EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES EN MATERIAS INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA LTDA

C.A. de Temuco Temuco, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece SEBASTIÁN nombre reservado, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA (A&F SEGURIDAD LTDA), Rut Nº RUT reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección a favor de su representada, ello por los hechos y antecedentes que más adelante se expondrán, esto en contra de don nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, ello en su calidad de Jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, RUT N°RUT reservado, ello en base a los siguientes antecedentes:

I.- HECHOS:

1.- Mi representada es una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada en la región de La Araucanía, ello a través de Guardias de Seguridad que prestan servicios de manera exclusiva para el único mandante de mi representada, la cual es Aguas Araucanía S.A., funciones que ha desarrollado desde el año 2010 sin ningún tipo de inconvenientes.

2.- Es del caso que a comienzos del mes de mayo de 2023 somos notificados de la Resolución Exenta N°28, de fecha 26 de abril de 2023, suscrita por el Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Cautín N°22, acto administrativo mediante el cual se le deniega la autorización a la empresa a la cual represento, para renovar sus actividades de Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos.

3.- Esta negativa a la autorización de renovación de mi representada, se fundamenta en el hecho de que A&F SEGURIDAD LTDA. presentaría en su Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, Multas ejecutoriadas no publicadas en el boletín de infractores (Dirección del Trabajo DTPLUS) y Multas ejecutoriadas publicadas en el boletín de infractores (EQUIFAX), por lo cual es que se resuelve negar la autorización requerida por mi representada para renovar sus actividades en Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos.

4.- Frente a esta situación oportunamente se ejercieron los recursos administrativos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N°3.607 de 06 de enero de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, Decreto Supremo N°1773 de 10 de octubre de 1994 del Ministerio del Interior, por el que se fija el Reglamento del D.L. N°3.607, y en particular en los artículo 59 y siguientes de la Ley 19.880.

5.- Dicho recurso se fundamentó en el hecho de que en el denominado CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, se detallan efectivamente dos tipos de registros, los cuales fueron abordados separadamente:

A) Multas ejecutoriadas no publicadas en el boletín de infractores (Dirección del Trabajo DTPLUS)

En este apartado se detallaban 7 multas, respecto de las cuales se indicó específicamente lo siguiente:

- N°1211/20/24-2: Es del caso que esta multa se encuentra acogida a un Convenio de Pago con Tesorería General de La República, como consta en la Resolución N°167 de fecha 23 de julio de 2021, por lo cual dicha multa no se encuentra morosa ni impaga, sino que suscrita a un convenio de pago en cuotas que se encuentra plenamente vigente, lo cual fue debidamente acompañado en dicho recurso.

- N°1211/20/24-6: Es del caso que esta multa, al igual que la anterior, se encuentra acogida a un Convenio de Pago con Tesorería General de La República, como consta en la Resolución N°167 de fecha 23 de julio de 2021, por lo cual dicha multa no se encontraba morosa ni impaga, sino que suscrita a un convenio de pago en cuotas que se encuentra plenamente vigente, lo cual fue debidamente acompañado en dicho recurso.

- N°3744/20/41-1: Es del caso que esta multa se encuentra íntegramente pagada, como consta del certificado de pago de fecha 31 de marzo de 2023, lo cual fue debidamente acompañado en dicho recurso.

- N°8273/21/25-1: Es del caso que esta multa se encuentra íntegramente pagada, como consta del certificado de pago de fecha 03 de mayo de 2023, lo cual fue debidamente acompañado en dicho recurso.

- N°1652/21/17-2, 1652/21/17-3 y 1652/21/17-4: Estas tres multas se encontraban en esos momentos en un proceso de Convenio de Pago con Tesorería General de La República, por lo que no debían ser consideradas como morosas para denegar la autorización requerida por mi representada, siendo incluso del caso que en la actualidad ya fueron ya pagadas en su totalidad por mi representada.

B) Multas ejecutoriadas publicadas en el boletín de infractores (EQUIFAX) En este apartado se detallan 4 multas, las N°172, 173, 174 y 251.

- Es del caso que estas 4 multas eran las mismas indicadas anteriormente con los registros N°8273/21/25-1, 1652/21/17-2, 1652/21/17-3 y 1652/21/17-4, bastando para ello corroborar los números finales de las mismas, de las cuales, como se mencionó, se encuentran todas íntegramente pagadas.

