nombre reservado con FISCO-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinte de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, comparece JOAQUIN CÁRDENAS KAECHELE, abogado, chileno, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, asistente social, chileno, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quienes presentan recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUT RUT reservado, Representada legalmente por nombre reservado, RUN N°RUT reservado, o por quien la reemplace, subrogue o haga sus veces, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que con fecha 20 de enero del año 2020, en atención al evidente estado de insolvencia en que se encontraba el recurrente, decidió presentar una solicitud de liquidación voluntaria, procedimiento que se radicó en el Primer Juzgado Civil de Temuco, bajo el rol N°293-2020, caratulado “/nombre reservado”. En la mentada solicitud de liquidación, y de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, el recurrente señaló e identificó el estado de sus deudas, con nombre, domicilio, contacto de los acreedores y naturaleza del crédito.

A partir de ello, con fecha 24 de marzo del año 2020, se dicta la respectiva resolución de liquidación en el procedimiento concursal, debiendo concurrir posteriormente los distintos acreedores a verificar sus créditos de conformidad a lo establecido en la Ley N°20.720. Tras concluirse el procedimiento, habiendo dado cabal cumplimiento a cada una de las etapas de este, se dictó resolución de término con fecha 24 de septiembre del año 2021.

Con fecha 22 de octubre del mismo año, el tribunal certificó que la resolución señalada anteriormente se encontraba firme y ejecutoriada, logrando la rehabilitación financiera del recurrente, tal como es objetivo de un procedimiento de este tipo.

Que, durante el presente año -2023- y a raíz del proceso de devolución de impuestos, el recurrente solicitó con fecha 06 de julio que se realizara la debida devolución de los impuestos retenidos desde el año 2020 a la fecha de esta presentación, cuya suma total es de $4.065.790.- por los periodos 2020, 2021, 2022 y 2023.

Luego, con fecha 14 de julio se le comunica al recurrente que, en virtud de la solicitud, ha sido autorizada la devolución de los períodos señalados precedentemente, y que el pago se materializaría en 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le notificó la resolución respectiva.

Pues bien, con fecha 05 de agosto del 2023, al ingresar al portal de tesorería para revisar el estado de pago de la devolución de impuestos, y sin mediar ninguna notificación formal al correo electrónico, se aprecia que todas las devoluciones que debían ser depositadas al recurrente aparecen retenidas en virtud de deuda del Crédito Universitario, desconociendo completamente los efectos extintivos de la sentencia que puso término al procedimiento concursal ya señalado.

Indica que el actuar de Tesorería General de la República es arbitrario e ilegal al disponer la retención de la devolución señalada, deja de manifiesto la mala fe en su actuar, pues esta entidad estaba en conocimiento del procedimiento de liquidación concursal, al haberse hecho parte del propio procedimiento. Y, por tanto, habiendo tenido la posibilidad de verificar y excluir aquellos créditos de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Esta situación, en que la Tesorería General de la República ha decidido ignorar completamente una sentencia firme y ejecutoriada en que se extinguieron todas las deudas contraídas con anterioridad a dicha resolución, resulta incomprensible que habiendo sido parte de un proceso concursal y no habiendo ejercitado las acciones al interior del procedimiento que tenía a su disposición para objetar el crédito, ahora de manera arbitraria y unilateral pretenda ignorar los efectos de una resolución judicial firme.

Agrega que los hechos constituirían una afectación grave a su derecho a la honra y vida privada consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la que se afectó en el momento que continuó registrando y realizando retenciones del incumplimiento de carácter económico en circunstancias que la deuda se encontraba extinta por resolución judicial. Con el actuar ilegal y arbitrario de Tesorería General de la República se ha afectado el prestigio y crédito público del recurrente, mostrándole como una persona deudora incapaz de cumplir con sus obligaciones.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario es dable señalar que el proceder caprichoso e infundado por la recurrida, radica en que sin mayores antecedentes ha desconocido toda lógica del Procedimiento Concursal, puntualmente, el efecto universal de la resolución de término, la cual una vez dictada rige respecto de todas las personas, vale decir acreedores que pudiera tener el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento de liquidación y respecto de toda clase de deudas. El acto respecto del cual se recurre desconoce, sin mayores fundamentos, de manera absoluta dicho efecto.

