Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Malleco- Angol

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

Vistos.

A folio 12907-2017 comparece don Miguel Hugo Neira Beltrán, abogado, domiciliado en domicilio reservado, compareciendo a favor de Frutera San nombre reservado S.A. Rut N° RUT reservado, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado interponiendo Recurso de Protección, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Malleco- Angol, representada por el Inspector Provincial del Trabajo (s) doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que afecta a la persona por la cual recurre, conculcando la garantía constitucional consagrada en el N° 2 y N° 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Afirma que la recurrida con fecha 27 de Febrero de 2017, dicta el ordinario N° 159, rechazando acoger a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa, señalando que la solicitud “no se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.”, señalando que el plazo de 30 días contemplado en los artículos 512, en relación al 511, ambos del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles.

Respecto a los antecedentes de hecho señala que el recurrido curso la resolución de multa Nº 3858/17/2, donde se multa a su representada fundándose en los siguientes hechos: no pagar las remuneraciones consistentes en sueldo base con la periodicidad estipulada en el contrato, respecto de la trabajadora nombre reservado, rut: RUT reservado por períodos agosto y septiembre 2016 ( 30 días de sueldo respectivamente) y mes de julio 2017, 1 día de sueldo.

Esta resolución 3858/17/2, le fue notificada a su parte, el día 19 de Enero de 2017, En atención a lo dispuesto en el artículo 511, 512 y siguientes del Código del Trabajo, el día 23 de Febrero de 2017, se dedujo reconsideración administrativa de la multa señalada, sobre la base de las consideraciones ahí señaladas. Dicha solicitud se presentó el día 23 de febrero de 2017, dentro del plazo de 30 días hábiles, señalados en la ley y que de manera reiterada así lo ha interpretado nuestra jurisprudencia.

Con fecha 27 de Febrero de 2017, la recurrida dicta la resolución Ordinario N° 159, de la cual se tomó conocimiento con fecha 3 de marzo de 2017, por medio de correo certificado, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, por la cual resuelve no dar curso a la solicitud señalando que “no se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

De manera reiterada los tribunales superiores de justicia, como la tercera sala de la Corte Suprema, en sentencia de 6 de abril de 2016, ROL 16288-2016, señala: “Como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte –en los autos Roles N° 809-2014, 8384-2014 y 18414-2015, entre otros- el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Estima que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.” Este actuar ilegal de la recurrida también afecta el derecho constitucional de propiedad contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la constitución desde que establece una restricción a las facultades de dominio de usar, gozar y disponer los montos incluidos en la multa aplicada.

Solicita a la Corte, dejar sin efecto la resolución que rechaza acoger a tramitación la reconsideración ingresada el día 23 de Febrero de 2017, en oficina de partes de la Dirección del Trabajo Inspección Provincial De Malleco- Angol, puesto que al tratarse de un recurso administrativo debe aplicarse el artículo 25 de la ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Finaliza su recurso citando las normas aplicables al caso, específicamente el artículo 19 N° 2 y N° 24; artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y pide a la Corte tener por presentado Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Malleco-Angol, representada por su Inspector Provincial del Trabajo (s) Malleco – Ángol doña nombre reservado, y en consecuencia se disponga que la recurrida deberá acoger a tramitación y pronunciarse como lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo, admitiendo a tramitación el Recurso de Reconsideración planteado por la afectada el día 23 de Febrero de 2017, respecto de la resolución N° 3858/17/2, con costas.

Acompaña a su presentación: 1) Copia de la resolución de multa N° 8384.2016.16. y su acta de notificación de fecha 19 de Enero 2017; 2) Copia de Formulario de reconsideración de Multa, ingresado con fecha 23de Febrero de 2017; 3) Copia de la resolución N° 159, de 27 de Febrero de 2017, denegatoria de la tramitación; y 4) Copia de sobre certificado notificando Ord N° 159, depositado en conformidad al artículo 508 del código del trabajo, el día 27 de Febrero de 2017.

A folio 14587-2017 la recurrida informa a través de don nombre reservado del Trabajo Malleco-Angol (S) en representación de la recurrida de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que pasa a exponer y que dicen relación con que a su entender en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo de Angol no ha hecho sino apegarse a la legalidad en su actuación, pues lo ha hecho conforme a las instrucciones administrativas vigentes, tanto de la Dirección del Trabajo, como de la Contraloría General de la República, por lo que no existe la ilegalidad ni arbitrariedad alegada.

El asunto planteado por la ocurrente, esto es, si el plazo de 30 días para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del trabajo, que establece el artículo 512 del Código del ramo, es un plazo de días hábiles o de días corridos se produce por la ausencia de norma expresa al respecto.