6.- Como Ss. Iltma. podrá comprobar, se aclaró en dicho recurso administrativo todas las multas respecto de las cuales se acusaba a mi representada de mantener morosas y por lo cual se le negaba la autorización de renovación, sea ello dentro de convenios de pago con Tesorería General de La República o ya habiendo sido íntegramente pagadas, motivo por el cual se le indicaba a la autoridad administrativa que no era procedente que se le denegara la solicitud de renovación de mi representada basada en que esta tendría multas que aparecerían en el denominado CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, ya que si ello era así solo se debía a la falta de actualización de dicho certificado, no pudiendo ello ser imputable a mi representada y así denegar su solicitud, ya que ello se traducía en la práctica en el cierre de su empresa y la perdida de sus fuentes de trabajo de más de 50 personas.

7.- Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución Exenta N°161, de fecha 11 de julio de 2023, notificada con fecha 18 de julio de 2023 a mi representada, ello por don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, en la cual simplemente se indicaba que no se habrían acompañado antecedentes que permitieran desvirtuar la conclusión arribada, esto es mantener supuestas deudas, lo que generaría la perdida de la idoneidad moral exigida por la norma aplicable al efecto. En ese sentido, se indica expresamente que por no haber acompañado los antecedentes que permitan acreditar que las Multas se encontrarían en proceso de convenio de pago, o derechamente pagadas, es que se rechazó el recurso administrativo interpuesto.

8.- Frente a dicha resolución, esta parte con fecha 25 de julio de 2023 interpuso recurso de reposición ante el recurrido, el cual no ha sido resuelto hasta el día de hoy, o a lo menos no hemos sido notificados de resolución alguna que lo haya resuelto.

9.- Luego de la interposición de este recurso de reposición, el que como hemos dicho no ha sido resuelto o a lo menos no hemos sido notificados de ello, es que con fecha 10 de agosto de 2023, funcionarios de Carabineros de Chile, en particular la autoridad fiscalizadora de la Prefectura de Cautín 22, dependiente jerárquicamente del recurrido de autos, se presentan en dependencias del edificio corporativo de Aguas Araucanía S.A., empresa mandante de mi representada como ya hemos indicado, oportunidad en la cual se le cursa una infracción a la empresa A&F SEGURIDAD LTDA. bajo la causal de “Mantener Servicios de Seguridad Privada en Base a RR.HH. con empresa con autorización no vigente”, siendo del caso que en esos momentos se le informa de manera verbal a mi representada que el ultimo recurso interpuesto habría sido rechazado, todo ello de manera ilegal y arbitraria a juicio de esta parte por los antecedentes que hemos expuesto, sin que hasta la fecha hayamos sido notificados de otra manera, por lo cual se realizaba dicha fiscalización, hechos todos que de manera conjunta y concatenada le han producido a mi representada una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, como se expondrá más adelante.

10.- Es del caso que claramente el recurrido comete un grave error al rechazar los recursos interpuestos por esta parte, ya que a través de las alegaciones y aclaraciones que hemos realizado en la etapa administrativa, se debió necesariamente revocar la resolución recurrida y acogerse la autorización para renovar las actividades de Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos respecto de mi representada, debiendo haberse dictado un acto administrativo en su reemplazo, a través del cual se acoja la autorización de renovar las actividades en Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos respecto de la EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA.

2.- Es así como en primer término se vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución, que asegura el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Pues bien, a través del actuar ilegal y arbitrario del recurrido, a través del ejercicio de su cargo, está privando a mi representada del derecho a ejercer su actividad económica de Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos, ya que no existen antecedentes que justifiquen la no renovación de la autorización para ejercer su actividad comercial. A mayor abundamiento, en las decisiones del recurrido se han tomado en consideración antecedentes absolutamente errados, ya que respecto de las multas que se señalan como morosas ya hemos explicado detalladamente el estado de cada una de ellas, por lo cual no se mantienen deudas y por ende no existe una pérdida de la idoneidad moral exigida para autorizar la renovación en cuestión.

3.- En segundo lugar se vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, es decir, el derecho a la propiedad, ya que dicha disposición asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”

Como ya se ha relatado anteriormente, mi representada ejerce comercialmente actividades en Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos, en particular, a través de la prestación de servicios de guardias de seguridad para su mandante Aguas Araucanía S.A., ello en la región de la Araucanía, contrato comercial que se encuentra actualmente vigente y que por la decisión arbitraria e ilegal del recurrido corre grave peligro de ser terminado unilateralmente debido a que mi representada no contaría con los permisos necesarios para ello.

