nombre reservado con BANCO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, doce de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece HÉCTOR GONZALO MÉNDEZ MOLINA, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, quien interpone Acción de Protección en contra del BANCO DE CHILE, en razón del acto ilegal y arbitrario que se tradujo primero, en el bloqueo injustificado de las Tarjetas de Crédito VISA Indinite personal y la adicional de su cónyuge de forma repentina y sin expresión del sustento legal en que se apoya y que tuvo a la vista para determinar dicho bloqueo; y por otro lado, por la amenaza de cierre de la cuenta corriente Nº [cuenta reservada], y demás productos asociados, a pesar de tener todas las cuentas total y absolutamente al día, lo que afecta y vulnera expresamente, las garantías constitucionales consagrada en el artículo 19 Nº 1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República, según se pasa a explicar:

LOS HECHOS 1.

Su representado ha mantenido productos con el recurrido, los que involucran una cuenta corriente y tarjetas de crédito por un periodo cercano a 17 años; ha transcurrido tanto tiempo, que no tiene forma de recordar con precisión cuando apertura la cuenta corriente en el Banco de Chile.

2. Mediante carta de aviso fechada el 09 de agosto de 2023, recibida en su domicilio con fecha 17 de agosto del presente, se le informa la decisión del Banco recurrido de poner término unilateralmente a sus productos Bancarios, tanto su cuenta corriente y productos asociados signados con el N° [cuenta reservada], línea de crédito automática y línea de sobregiro pactada signados con el N° [cuenta reservada], tarjetas de crédito 4757765001258602 y débito, sin considerar que mi representado mantiene su crédito hipotecario vigente (por $230.000.000 app) y al día con el recurrido.

3. De forma unilateral y arbitraria el recurrido en primer lugar procedió a bloquear todas las tarjetas de crédito de su representado, impidiéndole de esta forma desarrollar las operaciones que realizaba con dichos productos, tales como, el pago asociado de servicios básico, colegiatura de sus tres hijos, pago de seguros y productos asociados, provocándole de este modo un perjuicio irreparable, al rechazarse de forma automática por las respectivas instituciones todas aquellas operaciones existiendo saldos disponibles para operar en dichas tarjetas.

4. Al conversar en innumerables oportunidades con la ejecutiva de cuentas de su representado doña nombre reservado y no entregar ninguna respuesta lógica de la decisión tomada por el Banco, se dirige a conversar con el Gerente de Sucursal de Temuco, de domicilio reservado, don nombre reservado, quien le indica que el bloqueo se debe a que una empresa de su representado mantiene una deuda con el Banco recurrido. Abunda señalar que una empresa en la que figura como socio, es una persona jurídica total y absolutamente distinta de la de su representado para todos los efectos legales.

5. Sin una explicación lógica y plausible de parte del recurrido, a la fecha solo se ha limitado a señalar que no le desbloquearán las tarjetas, con la amenaza formal e inminente de que se le cerrarían los demás productos que mantiene con el banco de forma personal.

6. El Banco de Chile alegará que su actuar se encuentra enmarcado dentro de las facultades y derechos que le otorga la ley, pero a nuestro entender y como lo reforzaremos más adelante, su actuar es abusivo y arbitrario.

Dicha calificación de “abusivo” de debe a que, sin mediar un aviso previo, el recurrido procede a bloquear las tarjetas de crédito de su representado y la adicional de su cónyuge, en las cuales mantenía cupo disponible y un monto aprobado por casi $10.000.000., a pesar, insistimos de contar con saldos a favor, contando la recurrida con todos los antecedentes del recurrente; esto es, con número de celular, dirección correo electrónico, domicilio particular y un contacto permanente con su ejecutiva de cuentas.

Es arbitrario, el hecho de estar en contacto permanente con los representantes del recurrido, no se le haya informado siquiera, que se le iban a bloquear sus tarjetas de crédito y al pedir mi representada cuenta de ello, y las razones al efecto, se encuentra con la amenaza cierta e inminente que le cerrarán todos sus productos, los que ha mantenido por más de 17 años a la fecha.

7. Lo relatado da cuenta de una actuación por parte del Banco de Chile total y absolutamente arbitraria y abusiva, por lo siguientes motivos:

Entendiendo la arbitrariedad como la ausencia de un fundamento racional, o sea, es una manifestación del simple capricho del agente del Banco, contrario a la justicia, la razón o la lógica, que se traduce en el caso de marras, en primero, bloquear sin aviso previo ni justificación alguna, sus tarjetas de crédito con las que realizaba múltiples operaciones; y posteriormente con la amenaza cierta de cerrar no solo su cuenta corriente, sino que todos sus productos con casi 18 años de antigüedad.

