nombre reservado con SUPER INTENDENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, interpone Acción de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por haber cometido una acción ilegal y arbitraria al dictar la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023, que confirmó los rechazos del COMPIN REGIÓN METROPOLITANA (COMPIN), respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado.

EN CUANTO A LA COMPETENCIA 1.- Que, respecto a la competencia, el Auto Acordado que regula la Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, determina en su artículo 1º las reglas de competencia territorial, a efectos de determinar cuál es la Corte de Apelaciones competente para conocer de un recurso de protección. Es así como el citado numeral primero del referido Auto Acordado, sobre la materia establece:

"1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, A ELECCIÓN DEL RECURRENTE, (...)" 2.- Que, de lo expuesto en el referido Auto Acordado, se concluye que pueden ser competentes para conocer de un recurso de protección, tanto la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiese cometido el acto, como la Corte de Apelaciones en cuyo territorio se hubieren producido los efectos del acto arbitrario o ilegal. Ahora bien, en caso de que efectivamente existan dos Corte de Apelaciones que puedan ser competentes para conocer la acción constitucional, le corresponde elegir al recurrente en cuál de esos 2 tribunales formula el recurso de protección respectivo.

3.- Que, siguiendo una Jurisprudencia uniforme y consolidada, la Excma. Corte Suprema ha concluido que el domicilio indicado por el recurrente en el libelo donde interpone su acción constitucional constituye el lugar donde se van a producir los efectos del acto arbitrario e ilegal, lo que implica que la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se encuentra ubicado aquel domicilio, resulta competente para conocer del pertinente recurso de protección.

Cita jurisprudencia al efecto.

LOS HECHOS 1.- Que, la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 emitida por la SUSESO se pronuncia sobre la reclamación relacionada con el rechazo de las licencias médicas emitidas a partir del 30 de mayo de 2022. La resolución confirma el rechazo de las licencias médicas, argumentando que el reposo no está justificado desde la perspectiva de la autoridad administrativa.

En este escenario, estimo que la decisión carece de fundamentación adecuada, según expongo:

a)

Fecha y Naturaleza de la Resolución:

La Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 fue emitida por la SUSESO el 11 de agosto de 2023. Esta resolución aborda la reclamación relacionada con los rechazos de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, emitidas por un período de 120 días a partir del 30 de mayo de 2022. La resolución confirma el rechazo de las licencias médicas por el motivo de "el reposo en cuestión resulta injustificado".

b)

Reclamación y Decisión de la SUSESO:

La SUSESO tomó la decisión de resolver la reclamación presentada en relación con los rechazos de las licencias médicas por parte de la COMPIN Región Metropolitana. La resolución de la SUSESO confirma el rechazo de las licencias médicas con el argumento de que el reposo no está justificado.

c)

Causa del Rechazo - Reposo no Justificado:

El motivo del rechazo de las licencias médicas se basa en la afirmación de que el reposo médico no está justificado. Esto sugiere que, desde la perspectiva de la autoridad administrativa, las razones médicas presentadas para el reposo no son suficientemente válidas o respaldadas para justificar la necesidad de las licencias médicas extendidas.

2° Que, la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023, de fecha 11 de agosto de 2023, está basada en un peritaje médico ordenado al efecto por la COMPIN Subcomisión Sur Oriente recién con fecha 23/05/2023, es decir, 1 año después de emitidas las licencias médicas materia de la Resolución Exenta.

La realización tardía del peritaje médico, la hace extemporánea y tiene impacto en la decisión posterior, especialmente en el contexto de licencias médicas, y, en su caso tiene implicaciones significativas en términos de legalidad, validez y justicia.

Esta realización tardía del Peritaje Médico influye en la evaluación y en la toma de la Resolución Exenta ya indicada, según expone:

1. Validez de la Información Médica:

El tiempo transcurrido entre la emisión de las licencias médicas y la realización del peritaje médico compromete la validez de la información médica. Las condiciones de salud cambian con el tiempo, y una evaluación realizada mucho después de la emisión de las licencias puede no reflejar con precisión el estado de salud en el momento en que se otorgaron las licencias, tal como ocurre en mi caso.

2. Evaluación Precisa de la Capacidad de Trabajo:

Las licencias médicas están vinculadas a la capacidad de una persona para trabajar o llevar a cabo actividades específicas. Si el peritaje médico se realiza mucho después de que las licencias se hayan extendido, no se evalúa con precisión la capacidad de trabajo en el momento en que se otorgaron las licencias. Esto conlleva a decisiones incorrectas sobre si la persona tenía o no la capacidad de trabajar en ese momento.

3. Cambio en las Condiciones Médicas:

Las condiciones médicas no son estáticas y evolucionan con el tiempo. Un peritaje tardío significa que las condiciones médicas han cambiado desde la emisión de las licencias médicas. Por lo tanto, la evaluación realizada en el peritaje no es aplicable a la situación original en la que se solicitaron las licencias, tal como acontece en mi caso.

4. Justificación y Fundamentación de la Decisión:

Cuando se toman decisiones sobre licencias médicas, es esencial que las autoridades administrativas fundamenten sus resoluciones en información médica sólida y actualizada. Un peritaje médico realizado en forma tardía pone en duda la base sobre la cual se tomó la decisión. Si la evaluación médica es obsoleta o no refleja adecuadamente la situación en el momento en que se otorgaron las licencias, la fundamentación de la decisión se ve comprometida, tal como acontece a su respecto.

