nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado Cevas Fuentes, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada para estos efectos por el Superintendente don Osvaldo Macías Muñoz, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente el acto recurrido consiste la dictación por parte de la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones, del dictamen por Resolución N° C.M.C. 11733/2021, de 24 de noviembre de 2021, que determina que su invalidez actual alcanza al 14%, rechazando la declaración de pensión de validez, como consecuencia de la Apelación que en esa oportunidad presentaron las Compañías de Seguros, contra el dictamen de la Comisión Médica Regional de Temuco, que originalmente había otorgado un grado de invalidez de 70%, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2, 3 inciso 5, 18 en relación al numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Explica que en el mes de septiembre del año 2020 su representado sufrió un episodio de muerte súbita por falla cardiaca aguda, lo que llevó a ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Alemana de Temuco y posteriormente a la Clínica Las Condes de la ciudad de Santiago para su reanimación, estabilización y eventual posterior trasplante, donde finalmente se descartó la existencia de una patología coronaria y se definió un manejo médico, implantándosele un desfibrilador en el mes de noviembre de ese mismo año.

En razón de lo anterior, inició ante su A.F.P. el correspondiente proceso de calificación de invalidez, ya que lo anterior le significó quedar con severas limitaciones en prácticamente todas las interacciones de su vida diaria, como el no poder caminar más de dos o tres cuadras, no poder hacer deportes, no poder tomar medios de transporte público ni conducir vehículos motorizados, e incluso no poder hablar por teléfono celular, porque dicho móvil puede alterar o interferir la frecuencia del desfibrilador, debiendo permanecer prácticamente todo el tiempo en su casa, bajo vigilancia de algún tercero, lo que lo ha convertido en una persona absolutamente dependiente.

Refiere que en la primera instancia del proceso, que se llevó a cabo ante la Comisión Médica Regional de Temuco, se le otorgó de inmediato la invalidez total, a contar del 3 de marzo de 2021, con menoscabo de su capacidad de trabajo de un 70%, fundado en la insuficiencia cardiaca con desfibrilador e hipertensión arterial controlada, mediante Dictamen N° 011.1359/2021, de fecha 28 de abril de 2021.

Indica que dicho dictamen fue apelado por las compañías aseguradoras, basado en hechos que a juicio del actor serían falsos.

Agrega que la Comisión Médica Central no sólo no rechaza la apelación de las compañías, lo que a su juicio debió hacer de plano, sino que ordena la práctica de nuevos exámenes, sin tomar en consideración los existentes en el expediente, además con un médico de fuera de la Región, descalificando la opinión del médico interconsultor asignado por la Comisión Médica Regional de Temuco en la primera instancia, el cardiólogo doctor nombre reservado, por ser el médico tratante del paciente, en circunstancias que había sido asignado por la propia Comisión Médica Regional Temuco, y en donde hasta la propia Comisión Médica Central, en adelante CMC, tuvo que especificar que no ponía en duda la objetividad del interconsultor.

La Comisión Médica Central, en definitiva, por Resolución N° C.M.C. 11733/2021, de 24 de noviembre de 2021, resuelve revocar el dictamen de invalidez de la Comisión Médica Regional de Temuco, negando otorgar la invalidez, por alcanzar su incapacidad global sólo a un 14%.

Alega que dicha resolución es ilegal y arbitraria por los siguientes motivos:

a) En primer término, que la Comisión Médica Central resolvió ultra petita, pues fue más allá de lo solicitado por las propias aseguradoras en su apelación al dictamen de la Comisión Médica Regional, que era que al afiliado se le otorgara la invalidez parcial transitoria, a ser reevaluada dentro de tres años más, por estimar las mismas aseguradoras que sus patologías configuraban un impedimento en la clase III, página 70 del nombre reservado de Invalidez.

b)

En segundo lugar, que dentro de dicha evaluación la Comisión Médica Central no procedió a rechazar de plano la apelación presentada por las aseguradoras, que en su primera parte se basaba en la inexistencia de informes, antecedentes y exámenes que dieran cuenta de las patologías, lo cual en definitiva era falso, pues dichos antecedentes obraban en el expediente de calificación de invalidez, lo que las compañías sabían, pues en la segunda parte de su apelación mencionaron dichos antecedentes, lo que era entonces totalmente contradictorio con el fundamento de su apelación.

c)

