AGRICOLA SAN ELIAS LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, veinte de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece MARCELO NAVARRETE CHAVEZ, abogado, en representación convencional de AGRICOLA SAN ELIAS LTDA, quien interpone acción de protección en contra de la empresa DICOM EQUIFAX S.A.

I. LOS HECHOS.

A. ANTECEDENTES.

1.- Su representada, es una empresa Agrícola dedicada al cultivo de trigo y otros cereales en la comuna de Victoria. Para la realización de su actividad requiere efectuar compras de insumos para poder efectuar sus labores productivas y comprar estos insumos empresas distribuidoras de los mismos. Además interactúa con bancos, instituciones financieras y proveedores.

2.- En este sentido, en el mes de marzo solicitó el servicio de empresa Comercial Mecanica Maxsil SPA, del giro mantención y reparación de maquinaria agrícola, a quien se le encargó efectuar reparación de un tractor, el cual fue entregado para su reparación, y que emitió factura por dicha reparación la cual no realizó en la forma solicitada ya que tuvo que recurrir a otro taller, y efectuando el pago de dicha factura, sin embargo la mencionada empresa emite 2 facturas sucesivas una por el trabajo inconcluso y otra por garantía. siendo que dicha garantía no fue efectiva ni realizada, ya que el tractor se retiró antes de efectuar cualquier nuevo trabajo. La empresa emitió dicha factura sin que se tomara conocimiento de su emisión, hasta que esta fue descubierta por el contador ya pasados los 8 días para poder objetarla.

3.- Es del caso que con fecha 03 de julio de 2023, emitió la factura 777 por la suma de $2.992.850.

4.- Dicha factura, no fue informada en la forma debida e incluso en dicha factura se señala el pago de la misma mediante trasferencia electrónica de fecha 07 de julio del 2023.

5.- Es del caso que al tomar conocimiento de la existencia de dicha factura se comunicaron con el emisor Comercial Mecánica Maxsil SPA, señalándoles que pagáramos la factura o sería cobrada judicialmente, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. Sin embargo, no comprendió las razones expuestas e indicó, como medida de presión, que enviaría a su representada a la base de datos de la empresa DICOM, esto es la recurrida.

6.- Sin embargo con fecha 10 de agosto del 2023 la mencionada factura fue ingresada a la plataforma DICOM como factura morosa.

En estas circunstancias, tomó conocimiento, con fecha 14 de agosto de 2023, que había sido ingresada al sistema de morosidades de la Empresa Dicom, el día 10 de agosto de 2023, figurando como impagas la factura 777, a que se hace referencia más arriba. Y además incluida en un sistema de predictor empresarial, con mala calificación.

7.- En razón de esta publicación, con fecha 14 de agosto, solicitó el retiro de la factura del sistema, en atención a que no se trataba de una deuda que fuera cierta, al menos controvertida, pues la factura había sido maliciosamente efectuada parte de que en dicha factura incluso aparece como pagada mediante transferencia electrónica es decir el documento se encuentra mal emitido no teniendo la calidad de título ejecutivo y menos poder ser informado como moroso o como deuda.

8.- Además, se añadió que la publicación como cierta de una deuda, implicaba arrogarse facultades propias de los tribunales de justicia, infringiendo la garantía constitucional del artículo 19 N° 3.

9.- A la fecha de presentación de este recurso, no se les ha dado respuesta por escrito, a pesar que se nos dijo que se estaba analizando nuestro caso, mientras su representada sigue con la factura publicada como morosa y nos impide efectuar las compras de insumos necesarios para la siembra provocándole un daño económico de proporciones.

II. EL DERECHO.

El artículo 20 de nuestra Constitución Política del Estado, concede la acción de protección a toda persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1o, 2o, 3o inciso quinto, 4o, 5o, 6o, 9o inciso final,11o,12o, 13o, 15o, 16o en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19o, 21o, 22o, 23o, 24°, y 25o podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Como se anticipó, su representada, estima que dicha publicación es ilegal y arbitraria, y que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 inciso quinto, y 21 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, conforme se expondrá.

El inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, establece el derecho de toda persona, a no “ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

El numeral 21 del artículo 19, por su parte garantiza a toda persona “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

El artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución Política, asegura a toda persona “ El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”

El artículo 9 de la ley 19.628, sobre tratamiento de datos personales, establece lo siguiente:

Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.

En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.

Prohíbase la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.