Sumado a la arbitrariedad de su actuar está la ilegalidad del mismo, limitando cabalmente lo efectos propios de la resolución de término establecido en el artículo 255 de la ley 20.720 que reza como se sigue: Artículo 255 de la ley 20.720 “Una vez se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación”. Este artículo contiene el efecto libratorio de la Ley 20.720 respecto de las obligaciones contraídas con anterioridad al procedimiento de Liquidación. Este efecto corresponde al tenor literal de la norma y no puede ser desconocido.

Que, en el mismo sentido anterior, se ha vulnerado el derecho consagrado en el artículo 19 N°24, en cuanto se le ha privado del dominio de montos en dinero que le pertenecen y que ha dejado de percibir a partir del actuar arbitrario e ilegal cometido por Tesorería General de la República.

Previas citas jurisprudenciales y legales, solicita hacer lugar al recurso de protección, adoptando todas las medidas y providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien recurre, declarando, en definitiva, que se ordena a TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a adoptar todas las medidas necesarias, tendientes a eliminar las deudas extintas de sus registros y proceder con el pago en favor de don nombre reservado de los montos ilegalmente retenidos, con costas Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de Resolución de Liquidación emitida en causa ROL C-293-2020, en el Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulada /nombre reservado, de fecha 24 de marzo del 2020.

2.- Copia de Resolución de Termino dictada en causa ROL C-293-2020, en el Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulada /nombre reservado, de fecha 24 de septiembre del 2021.

3.- Copia de solicitud de Liquidación Voluntaria en causa ROL C-293-2020, en el Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulada /nombre reservado, de fecha 20 de enero del 2020.

4.- Copia de certificado de ejecutoria, de fecha 22 de octubre del 2021, respecto de la resolución de término dictada en causa ROL C-293-2020, en el Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulada /nombre reservado.

5.- Copia de comprobante de solicitud de devolución de impuestos en Tesorería General de la República, de fecha 06 de julio del 2023 6.- Copia de resolución que autoriza la devolución de montos retenidos por parte de Tesorería General de la República, de fecha 14 de julio del 2023.

7.- Copia de comprobantes de retención de devolución por deuda de Crédito Universitario, por parte de Tesorería General de la República, de fecha 18 de julio del 2023.

a folio 9 comparece la recurrida, quien señala que con fecha 06 de septiembre de este año, la recurrido ha tomado conocimiento de la sentencia de Término de la liquidación concursal de fecha 24 de marzo de 2020 la cual decreta la liquidación voluntaria de don nombre reservado.

Con fecha 13 de septiembre de 2023, doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Tesorería, remite minuta N° 227 al Jefe de Operaciones del mismo Servicio a fin de que proceda al descargo de la deuda que mantiene el contribuyente hasta el 24 de septiembre de 2021, fecha de la certificación de que la sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de Temuco en causa Rol C-293-2020 sobre liquidación concursal voluntaria, se encuentra firme y ejecutoriada.

Que, consta en certificado de deuda de don nombre reservado, RUT. RUT reservado, solo mantiene morosidad respecto de los siguientes folios los que están en trámite de ser descargados desde la sección egresos de este Servicio, los que de todas formas se eliminarán, consistente en una deuda neta de $754.164, reajustes de $876.339, intereses de $5.723.064, dando un total $7.353.567.

Que, es efectivo que el recurrente solicitó la devolución del impuesto a la renta de los años tributarios 2020, 2021, 2022 y 2023, los cuales fueron compensados por un total de $4.065.790, conforme al siguiente detalle:

- Año 2020, los fueron retenidos por instrucción de Universidad de Concepción producto de la deuda por Crédito Fiscal Universitario por un monto de $1.262.942.

- Año 2021, los fondos fueron retenidos por instrucción de Universidad de Concepción productor de la deuda por Crédito Universitario por un monto de $257.511 y de forma adicional se practicó retención ordenada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco por un total de $70.836.

- Año 2022, los fondos fueron retenidos por instrucción de la Universidad de Concepción producto de la deuda por Crédito Fiscal Universitario por un total de $262.198.

- Año 2023, los fondos fueron retenidos por instrucción de la Universidad de Concepción producto de la deuda por Crédito Fiscal Universitario por un total de $ 2.555.301.

