nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A Folio 1, Comparece don nombre reservado, abogado, C.I. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; en beneficio de nombre reservado, venezolano, C.I. N° RUT reservado, dependiente, soltero, domiciliado en domicilio reservado; deduciendo acción constitucional de protección en contra en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, R.U.T. N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, representada legalmente por don nombre reservado, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, o por quien lo reemplace en su cargo, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente que se garantiza en el artículo 19, en sus números 2 y 3, es decir Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso.

I.- LOS HECHOS: 1. Que, con fecha 11 de agosto de 2021, el recurrente presentó Solicitud de Residencia Definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones. Dicha solicitud quedó con el número 15209169. 2. Junto a los documentos propios a toda postulación de Solicitud de Residencia Definitiva, el afectado acompañó numerosa documentación que acreditaba estar efectuando actividades lícitas remuneradas, con continuidad laboral y en sus aportes de cotizaciones. 3. Que, transcurrido más de un año sin tener mayores antecedentes de su solicitud, con fecha 16 de agosto de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones envió una comunicación a la dirección de correo de mi representado correo reservado, indicándole que la solicitud estaba en trámite. 4. Como indica el correo anterior, se le indica a su representado que su solicitud se encuentra pendiente. Una vez ingresado al trámite, se le informa: “Ud. debe acompañar documentación solicitada a continuación.”. Sin embargo, en vez de indicar cuáles documentos se le requería, le trámite indicaba lo siguiente: “Que el solicitante no cuenta con estabilidad económica según la información presentada da cuenta que no presenta ingresos económicos. Requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva”. Cabe destacar que la etapa vencía el 24 de agosto de 2023. 5. Sin perjuicio de ello, el día 18 de agosto de 2023, su representado recibió un nuevo correo desde el Servicio Nacional de Migraciones, el cual le notificaba el rechazo de su solicitud de Residencia Definitiva, se le ordena el abandono dentro de los 10 días siguientes y prohibición de ingreso al territorio nacional por 3 años desde el cumplimiento de la orden de abandono. 6. Desde ya indica que la Resolución Exenta N° 23315641 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 18 de agosto de 2023 que rechazó la solicitud de Residencia Definitiva es completamente viciada, tanto desde un punto de vista formal como de fondo.

a. Nunca se le comunicó el rechazo ni se le otorgó plazo para subsanar la solicitud de residencia definitiva como se indica en la resolución impugnada.

Que, la Resolución Exenta N° 23315641 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 18 de agosto de 2023 indica: “… mediante notificación electrónica de fecha 09-08-2023, se comunicó al extranjero respecto de las razones que sirven de fundamento al rechazo de su solicitud de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Ley N°21.325, otorgándole un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por esta autoridad.” Sin embargo, su representado nunca recibió comunicación alguna en esa fecha, que le informara, en primer lugar, que se le había rechazado su solicitud ni tampoco el fundamento de ella. Por lo anterior, tampoco es cierto que se le otorgó plazo de 10 días para presentar antecedentes. La única comunicación recibida por mi representado desde el Servicio Nacional de Migraciones, como se reseñó, ocurrió el día 16 de agosto de 2023, en donde no se le indicó que había sido rechazado su solicitud de visa, sino más bien se encontraba “pendiente” y mucho menos que tenía 10 días para presentar nuevos antecedentes. Pese a lo anterior, su representado si acompañó documentación a fin aun cuando tuvo que deducir cuales era necesarios ya que solamente en el trámite se anunciaba de forma vaga “que no contaba con estabilidad económica”. Como se observa, no puede entenderse una notificación válida sin considerar que las fechas indicadas en la mentada resolución no coinciden con la fecha de recepción de esta otra comunicación.

b. No se cumplió el plazo señalado en la resolución para realizar la subsanación. Estima que nunca ocurrió la notificación señalada en la fecha indicada, 09 de agosto de 2023, aun así la mentada resolución incumple con el plazo señalado en la ley para subsanar y luego estar en estado para resolver el rechazo definitivo, toda vez que el artículo 91 inciso 2 de la Ley 21.325 “de Migración y Extranjería” da al solicitante diez días para subsanar su solicitud desde la notificación del rechazo de ésta: “Artículo 91.- Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón. Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.” A simple vista, se advierte en la resolución viciada que no transcurrieron los 10 días hábiles (administrativos, ni siquiera 10 días corridos) desde la supuesta notificación del rechazo y la notificación de la resolución que rechaza definitivamente su solicitud. Por todo lo anterior, la resolución es ilegal al incumplir con lo establecido en el artículo 91 de la ley 21.325. Cabe indicar que dicho plazo es en beneficio del solicitante por tanto es indisponible para el Servicio Nacional de Migraciones, quien no puede a su mero arbitrio privarle de él.