Es en este sentido que ello se entiende que es un derecho incorporal que la ley nos otorga, por lo cual las actuaciones del recurrido han provocado la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio del derecho de propiedad de que tiene mi representada.

Es por todo esto que estimamos que se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica, ya que como lo dispone el artículo 582 del Código Civil, este derecho de dominio, también llamado de propiedad, confiere a su titular un poder completo y total sobre sus bienes corporales o incorporales, por lo que estamos frente al derecho real de mayor importancia, ya que confiere a su titular las facultades de uso, goce y disposición.

Es así como estas actuaciones realizadas por el recurrido, han perturbado e infringido nuestra garantía constitucional ya mencionada, las cual se encuentra protegida por el recurso de protección, y amenazan con proseguir lesionándolas.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección por las razones y circunstancias expuestas en contra del procedimiento administrativo llevado adelante por don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, ya individualizado, mediante la cual rechazó los recursos administrativos interpuestos por mi representada, mediante el cual en definitiva niega la renovación de las actividades de Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos respecto de la EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA (A&F SEGURIDAD LTDA), estableciendo que dicha negativa de renovación se produce por la pérdida del requisito de idoneidad moral de mi representada, por ser esta desicion arbitraria e ilegal, y de esta manera en definitiva someterlo a tramitación ordenando al recurrido informar sobre los hechos denunciados dentro del término que US. Iltma. le indique, para luego acoger en todas y cada una de sus partes el presente recurso, restableciendo el imperio del derecho en el sentido que V.S Iltma., ordene al Jefe de Zona de Seguridad Privada y Control de Armas, a quien lo represente o tenga la Autoridad Institucional, que se acoja la renovación de las actividades de Materias Inherentes a Seguridad Privada en el Área de Recursos Humanos respecto de la EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES EN MATERIAS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA (A&F SEGURIDAD LTDA), evaluando correctamente los antecedentes respectivos y consignando los fundamento para ello, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales respecto a mi representada, emitido por la Dirección del Trabajo.

2.- Resolución Exenta N°28 de fecha 26 abril del año 2023 que deniega autorización a mi representada para renovar actividades en materias inherentes a seguridad privada en el área de recursos humanos.

3.- Resolución N°167 de fecha 23 de julio de 2021, emitida por Tesorería General de La República, en la cual se corroboran los convenios de pagos de multas vigentes según lo expuesto en el presente recurso, en particular de las N°1211/20/24-2 y 1211/20/24-6.

4.- Comprobante de pago de las multas N°3744/20/41-1, 8273/21/25-1, 1652/21/17- 2, 1652/21/17-3 y 1652/21/17-4.

A folio 13 informa recurrido quien dice:

De forma preliminar se advierte la ambigüedad de la acción cautelar, toda vez que no especifica el acto u omisión que se estima arbitrario o ilegal, y en contra del cual recurre, a saber:

(a)

Resolución N°28, de fecha 26.04.2023, de la Prefectura de Carabineros Cautín N°22, acto administrativo que le denegó la autorización en materias inherentes a seguridad privada a su representada.

(b)

Resolución N°161T de fecha 11.07.2023, notificada el 18.07.2023, que rechazó el Recurso Jerárquico.

(c)

Omisión de emitir Resolución que se haga cargo del Recurso de Reposición interpuesto en contra de ía precitada Resolución N°161. Sin perjuicio, de lo que se consigna más adelante sobre su improcedencia comunicada por medio de la Carta N° 21, de fecha 07.09.2023, de este origen.

Hechos:

(i) Resolución fundada. El rechazo de la Autoridad Fiscalizadora competente se fundamentó en la pérdida del requisito de idoneidad - causal sobreviniente -, en particular, la idoneidad moral necesaria para prestar servicios de seguridad privada a través de personas, guardias de seguridad, al mantener respecto de los mismos, deudas previsionales y laborales, producto de graves infracciones al Código del Trabajo.

Debido Proceso. A su vez, la referida decisión se otorgó mediante el Procedimiento Administrativo correspondiente, observando el Debido Proceso conforme a las reglas generales de la Ley N°19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, constando el efectivo ejercicio del derecho de impugnación del recurrente a través de los Recursos de Reposición y Jerárquico, resueltos en las dos instancias administrativas.

Rechazo de autorización. En ese orden de ideas, la Resolución N° 28, de fecha 26.07.2023, de la Prefectura Cautín N°22, rechazó la solicitud de renovación de su autorización de funcionamiento (con vigencia 2 años) por pérdida de idoneidad moral.