III. DERECHOS AGRAVIADOS.

La actuación arbitraria e ilegal de la recurrida agravia, en grado de privación, el derecho de mi representada a ser juzgado por un Tribunal de la República, y no por comisiones especiales y, además, perturba el derecho de mi representada al libre ejercicio de una actividad económica lícita, que no sea contraria a la moral, buenas costumbres o la ley.

En primer término, respecto de la garantía constitucional contenida en el inciso quinto del numeral tercero, ya referido. La empresa recurrida, DICOM EQUIFAX, claramente se ha arrogado facultades que son privativas de los tribunales de justicia, al responder la solicitud de su representada de ser excluida del boletín comercial, pues ha “juzgado” la solicitud y señalado que no retirará la publicación, pues:

“Adicionalmente señalando que cualquier persona puede subir un documento a la plataforma provocando el correspondiente daño económico como moral a terceros y más si en dicho documento factura señala que está pagada mediante transferencia electrónica es decir ni siquiera verifico la veracidad de la misma agravando la situación. En efecto, la recurrida ha emitido un pronunciamiento verbal sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de la misma, y en base a ello ha resuelto mantener en sus registros a mi representada como morosa.

Sin perjuicio de estimar la postura de la recurrida errada, pues la recurrida está en la obligación de verificar la veracidad del documento y más verificar el contenido del mismo y si este fue emitido correctamente como en este caso no ocurre por lo que atenta contra el derecho del receptor a pronunciarse o siquiera verificar si el documento cumple con los requisitos legales tanto en forma como en fondo para ser publicado en boletines comerciales, además de quien tiene que verificar la legalidad de la factura son los tribunales de justicia no empresas privadas que se irrogan facultades que no tienen legalmente perjudicando y provocando perjuicios a terceros como en este caso ocurre, lo relevante es que, quienes deben determinar si mi representada adeuda o no la mencionada factura, son los tribunales de justicia y no la empresa recurrida, a través de cartas o publicaciones en su boletín comercial.

En este punto, es relevante destacar que si bien tradicionalmente se ha entendido que el contexto de la ley 19.628, protege los datos de las personas naturales y no las jurídicas, el artículo 9 de la señalada ley, precisamente y de forma explícita se refiere a las personas naturales o jurídicas, protegiendo a ambas por igual.

En este sentido, el inciso segundo del artículo 9 de la ley 19.628, señala que la información publicada debe ser “exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.”

En consecuencia, se produce vulneración de la garantía constitucional de su representada, contenida en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de nuestra carta fundamental, pues la empresa recurrida, en su calidad de administradora de datos personales de terceros, se erige como Tribunal de la República, y emite un pronunciamiento, sobre la existencia o no de la deuda y la exigibilidad de la misma, conminándola a comunicarse con el proveedor y privando a mi representada, del derecho a que dicha decisión sea establecida por una resolución de un tribunal de justicia.

Por otro lado, hoy en día no cabe duda que las empresas que procesan y comunican datos personales, tiene una responsabilidad por los datos que publican y que aparece refrendado por lo establecido en el inciso segundo del artículo 9 de la ley 19.628, que exige veracidad y certeza, lo que se ve corroborado, principalmente, pues ellos tienen un rol esencial en el acceso al crédito de las empresas y personas, pero además, en la circulación de bienes y servicios, pues previo a cursar cualquier orden de compra de bienes o servicios, contratación de servicios telefónicos, otorgamiento de crédito de caja de compensaciones a trabajadores de la empresa, empresas de factoring de contratistas y en fin, el desarrollo normal de una actividad económica lícita, se consultan las bases de datos de las empresas de almacenamiento de datos personales, como lo es la empresa recurrida y en base a ello se toman decisiones.

En efecto, en el caso de su representada se enteró el día 14 de agosto de esta publicación, obteniendo un informe comercial y, entre ese día y el 27 de septiembre del corriente, en que se solicitó un nuevo informe comercial, fue consultada en la base de datos comerciales de la recurrida 4 veces, en menos de un mes.

En razón de lo anterior, es evidente que una publicación que no se ajusta a la normativa, afecta y perturba de manera ilegítima y arbitraria, el desarrollo de una actividad económica lícita, pues impide o restringe el acceso al crédito, impide o restringe el acceso al crédito, impide o restringe el acceso a bienes o servicios por parte de mi representada, con sus proveedores. Es bastante normal que las empresas emitan una orden de compra de productos y paguen en 30 días.

En consecuencia, ciertamente que una publicación como la efectuada por la recurrida, afecta el desarrollo de una actividad económica lícita, razón por la cual debe ser realizada de una manera prolija, exenta de toda duda razonable y sólo para los efectos previstos en la ley, lo que no ocurre en la especie, como se dirá.