c. Las razones del rechazo de la solicitud de Residencia Definitiva carecen de fundamento. Que, obviando los evidentes vicios de forma que tiene la Resolución Exenta N° 23315641, también es menester indicar que los motivos del rechazo carecen absolutamente de fundamento. De acuerdo con lo indicado en la resolución mencionada, el motivo de rechazo es: “no cuenta con estabilidad económica según la información presentada da cuenta que no presenta ingresos económicos, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 N°4 del D.L. N°1.094, de 1975 en relación con el artículo 138 N°4 del D.S N° 597.” Sin embargo, la documentación acompañada a la fecha de la solicitud de residencia definitiva da cuenta que tenía un contrato de trabajo, cotizaciones continuas e ingresos permanentes, situación que no varió sustancialmente hasta el día de hoy. Por ello, no es razonable ni justificado lo que señala la resolución de rechazo ya que mi representado si cuenta con estabilidad laboral y si presenta ingresos económicos.

II.- SOBRE LAS VULNERACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CAUTELADAS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. Al respecto el artículo 19, numeral 2, de la Constitución Política establece lo siguiente:

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas: …2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”. De igual forma en su numeral 3 establece lo relativo al debido proceso en el ejercicio de los derechos “3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” Al mismo tiempo, todo lo anterior debe ir en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1º al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, pero sustituyendo la palabra “humanos” por “personas”. Visto lo anterior, debemos entender que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes.

En el presente caso, la recurrida ha infringido la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias, estos tienen derecho y gozan de lo prescrito en el artículo 91 inciso segundo de la Ley N° 21.325 “de Migración y Extranjería”, a quienes se les notifica conforme a dicha norma y se le otorga el plazo de subsanación de 10 días, situación que no ocurrió en el caso de mi presentado toda vez que NO se le notificó el motivo de rechazo y no se le otorgó el plazo de subsanación tal como establece la norma en cuestión, siendo esta distinción arbitraria e ilegal.

Seguidamente, la recurrida infringió la garantía constitucional a un Debido Proceso ya que en el proceso administrativo donde se resolvió el rechazo de Solicitud de Residencia Definitiva no se le otorgó instancia alguna para subsanar o complementar antecedentes que desvirtuaran el motivo de rechazo, además de indicarle que había sido intimada el motivo de rechazo y otorgado plazo para presentar documentos para subsanar su solicitud, circunstancia que no ocurrió en la forma indica en la Resolución Exenta N° 23315641 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 18 de agosto de 2023.

Ahora bien, la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de causa Rol N°6370-2015 (Fallo de fecha 11/08/2015), ha dejado de manifiesto el rol que tiene el Recurso de Protección dentro de nuestro ordenamiento en contra de actos administrativos, ante la falta e inexistencia de un contencioso administrativo general en nuestra legislación; y además, la necesidad de que esta forma de contencioso administrativo cumpla con los requisitos señalados para un Recurso de Protección, específicamente los referidos a la vulneración de una garantía constitucional y al plazo para interponerlo.

En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso se cumple con la exigencia contenida en el artículo 20 de la carta fundamental, siendo que:

1) Nos encontrarnos frente a una situación protegible pues las acciones u omisiones de la recurrida se tornan arbitrarias e injustas, contrario a la racionalidad;

2) Que las acciones u omisiones de la recurrida son una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental como lo es residir libremente en el país.

3) El derecho fundamental esgrimido es de aquellos que la Constitución Política de la República ampara por esta acción, como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

4) La acción se dedujo dentro de plazo y ante tribunal competente.

III.- Acto Ilegal y Arbitrario: Que son acciones u omisiones ilegales y arbitrarias:

1.- No haberle notificado el rechazo de su solicitud de Residencia Definitiva ni otorgarle plazo de 10 días para subsanar su solicitud como prescribe el artículo 91 inciso 2 de la ley N° 21.325 de “Migración y Extranjería”.

2.- Notificarle con fecha 18 de agosto de 2023 mediante Resolución Exenta N° 23315641 del Servicio Nacional de Migraciones, el rechazo definitivo de su solicitud de Residencia Definitiva mediante un acto viciado al contener en ella información errada o derechamente falsa al indicase en ella que mi representado fue notificado con fecha 09 de agosto de 2023 sobre los motivos del rechazo de su solicitud y de haberle otorgado 10 días para subsanar ese defecto.

3.- Que, sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, la supuesta comunicación que debía contener los motivos de rechazo y la resolución que establece el rechazo definitivo de la Solicitud de Residencia Definitiva N° 15209169 se realizó sin haber transcurrido el plazo de 10 días que indica el artículo 91 inciso segundo de la Ley 21.325.