Carece de razonabilidad la decisión del recurrido, de no comunicar el bloqueo de sus tarjetas de crédito y la decisión de cierre de su cuenta corriente a un cliente del cual se tiene información fidedigna de sus antecedentes.

8. Por otra parte, la ilegalidad en el actuar del recurrido, queda en evidencia de forma manifiesta, cuando revisamos las siguientes normas:

Código Civil Artículo 1545: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Artículo 1546: Los contratos deben ejecutarse de buena Fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.

Artículo 1566: No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretaran contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.

LEY 19.496 Artículo 16: No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las clausulas o estipulaciones que:

[…]

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

[…]

g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas clausulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.

9. Que el actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, vulnera las siguientes Garantías Constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna:

19º número 1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegitimo.

Definitivamente la actuación del recurrido ha afectado a su representado en el derecho a su integridad psíquica, toda vez que, la perturbación que le ha provocado el bloqueo de sus tarjetas y ahora el inminente cierre abrupto de su cuenta corriente y demás productos, los que, además, son parte de sus herramientas de trabajo, lo deja en un estado de colapso indeterminado.

19 número 2: La igualdad ante la ley. En Chileno hay persona ni grupo privilegiados.

No puede el Banco tratar en forma desigual a un cliente que tiene todos sus productos al día y sin deuda morosa, y con eso provocar además un perjuicio económico, afectando como ya hemos señalado, su integridad psíquica y física, y además discriminarlo respecto de otros clientes en igualdad de condiciones, que han recibido un mejor trato.

19 número 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Como cliente, a pesar de tener claro que la decisión de cierre puede ser unilateral, su representado se sentía dueño de sus productos con los cuales venía operando por casi 18 años, y no esperaba de forma alguna, que se tomara una decisión tan drástica como de cierre de sus productos, sin mediar un motivo plausible para ello, encontrándose todo estos al día.

Jurisprudencia:

La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en reciente fallo, acoge un recurso de protección interpuesto por fundamentos similares al del caso de marras, en contra del Banco BCI, en causa Rol 29.548-2021, estableciendo que:

“Séptimo: Que, los contratos de cuenta corriente bancaria se caracterizan precisamente por ser vínculos intuitu personae y de tracto sucesivo, es decir, se trata, por una parte, de contratos en que la persona del contratante resulta relevante para la formación del consentimiento contractual, y por otra, que el vínculo se prolonga en el tiempo, en la medida que subsista la relación de confianza que une a las partes. Evidentemente, que para poner término a un contrato bilateral es indispensable que se configure una causal de término de las señaladas en la ley, y en el caso del término unilateral, dicha facultad de cierre de los productos bancarios debe ejercerse de manera racional, lo que implica la expresión de una causa que justifique su decisión, excluyéndose el arbitrio o simple capricho de la institución bancaria, máxime cuando, como ocurre en la especie, el vínculo contractual se ha prolongado por más de 30 años.”

En la misma sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, falla a favor del recurrente argumentando que:

“Octavo: Que, según se ha razonado, el actuar de la recurrida resulta arbitrario, vale decir, desprovisto de un fundamento racional, en tanto no se contienen motivaciones o fundamentos para adoptar de manera unilateral la decisión que en esta sede se reprocha. La recurrida se ha limitado a sostener en la carta de aviso que es “anticomercial”, sin expresar explicación alguna, fórmula genérica o vacía, carente del contenido mínimo que permita entender, en el caso concreto, cuales son los reales motivos que justifican su decisión. Noveno: Por lo reflexionado, el acto que se denuncia resulta arbitrario, que afecta la igualdad ante la ley, estableciendo una discriminación arbitraria, y en consecuencia un trato diferenciado a la recurrente en relación a otros clientes del banco recurrido. Adicionalmente, afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre la cuenta corriente mientras cumpla con los requisitos legales, motivo por el que esta Corte necesariamente debe intervenir a través del presente recurso. (Recurso de Protección ROL 29.548-2021 C. Apelaciones de Santiago)

Dicha sentencia, fue confirmada por la Exma. Corte Suprema, con fecha 20 de mayo de 2022.