5. Implicaciones Legales:

Un peritaje médico realizado en forma tardía, provoca una decisión basada en información médica no actualizada y provoca la arbitrariedad de la Resolución Exenta basada en él. Las personas afectadas pueden considerar que la decisión es injusta, arbitraria o ilegal debido a la falta de una evaluación precisa y actualizada de su estado de salud, tal como ocurre en su caso En resumen, la realización tardía del peritaje médico que se le efectuó recién el 23/05/2023 tiene efectos adversos en la evaluación de las licencias médicas y en la toma de decisiones relacionadas. Compromete la validez de la información médica, y pone en duda la fundamentación y la justificación de la decisión tomada en la Resolución Exenta materia de la presente Acción Cautelar.

3° Que, el peritaje médico en comento tenía por finalidad establecer su estado de salud mental a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días.

Sin embargo, la realización tardía del peritaje médico que se me efectuó recién el 23 de mayo de 2023, tiene un impedimento que no se puede subsanar, y que hace inoficioso realizar otro, y sólo queda como única alternativa lógica, que se ordene que tomen las medidas tendientes a autorizar y disponer derechamente el pago de la licencias médicas.

En efecto, la realización tardía del peritaje médico, llevado a cabo recién el 23 de mayo de 2023, ha generado una serie de implicaciones que resultan sumamente problemáticas. La realización tardía en este proceso ha llevado a un punto en el que las posibilidades de corregir o compensar esta falta de oportunidad se tornan prácticamente inexistentes. Considerando esta situación, la viabilidad de llevar a cabo un nuevo peritaje se ve reducida al mínimo, ya que el tiempo transcurrido ha introducido una complejidad adicional que dificulta su efectividad.

Es en este contexto que surge una alternativa única y de considerable peso a favor del paciente afectado. La ordenación de medidas encaminadas a autorizar y disponer el pago de las licencias médicas se presenta como la opción más coherente y justa. Dada la imposibilidad de rectificar el tiempo perdido y la carga emocional y financiera que esta demora le ha impuesto, el pago de las licencias médicas se convierte en la solución más adecuada para atenuar los efectos negativos acumulados.

El pago de sus licencias médicas en esta situación sería un acto de mpatía y consideración hacia el paciente.

Por lo tanto, solicito que se ordene que se tomen las medidas necesarias y se proceda derechamente a la autorización y el pago de las licencias médicas pertinentes. Esta acción no solo restauraría en cierta medida la equidad y la atención adecuada que merezco como paciente, sino que también aliviaría parte del impacto negativo acumulado debido al retraso en el proceso de peritaje.

4° Que, al contrario de lo que pretende la SUSESO, es imposible realizar un peritaje médico respecto de una patología psiquiátrica de la cual me recuperé en el año 2022.

En efecto, contrariamente a lo planteado por la SUSESO, se ratifica una circunstancia en la que resulta prácticamente inviable llevar a cabo un peritaje médico en relación con una patología psiquiátrica que ya fue superada en el año 2022.

La naturaleza de las patologías psiquiátricas y su recuperación esencialmente compleja y multifacética. Su caso no es una excepción, ya que he logrado superar esta condición y lograr una recuperación exitosa en el año 2022. La realización del peritaje médico en la actualidad se enfrenta a la falta de validez y relevancia, dado que la patología en cuestión ya no está presente en mi situación actual.

Un peritaje médico debe ser una herramienta que contribuya a evaluar con precisión y actualidad la situación médica del individuo. Sin embargo, en este caso específico, se trata de una patología que ha quedado en el pasado y no tiene repercusión en su estado actual de salud. En consecuencia, el peritaje médico realizado en relación con su patología resulta no solo ineficaz, sino también descontextualizado y potencialmente perjudicial para su bienestar general.

5° Que, efectivamente, el informe realizado recién el 23/05/2023, se limita a dar cuenta de su estado actual de salud mental, y es este Informe Médico, realizado en forma tardía, el que sirve, arbitrariamente, como fundamento esgrimido por la SUSESO para dictar la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023.

En efecto, en lo pertinente la resolución recurrida, señala expresamente que:

* “Que, asimismo, se hizo presente que según el examen mental efectuado a propósito del referido peritaje, es posible concluir que la paciente se presenta de forma adecuada a la entrevista. Ánimo: eutímica. No se aprecian trastornos en el lenguaje en lo formal ni en el contenido. No es posible identificar sintomatología o compromiso funcional alguno asociado al cuadro por el cual se otorgaron las licencias médicas reclamadas (trastorno adaptativo) que justifique una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado. A mayor abundamiento, se estiman sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral en base a los estándares dispuestos en el Decreto N°7, de 2013, del Ministerio de Salud, que aprobó el "Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas", en lo referente a las patologías de carácter mental.

Que, de este modo, no es posible acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado”.

La fecha del informe médico realizado el 23 de mayo de 2023, juega un papel crucial en la presente Acción Cautelar. Dicho informe médico tiene una función específica y concreta: proporcionar una visión precisa y actualizada de su estado de salud mental en el momento en que se llevó a cabo. Su alcance está delimitado para abordar únicamente su condición en ese instante, y no tiene la intención de representar un análisis integral de su trayectoria en términos de salud mental.

Es este informe médico, realizado en forma tardía, el que ha sido señalado, de manera arbitraria, como el principal fundamento por parte de la SUSESO para emitir la Resolución Exenta que está en discusión.

Es fundamental que se comprenda la limitación del informe médico en cuestión. Este informe no debería ser tratado como una verdad absoluta que define mi situación a lo largo del tiempo, sino como un punto de partida para una evaluación más completa y contextualizada de mi salud mental. La Resolución Exenta basada únicamente en este informe no refleja adecuadamente la complejidad y la evolución de su situación.

