nombre reservado con CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.

C.A. de Temuco Temuco, seis de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don GUILLERMO CÁCERES YÁÑEZ, abogado, cedula de identidad N° RUT reservado, en virtud de representación convencional como se acreditará de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo Recurso de Protección en contra de CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Gerente General don nombre reservado, Ingeniero Comercial, Rut RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Por los actos y omisiones, arbitrarios e ilegales cometidos en contra de mi representado don nombre reservado, a raíz del hostigamiento telefónico que está sufriendo, solicitando en definitiva, que esta acción sea acogida en todas sus partes, y como consecuencia de ello, se dicten las medidas conducentes a poner fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales que privan, perturban y/o amenazan los derechos protegidos constitucionalmente conculcados, todo ello en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación: 1.- ANTECEDENTES GENERALES: 1. Que, mi representado mantiene deuda con la recurrida, y a causa de esta morosidad la empresa ha comenzado una especie de persecución en contra de su representado don nombre reservado. 3.- Sin embargo, esta especie de hostigamiento telefónico es incesante S.S. Ilustrísima, produciéndose por ende un constante acoso con llamadas insistentes, con alrededor de al menos 18 o 22 llamados diarios, de distintos números de cobranza- el acoso no se ha detenido y este mes no ha sido la excepción. Como se podrá probar con los documentos que dan cuenta de fotografías de pantalla e las insistentes llamadas, que se adjuntan en un otrosí. 5.- Lo anterior demuestra una práctica frecuente de las empresas de retail con el fin de amedrentar a sus clientes para el pago de deudas morosas, transformándose en una molestia tremenda para mi representado, quien de forma diaria recibe más de decena de llamadas de cobranza, lo cual S.S.I a raíz de ello, además se ha visto judicializado en sede civil, causa seguida ante el 16° Juzgado de letras de Santiago, caratulada “CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A/nombre reservado” rol de causa número C-8326-2023, en la cual ya fue emplazado don nombre reservado, habiéndose evacuado las respectivas excepciones, encontrándose en estado de tramitación, debiendo éste por ende, además efectuar un despliegue para cubrir de forma judicial con honorarios y gastos que implica la tramitación de dicha causa, viéndose además totalmente preocupado por su situación económica personal, siendo además esta situación que por este recurso de denuncia S.S.I del todo reprochable y atentatoria a la integridad psíquica de don nombre reservado. Señalar, además, que mi representado trabaja y por ende no alcanza a contestar por su trabajo, pero independiente de ello esta hostilidad se vuelve constante en el día, llamando constantemente a su representado durante la jornada. Por lo anterior, es que recurrimos ante Su Señoría Ilustrísima, con la finalidad de obligar al recurrido a efectuar las gestiones conducentes a excluir el número de mi mandante de todo listado de deudores respecto de su registro de morosidades y, asimismo, cesar inmediatamente el acoso telefónico de cobranza efectuado respecto de mi representado. DERECHO. Que, el recurrido ha infringido arbitraria o ilegalmente las siguientes libertades y derechos que asegura nuestra Carta Fundamental a todas las personas, privando perturbando o amenazando a don nombre reservado en el legítimo ejercicio de: 1.- Artículo 19 Nº 1 Constitución Política de la República: La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, lo que trae como consecuencia que el derecho a la vida, “implique a las integridades físicas y psíquicas y ellas no pueden ser atropelladas por el legislador ni por autoridad o persona alguna. En este mismo sentido y en razón de la integridad psíquica propiamente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, señalando que: “La integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integra en plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo. Se trata entonces de aspectos que no pueden separarse, que conforman una sola unidad, y, por consiguiente, es imperativo el respeto a ambas dimensiones”. Es más, de una manera más certera este mismo tribunal indica que: “Afectar la integridad psíquica de una persona conlleva importantes secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella. Por tanto, en su protección, renace la idea de dignidad humana, la cual se opone a todo intento o práctica vulneradora de la integridad de la persona”. Finalmente, el derecho fundamental consagrado por nuestra Constitución Política de la Republica en su artículo 19 numeral uno, se ve vulnerado en lo que se refiere al derecho a la vida y a la integridad Psíquica del recurrente, en la medida en que este acoso telefónico por parte de la recurrida resulta ser persistente, ajeno a la razón y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción de protección interpuesta. La tolerancia a estas situaciones no puede sobrepasar los límites garantizados por la Carta Fundamental y más aún cuando se trata de obligaciones que además, se encuentran judicializadas, siendo con ello acosado diariamente, lo que demuestra una práctica ilegal que han puesto en marcha varias de estas instituciones no solo de carácter del retail sino que bancarias y financieras, llegando hasta el punto de la hostilidad pudiendo causar niveles de estrés, angustia, molestia y sobre todo problemas con el entorno laboral a personas que son ajenas a la situación, en el caso de autos. La integridad psíquica de mi representada implica que mi representado, se encuentre bajo presión, constante preocupación, estrés, molestias, ira y distracciones en su diario vivir dado que como indicamos, las llamadas son todas en horarios distintos y continuas dentro del día. 2.