Protección contra sus derechos fundamentales

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, COMPARECE: nombre reservado, Rut: RUT reservado en representación de LA FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), RUT RUT reservado, en su calidad de Presidente, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, región de La Araucanía quien deduce recurso de protección a favor de: a) FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), RUT N°RUT reservado, representada por don nombre reservado, rut RUT reservado ya individualizados, en contra de: a) nombre reservado, RUT N°RUT reservado, en su calidad de delegado presidencial regional de La Araucanía, domiciliado en domicilio reservado y en contra de b) nombre reservado, rut RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, por las omisiones arbitrarias relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública en las que han incurrido las referidas autoridades del Estado que representan en sus respectivos cargos, que privan, perturban y/o amenazan las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en especial con lo relacionado a la provincia de Malleco y el temor fundado que tienen los funcionarios de APS, por los antecedentes de hecho y derecho que a continuación se exponen:

I. nombre reservado

nombre reservado es una asociación gremial con personalidad jurídica, constituida desde el año 1998. Se encuentra organizada como una federación regional que cuenta con jurisdicción y está constituida por alrededor de 4000 funcionarios del área de la salud municipal de toda la región de La Araucanía. Dicha entidad se encuentra legitimada nombre reservado en favor de sus afiliados, sobre todo, porque agrupa a todas las asociaciones de funcionarios del sector salud que laboran en establecimientos y dispositivos de atención primaria en la región, incluyendo a aquellos creados o traspasados por las normas contenidas en el Estatuto de Atención Primaria. Al respecto, el artículo 2º de los estatutos de la federación dispone, “La federación declara dentro de sus objetivos y principios los siguientes: a) Defender los legítimos derechos e intereses, consagrados en la legislación vigente y cuerpos legales existentes, además del perfeccionamiento técnico profesional de sus asociadas y asociados, para asegurar su crecimiento personal y desarrollar las competencias laborales necesarias; b) Defensa de la Salud Pública; c) Solidaridad con la clase trabajadora y los pueblos originarios; d) Respeto a la diversidad sexual. e) Alianza con organizaciones de la comunidad. f) Luchar por educación gratuita y de calidad. g) Recuperar un sistema previsional de reparto Solidario. h) Inclusión de los trabajadores de APS en cualquier calidad jurídica. En todos los demás objetivos serán los planteados por la ley 19.296.

Es claro que uno de los principales objetivos de la federación es defender los legítimos derechos e intereses, consagrados en el ordenamiento jurídico, en favor de sus asociadas y asociados, ello dice relación directa con la protección de todos los funcionarios del área de la salud municipal que son miembros de dicha organización, y como, en su calidad de asociación gremial, se encuentra más que fundamentada la legitimización de acciones, como la contenida en autos, en favor de todos sus afiliados y afiliadas.

II. LOS HECHOS A) PRIVACIONES, PERTURBACIONES Y AMENAZAS ILEGÍTIMAS (INSEGURIDAD E INTRANQUILIDAD PÚBLICA).

Es de conocimiento público que, se ha convertido en una situación habitual el hecho de que en diversas zonas de la Región de La Araucanía, en especial en la provincia de Malleco, se ejerzan actos de violencia e intimidación a los habitantes de la región así como también se incurra en la destrucción y quema total o parcial de bienes que se encuentran en los lugares afectados, todo ello realizado por grupos armados de forma reiterada y sistemática.

Estos hechos de violencia, intimidación, destrucción y/o quema son practicados de forma frecuente por grupos de personas que están armadas, quienes irrumpen de manera imprevista y que por medio de la fuerza o violencia proceden a destruir todo lo que encuentren en el lugar.

Los hechos antes descritos generalmente son conocidos como ‘‘atentados’’, pues existe una intención de parte de estos grupos en orden a dirigirse a violentar a las personas presentes y destruir los bienes, es decir, existe una voluntad de cierta o ciertas agrupaciones de personas violentistas, encaminada a ejercer la fuerza sobre personas y los bienes que se encuentran en el lugar o lugares afectados.

Los atentados son de carácter grave y afectan fundamentalmente el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, así como también el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes.

Así las cosas, con habitualidad, en distintas zonas de la Araucanía, se practican atentados que afectan a las personas y a los bienes, los cuales consisten principalmente en asaltos grupales, desarrollados por personas que la mayoría de las veces ocultan su identidad, pero que portan armas de fuego y corto punzantes, quienes, por medio de intimidaciones, amenazas, amedrentamientos, forcejeos, pedradas, disparos, entre otros hechos de violencia irracionales que ejercen contra las personas y/o bienes de la región, alteran gravemente el orden público, generan temor e intranquilidad en la población pues ven amenazadas su vida, integridad física y psíquica.

ÚLTIMOS HECHOS VULNERATORIOS CIUDAD DE TRAIGUEN Han existido una serie de hechos de violencia, que incluso a la fecha de la interposición de este recurso siguen ocurriendo. Uno de los últimos sucesos de carácter graves que han ocurrido, fue el del sector de Añiñir, de la comuna de Traiguén, en la Ruta R-50 que conecta Traiguén y Ercilla.

Al respecto, el día 02 de agosto de 2023, un grupo armado realizó un ataque incendiario en la comuna de Traiguén, a eso de las 04:00 horas de la madrugada, en el cual, una escuela, una ambulancia, una sede vecinal y la única posta del sector quedaron completamente destruidas.

En tal sentido, un miembro de la nombre reservado, nombre reservado, paramédico de la posta y quien ejercía hace más de 30 años sus funciones en aquel lugar, resultó con quemaduras de primer grado en su cuerpo, concretamente en su rostro, frente, parte de la oreja y cuello, luego de ser alcanzado por una bomba molotov. Además, debido a que su casa se encontraba colindante a la posta, ésta también se vio afectada, quedando completamente quemada, así como también sus dos vehículos y mascotas. Es relevante mencionar también que, el grupo armado, al ver a nombre reservado, comenzaron a disparar hacia la posta pero también a su casa y directamente a él.

Una vez que el grupo huyó del lugar, los integrantes del grupo armado, siguieron efectuando disparos a la zona afectada, razón por la cual un galpón del fundo Santa Elvira resultó con dos impactos balísticos. Así también, fue dejado en el lugar una pancarta alusiva a la causa mapuche, en la cual figuraba la firma de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

CIUDAD DE COLLIPULLI El día 31 de enero de 2023, un equipo de salud municipal fue asaltado por un grupo de encapuchados, mientras se trasladaban en la ruta R-49 entre Collipulli y Curaco, los antisociales abordaron he intimidaron con armas a los ocupantes, les sustrajeron sus pertenencias y los obligaron a descender del vehículo municipal, escapando del lugar de los hechos, a bordo del mismo.

El día 03 agosto de 2023, debido a la existencia de amenazas de toma de las dependencias municipales, y la presencia de barricadas que cortaban el tránsito de la ruta 5 sur, se obligó la suspensión de las actividades de los funcionarios municipales, con el fin de proteger su integridad.

Estos hechos son graves, porque generan temor en la población, al verse expuestos a ser privados o perturbados en su vida e integridad física y psíquica, por el solo hecho de vivir en la zona afectada. Además, las acciones delictuales generan millonarias pérdidas patrimoniales a través de la destrucción y quema de bienes muebles e inmuebles, los que son totalmente destruidos por las agrupaciones que irrumpen violentamente en diversos sectores de la región de la Araucanía.

CIUDAD DE CURACAUTÍN El día 18 de abril de 2023, un grupo de encapuchados desplegó una persecución con la intención de robar el automóvil en el cual se trasladaban dos funcionarios de salud municipal, un médico y un chofer, ambos afectados por impactos balísticos. Los hechos descritos constan de la gravedad de los hechos violentos que se han desarrollado en varias ciudades de la macrozona sur.

También es relevante destacar que los atentados ocurren con frecuencia o habitualidad, lo que representa una latente situación de riesgo o peligro para las personas y los bienes que estén en estos lugares, ya sea día o de noche.

Todo lo señalado implica, que al día de hoy en diversos sectores de la región de la Araucanía, existe ciertamente un ambiente de INSEGURIDAD E INTRANQUILIDAD PÚBLICA, NOTORIA.

En las próximas líneas se mostrará cómo es que los hechos denunciados afectan garantías constitucionales, que reclaman se restablezca el imperio del derecho, por intermedio de acciones positivas que pongan fin a la inseguridad e intranquilidad pública en la Araucanía; porqué se emplaza a la autoridad encargada de la seguridad pública para que restablezca el orden y la tranquilidad al sector que lo reclama (su obligación legal); cuáles son las omisiones arbitrarias e ilegales que se detectan, generando un ambiente de descuido que propicia el desorden y las acciones violentas que generan inseguridad e intranquilidad pública; y cuál es el respaldo institucional que dota de certeza los fundamentos de hecho que se desglosan.

B) AFECTACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 19 N° 1 Y 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Los hechos descritos atentan contra la vida e integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna de Traiguén, además de privar ilegítimamente del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes.

El derecho a la vida. Cada atentado, por sus propias características implica un serio riesgo y amenaza a la vida de las personas que están involucradas, por existir en su desarrollo una serie de elementos peligrosos para una sana y segura convivencia entre las personas, pues se configuran múltiples situaciones, y acciones que en cualquier oportunidad pueden quitarle la vida a quien sea que se vea expuesto a cualquier peligro desplegado en los lugares afectados. Además, la cantidad de atentados y frecuencia con que se suceden ciertamente genera una seria amenaza de perder la vida para cualquiera de las personas involucradas, por los graves riesgos a que se ven expuestas, baste mencionar la existencia de incendios intencionales y presencia de armas de fuego en los lugares afectados.

El derecho a la integridad física y psíquica. Cada atentado, por sus propias características implica un serio riesgo y amenaza a la integridad de las personas que están involucradas, por existir en su desarrollo una serie de elementos peligrosos para una sana y segura convivencia entre las personas; existen elementos que en cualquier oportunidad pueden quitarle la vida a cualquier persona que se vea expuesta a algún peligro desplegado en los lugares afectados. Muchas personas relataron sentir miedo y estar atemorizados por lo ocurrido y verse expuestos en el futuro a un evento de estas características, así, nombre reservado indicó: "aquí lo que uno más pierde es la seguridad, con qué enfrento la vida más adelante; de qué me agarro yo hoy día, para decir ya, gracias, voy a caminar tranquilo en mi lugar de trabajo (...) ¿qué esperamos, que fallezca una persona más en el sector?".

El derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Cada atentado se consuma con la destrucción o quema de bienes que pertenecen a particulares, tales como herramientas, vestuario, maquinaria, vehículos, maderas, edificios, bosques o cualquier objeto que se encuentre dentro la zona que es presa de las acciones violentas que son practicadas por personas extrañas a los afectados, es así como en el presente caso, nombre reservado no solo perdió su vivienda y vehículos, sino que también a sus mascotas producto del ataque incendiario, lo que claramente representa un grave atentado en contra de sus derechos fundamentales, pues estamos en presencia de una pérdida que no solo es material y tangible, pues ha sido también afectada su historia familiar y social, que se encontraba constituida por todo un plan de vida personal, cuyo valor es intangible y difícil de cuantificar, y que claramente a raíz de los hechos acontecidos se ha visto perturbado y privado de poder continuar con su vida familiar y personal de forma normal, teniendo que atravesar por una situación que es provocada por terceras personas, lo que claramente provoca una situación de estrés permanente y afecta directamente la salud mental del afectado. Al respecto, el Dr. nombre reservado, psiquiatra de Clínica las Condes, en su artículo “Consecuencias de la violencia delictual en nuestra salud mental”, menciona que más allá de las pérdidas económicas, estas situaciones pueden tener un serio impacto en la salud mental de quienes enfrentan tales situaciones y que, “Atendiendo al tipo de violencia sufrida y a las características de la víctima se pueden generar trastornos de ansiedad, crisis de pánico, síntomas depresivos, generar un consumo de alcohol o sustancias descontrolado para olvidar esta vivencia o trastorno de estrés agudo o también trastorno de estrés post traumático, entre otras”.