Los hechos señalados, dan cuenta de una actuación arbitraria e ilegal de parte del recurrido. Bloquear tarjetas de crédito encontrándose al día y con saldos disponibles y la amenaza de un inminente cierre de todos sus productos, sin mediar una justificación racional y lógica, luego de casi 18 años de relación comercial, es contrario a las normas, la justicia y a la razón, puesto que carece de toda lógica.

Ninguna alegación puede justificar la arbitrariedad e ilegalidad por parte del recurrido, que toma una decisión injustificada y arbitraria al bloquear sin previo aviso las tarjetas de crédito de su representado y luego, la amenaza de cierre de sus productos, desconociendo el carácter imperativo de la ley de protección de los derechos del consumidor.

Pide ordenar:

1) Se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de bloqueo de las tarjetas de crédito de mi representado Visa Infinite Nº 4757765001258602 vigente hasta 07/2025 y adicional Nº 4757765001258628 con un cupo de $9.906.640, ordenando su desbloqueo y habilitación de las mismas;

2) Se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de cerrar la cuenta corriente Nº [cuenta reservada], y línea crédito Línea de Crédito Nº [cuenta reservada] con un cupo de $$4.924.556., ordenando a la recurrida poner fin a la arbitrariedad e ilegalidad cometida, disponiendo que se mantenga abierta y vigente la cuenta corriente del recurrente;

3) Se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de cerrar Tarjetas de Débito Nº 4757775000612931 y adicional Nº4757775002787137 vigentes;

4) Se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de dejar sin efecto los seguros asociados a sus productos de: cuenta corriente, personal, sismos, incendio, desgravamen, total;

5) Se condene en costas a la recurrida, considerando en la tasación de las mismas, la actitud contumaz de la recurrida, quien, no pude justificar de forma alguna la arbitrariedad e ilegalidad cometida Acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de carta enviada a su representado, fechada el 09 de agosto de 2023, en la que consta el aviso de término de los productos; 2. Mandato judicial en el que consta mi personería para actuar en nombre y representación del recurrente.

A folio N°11 evacua informe la recurrida BANCO DE CHILE, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Hechos no controvertidos En relación a las cuestiones propuestas por el recurrente, debemos, en primer lugar, referirnos a los hechos de autos, particularmente a los que constan de la simple lectura de la carta acompañada; los que debemos considerar como no controvertidos para todos los efectos. Estos son:

1.- El recurrente recibió una carta comunicándole el término del contrato de cuenta corriente y productos asociados, línea de crédito automática y tarjeta de crédito.

2.- Que Inmobiliaria Fortaleza, administrada y representada por el recurrente, mantiene deudas vigentes con el Banco, tal como consta en la pág. 2 del recurso.

Facultad contractual y reglamentaria para poner término a la cuenta corriente Indica que el Banco de Chile se encontraba facultado contractual y reglamentariamente para cerrar unilateralmente la cuenta del recurrente y los productos asociados; encontrándose, además, estipulado y regulado el procedimiento aplicable para que esa decisión unilateral produzca todos sus efectos.

En efecto, la cláusula contractual que regula el cierre unilateral de la cuenta corriente, así como a su vez la instrucción expresa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero – en adelante CMF – para incluirla en los contratos, deriva de que este contrato es una convención de aquellas que son denominadas “intuito personae”, en que la confianza del Banco en su cliente es fundamental. Por esta precisa razón el contrato puede terminar en cualquier tiempo, por voluntad unilateral del Banco o de la cuenta correntista, voluntad que en modo alguno puede confundirse con la arbitrariedad.

Los conceptos anteriores no son nuestros, sino que tienen su origen en la ley y en la reglamentación administrativa de la cuenta corriente dada por la CMF, ratificados además en muchas oportunidades por los tribunales de justicia, según desarrollaré en un subtítulo siguiente.

El carácter “intuito personae” fluye de la circunstancia de celebrarse el contrato en consideración a la calidad de las partes; especialmente en cuanto a la solvencia y actividad ejecutada por él cuenta correntista, la cual los Bancos deben considerar al momento de abrir una cuenta corriente, de acuerdo a las normas dadas por la CMF; y de los motivos que la ley contempla para su término, previstos en el artículo 611 inciso 2º del Código de Comercio, aplicables en la especie por mandato del artículo 9º de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

A continuación, analizaremos donde se encuentra la fuente contractual de la facultad para poner término al contrato de cuenta corriente, como también la reglamentaria para incluirla en tal contrato.

