nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, trece de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

nombre reservado de nacionalidad haitiana, cédula de identidad RUT reservado con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que, por este acto, vengo en interponer acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión, falta de pronunciamiento y resolución de la solicitud de residencia temporaria por reunificación familiar que fue efectuada a favor de mi hijo DIEU-VENSKY nombre reservado, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo establecido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, según los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

EN LOS HECHOS:

1. Mi nombre es nombre reservado de nacionalidad haitiana y a través de este medio quisiera pasar a exponer la situación y estatus migratorio de mi hijo, a quien le realicé una solicitud de residencia temporaria por reunificación familiar. Es así que quiero expresar con profundo sentimiento las grandes dificultades que he tenido que enfrentar en lo referente a mi hijo Dieu-Vensky nombre reservado, quien se encuentra actualmente en Haití.

2. En lo referente a mi persona, puedo señalar que resido en Chile hace más de 6 años y que por ello ya cuento con mi residencia definitiva. Ahora bien he decidido hacer uso de esta instancia, porque tengo la necesidad de exponer mis vivencias e historia de vida.

3. Desde que llegué a Chile he trabajado duramente para poder establecerme y de esta manera poder generar recursos y así construir una vida estable para mi familia, es así que durante estos años he enfrentado diversos desafíos y también he superado muchos obstáculos para consolidar mi negocio y así también poder contribuir a la sociedad chilena, por ende siempre he cumplido con todas mis obligaciones que me ha sido exigidas dentro del territorio chileno.

4. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, enfrento una gran dificultad que afecta profundamente mi vida y mi bienestar emocional, y esto se debe a que mi hijo, Dieu-vensky nombre reservado, ha permanecido en Haití bajo el cuidado de mi hermana, es así que a pesar de los años transcurridos, nuestras interacciones se han limitado a comunicaciones virtuales y ocasionales visitas. Por otro lado mi hermana, quien ha sido una figura vital en la vida de mi hijo, está pronto a abandonar Haití por motivos personales, dejando a Dieu-vensky en una situación de vulnerabilidad y soledad.

5. Por otro lado las condiciones en Haití son cada vez más complicadas y peligrosas debido a la inestabilidad política y la violencia que afecta la vida diaria de los ciudadanos. Por lo que mi hijo se encuentra en medio de esta situación solo y desprotegido, enfrentando riesgos que podrían perjudicar su bienestar y su futuro.

6. Esta incertidumbre constante afecta profundamente la salud emocional tanto de él como de su madre, quien reside en Chile junto a mí, de hecho su madre se encuentra agobiada por la distancia y la preocupación constante por nuestro hijo, por lo que ella específicamente como madre enfrenta altos niveles de estrés y ansiedad, todo por el hecho de no haber visto a Dieu-vensky en muchos años lo cual ha afectado nuestra estabilidad emocional y familiar de manera significativa.

7. Es debido a ello que el 12 de octubre de 2022, presenté la solicitud de residencia para iniciar el trámite para la reunificación familiar de mi hijo Dieu-vensky nombre reservado, por lo que el objetivo de esta solicitud y lo que busca es brindar a mi hijo un ambiente seguro, estable y lleno de oportunidades para su crecimiento y desarrollo, por ende es de gran necesidad para nosotros poder tener respuestas y la información necesaria en cuanto a este proceso que iniciamos.

8. Por otro lado quisiera recalcar que soy un contribuyente activo en Chile, cumpliendo con mis responsabilidades tributarias y realizando todas mis actividades de manera legal, por lo que mi deseo de traer a mi hijo a Chile no solo es personal, sino también es impulsado por el anhelo de crear un ambiente propicio para su bienestar y crecimiento en un entorno seguro y estable.

9. Por todo lo expuesto, ruego encarecidamente que se tome en consideración mi situación y la difícil realidad que enfrenta mi hijo en Haití y la carga emocional que mi familia y yo soportamos debido a esta separación. Mi intención es brindarle a mi hijo un hogar seguro, amoroso y lleno de oportunidades en Chile, por lo que les insto a considerar esta solicitud con compasión y urgencia, sabiendo que la reunificación familiar es esencial para el bienestar y el futuro de Dieu-vensky nombre reservado.