Lo recién mencionado, describe las diversas afectaciones que pueden desarrollarse en quienes enfrentan situaciones traumáticas, lo que permite afirmar que toda actividad delictual de violencia desplegada en contra de las personas, representa una clara perturbación en su vida personal y familiar.

Así, todos los hechos de violencia descritos son públicos y notorios, por cuanto siempre son capturados y difundidos en nuestro país por diversos medios masivos de comunicación, que entrevistan a los afectados, a vecinos de las inmediaciones e incluso capturan imágenes de los hechos violentistas, coincidiendo siempre en que son concretados por un grupo de encapuchados armados, que de paso dejan consignas o mensajes desafiantes.

Además, estos hechos son habituales y frecuentes, generando un “estado de amenaza latente” en el tiempo. Así, los habitantes de las zonas afectadas experimentan privaciones, perturbaciones y amenazas a las garantías de los numerales 1 y 24 de la Constitución Política, que se corrobora con la naturaleza misma de los acontecimientos que se suceden regularmente en el tiempo, la lógica permite razonar que cada cierto espacio de tiempo sucederá algún otro que vuelva a privar o perturbar, es decir existe una “conciencia colectiva de peligro por un mal futuro cierto”. Profundizando en este concepto, podemos explicar que lo experimentado por la población en ciertas comunas es miedo o temor por un mal que ciertamente va a ocurrir, porque sucede regularmente en el tiempo, entonces el imperio del derecho se ve mermado, obstruido o vulnerado por un ejercicio incompleto de las garantías constitucionales, a propósito solo de la existencia de una amenaza de un mal futuro.

Ahondando en la situación que se describe, puede ser catalogada como un verdadero clima de incertidumbre jurídica fundamental o de base, por afectación de derechos esenciales o inherentes a la persona humana; esto constituye una suerte de clima o ambiente de inseguridad e intranquilidad pública, cuestión que es propiciada por la pasividad de las autoridades políticas encargadas de velar para que hechos de esta naturaleza no ocurran.

EL MAL FUTURO TEMIDO. Lo que la población teme en situaciones de este tipo es perder la vida, perder su normalidad física o psíquica y además su patrimonio, derechos que son esenciales. LOS RECURRENTES RECLAMAN PORQUE TEMEN QUE EN EL FUTURO SEA DEMASIADO TARDE Y LAMENTEMOS EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS. Claramente hay temor, miedo, sensación de inseguridad e intranquilidad y lamentablemente en diversas zonas de la región no hay orden público imperante.

C) OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES. OBLIGACIÓN LEGAL DE GARANTIZAR ORDEN, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA POR PARTE DEL DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL Y DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL Las autoridades recurridas han omitido la realización de varias acciones concretas a adoptar, frente a situaciones que privan perturban y amenazan seriamente a la vida e integridad física y psíquica de las personas, además de la propiedad que se detenta sobre los bienes en ciertas comunas de la región.

Según se establece en la ley N° 19.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, en el artículo 1° inciso 1°, ‘‘El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza’’. Así también, el artículo 3° prescribe que: ‘‘En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional. Estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. Corresponderá al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa existentes en la provincia, que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio’’.

En este caso, NO CONSTA que el DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL o el DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL hayan realizado alguna de las siguientes acciones:

- Adopten todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas reclamadas en autos, respecto de los habitantes de la región.

- Den estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas.

- Lleven un registro de todos los atentados incendiarios que ocurran en la Araucanía;

- Generen permanentemente una mesa de trabajo preventivo para trabajar en la seguridad, para la adopción de más y mejores medidas de seguridad para los sectores más afectados de la Araucanía.

- Soliciten a autoridades correspondientes mayor dotación de Carabineros en la región, atendida su mayor necesidad de seguridad para las comunas con mayores índices de atentados incendiarios.

- Soliciten apoyo efectivo a Policía de Investigaciones para la investigación y el esclarecimiento de los hechos y del o los responsables de atentados incendiarios, pidiendo cuenta de las diligencias practicadas.

- Efectúen seguimiento en etapa de investigación a las causas penales por atentados solicitando diligencias y participando en formalizaciones y acusaciones en cada caso que se tengan imputados eventuales responsables de los atentados.

- Soliciten diligencias concretas de investigación para el esclarecimiento de hechos al Ministerio público para la averiguación de los responsables de atentados incendiarios.

- Que participen activamente como parte querellante en causas judicializadas relativas a atentados incendiarios.

- Mantengan un registro de con identificación de la o las personas que atentan contra las personas y los bienes en la Región de la Araucanía.

- Mantengan un protocolo o planificación estratégica de acciones a desarrollar con procedimientos y estándares para la reducción de índices de atentados incendiarios en la región.

- Prevengan la ocurrencia de episodios de violencia en las personas y los bienes en la región.

- Prevengan la alteración a la tranquilidad y el orden público en las zonas de la Araucanía.

- Requiera el auxilio de la fuerza pública en las zonas que son violentados por grupos armados.

- Efectúe requerimientos de mayor seguridad en estas zonas.

Las acciones positivas descritas se estima son las mínimas que se podrían desarrollar al menos en la región por parte del delegado presidencial regional y el delegado presidencial provincial para proteger de manera básica los derechos conculcados que se ha hecho referencia en este recurso, atendida la gran proliferación de hechos de violencia consistentes en ATENTADOS INCEDIARIOS que se han vivido en la región de la Araucanía. Estas acciones positivas básicas se HAN OMITIDO o practicado IMPERFECTAMENTE, y ello ciertamente constituye un incumplimiento de mandatos de base de la Constitución Política de la República y demás Leyes que la complementan como la Ley 19.175.

LAS OMISIONES DESCRITAS ADEMÁS SON ARBITRARIAS O ILEGALES, por cuanto, incumplen mandatos legales expresos relativos al orden, tranquilidad y seguridad pública y, además, porque no obedecen a alguna razón dictada por la prudencia o la lógica frente a todos los episodios catastrados. TODO LO CONTRARIO, es totalmente antojadizo proceder en algunas ocasiones y dejar de proceder en otras; o tener protocolos de seguridad a veces y otras veces no, eso debe regularizarse y procurar la autoridad un estándar mínimo de protección y cautela a las garantías básicas que elimine la improvisación o arbitrariedad a la hora de adoptar medidas conducentes a la protección de derechos frente a atentados.

A partir de lo expuesto sobre OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES, las comunas en las cuales, en el pasado reciente, en el presente y hacia el futuro presentan seria amenaza de vulneración de garantías constitucionales son las siguientes: Collipulli, Curacautín, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Pitrufquén, Carahue, Lumaco, Angol y Traiguén.

Así las cosas, las funciones del DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL se encuentran contenidas en el artículo 2° de la Ley 19.175, entre ellas: a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior; b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; (…), h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes; (…) m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, en coordinación y en conjunto con el gobernador regional y con la debida oportunidad, las necesidades de la región; (…) ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; (…)’’.

Por su parte, las funciones del DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL se encuentran contenidas en el artículo 4° de la Ley 19.175: ‘‘a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes; (…) d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; e) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; (…)’’.

Ahora bien, todo indica que la región y algunas comunas se están acostumbrando a la violencia, que eso es lo normal y lo anormal es la paz y tranquilidad. Esto significa simplemente que se vulneran flagrantemente las garantías de protección a la vida e integridad física y psíquica de las personas, poniendo en riesgo a diario en esta zona la pérdida de la vida o de la normalidad física y psíquica de las personas.

La sensación de peligro y amenaza a la vida e integridad física y psíquica de las personas es constante, ya que permanentemente los habitantes sienten que en esas ocasiones se debaten entre la vida o la muerte, siendo sujetos pasivos frente a agrupaciones armadas de sujetos que violentamente amenazan, agreden y destruyen todo lo que está a su paso.

Frente a este escenario de violencia permanente, nombre reservado que agrupa aproximadamente a 4000 funcionarios de la salud municipal de la región, al verse afectados directamente por el reciente ataque incendiario en la comuna de Traiguén, en donde la única posta del sector quedó completamente quemada así como también se vio directamente afectado nombre reservado, Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), quien resultó con quemaduras de primer grado en su cuerpo y con pérdidas patrimoniales, es que la institución, en cumplimiento de su misión institucional, y sus trabajadores decidieron unirse por un elevado sentimiento de justicia para que se restablezca el imperio del derecho a través del orden, la paz y tranquilidad social que debe reinar en todo el territorio de la nación.

III. EL DERECHO El artículo 19 N°1 inc. 1 de la Constitución Política de la República asegura “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

El artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República asegura “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Los hechos descritos generan una privación, perturbación y amenaza a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 inc. 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

El derecho a la vida, lo mínimo indispensable para sobrevivir…”. (Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 1, 2011, pp. Es indispensable la PROTECCIÓN a la vida, pero resulta que en nuestro recurso este derecho está siendo conculcado y amenazado permanentemente debido a los incesantes atentados incendiarios que por sus propias características y elementos integrantes se hace incompatible con la reunión o convivencia en un solo sitio o lugar de ambas manifestaciones, “los atentados” -por una parte - y “la vida” - por otra -. Por su lado, también la psiquis de toda persona merece respeto y protección, puesto que su afectación muchas veces genera daño irreparable, por lo tanto, su cuidado debe ser elevado. En la situación que denuncia este recurso se evidencian sensaciones colectivas de “miedo” y “temor” en los habitantes de la zona afectada, por eso existe en este aspecto una afectación importante en cuanto a convivir habitualmente con miedo y temor por verse afectados por los atentados incendiarios.

Es decir, los atentados constituyen perturbaciones, privaciones y amenazas a la vida e integridad física y psíquica de las personas y la propiedad sobra toda clase de bienes.

Así, tanto el Delegado Presidencial Regional y la Delegada Presidencial Provincial tienen la obligación legal y constitucional de mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden público, en todo el territorio de la región.

Además, el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Respecto al Delegado Presidencial Regional, el artículo 1° inciso 1° de la Ley 19.175 indica que: ‘‘El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza’’.

Así también, en el artículo 2° de la misma ley se señala que: ‘‘Corresponderá al delegado presidencial regional:

a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior;

b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; (…)

h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes; (…)

m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, en coordinación y en conjunto con el gobernador regional y con la debida oportunidad, las necesidades de la región; (…)

ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; (…)’’.

Respecto del Delegado Presidencial Provincial, el artículo 3° de la Ley 19.175 prescribe que: ‘‘En cada provincia existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional. Estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al delegado presidencial provincial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa existentes en la provincia, que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio’’.

En este sentido, el artículo 4° de la misma ley señala que: ‘‘El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes; (…)

d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

e) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; (…)’’.

Además, como disposiciones comunes para el Delegado Presidencial Regional y Delegado Presidencial Provincial, es relevante destacar la contenida en el artículo 10 de la Ley N°19.175 que indica que ‘‘Los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales podrán solicitar de los jefes de los organismos de la Administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente’’. También, el artículo 11 de la misma ley, señala que ‘‘Los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente, aquellos hechos que, con fundamento plausible, puedan originar responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia’’.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra del delegado presidencial regional de La Araucanía don nombre reservado y a nombre reservado ya individualizados, admitirlo a tramitación, disponiendo que los recurridos evacúen informe pertinente a los hechos materia de la presente acción constitucional dentro del plazo perentorio que su señoría ilustrísima estime pertinente y, en definitiva, acoja el recurso, resolviendo lo siguiente:

1) Que los recurridos han cometido omisiones arbitrarias o ilegales relativos al orden público, la tranquilidad pública o la seguridad pública en ciertas zonas de la Araucanía, con especial énfasis en la provincia de Malleco y en la ciudad de Traiguén, relativo a las garantías de los artículos 19 N°1 inc. 1 y 24 de la Constitución Política de la República respecto de los habitantes de la zona afectada.

