindencia de las personas a que se refiere el art. 8 de este Auto Acordado, esto es, personas mayores de 70 años, embarazadas, las que padezcan de enfermedades graves, crónicas o de base, etc., - situaciones que no tiene en su oficina- agregó, sólo en el lugar especialmente habilitado, adecuadamente sanitizado, y en el que se hayan practicado todas las medidas de resguardo sanitario necesarias, según las últimas disposiciones sobre la materia que haya comunicado el Ministerio de Salud mediante sus canales de información oficial, todo lo cual se ha cumplido.

Agrega que actualmente cuentan con un espacio de más de seiscientos metros cuadrados, suficientes baños e higienización, ventilación adecuada.

En cuanto a la instalación de toldos a la entrada del edificio, ello es completamente falso. Los mismos se instalaron justo en el exterior del oficio y no en la puerta del edificio, tal como se aprecia en las fotografías que se acompañan; están instalados en la vereda justo en frente de su local, no se ocupa ningún espacio más allá del límite del oficio, no se toca ni la pared ni algún elemento del edificio, los cuales fueron ubicados con autorización de la Municipalidad de Temuco, de quien depende el espacio público sobre el que están puestos. Al día siguiente de su instalación el recurrente llamó a los Carabineros para que en su consulta médica le tomaran la denuncia en contra de la instalación de los toldos, denuncia que no tiene fundamento ni destino alguno. Destaca que es curioso, ya que en su presentación el mismo reconoce que la instalación de los toldos no afecta a la comunidad del edificio Euroamerica, los cuales no afectan la visibilidad, ni obstruyen la red seca destinada a ser utilizada en caso de incendio, nada obstaculiza la visión de la red, nada ha sido anclado frente a ella, la visión y el paso están completamente libres, tal como se aprecia en las fotografías que se acompañan. La instalación de los toldos es un acto de humanidad para proteger de la lluvia a la gente que se ve obligada a hacer fila y a espera, lo cual el público agradece. Añade que también ella sale en su calidad de Notario a tomar firmas a domicilio, la mayoría de ellas sin costo, para personas con dificultades económicas, enfermas o vulnerables físicamente, con dificultades para desplazarse etc.

Por ello, por todo lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas al recurrente.

Finalmente se requirió informe a la SEREMI de Salud, la que se limitó a señalar que revisados sus registros se verifica el Sumario Sanitario N° EXP2009933, en el cual se multó a la referida con 5 UTM, por infracción a la normativa sanitaria. Se adjunta Resolución Exenta correspondiente. De acuerdo a lo informado por el Subdepartamento de Epidemiología de esta SEREMI de Salud, en la Notaría de doña nombre reservado se registrado 3 casos positivos COVID-19, con fecha 23.02.2021, 02.03.2021 y 06-03-2021.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que lo denunciado a través del recurso en el caso sublite, son una serie de conductas y omisiones imputadas a la Sra. nombre reservado recurrida, respecto de las cuales el actor predica arbitrariedad e ilegalidad. Al hacerlo, el recurrente individualiza con precisión sus imputaciones, por lo que esta Corte recogerá esa misma pormenorización contenida en el recurso, a fin de analizar el proceder de la recurrida, al alero de las normas constitucionales que hacen procedente esta acción de emergencia y cautelar.

Cuarto: Que la primera imputación que se efectúa a la Sra. Ministro de Fe recurrida, es una omisión, en concreto, no realizar las gestiones necesarias para prevenir o remediar la situación de alta congestión de personas, que son usuarias de la Notaría, en el acceso del edificio. La recurrida por su parte controvierte dicha falta, aseverando que desde su oficio diariamente se está en la calle motivando para que la gente se ordene y cumpla con el distanciamiento, verificando si hay adultos mayores esperando en la fila o mujeres embarazadas a quienes se les atiende preferentemente.

Quinto: Que el recurso en este primer acápite no será acogido, toda vez que de los antecedentes acompañados a autos, aparece que la Sra. nombre reservado ha adoptado las medidas que están a su alcance para evitar las aglomeraciones a las que hace referencia el recurso, fundamentalmente demarcando la acera a fin de que los usuarios respeten el distanciamiento entre ellos, así como generando filas para que el ingreso sea más ordenado, orientándose las mismas en sentido opuesto al ingreso al edificio.