Por ello pide, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, restableciendo el imperio de derecho y conceder los remedios solicitados en el cuerpo del presente recurso.

Acompaña:

1. Resolución Exenta N° 23315641 emitida por el Servicio Nacional de Migraciones de fecha 18 de agosto de 2023.

2. Copia de correo de fecha 16 de agosto de 2023 que informa que Solicitud de Residencia Definitiva se encuentra pendiente.

3. Copia de correo de fecha 16 de agosto de 2023 que informa que se adjuntaron documentos y se avanzó a siguiente etapa.

4. Copia de correo de fecha 18 de agosto de 2023 donde se notifica rechazo de Solicitud de Residencia Definitiva.

5. Captura de pantalla de teléfono móvil de página trámites.extranjería.cl donde se solicita adjuntar documentos.

6. Certificado de cotizaciones de nombre reservado emitido por AFP Modelo de fecha 18 de agosto de 2023.

7. Contrato de trabajo de nombre reservado de fecha 16 de junio de 2023.

8. Contrato de trabajo de nombre reservado de fecha 01 de octubre de 2019.

A Folio 9, Comparece doña nombre reservado, abogado, mandataria judicial del Servicio Nacional de Migraciones, según se acreditará, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en autos Ingreso Corte Nº 12953-2023, informando: en primer lugar, solicita su inadmisibilidad, pues la misma no reúne los más básicos requisitos que la Constitución Política de la República y el Auto Acordado exigen para su admisión a trámite. Lo anterior, dado que la acción de protección impetrada incurre en diversos vicios que impiden que pueda ser acogida, dado que no existe alguna vulneración ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas que sea consecuencia de alguna conducta desplegada por el Servicio Nacional de Migraciones. Estima que en la especie este recurso resulta improcedente, y no puede declararse su admisibilidad, toda vez que no hay existencia de alguna vulneración que pueda ser cautelada por esta vía. Por ello pide, declarar la inadmisibilidad del recurso de protección de autos, por los argumentos ya expuesto al no cumplir los requisitos que establece la Constitución Política de la República y el Auto Acordado exigen para su admisión a trámite, así también la jurisprudencia reciente en la materia.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. De esta forma corresponde acoger la excepción de falta de legitimación pasiva por los argumentes expuestos.

Finalmente, explica que respecto de la solicitud de residencia definitiva realizada por el recurrente nombre reservado° 15209169. Con fecha 11.08.2021, el recurrente solicitó ante esta autoridad, el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 15209169. La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros, que indica que el trámite ha finalizado y se encuentra rechazado con orden de abandono.

La solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Artículo 1 (Ley N° 21.325).- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo. Artículo 45 (Decreto N° 296).- Al extranjero que realiza una solicitud, cambio o prórroga de un permiso de residencia, el Servicio le otorgará un certificado de residencia en trámite que dará cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

Este certificado de residencia en trámite podrá habilitar al extranjero a desarrollar actividades remuneradas, solamente cuando la subcategoría migratoria a que accede considere dicha posibilidad. Esta habilitación para desarrollar actividades remuneradas se mantendrá vigente durante el periodo en que la solicitud principal a que accede se encuentre pendiente de resolución.

Tanto la existencia de un permiso de residencia en trámite, como la habilitación para desarrollar actividades remuneradas deberán anotarse en el Registro Nacional de Extranjeros.

La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Por un lado, el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento. Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.

En segundo lugar, los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Pues bien, en el caso de autos, el recurrente mantiene una solicitud de residencia definitiva en trámite, puede acceder a un certificado que acredita dicha condición y posee una cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, se encuentra plenamente vigente por el sólo ministerio de la ley, mientras su solicitud se encuentre en estado de trámite.

Mantiene entonces la contraria, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

El Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento efectivo de la función pública, actuando de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones y siempre dentro de la esfera de sus atribuciones, ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Así, el Servicio Nacional de Migraciones ha realizado las gestiones, que se encuentran dentro de la esfera de su competencia establecida por la ley, para velar por el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de las normas que protegen a los extranjeros que han postulado a la residencia definitiva o a la prórroga de la residencia temporal, cuestión de suma importancia para la realización material y económica de los extranjeros migrantes que residen en Chile, cumpliendo así con el mandato encomendado por el legislador a esta autoridad a través de la nueva Ley de Migración y Extranjería.

Por otra parte, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Cabe reiterar lo ya dicho por esta parte en esta presentación, en cuanto a la relevancia de lo dictaminado por nuestro Tribunal Supremo en la comentada sentencia, debido a que la materia discutida en ella es idéntica a la de la presente causa. Por lo demás, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil. “Artículo 57. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.”