6.- Que, en efecto, la decisión adoptada por la SUSESO no se apoya en un elemento de convicción fehaciente que la avale, soslayando hacer mención de un factor objetivo existente a la fecha de las licencias médicas que se extendieron a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días, que corrobore el dictamen a que arribó, carencia que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se niega el derecho al reposo prescrito.

7.- Que, el reposo se tiene por injustificado si, tanto de los antecedentes tenidos a la vista o que se obtengan en virtud del ejercicio de un peritaje, como de lo previsto por la lex artis médica, no se logra acreditar la existencia de la enfermedad o la necesidad del reposo prescrito.

En el caso de autos, la recurrida pretende fundamentar, arbitrariamente, el rechazo de las licencias médicas que se extendieron a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días, con un Informe Médico realizado 1 año después, a saber, el 23/05/2023.

8.- Que, la Excelentísima Corte Suprema, ha señalado que la carga de probar que el reposo es injustificado corresponde a quien debe emitir el pronunciamiento o resolver el correspondiente recurso administrativo. En sus propias palabras, “la razón expresada por las recurridas deja en evidencia que ambas instituciones han radicado en el recurrente la carga de justificar el reposo que le fuere cursado por su médico tratante” (considerando sexto) (Corte Suprema, 26 de noviembre de 2018, rol Nº 19005-2018). Cita jurisprudencia.

9.- Que, por otra parte, en relación con el rechazo de las licencias mencionadas, es arbitrario el que se ponga en duda el diagnóstico, tratamiento y reposo que un profesional de la salud señala, teniendo en cuenta que un médico es un profesional, experto en las materias que trata.

Todo diagnóstico o prognosis emitido por un profesional de la salud debe tenerse por cierto y efectivo, mientras no sea impugnado o cuestionada por quien debe emitir el pronunciamiento, correspondiendo a quien lo objeta o lo coloca en duda acreditar lo que afirma. Este postulado concuerda con la carga de la Administración de probar lo que sustenta.

Si quien debe pronunciarse sobre la licencia médica (o el recurso administrativo) tuviere dudas sobre el reposo prescrito o necesita mayores antecedentes para resolver, debe ejercer las potestades que el Reglamento le confiere en este sentido. Fallar sin ejercerlas constituye falta de motivación o fundamentación. Esta exigencia concuerda con la carga de la Administración de probar lo que afirma.

En particular, si se pretende desvirtuar lo afirmado por el profesional tratante se debió decretar, oportunamente, el Peritaje Médico mientras padecía de la patología, y no meses después de recuperada. En consecuencia, mientras no sea probado lo contrario, lo que él señale debe tenerse por cierto. No actuar así hace que el pronunciamiento no esté debidamente fundado o motivado.

10.- Que, en efecto, el único argumento para confirmar el rechazo de las licencias, es que “el reposo en cuestión resulta injustificado”; sin embargo, esto no se condice con los reiterados informes del médico tratante acompañados a los reclamos, quien, previa consultas médicas mensuales y la respectiva evaluación clínica fue prescribiendo el periodo de descanso, determinando la imposibilidad del retorno a la actividad laboral.

Asimismo, conformarse con anotar en el formulario que no se probó la incapacidad laboral, que el informe médico aportado no permite probar incapacidad, o que el reposo es injustificado o hay salud irrecuperable, importa una manifiesta falta de fundamentación o motivación. La precisión del argumento, aquí, es una exigencia inexcusable, atendidas las consecuencias que el rechazo de la licencia médica importa. Lo dicho se ajusta, además, a lo que la SUSESO ha sustentado (SUSESO, Circular N° 1588, 1997, punto IV, 1; y Circular N° 2067, 2005, punto I.3.q), en particular cuando recalca que el pronunciamiento debe bastarse a sí mismo (SUSESO, Circular N° 2067, 2003, punto I.). Ello también concuerda con el deber de eficiencia y eficacia de la Administración.

11.- Que, la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023. es, además, arbitraria en cuanto no ha sido adoptada con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, lo que provoca que el acto sea infundado.

En el caso de autos, la recurrida pretende fundamentar el rechazo de las licencias médicas que se extendieron a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días, con un Informe Médico, realizado en forma tardía, 1 año después, a saber, el 23/05/2023.

12.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de un informe médico realizado absolutamente de manera extemporánea, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

13.- Que, en semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

14.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa a las licencias médicas implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

15.- Que, en resumen y en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

En efecto, rechazar una licencia médica requiere esgrimir razones, no solo por las consecuencias prácticas que acarrea tanto para el trabajador como para terceros, sino también, porque existe una disposición expresa en tal sentido. En efecto, el Reglamento estatuye, en el aludido artículo 16, que “se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Si quien tiene que emitir el pronunciamiento (o resolver un recurso o reclamación) es un órgano de la Administración del Estado, debe, además, ceñirse a lo que disponen los artículos 11 inciso 2º y 41 incisos 4º y final, de la Ley N° 19.880, de 2003. Estas reglas consagran lo que el Derecho Administrativo ha denominado como motivación o fundamentación del acto administrativo.

EL DERECHO. ACTUAR ILEGAL Y ARBITRARIO.

1.- Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3, de fecha 4 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, consagra que la licencia médica es un derecho, señalando que:

* "... se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante ‘COMPIN’, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante ‘SEREMI’, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

En efecto, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3, de fecha 4 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, es una disposición fundamental que establece los principios básicos y derechos relacionados con la obtención de licencias médicas por parte de los trabajadores. Este decreto en general aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), y en particular consagra el carácter de "derecho" de la licencia médica.