10. Debido a nuestra preocupación y desesperación, hemos decidido proceder a través de esta vía, ya que ha transcurrido bastante tiempo sin obtener respuestas ni la información necesaria, por ende debido a nuestra preocupación y ansiedad, buscamos dar celeridad a este proceso el cual ha tardado mucho y peor es ya que no nos informa nada la recurrida. De todo corazón solicitamos la ayuda para que la administración pueda pronunciarse respecto de la solicitud realizada a favor de nuestro hijo, y junto con ello que también se pueda analizar toda esta situación en base al principio del interés superior del niño.

II. RESPECTO DE LAS VULNERACIONES A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES CAUTELADAS POR LA ACCION DE PROTECCION.

Como bien lo señala la Biblioteca del Congreso Nacional, La Constitución Política de la República no define el concepto de "familia". Sin embargo, establece en su artículo 1º inciso segundo que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y es deber del Estado dar protección y propender a su fortalecimiento.

Por ende y según lo expuesto anteriormente, acá estamos hablando de una situación especial, ya que lo único que se busca es la reunificación padre- madre -hijo, y así que la administración considere esto para poder tomar una decisión en base a este principio.

A la vez la Constitución Política de la República, en su artículo 19 n°2 establece que: “La Constitución asegura a todas las personas:

2.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”… Y el artículo 19 n°3: “La Constitución asegura a todas las personas:

3.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”… En el presente caso, han transcurrido mucho tiempo desde que se realizó la solicitud a favor de nuestro hijo, por ende es injusto que hasta el día de hoy nada se nos informe respecto a su proceso, cuando especialmente estamos hablando de un menor de edad.

III. ILEGALIDAD DE LA ACTUACION DE LA RECURRIDA.

En virtud de los hechos expuestos, resulta notorio los actos ilegales y arbitrarios que hemos sufrido por parte Servicio Nacional de Migración, ya que ha transcurrido mucho tiempo, sin poder saber cómo se encuentra el proceso que iniciamos a favor de nuestro hijo.

Solicita se sirva tener por interpuesto el presente Recurso de Protección, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar al SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN que se nos entregue una inmediata respuesta en lo referente al proceso que iniciamos a favor de nuestro hijo DIEU-VENSKY nombre reservado, ya que llevamos mucho tiempo a la espera de información y de una resolución, por ende también solicitamos que se pueda tomar en consideración que estamos hablando de un menor de edad, que lo único que desean es reunificarse con nosotros sus padres, por ende solicitamos que se considere el principio del interés superior del niño.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

- Copia de Cédula de Identidad nombre reservado

- Copia de Pasaporte DIEU-VENSKY nombre reservado

- Certificado de Nacimiento de DIEU-VENSKY nombre reservado

- Comprobante de Envío de Solicitud de Residencia Temporal - Citación al Consulado para presentación de documentos.

A folio 8 informa nombre reservado, quien dice:

Que en virtud de este acto, concurrimos en evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de Protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

I. ANTECEDENTES DE HECHO De la situación migratoria del recurrente.

DIEU-VENSKY nombre reservado, con fecha 12 de octubre de 2022, realizó ante esta autoridad una solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile, específicamente la de reunificación familiar, por vínculo familiar con persona que posee residencia definitiva, su padre don nombre reservado. Dicha solicitud se encuentra mediante código de trámite # 56497690 y contra la presentación se emitió comprobante que su solicitud de residencia fue recepcionada.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante comunicación electrónica N° 56497690, de 24.04.2023, del Servicio nacional de migraciones, enviada al correo proporcionado por el extranjero al momento de presentar su solicitud, se informó que:

1. Debe presentarse ante el Consulado Chileno en el país donde se encuentra, con el Certificado de NACIMIENTO ORIGINAL Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y/O APOSTILLADO POR LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

Así mismo, Se otorgó un plazo de 60 días hábiles para acompañar dichos documentos, que, en caso de no presentarlos, su requerimiento podría ser rechazado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 N°1 de la Ley de Migración y Extranjería.

De acuerdo con nuestros registros, el requerimiento ID N° 56497690, en etapa de “PENDIENTE”, desde el 24.04.2023.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO A. RESPECTO A LA VISA TEMPORARIA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR:

La recurrente solicitó residencia temporal de reunificación familiar, en base al artículo 19 de la Ley 21.325, que en lo pertinente:

“Artículo 19.- Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia. Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria”.