En tercer lugar, que, además, la Comisión Médica Central hizo caso omiso, no sabemos si porque se le extraviaron, no se los envió la Comisión Médica Regional Temuco o por alguna otra razón, de la reclamación a la apelación de las compañías aseguradoras presentadas por mi parte, lo que se tradujo en que no la tuviera a la vista al momento de resolver la apelación, en perjuicio del administrado.

d)

En cuatro lugar, que al designar a un nuevo médico interconsultor y ordenar la práctica de nuevos exámenes, desechando el informe y los exámenes ya existentes, fue en contra de sus propios actos, en perjuicio del administrado, pues la misma Comisión Médica Regional, también dependiente de la Superintendencia de Pensiones, había sido la que había designado como interconsultor al cardiólogo doctor Pincetti, sin intervención ni mala fe alguna de parte del afiliado, además con la consiguiente demora en el procedimiento, que se tradujo en la variación de su estado de salud, dado el largo tiempo transcurrido.

e)

Por último, que la Comisión Médica Central, en forma antojadiza y arbitraria, mediante un recurso amañado, procedió en su análisis a dividir la patología, omitiendo deliberadamente el diagnóstico de insuficiencia cardiaca con DAI o desfibrilador, señalando sólo la existencia de una insuficiencia cardíaca, para luego agregarle por separado el código I50, que corresponde a una insuficiencia cardiaca con desfibrilador, también en perjuicio del administrado, pues producto de dicha arbitraria división a la insuficiencia cardiaca sólo le otorgaron un porcentaje de 14% de discapacidad, agregándole luego un 7% por el desfibrilador, en circunstancias que lo que correspondía era haberlas colocado en forma conjunta, que era lo que médica y jurídicamente correspondía, porque al estar ambas condiciones conjuntas se potencian, ya que el desfibrilador da cuenta de que la insuficiencia cardiaca es patológica, con lo cual el porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo debió necesariamente ser mayor, al menos en una clase III, página 70 del nombre reservado de Invalidez, que le habría permitido optar a una invalidez parcial transitoria, susceptible de ser reevaluada en tres años más, como lo reconoce y pretendía por lo demás la propia aseguradora en su apelación al dictamen de invalidez.

Sostiene asimismo, que es arbitraria, por ser un actuar antojadizo y caprichoso, sin fundamento racional, pues no se entiende la razón médico científica de por qué procedieron a dividir la patología, omitiendo deliberadamente el diagnóstico de insuficiencia cardiaca con DAI o desfibrilador, que necesariamente le habría permitido optar al menos a un impedimento configurado en la clase III del nombre reservado de Invalidez, página 70 del nombre reservado de Invalidez, como hasta lo reconoce y pretendía la propia aseguradora en su apelación, con una invalidez parcial transitoria, susceptible de ser reevaluada en tres años más.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

derecho de propiedad, consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a toda persona el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, la afectación se produce porque entre los bienes incorporales se encuentra este derecho subjetivo a la pensión de invalidez, por haber reunido los requisitos de salud y jurídicos que establece tanto la norma legal, el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, como la norma reglamentaria, que son las mencionadas Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Nuevo Sistema Previsional, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, publicadas en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2016 y vigentes a contar del día 1° de julio de 2016, dictadas en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 11 bis del Decreto Ley N° 3.500, conocidas como nombre reservado de Invalidez, para ser calificado al menos en la Clase III, y con ello al menos como inválido parcial, calidad que ya le había sido reconocida en la primera instancia por la Comisión Médica Regional de Temuco de manera contundente y categórica.

Respecto de la igualdad ante la ley, consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a toda persona la igualdad ante la ley y que ni la ley ni la autoridad podrán efectuar diferenciaciones arbitrarias, la afectación se da porque la autoridad está estableciendo en el hecho distinciones sin fundamento, en su perjuicio, discriminándosele respecto de otras personas que encontrándose en la misma o equivalente condición sí podrían haber obtenido al menos la invalidez parcial transitoria. Este derecho fundamental también se encuentra cautelado por la acción constitucional de protección.