2) Que ordena la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales privadas, perturbadas o amenazadas en su ejercicio por las omisiones arbitrarias o ilegales reclamadas en autos, respecto de todos los habitantes de la zona afectada, conducentes a restablecer el imperio del derecho. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes:

- Dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas.

- Llevar un registro de todos los atentados incendiarios que ocurran en la Araucanía.

- Generar una mesa de trabajo preventivo en seguridad conjunta con la nombre reservado, para la adopción de más y mejores medidas de seguridad.

- Solicitar mayor dotación de Carabineros en la región para las comunas con mayores índices de atentados, especialmente en la comuna de Traiguén.

- Solicitar apoyo efectivo a Policía de Investigaciones para la investigación y el esclarecimiento de los hechos y del o los responsables de atentados incendiarios, solicitando cuenta de las diligencias practicadas, informando a nombre reservado.

- Presentación efectiva de querella por la delegación presidencial regional y la delegación presidencial provincial en cada uno de los casos de atentados incendiarios, informando a la nombre reservado sobre la actuación judicial.

- Efectuar un seguimiento en etapa de investigación solicitando diligencias y participar en formalizaciones y acusaciones en cada caso que se tengan imputados eventuales responsables de los atentados, informando a nombre reservado;

- Solicitar diligencias concretas de investigación al Ministerio Público para la averiguación de los responsables de atentados incendiarios, informando a nombre reservado;

- Participación activa como parte querellante en cada causa que se judicialice relativa a atentados incendiarios, por parte de la delegación presidencial regional y provincial, informando a nombre reservado.

- Mantener un registro de con identificación de la o las personas que atentan contra las personas y los bienes del sector afectado, informando a nombre reservado;

- Efectuar en el plazo que V.S.I. estime pertinente, la planificación conjunta de las acciones que desarrollarán para cumplirla, los procedimientos que se utilizarán y los estándares que se auto exigirán, informando a nombre reservado;

- Informar a la Corte de Apelaciones de lo dispuesto, la aplicación del plan y los logros avanzados, durante el plazo de un año, informando a nombre reservado;

- Cualquier otra medida que V.S.I. estime pertinente a fin de proteger la vida e integridad física y psíquica así como el derecho de propiedad en la región, a lo menos de la comuna de Traiguén.

3) Que se condena en costas a los recurridos.

A folio 10 evacúa informe el abogado don ROBERTO VALDÉS SEGUEL, por la recurrida DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO, representada por doña nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en los siguientes términos:

De las Razones por las cuales el recurso de protección de autos es improcedente.

Refiere que, para la procedencia del recurso de protección es muy necesario tener claridad de la persona del ofendido, pues solo éste es titular del legítimo derecho que pudiera resultar afectado y respecto del cual, pesaría la obligación de satisfacer la pretensión buscada con el recurso interpuesto. En el caso concreto, no se identifica la persona del ofendido que es un elemento esencial para recurrir ante este Tribunal. La referencia a “todos los habitantes” o “todos los funcionarios” es insuficiente para dar cumplimiento a este requisito, debiendo contener la determinación clara, precisa y concreta del recurrente o la persona a cuyo favor se recurre, conforme a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, disposiciones que no contemplan una especie de acción popular a favor de personas indeterminadas. En efecto, el artículo 19 es bastante claro que garantiza a todas las personas, permitiendo recurrir solo a quien sufra privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, aspecto que supone necesariamente su identificación para que el Tribunal correspondiente pueda evaluar si respecto de una persona determinada se encuentra vulnerada en el ejercicio de las garantías y libertades que la Constitución asegura a todas las personas y, por consiguiente, si pesa en el recurrido el incumplimiento de un deber de servicio a su favor. En consecuencia, y no estando determinada en forma clara precisa y concreta el nombre de las personas a cuyo favor se recurre, el recurso de protección no puede ser acogido, ya que en la misma sentencia debe establecerse el titular del derecho conculcado y las medidas decretadas a su favor.

El recurrente, no lo hace a favor de una persona determinada, sino a nombre de “todos los habitantes de la zona afectada” y a favor de “todos los funcionarios”, indicando a modo meramente ejemplar algunos casos, por lo que tenemos el problema de determinar si respecto de todos los habitantes y todos los funcionarios de la salud municipal a nivel regional, se han visto privados, perturbados o amenazados en el ejercicio del derecho a la vida y a la propiedad, cuestión que debe analizarse respecto de cada caso concreto; sin embargo, al no haberse identificado a los afectados, más que de un modo ejemplar, no resulta posible informar sobre el punto, como tampoco resulta posible al Tribunal fallar a favor de “todos los habitantes” o “todos los funcionarios” sin que exista certeza de la vulneración en el ejercicio de alguna de las garantías constitucionales que invoca como la vida y el derecho de propiedad.

a-. La acción de protección de derechos constitucionales, no es la vía idónea para acoger la pretensión de la recurrente.

Como SS. Iltma. bien conoce, el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, además de adoptar las medidas de seguridad para proteger a las víctimas y a los testigos. En efecto, las medidas de protección especiales y especificas solicitadas, en nuestro ordenamiento jurídico se otorgan en virtud de la denuncia o querella que se ejerce ante el organismo competente desde que, nuevamente, corresponde al Ministerio Público la adopción de las medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

Lo anterior, ha sido asimismo resuelto por nuestros tribunales de justicia, cita jurisprudencia.

b.- La acción de autos pretende que la jurisdicción califique la idoneidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades en materia de orden y seguridad.

Junto con lo anterior, en el caso de marras, se pretende que se realice una declaración jurisdiccional de que existe tal omisión, en la protección de los ciudadanos o más especialmente de los funcionarios de la salud municipal, por lo cual, la recurrente deja de manifiesto la falta de idoneidad de los medios utilizados para dicho propósito, que escapa a la naturaleza cautelar urgente propia de una acción de protección, desde que, no es posible a través de esta vía que se pretenda que en sede jurisdiccional se le ordene a la Administración, la forma en cómo debe ejercer las facultades que le son propias. Asimismo, la acción de protección debe desecharse ya que las medidas requeridas por los recurrentes, dada su amplitud, persiguen que SS. Iltma. formule una verdadera regulación sobre cómo proceder en el resguardo del orden público, materia que -de nuevo- le es ajena y excede largamente los fines previstos para este remedio judicial.

No cabe duda que, el objetivo buscado con la interposición de esta acción de protección, es que el Poder Judicial sea quien califique y valore las medidas adoptadas por las Autoridades Administrativas en materia de orden y seguridad pública, pero no sólo ello, sino que, además, pretende que sea esta misma sede jurisdiccional la que ordene a la Administración lo que debe hacer en la materia.

Lo expuesto, es plenamente aplicable para el caso de autos, ya que son los órganos y servicios recurridos en estos autos, junto con otros, los que actuando en conjunto y de manera coordinada, pero cada uno dentro del ámbito propio de su competencia, quienes, determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementarse en materia de orden y seguridad pública. Así, es evidente que nos encontramos frente a una acción de protección utilizada para cuestionar la idoneidad, oportunidad, eficiencia y eficacia del ejercicio de atribuciones de distintos órganos de la Administración del Estado, cuestión que, evidentemente, escapa al alcance y sentido propio de este remedio judicial.

De esta forma, lo pretendido en el libelo de la especie, es que sea un órgano jurisdiccional el que decida sobre la gestión administrativa, cuestión que ha sido negada mayoritariamente por los Tribunales Superiores de Justicia. Cita jurisprudencia.

c.- Lo solicitado por los recurrentes, es la simple explicitación de la obligación constitucional y legal de los servicios recurridos.

Resulta ser manifiesto que, lo solicitado por la recurrente, es la simple explicitación de la obligación constitucional y legal de los servicios en la materia, cuestión que hace improcedente la presente acción de protección por ineficaz.

En efecto, como puede observarse, al buscar la recurrente que se ordene a los servicios recurridos cumplir con su obligación legal a fin de que adopten las medidas necesarias; se procura alcanzar vía declaración judicial aquello que ya se encuentra contenido en la legislación vigente, cuestión que lo torna en ineficaz, puesto que busca declarar las mismas competencias y deberes que la autoridad administrativa ya posee y ha ejercido. Cita jurisprudencia.

d.- De la no concurrencia de una conducta, por acción u omisión, ilegal e arbitraria por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco.

De acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de la República, el Gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien, es el Jefe del Estado. En efecto, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pues, el colaborador directo del Presidente en esta materia, de acuerdo al articulo 33 de la Carta Fundamental, es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, cuyas atribuciones se encuentran contempladas, principalmente, en la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarias de Estado.

Conforme a los términos del artículo 1° de la Ley N° 20.502, la máxima autoridad de este ministerio, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en Los asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentra la decisión política en estas materias. Además, el artículo 3° letra b) del cuerpo normativo en comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra la de velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

Por su parte, el representante del Presidente a nivel regional, es actualmente el Delegado Presidencial Regional (ex Intendente Regional, de conformidad a las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175. Organica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

En particular, en el artículo 2° del referido cuerpo normativo, se encuentran las atribuciones de los Delegados Presidenciales Regionales, y entre las que dicen relación directa con orden y seguridad pública, encontramos las siguientes, a saber:

b-. Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c-. Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley, y h-. Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia conforme a las disposiciones legales pertinentes.

Acto seguido, en lo que dice relación con los Delegados Presidenciales Provinciales (ex Gobernadores provinciales), en el artículo 4° de la referida normativa, se encuentran sus atribuciones, y entre estas, las que dicen relación directa en materia de orden y seguridad pública, son las siguientes, a saber;

a-. Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes, c-. Autorizar reuniones en plazas, calles y demas lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes:

d-. Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdiccion, en conformidad a la ley, y h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

Luego, los organismos encargados de garantizar el orden y la seguridad pública interior, de conformidad al inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

A mayor abundamiento, Carabineros de Chile tiene por finalidad, conforme a lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile: garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. En ese mismo sentido, la policia uniformada, conforme consta en el artículo 3° de la fuente normativa en comento, puede establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades especificas, de acuerdo con la Constitución y la legislación respectiva, siendo la misión esencial de dicha policia, desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva.

Habiéndose detallado lo anterior, cabe precisar que las Delegaciones Presidenciales recurridas, muy especialmente la Provincial de Malleco, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro del marco de sus capacidades instaladas, ha cumplido con sus funciones en la materia.

Lejos de la despreocupación estatal alegada por la recurrente, se ha prestado especial atención al conflicto existente en distintas zonas de la Provincia. En este sentido, la situación que viven día a día sus habitantes, constituye un asunto de Estado y una prioridad para esta Administración, utilizándose una gran cantidad de recursos humanos y materiales para enfrentar las actividades delictuales y, al mismo tiempo, favorecer al desarrollo multidimensional de sus habitantes, cuestiones que por cierto presentan dificultades operativas importantes dada la presencia e interferencia permanente de varios grupos organizados de carácter criminal.

* En ese contexto, nos parece fundamental que SS. Iltma. tenga a la vista el siguiente detalle del quehacer de esta Delegación Presidencial Provincial en la materia:

1-. Funciones de Seguridad Pública de la Delegación Presidencial Provincial.

1. Apoyar las actividades de promoción y difusión de estrategias de seguridad pública en las comunas de la provincia principalmente en materias de prevención y control de la delincuencia de acuerdo a la Ley N°20.965 2. Apoyar la coordinación de las policías para la participación en reuniones y mesas de seguridad con distintos servicios públicos.

1. Participar de las reuniones del Sistema Táctico Operativo de Carabineros de Chile.

2. Participar de los Consejos de seguridad pública de las comunas de la provincia de Malleco.

3. Realizar visitas a terreno, dentro del marco de la Gestión Territorial y seguridad pública de la respectiva provincia.