Facultad contractual El contrato de cuenta corriente celebrado con el recurrente con fecha 9 de septiembre de 2008, establece en el N°13 del título I. “Contrato de Cuenta Corriente” A. Condiciones Generales de Cuenta Corriente, lo siguiente:

“El Banco podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a su solo arbitrio, sin expresión de causa; lo hará, además, especialmente si el Comitente gira cheques sin fondos, si hace mal uso en cualquier forma de su cuenta corriente o si infringe este contrato o cualquier otro contrato u obligación que mantenga con el Banco. La cuenta corriente se entenderá cerrada transcurridos diez días corridos desde que se comunique este hecho al Comitente, por carta certificada […]”

Con respecto al convenio de línea de crédito, el mismo contrato de cuenta corriente establece en el N°15 del título II. Convenio Línea de Crédito Automático en Cuenta Corriente, lo que sigue:

“Sin perjuicio de lo establecido en el número 12 precedente, las partes convienen, además, que el Banco tendrá el derecho de poner término y caducar en cualquier tiempo la presente línea de crédito, a su arbitrio y sin expresión de causa. En tal caso, el Banco comunicará dicha circunstancia al Cliente por carta certificada al domicilio […]”.

Es más, en el mismo título, en el N°18, se establece que:

“[…] Por otra parte, se acuerda que, en el evento de la terminación o caducidad de la línea de crédito, el Banco se entenderá autorizado para proceder al inmediato cierre de la cuenta corriente, sin perjuicio de hacer uso de las demás disposiciones de Cuenta Corriente que resulten aplicables.”

En consecuencia, en virtud de las cláusulas transcritas, se concluye que el Banco tiene - y tenía - una facultad contractual para poner término en forma unilateral al contrato de cuenta corriente y los productos asociados a la misma.

La cláusula precitada establece tanto la facultad del Banco para proceder al cierre de la cuenta, como el procedimiento para llevarlo a cabo, el que fue cumplido, de acuerdo se señala en el propio recurso que se contesta.

Condiciones generales de los contratos: Facultad reglamentaria incorporada a los mismos Sin perjuicio de lo expuesto en el subtítulo precedente, la facultad del Banco no sólo emana del contrato celebrado con el recurrente, sino que también está contemplada como una de las condiciones generales que, según la CMF, debe tener todo contrato de cuenta corriente, según se lee del anexo del Capítulo 2.2 de la Recopilación respectiva:

“El instrumento con las condiciones generales que rijan para los contratos de cuentas corrientes de los bancos, debería abarcar, a lo menos, los siguientes aspectos:

“[…] Establecer que el banco se reserva el derecho de poner fin a la cuenta cuando lo estime conveniente […]”

Dice la normativa aplicable que:

“[…] la cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. […]”.1 Capítulo 2.2 N.º 10 de esa normativa.

Como se puede observar, el contrato contempla la facultad concedida al Banco para cerrar unilateralmente la cuenta corriente en cualquier tiempo, conforme lo dispuesto por la CMF.

Por consiguiente, al haber ejercido esta facultad, no puede existir, por un lado, una ilegalidad, como a grandes rasgos sostiene el recurrente, como tampoco aquella que relata en su recurso referida al artículo 16 de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, precisamente porque las partes de antemano en el contrato referido y por su mutuo consentimiento, acordaron que el Banco de Chile ostentaría esta facultad de poner término unilateral al contrato unificado de productos. Además, estamos en presencia de un contrato regulado especialmente en el DFL N°707 o Ley de Cheques, del que además no se configura algún acto de consumo.

Hechos fundados que justifican la decisión del Banco de cerrar la cuenta del recurrente Establecido el marco normativo aplicable al contrato de cuenta corriente y su esencial característica – tratarse de un contrato intuito personae –, es pertinente señalar las razones por las cuales la conducta de mi representado no ha sido arbitraria o ilegal, ni discriminatoria en el caso de autos.

El motivo considerado por el Banco para el cierre de la cuenta del recurrente es que el Sr. nombre reservado incurrió en la causal de término del contrato referido al incumplir sus obligaciones como aval, fiador y codeudor solidario de Inmobiliaria y Constructora Fortaleza SpA, compañía con respecto a la cual es su único socio ya demás representante legal; obligaciones que además son objeto de diversos cobros en procedimientos judiciales seguidos ante los tribunales de esta ciudad.

Es decir, el cierre de la cuenta corriente y productos asociados se debe al incumplimiento de las obligaciones del actor como garante de las contraídas por la referida sociedad, sin perjuicio de tener una estrecha relación con la misma, al ser su único socio y representante legal.