También se está afectando el derecho a la seguridad social de mi representado, asegurado en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que se le está impidiendo pensionarse por invalidez al menos parcial, con el derecho a pensión consiguiente, derecho que en todo caso no está cautelado por la acción de protección, pero que igual constituye un antecedente importante a tener en cuenta, ya que este derecho, al verse afectado, perfectamente puede derivar en una afectación a la vida, integridad física y/o psíquica de la persona, derechos que sí se encuentran asegurados en el N° 1 del artículo 19 y cautelados con esta acción constitucional, pues al verse privado de su derecho subjetivo a pensionarse habiendo cumplido con todos los requisitos médicos, legales y reglamentarios para ello, se ve obligado a seguir trabajando para poder subsistir, con peligro para su vida, salud, seguridad e integridad, dada la delicada condición en que se encuentra.

Finalmente, se le está afectando su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, asegurado en el N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente en lo referente al derecho a un debido proceso.

Por último, la razón por la cual la presente acción constitucional se dirige en contra de la Superintendencia de Pensiones es porque la Comisión Médica Regional Temuco y la Comisión Médica Central forman parte de la misma, al menos funcionalmente como órganos desconcentrados, sujetos a su supervigilancia, como lo señala expresamente el Reglamento del Decreto Ley N° 3.500, del año 1980.

Pide que en definitiva se acoja su recurso, resolviendo que el actuar de la recurrida ha sido ilegal y arbitrario, ordenando a ésta retrotraer el proceso de calificación de invalidez al estado en que la Comisión Médica Central debe volver a evaluar al afectado, teniendo en consideración los informes, exámenes y demás antecedentes que ya constaban en la primera instancia y obraban en el correspondiente expediente de calificación de invalidez y que no fueron acompañados a la segunda, debiendo resolver exclusivamente en base a ellos la reclamación planteada por las aseguradoras; ordenándole, asimismo y en definitiva, no poder ir más allá que lo solicitado por la propia compañía en su apelación, cual es que de que al menos se le declarara, en caso de duda, la invalidez parcial transitoria, por constituir sus patologías un impedimento configurado en la clase III, página 70, del nombre reservado de Invalidez, lo que implica reevaluarse en tres años más, con costas en caso de oposición.

Acompaña Copia del expediente de calificación de invalidez, según fuera entregado al suscrito por la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Regional de Temuco, Certificado en que consta que la fecha de entrega de dicho expediente fue el día 1° de abril de 2022, Hilo de solicitudes y correos electrónicos en que su representado solicita en reiteradas oportunidades a la Superintendencia la entrega de las copias de su expediente de calificación de invalidez, Copia de carta enviada por su representado de fecha 27 de mayo de 2021 ante la Comisión Médica Central, frente al reclamo o apelación presentado por las compañías aseguradoras al primer dictamen de invalidez de la Comisión Médica Regional de Temuco, y que no se encontraba incorporada al expediente de calificación de invalidez cuyas copias fueran entregadas a mi parte, Copia del nombre reservado de Invalidez del año 2016, actualmente vigente.

A folio 13 informa la Superintendencia de Pensiones, alegando falta de legitimación pasiva, por cuanto de la lectura del recurso se aprecia que el acto objeto del recurso, no es otro que Resolución N° C.M.C. 11733/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, dictado por la Comisión Médica Central y no por ese organismo fiscalizador, quien no tuvo intervención alguna en el proceso de calificación de la recurrente y que por disposición legal tampoco la puede tener, ya que las Comisiones Médicas son órganos autónomos para pronunciarse de las solicitudes de pensión y calificación de invalidez de los afiliados al sistema de pensiones del D.L. N° 3.500.

Hace presente que por expresa disposición del artículo 18 del D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del D.L. N° 3.500 de 1980, las Comisiones Médicas gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las solicitudes de calificación de invalidez sometidas a consideración de ellas, pero, carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios. En este sentido, no dependen de la Superintendencia de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica.

Indica que conforme al inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento, corresponde a este organismo la supervigilancia administrativa y fiscalización de las Comisiones Médicas Regionales y Central e impartirles las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez, por lo que no detenta la representación judicial ni extrajudicial de las Comisiones Médicas Regionales, ni de la Comisión Médica Central.

Agrega que Comisiones Médicas antes referidas pertenecen a la Administración Central del Estado y, teniendo presente que el N° 1 del artículo 3° de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, DFL N°1 del Ministerio de Hacienda, de 1993, su representación judicial corresponde precisamente al Consejo de Defensa del Estado, por lo que el recurso a su juicio debe ser desestimado. Cita al efecto entre otros, sentencia de esta Iltma. Corte dictada en causa Rol Protección 4845-2018.

