nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA RPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 33: téngase presente. Estese al mérito.

Vistos:

Comparece don Yamir Rivera Malverde, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica y de la Tesorería General de la República, oficina Pucón, por estimar ilegal y arbitraria la decisión de iniciar y mantener un procedimiento de cobro administrativo respecto de una multa laboral, incluyendo el embargo de un vehículo de propiedad del recurrente, pese a encontrarse dicha sanción reclamada judicialmente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Villarrica.

Expone que la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica dictó la Resolución Exenta N.º 905-18239/2025, de 10 de julio de 2025, mediante la cual rechazó la reconsideración administrativa deducida respecto de la multa N.º 8287/2025/28, ascendente a 130 UTM. Agrega que dicha resolución fue notificada el 11 de julio de 2025 y que, dentro de plazo legal, la recurrente interpuso reclamo judicial conforme al artículo 503 del Código del Trabajo, causa RIT O-56-2025, con el objeto de obtener la revisión jurisdiccional de la sanción.

Señala que, no obstante encontrarse deducido el referido reclamo, el tribunal laboral incurrió en un retardo en proveer la demanda, circunstancia que no sería imputable a su parte y que incluso motivó la intervención de esta Corte de Apelaciones, mediante resolución de 27 de marzo de 2026. Sostiene que, producto de dicha situación, se produjo un desfase entre la existencia del reclamo judicial y el conocimiento de los órganos administrativos recurridos, lo que derivó en que la Tesorería General de la República iniciara el cobro de la multa y practicara el embargo de un vehículo de propiedad del recurrente.

Añade que, una vez tomado conocimiento del embargo, informó dicha situación a la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, solicitando la suspensión inmediata del procedimiento de cobro. Sin embargo, indica que dicha autoridad se negó a ordenar la paralización de las medidas ejecutivas, manteniéndose vigente el embargo y la amenaza de realización del bien.

Estima que tal actuación vulnera la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 19 N.º 3 de la Constitución Política de la República, por cuanto el cobro forzado de una multa reclamada judicialmente privaría de eficacia real al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, denuncia la afectación del derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N.º 24 de la Carta Fundamental, al mantenerse embargado un bien de su dominio respecto de una obligación cuya legalidad y exigibilidad aún se encuentran controvertidas ante sede jurisdiccional.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso, se ordene la suspensión inmediata del procedimiento de cobranza seguido ante Tesorería General de la República respecto de la multa reclamada, y se condene en costas a los recurridos. Asimismo, en otrosí, pide orden de no innovar para suspender toda medida de cobro, embargo o remate mientras se resuelve la presente acción constitucional.

Que, informando el recurso de protección, comparece don Víctor Manuel Gómez Espinosa, abogado del Servicio de Tesorerías, en representación del Fisco de Chile, solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y se consideren los antecedentes el que expone que el Servicio de Tesorerías, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley para la recaudación y cobranza de créditos fiscales, inició un procedimiento de cobro ejecutivo en contra de la empresa recurrente, nombre reservado, derivado de una multa cursada por la Dirección del Trabajo, procedimiento que se encuentra radicado en el expediente administrativo Rol N.° 10074-2026 de la comuna de Pucón. Señala que dicha actuación se desarrolló en el marco de las competencias legales propias del Servicio y sobre la base de los antecedentes remitidos por el organismo requirente de la cobranza.

Agrega que en el referido procedimiento administrativo consta que el contribuyente fue legalmente notificado y requerido de pago con fecha 13 de abril de 2026, diligencia practicada en el domicilio ubicado en domicilio reservado, correspondiente al domicilio registrado por el propio contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos y consignado en la nómina de deudores morosos remitida para efectos de la cobranza administrativa. Indica que la actuación se efectuó de conformidad con las normas tributarias aplicables y en el domicilio oficialmente registrado por el deudor.