- Artículo 19 Nº 4 Constitución Política de la República: La Constitución asegura a todas las personas: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia". En cuanto al derecho a la honra, el Tribunal Constitucional indica que el “derecho a la honra es sinónimo de derecho al respeto y protección del “buen nombre” de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el art. 1° CPR. Se trata, en definitiva, de un bien espiritual que, no obstante tener en ocasiones valor económico, la principal pérdida es moral”. Este derecho a la honra ha de ser entendido en su sentido objetivo, es decir a aquella honra que “alude a la reputación, al prestigio, a lo que las demás personas piensan sobre una persona determinada”. Y también en su sentido subjetivo, el que se entiende como aquel al que “alude a lo que una persona piensa de sí misma en cuanto a su valor; es la voluntad de afirmar el propio valor o mérito antes los demás”. La honra es, según la acepción adecuada al caso señalada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “la buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito”. El honor, a su vez, es la cualidad moral que lleva a un hombre al más severo cumplimiento de los deberes respecto de los demás y de sí mismo. La honra se relaciona con la virtud y la dignidad que posee una persona. Así, el hombre que subjetivamente tiene la virtud y la dignidad personal proyecta objetivamente en la sociedad, el reconocimiento de esos méritos, en la honra, que es la buena opinión, la buena fama. La protección de la vida privada está garantizada y se manifiesta mediante la prohibición de realizar actos que causen descrédito. Y es en esta parte, precisamente en la protección del crédito de don nombre reservado, en donde se ha producido perturbación por parte de la recurrida mediante una calificación de sujeto deudor, con lo que se ha desprestigiado, sin fundamentos objetivos, el buen nombre e imagen del recurrente. En el caso de autos su defendida es una persona honesta, se ha preocupado más allá de lo que hace un hombre medio de informar la situación real en cada llamada telefónica y en otras se ha remitido a no contestar, pero aun así sigue siendo hasta el día de hoy hostigado diariamente por cobranzas de La empresa recurrida. 3.- Finalmente, el derecho fundamental consagrado por nuestra Constitución Política de la Republica en su artículo 19 numeral cuatro, se ve vulnerado en la medida en que este acoso telefónico por parte de la recurrida resulta ser persistente, ajeno a la razón y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción de protección interpuesta. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DEL ACTO. 1.- Dispone el artículo 37 inciso tercero y quinto de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal”. “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”. 2.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto, queda de manifiesto el proceder arbitrario, caprichoso e ilegal de la recurrida, al entenderse tal como aquel “contrario a la justicia, la razón o las leyes, y dictado por la sola voluntad o capricho”. La conducta de la recurrida no se justifica para nada con la realidad económica de mi defendido, debiendo cuestionarse la empresa acerca de la racionalidad o justificación razonable de su proceder con dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar, razón por la que se estima que la recurrida ha incurrido en una conducta arbitraria, ilegal y caprichosa, esta última se materializa, cada vez que la recurrida ocupa técnicas de presión y hostigamiento para el pago de un crédito, cuya solución no depende en este caso de mi representado, encontrándose en tramitación su conocimiento por el Señor Juez de Letras de Santiago (16°), en la causa ya citada. Por tanto, como ya se ha señalado, “si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias al deudor de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio”. Es, en definitiva, aquel ejercicio el que resulta arbitrario y debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica del recurrente y la de su familia. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La conducta de la empresa recurrida tiene despliegue hasta el día de hoy, y aunque este recurso se interpone dentro del plazo establecido por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de las garantías constitucionales, cabe señalar la perturbación de los derechos constitucionales de su representado es permanente, ya que el acto se renueva y mantiene día a día por parte de la empresa recurrida.