4. Promover la participación ciudadana en instancias de Plazas y Diálogos ciudadanos organizados por la Delegación Provincial.

5. Asesorar, apoyar y proveer orientación técnica para la efectiva ejecución administrativa y política de los diversos procesos, actividades y tareas realizadas en la Delegación Presidencial Provincial.

6. Coordinación y articulación territorial de los Servicios Públicos con presencia en la provincia y traducirla en acciones conjuntas en las distintas localidades del territorio 7. Prestar Apoyo y colaboración directa a la Autoridad Provincial en la ejecución de las funciones propias de su cargo.

8. Ejecución de otras funciones encomendadas por la Jefatura correspondiente, dentro de la competencia.

9. Coordinar la Mesa de Seguridad para sector Salud de la Provincia de Malleco, la que se desarrolla cada 30 días, en la que participan la Delegada Provincial Malleco, el Director del Servicio de Salud Araucania Norte, Dirigentes Gremiales del Servicio de Salud Araucania Norte, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Ministerio Público y Representantes de los Alcaldes de la Provincia.

10. Coordinar mesa con encargados comunales de seguridad pública de la provincia de Malleco, en donde se abordan materias de prevención del delito, análisis de estadísticas delictivas, coordinación de actividades de promoción, capacitaciones, entre otros.

2-. En Cuanto al Ejercicio de Acciones Penales por Hechos de Violencia.

El inciso 3° del artículo 111 del Código Procesal Penal dispone que “Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las facultades correspondientes”.

La modificación introducida por la Ley N° 20.990 consiste, entre otras, en la agregación de un artículo 115° bis a la Carta Magna, que establece la existencia de una delegación presidencial regional, en los siguientes términos: "Artículo 115° bis. En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.”

Por su parte, las leyes Nº 21.073 y N° 21.074 modificaron, entre otros cuerpos legales, la Ley Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, en cuanto a la denominación de las autoridades en las cuales reside el gobierno interior de cada región como representantes naturales e inmediatos del Presidente de la República. Estas autoridades pasaron de llamarse “Intendentes Regionales” a “Delegados Presidenciales Regionales”, con idénticas facultades en cuanto a la función pública de gobierno interior. Las nuevas autoridades creadas, gobernadores regionales, únicamente asumieron las facultades que los intendentes detentaban en cuanto a órgano ejecutivo del gobierno regional y a la administración superior de la región.

La disposición transitoria Vigesimoctava de la Constitución Política de la República, introducido por la Ley N°20.990, ya citada, señala en su inciso 7º, que: “Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda”.

Dentro de aquellas leyes que entregaban atribuciones al intendente, se encuentra el DFL 7.912 de 1927, en cuyo artículo 3º -para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111° del Código Procesal Penal-, establece las facultades para presentar querellas en causas por hechos que tipifiquen delitos que constituyan alteración el orden público, la seguridad pública y por infracción a las leyes Nº19.327 sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional y Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

De modo que la atribución de accionar penalmente en causas criminales de la competencia del intendente, debe entenderse que ahora lo es del Delegado Presidencial Regional, puesto que la disposición transitoria de rango constitucional antes citada expresa claramente que la voluntad del constituyente es la continuación legal de la Intendencia Regional en la Delegación Presidencial Regional, lo que se confirma con el establecimiento de idénticas facultades a las que detentaba la Intendencia Regional y que le otorgaba titularidad nombre reservado la acción penal, en conformidad al artículo 2° letra h) de la Ley N° 19.175.

A su turno, el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912 de 1927 del Ministerio del Interior que Organiza las Secretarias de Estado, y sus modificaciones posteriores, en particular la Ley N° 20.502 de 2011 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y modifica otros cuerpos legales en lo que respecta al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público, establece en su artículo 3° la facultad de los Intendentes Regionales -actuales Delegados Presidenciales Regionales- a deducir querella en aquellos casos donde se afecte la seguridad, tranquilidad y orden públicos, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales a su respecto, como por ejemplo la ley N° 19.175.

Lo preceptuado por el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley 7.912 es del siguiente tenor: “Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos; Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas por leyes especiales, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes y Gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella:

a) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;

b) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. (…)”.

En ese contexto, debemos informar que en la Región de la Araucanía la Delegación mantiene 451 causas penales vigentes, de las cuales 46 se han dirigido contra imputados conocidos y entre ellos 40 se encuentran en prisión preventiva.

ARAUCANÍA Causas con imputado conocido 46 Personas nominativamente imputadas 141 Imputados sujetos a prisión preventiva 40 Causas vigentes 451 Por otro lado, si efectuamos un análisis comparativo con otras regiones y años en la misma región, podemos constatar que en el año 2022 obtuvimos 141 condenas y en el 2023 llevamos 90 personas condenadas, superando a otras regiones, reflejando además una mayor eficacia comparado con los años 2020 y 2021.

En cuanto a los casos mencionados y que son utilizados de ejemplos fundamentales en este recurso, debemos decir que se ingresaron las querellas RIT 623-2023 ante el Juzgado de Garantía de Traiguén, RIT 679-2023 ante el Juzgado de Garantía de Curacautín, cuyas investigaciones se encuentran en desarrollo.

3-. Desarrollo de planes, programas y mesas de seguridad para sector salud.

Mediante Oficio de la Subsecretaria del Interior ORD 14542, se instruye la constitucion de mesas de seguridad:

En sesión de trabajo conjunto, de 18 de Mayo del corriente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, Parlamentarios, Colegio Médico y representantes de gremios de la Salud, acordaron, entre otras medidas, la conformación a nivel Regional y Provincial de mesas de trabajo intersectoriales para implementar planes periódicos y continuos de seguridad en los Servicios de Salud y Servicios de Atención Primaria de Salud Municipal, a nivel nacional.

Es del caso señalar que los acuerdos se materializan en atención a las facultades previstas en el artículo 1° de la Ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos y que se materializan, especialmente en los literales A, B y del artículo 3° de la misma norma y que a nivel regional, provincial y comunal se expresa en los artículos 2° de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y 104 A y siguientes de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a dichos acuerdos, por el presente, se le instruye mediante resoluciones exentas 332 y 337 de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco, disponer de la constitución de estas mesas de trabajo a nivel Provincial.

La constitución de estas mesas de trabajo se concretó en un plazo máximo de 10 días hábiles, cantadas desde la notificación del presente oficio, plazo acotado para el cual se tuvo en consideración la ocurrencia de hechos de violencia que están afectando al personal las instalaciones Delegación Presidencial Provincial de Malleco Página 22 de 29 Departamento Jurídico y usuarios de salud y que fueron expuestos en la referida reunión de 18 de mayo 2023, debiendo sesionar a lo menos una vez cada treinta días.

Las mesas de trabajo son conformadas de la siguiente forma:

· Por la Delegado Presidencial Regional en las capitales regionales y los respectivos Delegados Provinciales, quienes ejercerán la Dirección Ejecutiva de la misma, pudiendo designar un secretario.

· Los Directores/as de Servicios de Salud, quienes deberán asistir de manera obligatoria a las sesiones que se les convoque, pudiendo en casos calificados disponer la asistencia de algún directivo del Servicio.

· Un alcalde o alcaldesa en calidad de representante de la asociación de municipios de la respectiva provincia, designades por esta.

· Mandos policiales del respectivo territorio.

· Un representante del Ministerio Público.

· Un representante de cada uno de los Gremios del Sector Salud de Municipal.

Señala las mesas de trabajo conformadas.

Estas mesas de trabajo son las responsables de generar una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local y de proponer un plan de segundad en los Servicios de Salud y la Atención Primaria de Salud Municipal para el personal, instalaciones y usuarios, además del seguimiento de los planes que se implementen, formular propuestas de mejora y demás acciones que se determinen por los representantes y/o por instrucciones de este Ministerio, todo ella con mecanismos de reportabilidad permanente a la Subsecretaria del Interior.

4-. Del fortalecimiento de los recursos humanos y logisticos en la zona.

Se ha ejecutado un plan de fortalecimiento de la dotación, equipamiento y tecnología tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones de Chile, con una inversión que supera los $20.000 millones de pesos y que se traduce en vehículos blindados, furgones, transporte de personal, drones y tecnología de comunicaciones para hacer más eficaz la lucha contra la violencia.

Por su parte, también durante este año, se aumentó el presupuesto de ayuda a las víctimas, al PROGRAMA DE APOYO A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA RURAL, esto es financiar iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas y sociales, que resulten afectadas por eventos de violencia rural en las regiones de la Araucanía, pudiendo las victimas postular a algunos de los beneficios que el citado programa contempla a través de las delegaciones presidenciales regionales o provinciales según corresponda. En la actualidad, el Centro de Atención a Víctimas de Temuco ha atendido a la fecha a 126 víctimas que son funcionarios de Salud Municipal. De los cuales 73 han recibido atención Psicológica, 41 atención jurídica y 39 atención social.

Cabe mencionar que las vías de ingreso al programa es mediante:

· Demanda espontanea.

· Derivación de la Coordinación Regional del programa de Víctimas de Violencia Rural.

· Coordinación Provincial del Programa de Víctimas de Violencia Rural.

· Ministerio Publíco.

· Servicio de Salud Araucanía Norte.

Medidas de apoyo para víctimas de violencia rural:

• Apoyo social para personas afectadas por violencia rural – FONDO ORASMI, Asistencia social transitoria a personas naturales víctimas de delitos de violencia rural que estén pasando una situación de vulnerabilidad social en las áreas de salud, vivienda, educación, discapacidad, emprendimiento, asistencia social, entre otras. Se requiere evaluación previa para la aprobación del beneficio.

• Asesoría psicológica, social y/o jurídica – CENTROS DE APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RURAL. Asesoría y apoyo psicológico, social y/o jurídico para personas que hayan sufrido delitos de violencia rural. Esta atención es gratuita y la entregan los equipos de profesionales que están en alguno de los centros ubicados en las comunas de Los Ángeles y Cañete en la región del Biobío, y en Temuco y Victoria en la región de La Araucanía 5-. De la Declaración y actual estado vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

Enseguida, cabe tener en especial consideración que, en la actualidad, a propósito del decreto supremo Nº 189, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas del territorio nacional que indica; los decretos supremos Nº 199, Nº 214, Nº 219, Nº 223, Nº 231, Nº 242, Nº 245; el decreto supremo Nº 262, de 2022 que modifica el decreto Nº 189, de 2022; el decreto supremo Nº 270, Nº 285, Nº 296, Nº 307, Nº 320, Nº 335, Nº 356, Nº 365 de 2022, y Nº 12, Nº 40 y Nº 47, de 2023, y el Decreto 229 de fecha 05.09.2023. del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorrogan la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia; encontrandose actualmente vigente el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Biobio y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de la Araucanía.

En efecto, la declaratoria del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, se funda en la grave alteración al orden público en dichas zonas, provocada por el incremento constante y la concentración de actos de violencia vinculados al narcotrafico, terrorismo y el crimen organizado en dicho territorio, y cuyos efectos fueron expuestos en los considerandos del Decreto Supremo N° 276, de 2021 ya citado, en los siguientes términos:

“5.- Que, el número, magnitud y gravedad de los delitos y hechos señalados, cometidos en las provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía señaladas, implican una alteración grave del orden público entendiéndose por tal la situación que permite el pacifico ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, asegurando la pacífica convivencia" -, en los terminos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, lo que permite la dictación del estado de excepción constitucional de emergencia respecto a tales zonas del territorio nacional, dispuesto en dicho artículo.

6.- Que. La situación descrita en los considerandos precedentes requiere que el Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia reseñados (lo destacado es nuestro).”

Por su parte, se debe indicar que, a pesar de que la situación de violencia que dio origen a la declaración del estado de excepción constitucional de emergencia ha disminuido, ella no ha cesado en las zonas afectadas, subsistiendo las circunstancias que motivaron la declaración efectuada, por lo que se hacen necesarias las sucesivas prórrogas de la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia.