Sexto: Que sin perjuicio de lo anterior, tienen también en consideración estos sentenciadores, que resulta ser un hecho público y notorio, que a las afueras de las entidades e instituciones que requieren de una atención presencial (como es el de las notarías), las aglomeraciones son una situación lamentable pero de general ocurrencia, que escapa al control total de las autoridades o personas encargadas de los recintos a los que se concurre, desde que los usuarios en comento se sitúan en la vía pública, careciendo entonces de una potestad sobre sus actos, quedando reservado en ese punto a la autoridad respectiva el mantener el orden.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo que se viene diciendo, no debe perderse de vista además que la acción que nos convoca no es una de carácter popular, de manera que deben analizarse las imputaciones efectuadas en relación a las personas que se señalan como afectadas con el proceder que se denuncia, en este caso conforme aparece del recurso, los “copropietarios, arrendatarios y/o usuarios, concurrentes en general al Edificio Euroamérica y en especial sus trabajadores: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado”. Pues bien, aún de concurriendo las aglomeraciones que se refieren en el recurso, no se explica en el mismo ni resulta de los antecedentes, cómo aquello ha podido afectar – al menos en grado de amenaza- el derecho a la vida o integridad física o síquica de las personas a favor de quienes se acciona, más aún cuando, si bien es cierto la Notaría forma parte de la misma edificación, ella tiene un acceso independiente y apartado del ingreso por el cual las personas acceden al edificio, el que además al día de hoy se encuentra separado por un panel divisorio . Por su parte los trabajadores identificados cumplen sus labores al interior del mismo, por lo que tampoco se divisa tal afectación.

Octavo: Que la segunda imputación, dice relación con la instalación por parte de la recurrida, de sillas en las áreas comunes del Edificio, puntualmente en el segundo piso donde también tiene oficinas, ocupando de esa forma el espacio común. Al respecto la recurrida, reconoce haber colocado sillas, pero apunta que ello fue de manera excepcional y a fin de atender a personas adultos mayores, refiriendo que a fin de evitar la reiteración de aquello, se arrendaron oficinas en el segundo piso del edificio, donde hoy la gente que lo necesita realiza la aludida espera.

Noveno: Que en esta parte el recurso también será desoído, pues no se divisa alguna medida remedial que este Tribunal pueda adoptar para hacer cesar el hecho que se considera arbitrario e ilegal, desde que la ocupación de espacios comunes que se denuncia hoy no existe, por lo que a este respecto el mismo ha perdido oportunidad. Sobre el punto es importante resaltar que en estrados fue reconocido por los apoderados de ambas partes, la inexistencia actual de las sillas en comento en los espacios comunes, consecuencia del referido arriendo de oficinas por parte de la recurrida en el segundo piso; debiendo por último tenerse en cuenta en torno al actuar pasado de la Sra. nombre reservado, que además la comunidad adoptó las medidas de sanción que estimó concurrentes ante un eventual incumplimiento del Reglamento de Copropiedad, al aplicarle a la misma una multa.

Décimo: Que lo tercero que se reclama, es no haber reportado a la Administración del Edificio, la existencia o aplicación de protocolos sanitarios frente a casos Covid19 positivos que ha tenido. Sobre el punto indica la recurrida, que desde el inicio de la pandemia se han coordinado permanentemente con las Autoridades de Salud, para la elaboración y aplicación de sus protocolos COVID, siendo permanentemente fiscalizados.

Décimo primero: Que a este respecto el recurso también será rechazado, pues conforme aparece de los antecedentes, ante los casos positivos de COVID 19 en funcionarios de la Notaría, la Sra. Ministro de Fe dio aviso a la autoridad sanitaria respectiva (conforme da cuenta oficio de la SEREMI de Salud), y ha sido de ello enterado el Pleno de este Ilmo. Tribunal ( a través de la Sra. Ministro nombre reservado), según dan cuenta los oficios allegados por la recurrida; cumpliendo con ello con las exigencias legales y reglamentarias existentes sobre el punto. Al respecto cabe hacer presente que no se ha referido en el recurso (ni se ha expuesto en estrados), cuál sería la fuente de la obligación de la recurrida de dar aviso de la existencia de casos positivos de Covid 19 a la Administración del edificio. Al respecto, legítimamente puede entender dicha administración como una norma de buena vecindad el dar el aviso que echa de menos, pero al no existir siquiera una fuente reglamentaria para tal supuesto deber, no puede predicarse ante dicha omisión arbitrariedad ni mucho menos ilegalidad.

Décimo segundo: Que luego el recurrente denuncia que la Sra. Ministro de Fe, ha mantenido una constante conducta de incumplimiento a la normativa contenida en el Acta N°53-2020 dictada por la Excma. Corte Suprema, denominado Auto Acordado sobre Funcionamiento del Poder Judicial durante la Emergencia Sanitaria Nacional Provocada por el Brote del nuevo Coronavirus, pues no se está privilegiando el teletrabajo o el sistema de turnos. Asimismo, el Acuerdo 92-2020 dictado por esta Ilma. Corte, en aquello que indica como instrucciones generales de limitación al mínimo de la dotación presencial, y en cuanto al horario de funcionamiento de atención de público, pues las labores de la Notaría no cesan sino cerca de las 17.00 hrs., con la misma realidad que han venido comentando de fuerte aglomeración de personas y sin que la recurrida adopte alguna medida que permita el distanciamiento social. La recurrida por su parte señala que se ha respetado lo mandatado por ambas Cortes, destacando que dadas las especiales características del servicio prestado por la Notaría, está dentro de las hipótesis excepcionales de presencialidad de las labores.