Por último, si bien no es un tema pacífico la extensión de la protección de la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 a los entes jurídicos, como lo es mi representada, hoy es innegable, que las empresas tienen un prestigio comercial, un valor en el mercado, su nombre o marca implica una reputación de seriedad o falta de la misma, de cumplidora o incumplidora.

En el caso de su representada es una empresa con más de 20 años de historia, con un prestigio comercial bien ganado, que se presenta cumplidora de sus compromisos y que no acostumbra a estar en el boletín comercial, y que, por lo tanto, se ve perjudicada, con una acción de la recurrida, en su imagen comercial ante la comunidad y ante sus proveedores, contratistas y posibles socios comerciales.

IV. LA ARBITRARIEDAD E ILEGALIDAD DE LAS CONDUCTAS DE LA RECURRIDA.

El proceder de la recurrida es arbitrario, en primer término, pues no existe norma alguna que le faculte para emitir pronunciamientos sobre la existencia de una deuda o no y sobre la forma en que se aplica o no la ley 19.983, y si una factura cumple con las exigencias legales, pues esto, se trata de una facultad privativa de los tribunales de justicia. Esta conducta arbitraria, se manifiesta explícitamente en la respuesta a mi representada con fecha 17 de agosto del presente año.- La conducta de la recurrida, además es arbitraria e ilegal, toda vez que los datos que publica no son exactos, no están actualizados y no corresponden a la situación real de mi representada, toda vez que, la factura está mal emitida y no corresponde a la realidad o los servicios no fueron efectuados.- La conducta de la demandada es ilegal, toda vez que el artículo 9 de la ley 19.628, establece que sólo pueden publicarse datos para los fines previstos, en circunstancias que la recurrida, lo que hace es conminar a mi representada para que tome contacto con la empresa emisora de dicha factura para “regularizar”, utilizando la publicación como un medio de presión ilegítimo, para presionar a mi representada al pago de una obligación que estima, no le corresponde. De otro modo no se explica que en la respuesta se conmine a mi representada a tomar contacto con la empresa emisora de la factura.

Por último, la conducta de la recurrida es ilegal, pues elabora un predictor empresarial respecto de su representada, con datos que no corresponden a la realidad ni se explicitan, pero que además no corresponden únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. Se contraviene explícitamente la norma dispuesta en el inciso final del artículo 9 de la ley 19.628.

Pide se disponga el retiro inmediato de su representada de la base de datos de la recurrida, como empresa morosa, restableciendo así el imperio de derecho quebrantado.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Informe empresarial de la empresa Dicom Equifax S.A., de fecha 16 de agosto de 2023; 2.- Copia de factura 777; 3.- Mandato judicial.

A folio 10 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I. HECHOS Es necesario hacer presente que, dentro de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a lo siguiente:

• Entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc.

• Informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados.

• Aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada.

• El aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada.

Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración.

Todo lo anterior, consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas.

Aún más, el responsable del ingreso de información al portal BED es el aportante, por lo tanto, es quien asume contractualmente toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

No obstante lo ya señalado, efectuamos una revisión de todos nuestros canales de atención sin tener resultados positivos buscando el supuesto reclamo que habría presentado el recurrente, por lo que en conocimiento de estos hechos recién con la interposición de la presente acción constitucional, es que se le fueron solicitados los respaldos de las publicaciones al Aportante MAXSIL SPA, resultando que estos fueron enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, adjuntando carta con breve explicación de los hechos, conversaciones con la recurrente, copia de la factura aludida y Registro de aceptación o reclamo de DTE emitido por el Servicio de Impuestos Internos donde consta que la factura no fue reclamada dentro del plazo de 8 días de acuerdo a la Ley 19.983, estando irrevocablemente aceptada, cumpliendo así, al menos formalmente, con los requisitos para su publicación. Por lo anterior, el aportante solicita se mantenga la publicación.

Sobre el particular, es preciso citar lo dispuesto por el artículo 160 inciso 2° del Código de Comercio, norma que nos señala: “No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”. A su vez, el artículo 3° de la Ley 19.983, también indica que, “Para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio”.

Por lo anterior, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a mi representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Adicionalmente las supuestas infracciones denunciadas por la recurrente están basadas en un estatuto legal que, como se profundizará, no le es aplicable en su calidad de persona jurídica.

II. DERECHO Para que sea pertinente recurrir de protección deberían concurrir los siguientes requisitos copulativos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental. La presente acción no debiera prosperar porque no existe acción u omisión ilegal o arbitrario que la recurrente indica y no existe privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales.