Pide tener por evacuado el informe requerido a la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO, y se rechace en todas sus partes de la acción cautelar deducida, con costas.

Acompañó los siguientes documentos:

1) ORD. 14542 de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que Instruye conformación de mesas de seguridad para salud en la región de la Araucanía.

2) Oficio Ord 441 de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco sobre la Conformación de Mesa de seguridad para salud.

3) Resolución Nº6365 de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que aprueba programa de víctimas de violencia rural y sus lineamientos.

4) Oficio Ord 555 de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco Convoca a reunión Mesa de Seguridad para Salud Provincia de Malleco 26.07.2023 5) Acta Nº 1, 2 y 3 con listado de asistencia de las Mesas de seguridad para el Sector Salud Provincia de Malleco.

6) El Decreto Supremo N°229 de fecha 05.09.2023.189, que prorrogada vigencia de Decreto Supremo Nº189, de fecha 16.05.2022, que decreta Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía.

7) Repositorio Fotográfico de Actividades de La Delegación Presidencial Provincial De Malleco; referentes a la salud y seguridad de sus funcionarios en la provincia de Malleco año 2023.

A folio 15 evacúa informe la abogada doña Anita Almonacid Tecas, por la la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, rol único tributario N°60.511.090-8, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, región de La Araucanía, en los siguientes términos:

RAZONES POR LAS CUALES DEBE DECLARARSE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INTERPUESTA.

a) Inexistencia de la identificación de la persona afectada.

Para que sea admisible el recurso de protección debemos estar frente a una persona titular de un derecho asegurado por la constitución, que el ejercicio de ese derecho sea privado, perturbado o amenazado, por otra persona o autoridad, mediante acciones u omisiones, solo así la Corte de Apelaciones podrá acogerlo y restablecer la situación de hecho, sin perjuicio de las acciones ordinarias.

De lo anterior se desprende que, para la procedencia del recurso de protección es muy necesario tener claridad de la persona del ofendido, pues solo éste es titular del legítimo derecho que pudiera resultar afectado y respecto del cual, pesaría la obligación de satisfacer la pretensión buscada con el recurso interpuesto. En el caso concreto, no se identifica la persona del ofendido, lo que es un elemento esencial para poder recurrir ante Usía Ilustrísima. La referencia a “todos los habitantes” o “todos los funcionarios” es insuficiente para dar cumplimiento a este requisito.

b) Extemporaneidad de la acción de interpuesta.

En cuanto a la oportunidad del recurso, nada dice el recurrente con respecto al momento en que supuestamente se ha incurrido en la acción u omisión arbitraria e ilegal que incidiría en la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo del derecho a la vida o la propiedad, lo que permite calificar el mismo de extemporáneo.

En el cuerpo del escrito hace referencia a un robo con intimidación que habría ocurrido el 31 de enero del año 2023, un robo con violencia de fecha 18 de abril del año 2023 y un ataque incendiario de fecha 02 de agosto del año 2023. Si contamos el plazo desde cualquiera de esas fechas, el recurso de protección resulta extemporáneo, al haber expirado el plazo de 30 días contados desde la ocurrencia del mismo.

c) Impedimentos constitucionales y legales para que el Delegado Presidencial Regional pueda ordenar medidas de protección, resguardo y vigilancia de particulares.

El Delegado Presidencial Regional carece de facultades normativas para disponer de Carabineros de Chile y ordenar medidas de protección, resguardo y vigilancia de particulares, esto debido a que, el inciso final del artículo 4° de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, lo prohíbe expresamente señalando lo siguiente: "La autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público o estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia y que hayan sido objeto de medidas ordenadas o decretadas por ellos y comunicadas o notificadas, en su caso, a Carabineros".

En virtud de aquello, esta autoridad administrativa no puede actuar fuera de su competencia o en alguna forma que la ley no prescriba, sin incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y penales. En efecto, los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política, señalan expresamente que las autoridades legalmente investidas deben actuar dentro de su competencia y en la forma que la ley prescribe, de lo contrario el acto es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

d) La acción pretende que la jurisdicción califique la idoneidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de medidas y decisiones adoptadas en materias de prevención y resguardo del orden y seguridad.

La acción de protección de autos indirectamente parece pretender que Usía Ilustrísima califique la idoneidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas por esta autoridad en materia de orden y seguridad, lo que deja de manifiesto la falta de idoneidad del medio utilizado para dicho propósito, que escapa a la naturaleza cautelar urgente propia de una acción de protección, ya que no es posible que a través de esta vía se pretenda que la jurisdicción evalúe el mérito de las decisiones adoptadas por la autoridad política en cumplimiento de sus funciones gubernativas, o substituyan u ordenen la adopción de las medidas que estime pertinentes, sin exceder el ámbito de sus propias competencias y facultades, ajenas al gobierno y administración de los recursos del Estado.

IV. EJERCICIO DE ACCIONES PENALES.

El inciso 3° del artículo 111 del Código Procesal Penal dispone que “Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las facultades correspondientes”.

La Ley N° 20.990 de fecha 5 de enero de 2017 modificó el Capítulo XIV sobre “Gobierno y la Administración Interior del Estado” de la Constitución Política de la República de 1980. En su artículo 111°, antes de la modificación, prescribía que: “El gobierno de cada región reside en un intendente que será de exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción”. La modificación introducida por la Ley N° 20.990 consiste, entre otras, en la agregación de un artículo 115° bis a la Carta Magna, que establece la existencia de una delegación presidencial regional, en los siguientes términos: "Artículo 115° bis. En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.”

Por su parte, las leyes Nº 21.073 y N° 21.074 modificaron, entre otros cuerpos legales, la Ley Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, en cuanto a la denominación de las autoridades en las cuales reside el gobierno interior de cada región como representantes naturales e inmediatos del Presidente de la República. Estas autoridades pasaron de llamarse “Intendentes Regionales” a “Delegados Presidenciales Regionales”, con idénticas facultades en cuanto a la función pública de gobierno interior. Las nuevas autoridades creadas, gobernadores regionales, únicamente asumieron las facultades que los intendentes detentaban en cuanto a órgano ejecutivo del gobierno regional y a la administración superior de la región.

La disposición transitoria Vigesimoctava de la Constitución Política de la República, introducido por la Ley N° 20.990, ya citada, señala en su inciso 7º, que: “Los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda”.

Dentro de aquellas leyes que entregaban atribuciones al intendente, se encuentra el DFL 7.912 de 1927, en cuyo artículo 3º -para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111° del Código Procesal Penal-, establece las facultades para presentar querellas en causas por hechos que tipifiquen delitos que constituyan alteración el orden público, la seguridad pública y por infracción a las leyes Nº 19.327 sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional y Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

De modo que la atribución de accionar penalmente en causas criminales de la competencia del intendente, debe entenderse que ahora lo es del Delegado Presidencial Regional, puesto que la disposición transitoria de rango constitucional antes citada expresa claramente que la voluntad del constituyente es la continuación legal de la Intendencia Regional en la Delegación Presidencial Regional, lo que se confirma con el establecimiento de idénticas facultades a las que detentaba la Intendencia Regional y que le otorgaba titularidad nombre reservado la acción penal, en conformidad al artículo 2° letra h) de la Ley N° 19.175.

Conforme a lo establecido en el artículo 2º letras b) y h) de la Ley Nº 19.175 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (modificada por la Ley N° 21.073 del 22 de febrero de 2018), “Corresponderá al delegado presidencial regional: (…) b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; (…) h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes”.

A su turno, el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912 de 1927 del Ministerio del Interior que Organiza las Secretarias de Estado, y sus modificaciones posteriores, en particular la Ley N° 20.502 de 2011 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y modifica otros cuerpos legales en lo que respecta al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público, establece en su artículo 3° la facultad de los Intendentes Regionales -actuales Delegados Presidenciales Regionales- a deducir querella en aquellos casos donde se afecte la seguridad, tranquilidad y orden públicos, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales a su respecto, como por ejemplo la ley N° 19.175.

Lo preceptuado por el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley 7.912 es del siguiente tenor: “Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden públicos; Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas por leyes especiales, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes y Gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella:

a) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;

b) Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. (…)”.

En ese contexto, debemos informar que en la Región de La Araucanía la Delegación mantiene 451 causas penales vigentes, de las cuales 46 se han dirigido contra imputados conocidos, y entre ellos 40 se encuentran en prisión preventiva.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Causas con imputado conocido 46 Personas nominativamente imputadas 141 Imputados sujetos a prisión preventiva 40 Causas vigentes 451 Por otro lado, si efectuamos un análisis comparativo con otras regiones y años en la misma región, podemos constatar que en el año 2022 obtuvimos 141 condenas, mientras que en el 2023 llevamos 90 personas condenadas, superando a otras regiones, reflejando además una mayor eficacia comparado con los años 2020 y 2021.

Causas en favor de los recurrentes:

Que, en cuanto a los casos mencionados en el recurso, es importante mencionar que se interpusieron dos querellas, las cuales actualmente se encuentran en desarrollo, bajo el siguiente detalle:

- RIT 623-2023 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, declarada admisible con fecha 03 de agosto de 2023.

- RIT 679-2023 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín, declarada admisible con fecha 24 de agosto de 2023 V. ACCIONES EN FAVOR DE LA TRANQUILIDAD, ORDEN PÚBLICO Y EL RESGUARDO DE LAS PERSONAS Y BIENES.

Que, en cuanto a las medidas conducentes a velar porque en el territorio de nuestra jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y el resguardo de las personas y bienes, es menester señalar que el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, en su rol de representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción, aparte de participar activamente en la presentación de querellas y hacer el respectivo seguimiento de ellas por parte de la Unidad Penal, también lleva a cabo otras medidas y acciones en torno a la seguridad, tales como las que se detallan a continuación:

- Comité Policial de Coordinación: Esta instancia se realiza semanalmente, contando con la asistencia de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, Delegación Presidencial Provincial de Malleco, Subsecretaria de Prevención del Delito, Jefe de Defensa Militar, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Gendarmería y Orden Público. El Comité permite la planificación, ejecución y evaluación sistemática de las acciones semana a semana, abordando los delitos que afectan al territorio de nuestra jurisdicción, tomando medidas conjuntas basadas en las recomendaciones de los asistentes, especialmente en el contexto de Estado de Excepción que rige actualmente en nuestra región.

- Consejo Asesor Contra el Crimen Organizado de La Araucanía: Con la finalidad de combatir el crimen organizado, se implementó un plan de acción específico bajo el nombre de Consejo Asesor Contra el Crimen Organizado de La Araucanía. Actualmente, este plan aborda al menos seis delitos identificados en nuestra región, incluyendo seguridad agroalimentaria, robo de madera, narcotráfico, delitos contra la industria del salmón, transporte en ruta, tráfico de armas y robo de vehículos en contexto de violencia rural. La reunión se realiza cada dos meses, contando con mesas operativas mensuales para cada uno de los delitos mencionados, coordinando con las contrapartes técnicas de cada institución involucrada, permitiendo la implementación efectiva de las acciones, como también, la evaluación continua del impacto y las nuevas medidas a implementar.

- Mesas de Trabajo con Gremios y Federaciones: Estas mesas de trabajo se enfocan en abordar situaciones delictivas y buscar soluciones en colaboración con los sectores involucrados. Dentro de las mesas de trabajo se encuentra el Gremio de Transporte Público, Gremio de Forestales y Sindicatos de Transportes y Carguío Forestal.

- Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural: Este programa tiene por objetivo entregar asistencia a las personas que se hayan visto afectadas, interrumpidas y/o dañadas por actos de violencia rural. Lo anterior, se lleva a cabo mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario que entrega atención psicológica, técnica, jurídica y social, en los dos Centros de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural en la región de La Araucanía, uno ubicado en la comuna de Victoria y otro en la comuna de Temuco.