Recurso de Reposición. En contra de dicho acto administrativo, el recurrente dedujo un Recurso de Reposición, resuelto mediante la Resolución Exenta N° 32, de fecha 11.05.2023, de la Prefectura Cautín N°22, por no haber acompañado antecedentes que permitan desvirtuar la convicción arribada sobre la pérdida de la idoneidad necesaria, toda vez que registraba las mismas deudas previsionales y laborales, y elevó el Recurso Jerárquico a esta Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos.

Recurso Jerárquico. Luego, mediante la Resolución Exenta N°161, de fecha 11.07.2023, de este origen, notificada el 18.07.2023, se rechazó el Recurso Jerárquico por no haber acompañado antecedentes objetivos que permitieran desvirtuar la decisión adoptada por la Prefectura de Carabineros Cautín N°22, toda vez que si bien expuso un determinado estado procesal de las deudas previsionales y laborales, en similar sentido a lo aquí expuesto, no aportó antecedentes objetivos que desvirtuaran su existencia en el sentido indicado, constatándose un impedimento de importancia para continuar prestando servicios a través de guardias de seguridad.

(ii) No obstante lo anterior, el 10.08.2023, dedujo un Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N°161 de fecha 11.07.2023, de esta Alta Repartición, en un proceso administrativo fenecido, siendo absolutamente improcedente un nuevo Recurso de Reposición en virtud del artículo 59 y demás citas normativas correspondientes de la Ley N° 19.880, lo que fue comunicado al interesado por medio de la Carta N° 21.09.2023, y notificada mediante carta certificada de la misma fecha, antecedentes que se adjunta al presente informe.

Recurso extemporáneo. Como puede apreciarse de los antecedentes previamente relatados, la recurrente dedujo Recurso de Reposición y Jerárquico en subsidio, ambos resueltos y notificados, agotando su derecho de impugnación en atención al artículo 59 y siguientes de la Ley N° 19.880.

En ese orden de ideas, el 18.07.2023, se le notificó personalmente la Resolución Exenta N°161, de fecha 11.07.2023, como además lo reconoce en el texto del Recurso de Protección deducido.

Luego, consta que el 30.08.2023, se ingresó a la Corte de Apelaciones, la acción cautelar en estudio, siendo acogido a tramitación el 01.09.2023.

En consecuencia, se estima que agotado su derecho de impugnación mediante el ejercicio del Recurso Jerárquico, y notificado de la citada Resolución N°161, de esta Jefatura de Zona, el plazo para deducir (a presente acción constitucional debe contarse desde et 18.07.2023, transcurriendo más de 30 días corridos, plazo fatal, conforme al numeral 1, del Acta N° 94-2015 y N° 173-2018, del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema.

Sin embargo, la recurrente a través de la presentación de un nuevo Recurso de Reposición, intentó mañosamente provocar un acto administrativo para revivir un plazo, lo que además se manifiesta en la falta de claridad respecto del acto u omisión supuestamente ilegal o arbitrario, en contra del cual recurre.

(iii). Por último, si bien no es imputable a la Autoridad Fiscalizadora la exposición relativa a la eventual pérdida de puestos de trabajo, en atención a la tasa de desempleo actual, se quiere hacer presente que es necesario distinguir entre la autorización de funcionamiento que se otorga puntualmente a la empresa que contrata y presta servicios a través de guardias de seguridad, y por otro fado, el proceso de acreditación especifico dispuesto para los guardias de seguridad, toda vez que estos son autorizados a desempeñar funciones no solo de forma dependiente sino también de manera independiente. En otras palabras, los guardias de seguridad cuentan con respaldo normativo para migrar a otras instalaciones donde se les requiera.

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 3o de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, la Institución tiene a su cargo, en la forma que determine la Ley, la fiscalización y el control de las actividades de vigilancia privada, que por mandato del Decreto Ley N°3.607, del entonces Ministerio de! Interior, se extienden a la totalidad de las actividades de seguridad privada, dentro de las cuales se contempla aquellas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad o de capacitación de vigilantes privados.

En ese contexto, el artículo 5 bis del Decreto Ley N°3.607, establece que las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores en materias inherentes a seguridad privada, deberán contar con la autorización previa de la Prefectura de Carabineros respectiva, para lo cual los interesados deberán acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional.

A su turno, mediante el Decreto N° 261, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dictó un Manual Operativo en materias de seguridad privada, que de manera expresa regulo el requisito sobre el cual recae la presentación en análisis.