Por su parte, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de tutela destinada a evitar las posibles consecuencias perniciosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias y/o ilegales, que priven, perturben o amenacen alguna, algunas o todas las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del Derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. (Considerando 1° fallo Corte de Apelaciones de Concepción causa Rol 81569 – 2022). Es por ello, que, en el caso de autos, se puede dilucidar que no existe ningún acto arbitrario e ilegal en el actuar de mi representada, quien en todo momento ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por la recurrente.

A mayor abundamiento y como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia preponderante de nuestros tribunales de justicia, la parte recurrente deberá acreditar, la existencia de un derecho indiscutido y preexistente, de aquellos cuyo imperio ha de ser protegido por esta vía cautelar de urgencia, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que la presente acción ha de ser rechazada.

El ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante Como se ha señalado, el ingreso de morosidades al Boletín Electrónico Dicom es de exclusiva responsabilidad de su aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos. Equifax no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada.

Lo anterior, ha sido resuelto por nuestros tribunales superiores de justicia. Así, por ejemplo, en fallo de recurso de protección caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, Rol N° 4626-2008, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: “Que la actividad que realiza la sociedad recurrida se enmarca dentro de la legalidad, la que no le impone la obligación de hacer, previamente a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda e investigar la efectividad de la misma, como pretende el recurrente. La responsabilidad de la veracidad de esta información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien proporciona la información para ser publicada, en este caso, en la sociedad Aguasur Ltda. En este sentido, si en la publicación de antecedentes comerciales del señor nombre reservado se incluyeron facturas que no correspondían a operaciones reales, como éste alega, y ello ha amagado sus garantías constitucionales, tal situación no constituye un acto ilegal o arbitrario de parte de EQUIFAX Chile S.A. sino que podría serlo de la empresa que emitió las facturas e informó a la recurrida de la morosidad de ellas”. (lo subrayado es nuestro)

También podemos agregar un reciente fallo de recurso de protección caratulado “nombre reservado con EQUIFAX CHILE e INMOBILIARIA TRABUN KUPAL LTDA”, Rol 43438-2020, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, donde se resolvió:

Décimo Cuarto: Que no obstante, según lo reseñado anteriormente, consta en el registro de publicaciones morosas, el mes de junio de 2019, informado el mismo mes, en circunstancias, que como se ha dicho, el recurrido y arrendador, tomó posesión material del local arrendado, el 2017, en el mes de julio, de manera, que si bien contaba con autorización para divulgar al banco de datos, en relación al contrato de arrendamiento, la morosidad en que incurriera el arrendatario, dicho período no corresponde que se informara a esa fecha, esto es, con posterioridad al término del vínculo contractual, conforme lo dispuesto en el art culo 6 de la Ley N 18.101, lo que torna en una actuación arbitraria dicha entrega de antecedentes de Inmobiliaria Trabun Kupal Limitada a la empresa Equifax, respecto de la recurrente, afectando como lo sostiene la recurrente, la garantía constitucional prevista en el N 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la inclusión de una persona, natural o jurídica, en el registro de protestos y morosidades, produce como consecuencia la restricción de su acceso al crédito, sin perjuicio, además, de afectar su capacidad para la celebración de negocios jurídicos y el desarrollo de sus actividades económicas, en general, al influir la morosidad en el índice de calificación de solvencia del deudor. De modo, que lo razonado, llevar a acoger el presente arbitrio á constitucional respecto de Inmobiliaria Trabun Kupal Limitada.

Décimo Quinto: Que en cuanto a Equifax, tratándose de una empresa que presta servicios de información comercial y financiera, operando según los antecedentes que le son aportados por aquellos que contratan sus servicios, se encontraba habilitada para publicar los antecedentes de morosidad del actor respecto del contrato de arrendamiento que había celebrado con la Inmobiliaria Trabun Kupal Limitada, como ya se ha reseñado, por encargo de ésta, lo que determina que su actividad no puede importar una responsabilidad que le sea imputable, en lo que respecta a la veracidad de la información que le fuera entregada para su divulgación, sino que ésta recae en aquél que la proporciona, esto es, en la recurrida. De este modo, no es posible atribuir la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de Equifax, por lo que el presente recurso, debe ser desestimado a su respecto, siendo innecesario entrar al análisis de los derechos constitucionales que se indican vulnerados por esta empresa.