II) ANTECEDENTES DE DERECHO Las instrucciones sobre retenciones por el Crédito Fiscal Universitario son enviadas por las administradoras todos los años en el mes de marzo, las cuales de forma centralizada se ingresan al sistema, se trata de una deuda que no consta en nuestros registros sobre morosidad, por tanto, este Servicio solo está facultado para practicar las retenciones y enviarlas al administrador que en este caso es EMPRESA ORSAN. Rut. RUT reservado, más no a cobrar ni a compensar. En este sentido La ley N° 19.848/2002 que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior, en su artículo 9°, dispone “La Tesorería General de la República estará facultada para retener, de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiera anualmente a los deudores de crédito solidario que se acojan a los beneficios de esta ley, los montos que se encuentren impagos según lo informado por el respectivo administrador, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”. La Ley N° 19989/2004, que introduce modificaciones a la Ley N° 19.848/2002, en su artículo 1°, dispone “Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

b.) En cuanto a la retención Judicial, es preciso señalar que se trata de una instrucción recepcionada a través de Oficio 13297 de fecha 18 de noviembre 2013 e ingresada al Sistema de Retenciones el 21 de noviembre 2023, a través del proceso centralizado la cual se encuentra vigente a la fecha. Esta retención deriva de una orden de un órgano jurisdiccional como lo es el Juez de Letras del Trabajo de Temuco y de la traba de embargo realizada por un Receptor Judicial.

Cabe agregar igualmente, que este servicio cumplió con lo dispuesto en el artículo 451, inciso final del Código del Procedimiento Civil, por el cual se remitió cheque al Juzgado de Letras respectivo, a fin de que fuera consignado en la causa.

Atendido a lo expuesto y especialmente lo dispuesto en los artículos 450 y 451 del Código de Procedimiento Civil.

c.) Procedencia de recurrir en contra de la Tesorería General de la República:

En ninguna de estas retenciones, este Servicio tiene injerencia, pues, se trata de instrucciones amparadas por la ley, y además porque estas retenciones no compensaron ninguna obligación contraída con el Fisco.

En este sentido cabe recordar que el artículo 1° de la ley N° 19.989, facultó a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287 los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

De conformidad a lo anterior, para llevar a efecto esta retención debe observarse lo dispuesto en el Reglamento de la ley, contenido en el Decreto Supremo N° 297, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de noviembre de 2009, que fija procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General, donde y en caso de cumplirse con las formalidades indicadas en dicho reglamento, el Ministerio de Educación emite un certificado de conformidad, el que es remitido al Administrador del Fondo respectivo y a la Tesorería General. Además, ese Ministerio debe remitir electrónicamente a Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con el mérito de éstas y del certificado proceda a la retención.

Es así que los deudores han tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del Fondo en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente, en su artículo 6°, el cual señala que éstos una vez notificados que se llevará a efecto la retención tienen un plazo de 10 días para solicitar que el Administrador del respectivo Fondo aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que ha operado un modo de extinguir obligaciones o el monto que se consigna como adeudado no es correcto y, por ende, que no se concrete la retención.

De acuerdo a lo expuesto, el recurrente no tiene un derecho indubitado, siendo la pretensión exigida a través de su recurso de protección, inconsistente, en la medida que no busca, a través de esta, amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado - requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia -, sino que pretende, por esta vía cautelar o de urgencia, que se declare por este Iltmo. Tribunal, que EMPRESA ORSAN de la Universidad de Concepción no puede cobrar créditos adeudados de conformidad a la ley 19.287 y que por ende debe eliminar la retención informada al Servicio de Tesorerías (de acuerdo a Ley 19.989), no obstante, existe un procedimiento que ha debido ser utilizado para ello.

Como puede apreciarse, el derecho que la recurrente indica le ha sido vulnerado ha tenido por origen la retención informada por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la U. de Concepción, lo que no sería indubitado, escapándose así, absolutamente, de los propósitos de la presente acción constitucional.

Alcance de gestiones de la Tesorería para el descargo de deuda por aplicación de la Ley N° 20.720.