En segundo término, alega que la presente acción no es la vía, pues solo está destinada a amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisión Médica Regional, pidiendo se ordene retrotraer el procedimiento a un estado anterior a la dictación de aquéllas, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento. Afirma que resulta evidente que lo que manifiesta es su disconformidad con la conclusión a la que llegó la Comisión Médica Central en su proceso de reevaluación de invalidez, incluso discute el porcentaje y grado de invalidez otorgado, siendo el objetivo final de este arbitrio constitucional que US. Iltma. declare que tiene derecho a pensión de invalidez, lo cual debe discutirse en procedimiento declarativo de lato conocimiento.

En subsidio, informa sobre el fondo, expresa que El señor nombre reservado, el 3 de marzo de 2021 presentó una solicitud de pensión y calificación de invalidez, alegando como principal enfermedad invalidante Insufciencia cardíaca.

De la solicitud de pensión de invalidez correspondió conocer la Comisión Médica Regional de Temuco, la que en sesión N°53 de 28 de abril de 2021, mediante Dictamen N° 011.1359/2021, del 28 de abril de 2021, estableció que las enfermedades alegadas como invalidantes provocan al recurrente una pérdida de la capacidad de trabajo de un 70%, por lo que acordó declarar la invalidez total definitiva del afiliado.

En contra del citado Dictamen de Invalidez, el 14 de mayo de 2021, las Compañías de Seguros de Vida adjudicatarias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, presentaron un reclamo fundado en que el impedimento alcanzaría solo a Clase III y la falta de un ecocardiograma.

Por su parte, el recurrente hizo sus descargos destacando los informes sus médicos tratantes, el Dr. Pincet y el Dr. Riofrío, cardiólogos de la Clínica Alemana de Temuco donde fue atendido.

La Comisión Médica Central, en su condición de instancia de reclamo, estudió el procedimiento de calificación de invalidez del afiliado, al tenor de las alegaciones de las compañías de seguros de vida y del recurrente. Mediante Resolución CMC N°11733/2021 de 24 de noviembre de 2021, la Comisión Médica Central acordó revocar el Dictamen en cuestión y resolvió que no procede otorgar invalidez, considerando que las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento, estimando un menoscabo laboral de 14%, rechazando en segunda instancia la solicitud de pensión de invalidez.

Sostiene que el recurrente basa sus alegaciones en su disconformidad con lo resuelto, circunstancia que no torna en ilegal o arbitrario el acto en cuestión. Lo que el recurrente expresa, reiteradamente, consiste en su apreciación personal de cómo debería aplicarse en su caso las Normas de evaluación y calificación del grado de invalidez, como el porcentaje de menoscabo laboral que le producirían sus afecciones. Sin embargo, la competencia para aplicar las referidas Normas y la determinación del grado de invalidez conforme a ellas corresponde por mandato legal, exclusiva y excluyentemente, a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central, esta últma, en cuanto segunda instancia.

En ese contexto, el recurrente reconoce, expresamente, que los dictámenes de califcación y reevaluación de invalidez del afliado, por parte de la Comisión Médica Regional, como las Resoluciones de la Comisión Médica Central, están debidamente fundadas y que tales fundamentos se encuentran en las Actas de Sesión de las referidas Comisiones Médicas en las distintas instancias, lo que, además, refleja que los afiliados toman debido conocimiento de los fundamentos que sustentan los acuerdos que adoptan las referidas Comisiones Médicas en sus Actas.

Es evidente, en consecuencia, que la Resolución objeto del recurso cumple los estándares legales de fundamentación y motivación, circunstancia que reafirma su legalidad y ausencia de arbitrariedad. De modo que la alegación de ilegalidad del recurrente carece de asidero.

Agrega que el recurrente confunde conceptos que no son sinónimos, tales son irrecuperabilidad e invalidez; el primero corresponde al ámbito de la salud y refiere que una determinada patología, enfermedad o afección no tener recuperación es irreversible. En cambio, la voz invalidez se inserta en el campo de las pensiones y se refiere a la pérdida de la capacidad de trabajo o menoscabo laboral. La ocurrencia de lo primero no necesariamente provocará lo segundo. No todas las afecciones irrecuperables provocan menoscabo laboral. Si lo provocaren, para acceder a pensión de invalidez, tal pérdida de la capacidad de trabajo debe alcanzar, a lo menos igual a cincuenta por ciento.