Por último, podemos agregar también un fallo de recurso de protección caratulado b“ELSACA/SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA”, Rol 3290-2021, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y que fuere confirmado ante la Excelentísima Corte Suprema en Rol 75741-2021, donde se resolvió:

Quinto: Que, al efecto, conviene destacar que Equifax Chile Limitada, es una empresa que presta servicios de información comercial y financiera, y que opera recopilando antecedentes provenientes, entre otros, del Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago, de aquellos comunicados por sus asociados y de otras fuentes diversas, manteniendo una base de datos a la que se accede por entidades públicas, particulares y personas naturales, siendo la información proporcionada de exclusiva responsabilidad del informante o cliente que la aporta.

Dicha actividad empresarial, se enmarca dentro de la legalidad, la que no impone a la recurrida la obligación de hacer en forma previa a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda o investigar su efectividad, como pretende la actora.

Sexto: Que, como se viene razonando, la responsabilidad de la veracidad de la información comercial aportada no recae en quien la publicita, sino en el que la proporciona para ser publicada, en este caso, por la empresa Federal Seguridad Móvil, de manera que si en la divulgación de antecedentes comerciales de la actora, se incluyeron facturas que no correspondían a operaciones que ésta reconozca, tal como lo alega, y ello ha amagado sus garantías constitucionales, tal situación no constituye un acto ilegal o arbitrario de parte de Servicios Equifax Chile Limitada, sino que podría serlo de la empresa que informó a la recurrida de la morosidad de tales documentos, situación que en todo caso, de acuerdo con los antecedentes aparejados a los autos, se vislumbra al menos como un derecho controvertido y no indubitado, excediendo su discusión, por lo tanto, de los márgenes que la vía cautelar extraordinaria ejercida permite en la especie. (lo subrayado es nuestro).

Inaplicabilidad de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada a persona jurídica El recurrente ha sostenido que las publicaciones efectuadas por Equifax constituirían un actuar ilegal, dado que se vulnerarían los preceptos de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Sin embargo, la errónea aplicación del derecho que pretende la recurrente implicaría:

• Resolver contra texto expreso de la Ley, dado que en el artículo segundo de la Ley 19.628, literal f), define Datos de Carácter Personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su literal ñ) define como Titular de los Datos a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.”(lo subrayado es nuestro)

Nuestro Código Civil en su artículo 19 y 20 señala:

Artículo 19: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.”

Artículo 20: Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Es del caso que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico.

• Ir en contra de la doctrina nacional. Se ha rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujeto de protección de este derecho. “La razón de ello estaría dada por la idea básica, núcleo o fundamento del derecho a la privacidad, que según alguna doctrina radicaría en la dignidad, la autonomía, la “seclusión” o tranquilidad. La privacidad sería un derecho personalísimo basado en el patrimonio moral del sujeto y su dignidad, conceptos aplicables solamente al ser humano y a la personalidad humana”. (Privacidad, nombre reservado, ediciones Universidad Diego Portales 2014). (lo subrayado es nuestro)

• Ir en contravención a la intención del legislador que durante la tramitación de la Ley N°19.628, concibe este cuerpo legal para personas naturales y no jurídicas, tal como queda en evidencia en varias ocasiones durante la tramitación, pudiendo citarse entre otros:

i.

“En principio, el concepto de dato personal -- y más aún el de intimidad -- no es aplicable a las personas jurídicas y, por tanto, sus datos podrán ser siempre conocidos, pues prima el derecho a la información. Otra cosa será lo que se regule respecto al secreto comercial o industrial, por ejemplo” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333).

ii.

“El artículo 2° define lo que debe entenderse por datos personales. Son tales, los relativos a la individualización de una persona, los que denoten alguna característica física o de su personalidad, los que se refieran a hechos o circunstancias de su vida privada y los relativos a su intimidad. Originalmente, este artículo contenía un inciso segundo, por el cual se prohibían los bancos de datos creados con la finalidad exclusiva de almacenar información relativa a la ideología, religión, creencias, origen racial, condición de salud o vida sexual de las personas. Se hizo presente que la afiliación a los partidos políticos era secreta, por lo que resulta lógico que la ideología política de las personas quede en el ámbito de la privacidad. Lo mismo cabe decir de la vida sexual, religión o creencias, ya que su conocimiento podría prestarse para alguna forma de discriminación subjetiva. Se insinuó también la posibilidad de definir otros casos de datos que deberían ser excluidos de estos bancos, como los relativos a la filiación y a la genética. Se aclaró que este artículo estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas.” (Primer Informe Comisión de Constitución Cámara de Diputados. Fecha 20 de mayo, 1996. Cuenta en Sesión 3, Legislatura 333).