Aspectos importantes de este artículo:

1. Naturaleza de la Licencia Médica como Documento: El artículo establece que la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal de una persona para trabajar debido a una enfermedad o un accidente. Esto la convierte en una herramienta fundamental para proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de salud adversas.

2. Emisión y Autorización: La licencia médica debe ser otorgada por un médico cirujano colegiado y habilitado para ejercer en el país. Sin embargo, su validez debe ser autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente (COMPIN) o por la Institución de Salud Previsional (ISAPRE) en su caso. Esto asegura que el proceso de emisión y validación de licencias médicas se realice de manera adecuada y conforme a las regulaciones.

3. Derecho a la Licencia Médica: Uno de los aspectos más destacados del artículo es la declaración de que la licencia médica es un derecho. Esto implica que los trabajadores tienen el derecho legítimo de solicitar y obtener una licencia médica cuando su estado de salud lo justifica. Esta disposición se basa en la idea de que la salud de los trabajadores debe ser protegida y respetada, y que las licencias médicas son un mecanismo para asegurar que los empleados puedan cuidar de su bienestar sin temor a represalias o pérdida de empleo.

4. Regulación y Procedimientos: El artículo también establece que el otorgamiento de licencias médicas debe ajustarse estrictamente a las disposiciones del reglamento. Esto subraya la importancia de seguir procedimientos adecuados y cumplir con las regulaciones establecidas para garantizar que las licencias médicas se emitan y autoricen de manera justa y transparente.

En resumen, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, al consagrar la licencia médica como un derecho, reconoce la importancia de proteger la salud de los trabajadores y establece las bases para la emisión y autorización adecuada de licencias médicas en el país.

2.- Que, por su parte el artículo 5 del Decreto Supremo N° 3, de fecha 4 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, consagra respecto de la licencia médica, que:

* “La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso. Se materializará en un formulario especial, electrónico, que registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan y cuyo contenido será determinado por el Ministerio de Salud.

Excepcionalmente, cuando existan circunstancias referidas a la falta de medios tecnológicos o falta de conectividad, que haga imposible el uso de estos medios, o bien, se trate de un profesional autorizado previamente por la Compin, las licencias médicas podrán emitirse en soporte papel.

De la licencia médica se dejará constancia en la ficha clínica del paciente y quedará sujeta a la obligación de reserva y custodia que al respecto prevé la ley 20.584, sin perjuicio de la responsabilidad que le compete a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y al empleador respectivo.

Las licencias de los trabajadores regidos la ley Nº 18.834, serán concedidas por resolución del Compin a que el funcionario pertenece”.

Efectivamente, la licencia médica es un proceso integral que implica la colaboración y la interacción de varios actores y entidades para asegurar que los trabajadores que enfrentan problemas de salud reciban la atención adecuada y estén protegidos durante su incapacidad temporal para trabajar. A continuación, se explora con más detalle el papel de cada uno de los participantes en este proceso:

1. Trabajador:

El proceso de licencia médica comienza con el trabajador, quien debe informar a su empleador sobre su incapacidad debido a una enfermedad o lesión. Es responsable de buscar atención médica de un profesional de la salud debidamente acreditado y habilitado para practicar en el país. Proporciona al médico la información necesaria sobre su condición y síntomas para que el profesional pueda realizar una evaluación precisa.

2. Profesional que Certifica:

El médico cirujano colegiado y habilitado es quien evalúa al trabajador en función de su condición médica y determina si es necesario otorgar una licencia médica. Basándose en la evaluación médica, el profesional decide la duración de la licencia y emite el certificado médico correspondiente con el diagnóstico y el período de ausencia recomendado.

3. COMPIN o ISAPRE competente:

La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o la Institución de Salud Previsional (ISAPRE) competente en el sistema de salud previsional chileno tiene la responsabilidad de revisar y autorizar la licencia médica. Verifican que la licencia médica cumpla con los requisitos y criterios establecidos en la normativa vigente, como la duración de la licencia y los diagnósticos proporcionados.

4. Empleador:

Una vez que el trabajador obtiene la licencia médica, debe entregar una copia al empleador para informar oficialmente sobre su ausencia laboral y justificarla. El empleador está obligado a respetar la licencia médica y no puede tomar acciones adversas contra el trabajador debido a su incapacidad temporal.

5. Entidad Previsional o Caja de Compensación de Asignación Familiar:

En algunos casos, una entidad previsional o una Caja de Compensación de Asignación Familiar puede intervenir para administrar el proceso de pago de subsidios por incapacidad durante el período de licencia médica. Estas entidades se aseguran de que el trabajador reciba el apoyo económico correspondiente durante su ausencia laboral.

En resumen, la licencia médica es un acto administrativo complejo que involucra la colaboración coordinada de varios actores: el trabajador, el profesional médico, la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, la COMPIN o la ISAPRE y el empleador. Esta colaboración garantiza que el proceso de licencia médica se realice de manera justa, transparente y efectiva, protegiendo los derechos y el bienestar de los trabajadores que enfrentan problemas de salud.