Por ello pide, tener por entablada acción de protección en demanda de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19, números 1 y 4 de nuestra Carta Fundamental, o los que estime corresponder, en contra de CAT ADMINISTRADORA DE TARJETA S.A, ya individualizado, a objeto que se ordene que emitan informe sobre la situación originada en el plazo perentorio que Su Señoría Ilustrísima se sirva fijar y, en definitiva, declarar que hubo transgresión por su parte de las garantías constitucionales de don nombre reservado, declarando y ordenando especialmente que: I.- Que, se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas efectuadas por sus empleados a su representada, tendientes a obtener el pago de una deuda que está siendo conocida en sede judicial respectiva. II. Que, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas, se incluyan la de disponer a la recurrida obtenerse de efectuar llamadas telefónicas a don nombre reservado, a su teléfono celular, o cualquier otro acto de comunicación vulnerador de garantías constitucionales. III. Que, se condene ejemplificadora a la recurrida al pago de costas de la causa. Acompaña:

1- Set de fotografías de pantalla del celular de don nombre reservado.

2- Ebook causa Civil seguida ante el 16° Juzgado de letras en lo civil de Santiago.

3- Mandato judicial otorgado ante la Notario Público doña nombre reservado, con fecha 24 de junio de 2020, bajo el repertorio 4895-2020.

Comparece don nombre reservado, abogado, por CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A., ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, informando: ANTECEDENTES DE HECHO PARA EL RECHAZO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. El recurrente incurrió en mora en el pago de un crédito con mi representada, según se encuentra reconocido. En atención a la falta de pago de sus obligaciones, mi representada inició las gestiones de cobranza extrajudicial y luego judicial de dicha deuda, entablando en contra del recurrente una demanda ante el Tribunal referido por la actora. Las gestiones de cobro extrajudiciales se realizaron por intermedio de una empresa externa, la cual se encuentra mandatada para realizarlas con estricto apego a las disposiciones del artículo 37 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, citado por el propio recurrente. Al describirse en qué consistiría la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, la recurrente cita el art. 37 inciso 7º de la Ley 19.494 que prevé lo siguiente: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el La parte artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.” A este respecto esta parte no tiene ningún antecedente -y tampoco los aporta la actora-, que dé cuenta de la entrega de documentos que aparenten ser escritos judiciales, o del envío a terceros de información referida a la deuda del actor. Tampoco respecto de que se le haya contactado fuera de un día y hora hábil, en los términos del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en días no feriados y fuera del rango que media entre las ocho y las veinte horas. Lo único que acompaña la recurrente es un listado de llamadas en que sólo aparecen varios números telefónicos que, por cierto, podrían pertenecer a cualquier persona, incluso a otros eventuales acreedores del recurrente. No obstante, lo expuesto, mi representado de todos modos ha dispuesto la suspensión indefinida y permanente de cualquier gestión de cobranza extrajudicial en contra del señor nombre reservado, que es precisamente lo que se ha pedido por intermedio de esta acción cautelar. LA ACCION CAUTELAR PERDIO OPORTUNIDAD. NO EXISTEN MEDIDAS QUE ESTA ILUSTRÍSIMA CORTE PUEDA ADOPTAR. Como lo expusimos SSI., mi parte suspendió indefinida y permanentemente cualquier gestión de cobranza extrajudicial en contra del recurrente, es decir, se ha cumplido lo que este último solicitó al interponer su acción cautelar. De esta forma el recurso de protección perdió oportunidad. Así las cosas, no existen medidas que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones pueda adoptar, ya que NO es necesario restablecer el imperio del derecho, pues, LAS GESTIONES DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL FUERON DEFINITIVAMENTE SUSPENDIDAS por parte de mi representada, y si la contraria niega esto, entonces deberá probar que ha continuado siendo objeto de llamados, cuestión que por cierto escapa a esta instancia procesal. Pero además SSI., lo cierto es que no ha existido acto ni arbitrario ni ilegal de parte de su representada. IV. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ES IMPROCEDENTE EN ESTE CASO, NO EXISTE UN DERECHO INDUBITADO. El artículo 20 de la Constitución Política de la República, expresamente establece que podrán interponer el recurso de protección, quienes sufran privación, perturbación o amenaza en el “legítimo ejercicio” de determinadas garantías constitucionales. En este caso no se cumple la más elemental condición de procedencia de esta clase de acciones, cual es, que el actor sea titular de un derecho indubitado. Afirma la recurrente haber recibido un sinfín de llamadas en distintos días y horas. Sin embargo, salvo un listado que acompaña a su recurso, no hay constancia alguna de haberse recibido llamados de parte de mi representada ni de una empresa distinta mandatada para ello, y mucho menos hay constancia de la hora en que dichos llamados se habrían hecho, cuestión fundamental para poder establecer de manera clara si se incurrió en alguna infracción. Solo hay, reitero, un listado con una infinidad de llamados efectuados desde distintos teléfonos hacia el número del actor. RESULTA EVIDENTE QUE SIN CLARIFICAR PREVIAMENTE SI MI REPRESENTADA LLAMÓ O NO A LA RECURRENTE Y, EN CASO AFIRMATIVO, QUE DÍAS Y A QUE HORAS LO HIZO, NO PUEDE HABLARSE DE UN DERECHO INDUBITADO VULNERADO. Todo lo expuesto no es por cierto una construcción dogmática de esta parte, sino que encuentra claro sustento en la historia fidedigna del artículo 20 de la Constitución Política, en cuyas Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Constitución, se reafirma la idea que el recurso de protección es una acción de emergencia para restablecer el imperio del derecho, cuando exista un derecho indubitado vulnerado; principio que a la vez se encuentra reconocido a través de una nutrida jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia: “De igual forma, la discusión de los derechos que en definitiva pueden corresponder a las personas a cuyo favor se recurre debe ser materia del procedimiento pertinente, incoado mediante el ejercicio de las acciones respectivas, porque esta acción es simplemente cautelar de derechos preestablecidos, cual no es el caso" (CS, 30.12.2011, Rol 11.225-11). “6.- Que, efectivamente, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos.7.-Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentada por el recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha consignado precedentemente” (CA de Concepción, 27.01.2010, Rol 752-09). LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ES IMPROCEDENTE EN ESTE CASO, EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESPECIALMENTE ESTABLECIDO PARA RESOLVER EL ASUNTO QUE SE HA PLANTEADO DE CONTRARIO. ACCION DE PROTECCION NO ES LA VIA IDONEA. Tal como correctamente lo señala la actora, la actividad de cobranza extrajudicial de créditos se encuentra regulada en la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, específicamente en su artículo 37. S.S.I. bien sabe que cualquier infracción a las disposiciones de ese cuerpo normativo, debe ser reclamada y resolverse ante los Juzgados de Policía Local, conforme con el procedimiento establecido en los artículos 50 y siguientes de dicha ley. Se trata, como se podrá advertir, de una materia que tiene un procedimiento especial, establecido para resolver potenciales infracciones, las que, para declararse, requieren de la tramitación de un proceso contradictorio, con la correspondiente etapa probatoria, del que podrá eventualmente resultar la dictación de una sentencia condenatoria, que reconozca un derecho como el pretendido por el actor. La infracción reclamada por el actor claramente se enmarca dentro de la regulación de la LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR y a ella debió acudir para resolver el presente asunto. En efecto, de acogerse la acción cautelar deducida por la recurrente, S.S.I. tendría que declarar que esta parte ha incumplido las disposiciones de la Ley 19.496 referidas a