Pues bien para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo, cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento, ha dado a la materia.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados".

Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162. incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero; 171, inciso primero; 201, inciso cuarto; 223, inciso cuarto; 282, incisos primero y cuarto, y 503, inciso tercero en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos. Corrobora esta interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo- conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro, "se entenderán suspendidos durante los días feriados", toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, al tenor de la cual los plazos de días establecidos en esa ley "son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos", toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Todo ello y en idénticos términos fue resuelto por Contraloría General de la República, en dictamen N° 64985 de fecha 20-11-2009, en pronunciamiento sobre legalidad de acta de constancia de Inspección del Trabajo y computo del plazo para impugnar multas administrativas, por medio del cual informó expresando que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho, es de días corridos, por cuanto no existiría acto arbitrario e ilegal alguno que conculque las garantías constitucionales, por cuanto una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce a la Contraloría General, consiste en la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización, tal como acurre con esta Inspección Provincial que como Institución de carácter público que somete su actuación a lo resuelto por Contraloría.

Así, habiéndome apegado absolutamente a la interpretación administrativa vigente, su acto no puede ser considerado ilegal, ni mucho menos arbitrario, pues esta doctrina es sostenida en todos los casos similares. Así, no se advierte de modo alguno la existencia de vulneración a la garantía aludida.

En mérito de lo expuesto y de las disposiciones constitucionales y legales citadas, y de lo establecido en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, solicita a la Iltma. Corte tener por evacuado el informe solicitado que incide en el recurso de protección deducido en su contra, y con lo informado, rechazarlo por improcedente, en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su informe: 1) Dictamen N° 64985 de 20/11/2009, de Contraloría General de la República.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO.- Que en el caso de autos, la recurrente estima vulnerada la garantía fundamental prevista en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida no admitió a tramitación una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo de 30 días hábiles, pidiendo que se deje sin efecto el acto administrativo que tuvo como fuera de plazo dicho recurso administrativo y se disponga que la Inspección Provincial del Trabajo de Ángol someta a tramitación tal arbitrio. Por su parte, la recurrida alegó la improcedencia de la acción de protección, por existir un procedimiento ordinario para reclamar de la resolución que rechaza una solicitud de reconsideración y por estimar que el plazo de 30 días, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos y no hábiles.

TERCERO.- Que analizando la alegación de improcedencia de la acción cautelar, por existir un procedimiento regulado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, que permite reclamar de la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración, cabe indicar que el mismo artículo 20 de la Carta Fundamental, expresa que el recurso de protección para la cautela de los derechos y garantías que la disposición menciona procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, lo cual lleva a desestimar dicha alegación.

CUARTO.- Que por otro lado, son hechos pacíficos entre las partes que la Resolución de Multa Nº 3858/17/2, le fue notificada personalmente a la primera el 19 de enero de 2017, y que la solicitud de reconsideración fue formulada el día 23 de febrero. Luego, en cuanto a la naturaleza que ostenta el plazo de 30 días contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, para recurrir de reconsideración en contra de la resolución de multa, cabe señalar que el artículo 18 de la Ley 19.880, define al procedimiento administrativo como una sucesión de trámites emanados de la Administración, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. A su vez, el Código Laboral no regula un procedimiento administrativo en específico, con indicación de sus principios, etapas y pasos de tramitación, de modo que debe aplicarse supletoriamente el procedimiento previsto en la citada ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 1º, todo lo cual lleva a concluir que al no señalar el mencionado artículo 512 la forma de computar el plazo de 30 días para presentar una reconsideración, resulta procedente hacer aplicación de lo establecido por el artículo 25 de la Ley 19.880, que en lo pertinente señala que los plazos de días establecidos en aquella ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

QUINTO.- Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, aparece que la reconsideración deducida por la actora ante la Inspección Provincial del Trabajo lo fue dentro de plazo legal, de manera que la negativa de la recurrida a darle tramitación constituye un acto ilegal y arbitrario, pues por ella se está afectando la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, ya que al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, motivo por el que la acción constitucional será acogida.- SEXTO.- Que no se emite pronunciamiento de la segunda garantía que se invoca, por ser innecesario.- Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el deducido a favor de la Frutera San nombre reservado S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Malleco - Ángol y, en consecuencia, se deja sin efecto la ordinario Nº 159, de 27 de febrero de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración presentada por la actora con fecha 23 de febrero de 2017.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción abogado integrante Sr. Manuel Contreras Lagos.

N°Protección-1274-2017.

Se deja constancia que el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.