Con la resolución de Término de la Liquidación Concursal Voluntaria, nuestra gestión se limita conforme lo dispone el artículo 255 de la Ley N° 20.720, a descargar de la Cuenta Única Tributaria todas las obligaciones tributarias contraídas por el deudor con fecha de vencimiento anterior al Procedimiento Concursal seguido en su contra, que en el presente caso corresponden a folios que antecedan al día 24 de MARZO de 2020.

A mayor abundamiento, es imperativo hacer hincapié en que no nos empece la responsabilidad de descargar la deuda de los Créditos Fiscales Universitarios y tampoco la instruida por los Tribunales, pues el administrador de esta deuda no es la Tesorería General de la República y tampoco se trata de deudas tributarias, por lo que no contamos con atribuciones para proceder a ese descargo.

Inexistencia de un acto ilegal o arbitrario.

Las retenciones judiciales, se han realizado conforme a lo ordenado por un lado por el Juez de Letras del Trabajo de Temuco y con ello, al hecho de haberse trabado embargo respecto a las mismas por un receptor judicial, y por otra parte, a lo ordenado por el Administrador de la deuda del Crédito Fiscal Universitario quien actúa amparado por la ley.

Así las cosas, la presente acción constitucional estaría soterradamente destinada a desconocer y/o cuestionar la validez de lo ordenado por un órgano jurisdiccional como es el Juez de Letras del Trabajo de Temuco y de la Administradora del Crédito Fiscal, así también como el embargo trabado por un Receptor Judicial en su calidad de Ministro de Fe.

Atendido a lo señalado, el cuestionamiento de la recurrente o ignorancia de los juicios ejecutivos llevados en su contra, excede del ámbito de aplicación del presente recurso, por cuando la validez o nulidad de los embargos trabados en su contra, corresponde a un procedimiento que debe entablarse en los juzgados civiles y no en sede de protección.

A mayor abundamiento y como se ha expuesto, Tesorería en cumplimiento de un deber legal registra en sus sistemas las órdenes de retención remitidas por las universidades que forman parte del Consejo de Rectores, de acuerdo a lo informado por las entidades acreedoras y cumpliéndose con lo preceptuado en el reglamento, de lo cual se colige que el presunto acto que el recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

En consecuencia, el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de la devolución de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo, ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito.

Para la procedencia del Recurso de Protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, de manera alguna constituyen elementos de convicción para estimar acreditado que en el caso que motiva el presente recurso de protección exista alguna perturbación ni un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por ende, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse acreditado sus fundamentos.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso de protección.

Acompaña los certificados de las retenciones practicadas de los años tributarios 2020, 2021, 2022 y 2023.

A folio 19 se evacuó informe por parte de la Universidad de Concepción, que señala que la retención de la devolución de impuesto a la renta del señor nombre reservado, realizada por la Tesorería General de la República, se efectuó de acuerdo a la nómina de deudores morosos de la Ley N° 19.989 informada por la Universidad de Concepción y dentro de los cuales se encontraba el recurrente. Lo anterior debido a que no se tomó conocimiento del procedimiento concursal de forma oportuna y el recurrente se mantuvo como deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario Afirma la parte recurrente, que la Universidad debería haber verificado su crédito junto a los demás acreedores según las disposiciones de la Ley número 20.720, lo que está de acuerdo con el procedimiento establecido, pero no significa que la Universidad se enterara de manera efectiva de la tramitación llevada adelante. Agrega que una cosa es la notificación que se pueda realizar en el procedimiento concursal respectivo y otra la comunicación que se haya podido realizar.

Expresa que aquí lo que hubo fue un desconocimiento de lo resuelto en el procedimiento concursal, nada más que eso y no es posible atribuir otro tipo de intenciones.

Una vez que se tomó conocimiento del procedimiento concursal realizado por el recurrente, con ocasión de esta acción cautelar, a los antecedentes del caso se les dio la tramitación interna correspondiente, lo que implica su verificación e informe, dándose lugar a lo pedido, eliminado su deuda y dándose curso a la restitución.

Hoy don nombre reservado no aparece como deudor moroso de la Universidad de Concepción y no se procederá a ninguna retención por parte de la Tesorería General de la República al amparo de la Ley N° 19.989.

La Universidad ha cumplido con lo resuelto por el 1° Juzgado Civil de Temuco, lo más rápido posible desde que tomó conocimiento del procedimiento concursal referido.