3.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de fecha 4 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, señala textualmente que:

* “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

La facultad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Unidad de Licencias Médicas (en algunos sistemas de salud) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) para aprobar, rechazar, ajustar la duración y cambiar la naturaleza de una licencia médica es una parte esencial del proceso administrativo que busca garantizar la adecuación y transparencia en el otorgamiento de licencias médicas. A continuación, se explora en detalle cómo estas entidades pueden tomar estas decisiones y los aspectos clave de este proceso:

1. Aprobación o Rechazo de Licencias Médicas:

La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE tienen la facultad de evaluar las licencias médicas presentadas por los trabajadores y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. Pueden aprobar una licencia si consideran que el diagnóstico y la duración proporcionados por el profesional médico son válidos y justificados. También tienen la autoridad para rechazar una licencia si encuentran irregularidades en la documentación presentada, si el diagnóstico no es suficientemente claro o si consideran que la incapacidad no se justifica médicamente.

2. Ajuste de la Duración de Reposo:

Si la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE consideran que la duración de la licencia médica es excesiva o insuficiente en relación con la condición médica del trabajador, pueden ajustar el período de reposo solicitado. Esto puede implicar reducir o ampliar el período de reposo según la evaluación médica y las consideraciones administrativas.

3. Cambio de Total a Parcial y Viceversa:

En algunos casos, el profesional que certifica puede emitir una licencia médica para un reposo total, lo que significa que el trabajador no puede realizar ninguna actividad laboral. Sin embargo, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE pueden considerar que es posible realizar actividades laborales parciales en lugar de un reposo total. En tal situación, pueden cambiar la licencia médica de total a parcial, permitiendo al trabajador realizar ciertas tareas laborales adecuadas a su condición.

4. Documentación de Resoluciones y Fundamentos:

Es fundamental que cualquier decisión tomada por la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE se documente adecuadamente. Debe quedar constancia de las razones y fundamentos detrás de la aprobación, el rechazo, la modificación o el ajuste de una licencia médica. Esta documentación es crucial para garantizar la transparencia del proceso y para proporcionar un registro claro de las decisiones tomadas.

En resumen, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas y las ISAPRES tienen la autoridad y la responsabilidad de evaluar y tomar decisiones con respecto a las licencias médicas presentadas por los trabajadores. Sus decisiones pueden incluir la aprobación, el rechazo, el ajuste de la duración y el cambio de la naturaleza de la licencia. Estas acciones están respaldadas por la necesidad de asegurar que las licencias médicas se otorguen de manera justa y adecuada, teniendo en cuenta tanto los aspectos médicos como los administrativos.

4.- Que, si la Resolución Exenta se basa en un informe que ya no es relevante porque fue realizado en forma tardía y me encuentro recuperada desde hace meses, es un claro ejemplo de falta de fundamento fáctico verídico y motivación insuficiente en el acto administrativo, según expongo:

a)

Falta de Fundamento Fáctico Verídico: La Resolución Exenta hace referencia a un informe que, según se sabe, sólo refleja mi salud mental actual. Dado que se recuperó hace meses, los datos contenidos en el informe cambiaron significativamente en comparación al periodo durante el cual estuve con licencia médica. En consecuencia, la información sobre la que se basa la Resolución Exenta no es precisa ni verídica respecto el periodo durante el cual estuvo con licencia médica.

b)

Motivación Insuficiente: La motivación de un acto administrativo implica que las autoridades deben justificar su decisión en base a hechos reales y objetivos. Si la resolución exenta se basa en un informe que no es aplicable debido a la recuperación de la persona, la motivación se vuelve insuficiente. No hay una conexión lógica y razonable entre la situación actual y la decisión tomada en la resolución.

c) Principio de Legalidad y Transparencia: La falta de fundamento fáctico verídico y motivación adecuada va en contra de los principios de legalidad y transparencia en el derecho administrativo. Los ciudadanos tenemos el derecho de recibir decisiones fundamentadas en información actual y precisa para asegurar que sus derechos sean respetados y protegidos.

En definitiva, la Resolución Exenta se basa en un informe médico realizado en forma tardía y desactualizado y que, por lo tanto, no cumple con los requisitos de fundamento fáctico verídico y motivación adecuada. Además, esto torna a la Resolución Exenta en una decisión errónea o injusta, y en consecuencia, en arbitraria e ilegal.

5.- Que, la carencia de fundamento que padece la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023, priva a la decisión de una sustentación lógica, toda vez que la determinación de estimar que el reposo necesario para el paciente no se encontraba justificado, y al mismo tiempo contrariando una muy motivada prescripción del médico tratante hacen que esta la resolución de la SUSESO constituya una actuación ilegal y arbitraria.

efecto, el hecho de que la Resolución Exenta objeto de la presente acción cautelar carezca de fundamento, conlleva a que la decisión no tenga una base lógica sólida. En este sentido, la determinación de negar la justificación del reposo necesario para el paciente, al mismo tiempo que se contradice una prescripción médica debidamente motivada, resulta en que la Resolución Exenta emitida por la SUSESO sea calificada como ilegal y arbitraria.

La falta de fundamentación en la Resolución Exenta implica que no se proporcionaron argumentos válidos ni razonamientos sólidos para sustentar la negación del reposo médicamente indicado. Esto lleva a la conclusión de que la decisión carece de una base lógica coherente y, por lo tanto, no puede considerarse como una Resolución bien fundamentada.

Además, el hecho de que se contradiga una prescripción médica debidamente justificada agrava la situación. La prescripción médica se basa en la evaluación profesional de un médico tratante, que considera la condición y las necesidades del paciente. Si la resolución de la SUSESO va en contra de esta recomendación médica, esto puede considerarse como una acción que no tiene en cuenta la salud y el bienestar del paciente.

En definitiva, la combinación de una falta de fundamentación lógica en la Resolución Exenta y la contradicción con una prescripción médica motivada lleva a que la Resolución Exenta de la SUSESO sea ilegal y arbitraria.