Las obligaciones incumplidas, sus títulos, monto y estado actual, son las que constan a continuación:

Asimismo, de las mencionadas obligaciones impagadas, el recurrente es aval y codeudor solidario, encontrándose actualmente demandado por el Banco de Chile en tal calidad en los siguientes juicios ejecutivos:

1. Rol C-3681-2023 del 2° Juzgado Civil de Temuco En efecto, el Sr. nombre reservado es fiador y codeudor solidario de un pagaré suscrito por Inmobiliaria y Constructora Fortaleza SpA, por la suma de $22.667.836, que se encuentra moroso y que debió ser demandado en ese juicio ejecutivo.

Este juicio está actualmente con excepciones opuestas, pendientes de fallo.

2. Rol C-4568-2023 del 5° Juzgado Civil de Santiago Monto Demandado $27.116.028 N° Operación / TO 4523 / 9259 NO tiene aval En este caso se presentó demanda ejecutiva por el cobro de un pagaré signado con el N° 994765459354004523, acogido al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), suscrito con fecha 5 de mayo de 2020, en contra de la sociedad antes mencionada Este juicio está actualmente con excepciones opuestas, pendientes de fallo.

3. Rol C-3767-2023 del 2° Juzgado Civil de Temuco Monto Demandado $ 5.550.000 N° Operación / TO 4710312366176220 / 471 Aval / Codeudor Solidario nombre reservado

RUN Aval RUT reservado

Finalmente, en cuanto al cobro del pagaré a Plazo Línea de Crédito en Cuenta Corriente (Línea de Crédito Automático en Cuenta Corriente) N°[cuenta reservada], se demandó ejecutivamente a Inmobiliaria y Constructora Fortaleza SpA, en su calidad de deudor principal, y al don nombre reservado en su calidad de aval sin limitaciones, fiador y codeudor solidario, por la suma de $5.550.000.

La demanda está actualmente ingresada en Rol C-3767-2023 del 2° Temuco, pendiente aún de notificación.

Incumplimiento e insolvencia del recurrente Atendido la insolvencia y la falta de pagos expuesta es que surge el derecho de mi representado para exigir el pago de dichas obligaciones contenidas en los pagarés respectivos, como también para perseguir las garantías constituidas por el recurrente y su sociedad.

Por consiguiente, es forzoso concluir que tanto el recurrente como su sociedad han incurrido en un incumplimiento reiterado de sus obligaciones frente al Banco de Chile, encontrándose en mora en el pago de las deudas y en un estado de insolvencia, ante lo cual mi representado ha exigido las garantías personales y reales constituidas, sin obtener resultados hasta la fecha, por lo que ha ejercido las correspondientes acciones judiciales en su contra.

En este estado de cosas, es evidente que el incumplimiento de las obligaciones de pago que pesan sobre el recurrente y la sociedad Inmobiliaria Fortaleza SpA facultan a su representado a cerrar la cuenta corriente. Esto es así porque la solvencia económica de la cuenta correntista es precisamente uno de los factores más importantes que deben ser analizados al momento de la apertura de una cuenta corriente y su modificación permite también poner término a la relación contractual, pues precisamente se basa en ella.

Decisión del Banco de cerrar la cuenta Debe considerarse que el incumplimiento mantenido en el tiempo, que ha obligado a su representado a ejercer las acciones judiciales correspondientes para exigir el pago de las deudas del recurrente y de la sociedad a la que pertenece, hacen además que el Banco haya perdido la confianza en su cliente, por lo que es lícito poner término al contrato de carácter intuito personae que, precisamente, se funda en esa confianza.

En suma, las obligaciones impagas por el recurrente de las cuales es aval y codeudor solidario concatenaron en el cierre de la cuenta corriente conforme a las facultades contractuales y legales respectivas; todo lo cual excluye la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas, y en conformidad con los hechos señalados, procediendo a la notificación del cierre de la cuenta corriente a través del envío de la carta correspondiente.

Racionalidad y legalidad de la decisión del Banco Como hemos adelantado, no ha existido una decisión de cierre de la cuenta corriente arbitraria como la describe el recurrente, sino que es un acto fundado en el contrato y normativa aplicable, debidamente justificado tanto en la carta de término como además de acuerdo a lo ya referido en este informe.

Por otra parte, en la especie, se cumplieron con todas las formalidades previstas en el contrato para que el cierre de la cuenta produjere sus efectos y para que el cuentacorrentista adoptare, en el intertanto, las medidas tendientes a evitar posteriores protestos y otros perjuicios.