Señala asimismo que, con fecha 14 de abril de 2026, se procedió al embargo de bienes del deudor, medida ejecutiva adoptada dentro del procedimiento de cobro seguido por Tesorería y que consta en el expediente administrativo respectivo. Refiere que dicha actuación tuvo lugar una vez practicado el requerimiento de pago y en conformidad a las facultades de ejecución que la ley entrega al Servicio de Tesorerías para la satisfacción de créditos fiscales impagos.

Añade que, revisados los antecedentes del expediente administrativo Rol N.° 10074-2026 de Pucón, no existe a la fecha de emisión del informe comunicación, resolución, oficio o antecedente alguno que haya sido incorporado al procedimiento y que permita suspender o paralizar las acciones de cobro desarrolladas por el Servicio. Precisa que tampoco constan en dicho expediente circunstancias que configuren alguna de las causales de suspensión previstas en los artículos 147 o 192 del Código Tributario, ni otras hipótesis legales que impidan la prosecución de la cobranza ejecutiva.

Sobre esa base, sostiene que las actuaciones desplegadas por el Servicio de Tesorerías se han ajustado al marco de atribuciones que la ley le confiere, habiéndose limitado dicho organismo a ejecutar el procedimiento de cobro respecto de una obligación incorporada a la nómina de deudores remitida para tales efectos, sin que existiera al momento de las actuaciones ejecutivas orden judicial, resolución administrativa o comunicación formal que dispusiera la suspensión de la cobranza o que privara de eficacia al título cuya ejecución se perseguía.

Finalmente, solicita a esta Corte tener por evacuado el informe, acompañando copia del expediente administrativo Rol N.° 10074-2026 de Pucón y haciendo presente la personería con que actúa en representación del Fisco de Chile.

Comparece don nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Villarrica, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, solicitando se tenga por informado el recurso de protección deducido en autos. Señala que comparece dentro de plazo y en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte mediante resolución de 7 de mayo de 2026.

Expone, en primer término, que la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica tomó conocimiento formal de la solicitud de informe únicamente con fecha 7 de mayo de 2026, mediante la comunicación remitida por esta Corte, no existiendo con anterioridad notificación, aviso ni comunicación alguna recibida por la oficina de partes presencial o electrónica de dicha repartición en relación con el requerimiento de informar en estos autos.

En cuanto al fondo de los hechos expuestos por la recurrente, sostiene que la demanda laboral a que se refiere el recurso no consta legalmente notificada a la Inspección del Trabajo, circunstancia que estima jurídicamente relevante, desde que la notificación válida de la demanda constituye el acto procesal que produce efectos respecto de la contraparte y permite su emplazamiento formal en el procedimiento judicial respectivo. Añade que, conforme a las normas del Código del Trabajo y del Código de Procedimiento Civil, dicho acto es el que habilita el conocimiento legal de la acción deducida.

Sobre esa base, afirma que, mientras no exista notificación judicial legalmente practicada de la reclamación laboral, no resulta procedente, desde el punto de vista administrativo ni jurídico, requerir o instruir la descarga de la multa N.º 8287/2025/28 ante la Tesorería General de la República. Indica que la Administración debe actuar dentro del marco de juridicidad previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo que la Inspección carecería de facultades para solicitar la descarga o reversa de la infracción en ausencia de una resolución judicial o comunicación formal emitida y notificada conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Agrega que el correo electrónico invocado por la parte recurrente no constituye una notificación válida de aquellas reguladas por el ordenamiento procesal, por lo que no puede ser homologado a una notificación judicial legalmente practicada. Explica que dicho correo no cumpliría con las solemnidades ni requisitos establecidos en el Código del Trabajo y, supletoriamente, en el Código de Procedimiento Civil para producir efectos procesales respecto del Servicio.

Precisa que la notificación válida de la demanda es un presupuesto esencial para el emplazamiento de la parte demandada, de manera que, mientras no exista dicho emplazamiento conforme a las formas legales, la Inspección no puede entenderse legalmente vinculada al proceso judicial mencionado por la recurrente, ni obligada a adoptar actuaciones administrativas fundadas únicamente en comunicaciones informales o antecedentes que, a su juicio, carecen de eficacia procesal.