• Sería contrario a la interpretación por parte del Consejo para la Transparencia, ya que conforme al literal m) del artículo N° 33 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, se faculta al Consejo para la Transparencia para velar por el debido cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de la Administración del Estado, ya sea mediante resolución de casos particulares o la dictación de recomendaciones.

Con fecha 30 de noviembre del 2020, el Consejo para la Transparencia mediante resolución exenta N° 304, aprobó el texto refundido y actualizado de las recomendaciones sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. En el caso particular, es relevante hacer presente la definición de datos personales contenida en las referidas recomendaciones, que a continuación se acompaña:

Como puede apreciar el numeral iii. restringe la definición exclusivamente a personas naturales.

• Sería contrario a confirmación en el texto del proyecto de ley en actual tramitación, que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos (Boletines Nº 11.092-07 y 11.144 -07, refundidos) puesto que en el congreso se encuentra en actual tramitación el proyecto de ley que busca modificar dicho cuerpo legal e introducir mejoras en la legislación sobre protección de datos personales.

El Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos. 11.092-07 y 11.144-07, refundidos) señala que el objetivo del proyecto es “perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, asegurando estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. Asimismo, crear la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo público encargado de velar por la protección de los datos personales”. La Comisión del Senado al referirse al objetivo del proyecto de ley hace referencia únicamente a las personas naturales. Lo anterior es concordante con la definición de datos personales que brinda la Ley N° 19.628.

• Por último, sería contrario a la jurisprudencia dominante a este respecto. Creemos relevante hacer presente un fallo reciente emitido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol de Ingreso a Corte 31-2020, caratulado “ALLIANZ ZERO EMISSIONS S.A. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA” confirmada por la Corte Suprema el 9 de abril de 2020, Rol de Ingreso a Corte 33.292-2020, en el que se resolvió lo siguiente:

“Sexto: Que la Ley Nº 19.628 en su artículo 1º inciso primero, establece su ámbito de aplicación, disponiendo: “...El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, Nº 12 de la Constitución Política...”.

Por su parte, para efectos de dicha ley, su artículo 2º establece definiciones de ciertos términos utilizados en la misma. Al efecto indica: “...f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables...” – y en la letra ñ): “...Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal...”.

Seguidamente la ley trata en el Título I “De la utilización de datos personales”; Título II “De los derechos de los titulares de datos”; Título III “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial”; Título IV “Del tratamiento de datos por los organismos públicos” y Título V “De la responsabilidad por las infracciones a esta ley”.

Así las cosas, y adscribiendo a un criterio de interpretación objetiva de la ley, se advierte que la reglamentación normativa contenida en la Ley Nº19.628 se estructura sobre la terminología previamente definida de datos de carácter personal, de los que son exclusivamente titulares las personas naturales; respecto a las cuales, la Ley Nº19.628 establece un estatuto de protección a la vida privada.

Séptimo: Que, lo antes concluido no constituye establecer una diferencia arbitraria de “unas personas” sobre “otras” en el caso, pues simplemente y según se ha expresado, constituye reconocer la diferencia connatural e intrínseca de la condición humana, a propósito de lo cual el legislador ha establecido un estatuto de protección especial.

Octavo: Que, por lo antes considerado, no existiendo norma legal que impida publicar operaciones relativas a facturas que se relacionan con personas jurídicas, la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico, por lo que el presente recurso debe ser desestimado. (lo subrayado es nuestro)”

Por último agregar un fallo de recurso de protección caratulado “Sociedad Agrícola y de Transportes Alfalfares Limitada con nombre reservado”, Rol N° 635-2020, la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena resolvió:

“QUINTO: Que la actuación recurrida es la publicación efectuada por la empresa DICOM Equifax S.A. de la morosidad de la recurrente.

SEXTO: Que, efectivamente la normativa de la Ley 19.268, no es aplicable en este caso. El artículo 2 letra ñ) de dicha ley establece que es “Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal, en tanto la letra f) define como “datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y la letra m) del mismo artículo define a los bancos de datos como “el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos”. Del modo claramente expresado en la normativa reproducida, no se aplica a la recurrente la ley que supone infringida, porque se trata de una persona jurídica y no hay una disposición normativa que impida a la recurrida publicar sus morosidades.

De otra parte, la recurrida es una empresa que recibe y procesa la información que aportan comerciantes, industrias o profesionales asociados a la base de datos, como ocurre en el caso, obligándose aquellos por contrato a entregar nombres de morosos debidamente identificados y/o aclaraciones de pago, siendo el ingreso de la información de responsabilidad del aportante, liberando a Equifax de responsabilidad por ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, sin que Equifax esté obligado a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien le entrega la información para que sea publicada.