Además, se procederá a restituir al recurrente la suma de $4.065.790.-, mediante a transferencia o depósito a la cuenta corriente que indique, que corresponde a retenciones de las devoluciones de impuestos por los años 2020 a 2023, según se solicita, por haber figurado el Sr. nombre reservado en la nómina de deudores morosos para efectos de la retención de la Ley 19.989, al no haberse registrado al desconocerse el procedimiento de liquidación del recurrente.

La Universidad de Concepción no ha tenido jamás la intención de desconocer la resolución de un Tribunal de la República y ha cumplido dentro de los plazos que corresponden.

En consecuencia, habiendo sido eliminada la deuda del recurrente y estando los dineros aludidos a su disposición, el presente recurso de protección ha perdido oportunidad y así debe declararse.

El objeto que perseguía el recurso de protección, esto es, que se ordene a la Universidad la eliminación de la deuda del recurrente, hoy ya está cumplido y la restitución se hará en cuanto se tenga conocimiento de la cuenta del recurrente, por lo que de acogerse la acción cautelar no habría qué resolver al respecto.

No existe acto ilegal y arbitrario de parte de la corporación que represento que permita dar lugar la presente acción cautelar.

Solicita en definitiva rechazar el recurso sin costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es pacífico entre las partes que existió una deuda por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción.- Por otra parte, consta de los antecedentes acompañados por la recurrente que con fecha 20 de enero de 2020 solicitó liquidación voluntaria de bienes, que fue resuelta con fecha 24 de marzo de 2020 cuando se declaró la liquidación voluntaria de los bienes de nombre reservado, por sentencia dictada en causa Rol N°C-293-2020 del 1° Juzgado Civil de Temuco, lo que se tiene por acreditado mediante el documento sentencia definitiva que consta con firma electrónica avanzada, y además no fue controvertido por los recurridos.

TERCERO: Que, conforme al artículo 255 de la Ley N°20.720, una vez ejecutoriada la sentencia definitiva en procedimiento concursal, sus efectos se aplican a todos los acreedores del insolvente por el solo ministerio de la Ley y para todos los efectos legales, afectando los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

Al respecto cabe hacer presente que la decisión queda ejecutoriada al transcurrir los términos legales sin haberse recurrido la decisión, y no desde la fecha del certificado del tribunal.

CUARTO: Que teniendo en consideración la premisa normativa antes referida, el hecho que el crédito en cuestión fue materia del procedimiento concursal, sin haber sido excluido del mismo, resulta ser que la mantención de dicha morosidad, al ser anterior al 24 de marzo de 2020, atenta contra el efecto que la ley 20.720 asigna a la sentencia dictada en el procedimiento concursal, según ya se ha razonado.

QUINTO: Que, así las cosas, el cobro de la deuda que por el solo ministerio de la ley ha sido extinguida, configura entonces un acto ilegal, al encontrarse cubierto por los resguardos que establece la ley N°20.720 para el deudor acogido al procedimiento concursal.

SEXTO: Que el cobro de este crédito perturba el ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, que reconoce el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, al pretenderse un menoscabo a su patrimonio.

Que no obstante aquello, de conformidad a lo informado por parte de la Universidad de Concepción, administrativamente y en razón de la presente acción constitucional, se dejó sin efecto el cobro anteriormente señalado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, se reúnen en la especie cada uno de los requisitos establecidos en el considerando primero de este fallo para la procedencia del presente arbitrio constitucional, razón por la cual, será acogido únicamente respecto del crédito interno o institucional recién singularizado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado JOAQUIN CÁRDENAS KAECHELE, en favor de don nombre reservado en favor de nombre reservado en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, todos ya individualizados, solo en aquella parte que denunció como ilegal y arbitrario el cobro de la deuda a nombre del recurrente, correspondiente a un crédito de Fondo Solidario de la Universidad de Concepción por $4.065.790, la cual se encuentra extinguida por el solo ministerio de la ley, debiéndose restituir la suma retenida por Tesorería de la devolución de impuesto mencionada por el recurrente, y abstenerse de efectuar retenciones en sus devoluciones de impuesto, por este concepto.

II.- Que, en todo lo demás, se rechaza la acción impetrada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13222-2023. (cwm)