Conforme con lo señalado en el Apartado II., letra b., número románico ii., del referido Manual Operativo, la idoneidad moral de las empresas se demuestra a través del certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, a saber:

"2. Idoneidad moral.

b. Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con código verificador, a nombre de la empresa y de cada uno de los socios, administradores y representantes legales (basta con el de la oficina virtual, subtitulo "deuda previsional" del Boletín de Infractores). Se exigirá que no registre deudas laborales ni previsionales, no otorgándose excepción por este concepto." En ese orden, la solicitud de renovación de funcionamiento presentada antes de vencer la última otorgada por 2 años, fue rechazada por no cumplir con las exigencias de idoneidad, en particular, la idoneidad moral, detectándose su perdida en 2021, poco después de obtener su autorización anterior, de acuerdo con la información pública, y el certificado acompañado por la interesada del Registro de Multas de la Dirección del Trabajo, que a la fecha 12.10.2023.

Conclusión.

Atendidos los hechos y el derecho invocado, Carabineros de Chile, a través de la Prefectura Cautín N°22, ha observado el Principio de Juridicidad, al rechazar la solicitud de renovación porque en esta nueva presentación se ha encontrado con infracciones en materias previsionales y laborales, información aportada por la recurrente, y que de acuerdo con la consulta de fecha 12.10.2023, se mantiene sin modificaciones en el Registro Público de Infracciones de la Dirección del Trabajo, lo que impide su correcto funcionamiento, y que de acuerdo con el Decreto N°261, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no admite excepción.

En consecuencia, se solicita a ese llustrísimo Tribunal Superior, desestime en todas sus partes el Recurso de Protección, y/o lo declare extemporáneo, postulando que el plazo para interponer la presente acción cautelar se compute desde la fecha de notificación -18.07.2023- de la Resolución N°161. de esta Alta Repartición, que rechazó el Recurso Jerárquico, y por tanto, debió interponerse hasta el 17.08.2023, sin embargo, su ingreso se registró con fecha 30.08.2023, superando con creces el plazo dispuesto en el numeral 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia.

IV. Documentos.

En atención a que la recurrente acompañó los documentos referidos en el presente informe, salvo la comunicación de ser improcedente un nuevo Recurso de Reposición en un procedimiento administrativo finalizado, en contra de cual, sólo sería admisible el Recurso de Revisión por las causales específicas contempladas en la Ley N°19.880, se acompaña lo siguiente:

1.- Carta N° 21, de fecha 07.09.2023, de esta Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos.

2.- Respaldo de la tramitación de su notificación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que el recurrente recurre de protección por la dictación de la Resolución Exenta N°28 de fecha 26 de abril de 2023, suscrita por el Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Cautín N°22, por la cual se le deniega la autorización a la empresa recurrente para renovar sus actividades.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad, alegada por la recurrente, cabe hacer presente que si bien se trata de diversos actos administrativos comenzado el 26 de abril de 2023, y que tienen su corolario el día 10 de agosto de 2023, donde la empresa en fiscalizada por Carabineros de Chile, y habiendo sido presentado el presente recurso con fecha 30 de agosto de 2023, es que será rechazada la alegación de extemporaneidad.

CUARTO: Que de los antecedentes para no renovar la autorización por parte de Carabineros, se fundamentan en la falta de idoneidad moral, toda vez que la recurrente registra deuda impagas en la base de datos de la Inspección del Trabajo.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados por la recurrente queda acreditado que ha realizado convenios de pago y solucionado las deudas que registra en la Inspección del Trabajo. Lo cierto, es que existe una actitud en orden aclarar o rectificar la conducta que fue sancionada.

SEXTO: Que con los antecedentes acompañados por el recurrente en este recurso, es que corresponde que Carabineros de Chile, realice una nueva evaluación a fin de determinar si corresponde ser sancionado con la no renovación de sus actividades.

SEPTIMO : Que por lo anteriormente expuesto, es que se acoge el recurso de protección, solo en cuanto el recurrido deberá efectuar una nueva evaluación de antecedentes, en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia .

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de JEFE DE ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA Y CONTROL DE ARMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE, solo en cuanto el recurrente, aportando los antecedentes referidos en la vista de la causa, los mismos sean revisados y valorados para que la recurrida resuelvan en resolución fundada, si mantiene la sanción o acoge la reconsideración presentada, teniendo en consideración, además, que por los señalado en estrados la empresa no ha sido sancionada en forma pretérita por la autoridad competente, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-13015-2023. (sac)