Sin perjuicio que no estamos ante un acto de consumo, no se infringe el artículo 17 B de la ley de protección de los derechos de los consumidores, pues esta norma dispone en su letra b):

“Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras […] y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: […]”

“[…] b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor.”

Esta norma establece expresamente la facultad del proveedor de proceder al término anticipado del contrato, con la salvedad que las causales que lo habilitan deben estar especificadas en el contrato e indicar el plazo en que se hará efectivo y la forma en que se informará al consumidor, lo que consta en la carta de término de productos bancarios, en que se informa que: “La terminación y el consiguiente cierre de dichos productos se hará efectivo una vez transcurridos 15 días desde el envío de la presente carta”.

Cita jurisprudencia al efecto.

Inexistencia de vulneración del derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley y de propiedad Finalmente, en cuanto a la vulneración a los derechos fundamentales alegada por el recurrente, hago presente que no son tales, porque no se puede entender cómo el cierre de la cuenta corriente, efectuado en forma legal y además racional, puede vulnerar las garantías constitucionales que señala el mismo.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Contrato de cuenta corriente celebrado con el recurrente; 2. Hoja de firma de contrato unificado de personas de fecha 9 de septiembre de 2008; 3. Carta de cierre de contrato de cuenta corriente, de fecha 9 de agosto de 2023 y respectivo comprobante de envío; 4.

Informe Legal Vigente de Inmobiliaria y Constructora Fortaleza SpA de fecha 5 de septiembre de 2023; 5. E-book del 2° Juzgado Civil de Temuco, Rol C-3681-2023; 6. Pagaré suscrito por nombre reservado en representación de Inmobiliaria y Constructora Fortaleza SpA, avalado por él mismo recurrente; 7.

E-book del 5° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-4568-2023; 8. Pagaré y anexo pagaré FOGAPE Covid-19 N°994765459354004523, suscrito con fecha 5 de mayo de 2020; 9. E-book del 2° Juzgado Civil de Temuco, Rol C-3767-2023; 10. Pagaré a Plazo Línea de Crédito en Cuenta Corriente (Línea de Crédito Automático en Cuenta Corriente) N°[cuenta reservada], suscrito con fecha 12 de junio de 2017.

A folio N°13 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, el acto que se le reprocha al recurrido Banco recurrido al bloqueo de las Tarjetas de Crédito VISA Indinite personal y la adicional de su cónyuge de forma repentina y sin expresión del sustento legal en que se apoya ; y por otro lado, por la amenaza de cierre de su cuenta corriente, hecho no discutido por el Banco recurrido, que atribuye al ejercicio legítimo de una facultad contenida en el contrato que lo ligaba al recurrente.

TERCERO: Que, para resolver la presente controversia se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, dispone que: “Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: (…) b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor. Por su parte, en el apartado III, cláusula 13, del documento denominado “Contrato de cuentas corrientes y operaciones bancarias cuentas corrientes de personas jurídicas”, se lee: “El Banco podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo, a su arbitrio; lo hará especialmente si el Comitente gira cheques sin fondos, si hace mal uso en cualquier forma de su cuenta corriente o si infringe este contrato. La cuenta corriente se entenderá cerrada transcurrido diez días que se notifique este hecho por carta certificada dirigida al último domicilio que tenga registrado en el Banco”. Finalmente, el apartado 10 del Capítulo 2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras intitulado Cierre de cuentas corrientes prescribe que: “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco”.

CUARTO: Que, se tiene presente que la recurrida envió a la recurrente carta de término de productos bancarios, en que se informa que: “La terminación y el consiguiente cierre de dichos productos se hará efectivo una vez transcurridos 15 días desde el envío de la presente carta”.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que la recurrida no ha realizado una acción ni incurrido en una omisión ilegal o arbitraria al disponer el cierre de las cuentas corrientes y sus productos asociados, toda vez que se encontraba facultada tanto por el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, como por la cláusula 13 del contrato respectivo, y por las circulares e instrucciones dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, habiendo demostrado también que comunicó dicha circunstancia a la recurrida de manera oportuna, todo lo cual conduce al rechazo del presente recurso de protección.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado don HÉCTOR GONZALO MÉNDEZ MOLINA, en representación convencional de don nombre reservado en contra del BANCO DE CHILE.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger Rol Nª 12.821-2023 Protección. (sac)