6.- Que, como se ha expuesto, la Resolución Exenta no cumple con el requisito de motivación del acto administrativo, al carecer de un fundamento fáctico verídico, por cuanto afirma que se dicta de acuerdo a antecedentes médicos que habría tenido a la vista, en circunstancias que los únicos que se encuentran en el expediente administrativo correspondiente, solo podrían haberla llevado a una resolución contraria a la que adopta, de modo que lo que en definitiva concluye, carece de fundamento que lo ampare, vicio que se extiende al acto en el que la decisión se contiene, por lo que debe ser invalidada por ser contraria a derecho.

La motivación es un principio fundamental en el derecho administrativo y se relaciona directamente con la transparencia, la legalidad y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Cuando un acto administrativo no está debidamente motivado o se basa en información inexacta, se corre el riesgo de que dicha resolución sea estimada arbitraria o ilegal, como acontece con la resolución materia de la presente acción.

En efecto, en el caso de autos, la recurrida pretende fundamentar el rechazo de las licencias médicas que se extendieron a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días, con un informe médico realizado en forma tardía, 1 año después, a saber, el 23/05/2023.

7.- Que, de acuerdo con nuestra legislación, todo acto o resolución administrativos, debe estar suficientemente fundada, y señalar cuales son los razonamientos que sirven de base para adoptar una decisión. El inciso segundo del artículo 11 de la Ley Nº 19.880, dispone que:

* " Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.".

En efecto, la fundamentación y la motivación en los actos administrativos son esenciales para garantizar la transparencia, la legalidad y la justicia en la toma de decisiones de la administración pública. Estos principios aseguran que las decisiones sean racionales, justificadas y respaldadas por argumentos sólidos, lo que a su vez fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.

8.- Que, por otro lado, el inciso 4 del artículo 41 de la misma Ley establece que:

*"Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

9.- Que, a su vez, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de fecha 4 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, ordena en lo pertinente, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, el COMPIN, en este caso particular, debe dejar, y cita:

* "En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia".

Como se dijo, en este caso, no existe ningún fundamento o razonamiento que permita entender porque el ente recurrido confirma el rechazo de las licencias médicas y estima que el reposo no se encontraría justificado, sino que la resolución se limita a señalar que: “... la ausencia de tales elementos clínicos no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo”.

Sin embargo, no se explicita por qué serían insuficientes en orden a justificar el reposo indicado por el médico o por qué sus informes deben ser refutados, lo que en definitiva, torna ilegal y arbitrario el acto.

Cita jurisprudencia.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

El actuar arbitrario e ilegal de la SUSESO, concretado en Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023, infringe y vulnera en forma evidente las siguientes garantías constitucionales:

a)

El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. El Articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Así, de acuerdo a los hechos ya antes descritos, estos se ven perturbados frente a una decisión arbitraria por la recurrida, en no justificar el rechazo ni menos sostener su decisión en algún peritaje médico efectuado en tiempo y forma, que indique y avale su decisión.

b)

La igualdad ante la Ley, El articulo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Dicha garantía ha sido vulnerada toda vez que la recurrida ha procedido arbitrariamente a efectuar una discriminación arbitraria, ya no existe ningún sustento fáctico, ni jurídico, ni clínico que pueda sostener que cuando se me otorgó un reposo este estuviera injustificado y menos a n que estuviera sano.

c)

El Articulo 9 N°1 de la Constitución que asegura a todas las personas el derecho a la vida, integridad física y psíquica de las personas. En este sentido la recurrida ha vulnerado mi integridad física y psíquica ya que tuve que solventarme para poder terminar mi tratamiento médico, al rechazar de forma continua las licencias médicas por las cuales se recurre.

d)

El Articulo 19 N° 3 la Igual Protección de los derechos en el ejercicio de sus derechos, se ha vulnerado gravemente esta garantía por cuanto no se ha protegido un derecho que sí es vital y esencial el cual es el derecho a la vida y la salud, los cuales son de carácter internacional y están consagrados en normas internacionales.

e)

El Articulo 19 N° 9 El derecho de la Salud, lamentablemente este derecho fue explícitamente vulnerado por el solo hecho de negarse sin justificación fáctica alguna el reposo médico, a un trabajador en nuestro país, tal como es el caso que ocurrió conmigo y que ya está recurrente explico latamente con anterioridad.

f)

El Articulo 19 N° 18 el derecho a la seguridad social, por cuanto el actuar de la recurrida como ya se explico es arbitrario e ilegal y restringe unilateralmente el derecho a una prestación básica de salud como es el pago de una licencia médica La violación a estas garantías constitucionales ocurre desde el momento que se establece una situación carente de fundamento, que impide acceder al respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, lo cual provoca un evidente perjuicio en el patrimonio del recurrente.

CONCLUSIONES.

1.- Que, se ha demostrado que la SUSESO, al dictar la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023, que confirma las resoluciones del COMPIN que rechaza las licencias médicas presentadas, no ha fundamentado ni razonado su decisión, tornándose por ende en un acto ilegal y arbitrario, AL NO BASARSE EN RAZONES EFECTIVAMENTE VÁLIDAS PARA HACERLO.

En efecto, el caso de autos, la recurrida pretende fundamentar el rechazo de las licencias médicas que se extendieron a contar del 30 de mayo de 2022, por un total de 120 días, con un Informe Médico realizado en forma tardía, emitido 1 año después, a saber, el 23/05/2023.