Superintendencia no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna. Así lo demuestra el propio recurso de protección que no atribuye actuación alguna de este Servicio en las alegaciones del actor y supuesto amago de garantas constitucionales.

Afirma que este Organismo Fiscalizador carece de facultades legales y reglamentarias para intervenir en los procesos de evaluación y calificación de invalidez, ni en la decisión de las Comisiones Médicas, como erradamente señala en su acción cautelar. Además, la Superintendencia tampoco podría haber ejercido su rol fiscalizador en caso de haber existido alguna irregularidad en el referido proceso de evaluación de invalidez, ya que el recurrente no ha hecho presentación o reclamo alguno ante mi representada, que la hubiera puesto en conocimiento de mismo Concluye que la Resolución de la referida Comisión Médica se encuentra debidamente motivada, luego de un acabado estudio de todos los antecedentes médicos recabados. Su tenor explica claramente que las afecciones alegadas como invalidantes por la recurrente y su calificación por parte de la Comisiones Médicas conforme a las normas establecidas sobre la materia en el DL N° 3.500, de 1980, siendo plenamente legal, más allá que la recurrente no comparta tal decisión.

Finalmente refiere que la Superintendencia no ha incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se ha denunciado como ilegal y arbitrario consistente en la dictación por parte de la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones, del dictamen por Resolución N° C.M.C. 11733/2021, de 24 de noviembre de 2021, que determina que la invalidez actual del recurrente alcanza al 14%. Rechazando la declaración de pensión de validez, como consecuencia de la Apelación que en esa oportunidad presentaron las Compañías de Seguros, contra el dictamen de la Comisión Médica Regional de Temuco, que originalmente había otorgado un grado de invalidez de 70%. Acto que según su parecer, vulneraría las garantías de los numerales 2, 3 inciso 5, 18 en relación al numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Destaca que la presente acción la deduce en contra de la Superintendencia de Pensiones por cuanto a juicio del actor la Comisión Médica Central forma parte de su estructura, como un órgano desconcentrado, sujeto a su supervigilancia.

TERCERO: Que, por su parte la recurrida, Superintendencia de Pensiones, alega falta de legitimación pasiva, por cuanto de la lectura del recurso se aprecia que el acto objeto del recurso, no es otro que Resolución N° C.M.C. 11733/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, dictado por la Comisión Médica Central y no por la Superintendencia señalada, quien no tuvo intervención alguna en el proceso de calificación de la recurrente y que por disposición legal tampoco la puede tener, ya que las Comisiones Médicas son órganos autónomos para pronunciarse de las solicitudes de pensión y calificación de invalidez de los afiliados al sistema de pensiones del D.L. N° 3.500.

CUARTO: Que, para resolver el presente recurso es necesario establecer que conforme al artículo 4 del D.L N° 3.500, las Comisiones Médicas deberán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Por su parte, el artículo 18 del D.S. N° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señala que estas Comisiones gozarán de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración. En ese mismo sentido, el artículo 20 del citado reglamento señala que sus funcionarios no dependerán de dicha Superintendencia.

QUINTO: Que, de lo anterior se desprende que al ser las Comisiones Médicas, organismos autónomos respecto de la Superintendencia de Pensiones, en cuanto a las decisiones sometidas a su conocimiento y calificación, la Superintendencia recurrida no tiene la representación legal de los organismos que dictaron los actos que se impugnan por este arbitrio, careciendo, en consecuencia, de legitimación pasiva, como anteriormente ha sostenido esta Corte, en autos Rol N° 9028-2021 y 996-2022. De esa manera, al haber sido interpuesto el presente recurso exclusivamente en contra de la Superintendencia de Pensiones, no cabe sino el rechazo del mismo.

SEXTO: Que, además, la recurrente carece de un derecho indubitado, pues el que pretende ha sido controvertido. En efecto, las cuestiones relativas a la procedencia o no de la invalidez solicitada no se pueden resolver a través de un recurso de esta naturaleza, dado que tal derecho está en discusión, y al ser discutido, no puede ser merecedor del amparo que entrega la acción de protección, lo que no obsta al ejercicio de los derechos que la misma legislación especial le garantiza, en lo concerniente a presentar nuevas solicitudes de pensión y calificación de invalidez, en tanto se cumplan los presupuestos para ello.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado ALBERTO CEVAS FUENTES, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección N° 12.769-2022. (sac)