Que, asimismo, el artículo 69 de la Ley 21.325, establece lo siguiente:

“Artículo 69.- Criterios de otorgamiento. El permiso de residencia temporal se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, a aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

Las personas que postulen a un permiso de residencia temporal desde el extranjero podrán hacerlo de manera remota por vías telemáticas o por otros medios que determine el Servicio”.

Que, por su parte, el Decreto N° 177 de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, dicta que los extranjeros que acrediten vínculo con un chileno o con un extranjero titular de un permiso de residencia definitiva, podrá acceder a un permiso de residencia temporal por reunificación familiar, debiendo acreditar el vínculo con el respectivo documento señalado en el artículo 13 del decreto N° 177.

“Artículo 12.- Aquel extranjero que acredite, en la forma regulada en este párrafo, tener alguno de los vínculos que se señalan a continuación con un chileno o con un extranjero titular de un permiso de residencia definitiva, podrá acceder a un permiso de residencia temporal por reunificación familiar.

Los interesados deberán contar con alguna de las siguientes calidades respecto del chileno o extranjero con residencia definitiva:

a) cónyuge u otra figura análoga que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio b) padre o madre c) hijo menor de edad d) hijo con discapacidad e) hijo soltero menor de 24 años que se encuentre estudiando f) menor de edad que se encuentre bajo su cuidado personal o curaduría.

“Artículo 13.- Las calidades indicadas en el artículo anterior se acreditarán mediante la documentación que se detalla a continuación:

Respecto del literal b), certificado de nacimiento de la persona de nacionalidad chilena o titular de la residencia definitiva, en que aparezca que el interesado tiene la calidad de padre o madre.

En cuanto a los literales c), d) y e), certificado de nacimiento del interesado en que conste el vínculo con la persona de nacionalidad chilena o titular de la residencia definitiva. Igualmente, cuando corresponda, deberán adjuntarse los antecedentes que den cuenta de la regularidad de la salida de dichos niños, niñas y adolescentes desde su país de origen, o desde aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años.

Respecto del literal a), certificado de matrimonio o de la figura civilmente homologable.

Por su parte, en cuanto a la letra d), la situación de discapacidad deberá ser acreditada mediante documentos oficiales debidamente legalizados o apostillados, según corresponda, emanados de la entidad que de acuerdo a la normativa del país de que se trate tenga competencias para ello.

Respecto del literal e), una declaración jurada de soltería, y certificado de alumno regular de una entidad de educación superior reconocida por el Estado.

En el caso de la letra f), referida a aquellos menores de 18 años que se encuentren bajo cuidado personal o curaduría del chileno o del extranjero titular de residencia definitiva, esa calidad deberá demostrarse con documentos otorgados por la entidad que sea competente de conformidad con el ordenamiento vigente en el Estado que otorgó el cuidado personal o la curaduría. Además, deberán acompañarse a la solicitud antecedentes donde expresamente conste la autorización del organismo público competente que permita el viaje de niños, niñas y adolescentes desde ese país hacia Chile, y en el que conste además el objeto del mismo.

B. EN CUANTO AL TIEMPO DE TRAMITACIÓN:

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir la recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(...) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de residencia definitiva, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

4. LA VÍA IDÓNEA PARA ALEGAR UNA FALTA DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ES LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Esta parte entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

En efecto, el silencio administrativo constituye una garantía para los ciudadanos de que, si han transcurrido los plazos legales sin que la administración resuelva el procedimiento, este puede tener efectos estimatorios (silencio positivo) o desestimatorios (silencio negativo).

De este modo, al no ser el plazo del artículo 27 uno de carácter fatal y no tener una sanción de caducidad asociada de forma expresa en la ley, el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración tiene por único efecto la presunción de los efectos del acto administrativo.

Que, además, la Ley N° 19.980, para evitar la indefensión de los administrados ante una eventual demora injustificada en el pronunciamiento de la autoridad, establece un mecanismo especial para hacer efectivo el principio de celeridad que contempla, el cual no es otro que el llamado silencio administrativo, en su dos modalidades: positivo y negativo, según se contempla en sus artículos 64 y 65. En consecuencia, solo tras la certificación del transcurso del plazo y el requerimiento de hacer valer el silencio administrativo los tribunales podrán apreciar la legalidad o arbitrariedad del acto administrativo que sea consecuencia de haber ejercido la vía que la ley ha dispuesto para que el administrado haga realidad el principio de celeridad y no el recurso de protección durante su tramitación que, como se ha dicho, no puede para constituirse en una vía paralela de tramitación de solicitudes cuyo resultado es incierto.