En base a lo expuesto, se puede concluir que la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que confirma las resoluciones de la COMPIN rechazando las licencias médicas ya indicadas, carece de una adecuada fundamentación y motivación. Esto conlleva a considerarla como un acto administrativo ilegal y arbitrario, ya que no se basa en razones verdaderamente válidas para respaldar su decisión.

2.- Que, dicho acto ilegal y arbitrario infringe y vulnera las Garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República de la Constitución Política de la República.

Pide disponer expresamente:

a)

Que, la recurrida deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023 por la que desestimó el reclamo de la suscrita.

b)

Que, la recurrida debe dictar derechamente los actos administrativos correspondientes a efecto de autorizar y disponer derechamente el pago de la licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado.

c)

Que, se condena en costas a la recurrida.

Acompañó copia de la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023 de fecha 11/08/2023.

A folio N°10 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Solicita se acoja la Excepción de Cosa Juzgada Formal por las siguientes razones:

Que, con fecha 10 de diciembre de 2022, la recurrente, doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, interpuso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ingresado bajo el ROL N° 12788-2022, por la supuesta vulneración de diversas Garantías Constitucionales señaladas en el artículo 19, de nuestra Constitución Política de la República, en que se habría incurrido al determinar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, a contar del 30 de mayo de 2022, por reposo no justificado, por medio de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164407-2022, de fecha 01 de diciembre de 2022, emitida por este Servicio.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 22 de marzo de 2023, revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo el recurso de protección, en los siguientes términos:

“…En su lugar, se deberá disponer la realización a la brevedad de la evaluación de las licencias médicas de autos, procediendo la recurrida a emitir una nueva resolución fundada en alguno de los antecedentes señalados en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas en un plazo máximo de 60 días...”

De lo expuesto, resulta evidente que la Corte de Apelaciones de Talca a través de una de sus salas, se pronunció sobre hechos idénticos a los propuestos en la presente causa, por tanto, el fallo que se dictó en la primera causa, que corresponde a una sentencia interlocutoria y por tratarse de una acción cautelar de urgencia produce únicamente cosa juzgada formal.

Por lo anterior, es necesario tener presente que, debido a la naturaleza cautelar de la presente acción, la situación jurídica alegada y la protección que se reclama, tiene vital importancia. Ello, porque el objeto del recurso de protección es determinar si ha existido un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más de las garantías, de carácter indubitadas y protegidas. El conflicto planteado debe ser de orden constitucional que amerite un pronunciamiento urgente a fin de tutelar un derecho o garantía amagada.

Que, lo reclamado mediante esta acción es idéntico a lo perseguido en el proceso anterior resuelto por esta Corte. En efecto, en la presente causa el hecho material alegado y las consecuencias jurídicas que se atribuyen al acto calificado de ilegal y arbitrario son, a saber, “rechazar el pago del subsidio laboral otorgado por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. Mismas licencias que aquellas que determinaron el conflicto planteado en los autos ROL N° 12788-2022. Por consiguiente, al haberse resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, respecto de un acto administrativo que rechazó las citadas licencias médicas, no puede sino concluirse que ese tribunal está impedido de volver a pronunciarse sobre una pretensión que ya ha sido resuelta con anterioridad.

Pide se acoja la excepción de cosa juzgada formal, en atención a la materia objeto del presente recurso, ya fue resuelto mediante la sentencia dictada en causa ROL N° 63085-2022, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS QUE INDICA Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, esto es, el cumplimiento de una resolución judicial, no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, puesto que no constituye una instancia de declaración de derechos.

En efecto, la EXCMA. Corte Suprema, recientemente, con fecha 30 de noviembre de 2022, confirmó la sentencia emanada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa ROL 129077-2022, que rechazó la acción de protección deducida en contra de esta Superintendencia, por un caso similar al planteado en autos, en los siguientes términos:

Segundo: Que existiendo un procedimiento para obtener el cumplimiento de las resoluciones judiciales, es en aquel en el que deben ventilarse todas las controversias que se susciten con motivo de su ejecución, resultando evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, puesto que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, circunstancia que torna en inadmisible el recurso de protección deducido en estos autos.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de octubre del año dos mil veintidós.

Por tanto, la Excma. Corte, al confirmar la citada sentencia, ha ratificado lo reclamado por esta Superintendencia, en el sentido que, lo que se pretendía con la acción incoada era discutir acerca del cumplimiento de una resolución judicial, materia que se encuentra expresamente regulada en artículo 15° del Auto Acordado Sobre Tramitación Y Fallo Del Recurso De Protección De Las Garantías Constitucionales, por tanto, lo intentando en esta oportunidad desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En consecuencia y atendido el planteamiento expuesto, el que ya ha sido tenido en cuenta por esa Excma. Corte Suprema, esta Superintendencia solicita que se declare la improcedencia de la presente acción, en la materia que versa, puesto que desborda los límites de esta acción constitucional.

Pide se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia no es de aquellas que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Consta en el expediente, que mediante la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164407-2022, de fecha 01 de diciembre de 2022, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado, confirmándose lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, a contar del 30 de mayo de 2022, por reposo no justificado.

Respecto de la resolución recién individualizada, la Sra. nombre reservado interpuso acción de protección, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en causa ROL N° 12788-2022.

Que, la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 22 de marzo de 2023, revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo el recurso de protección, en los siguientes términos:

“…En su lugar, se deberá disponer la realización a la brevedad de la evaluación de las licencias médicas de autos, procediendo la recurrida a emitir una nueva resolución fundada en alguno de los antecedentes señalados en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas en un plazo máximo de 60 días...”