Concluye que, a la fecha en que se efectuaron las actuaciones de cobro por parte de Tesorería General de la República, la Inspección no tenía conocimiento legal de una demanda judicial válidamente notificada que la habilitara para adoptar medidas administrativas destinadas a descargar o reversar la multa ante dicho servicio. Por ello, solicita tener por evacuado el informe, confiere patrocinio y poder a la abogada que individualiza, y acompaña como documentos su resolución de nombramiento y los correos electrónicos intercambiados los días 13 y 14 de abril de 2026 entre el abogado de la recurrente y el Inspector Comunal del Trabajo de Villarrica.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales, únicamente cuando estas resultan afectadas por un acto u omisión ilegal o arbitrario, y siempre que los supuestos fácticos que lo sustentan sean claros, actuales y verificables por esta vía, sin requerir debate probatorio propio de un juicio de lato conocimiento.

SEGUNDO: Que el acto que la recurrente reprocha a la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica consiste, sustancialmente, en no haber solicitado la suspensión del procedimiento de cobro seguido por la Tesorería General de la República ni haber gestionado la reversa o descarga de la multa administrativa cuya legalidad se encuentra actualmente sometida al conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo de Villarrica.

TERCERO: Que, sin embargo, de los antecedentes allegados a estos autos no aparece acreditado que, al momento de iniciarse las actuaciones de cobro por parte de Tesorería General de la República, la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica hubiere sido legalmente emplazada en el procedimiento judicial seguido en la causa RIT O-56-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de Villarrica. Por el contrario, del informe evacuado por dicho organismo se desprende que la demanda laboral invocada por la recurrente no le había sido notificada en forma legal, circunstancia que no ha sido desvirtuada por prueba suficiente rendida en estos autos.

CUARTO: Que la sola existencia material de una demanda judicial o el conocimiento informal de su presentación no producen, por sí solos, los efectos procesales que el ordenamiento jurídico asocia al emplazamiento de la parte demandada. En efecto, es la notificación practicada conforme a derecho la que permite entender incorporada a una persona o institución a la relación procesal y la que genera las cargas, derechos y obligaciones que derivan de la pendencia del juicio.

QUINTO: Que, en este contexto, no resulta posible estimar que la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica hubiere actuado de manera ilegal o arbitraria al abstenerse de solicitar la reversa, descarga o paralización de la multa administrativa. Ello, por cuanto la Administración Pública se encuentra sometida al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, debiendo ejercer únicamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere y en la forma prescrita por éste.

SEXTO: Que, en consecuencia, mientras no exista una resolución judicial o una actuación procesal legalmente comunicada que produzca efectos respecto de la autoridad administrativa concernida, no puede sostenerse que nazca para ésta el deber jurídico de adoptar medidas destinadas a dejar sin efecto o suspender los efectos de una multa válidamente cursada y remitida para su cobro.

SEPTIMO: Que, por lo demás, aun a la fecha de dictación de esta sentencia, no consta en autos antecedente alguno que permita tener por acreditado que la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica haya sido válidamente emplazada en el procedimiento judicial invocado por la recurrente ni que se encuentre jurídicamente vinculada a éste en calidad de parte demandada. En tales condiciones, no resulta posible concluir que dicho organismo haya incumplido obligación legal alguna ni que se haya encontrado en situación de disponer administrativamente la reversa de la multa o requerir la suspensión del procedimiento ejecutivo seguido por Tesorería.

OCTAVO : Que de lo expuesto se sigue que la conducta atribuida a la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica no reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción cautelar deducida, desde que la actuación cuestionada aparece fundada en la ausencia de un emplazamiento judicial válido y en la necesidad de sujetar su actuar a las competencias y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a la autoridad recurrida que haya vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica y de la Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-1307-2026.(csd)