Esta parte también entiende que el mecanismo de silencio administrativo aplicable al caso concreto es el del silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325. En consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria y hace solamente aplicable a los permisos migratorios la institución del silencio administrativo negativo.

Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política.

La contraparte no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan.

Finalmente, concluido el acto administrativo por esta vía, el acto de certificación, produce los siguientes efectos:

Artículo 66. Efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva.

Que, sin perjuicio de lo señalando, es importante señalar que el procedimiento administrativo es un procedimiento de oficio, por lo que el administrado para obtener que la administración resuelva dentro del aludido plazo, cuenta con el derecho establecido en el artículo 64 de la Ley N° 19.880, por el cual debe solicitar la certificación del silencio administrativo, entendiéndose por ello que su impugnación estaría rechazada, lo que recién habilitaría para interponer los correspondientes recursos en su contra.

6. LA VÍA JUDICIAL HA VULNERADO LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY DE LOS DEMÁS SOLICITANTES DE PERMISOS DE RESIDENCIA.

Finalmente, también es necesario señalar los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Existen aproximadamente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra de este Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia.

La consecuencia directa de la interposición de dichos recursos respecto de aquellos extranjeros que han elegido esta vía, es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°3977/2022, otorgada ante el notario público de Temuco, don nombre reservado.

2.- Comunicación electrónica N° 56497690, de 24.04.2023, del Servicio nacional de migraciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en cuanto a la admisibilidad y la falta de legitimiación pasiva, esta serán analizadas en consulto, toda vez que dicen relación con aspectos del fondo del asunto, razón por la cual serán desestimadas.

TERCERO: Que la presente acción constitucional de protección dirigida en contra del Servicio Nacional de Migraciones, se interpone por la omisión en que habría incurrido el servicio referido, respecto de la solicitud de permanencia definitiva. Pide, en definitiva, ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud presentada y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

QUINTO: Que, la cuestión a resolver será si la demora del Servicio Nacional de Migraciones afecta los derechos de la parte recurrente.

SEXTO: Que, la parte recurrente ha centrado su acción en que la situación ya descrita, le afecta su derecho a la vida e integridad física y síquica, pues se le mantiene en un estado de permanente angustia y desesperación al no poder ejercer prácticamente ningún derecho constitucional, así como su garantía constitucional de igualdad ante la ley, habiendo transcurrido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880. Toda vez que no ha tenido respuesta de lo presentado con fecha 12 de octubre de 2022, respecto de solicitud de residencia para iniciar el trámite para la reunificación familiar de mi hijo Dieu-vensky nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, del informe del recurrido, queda en evidencia que la solicitud presentada se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano, para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo.

OCTAVO: Que el recurrente debe acompañar: “Certificado de NACIMIENTO ORIGINAL Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y/O APOSTILLADO POR LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

De acuerdo a sus registros, se encuentra en etapa de “PENDIENTE”, desde el 24.04.2023.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de la parte recurrente en relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte en relación a este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, resulta ser un hecho conocido por todos que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N°21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido. Sin embargo, atendido el principio de colaboración o cooperación que debe existir entre los organismos públicos, es que esta Corte ordenará en lo resolutivo, que esta sentencia sea puesta en conocimiento del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la Superintendencia de Salud, del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Administradora del Fondo de Cesantía y de la Dirección del Trabajo, quienes deberán distribuirlo entre sus reparticiones y/o entidades fiscalizadas, según corresponda.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción, sin perjuicio que el recurrido deberá emitir pronunciamiento en un plazo razonable de conformidad con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de inadmisibilidad y falta de legitimidad pasiva, alegada por el recurrido.

II. Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por en favor de DIEU-VENSKY nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese al recurrido comunicando lo resuelto.

Redacción a cargo del Ministro Sr. José Marinello Federici.

Regístrese y archivese.

N°Protección-13019-2023.(ela)