Que, con el fin de dar cumplimiento de la citada sentencia, esta Superintendencia emitió la Resolución Exenta N° R-01-S-52125-2023, de 19 de abril de 2023, instruyendo a la COMPIN respectiva, que en uso de las facultades reglamentarias previstas en el artículo 21 del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, le practique a la recurrente el peritaje médico necesario respecto de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de que sea remitido a esta Superintendencia para que pueda pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas reclamadas.

En este sentido, la COMPIN, remitió a esta Superintendencia el peritaje médico de fecha 23 de mayo de 2023, que, junto con los demás antecedentes disponibles, sirvieron para efectuar un nuevo pronunciamiento acerca de las licencias médicas reclamadas.

Así, este Organismo, mediante la Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023, de 11 de agosto de 2023, consignó lo siguiente:

“Que, en virtud de lo anterior, la COMPIN Región Metropolitana remitió el informe del peritaje médico evacuado al efecto por la Subcomisión Sur Oriente, de 23/05/2023, el cual ha sido estudiado por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones:

Que, en primer término, se debe señalar que la interesada registra 90 días de reposo autorizado por patología siquiátrica, previo al período correspondiente a las licencias médicas rechazadas, extendidas a contar del 30/05/2022.

Que, asimismo, se hizo presente que según el examen mental efectuado a propósito del referido peritaje, es posible concluir que la paciente se presenta de forma adecuada a la entrevista. Ánimo: eutímica. No se aprecian trastornos en el lenguaje en lo formal ni en el contenido. No es posible identificar sintomatología o compromiso funcional alguno asociado al cuadro por el cual se otorgaron las licencias médicas reclamadas (trastorno adaptativo) que justifique una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado. A mayor abundamiento, se estiman sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral en base a los estándares dispuestos en el Decreto N°7, de 2013, del Ministerio de Salud, que aprobó el "Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas", en lo referente a las patologías de carácter mental.

Que, de este modo, no es posible acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado.

Que, todo lo anterior lleva a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, circunstancia consistente con lo ya resuelto por este Organismo.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia mediante la citada Resolución Exenta N° R-01-S-105833-2023, resolvió confirmar lo obrado, ratificándose el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, que incluyen un peritaje médico ordenado por esa misma Iltma. Corte, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir, haciendo presente, además, que el acto administrativo impugnado, se dictó en el marco de lo instruido en la sentencia de fecha 22 de marzo de 2023.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente:

“…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Pide se rechace la acción de protección en todas sus partes, con costas.

Acompañó copia de los antecedentes, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio N°12 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución exenta R-01-S-105833-2023 con fecha 11 de agosto de 2023, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de cuatro licencias médicas extendidas a la actora por un total de 120 días a contar del 30 de mayo de 2022.

TERCERO: Que resolviendo la alegación de cosa juzgada efectuada por la recurrida, se debe tener presente que consta en los propios documentos acompañados que a través del recurso de protección Rol N°12788-2022 interpuesto por la actora ante la Corte de Apelaciones de Talca, se solicitó dejar sin efecto la Resolución Exenta N° N° R-01-UNRA-164407-2022 de 1 de diciembre de 2022, que confirmó los rechazos del COMPIN Región Metropolitana, en adelante COMPIN, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado. Este recurso fue rechazado con fecha 01 de marzo de 2023, siendo revocada la sentencia por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 22 de marzo de 2023, y ordenándose dejar sin efecto las resoluciones de rechazo de licencias médicas de la actora, en las que no se haya practicado la efectiva evaluación de su procedencia o duración a través de alguna de las medidas señaladas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, y dispuso la realización a la brevedad de la evaluación de las licencia médicas de autos, procediendo la recurrida a emitir una nueva resolución fundada.

CUARTO: Que de los antecedentes expuestos queda en evidencia que el acto impugnado en el recurso de protección Rol N°12788-2022, es una Resolución Exenta diversa a la que se pretende dejar sin efecto en estos autos. Si bien se pronunciaron sobre el rechazo de las mismas cuatro licencias médicas, tienen fechas distintas y se basan es supuestos de hechos diversos, por cuanto entre la dictación de ambas la recurrente fue sometida a una nueva evaluación médica, razón por la cual la excepción de cosa juzgada será rechazada, por no existir identidad de causa de pedir.

QUINTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes planteados por las parte así como de los antecedentes documentales acompañados por ellas, consta que la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta-01-S-105833-2023 de fecha 11 de agosto de 2023, indica claramente cuáles son los motivos que tuvo en consideración para confirmar el rechazo de las licencias médicas, pues no es posible acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado, lo que lleva a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, de lo que se concluye que dicha decisión también se sustenta en aspectos técnicos médicos independientes a los aportados por la recurrente, motivo por los cuales la decisión no resulta arbitraria.

SEPTIMO: Que conforme a lo anterior, atendido a que la actuación de la autoridad administrativa no resulta arbitraria o ilegal, al obrar de acuerdo a sus competencias legales y administrativas, no cabe sino desechar el recurso, al no existir afectación a derechos fundamentales derivados de dicha actuación, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4 de la Ley 19.980 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable a la Superintendencia de Seguridad Social, por expresa disposición del inciso 1 del artículo 2 de la mencionada ley.

OCTAVO: Que a su turno, no adoleciendo la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social de arbitrariedad ni ilegalidad, dado que su decisión se encuentra debidamente fundamentada y fundada en las reglas legales que las la autorizan, no concurren en la especie los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, a los que se ha hecho referencia por lo que se proceder a rechazar el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de cosa juzgada e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-12903-2023.(jog)