la cobranza extrajudicial, lo que naturalmente, importaría obviar, y por esa vía infringir, las normas que señalan que dicha materia es necesariamente objeto de un procedimiento judicial establecido en la Ley 19.496. Si S.S.I. acoge el presente recurso de protección, paradojalmente se estaría vulnerando el derecho al debido proceso de mi representada. No podemos olvidar que la acción de protección no termina jamás con una sentencia declarativa, por cuanto su conocimiento y las medidas que se disponen en la sentencia que se dicta se adoptan en ejercicio de las potestades conservadoras y no jurisdiccionales. Es así ajeno a la propia naturaleza del recurso de protección, el dilucidar cuestiones de hecho que deben ser materia de prueba, lo que es propio de un juicio que permita resolver con propiedad acerca de las pretensiones de las partes. En este sentido es importante aclarar que el único antecedente aportado por la contraria a objeto de acreditar la infracción denunciada dice relación con un listado de llamadas. No se aclara en dicho listado si alguna de esas llamadas corresponde efectivamente a llamadas de cobranza y mucho menos se aclara a qué empresa correspondería. No podría, por tanto, asumir sin más que una o más de ellas corresponden a llamadas de la empresa a cargo de la cobranza extrajudicial de su representada. En consecuencia, el recurso interpuesto debe ser rechazado, pues se refiere a una controversia regulada por la Ley 19.496, que debe ser resuelta por un Juzgado de Policía Local. NO EXISTE ACTO ARBITRARIO O ILEGAL DE CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A. La arbitrariedad, según nuestra jurisprudencia en esta materia, “implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar”. Conforme la Real Academia Española, arbitrariedad se define como “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”. A su turno, la ilegalidad es aquello contrario a la ley. Dicho lo anterior y más allá de que mi parte ha suspendido cualquier gestión de cobro extrajudicial en contra del recurrente, que es lo que se pretende, esta defensa niega haber cometido cualquier acto arbitrario o ilegal en contra del actor, dado que las gestiones de cobranza realizadas lo han sido dentro del marco legal.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado y, con su mérito, se sirva rechazar el recurso de protección impetrado contra CAT Administradora de Tarjeta S.A., con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que, el acto tildado de arbitrario e ilegal por parte del actor es que CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A, habría realizado actos de hostigamiento telefónico, dado el carácter impago de una deuda que mantiene con la recurrida, dice haber recibido de 18 o 22 llamados diarios, de distintos números de cobranza. Adjunta fotografías de pantalla de las insistentes llamadas, que se adjuntan en un otrosí.

TERCERO: Que, por su parte, la recurrida sin reconocer la existencia del hostigamiento expresa que de todos modos ha dispuesto la suspensión indefinida y permanente de cualquier gestión de cobranza extrajudicial en contra del señor nombre reservado, que es precisamente lo que se ha pedido por intermedio de esta acción cautelar, por lo que la acción cautelar habría perdido oportunidad.

CUARTO: Que, más allá del hecho de haber o no existido llamadas telefónicas que puedan ser o no constitutivos de actos de hostigamiento, la acción que se estimó ilegal y arbitraria, actualmente ha cesado, por cuanto como se explicitó previamente por la recurrida ha suspendido toda cobranza extrajudicial, lo que no se ha sido cuestionado en autos, por lo que es manifiesto que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad desde que, en efecto, no es factible vislumbrar medidas que, sean idóneas para restablecer el imperio del derecho, en el sentido requerido por quien ha comparecido, razón la precedente, por la que el presente no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE DESESTIMA el recurso de protección deducido por el abogado don GUILLERMO CÁCERES YÁÑEZ, en representación convencional de nombre reservado, en contra de CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto David Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-12847-2023.(jog)