- Unidad de Coordinación Estratégica en la Macrozana Sur: Se trata de un organismo donde participan las instituciones con facultades y responsabilidades en el combate de los principales focos delictuales de la Macrozona Sur, con la finalidad de realizar acciones conjuntas de prevención, neutralización y desarticulación de organizaciones criminales relacionadas a distintos delitos, priorizando aquellos que son de violencia y delincuencia rural.

- Estado de Excepción Constitucional de Emergencia: Con fecha 17 de mayo de 2022, se publica el Decreto Supremo N°189, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, para la protección de rutas en aquellos territorios. Dicho decreto ha sido prorrogado desde ese entonces cada 15 días, siendo el último el Decreto Supremo N°256, publicado el 06 de octubre de 2023. Todo, en virtud de cumplir con el deber del Estado, de garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas. Asimismo, también es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud. El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, permite la colaboración de los medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y policías, con el objeto de conseguir los fines perseguidos, en especial, el restablecimiento del libre tránsito y el orden y la seguridad pública.

Acciones en favor de los funcionarios/as de los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur:

Que, en cuanto a las acciones realizadas en torno a la seguridad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur, con fecha 06 de octubre de 2023, se recepciona en esta Delegación Presidencial Regional, ORD. RESERVADO N°038, del Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de La Araucanía, quien informa sobre las gestiones realizadas, en virtud de la reunión sostenida con el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, el día 05 de junio de 2023. Las mencionadas acciones se especifican a continuación:

Con fecha 11 de julio de 2023, a través del Ord. Reservado N°026, el Seremi de Salud de La Araucanía, solicita a los Servicios de Salud Araucanía Norte y Sur, a través de sus respectivas mesas de seguridad, realizar un catastro de las Postas de Salud Rural, informando trayectos y horarios que presentan mayor riesgo de seguridad y que requieran apoyo de seguridad preventiva.

- Con fecha 04 de agosto de 2023, a través del Ord. Reservado N°029, el Seremi de Salud de La Araucanía, remite antecedentes al Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, con la finalidad de resguardar la seguridad en las Postas de Salud Rural correspondiente al Servicio de Salud Araucanía Norte.

- Con fecha 16 de agosto de 2023, a través del Ord. Reservado N°030, el Seremi de Salud de La Araucanía, remite antecedentes al Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, con la finalidad de resguardar la seguridad en las Postas de Salud Rural correspondiente al Servicio de Salud Araucanía Sur.

- Con fecha 31 de agosto de 2023, a través del Ord. Reservado N°034, el Seremi de Salud de La Araucanía, informa al Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, lo señalado por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía en el Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/09, de fecha 18.08.2023, donde comunica sobre la ejecución de patrullajes, como medida para resguardar las postas de Salud Rural de la región.

- Con fecha 31 de agosto de 2023, a través del Ord. Reservado N°035, el Seremi de Salud de La Araucanía, informa al Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, lo señalado por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía en el Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/9755, de fecha 09.08.2023, donde comunica que se comenzó a ejecutar reconocimiento de las postas para establecer contacto con los encargados/as. Por otro lado, a través del Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/10, de fecha 23.08.2023, informa sobre la ejecución de patrullajes, como medida para resguardar las postas de Salud Rural de la región.

- Con fecha 31 de agosto de 2023, el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, mediante el Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/13, informa al Seremi de Salud de La Araucanía, sobre las medidas se han tomado para resguardar las Postas de Salud Rural, priorizadas en el Servicio de Salud Araucanía Sur.

Con fecha 03 de octubre de 2023, se presenta minuta de la Mesa de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Norte, mediante el cual se detallas las gestiones más relevantes que dicho Servicio de Salud ha realizado para la prevención y el tratamiento de los hechos sufridos por el personal de salud, que desempeña funciones en la Provincia de Malleco. En la minuta señalada, se exponen acciones desde el año 2019 a la fecha, las que se detallan a continuación:

- Con fecha 20 de marzo de 2019, mediante la Resolución Exenta N°520, se constituye la “Mesa de Seguridad sobre Prevención y Tratamiento de las Agresiones al Personal de Servicio de Salud Araucanía Norte”, con la finalidad de definir protocolos de acción frente a las agresiones en los establecimiento de salud, como también, establecer medidas de seguridad, según lo señalado en la Norme Técnica Administrativa N°28/2018 del Ministerio de Salud.

- La Mesa de Seguridad sobre Prevención y Tratamiento de las Agresiones al Personal de Servicio de Salud Araucanía Norte, es presidida por el Directo del Servicio y contempla la participación de representantes del Consejo de la Sociedad Civil, Asociaciones de Funcionarios, Seguridad Pública, Municipalidades, referentes técnicos en materia de salud ocupacional y directivos de establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS) y Hospitales.

Con fecha 03 de mayo de 2023, a través del ORD. N°942, se remite instructivo de la Mesa de Seguridad a los respectivos directores de establecimientos hospitalarios y APS Municipal, indicando medidas preventivas y de tratamiento de agresiones, plan de acción y programa de capacitaciones respecto a la aplicación de estas medidas.

- Con fecha 07 de junio de 2019, a través de la Resolución Exenta N°1279, del Servicio de Salud Araucanía Norte, se constituye un “Equipo de Primera Respuesta”, el cual permite asesorar tanto a los funcionarios/as agredidos, como también, al establecimiento de salud, en cuanto al seguro de accidente de trabajo, denuncias en contra de los responsables y asistencia de primeros auxilios psicológicos a los afectados/as.

Con fecha 12 de agosto de 2019, mediante Resolución Exenta N°1947, fue aprobado el Protocolo de Actuación ante agresiones al Personal de Salud del S.S. Araucanía Norte, el cual contempla actuación frente a agresiones, físicas, verbales y agresiones de parte de pacientes con patología de salud mental. Por otro lado, se establece un protocolo de flujo de notificación de las agresiones en APS y Hospitales.

Con fecha 08 de junio de 2021, a través del ORD. N°847, se informa a todos los establecimientos de la red, tanto de hospitales como de APS, sobre las fechas y enlaces de las reuniones de difusión online del protocolo establecido para la Mesa de Seguridad.

Con fecha 10 de noviembre de 2021, a través de la Resolución Exenta N°2497, se actualiza el Equipo de Primera Respuesta, para el abordaje de las agresiones al personal de salud, considerando la integración de profesionales referentes del programa saludablemente, para la entrega de primeros auxilios psicológicos, para los APS y Hospitales.

- Con fecha 24 de enero de 2022, mediante Resolución Exenta N°133, del Servicio de Salud Araucanía Norte, se Aprueba Protocolo de Prevención de Riesgos ante agresiones y/o ataques en terreno o en establecimientos al personal del SSAN. Este protocolo establece medidas preventivas frente a riesgos de amenazas, agresiones, paralizaciones forzada de funciones, interrupciones de viaje de trabajo y/o ataques, exponiendo varios escenarios, y a la vez, detallando las respectivas medidas de prevención, tales como:

1) Trayecto de funcionarios de ida o regreso entre su hogar y el trabajo;

2) Desarrollo de Trabajos en el interior de los establecimientos;

3) Trabajos en terreno;

4) Consideraciones específicas para vehículos de la red;

5) Consideraciones especificas SAMU;

6) Consideraciones en la tramitación posterior a las agresiones.

- Con fecha 23 de marzo de 2023, a través del ORD. N°359, se remiten las fechas de las reuniones, con la finalidad de garantizar la difusión del Protocolo de Prevención de Riesgos ante agresiones y/o ataques en terreno o en establecimientos al personal del SSAN.

- Dado lo acordado en le Mesa de Seguridad del SSAN, con fecha 04 de abril de 2023, se remite a los Alcaldes de la Provincial de Malleco el ORD N°463, el cual solicita que las autoridades de las comunas, requieran a sus respectivos organismos administradores del seguro establecido en la Ley N°16.744, un Plan de Trabajo asociado a las agresiones del personal de salud de sus respectivas comunas, en el orden preventivo y promocional. Todo, en conjunto con el Departamento de Salud Municipal y la Unidad de Prevención de Riesgos de las respectivas comunas.

- Con fecha 21 de abril de 2023, el Director de Servicio de Salud Araucanía Norte, remite a la Ministra de Salud, el ORD. N°463, en el que solicita la implementación de elementos de seguridad para la red APS, Hospitalaria y Dirección de Servicio, considerando la adquisición de vehículos blindados, GPS para vehículos, botones de pánico, cámaras de seguridad, cierres perimetrales, láminas de seguridad y teléfonos satelitales.

- Con fecha 01 de mayo de 2023, se realiza reunión con el Ejercito de Victoria, en el cual se dan a conocer las tareas que están mandatadas por Decreto Supremo, en virtud del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, mediante una exposición de las principales rutas que el personal de salud utiliza para hacer sus rondas médicas, asesorando cuales de ellas son las más adecuadas nombre reservado su labor. Es importante mencionar, que en esta reunión participaron representantes del Ejército, Directiva de Médicos Generales de la Zona de la Provincia de Malleco, DSM Collipulli, Cesfam Victoria, Cesfam Ercilla, Hospital de Curacautín y Servicio de Salud Araucanía Norte.

- Con fecha 04 de mayo de 2023, se emite orden de compra para la adquisición de 118 botones de pánico, 20 antenas repetidoras y 22 relojes localizadores. Con fecha 12 de mayo de 2023, se emite orden de compra para la adquisición de 7 balizas estroboscópicas. Con fecha 10 de agosto de 2023, se emite orden de compra para la adquisición de antena repetidora, asociada a los botones de pánico, todo para ser instalados en los establecimientos hospitalarios de la red.

- Con fecha 09 de mayo de 2023, a través del ORD. N°629, la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte, solicita al Prefecto de Carabineros de Malleco, la posibilidad de facilitar el número de contacto asociado a CENCO, para efectos de coordinar las rutas de desplazamiento de equipos de salud dentro de la Provincia de Malleco, a través de un referente designado por cada establecimiento de salud.

- Con fecha 11 de mayo de 2023, a través del ORD. N°639, se envió a las municipalidades, el Protocolo de Prevención de Riesgos ante agresiones y/o ataques en terreno o en establecimientos al personal del SSAN, con la finalidad de ser adaptado según las eventuales características de cada comuna, para luego ser aprobado por Decreto Alcaldicio y poder promoverlo entre los establecimientos de sus dependencias.

- Con fecha 16 de mayo de 2023, mediante la Resolución Exenta N°1021, se Aprueba el nuevo Formulario de Notificación de Agresiones hacia el Personal de Salud de la Provincia de Malleco.

- Con fecha 13 de junio de 2023, se constituye la Mesa de Seguridad Provincial, dirigida por la Delegada Provincial de Malleco, con participación del Director de Servicio de Salud, representante del alcalde, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y representantes de todos los gremios de la salud de la Provincia de Malleco.

- Con fecha 30 de junio de 2023, el Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana solicita al Jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Araucanía Norte, actualizar la Resolución Exenta de los representantes del COSOC en su Mesa de Seguridad.

- En razón de los acuerdos tomados por la Mesa de Seguridad Provincial, con fecha 06 de julio de 2023, se emite el ORD. 883, a todos los Alcaldes de la Provincia de Malleco, con la finalidad de que cada municipalidad implemente un Equipo de Primera Respuesta, para el abordaje de las agresiones al personal de salud, a fin de asesora en relación a la Ley N°16.744, asesoría jurídica en relación a las denuncias en contra de responsables de agresión a funcionarios, y a la asesoría en primeros auxilios psicológicos, al personal que ha sido afectado por alguna agresión por parte de pacientes, familiares, acompañantes u otros.

- Con fecha 20 de julio de 2023, a través del ORD. N°965, el Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, remite al Subsecretario de Redes Asistenciales, el proyecto para la mejora de las condiciones de conectividad de las postas de Salud Rural de Malleco, mediante la compra e instalación de antenas de internet satelital, que permitirá conectar a las PSR con las otras red asistenciales.