Que Equifax procedió a requerir la información de respaldo de la publicación de morosidad a Empresa Constructora Casas Florida Limitada, constatando que era suficiente para mantener la publicación vigente, al haber tenido a la vista la factura, registro de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos y acuse de recibo, constatando que la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de 8 días establecido en la Ley 19.983, por lo que se entiende irrevocablemente aceptada, siendo fundamento para la publicación de su cliente aportante Empresa Constructora Casas Florida Limitada. Del modo antedicho no existe una actuación que pueda estimarse ilegal o arbitraria.

En relación con la inaplicabilidad de la Ley N°19.628 a las personas jurídicas, citamos, a mayor abundamiento, la jurisprudencia emanada de los siguientes recursos de protección:

- C.A. Santiago, Rol 2185-2001.

- C.A. Puerto Montt, Rol 166-2007 (confirmada Corte Suprema Rol 5367-2007)

- C.A. La Serena, Rol 935-2007 (confirmada Corte Suprema Rol 6390-2007)

- C.A. Concepción, Rol 466-2010 (confirmada Corte Suprema Rol 10.180-2010)

- C.A. Santiago, Rol 212-2010.

- C.A. Santiago, Rol 8417-2010.

- C.A. Santiago, Rol 4919-2011 (confirmada Corte Suprema Rol 11.982-2011)

- C.A. Santiago, Rol 8385-2011 (confirmada Corte Suprema Rol 11.621-2011)

- C.A. Valparaíso, Rol 1018-2011.

- C.A. Valparaíso, Rol 154-2012 (confirmada Corte Suprema Rol 3500-2012)

- C.A. Concepción, Rol 1775-2012 (confirmada Corte Suprema Rol 1661-2012)

- C.A. Concepción, Rol 68-2012.

- C.A. Santiago, Rol 2979-2012.

- C. Suprema, Rol 3538-2013.

- C.A. Antofagasta, Rol 1235-2014.

- C.A. Santiago, Rol 62.322-2014.

- C.A. Santiago, Rol 34.839-2014.

- C. Suprema, Rol 6337-2014.

- C.A. Antofagasta, Rol 176-2014 (confirmada Corte Suprema 13.349-2014)

- C.A. Antofagasta, Rol 1235-2014.

- C. Suprema, Rol 11.627-2014.

- C. Suprema, Rol 565-2015.

- C. Suprema, Rol 27.163-2015.

- C.A. Santiago Rol 116.469-2016.

- C.A. Santiago, Rol 80.090-2016 (confirmada Corte Suprema 68.883-2016)

- C.A. Santiago, Rol 34.756-2016 (confirmada Corte Suprema Rol 52.889-2016)

- C.A. Temuco, Rol 5989-2016 (confirmada Corte Suprema Rol 6045-2017)

- C.A. Santiago, Rol 63.750-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 43.021-2017)

- C.A. Santiago, Rol 65.392-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 453-2018)

- C.A. Santiago, Rol 81407-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 2204-2018)

- C.A. Talca, Rol 2724-2017 (confirmada Corte Suprema Rol 1209-2018)

- C.A. Iquique, Rol 269-2019 (Confirmada Corte Suprema Rol 20.598-2019)

- C.A. La Serena, Rol 635-2020 - C.A. Iquique, Rol 481-2020 - C.A. Santiago, Rol 1422-2020 - C.A. Santiago, Rol 11.739-2020 (Confirmada Corte Suprema Rol 91.992-2020)

- C.A. Puerto Montt, Rol 971-2020 (Confirmada Corte Suprema Rol 95.024-2020)

- C.A. Concepción, Rol 12.950-2020 - C.A. Santiago, Rol 2905-2021 (Confirmada Corte Suprema Rol 69.682-2021)

- C.A. Antofagasta, Rol 211-2022 - C.A. Puerto Montt, Rol 4690-2022 (Confirmada Corte Suprema Rol 61628-2023)

- C.A. Talca, Rol 11726-2022 (Confirmada Corte Suprema Rol 34891-2023)

- C.A. Puerto Montt, Rol 682-2023 - C.A. San Miguel, Rol 282-2023 (Confirmada Corte Suprema Rol 186.052-2023)

Es del caso que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, no cabe sino rechazar el presente recurso por el hecho de que la Ley tantas veces citada no le es aplicable a la recurrente por su condición de persona jurídica.