Décimo tercero: Que tampoco se acogerá el recurso en lo que respecta a este reclamo, en primer lugar, por cuanto la normativa dictada por el máximo Tribunal del país en ejercicio de su facultades económicas, contempla expresamente una regla de excepción y permite el desarrollo de labores presenciales, para aquellas casos en que el servicio no pueda obtenerse cumplidamente mediante el sistema de teletrabajo, como lo es el caso de las actividades desarrolladas por la Notario recurrida, en las que como condición ineludible se necesita de su presencia en su calidad de Ministro de Fe; en segundo lugar, por cuanto conforme aparece de la documental allegada a autos, la presencialidad de las labores y su extensión horaria, fue una cuestión expresamente autorizada por el pleno de este Ilmo. Tribunal, así dan cuenta resoluciones de fecha 22 y 29 de septiembre y 24 de noviembre de 2020, ; finalmente, por cuanto no se explica en el recurso, de qué manera lo que se viene acusando en este acápite (y de manera independiente a la primera conducta denunciada), afecta la garantía constitucional que se invoca en relación a las personas en cuyo favor se acciona.

Décimo cuarto: Que, finalmente, se funda el recuso señalando que la recurrida procedió a la instalación de toldos en el acceso al edificio, en la vereda, afectando con ello la vista de la cámara de seguridad, impidiendo de esa forma cumplir con la observación y cumplimiento de la seguridad de la comunidad; quedando además uno de ellos sobre la instalación de red seca destinada a ser utilizada en casos de incendio, por lo que en caso de emergencia, perfectamente puede verse obstaculizada por la existencia de aquellos. Sobre el punto la recurrida destaca que los toldos en cuestión se emplazan sobre la entrada al oficio, y no al edificio, no tocando la pared ni ningún elemento del edificio, y que los mismos fueron instalados previa autorización de la Municipalidad de Temuco.

Décimo quinto: Que finalmente el recurso tampoco prosperará en lo que se refiere a este aspecto, por cuanto conforme aparece de las fotografías acompañadas por ambas partes, los toldos en cuestión son estructuras portátiles que no se encuentran adosadas al edificio y no se emplazan frente la entrada al mismo; en segundo término por no haberse acreditado las obstaculización del acceso a la red seca que se refiere en el recurso, pues si bien es cierto los toldos aparecen aparcados sobre tal red, no impiden ni dificultan el acceso a la misma; en tercer lugar, por no explicitarse nuevamente en el recurso -ni haberse señalado en estrados- en qué sentido la instalación de los toldos puede afectar el derecho a la vida, y a la integridad física y síquica de las personas en cuyo favor se acciona. A mayor abundamiento, lejos de arbitrariedad en la actitud que se analiza, se divisa un gesto mínimo de deferencia hacia el público que debe asistir a la Notaría, el que dadas las especiales circunstancias sanitarias por las que se atraviesan, deben hacer filas en las vías públicas expuestos a las inclemencias climáticas, permitiendo los toldos en cuestión alivianar en parte esa carga; siendo tal fin el que además tuvo en consideración la Municipalidad de Temuco para autorizar expresamente la instalación de los aludidos toldos, conforme da cuenta copia de correo electrónico emanado del Jefe de Gabinete del Sr. Alcalde, de fecha 13 de abril de 2021.

Décimo sexto: Que así las cosas, no divisándose ningún acto ni omisión arbitrario ni ilegal con los caracteres descritos en el considerando primero y segundo de este fallo, y que afecten las garantías constitucionales de las personas a favor de quien se interpone, forzoso será rechazar el recurso, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA SIN LUGAR, el deducido por don nombre reservado, en su calidad de presidente del Comité de Administración de la comunidad Edificio Euroamérica, en contra de doña nombre reservado, Notario Público de Temuco, y en favor de los copropietarios, arrendatarios y/o usuarios, concurrentes en general al Edificio Euroamérica y en especial sus trabajadores: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado.

Estimando que el actor tuvo motivos plausibles para litigar, se dispone que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Abogado Integrante Sr. Alexis Salvador Gómez Valdivia.

Rol N° Protección-1324-2021.(jog)