- Con fecha 28 de julio de 2023, mediante la Resolución Exenta N°1776, el Servicio de Salud Araucanía Norte, inició un proceso de licitación para la adquisición e instalación de láminas de seguridad para su parque vehicular de la red. Con fecha 06 de septiembre de 2023, mediante Resolución Exenta N°2167, el Servicio de Salud Araucanía Norte, adjudica dicha licitación pública, por lo que actualmente las láminas ya se encuentran instaladas.

- Con fecha 09 de agosto de 2023, se realiza reunión de Mesa de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Norte, donde se hace entrega de telefonos satelitales para el DSM Victoria, DSM Lumaco, DSM Traiguén, Hospital de Traiguén, DSM Curacautín, DSM Eercilla y DSM Los Sauces.

- Con fecha 29 de agosto de 2023, mediante Resolución Exenta N°2080, el Servicio de Salud Araucanía Norte, establece la conformación de la “Mesa de Seguridad sobre Prevención y Tratamiento de las Agresiones a los Trabajadores del Sistema Público de Salud de la Red”.

- En razón de los acuerdos adoptados por la Mesa de Seguridad para la Salud de la Provincia de Malleco, con fecha 25 de septiembre de 2023, mediante ORD. N°1304, se solicita a los Directores de Hospitales, DSM y CESFAM, informar respecto de las denuncias realizadas por sus respectivos establecimientos en relación a las agresiones al personal de su dependencia.

Es importante señalar, que el Servicio de Salud Araucanía Norte, sesionó semanalmente a través de videollamada, con la finalidad de evaluar las condiciones de seguridad de las rutas de desplazamiento de los equipos de salud, especialmente respecto de rondas rurales. Asimismo, en conjunto con la Directiva de Médicas Generales de la Zona de la Provincia de Malleco, se realizaron reuniones con el Ejercito, a fin de establecer coordinaciones en el desplazamiento de los equipos de salud en rutas rurales, instancia en la cual participó el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, identificando las rutas de desplazamiento a todas las postas de la red de salud, a fin de requerir patrullajes preventivos, mediante el Seremi de Salud de la Región de La Araucanía.

Por otro lado, el Seremi de Salud de la Región de La Araucanía, remite a este Órgano Público, los respaldos de las reuniones y gestiones realizadas por el Servicio de Salud Araucanía Sur, donde detalla lo siguiente:

- Acta de reunión de Mesa de Seguridad de fecha 26 de agosto de 2023; 07 de octubre de 2022; 26 de julio de 2023; 23 de agosto de 2023; 24 de agosto de 2023.

- Con fecha 29 de septiembre de 2022, mediante resolución exenta N°15039, se Aprueba la Constitución de Mesa de Seguridad sobre “Prevención y tratamiento de las agresiones a los trabajadores del Sistema Público de Salud en la Provincia de Cautín”.

- Remite la nómina de integrantes de la Mesa de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Sur.

- Lista de asistencia a las reunión de la Mesa de Seguridad, llevada a cabo con fecha 26 de julio de 2023.

- Durante el mes de julio del 2023, se comienza a construir el Plan de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Sur, el que se encuentra actualmente en desarrollo.

Lo cierto, es que la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, Delegación Presidencial Provincial de Malleco, Subsecretaria de Prevención del Delito, Jefe de Defensa Militar, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Gendarmería, Orden Público y la Seremi de Salud de La Araucanía, como se observa en los antecedentes singularizados anteriormente, han estado trabajando de forma permanente en diversas estrategias para enfrentar toda la variedad de delitos e incivilidades que se han presentado en la región de La Araucanía.

En este sentido, lejos de la despreocupación estatal alegada por los recurrentes, esta Delegación Presidencial Regional ha prestado especial atención a esta temática y sus consecuencias, frente a lo cual se han desplegado varias iniciativas, utilizando una gran cantidad de recursos humanos y materiales para enfrentar las actividades delictuales asociadas a estos eventos, cuestiones que por cierto presentan dificultades operativas inherentes al control del orden público.

A continuación, se realiza un cuadro que incluye las medidas solicitadas por los recurrentes y las acciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional, el que da cuenta que este órgano público, ha adoptado distintas medidas para dar debido cumplimiento a sus obligaciones, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y capacidades instaladas.

MEDIDAS SOLICITADAS POR LOS RECURRENTES ACCIONES REALIZADAS POR LA D.P.R. DE LA ARAUCANÍA 1 Dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas.

El recurrente busca que su S.S.I. ordene a las autoridades recurridas cumplir con su obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior. De esta forma, su finalidad es la misma declaración ya contenida en la legislación vigente, lo que torna en ineficaz la acción de protección intentada.

Según lo que se informa en el presente escrito, esta autoridad regional ha cumplido con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas por el recurrente, limitándose a actuar dentro de lo ordenado legalmente, debido a lo dispuesto en los artículo 6° y 7° de la Constitución Política, el que señala expresamente que las autoridades legalmente investidas deben actuar dentro de su competencia y en la forma que la ley prescribe, de lo contrario el acto es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

2 Llevar un registro de todos los atentados incendiarios que ocurran en la Araucanía.

El registro de los atentados incendiaros que ocurren en la región de La Araucanía, existe y es confeccionado por la Unidad Penal de este servicio, quienes son los encargados de deducir las querellas pertinentes.

Generar una mesa de trabajo preventivo en seguridad conjunta con la nombre reservado, para la adopción de más y mejores medidas de seguridad.

Como se da cuenta en los antecedentes detallados anteriormente, existen variadas Mesas de Trabajo, las cuales están encargadas de tomar diversas medidas de seguridad. Tales como:

Comité Policial de Coordinación, Consejo Asesor Contra el Crimen Organizado de La Araucanía, Mesas de Trabajo del Gremio de Transporte Público, Forestales y Sindicatos de Transportes y Carguío Forestal, Mesas de Seguridad del Servicio de Salud Norte y Sur, Mesa Provincial de Seguridad Para la Salud.

Solicitar mayor dotación de Carabineros en la región para las comunas con mayores índices de atentados, especialmente en la comuna de Traiguén.

Carabineros de Chile ha cumplido con su mandato constitucional y legal, adoptando distintas medidas para dar debido cumplimiento a lo acordado por las autoridades regionales, todo dentro de las atribuciones de su competencia.

Solicitar apoyo efectivo a Policía de Investigaciones para la investigación y el esclarecimiento de los hechos y del o los responsables de atentados incendiarios, solicitando cuenta de las diligencias practicadas, informando a nombre reservado.

La Policía de Investigaciones trabaja activamente en conjunto con las autoridades regionales, en torno a los delitos que ocurren en la región de La Araucanía, llevando a cabo diversas diligencias, ya sean solicitadas por vía judicial, o a través de los acuerdos de las autoridades regionales.

Presentación efectiva de querella por la delegación presidencial regional y la delegación presidencial provincial en cada uno de los casos de atentados incendiarios, informando a la nombre reservado sobre la actuación judicial.

Como se da cuenta en lo detallado en el presente informe, en virtud de las atribuciones que recaen en el Delegado Presidencial Regional, la presentación de querellas por atentados incendiarios, y otros tipos de delitos, es efectiva y se llevan a cabo por la Unidad Penal de este Servicio.

Efectuar un seguimiento en etapa de investigación solicitando diligencias y participar en formalizaciones y acusaciones en cada caso que se tengan imputados eventuales responsables de los atentados, informando a nombre reservado;

El seguimiento, diligencias y participación a las que se refiere el recurrente, son practicados por los abogados de la Unidad Penal de este Servicio, quienes son los encargados de interponer las respectivas querellas.

Solicitar diligencias concretas de investigación al Ministerio Público para la averiguación de los responsables de atentados incendiarios, informando a nombre reservado;

Las diligencias solicitadas al Ministerio Público, en el marco de un procedimiento judicial, se llevan a cabo por parte de los abogados encargados de las causas, y forman parte del proceso penal. Por otro lado, a través del Comité Policial de Coordinación, también se realizan peticiones concretas por parte de las autoridades regionales, todo, con la finalidad de respetar la tranquilidad, orden público y el resguardo de las personas y bienes.

Participación activa como parte querellante en cada causa que se judicialice relativa a atentados incendiarios, por parte de la delegación presidencial regional y provincial, informando a nombre reservado.

Como se da cuenta, la participación activa que detalla en recurrente, efectivamente se realiza, por el Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, en virtud del mandato legal contenido en el artículo 3° del D.F.L. 7.912, que establece la facultad de los Intendentes Regionales -actuales Delegados Presidenciales Regionales- a deducir querella en aquellos casos donde se afecte la seguridad, tranquilidad y orden públicos.

Mantener un registro de con identificación de la o las personas que atentan contra las personas y los bienes del sector afectado, informando a nombre reservado;

La identificación de las personas que atentan contra las personas y los bienes que son afectados a causa de delitos, son registrados por la Unidad Penal de este Servicio, quienes constantemente están actualizando la lista, en razón de las formalizaciones contra los imputados que se van realizando.

Efectuar en el plazo que V.S.I. estime pertinente, la planificación conjunta de las acciones que desarrollarán para cumplirla, los procedimientos que se utilizarán y los estándares que se auto exigirán, informando a nombre reservado

El presente informe detallada eficazmente las medidas tomadas por la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, Delegación Presidencial Provincial de Malleco, Subsecretaria de Prevención del Delito, Jefe de Defensa Militar, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Gendarmería, Orden Público y la Seremi de Salud de La Araucanía, quienes, según consta en los documentos acompañados, han trabajado de forma permanente en diversas estrategias para enfrentar toda la variedad de delitos que se han presentado en la región de La Araucanía, todo con la finalidad de velar porque en el territorio de nuestra jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y el resguardo de las personas y bienes.

Informar a la Corte de Apelaciones de lo dispuesto, la aplicación del plan y los logros avanzados, durante el plazo de un año, informando a nombre reservado

Cualquier otra medida que V.S.I. estime pertinente a fin de proteger la vida e integridad física y psíquica así como el derecho de propiedad en la región, a lo menos de la comuna de Traiguén.

Finalmente, es necesario mencionar que esta Delegación Presidencial Regional, jamás ha vulnerado alguna de las garantías fundamentales de los funcionarios del área de la salud municipal que son miembros de nombre reservado, ni de ningunos de los habitantes de nuestra región, ya que en virtud de lo expuesto anteriormente, este órgano público ha actuado dentro de sus facultades y en la forma que la Ley prescribe, iniciando las acciones judiciales correspondientes y tomando diversas medidas para velar porque en el territorio de nuestra jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y el resguardo de las personas y bienes, a través de requerimientos y coordinación constante con diversas instituciones, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del D.F.L. 7.912, sin incurrir en ninguna omisión que resulte ilegal o arbitraria.

Pide se sirva tener por evacuado el informe solicitado, rechazando el recurso de protección en todas sus partes, y en definitiva resolviendo el asunto como en derecho corresponde.

Acompañó los siguientes documentos:

- Resolución Exenta N°1047 de fecha 29.06.2022, de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, que crea el Consejo Regional Asesor Contra el Crimen Organizado.

- Resolución Exenta N°230 de fecha 08.03.2023, de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, que aprueba Convenio de Transferencia de recursos entre la Subsecretaría del Interior y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, para la ejecución del tercer componente del “Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural año 2023”.

- ORD. RESERVADO N°038 de fecha 06.10.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido al Delegado Presidencial Regional de La Araucanía.

- ORD. RESERVADO N°026, de fecha 11.07.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido a los Servicios de Salud Araucanía Sur y Norte.

- ORD. RESERVADO N°029, de fecha 04.08.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido al Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía.

- ORD. RESERVADO N°030, de fecha 16.08.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido al Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía.

- ORD. RESERVADO N°034, de fecha 31.08.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido al Director de Servicio de Salud Araucanía Sur.

- Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/09, de fecha 18.08.2023, emitido por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, dirigido al Seremi de Salud de la región de La Araucanía.

- ORD. RESERVADO N°035, de fecha 31.08.2023, emitido por el Seremi de Salud de la región de La Araucanía, dirigido al Director de Servicio de Salud Araucanía Norte.

- Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/9755, de fecha 09.08.2023, emitido por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, dirigido al Seremi de Salud de la región de La Araucanía.

- Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/10, de fecha 23.08.2023, emitido por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, dirigido al Seremi de Salud de la región de La Araucanía.

- Reservado JDN “La Araucanía” C-3 (R) N°6030/910325/13, de fecha 31.08.2023, emitido por el Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, dirigido al Seremi de Salud de la región de La Araucanía.

- Minuta de la Mesa de Seguridad sobre Prevención y Tratamiento de las Agresiones al Personal de Servicio de Salud Araucanía Norte.

- Resolución Exenta N°133, de fecha 24.01.2022, del Servicio de Salud Araucanía Norte, que Aprueba Protocolo de Prevención de Riesgos ante agresiones y/o ataques en terreno o en establecimientos al personal del SSAN.

- Resolución Exenta N°1021, de fecha 16.05.2023, del Servicio de Salud Araucanía Norte, que aprueba nuevo formulario de notificación de agresiones hacia el Personal de Salud de la Provincia de Malleco.

- Resolución Exenta N°2080, de fecha 29.08.2023, del Servicio de Salud Araucanía Norte, que modifica parcialmente la Resolución Exenta N°1142/2022, relativa a la Mesa de Seguridad sobre Prevención y Tratamiento de las Agresiones a los trabajadores del Sistema Público de Salud en los Servicio de Salud de la Red.

- Memo N°1001162410, de fecha 30.06.2023, del Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, al Jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Araucanía Norte.

- Acta de reunión de Mesa de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Sur de fecha 26 de agosto de 2023; 07 de octubre de 2022; 26 de julio de 2023; 23 de agosto de 2023; 24 de agosto de 2023.

- Resolución Exenta N°15039, de fecha 29 de septiembre de 2022, del Servicio de Salud Araucanía Sur.

- Nómina de integrantes de la Mesa de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Sur.

- Lista de asistencia a las reunión de la Mesa de Seguridad de fecha 26 de julio de 2023.

- Plan de Seguridad del Servicio de Salud Araucanía Sur, de julio de 2023, el que se encuentra en desarrollo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en la especie, se ha ejercido la presente acción de cautela de derechos constitucionales, impugnando el acto que se califica de ilegal y arbitrario, consistente en el incumplimiento sistemático de la obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, puesto que, en términos generales, se denuncia que las autoridades recurridas han omitido la adopción de acciones concretas que inhiban la ejecución permanente de hechos de violencia en contra de los recurrentes, en desmedro no solo su integridad física y psicológica, sino que también en menoscabo de su derecho de propiedad sobre diversas especies, vulnerando de ese modo las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, al informar las autoridades recurridas, aluden a las distintas acciones que se han implementado a lo largo del tiempo en aras de resolver el conflicto denunciado, tanto en la línea de la prevención como en aquello que dice relación con la reparación de las víctimas que se han visto afectadas con los sucesos de violencia denunciados, cuestión que en su concepto impide acoger la presente acción constitucional.

CUARTO: Que, es un hecho conocido que durante un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados al uso de la fuerza o poder físico, sea bajo la modalidad de amenaza o como acciones concretas, en contra de las personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, cuestión que, en la especie, ha sido reconocida o más bien denominada como una manifestación de “violencia rural” en una determinada zona del país.

QUINTO: Que, por otro lado, también es pertinente destacar que frente a tales acontecimientos, se han implementado una serie de medidas destinadas a precaver la ocurrencia de este tipo de eventos, así como también para aminorar las consecuencias nocivas padecidas por las víctimas afectadas por tales actos, sea que se trate de personas naturales o jurídicas u organizaciones sociales de distinta índole.

En efecto, sabido es que uno de los ejes centrales de la autoridad administrativa en materia de violencia rural, se ha construido sobre la base de implementar diversas acciones de coordinación entre los distintos organismos públicos encargados de la persecución criminal, con miras a determinar la responsabilidad de aquellos que tienen participación en la comisión de los hechos delictuales en comento, incrementando, al mismo tiempo, medidas de seguridad en favor de los perjudicados con dicho fenómeno, tanto directa como indirectamente.

Así también, desde otro punto de vista, se han desarrollado e implementado diversos planes de acción con el objeto de propiciar que las víctimas de la violencia denunciada, puedan enfrentar las perniciosas consecuencias que sucesos de esta naturaleza han provocado en distintos sectores de la población, lo cual, desde luego, ha abordado aspectos asociados a la esfera tanto emocional como patrimonial de los perjudicados.

SEXTO: Es así que en el contexto de la puesta en marcha del mentado proyecto, sin agotar en ello el análisis sobre la materia, se encuentran aquellas iniciativas ligadas a la activación de distintos programas de apoyo, destinadas a obtener la reparación del daño psicológico y económico sufrido por los afectados, propiciando, por una parte, la atención integral de las personas que, además de verse perjudicadas con el acontecimiento de este tipo de acciones, pertenecen a los segmentos de mayor vulnerabilidad a nivel nacional, mientras que, de otro lado, también se ha implementado la entrega de recursos financieros con idéntico propósito, tales como la entrega de subsidios habitacionales, créditos con tasas preferenciales asociadas, por lo demás, a garantías especiales, fomentando asimismo el financiamiento de planes de negocios de diversa índole, entre otras múltiples medidas, siempre con el propósito de recomponer de algún modo el impacto que tal tipo de situaciones ha ocasionado en las diversas actividades productivas, comerciales y sociales desarrolladas por las personas naturales, jurídicas y organizaciones sociales asentadas en la zona afectada.

SÉPTIMO: Que, con todo, aun cuando se torna evidente el despliegue del esfuerzo significativo realizado durante bastante tiempo por abordar la problemática expuesta, sin duda, la interposición de acciones constitucionales que tienen por propósito denunciar la transgresión de los derechos amparados por la Carta Fundamental, en vista de la continuidad e incluso el aumento de acciones de violencia como las que se denuncian por la parte recurrente, es posible advertir la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, tanto más cuanto que, más allá de la indudable necesidad de reparación o compensación en favor de aquellos que se han visto afectados con la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos, lo cierto es que no puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar focalizado en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias, puesto que, de ese modo será viable quitar de en medio la necesidad de reparación o, al menos, se reducirá de manera significativa.

OCTAVO: Que, como se observa, la impugnación que realiza la parte recurrente, no coloca en entredicho la potestad de las instituciones gubernamentales de adoptar aquellas decisiones que inciden en la resolución de problemas de carácter público, analizando, en primer término, el conflicto suscitado, seguido del estudio de las posibles soluciones y con ello su factibilidad de implementación en pos de desarrollar finalmente un plan de acción de política pública que en gran medida alivie el problema en constante desarrollo.

NOVENO: Que, llegados a este punto, es necesario enfatizar que la implementación de las diversas medidas de reparación a que se ha hecho referencia, sin duda resultan ser primordiales para la activación del mentado plan, con miras a lograr los beneficios tanto espirituales como económicos que se persiguen a través de su puesta en marcha. Sin embargo, en ningún caso puede perderse de vista la problemática social, económica y por cierto espiritual que se genera a partir de la reiterada ejecución de acciones de esta naturaleza, tanto más si se considera que sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, pero indudablemente con mayor dureza en los grupos más vulnerables de la misma.

Lo anterior es justamente el punto a partir del cual la parte recurrente cuestiona la actividad de los recurridos, pues, pese a que se han implementado diversas medidas destinadas a afrontar de la mejor manera la crisis que este tipo de violencia suscita en la población, no es menos cierto que dicha función no ha sido cumplida adecuadamente, en tanto de todas maneras los recurrentes han visto amagados sus derechos.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria, en vista de que si bien es efectivo que una parte importante de los efectos económicos, sociales y emocionales ocasionados con los actos de fuerza evidenciados en la zona sur del país, han sido abordados a través de la implementación de diversos programas de acción, lo cierto es que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población continua viéndose privada o al menos limitada de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces y, del mismo modo, de gozar de la ansiada integridad física y psíquica.

UNDÉCIMO: Que, de igual modo, es importante destacar que en semejantes coyunturas, ante determinaciones tan definitivas para las personas, cabe exigir mayor diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

DUODÉCIMO: Que, por consiguiente, se advierte que la actuación de las autoridades recurridas ha implicado de su parte el desempeño de una facultad, pero, desatendiendo, sin más, la necesidad imperiosa de adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado un grupo específico de los habitantes de la nación, a causa del particular conflicto desarrollado, en especial si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido en los términos que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se ACOGE , el recurso del protección y se declara que las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra.

Acordada con el voto en contra del Sr. nombre reservado Ricardo Fonseca Gottschalk, quien estuvo por rechazar el presente recurso de protección en razón de los siguientes fundamentos:

PRIMERO: Que el cuestionamiento de los recurrentes dice relación con el incumplimiento de la obligación legal de garantizar el orden, seguridad y tranquilidad pública por parte de las autoridades recurridas, al haber omitido la realización de acciones concretas frente a los hechos denunciados por los actores, los que privan, perturban y amenazan la vida e integridad física y psíquica de las personas, además de la propiedad y la garantía de la igualdad ante la ley. Los recurridos, si bien no discuten los hechos precisos de violencia rural mencionados por los recurrentes, controvierten expresamente la calificación jurídica que aquellos le atribuyen a los mismos, negando la existencia de las ilegalidades y arbitrariedades imputadas a su parte.

SEGUNDO: Que, en primer lugar, atendida la naturaleza de emergencia de esta acción constitucional y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, no es procedente este arbitrio para discutir y resolver materias que se encuentran controvertidas por las partes, por cuanto no es posible otorgar un período de prueba para establecer la efectividad de los hechos. Recordemos que la presente acción cautelar está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, por cuanto lo requerido por los actores implica determinar previamente, entre otros, si los hechos imputados caen dentro de la esfera de las atribuciones concretas de las autoridades recurridas, si se encontraban o no en la necesidad de adoptar las medidas que reprochan los actores, cuáles son las precisas obligaciones legales supuestamente omitidas y cuál es el estándar de cumplimiento satisfactorio de las mismas, lo que desborda el ámbito de esta sede de tutela de garantías constitucionales. Así las cosas, tales diferencias deben resolverse por los cauces adecuados que confiere el ordenamiento y no por esta vía de urgencia, ya que implica establecer situaciones fácticas que no pueden determinarse en esta sede constitucional, lo que sólo puede realizarse en un procedimiento en que pueda acreditarse aquello y recibirse prueba de descargo, cuyo no es el caso.

TERCERO: Que, por lo demás, el asunto controvertido implica determinar si la conducta contraria a derecho de un grupo indeterminado de personas que han provocado las lamentables consecuencias por todos conocida, autoriza a esta Corte, por medio del mecanismo de la acción de protección de garantías constitucionales, a ordenar a las autoridades encargadas del orden público y la seguridad interior del Estado la adopción de las medidas que los recurrentes estiman necesarias para aquello. Ciertamente, aquello escapa del ámbito del presente arbitrio, pues importa el análisis y la eventual fiscalización de las actuaciones públicas relativas a la prevención y control del orden público, que no le corresponde juzgar al Poder Judicial en esta sede cautelar de emergencia, máxime si el ordenamiento jurídico contempla las acciones pertinentes para establecer la responsabilidad civil, penal, administrativa y política de las autoridades en el desempeño de los cargos públicos que sirven, que es lo que se reprocha, en definitiva, a los recurridos (tal como antes ya lo ha dicho esta Corte en sentencia de 12 de marzo de 2020, en el Rol 56.684-2019).

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13014-2023. (cwm)