Sobre la remisión de información sobre personas jurídicas Es del caso señalar SSI., contrario a lo sostenido por la recurrente, que la actividad que realiza Equifax se enmarca dentro de la legalidad, la que no le impone la obligación de hacer, previamente a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda e investigar la efectividad de la misma, ya que la responsabilidad de la veracidad de esta información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien proporciona la información para ser publicada, en este caso, en la sociedad MAXSIL SPA.

Por último, en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de Equifax no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar. Así ha sido resuelto reiteradamente por nuestros tribunales de justicia.

No existe un derecho indubitado que haga procedente acoger la acción de protección.

En primer lugar, cabe señalar que de los hechos de la causa y los antecedentes que se acompañan se desprende irrefutablemente la existencia de una relación comercial entre la recurrente y el aportante. Por cierto, la sociedad recurrente en ningún momento niega relación comercial y tampoco acredita el íntegro pago de la obligación que emana de la factura publicada. Es un hecho indiscutido que la factura fue válidamente emitida por la recurrente y que no fue rechazada ni objetada dentro de los plazos legales.

De ahí que no exista un derecho indubitado que merezca protección constitucional, toda vez que efectivamente existe una deuda entre la recurrente y el aportante de la información al Boletín Electrónico Dicom, no habiendo acreditado la recurrente, de forma fehaciente, su cumplimiento o su extinción.

La procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (C. Página 2 de 4 Suprema, 14 de enero de 2015, Rol N° 27.451-2014; en sentido análogo, C. Suprema, 7 de septiembre de 2016, Rol N° 28.402-2016) En el mismo sentido, nuestra más Alta Magistratura Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan sólo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (STC de 9 de septiembre de 2014, Rol 2538-14).

No se ha acreditado la extinción de la obligación.

La recurrente ni persona ni institución alguna nos ha informado que dicha obligación se encuentra pagada o extinguida por alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico, debiendo tenerse en consideración que conforme al artículo 1.698 del Código Civil incumbe probar la extinción de una obligación al que alega ésta. Por ello, mi representada está actuando conforme a la normativa legal vigente, toda vez que no consta el pago y tampoco que haya operado alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones.

Esto ya ha sido resuelto por la jurisprudencia, pudiendo citar al efecto la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Santiago en recurso de protección Rol 39183-2021, caratulada nombre reservado con SERVICIOS EQUIFAX CHILE, que transcribe.

Por lo anteriormente expuesto, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a mi representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales, contractuales y conforme a la legislación vigente, motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Acompañó a su recurso copia de respaldos enviados por aportante MAXSIL SPA; e Informe del aportante.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria, la publicación en el Boletín Electrónico Dicom de una factura, lo que a juicio del actor es improcedente, fundado en que este documento electrónico habría sido emitido sin su conocimiento.

TERCERO: Que, por su parte la recurrida destaca que la responsabilidad de la entrega de los datos para su publicación en el boletín es de cada aportante, destacando que al requerir mayores antecedentes respecto de ésta publicación, pudo constatar que la factura en cuestión no fue objetada conforme a los mecanismos que establece el artículo 3 de la Ley N° 19.983.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, no puede observarse que la recurrida haya actuado en contravención a la normativa alegada, por tratarse de una empresa que recibe y procesa la información que aportan empresas, comerciantes, industrias o profesionales asociados a la base de datos, como ocurre en el caso, obligándose aquellos por contrato a entregar nombres de morosos debidamente identificados y/o aclaraciones de pago, siendo el ingreso de la información de responsabilidad del aportante, liberando a Equifax de responsabilidad por ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos, sin que esté obligado a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien le entrega la información para que sea publicada. En este sentido, es suficiente para justificar la mantención de las publicaciones haber tenido a la vista la factura y el registro de aceptación o reclamo de un documento tributario electrónico, antes aludidos, constatando que la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de 8 días establecido en la Ley Nº 19.983, por lo que se entiende irrevocablemente aceptada, siendo fundamento para la publicación de las morosidades por parte del aportante.

QUINTO: Que, la discusión respecto de la validez de la factura reclamada por el actor, no corresponde que sea conocida en esta sede.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por AGRICOLA SAN ELIAS LTDA en contra de DICOM EQUIFAX S.A.

Se previene que el abogado integrante Ricardo Fonseca Gottschalk estuvo por rechazar el recurso de marras por estimar además, que la presente acción constitucional no es la vía idónea para discutir las materias propuestas por el actor.

Redacción de la Ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese y archívese.

Rol N° Protección-12813-2023 (pvb).