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que ha dado tramitación legal a la solicitud de residencia definitiva recibida, sustanciando su tramitación, dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

De esta manera, la acción de protección ha sido establecida como una acción constitucional, de naturaleza cautelar y de tramitación desformalizada, cuya interposición solamente es admisible verificándose una conducta que cumpla con dos requisitos copulativos: que sea una (i) conducta ilegal o arbitraria, y (ii) que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La pretensión de la contraria, manifestada en la presente acción de protección, es identificar la demora de la resolución de su solicitud de permiso de residencia como una omisión por parte de esta autoridad que, por sí sola, traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana y que ha subsumido como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentes. De forma más específica ha identificado conducta la conducta de este Servicio como un atentado en contra de su derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2.

La consecuencia lógica de todo lo anteriormente expuesto es que la presente acción de protección no puede prosperar debido a que no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición:

i. No existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por este Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración.

ii. Ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide por ello, tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña:

1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°3977/2022, de fecha 26 de julio de 2022, otorgada ante la notaria de Temuco, de don nombre reservado.

2. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

3. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

A Folio 11, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERNADO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva y la notificación de una resolución de rechazo con orden de abandono. Por su parte, la recurrida ha sostenido la inadmisibilidad del recurso, por cuanto la parte recurrente cuenta con una situación migratoria regular, al mantenerse vigente la cédula de identidad. En subsidio, alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto las dificultades respecto a la cédula de identidad no corresponde a una actuación realizada por dicho servicio. No obstante, la recurrida reconoce en su informe que respecto de la solicitud de residencia definitiva realizada por el recurrente nombre reservado° 15209169, con fecha 11.08.2021, este solicitó ante esa autoridad el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 15209169, señalando que esa solicitud del se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución tal como se muestra fotocaptura que acompaña y obtenida del Registro Nacional de Extranjeros, que indica que el trámite ha finalizado y se encuentra rechazado con orden de abandono.

Lo anterior, concuerda con lo señalado por el recurrente en cuanto a existir pronunciamientos dispares o al menos no claros respecto de su situación migratoria ante la solicitud formulada en su oportunidad, y los plazos que la normativa otorga para acompañar la documentación que se requiera previo a resolver.

TERCERO: Que, cuanto a la falta de legitimación pasiva, no se alega como una actuación ilegal y arbitraria la calidad en que la parte recurrente se mantiene durante la tramitación de la solicitud, ni la vigencia de la cédula de identidad, sino que más bien la demora injustificada de dicho servicio público en emitir un acto administrativo terminal, de modo tal que corresponde el rechazo de las alegaciones de inadmisibilidad y subsidiaria de falta de legitimación pasiva.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que el artículo 3 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases General de la administración del Estado dispone que: “La Administración del Estado deber observar los principios de la responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación impulso de oficio o del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes.” Por su parte, el artículo 7 inciso primero de la Ley N 19.880 señala “Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsar de oficio en todos sus trámites.” Claramente se ha establecido que la Administración debe responder a la máxima economía de medios, y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Finalmente, es menester consignar que el artículo 27 de dicha ley señala “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, la tramitación de un procedimiento administrativo como el de marras, debe aspirar a su finalización oportuna, debiendo la administración del Estado propender a su impulso, dando celeridad al mismo, todo ello conforme a los principios de servicialidad del Estado, de eficiencia y eficacia que rigen su actuar. En esas condiciones, no habiéndose justificado ni acreditado por parte de la recurrida alguna hipótesis que pudiera constituir alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor para que la duración de estos procedimientos administrativos para la resolución correcta de la solicitud de permiso de permanencia definitiva de la parte recurrente exceda con creces el plazo de seis meses, es menester concluir que dicha actuación no ha devenido en ilegal al exceder el plazo contenido en el art culo 27 de la Ley N 19.880 antes citado, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley por cuanto importa una discriminación en contra de este en relación con el trato otorgado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, í obteniendo una respuesta formal, dentro de plazo legal, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, quedando la parte recurrente en una situación de indefensión respecto de su situación migratoria, razones por las cuales la acción constitucional ser acogida en la forma que s expondrá Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas, las alegaciones de inadmisibilidad y falta de legitimación pasiva sostenidas por la parte recurrida.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en beneficio de nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, todos ya individualizados, solo en cuanto se ordena que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento definitivo y fundado que en derecho corresponda, y efectuar su oportuna notificación respecto de la solicitud de permiso de permanencia definitiva presentado por los actores, dentro del plazo de sesenta día contados desde que quede firme la presente resolución.

Redacción del abogado integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Regístrese y archívense.

N°Protección-12953-2023 (pvb).